Kitabı oku: «La crisis de la televisión pública»

Introducción

La crisis de la televisión pública y el cierre de RTVV como síntoma

JAVIER MARZAL FELICI

JESSICA IZQUIERDO CASTILLO

ANDREU CASERO RIPOLLÉS

UNIVERSITAT JAUME I

1. Una crisis multidimensional

A nadie se le escapa que en los últimos años estamos asistiendo a cambios muy notables que están teniendo lugar, a escalas global y local, en los campos de la economía, de la (geo)política y de las tecnologías informacionales que, a su vez, están provocando una transformación ininterrumpida y acelerada del sistema comunicativo y, en particular, del medio televisivo.

En efecto, en poco más de treinta años, hemos pasado de tener en España una oferta televisiva en la que solo había una cadena de televisión estatal (RTVE, desde 1956) a un escenario en el que poco a poco fueron emergiendo las primeras radiotelevisiones autonómicas públicas (ETB y TV3, en 1982; TVG, en 1985), que fue incrementándose (Canal Sur, Telemadrid y RTVV, en 1989), y al que se sumó la oferta de las televisiones privadas (Antena 3, Telecinco y Canal +, en 1990). Desde entonces, el nacimiento de cadenas públicas y privadas de televisión ha sido constante. En las últimas dos décadas, han proliferado televisiones públicas en casi todas las comunidades autónomas (desde la TVAC Canaria, en 1999, hasta la TVP de Asturias, en 2006). Solo unas pocas comunidades autónomas no disponen de un servicio público de radiotelevisión: es el caso de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, a las que, lamentablemente, desde el 29 de noviembre de 2013, debemos añadir la Comunidad Valenciana, tras el cese de las emisiones de RTVV. En la última década, hemos asistido a la aparición de nuevas cadenas de televisión privadas, de cobertura estatal (Cuatro y La Sexta, en 2005), además de varios centenares de canales locales que han ido surgiendo por toda la geografía española.

El apagón analógico, por la implantación de la TDT (2005-2010), ha dibujado un mapa de cadenas de TV muy amplio y complejo, que sufrirá nuevos cambios en 2015, por la reasignación de frecuencias a la que obliga la adaptación a la nueva red 4G para las telecomunicaciones, lo que se conoce como la reserva del llamado «dividendo digital». Todo ello, sumado al proceso de convergencia de la TV e internet, ha tenido como efecto inmediato la enorme fragmentación de la audiencia televisiva, que ha desencadenado una feroz lucha entre operadores públicos y privados.

Esta fuerte competencia ha sido acentuada por el empobrecimiento de la economía nacional e internacional. Estamos sumidos en una fuerte crisis financiera desde 2008 que ha influido notablemente en la reducción de ingresos por publicidad para las televisiones y, en el caso de las públicas, los presupuestos anuales han sufrido recortes dramáticos que han derivado, incluso, en la supresión de canales de la oferta de las cadenas autonómicas públicas, la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE), etc.

No podemos ignorar que la situación actual de la televisión en España, a finales de 2014, configura un paisaje en el que las televisiones públicas tienen, en general, un espacio bastante inferior a las privadas. De facto, en España domina actualmente un duopolio televisivo, formado por Atresmedia y Mediaset, que cada vez se llevan más tarta publicitaria, como consecuencia de la renuncia voluntaria de RTVE, por mandato gubernamental, a la financiación por publicidad.

El proceso de fuerte contracción del peso de la televisión pública en el sistema televisivo está relacionado, asimismo, con la expansión del pensamiento neoliberal en las últimas décadas, de manera especial en Europa y en España. De manera general, se percibe entre la ciudadanía un desprestigio creciente del propio concepto de «servicio público» –en el ámbito televisivo, pero también en sectores como la educación, la sanidad, la justicia, etc.–. Los propios medios de comunicación privados –que tienen intereses muy claros en los ámbitos televisivo y radiofónico– han contribuido a desprestigiar la labor de las radios y televisiones públicas, cuestionando, con frecuencia, el sentido y la importancia de la misión de servicio público de estas instituciones.

En definitiva, se puede afirmar que la crisis económica ha coincidido con una crisis tecnológica –la convergencia digital–, dibujando así un panorama muy complejo para las televisiones públicas, todavía más difícil en el nuevo contexto normativo que, a su vez, expresa una crisis política y de valores que afecta a la propia concepción de lo público. Por todo ello, se puede afirmar que estamos sumidos en una «crisis multidimensional», en suma, en lo que se podría denominar «una tormenta perfecta».

2. Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos de RTV

Las modificaciones legislativas que han tenido lugar en los últimos años, especialmente en el periodo 2010-2013, han abonado el terreno para la privatización de los servicios públicos de radio y televisión, por ejemplo en lo que se refiere a la definición de la radio y televisión como servicio público. En efecto, tres décadas atrás, la Ley del Tercer Canal de Televisión (Ley 46/1983) autorizaba al Gobierno de la nación la toma de decisiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, para ser otorgado, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, mediante el apoyo de los estatutos de autonomía y del propio Estatuto de la Radio y la Televisión Española.

Ante los intentos de algunas radiotelevisiones autonómicas, en especial RTVV y Telemadrid, bajo el control del Partido Popular, por privatizar parcialmente algunos de sus servicios, el anterior Gobierno socialista trató de blindar el carácter público de las televisiones autonómicas mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que en su artículo 40.1 definía las radiotelevisiones públicas como «servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento». No obstante, esta normativa también se puede considerar bastante conservadora en diferentes aspectos, como la liberalización y desregulación del sector de la televisión, «para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión», y el asentamiento de unas bases legales que iban a favorecer la concentración mediática (Zallo, 2010).

Poco tiempo después, con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el poder, las Cortes Generales aprobaron la Ley 6/2012, de 1 de agosto, que modificaba la ley anterior, señalando en su preámbulo que

la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual […] pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada.

Estos profundos cambios, que permiten privatizar la gestión de servicios de las radiotelevisiones autonómicas, de titularidad pública, se producían unos pocos meses después de la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, que fracturaba el modelo de gestión independiente, desde un punto de vista político, de la radiotelevisión pública estatal, que tanto tiempo había tardado en llegar desde el final de la dictadura franquista.

De este modo, los cambios normativos introducidos en los últimos años constituyen, de facto, un cuestionamiento profundo del sentido mismo de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación.

3. El valor de la radiotelevisión como servicio público

Así pues, la intensa actividad de los poderes ejecutivos a la hora de legislar sobre las radios y televisiones públicas parece sintomática de la enorme vitalidad que sigue teniendo en nuestro país el debate en torno al papel que han de tener los medios de comunicación públicos en nuestro sistema comunicativo, que enfrenta así a conservadores y progresistas, a neoliberales y socialdemócratas, a la derecha e izquierda políticas. No creemos exagerado afirmar que, en cierto sentido, nos hallamos ante la reedición del viejo debate, no por ello menos actual, en torno al equilibrio entre medios de comunicación públicos y privados que expresaba el conocido Informe MacBride, realizado para la UNESCO en 1980, sobre el papel de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

En ese importante estudio se subrayaba la necesidad de corregir la desigualdad y los desequilibrios del mundo actual a través de la democratización de los medios de comunicación, constatando que la libertad de información y el desarrollo social de los países solo se podían garantizar mediante la existencia de una oferta mediática rica y plural. En definitiva, el Informe MacBride reclamaba la necesidad de una mayor intervención de los estados en el sistema comunicativo internacional. El documento suscitó numerosas críticas e incluso provocó el abandono de la UNESCO de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que lo interpretaron como «intervencionista». Más de treinta años después, se reconoce la importancia que tuvo el citado informe, que no se puede ignorar de ningún modo (Tresserras, 2005).

Emili Prado y Miquel de Moragas definen las radios y televisiones de «servicio público» como aquellas que ofrecen

garantías democráticas (especialmente defensa del pluralismo), estímulo a la participación ciudadana, función cultural, identitaria, social y de bienestar social, de equilibrio territorial, económico y desarrollo, motor de la industria audiovisual, innovación y experimentación creativas, función humanística y moralizadora, y función divulgadora y socializadora del conocimiento (Moragas y Prado, 2000: 379-380).

Sin duda alguna, el régimen de «austericidio colectivo» al que estamos sometidos por el actual Gobierno conservador en España, y por el pensamiento neo/ultraliberal, a nivel internacional (especialmente, en Europa), dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda ser consciente de que los medios de comunicación públicos cumplen una importante función económica, social y cultural, que repercute, de forma más o menos tangible, en nuestras vidas.

4. El cierre de RTVV como telón de fondo: los retos de la gobernanza

Es evidente que el cierre de RTVV, o al menos el final de las emisiones de RTVV –ya que el cierre es un largo proceso que todavía no ha concluido, a fecha de febrero de 2015, en un sentido estricto–, ha tenido una fuerte repercusión en una parte importante de la sociedad valenciana, en especial en la comunidad académica universitaria.

En los últimos meses ha sido continua la convocatoria y celebración de encuentros, mesas redondas, conferencias, la publicación de artículos de opinión, de cartas al director, etc., en especial en la Comunidad Valenciana, así como un aumento notable de actividad en las redes sociales, todo ello a propósito de esta lamentable noticia de actualidad. En el campo de la política valenciana, hemos asistido a meses de duros enfrentamientos. Por desgracia, los partidos políticos de la oposición no pudieron impedir la aprobación en el Parlamento valenciano de la ley para el cierre y liquidación del servicio público de RTVV, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el 27 de noviembre de 2013, un día triste para la historia de la Comunidad Valenciana, única autonomía con lengua propia que se ha visto privada de un servicio público de radiotelevisión. Habían pasado 29 años desde la aprobación de la Ley 7/1984 de Creación del ente RTVV, de 4 de julio, que fue apoyada unánimemente por todos los diputados de la cámara valenciana, y 24 años de emisiones ininterrumpidas. El debate previo a la votación de la «Ley 4/202013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU» permitió entender, con toda claridad, que la decisión tomada era de naturaleza política y no económica. En efecto, el principal argumento del cierre era la imposibilidad de asumir el coste de la readmisión de trabajadores, afectados por un expediente de regulación de empleo, aplicado durante 2012 y 2013, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El cierre y liquidación de esta radiotelevisión pública salía adelante con una votación bastante ajustada: 49 votos del Partido Popular, frente a 42 votos del resto de formaciones políticas. Fue un debate en el que el Gobierno valenciano, sin ningún informe serio que lo avalase, demostró su incapacidad para convencer racionalmente al resto de fuerzas políticas de la necesidad del cierre, que justificó alegando que la Generalitat Valenciana no podía asumir el coste financiero de la readmisión de más de un millar de trabajadores, a lo que obligaba el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal. Un escenario que, según el ejecutivo, ponía en riesgo la continuidad de servicios más importantes como la sanidad y la educación.

Hoy, un año después, ese coste de la readmisión de trabajadores, que suponía poco más de 80 millones de euros, parece una cifra irrisoria si lo comparamos con los más de 250 millones de euros que la Generalitat Valenciana lleva gastados en el proceso de liquidación del servicio público de radiotelevisión, como ha sido reconocido por el propio Gobierno valenciano. Un gasto sin precedentes que priva a los ciudadanos de la comunidad de un servicio público de gran relevancia.

Sin lugar a dudas, la liquidación de RTVV se produjo en el contexto de una profunda desafección de la ciudadanía hacia su radiotelevisión pública, cuando las encuestas revelaban que una gran mayoría de valencianos/as no se sentían identificados/as con este proyecto comunicativo. Incluso muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las universidades valencianas contemplaron el cierre, al menos en un primer momento, con cierta indiferencia. Esto da cuenta del grado de adoctrinamiento del que todos somos víctimas, cuando antes nos hemos referido a «la expansión del pensamiento neo/ultraliberal», que ha dejado una profunda huella en el imaginario colectivo, asediado mediáticamente desde hace décadas. El paso del tiempo y el silencio de la señal de barras de TVV nos está ayudando a entender, incluso entre los ciudadanos más críticos con la desaparecida RTVV, que ese servicio público era y es imprescindible para la cohesión social y vertebración del territorio, para construir, en definitiva, la identidad de un pueblo, como el valenciano, que tiene una lengua y cultura propias, con una larga tradición histórica.

A nuestro juicio, la situación actual nos exige tomar conciencia de que la salud de nuestra democracia necesita unos medios de comunicación públicos y privados independientes del poder político. En cierto modo, el cierre de RTVV es, en sí mismo, un síntoma de la grave enfermedad crónica que sufre nuestro sistema político y nuestra sociedad, y que, para muchos, nos devuelve a la casilla de salida del día después del fin de la dictadura franquista.

En este sentido, la crisis de RTVV, y del modelo público de las radiotelevisiones de proximidad en España, nos permite tomar conciencia de la necesidad de crear órganos de regulación y control (internos y externos) para evitar la mala gestión política y económica de las radiotelevisiones públicas. Del mismo modo que la crisis económica nos ha permitido tomar conciencia de que es necesario que existan órganos de control eficaces de la actividad financiera, a nuestro entender, el caso de RTVV, junto a otros como TeleMadrid, RTVE, Canal Sur, TVG, TV3, etc., convertidos en instrumentos de los poderes políticos de turno, deben llevarnos a plantear la necesidad de crear órganos de control como el Consejo del Audiovisual Estatal y los consejos audiovisuales en los diferentes territorios autonómicos, órganos que existen en todos los países desarrollados del mundo, cuya misión debe ser velar por la calidad de los contenidos que emiten los operadores públicos y privados, y por el cumplimiento del marco legal existente. Este tipo de órganos, desprestigiados en nuestro país por ciertos grupos de interés –los medios de comunicación privados, que no desean someterse a control alguno–, tiene como finalidad velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía, dado que el espacio radioeléctrico es un bien público de gran importancia estratégica. En cierto modo, la existencia de una RTV de calidad y de instrumentos de control como los consejos audiovisuales son herramientas imprescindibles para hacer posible una ciudadanía más crítica, más madura, que contribuiría a hacer más competitivo y desarrollado nuestro país. La existencia de medios de comunicación públicos de calidad es tan importante como la existencia de un sistema educativo público, sólido y firme, de un sistema sanitario público de calidad o de un sistema judicial independiente.

En definitiva, el cierre de RTVV constituye la principal motivación para la preparación de la presente obra colectiva, LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA. EL CASO DE RTVV Y LOS RETOS DE UNA NUEVA GOBERNANZA, en la que participan muchos de los principales especialistas de nuestro país.

5. Estructura de la obra colectiva

Este libro recoge, en tres bloques generales, una extensa y detallada panorámica sobre la televisión pública en el escenario actual, afectado por una profunda crisis en el contexto presente, en varios niveles, desde el económico al de su propia legitimidad como servicio público en el escenario digital.

El primer bloque recoge la evolución y el futuro del servicio público de la televisión, con un total de cuatro capítulos. En el primero, Enrique Bustamante presenta un manual de las malas prácticas comunicativas desarrolladas en el contexto español, donde, según el autor, no es factible aplicar una gobernanza reconocida internacionalmente para el buen funcionamiento del servicio público, debido a la propia naturaleza de la televisión pública en España. En este sentido, el autor apela a la sociedad civil española y a la actuación de la Unión Europea como únicas entidades posibilitadas para reconducir las disonancias entre la televisión y su función pública en la era digital. El segundo capítulo reclama la indispensabilidad de la televisión pública en el escenario convergente. Emili Prado expone aquí la confluencia de dos revoluciones en curso, la de las redes y la digitalización, que están modificando el panorama mediático, desde la propia noción de medios. En el tercer capítulo, Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río abordan el caso español de las televisiones autonómicas y ofrecen un estudio de su actual situación a través del análisis de las principales causas que han llevado a estas radiotelevisiones a su actual situación, marcada por la complejidad y el peligro al que se enfrentan, con su posible privatización o, como en el caso de la televisión valenciana, su desaparición. El cuarto capítulo cierra el bloque con el estudio que Jessica Izquierdo realiza de las estrategias que las televisiones públicas desarrollan en su adaptación al escenario convergente, con la presentación y el análisis de las herramientas y funciones principales que estos operadores aplican para la consecución del servicio público en la era digital.