Kitabı oku: «Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI»

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Primera edición: abril de 2015

© Los autores y las autoras, 2015

Maquetación y corrección: Communico. Letras y Píxeles

Diseño de la cubierta: Andreu Rovira. Design Production


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Índice

INTRODUCCIÓN: LAS TELEVISIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS EN EL ESCENARIO DE LA CRISIS, Javier Marzal Felici

1.El progresivo deterioro de las radiotelevisiones públicas en España.

2.La crisis del concepto de servicio público y la expansión del pensamiento neoliberal.

3.El caso de RTVV en el contexto de la crisis de la radiotelevisión pública.

4.Estructura de la obra colectiva.

5.Agradecimientos y créditos

PARTE I. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS EN ESPAÑA

LA REFLEXIÓN ACADÉMICA SOBRE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA EN ESPAÑA: ENTRE LA REIVINDICACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA DENUNCIA POR MANIPULACIÓN POLÍTICA, Luis A. Albornoz y Azahara Cañedo

1.Introducción.

2.Clasificación por etapas de la televisión autonómica.

3.El desconcierto ante la descentralización televisiva (1982-1985).

4.Nuevas televisiones y cooperación entre operadores (1986-1989).

5.Consolidación y expansión de las autonómicas (1990-1998).

6.Crisis de la televisión autonómica (desde 1999).

7.La televisión valenciana como objeto de estudio.

8.Conclusiones.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EITB, Miguel Ángel Casado del Río y Juan Carlos Miguel de Bustos

1.Introducción.

2.Estructura de EITB.

3.La gestión de EITB.

4.El impacto de la crisis.

5.Conclusiones.

LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO EN TELEVISIÓ DE CATALUNYA Y LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, María Isabel Villa Montoya

1.Introducción.

2.Definición y alcance del servicio público audiovisual en Catalunya.

3.La transformación de la estructura organizativa: hacia un modelo convergente.

4.Modelo económico y equilibrio financiero.

5.Adaptación de la oferta de contenidos y servicios audiovisuales.

6.Conclusiones.

EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CRTVG (2008-2014), Ana Isabel Rodríguez Vázquez, Alba Silva Rodríguez y Tania Fernández Lombao

1.Introducción.

2.Método.

3.Análisis.

4.Conclusiones.

TELEMADRID: CRÓNICA DE UN DÉJÀ VU EN EL CONTEXTO DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS, José Vicente García Santamaría y María José Pérez Serrano

1.Punto de partida.

2.Fundamentos metodológicos.

3.Estado de la cuestión: los cambios operados en el siglo XXI.

4.El declive de Telemadrid.

5.Las controvertidas decisiones empresariales de la cadena.

6.Dimensión empresarial: el contrato-programa y la sobredimensión de plantillas.

7.Circunstancias finales: ERE.

8. Cierre y conclusiones.

APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA TV PÚBLICA EN ESPAÑA: EL CASO DE CANAL SUR TV, Ramón Reig

1.Introducción.

2.Método, estructura y gestión.

3.Algunos momentos y periodos clave en la historia de la televisión en España.

4.El caso de Canal Sur TV: aproximación.

5.A modo de conclusiones.

SIGNOS DE IDENTIDAD DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA ASTURIANA (TPA), José Ramón Pérez Ornia

1.Introducción.

2.Signos de identidad de la televisión pública.

3.La respuesta de la audiencia.

4.Conclusiones.

PARTE II. RTVV COMO CASO DE ESTUDIO

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA: LA GÉNESIS DEL MODELO, Juan José Bas Portero

1.El modelo de gestión y la dependencia política.

2.El modelo de financiación: gestión económica y política presupuestaria.

3.El modelo de programación: la lucha por las audiencias.

4.El modelo lingüístico: la polémica sobre el uso del valenciano.

5.El modelo de radiotelevisión autonómica: presente, pasado y futuro.

LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA TELEVISIVO. EL CASO DE RTVV, Miquel Francés Domènech

1.Introducción.

2.La deslocalización de contenidos en la televisión de proximidad y la fragmentación en la producción audiovisual.

3.Distribución de contenidos audiovisuales y modalidades de producción en el panorama televisivo español.

4.El caso de RTVV.

5.Conclusiones y propuestas.

PERIODISMO TELEVISIVO DE PROXIMIDAD EN ELCHE: LA COHABITACIÓN ENTRE RTVV Y TELEELX, José Luis González Esteban, Isabel González Mesa y José Alberto García Avilés

1.Introducción.

2.La información audiovisual en Elche.

3.TeleElx como ejemplo de periodismo televisivo de proximidad.

4.Aportaciones e influencia de Canal 9 en la sociedad ilicitana durante sus 25 años de emisiones.

5.La recepción de Canal 9 y de TeleElx en Elche.

6.Hacia un modelo de cohabitación TeleElx y Canal 9 en Elche y comarca.

7.Conclusiones y propuestas de futuro.

EL CASO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE RTVV EN CASTELLÓ, Longi Gil Puértolas

1.Introducción.

2.La industria audiovisual de Castelló.

3.Recursos humanos y tecnológicos.

4.El archivo audiovisual periférico.

5.Censura e información tendenciosa.

6.La época socialista y el descontrol final.

7.Conclusiones.

EL CIERRE DE RTVV EN LAS REDES SOCIALES: EL DEBATE EN TWITTER A TRAVÉS DE SUS PROTAGONISTAS, Sonia González Molina y Fátima Ramos Cano

1.Introducción.

2.Marco teórico.

3.Objetivos e hipótesis.

4.Metodología.

5.Resultados.

6.Conclusiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS AUTORES Y AUTORAS

Introducción

JAVIER MARZAL FELICI

UNIVERSITAT JAUME I

1.El progresivo deterioro de las radiotelevisiones públicas en España

Desde que cerramos la edición del libro La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza, también publicado por la colección Aldea Global, hasta la redacción de la presente introducción, apenas han transcurrido pocos meses (entre noviembre de 2014 y febrero de 2015), en los que han tenido lugar algunos hechos informativos destacables.

Por un lado, el deterioro de la función de servicio público de Radiotelevisión Española (RTVE) ha conocido en estos últimos tiempos un avance muy significativo. En efecto, desde 2011 a 2014, RTVE ha pasado de ser la cadena líder de España, especialmente en programas informativos, a una modesta tercera posición, tras Tele 5 y Antena 3. En apenas tres años la cadena pública estatal ha perdido buena parte de la credibilidad informativa cosechada, con mucho esfuerzo, entre 2006 y 2011. En el caso de Radio Nacional de España el descalabro ha sido bastante considerable, con la pérdida de más de 800.000 oyentes en este periodo. La pérdida de confianza de una buena parte de la audiencia hacia RTVE ha coincidido con un agravamiento de la situación financiera de la corporación que acumula en 2014 más de 750 millones de euros. Entre las principales causas del déficit se pueden destacar la ausencia de una financiación adecuada por parte del estado y la depreciación patrimonial de la corporación, sufrida en estos años de profunda crisis, pero también cabe explicar esta importante crisis de RTVE por la progresiva gubernamentalización y desprofesionalización de la gestión de la corporación.

Cabe recordar que en virtud de los cambios introducidos por el Gobierno de España del Partido Popular, mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, en 2012, que modificaba el régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), volvía a ser posible que el nombramiento del presidente de la Corporación fuera designado por mayoría absoluta en el Parlamento, sin necesidad de alcanzar la mayoría cualificada que la Ley 17/2006 exigía. De este modo, en estos últimos años se ha podido constatar el regreso a viejas prácticas en la forma de dirigir y gestionar la cadena pública estatal, basadas mucho más en la instrumentalización política de los informativos, en tanto que herramienta esencial del poder político para moldear la opinión pública, a lo que hay que sumar un modelo de gestión de la programación de la cadena y de la dirección de programas que no se basa en criterios estrictamente profesionales. Desde 2012, con la llegada del Partido Popular al poder, la gestión del nuevo presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, que dimitió por sus discrepancias con el Gobierno estatal sobre la infrafinanciación de la radiotelevisión pública, ha sido clave para el deterioro de la corporación. Entre sus decisiones más polémicas destacó el nombramiento de Julio Somoano como director de los Servicios Informativos, cuya gestión en estos últimos años provocó el rechazo de una amplia mayoría de trabajadores de la corporación, así como denuncias reiteradas del Consejo de Informativos de TVE.

Hace pocas semanas, en el mes de octubre de 2014, tomó posesión como nuevo presidente de la Corporación de RTVE José Antonio Sánchez Domínguez, procedente de la cadena Telemadrid, fuertemente controlada desde muchos años atrás por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular. La noticia del nombramiento encendió, desde el principio, todas las alarmas entre los trabajadores de RTVE, y también en asociaciones profesionales de periodistas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, entidades cívicas, etc. En efecto, en apenas un par de meses, el Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la existencia de «purgas» o «caza de brujas» de los trabajadores no afines ideológicamente a la dirección de los Servicios Informativos, así como la contratación de periodistas externos sin proceso selectivo público (con la excusa de reforzar la cobertura de los procesos electorales previstos en 2015), o la no menos escandalosa renuncia a ocupar un puesto de representación en la Unión Europea de Radiodifusión –nada menos que la presidencia de la Asamblea de Informativos de la UER/EBU–. Esta decisión, comunicada por la dirección de los Servicios Informativos el pasado 30 de enero de 2015, no argumentada, solo puede entenderse como una estrategia para reducir la influencia del Consejo de Informativos de TVE en este importante organismo internacional, en el que participan, entre otros, todas las radiotelevisiones públicas del viejo continente. En pocas semanas, la nueva dirección de RTVE ha cesado a directivos, jefes de sección, adjuntos y responsables de áreas, sin alegar razones profesionales, lo que ha provocado una respuesta masiva de numerosos trabajadores de la casa y del Consejo de Informativos, expresión del hartazgo de una plantilla de periodistas y profesionales que asisten al deterioro continuado de la radiotelevisión pública estatal.

No deja de resultar sorprendente, cuando menos, que haya terminado pareciendo «normal» que los máximos responsables de las radiotelevisiones públicas –presidentes, miembros de sus consejos de administración, directores de departamentos y de servicios, etc.– recaigan sobre personas que trabajan en medios de comunicación del sector privado o cuya profesión está directamente relacionada con la actividad política, siempre ligada al partido que tiene responsabilidades de gobierno en cada momento. Esta «puerta giratoria» entre cargos políticos y puestos de responsabilidad en RTVE y en otras radiotelevisiones públicas autonómicas responde a una concepción democrática cuyos principales valores han sido pervertidos, donde se ha primado la «representatividad» de las formaciones políticas en detrimento de otros valores, como hemos analizado extensamente (Fitó y Marzal, 2015; Soler y Marzal, 2015).

El segundo hecho que cabe destacar es el caso de la privatización de la radiotelevisión pública de la Comunidad de Murcia, donde gobierna desde hace muchos años el Partido Popular. Al amparo de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 6/2012, de 1 de agosto, reformada por el Gobierno español del Partido Popular, en este caso la llamada «externalización», eufemismo de «privatización», afectará a la oferta completa de la cadena. En efecto, como se hizo público el pasado 28 de enero de 2015, Murcia será la primera comunidad autónoma cuya cadena de radiotelevisión pública será gestionada de forma íntegramente privada, incluidos los servicios informativos. El concurso público ha sido ganado por el grupo Secuoya, por un importe total de 72.362.999 euros, impuestos incluidos, para una gestión de tres años, prorrogable otros tantos. Aunque está pendiente de la ratificación definitiva del ejecutivo murciano, cabe destacar que la adjudicación ha sido ganada por una empresa fuerte, radicada fuera de la Comunidad de Murcia, que tiene su negocio repartido en diferentes territorios de España y está especializada en la producción de contenidos para otras televisiones públicas como IB3, la Radiotelevisión Canaria o Telemadrid, y para cadenas privadas como Antena 3 y TVE, así como en otros países latinoamericanos como Perú, Chile y Estados Unidos. La radiotelevisión pública murciana 7RM será, pues, gestionada íntegramente por el grupo Secuoya, que ya ha anunciado que subcontratará los servicios de otras productoras y televisiones locales de la propia región de Murcia –un total de 34 empresas del sector, según han anunciado–, hasta un 60% de contenidos que deberán tener un marcado carácter local. El grupo Secuoya cuenta entre sus consejeros con Miguel Ángel Rodríguez, actual tertuliano en varios programas de televisión de infoentretenimiento, y fue el primer director de comunicación del Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura. Otro gran grupo de comunicación especializado en la producción de contenidos para cadenas de televisión y productoras, Vértice 360, ha tenido, hasta 2012, como presidente de su consejo de administración a Josep Piqué, exministro de industria también en los gobiernos de Aznar (entre 1996 y 2003). Se constata así la relación entre medios de comunicación públicos, privados y política, entre los que se han venido tejiendo durante décadas intrigas de poder con la única excepción del caso de RTVE en el periodo 2006-2011, como ya se ha referido.

El caso de la externalización de la radiotelevisión pública de Murcia constituye la primera iniciativa de privatización completa en el estado de las autonomías, que pone en jaque la concepción de servicio público que hemos conocido hasta la fecha, y es un paso más respecto al modelo de Aragón RTV, radiotelevisión pública que también se basa en ese modelo, aunque en este último caso, la empresa pública mantiene una mínima plantilla de trabajadores públicos, que gestionan, entre otros, los servicios informativos, así como la coordinación de toda la producción externalizada. No está de más recordar que la privatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas, en particular de RTVV, era una propuesta que aparecía recogida en el programa de gobierno del Partido Popular ya en 1995.

De este modo, estos dos casos que acabamos de referir representan una nueva «vuelta de tuerca», gracias a los cambios legislativos producidos en 2012, en el proceso de degradación de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación. Creemos importante dirigir nuestra mirada, siquiera brevemente, hacia el resto de la Unión Europea, con el fin de determinar si somos realmente una excepción en el panorama de las radiotelevisiones públicas en nuestro continente.

2.La crisis del concepto de servicio público y la expansión del pensamiento neoliberal

Podría creerse que el debate sobre el papel de las radiotelevisiones públicas, acerca de su legitimidad, de su modelo de gestión, del problema de su instrumentalización política, etc., es exclusivamente una problemática que solo alcanza a países como España y a los del sur de Europa, quedando así libres de estas amenazas los países del centro y del norte europeos.

Sin embargo, cabe afirmar que esta creencia tan extendida está realmente lejos de estar ajustada a la realidad, siempre más compleja y heterogénea de lo que cabe pensar a priori. En efecto, son bastante numerosos los estudiosos de esos países que llevan años alertando sobre la progresiva privatización de los servicios públicos de radiotelevisión, y de la pérdida de relevancia de los medios de comunicación públicos en los sistemas comunicativos nacionales, desde un punto de vista estructural.

Los órganos de gobierno de la Unión Europea han creado una enorme maquinaria burocrática, mediante el desarrollo de directrices, normativas, líneas de ayudas y leyes regulatorias que no siempre han dado los mejores resultados. El desarrollo de las políticas de medios de comunicación públicos europeos ofrece una extensa complejidad que ha terminado dibujando un escenario confuso en la Unión Europea, no siempre favorable a los medios de comunicación de servicio público. En este sentido, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (adaptación realizada en 2007 de la antigua Directiva «Televisión sin fronteras», de 1989), y otras sobre la alfabetización mediática («media literacy») y el pluralismo informativo (de 2008) se enfrenta a su aplicación en 28 jurisdicciones nacionales y subnacionales (Donders, Pauwels y Loisen, 2014). Existen además otras iniciativas como el programa «Media» que puede considerarse la más importante de la Comisión Europea para el desarrollo de las industrias del cine y de la televisión de la UE, a través del estímulo de la producción y distribución de films, series y programas de TV que, no obstante, no ha servido para fortalecer una industria audiovisual europea que pueda medirse al gigante estadounidense. Y en el nuevo panorama digital, que ha precipitado la transformación de los servicios públicos de radiodifusión (SPR) en servicios públicos de comunicación (SPC), los operadores de radio y televisión públicos, llamados a ser mucho más que radio y teledifusores, han tropezado con los intereses de los principales grupos de comunicación privados de todo el continente.

En esta misma línea se manifestaba Karen Donders cuando señalaba que la acción de la Comisión Europea hacia los SPC, en estos últimos años, está mucho más centrada en vigilar los aspectos de carácter económico en detrimento de los intereses públicos que los SPC están obligados a proteger. De este modo, la Comisión Europea ha invertido muchos esfuerzos en analizar y vigilar, por ejemplo, el problema de la competencia en la financiación de las radiotelevisiones públicas mediante subvenciones públicas y contratación de publicidad, simultáneamente, como respuesta a la fuerte presión de los lobbies o grupos de interés que representan los operadores privados (Donders, 2011), donde también son importantes actores las grandes empresas de telecomunicaciones. En España, la eliminación de la publicidad en RTVE ha tenido como efecto inmediato el incremento, de forma muy considerable, de la cuenta de resultados de los operadores privados, acentuando así la consolidación del duopolio televisivo, dominado por los grupos Atresmedia y Mediaset, que actualmente tenemos en España. Con frecuencia se suele olvidar que la publicidad es información comercial de interés público que, de manera proporcionada, puede tener mucho sentido también en las cadenas de radiotelevisión públicas, y constituye, además, una fuente de financiación secundaria nada desdeñable, especialmente en plena crisis financiera. Precisamente, las radiotelevisiones públicas autonómicas en España han sido objeto de fuertes críticas, en estos últimos años, por parte de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto –UTECA–, que se empecinan en justificar la reducción del peso de las radiotelevisiones públicas autonómicas, mediante su fusión en un tercer canal, y en la eliminación de la publicidad como fuente de financiación, como se expone en el conocido Informe encargado a una consultora internacional (Deloitte/UTECA, 2011).

La multiplicación de la oferta de radios y televisiones comerciales es un fenómeno que trasciende las fronteras de España y ha sido constante en las últimas décadas, especialmente en Europa occidental. Debemos recordar, en este sentido, que su nacimiento y expansión, en los años ochenta y noventa, se justifica en la necesidad de respetar «el libre mercado, en dar mayor soberanía al consumidor, satisfacer al individuo, terminar con una programación elitista y con los monopolios de control estatal» que representaron las televisiones públicas durante muchos años (Donders, Pauwels y Loisen, 2013: 13). En efecto, en los años ochenta la Comisión Europea dictaminó una serie de directrices generales que facilitaron el proceso de liberalización y desregulación del mercado de la radiodifusión en Europa, puesto que se consideraba que la aparición de un escenario competitivo era, en sí mismo, una garantía de pluralismo y diversidad.

Más de treinta años después de aquellas directrices de la CE, el escenario radiotelevisivo europeo ha sufrido una transformación radical, y ha caminado hacia una progresiva pérdida de relevancia del servicio público de radiodifusión. En efecto, Ferrell y Steemers constatan que nos hallamos ante una situación alarmante, puesto que el cuestionamiento de la necesidad de contar con medios de comunicación de servicio público (SPC) está alcanzando incluso a países como el Reino Unido, donde parecía que esto no podía ocurrir, con una institución tan consolidada como la BBC, en la que el canon ha sido congelado hasta 2017, o Alemania, donde las radiotelevisiones públicas han tenido que reducir su oferta on line por la presión de los operadores privados, o Finlandia, donde también se cuestiona la participación del Estado en la financiación de la radiotelevisión pública (Ferrell y Steemers, 2012).

En realidad, se trata de una corriente de pensamiento que circula por todo el mundo, desde países como Estados Unidos, donde los SPC (aparecidos muy tardíamente, hacia 1967) nunca han sido aceptados por la derecha política, hasta las jóvenes democracias del sur y este de Europa o Centroamérica, entre otros, donde en general la ciudadanía nunca ha percibido o sentido con suficiente consistencia la necesidad de contar con medios de comunicación públicos (algo que se puede relacionar con el bajo nivel cultural medio de la ciudadanía). Este pensamiento ha ido calando entre los ciudadanos y la clase política, hasta el punto de que, como subrayan Ferrell y Steemers, la organización y gestión de las radiotelevisiones públicas no se entiende si no es desde una óptica principalmente comercial, es decir, debe responder a criterios tales como la respuesta de las audiencias o la rentabilidad económica, lo que lleva a asumir en sus programaciones ofertas de infoentretenimiento, telerrealidad, infoshows y otras fórmulas que desvirtúan profundamente su propia naturaleza de servicio público (Steemers, 2003). Es evidente que asistimos a una suerte de «tormenta perfecta», en tanto que a la extensión del escepticismo hacia los medios de comunicación públicos (y hacia todo tipo de servicios públicos) se ha unido una crisis financiera global que ha llevado a nuestros responsables políticos a la adopción de fuertes medidas de austeridad económica, que están asfixiando e incluso poniendo en peligro la propia supervivencia de las radiotelevisiones públicas, tal y como las conocemos.

La crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas, en el contexto actual, debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global (digital). Como afirma Sean Phelan, «el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental “del mercado”» (Phelan, 2014: 3). En definitiva, el neoliberalismo debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que «la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública», una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años. Para la expansión de este tipo de creencias, sin duda, cumplen un papel esencial los medios de comunicación –privados y públicos (especialmente si estos últimos están gubernamentalizados, esto es, son un instrumento político como ocurre con muchas radiotelevisiones públicas en España, en mayor o menor medida)–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos, o la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el «sentido común», «lo que piensa todo el mundo» o «lo que dios manda».

Los medios de comunicación de servicio público se enfrentan a un reto extraordinario en el momento actual, dado que el «espacio comunicativo» se ha convertido en un «mercado comunicativo», fuertemente competitivo, en el que las radiotelevisiones públicas se ven abocadas a competir en inferioridad de condiciones, puesto que sus competidores no son radiotelevisiones, sino grandes grupos de comunicación que tienen intereses comerciales en la mayoría de industrias culturales y otros sectores (prensa, libro, publicidad, música, etc., pero también telecomunicaciones, energía, etc.). No es fruto del azar que, en la última década, grandes corporaciones mediáticas europeas (Bouygues, Vivendi y Lagardère –Francia–, Bertelsmann, ProSiebenSat.1 Media y Alex Springer –Alemania–, Reed Elssevier Group, Daily Mail and General Trust e ITV –Reino Unido–, Wolters Kluwer y Reed Elssevier –Países Bajos–, RCS Mediagroup y Mediaset –Italia–, etc.) hayan incrementado notablemente sus beneficios, posible gracias al contexto de la crisis económica, además de a la gestión política de diferentes gobiernos de derechas, centro-derecha e, incluso, de gobiernos socialdemócratas, cuya acción política está impregnada por la ideología neoliberal.

De este modo, parece evidente que no solo es necesario que se revisen en profundidad las políticas de comunicación que se vienen impulsando desde las diferentes instancias de la Unión Europea (Comisión y Parlamento Europeos), sino que, además, es imprescindible que haya una auténtica renovación de las propias prácticas de la gestión y organización empresarial de los servicios públicos de radiotelevisión. Para ello, es imprescindible garantizar la pluralidad política, social y cultural, lo que implica una más que necesaria separación entre el poder político y la gestión de estas empresas públicas. Esto no será posible sino a través de la introducción de formas de gobernanza que permitan avanzar hacia democracias de calidad, para lo que se necesita una profunda desgubernamentalización, con unos medios de comunicación que no tengan ningún temor a someterse al control político, económico y social de los órganos externos e internos correspondientes, donde se garantice la participación ciudadana y una gestión de los medios públicos que esté en manos, sobre todo, de los propios profesionales del medio (Sarikakis, 2012; García-Marzá, 2015; Soler y Marzal, 2015; Fitó y Marzal, 2015).

No podemos finalizar esta reflexión sin hacer referencia a un aspecto que nos parece que debería ser objeto de reflexión. Cabe destacar que en los últimos años el «management» se ha convertido en una suerte de disciplina que, por sí misma, parecería ser capaz de resolver todos los problemas que sufren, entre otros, las cadenas públicas de radio y televisión. De este modo, es frecuente escuchar que es necesario profesionalizar la gestión de las radios y televisiones públicas porque, como ha sucedido en España sin duda, la falta de una gestión eficiente (y «honrada», nos atrevemos a añadir) ha sido una de las causas que explican el endeudamiento económico, el deterioro de la credibilidad y la pérdida de calidad de sus producciones. Ya hemos manifestado nuestro acuerdo con este diagnóstico. Pero, además, es necesaria cierta cautela a la hora de abrazar, acríticamente, las bondades del «management empresarial», como si este fuera inocente. Parece obvio que no existe una única manera, sino muchas, de gestionar profesionalmente una empresa, y el campo de las empresas de comunicación no es una excepción. Creemos que en estos tiempos que corren es imprescindible la lectura de ensayos como el de Thomas Klikauer, Managerialism. A Critique of an Ideology, en el que este estudioso, con una gran perspicacia, va desgranando cómo el gerencialismo, tan de moda gracias a las escuelas de negocios y a los posgrados universitarios, parece vender unas técnicas de gestión empresarial, y de organización de los recursos materiales y técnicos, que se autoinvisten de infalibilidad. En definitiva, Klikauer postula que el gerencialismo encierra una ideología de tintes claramente conservadores y autoritarios, que ha terminado impregnando la sociedad, el arte, la economía, las instituciones públicas y privadas, las vidas privadas y la propia democracia. En este sentido, el gerencialismo sería también una forma de expresión de la ideología neoliberal.

De este modo, aunque ahora mismo es necesario reivindicar un modelo de gestión de las radiotelevisiones públicas (estatal y autonómicas) que apueste firmemente por la gestión profesional, hecha por profesionales de las propias cadenas públicas, y no por personas ajenas a estas organizaciones que funcionen a manera de «comisarios políticos», nos parece necesario advertir que la gerencia de las radiotelevisiones públicas, en el marco de los modernos sistemas democráticos, debe promover el trabajo horizontal, colaborativo y sometido constantemente a la rendición de cuentas a la sociedad que es, en suma, quien sostiene el sistema público.

Como queda de manifiesto en el presente libro, Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV, en el contexto de las radiotelevisiones públicas en España, los problemas son claramente estructurales, en la medida en que ni siquiera hemos alcanzado una etapa de normalidad gerencial. Por el contrario, la gestión de nuestras radiotelevisiones públicas autonómicas está salpicada por fuertes escándalos políticos que han derivado en complejos procesos judiciales. En este contexto, la gestión de RTVV, cuyo cierre de emisiones se produjo el 29 de noviembre de 2013, es un caso de estudio que merece la máxima atención de la comunidad académica nacional e internacional, por ser la expresión, de forma casi caricaturesca e hiperbólica, de todos los vicios y errores que se pueden cometer en la dirección y organización de una radiotelevisión pública que debería haber sido de proximidad.

3.El caso de RTVV en el contexto de la crisis de la radiotelevisión pública

También en este caso, desde el cierre de la edición de La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), la actualidad informativa no ha perdido intensidad en los últimos meses en lo que respecta a la aparición de noticias, escándalos e informaciones sobre los procesos judiciales en curso, que resulta imposible resumir en unas pocas páginas.

Por un lado, los tribunales de justicia han desarrollado una intensa actividad en el último año, consecuencia de las denuncias realizadas, entre otras, por distintas fuerzas políticas y sindicatos. Así pues, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSPV contra el Decreto Ley 4/20132, de 27 de noviembre, del cierre, la formación política Compromís denunció al antiguo equipo directivo de RTVV por una «supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial», esto es, por la comisión de «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos», denuncia que fue admitida a trámite por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Paterna (Valencia), el pasado mayo de 2014, y que imputa a los principales exdirectivos de la cadena. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras denunció a los directores generales de RTVV desde 2000 hasta su cierre (con la excepción de la última directora general, que dimitió al conocer la noticia del cierre), pero también a todos los miembros del Consell de la Generalitat y al Consejo de Liquidación de la sociedad pública, ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana (por la existencia de aforados entre los denunciados). Las imputaciones han alcanzado, asimismo, a cargos directivos, como exdirectores de la televisión y de la radio públicas, y otros puestos de responsabilidad intermedios. Poco a poco, las investigaciones de los jueces instructores van deshaciendo una compleja madeja de relaciones muy estrechas entre el Consell de la Generalitat, presuntas tramas de corrupción como el conocido caso Gürtel y el despilfarro en la gestión de la radiotelevisión pública de los valencianos. Por ejemplo, en las últimas semanas están apareciendo incluso informaciones sobre presuntos gastos de representación del director general de RTVV, que solo entre 2010 y 2011 se elevaron a más de 100.000 euros. Este tipo de noticias ayudan a comprender el grado de «saqueo» de que ha sido objeto RTVV durante los últimos 13 años especialmente.

Y resulta inevitable no volver la vista hacia la clase política y, más concretamente, hacia el Gobierno valenciano del Partido Popular, cuando se constata que algunos de los directores generales y directores de la radio y de la televisión públicas han ocupado cargos políticos de alta responsabilidad en el propio Gobierno valenciano. De este modo, se puede afirmar que la existencia de una «puerta giratoria» entre el poder político y la dirección o gerencia de la radiotelevisión pública parece estar en el origen de esta suerte de «pesadilla» en la que se ha convertido el caso de RTVV. Precisamente, el desapego de la ciudadanía hacia la radiotelevisión pública de los valencianos tiene su origen en los escándalos que han acompañado a la cadena (son famosos los episodios de la retransmisión de la visita del Papa en 2006, relacionados con la trama Gürtel, o el accidente de metro –en el que murieron 43 personas, además de 47 heridos– que RTVV silenció, entre otros). Así pues, a la desafección de los valencianos/as por su radiotelevisión pública, se unía una generalizada falta de conciencia ciudadana y de una parte importante de la clase política sobre la relevancia de lo público (desprestigiado por la extensión propagandista del pensamiento neoliberal), una profunda crisis económica que ha provocado la reducción de los servicios públicos, así como la explosión de numerosos casos de corrupción política, que todavía contribuye a profundizar la fractura entre sociedad civil y medios de comunicación públicos, de tintes dramáticos en la Comunidad Valenciana.

Otro de los hechos informativos más sobresalientes de las últimas semanas (de enero de 2015), objeto de continuas portadas en la prensa regional y estatal, es el del proceso de liquidación de RTVV, en cumplimiento de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana. En la «Introducción» a La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), nos hacíamos eco de las dificultades con las que se están encontrando los liquidadores de las dos sociedades públicas (RTVV S.A. y la Corporación RTVV S.A.U.) para proceder a la extinción definitiva de la empresa, que está sujeta a la resolución de los procedimientos judiciales abiertos y de los contratos aún en vigor, y que puede durar muchos años. Al parecer, la comisión liquidadora de la empresa, algunos de cuyos miembros han dimitido por razones personales en los últimos meses (asunto que ha ralentizado su labor), se ha tropezado con un problema que parece irresoluble en estos momentos y es el de la absorción por la Generalitat de la deuda de 1.300 millones de euros (de la antigua RTVV), que las entidades financieras se niegan a aceptar, con lo que si dicha deuda no es extinguida, el cierre de RTVV S.A.U. es sencillamente imposible. Cabe destacar que hasta este momento, el Gobierno valenciano ha reconocido oficialmente haber gastado 200 millones de euros en el proceso de liquidación (otras fuentes elevan esta cifra a 250 millones). Vale la pena recordar que el presupuesto anual de RTVV S.A.U. era, en 2013, de solo 78 millones de euros, lo que no deja de ser paradójico. Con lo que se lleva gastado en poco más de un año de liquidación se podrían haber financiado tres años de radiotelevisión pública.

También en estas últimas semanas hemos podido conocer cómo ha avanzado la gestión parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) que consiguió reunir en cuatro meses cerca de 90.000 firmas de ciudadanos para la restitución del servicio público de radiotelevisión, de calidad y en valenciano. El 19 diciembre de 2014 la ILP para una nueva RTVV recibió el apoyo para su tramitación parlamentaria con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Valenciano, incluso con el voto favorable del Partido Popular, que un año antes había cerrado RTVV. En el momento de tramitar la aprobación de la ILP, el grupo parlamentario popular ha presentado un total de catorce enmiendas que suponen en la práctica una enmienda a la totalidad de la ILP, desvirtuando así completamente el texto original, en especial en tres aspectos esenciales: en primer lugar, ante la exigencia de restituir urgentemente el servicio público de RTV, el PP pone una serie de condiciones como «que no suponga un incremento de la deuda pública, ni un incumplimiento de los criterios de estabilidad y déficit público; que no implique una minoración de las partidas para sanidad, educación y bienestar social, ni subir los impuestos a los ciudadanos», y que antes de restituir el servicio se hayan liquidado completamente las antiguas sociedades de RTVV; en segundo lugar, algunas enmiendas abren la puerta a cualquier modalidad de gestión privada y exigen la resolución de los procedimientos judiciales abiertos (lo que supone alargar todo lo posible una futura reapertura); en tercer lugar, que las emisiones de la futura cadena sean «preferentemente en idioma valenciano» y no íntegramente en valenciano, como recogía el texto original de la ILP. Estas enmiendas no son una simple matización del texto de la ILP sino una profunda distorsión que modifica profundamente su sentido original. Ante la presión ciudadana por restituir la radiotelevisión pública, y ante la tesitura de rechazar esta iniciativa ciudadana en pleno periodo preelectoral, el Gobierno valenciano ha optado por pervertir el sentido del texto hasta convertirlo en otra cosa, eso sí, sin dejar de declarar ante los medios de comunicación que sus enmiendas no solo no traicionan el sentido de la ILP, sino que lo respetan profundamente. Una práctica comunicativa de carácter propagandista que, por desgracia, solo persigue confundir a la ciudadanía. La aprobación de la ILP ha quedado aplazada hasta la celebración del último pleno de les Corts Valencianes, previsto para finales de marzo, antes de su disolución por las elecciones de mayo de 2015.

No obstante, lo más sobresaliente de este proceso de debate sobre la ILP es que ha puesto de manifiesto que el cierre de RTVV ha dejado un enorme vacío en la Comunidad Valenciana, y que todas las formaciones políticas, incluido el partido que ordenó su cierre, coinciden en constatar la necesidad de restituir este servicio público. Si bien es cierto que en el momento de la decisión del cierre de RTVV, hasta el 5 de noviembre de 2013, cerca de un 80% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estaban a favor del cierre de la radiotelevisión pública, según los sondeos encargados por el propio Consell de Govern de la Generalitat Valenciana, ya en enero de 2014, un estudio realizado por Emer GFK mostraba que un 67,2% de los ciudadanos encuestados manifestaban su desacuerdo con el cierre, tanto en la forma como en el fondo sobre cómo se había realizado.

Por ello, no puede extrañarnos que el presidente de la Diputación de Valencia haya encabezado una iniciativa para tratar de llenar el vacío dejado por RTVV. Para ello, esta institución ha sacado a concurso un contrato para la emisión de contenidos relacionados con la propia institución y la actividad social y cultural de los pueblos de la provincia de Valencia. No deja de resultar sorprendente que el presidente de la Diputación declarara ante los medios que ese servicio audiovisual serviría para «hablar de lo nuestro, […], del folclor, la vida diaria, la pilota, los bous al carrer, las bandas de música, el tiempo, […], y de lo que haga la Diputación» y que, por supuesto, no podría hablar mal de la institución que financia esta iniciativa. El contrato ha sido concedido a la cadena privada Beovisión, por un total de 3,242 millones de euros para 2015, empresa que ha arrendado una de las dos licencias de TDT de carácter autonómico, Las Provincias TV S.A.U. Este concurso ha sido ya recurrido por el PSPV y Compromís. Al parecer, dificultades técnicas y administrativas retrasarán el comienzo de sus emisiones hasta después de las elecciones de mayo de 2015. Cabe recordar que el mapa de la TDT local de la Comunidad Valenciana está sumido en el más absoluto caos, en el que muchos operadores adjudicatarios no prestan el servicio de TV, otros incumplen la legalidad vigente, y en el que la adjudicación de las licencias de 2006 ha sido anulada por el Tribunal Supremo.

Podríamos seguir relatando más hechos recientes (el asunto de la venta por lotes de la Ciudad de la Luz de Alicante, la imposibilidad de rescindir el contrato de alquiler del solar en el que se construyó la sede de RTVV en Alicante, etc.) que harían palidecer el relato más surrealista de cineastas como Buñuel, Fellini o el propio Berlanga, el más internacional de los directores de cine valencianos.

Creemos que este intenso repaso pone de manifiesto que nos hallamos ante una forma de entender el ejercicio de la política que responde mucho más a un estado totalitario que a una democracia, por lo que es imprescindible que se produzca una profunda renovación de esta manera de concebir la acción política que no es exclusiva ni mucho menos del territorio valenciano, y que podemos ver reflejada en la propia acción política del Gobierno estatal. Nos encontramos en un momento en el que las incertidumbres sobre la restitución del servicio público de radiotelevisión en la Comunidad Valenciana se concentran en el cuándo y el cómo se puede reabrir la radiotelevisión, problemas que no son fáciles de resolver.

En estos momentos hay muchas personas en la Comunidad Valenciana que están trabajando seriamente por hacer posible volver a contar con una renovada radiotelevisión valenciana, que evite los errores cometidos en el pasado para que responda realmente a la misión de servicio público. Existe actualmente un intenso debate sobre el modelo de radiotelevisión pública de proximidad que debe responder a los retos y necesidades de la sociedad valenciana. De las muchas iniciativas en curso, podemos destacar el trabajo desarrollado por el Col·lectiu Ricard Blasco, en el que participan los estudiosos Josep Lluís Gómez Mompart, Toni Mollà, Mònica Parreño, Manuel S. Jardí y Rafael Xambó, que en un trabajo colectivo, Reset RTVV. Per unes polítiques de comunicació al servei de la societat, exponen las bases para un nuevo modelo de radiotelevisión pública adaptada a las condiciones actuales.

Sin duda, la iniciativa más importante ha sido la constitución de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV), nacida el 3 de marzo de 2014, plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones profesionales, entidades e instituciones del campo de la comunicación de la Comunidad Valenciana (asociaciones de trabajadores, actores, dobladores, productores, directores, periodistas, centros universitarios, centros de formación profesional, etc.), que persigue el restablecimiento del servicio público de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana y la reactivación del sector empresarial y profesional del audiovisual, y en la que participa el editor de esta obra. Tras meses de debate sobre el futuro modelo de radiotelevisión pública para la Comunidad Valenciana, la MESAV presentó el documento Hacia un nuevo espacio audiovisual (disponible en línea: <http://mesav.es/cap-a-un-nou-espai-audiovisual/>) en un acto público en el Teatro Olympia de Valencia al que asistieron cerca de un millar de personas, y que fue la puesta en escena de un espíritu de consenso y de cordialidad que hacía muchos años que no se había visto en la Comunidad Valenciana (solo comparable a los años tras el fin de la dictadura). Este informe presenta las bases para una nueva radiotelevisión pública, muy alejada de lo que fue históricamente RTVV, con un modelo de gestión más horizontal y profesional, libre del control gubernamental, que sirva a la promoción del valenciano y de la cultura autóctona, reflejo de la pluralidad política, social y cultural de la Comunidad Valenciana, que contribuya con firmeza al desarrollo de las industrias culturales valencianas, abierta a la participación ciudadana, al servicio de la ciudadanía, y con un modelo organizativo transmedia, adaptado a la realidad del escenario digital actual. El citado documento está en continua revisión con el fin de convertirse en una herramienta útil para todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones de mayo de 2015, de las que habrá de nacer un nuevo gobierno valenciano.

Ya hemos señalado que los medios de comunicación públicos de proximidad (radios y televisiones públicas) son un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades avanzadas, que vertebran y son los motores de las llamadas industrias culturales y creativas que, en territorios como el valenciano, donde tenemos una lengua y cultura propias, son absolutamente esenciales. En este punto, merece la pena destacar la reciente publicación del libro del profesor Josep Gifreu, El català a l’espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013), publicado en la colección Aldea Global, tal vez el estudio más importante que se ha publicado sobre el tema en las últimas décadas. Este ensayo ofrece un análisis impecable sobre la necesidad de contar con medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, medios digitales, etc.) para que las lenguas autóctonas puedan sobrevivir (Gifreu, 2014). Y creemos necesario subrayar que una lengua no es solo una manifestación cultural: es un instrumento social que sirve para cohesionar la sociedad, en un sentido amplio del término, y que en consecuencia forma parte de nuestro sistema económico y de mercado. En este sentido, es bastante infrecuente escuchar decir que la promoción de la lengua, el valenciano (catalán), es una oportunidad para desarrollar las industrias culturales del territorio valenciano (que tiene cerca de 5 millones de habitantes –bastante más población que muchos países de la Unión Europea–, y aporta un 10% del PIB español). Y sabemos hoy que, como sociedad moderna, el objetivo es construir una economía del conocimiento, precisamente en un momento histórico en el que ha habido una fuerte deslocalización de buena parte de la actividad empresarial, principalmente industrial, hacia otras regiones del mundo. No puede haber una economía del conocimiento si no existen medios de comunicación públicos que generen riqueza, contribuyendo así al impulso de las industrias culturales, lo que fortalece el sector audiovisual y el espacio comunicativo que compartimos. Los medios de comunicación de servicio público son un instrumento fundamental para la normalización lingüística y hacen posible la modernización del país: la radiotelevisión pública regional es, en definitiva, condición necesaria para la existencia de un tejido de industrias culturales que permitan fortalecer la identidad, la cultura, pero también la economía y riqueza del territorio (Soler y Marzal, 2015).

Es evidente que el sistema radiotelevisivo español no es en absoluto homogéneo, como lo demuestra el caso de la Comunidad Valenciana. Confiamos que con este libro colectivo, Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV, contribuiremos modestamente a dar cuenta de la complejidad que ofrece el escenario televisivo de proximidad de nuestro país.

4.Estructura de la obra colectiva

El presente volumen ofrece una visión panorámica sobre la situación de una serie de televisiones autonómicas en España, afectada por una profunda crisis económica y financiera (también política, social e, incluso, de valores éticos).

El primer bloque del libro recoge distintas investigaciones sobre algunas de las radiotelevisiones públicas que configuran el panorama autonómico español. En primer lugar, Luis Albornoz y Azahara Cañedo nos presentan una revisión histórica de los principales trabajos académicos que han tratado el desarrollo y la evolución de las televisiones autonómicas públicas en nuestro país. A continuación, el caso de la televisión del País Vasco es analizado por Miguel Ángel Casado del Río y Juan Carlos Miguel de Bustos, con una exposición de la estructura y modelo de gestión de EITB y una visión de la evolución que ha seguido en la última década, a través del análisis de su modelo de gestión, gobernanza, programación y situación económica. En el ámbito catalán, María Isabel Villa presenta un capítulo que recoge los efectos de la crisis económica y el cambio tecnológico en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a partir de un estudio que considera la evolución del concepto de servicio público audiovisual y su alcance en Cataluña. Por su parte, Ana Isabel Rodríguez, Alba Silva y Tania Fernández presentan un estudio sobre el impacto de la crisis económica en la Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG), en el periodo 2008-2014, y la evolución del ente frente a los retos de la crisis y la implantación tecnológica. Por otra parte, José Vicente García y María José Pérez abordan el caso de Telemadrid a través de un análisis pormenorizado con apoyo gráfico, estadístico y económico, durante el periodo 2000-2014. Por su parte, Ramón Reig realiza una aproximación a la estructura y contenidos de la televisión pública a través del caso de Canal Sur TV, enmarcado en un análisis sobre la evolución de la televisión en España. Por último, José Ramón Pérez Ornia cierra este bloque con una exposición minuciosa del caso del nacimiento y la estructura de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), la última de las televisiones autonómicas que apareció en España, mostrando la posibilidad de una televisión autonómica de bajo coste, viable en términos de cuota de mercado, que ejemplifica con el caso asturiano.

El segundo bloque de este libro aborda el estudio detallado de la crisis de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con cinco capítulos dedicados a profundizar en las causas y consecuencias de su cierre. El capítulo octavo profundiza en la génesis del modelo de RTVV, donde Juan José Bas expone con detalle las referencias históricas, jurídicas y políticas que incidieron en la configuración de este proyecto mediático. A continuación, Miquel Francés profundiza en las consecuencias que el cierre de RTVV supone para el sector de la producción audiovisual de la comunidad. Este autor ofrece un análisis de la producción de contenidos audiovisuales en los últimos años, que se caracteriza por la falta de consolidación industrial y de regularización en su actividad en el contexto público. En el capítulo diez, José Luis González, Isabel González y José Alberto García analizan el caso de la televisión local de Elche, TeleElx, de importante arraigo en esta ciudad en contraposición a RTVV, para proponer un modelo de cohabitación entre el ente privado TeleElx y una RTVV pública. Por su parte, Longi Gil expone el caso de la delegación territorial de RTVV en Castellón, donde recoge algunos de los síntomas que han provocado el cierre del ente, entre los que el autor destaca la desafección de la audiencia, la manipulación gubernamental y los excesos en la gestión política y empresarial. Por último, Sonia González y Fátima Ramos presentan un capítulo con los resultados del análisis del debate surgido en Twitter a raíz del cierre de RTVV, en torno a la actividad de cuatro grupos de interés: gobierno y oposición, trabajadores implicados, medios de comunicación y universidades públicas de la Comunidad Valenciana.

5.Agradecimientos y créditos

Como es lógico, una obra de estas características no sería posible sin la generosidad y talento de los autores que participan en ella. Es por ello que el libro está dedicado principalmente a los autores y autoras de los diferentes capítulos que lo conforman.

Debemos hacer referencia a las instituciones y entidades que han hecho posible esta obra. Por un lado, el libro se enmarca dentro de los proyectos de investigación «La producción periodística de la información política: fuentes, agendas y enfoques» (P1-1B2010-53) y «Periodismo y fuentes de información política: relaciones y dinámicas comunicativas» (CSO2010-16313), dirigidos como investigador principal por el Dr. Andreu Casero Ripollés, y los proyectos de investigación «Análisis de los flujos de transferencia de conocimiento entre los sistemas educativos superiores y la industria del videojuego» (11I301.01/1), «La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el entorno de la crisis financiera global» (P1·1A2014-05) y «El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación. Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos» (CSO2012-36456), dirigidos como investigador principal por el Dr. Javier Marzal Felici, financiados respectivamente por la Universitat Jaume I de Castellón (Plan de Promoción de la Investigación, 2011-13 / 2012-14 / 2015-2017) y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 / 2014-2016), respectivamente. También queremos agradecer al consejo de dirección de la colección Aldea Global su confianza y apuesta por la publicación de esta obra colectiva, tras una evaluación rigurosa, como corresponde a esta prestigiosa colección que editan la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I y la Universitat de València.

Algunos textos de este libro fueron originalmente preparados para el XII Congreso de Comunicación Local, ComLoc, celebrado en el Paraninfo de la Universitat Jaume I los días 16 y 17 de diciembre de 2013, organizado en tiempo récord como respuesta al anuncio del cierre de RTVV; otros estudios han sido preparados con ocasión del curso de verano «¿Quién manda en televisión? Modelos de gobernanza en los medios de comunicación públicos», celebrado en la Llotja del Cànem de la UJI, los días 7, 8 y 9 de julio de 2014. En ambos casos, debemos expresar nuestro reconocimiento al equipo de gobierno de la Universitat Jaume I, que ha apoyado estas iniciativas y otras con gran entusiasmo.

Por otra parte, la realización de esta obra guarda relación con el compromiso que el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló ha adquirido en el debate público y político sobre la necesidad de restituir el servicio de radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana, y que está íntimamente ligado a la actividad de otras iniciativas como las de la Comisión Interuniversitaria en favor de una Radiotelevisión Pública Valenciana (CIRTPV), formada por un representante de cada una de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana –de la que es miembro el editor de este libro, Javier Marzal Felici, por la UJI–, o las de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV). Asimismo, queremos hacer explícito nuestro agradecimiento al rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà, y al vicerrector de la UJI, Wenceslao Rambla, por su confianza y apoyo en la consecución de este proyecto editorial.

Como afirmábamos en la introducción del libro La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza, también publicado en la colección Aldea Global, el propósito de esta obra apunta en la misma dirección: la necesidad de mantener vivo el debate sobre la necesidad de contar con servicios públicos de radiotelevisión, mediante el estudio crítico del sistema comunicativo y televisivo español y valenciano. En suma, esta nueva obra, Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV, constituye una modesta contribución para lograr la restitución, lo antes posible, de una radiotelevisión pública autonómica en la Comunidad Valenciana, gestionada con profesionalidad, desgubernamentalizada, reflejo de la pluralidad social, cultural y política, al servicio del bien común, llamada a ser una herramienta para reforzar una democracia realmente participativa, para promocionar la lengua y cultura de los valencianos y para potenciar la industria audiovisual y comunicativa valenciana, de la que la radiotelevisión pública autonómica constituye su principal eje vertebrador.

En definitiva, ambos trabajos colectivos deben entenderse como una vehemente afirmación del mundo académico en favor de la existencia de radiotelevisiones públicas de proximidad, como núcleo esencial de cualquier sistema comunicativo maduro y avanzado. Además de servir de motor vital para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, las radiotelevisiones públicas de proximidad están llamadas a ser, en definitiva, uno de los pilares esenciales de nuestro sistema democrático y del desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Parte IEl impacto de la crisis en las televisiones autonómicas en España

La reflexión académica sobre la televisión autonómica en España

Entre la reivindicación de la diversidad y la denuncia por manipulación política

LUIS A. ALBORNOZ Y AZAHARA CAÑEDO

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

1.Introducción

El sistema televisivo español es un sistema descentralizado en el que intervienen diferentes agentes de carácter público o privado a niveles estatal, autonómico y local. Esta diversidad de agentes surge con la promulgación de la Constitución española (1978) que organiza el Estado-nación en autonomías y sienta las bases para un proceso de descentralización a todos los niveles.

A pesar de que el proceso de regionalización de la televisión en otros países de Europa se inicia en la década de 1960, el fin del monopolio televisivo español, veinte años más tarde, no supone un hándicap para el desarrollo de un sistema en el que las autonomías recogen en sus estatutos competencias en materia audiovisual que se concretan en la posibilidad de crear y gestionar su propia radiotelevisión.

Este estudio presenta una revisión histórica de los principales trabajos académicos que han tratado el desarrollo y la evolución de la televisión autonómica pública a la vez que propone un estudio inédito hasta la fecha no solo al referirse al análisis de la reflexión académica sobre la televisión autonómica, sino también al hacerlo desde una perspectiva global, tratando el objeto de estudio en su conjunto.

El estudio que el capítulo presenta está basado en una metodología de investigación de análisis documental en la que se trabaja con una selección bibliográfica que consta de monografías o parte de ellas, tesis doctorales defendidas en España y artículos de investigación publicados en revistas académicas de nuestro país sobre comunicación y cultura (Anàlisi, Telos o Zer, entre otras).

El rastreo de la bibliografía seleccionada se ha realizado en bases de datos especializadas, entre las que figuran las de las bibliotecas de las principales facultades públicas de estudios de Periodismo y Comunicación de nuestro país, así como las plataformas DIALNET, el Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, la plataforma TESEO, Tesis Doctorales en Red (TDR) e ISOC, y la base de datos bibliográfica del CSIC, abarcando el periodo comprendido entre enero de 1982 y marzo de 2014.

2.Clasificación por etapas de la televisión autonómica

Con el fin de guiar al lector en el desarrollo de los acontecimientos y trabajos académicos presentados, partimos de la categorización por etapas cronológicas del objeto de estudio.

El trabajo pionero en dividir la historia de la televisión autonómica en etapas es el de Bernat López y María Corominas, quienes en 1995, en «Spain: the contradictions of the autonomous model», capítulo perteneciente al libro editado por Miquel de Moragas y Carmelo Garitaonandia Decentralization in the Global Era, plantean la existencia de dos etapas: de 1982 a 1985, la primera, y de 1986 a 1989, la segunda. Señalan, además, una tercera aún sin definir cuyo origen se ubica en la aparición de los segundos canales de las televisiones autonómicas ya existentes.

Basándose en este trabajo, Bernat López, Jaume Risquete y Enric Castelló, en «España: consolidación del modelo autonómico en la era multicanal», capítulo publicado en 1999 en el libro coordinado por Moragas, Garitaonandia y el propio López Televisión de proximidad en Europa: experiencias de descentralización en la era digital, desarrollan las citadas etapas:

•La primera se inicia en 1982 con el nacimiento de Euskal Telebista (ETB), primera televisión autonómica, y finaliza con la creación de Televisión de Galicia (TVG) en 1985. Se caracteriza por el desarrollo de la televisión autonómica de comunidades con lengua propia (País Vasco, Cataluña y Galicia), definidas por su nacionalidad histórica y en las que el poder autonómico está a cargo de fuerzas políticas diferentes a las del poder central.

•La segunda etapa comprende desde 1986, cuando se crea el segundo canal autonómico vasco, hasta 1989, con el inicio de las emisiones de la televisión valenciana. Estos años suponen el asentamiento de los terceros canales y el desarrollo de nuevos operadores en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, regiones entonces bajo poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

•La tercera va de 1990 a 1998 y se caracteriza por la expansión de la televisión autonómica mediante el desarrollo de segundos canales, fenómeno que algunos autores posteriores han denominado la «duplicación de las televisiones autonómicas» (Vacas, 1999: 145).

Como alternativa a esta clasificación, en 2012 Josep Àngel Guimerà i Orts y José Joaquín Blasco Gil, en «La formación histórica del sistema televisivo autonómico público en España (1982-2011)», capítulo perteneciente a la obra coordinada por Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad, plantean tres etapas alternativas:

•La primera se inicia en 1980 con la aprobación del Estatuto de Radio y Televisión de RTVE y finaliza, al igual que en la propuesta anterior, con la creación de TVG en 1985.

•La segunda se inicia en 1986 y culmina en 1998, cuando la televisión andaluza pone en marcha su segundo canal. Esta etapa se caracteriza por el nacimiento de las televisiones autonómicas socialistas.

•La tercera, titulada «la eclosión digital de las televisiones autonómicas», va de 1999, con el nacimiento de la televisión canaria, a noviembre de 2011, momento en que se cierra la investigación, y en el que ya se han efectuado los primeros anuncios de cierre de canales autonómicos.

Llama la atención que más de una década después, a pesar de la perspectiva histórica, Guimerà i Orts y Blasco Gil (2012) fusionen en una sola la segunda y tercera etapas de la clasificación propuesta por López, Risquete y Castelló (1999), al considerar que entre los años 1990 y 1998 no se producen hechos significativos. Desde nuestra perspectiva, nos mostramos partidarios de distinguir una etapa histórica en la televisión autonómica entre 1990 y 1998, al considerar que se produjeron importantes acontecimientos en el panorama televisivo que han afectado a la televisión autonómica: no solo se desarrollan los segundos canales de estas televisiones, sino que, además, surge la competencia con la televisión privada y se desarrollan nuevas plataformas televisivas.

A partir de lo de anterior, es posible establecer una cuarta etapa que comienza en 1999, como señalan Guimerà i Orts y Blasco Gil, con el nacimiento de la televisión canaria y su nuevo modelo basado en la externalización de la producción. Esta etapa abarca hasta el momento actual, en el que, desde 2010, se están produciendo importantes acontecimientos que podrían considerarse nuevos puntos de inflexión en la historia de la televisión autonómica.

3.El desconcierto ante la descentralización televisiva (1982-1985)

El inicio del proceso de descentralización de la televisión comienza con la Constitución de 1978, que asigna competencias a las comunidades autónomas (CC. AA.) en el desarrollo y ejecución del régimen de prensa, radio y televisión. El Estatuto de Radio y Televisión de 1980 concede a cada autonomía, «previa autorización por Ley de las Cortes Generales, la gestión directa de un canal de televisión de titularidad estatal que se cree específicamente para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma». La Ley del Tercer Canal, aprobada en 1983, cuando las televisiones vasca y catalana ya están emitiendo, se encarga de regular, a posteriori, el desarrollo de las televisiones autonómicas públicas.

Por su parte, los estatutos autonómicos también hacen referencia a la posibilidad de que cada comunidad autónoma gestione su canal de televisión; tanto el Estatuto vasco como el catalán ya contemplan en diciembre de 1979 la gestión de este medio de comunicación. Cabe resaltar la diferencia en la redacción entre ambos documentos, pues mientras que el Estatuto catalán supedita el poder de la Generalitat, en cuanto a la gestión y control del tercer canal, a lo dispuesto en el Estatuto de Radio y Televisión, el vasco no hace referencia a leyes nacionales y, simplemente, manifiesta el derecho a crear, gestionar y mantener su propia televisión.1 La singularidad en la redacción del Estatuto vasco no es baladí. Como consecuencia, al nacer ETB, desde el Parlamento vasco se defiende que no se trata del tercer canal de televisión que más adelante regula la Ley del Tercer Canal, sino de un cuarto canal propiedad exclusiva del Gobierno vasco.

La importancia acerca de la consideración de ETB como tercer o cuarto canal suscita un debate crucial en torno a las obligaciones a las que está sometida la televisión autonómica en cuanto al cumplimiento de la normativa acerca del tercer canal, que se pone de manifiesto en las «I Jornadas sobre Televisión Autonómica», celebradas en Zaragoza y cuyo contenido es recogido en el libro editado por la Diputación aragonesa I Jornadas sobre Televisión Autonómica: 2, 3 y 4 de mayo de 1984.

Una de las primeras problemáticas en ser abordadas en estas jornadas es la relación entre poder político y televisión autonómica. Frente a la tranquilidad de aquellos que confían en la buena gestión de estos terceros canales, están quienes manifiestan su temor a que sean utilizados por el poder político de turno.

El segundo objeto de debate es la relación entre Radiotelevisión Española (RTVE) y las televisiones autonómicas. Se critica el favoritismo hacia RTVE por parte de la normativa vigente y la actitud de traba constante de este potente operador hacia los terceros canales, con los que establece una relación de competencia programática. Los expertos consideran que es básico dilucidar cuáles son las funciones de las radiotelevisiones autonómicas en sus respectivos ámbitos de cobertura, apostando por que no recorran el camino fácil de caer en el populismo para conseguir audiencias.

La pertinencia o no de desarrollar televisiones autonómicas en aquellas regiones que no poseen una lengua propia es el tercer tema debatido. La mayoría señala que, si bien el argumento lingüístico es importante, no es el único, defendiendo la existencia de un modelo de televisión que permita un mayor pluralismo informativo y ofrezca contenidos de proximidad. Frente a este pensamiento surge el temor de que la proliferación de televisiones autonómicas ensombrezca el sentimiento de pertenencia de las autonomías a una identidad nacional.

En 1982, el número 5 de Anàlisi contiene un cuadernillo titulado «Mitjans de comunicació a Catalunya», donde se reúnen una serie de textos sobre la importancia social de los medios de comunicación en la región, el papel impulsor que tienen para la propagación del catalán y su posicionamiento en la opinión pública, así como las relaciones que se establecen entre la Generalitat y los medios públicos. La idea central del número es que la lengua catalana es la clave para el nacimiento del tercer canal. En la presentación, Josep Gifreu (1982a: 8) pone de manifiesto que la autonomía necesitaba «rescatar del genocidio franquista su identidad como nación, es decir, identidad política propia y su patrimonio lingüístico y cultural».

Del conjunto de textos publicados debemos mencionar, por su relación directa con el objeto de estudio que nos ocupa, Llengua i comunicació a Catalunya, de Francesc Vallverdú, y La Generalitat de Catalunya i els mitjans de comunicació (competències, tranferències, conflictes i expectatives), de Gifreu. Vallverdú repasa la historia de los medios de comunicación en la región y afirma que, con el advenimiento de la democracia, Cataluña ha podido desarrollar sus propios medios de comunicación, poniendo de manifiesto la importancia del proceso de apertura autonómica y del desarrollo de medios en catalán. Por su parte, Gifreu es el primero en hacer mención al tercer canal catalán. El autor recoge lo dispuesto en el Estatuto catalán, respecto a sus competencias en materia de radiodifusión, haciendo referencia a una obra colectiva titulada Estudi jurídic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1981), que contiene un estudio sobre las facultades de la Generalitat en materia televisiva. Gifreu refleja los pasos dados por el Parlament para el desarrollo del tercer canal2 poniendo de manifiesto que uno de sus objetivos es la puesta en marcha de la televisión autonómica.

Este mismo año un grupo de investigadores de la Asociación para la Investigación Aplicada en Comunicación, dirigidos por Manuel Alonso Erausquin, publica el informe Descentralización de televisión y radio en España (1985). Sin entrar a valorar el modelo propuesto en España, estos autores hacen un repaso breve de las condiciones en las que se desarrollan las televisiones autonómicas y la aprobación de la Ley del Tercer Canal, y analizan la experiencia de los primeros años de Euskal Telebista (ETB) y de Televisió de Catalunya (TVC) para entender hasta qué punto resulta apropiado continuar con la experiencia de los terceros canales. La importancia del trabajo radica en el apartado que explica las «malas relaciones» entre los terceros canales y RTVE en torno a la utilización de la red de radioenlaces y el ingreso de los medios autonómicos en la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

4.Nuevas televisiones y cooperación entre operadores (1986-1989)

Durante la segunda etapa de la televisión autonómica, el debate sobre el proceso descentralizador sigue vigente. A nivel práctico, la etapa comienza con el inicio de las emisiones del segundo canal de ETB, el 31 de mayo de 1986, una vez más en términos de alegalidad, con la inauguración en París de una corresponsalía conjunta entre ETB y TVC y el acuerdo entre TVC y RTVE para utilizar diariamente su red de enlaces.

En 1987, José Vicente Idoyaga Arrospide defiende en la Universidad del País Vasco (UPV) su tesis doctoral Descentralización de la televisión en el Estado español, en la que, bajo la dirección de Carmelo Garitaonandia, plasma eficaz y detalladamente el proceso descentralizador del medio televisivo desde las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 hasta las celebradas el 20 de junio de 1986. Idoyaga acusa a la normativa aprobada de centralista e incoherente, y recoge los testimonios de autores como Moragas o José Ramón Pérez Ornia, para quienes el Estatuto de 1980 significa la ratificación jurídica de un modelo centralista, pues sigue siendo potestad del poder central otorgar el permiso correspondiente para la gestión de este canal a los gobiernos autonómicos, y supone una voluntad homogénea de defensa de RTVE ante la aparición de las autonómicas.

Este trabajo sostiene que la única opción posible en términos democráticos es derogar la ley existente y aprobar una nueva normativa que garantice la descentralización, pues incluso la Ley del Tercer Canal propone un modelo homogeneizador y antropológico que

crea enormes trabas a un flujo libre de comunicación entre las televisiones comunitarias ya que mantiene la red bajo el monopolio de RTVE en lo que a programación se refiere, limita el derecho de las CC. AA. a crear su propia televisión a un canal hertziano y les impide explícitamente el acceso al cable o la difusión directa por satélite mientras impone unas condiciones de financiación (sin implicaciones de los presupuestos del Estado) que reduce el número de Autonomías con posibilidades de llevarlo a cabo (Idoyaga, 1987: 259).

Para el autor vasco las decisiones tomadas sobre comunicación televisiva son un cúmulo de sinsentidos a pesar de los cuales considera que las autonómicas son el elemento más positivo del proceso descentralizador de la televisión, pues resultan medios especialmente significativos para la instauración de la democracia. Sin embargo, no ve viable la consolidación de estos terceros canales al considerar que son numerosos los obstáculos y contradicciones existentes en torno a su desarrollo. Señala en concreto la actitud de traba constante de RTVE que, frente al temor a perder su poder, es contraria a la creación de televisiones autonómicas en comunidades sin lengua propia.

En 1987 también ve la luz uno de los primeros trabajos en entrar a valorar el modelo estructural de la televisión autonómica. La tesis doctoral El sistema de la televisión autonómica español: el modelo catalán, de María Soledad Martínez Chillón, defendida en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), bajo la dirección de Manuel de la Vallina Velilla, presenta un análisis exhaustivo que profundiza en el caso catalán. El trabajo se centra en Cataluña como entorno en el que se desarrolla un modelo de televisión adaptado a las necesidades de la audiencia, a la vez que describe las diferentes etapas históricas de TVC y los fundamentos ideológicos en los que se basa. Asimismo, se detalla la estructura económica del medio, su infraestructura tecnológica, su modelo de programación y el tipo de audiencia al que se dirige.

Martínez Chillón defiende el modelo existente de televisión autonómica y señala que el único error está en la manera de concebirlo por parte del Estado, dada la falta de apoyo a las CC. AA., la especial protección a RTVE y el planteamiento de obligada competencia entre agentes. La autora mantiene que el surgimiento de nuevos agentes a nivel regional y local es un valor necesario para lograr una descentralización real, pero advierte de que el sistema conlleva riesgos de reproducir los vicios históricos del monopolio estatal.

El año 1988 trae consigo dos importantes documentos normativos. A nivel europeo se publica la resolución A2-218/88, de 18 de noviembre, sobre Política Regional Comunitaria y el Papel de las Regiones, que recomienda reconocer el papel de las regiones en el proceso descentralizador. En España se aprueba la Ley de Televisión Privada, que da el visto bueno a su implantación. En este contexto se inician las primeras desconexiones provinciales en TVC de programas informativos. A este interés por la descentralización de la información se suma el desarrollo de la ficción de producción propia, concretada en estos primeros años en retransmisiones teatrales, series dramáticas y algunas sitcom de gran aceptación por parte del público. Posteriormente, los seriales de producción propia en la televisión catalana merecerán la atención de Anàlisi, que en 1999 les dedica un dosier especial. El texto de Joana Gallego titulado «Els serials catalans: un nou producte amb denominació d’origen» analiza la popularidad de este fenómeno, que se concibe como uno de los principales elementos de proximidad impulsados por la televisión catalana.

En 1989 se inician las emisiones de Radiotelevisión de Andalucía (RTVA), Radiotelevisión de Madrid (RTVM) y Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Este mismo año, una nueva tesis defendida en la UCM mantiene vigente la reflexión sobre el papel de la televisión autonómica en el proceso descentralizador. Fernando Monar, bajo la dirección de Pedro Orive Riba, concluye, en Una alternativa de televisión para Castilla-La Mancha, que los terceros canales han llevado a cabo una labor de integración regional y promoción cultural a la que se suma una «mayor sensibilidad que la televisión estatal, en cuanto a la participación social, y en cuanto a la descentralización, un más adecuado compromiso con las realidades comarcales o provinciales» (Monar, 1989: 430-431). El trabajo propone un modelo alternativo de televisión para Castilla-La Mancha, pues plantea una televisión no autosuficiente por sí misma que permita el desarrollo de una industria audiovisual privada en la región. Asimismo, describe con detalle un hecho novedoso producido en 1988: Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia estudian la posibilidad de definir un modelo de tercer canal federado mediante fórmulas de coproducción que «ofrece una perspectiva novedosa […] de modo que se hace accesible la posibilidad de puesta en funcionamiento de pequeñas televisiones regionales, dimensionadas desde la cooperación» (Monar, 1989: 432).

Aunque la propuesta contenida en el trabajo de Monar no llega a concretarse, en esta línea de acción sí se va constituir, el 5 de abril de 1989 en Bilbao, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).3 El origen de la FORTA se remonta a octubre de 1986, cuando TVC, ETB y TVG se asocian en la ORTA4 con el objetivo de aunar fuerzas para entrar a formar parte de la UER y solventar el problema de acceso a los enlaces de RTVE para la emisión de contenido internacional. Por la misma época, desde la Junta de Andalucía, que se encontraba en pleno proceso de creación de RTVA, se comienza a trabajar en una posible federación de terceros canales.

Los esfuerzos por agruparse dan su fruto y, en noviembre de 1988, los directores generales de las tres televisiones ORTA se reúnen en Sevilla con los directores de las televisiones que estaban a punto de aparecer y deciden «aunar esfuerzos para conseguir abaratar compras, producción y difusión conjunta de programas y solicitar la entrada en la UER, entre otros objetivos» (Anchel Cubells, 2002: 37).

Pese a la importancia de esta federación en el desarrollo de la televisión autonómica, no existe un solo trabajo académico que aborde su desarrollo histórico, estructura y modelo organizativo o su importancia en el devenir de la televisión autonómica. Aun así, destacamos la tesis doctoral de José María Anchel Cubells Canal 9: Historia de una programación (1989-1995), donde hay una breve referencia al nacimiento de la FORTA, y el capítulo «FORTA, coordinación estratégica de la radiotelevisión pública autonómica» firmado por Concha Mateos Martín, Soledad Ruano López y Alberto Ardèvol Abreu en Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad.

5.Consolidación y expansión de las autonómicas (1990-1998)

Tras el nacimiento de la FORTA, los entes autonómicos toman conciencia de la importancia de colaborar, y en mayo de 1990 celebran las «I Jornadas de Estudios sobre Radiotelevisiones Autonómicas y Regionales» en El Saler (Valencia). Como resultado de estas se publica Las radiotelevisiones en el espacio europeo (1990). Coordinada por Enrique Linde Paniagua, entonces presidente del Consejo de Administración de RTVV, la obra reflexiona sobre la normativa que afecta a la radiotelevisión, describe el control parlamentario y político de los operadores públicos y propone una serie de pautas para el futuro del sector. Asimismo, evalúa la importancia de la investigación para el desarrollo de la radiodifusión y recoge ponencias que reflexionan sobre el papel de las televisiones regionales en Europa, haciendo hincapié en un nuevo sistema territorial en el cual es clave el concepto de región.

Ese mismo año la UCM publica TM-3, factores diferenciadores de una televisión autonómica, libro en el que Eusebio Moreno, partiendo de su tesis doctoral, escrita simultáneamente al desarrollo de RTVM, plantea un modelo de televisión autonómica madrileña. El autor analiza la realidad histórica, física, económica y sociopolítica de esta comunidad autónoma, a la vez que estudia los medios de comunicación existentes en la región y la normativa a nivel estatal y autonómico. Y concluye que RTVM es una televisión «frustrada» al nacer como un medio con vocación nacional (que no defiende un modelo de identidad cultural madrileño), alejándose, por tanto, del principal motivo legitimador de las televisiones autonómicas: la protección y promoción de las identidades culturales regionales.

Dando continuidad al encuentro de 1984, en 1991 tienen lugar, también en Zaragoza, las «II Jornadas sobre Televisión Autonómica», tras las cuales la Diputación de Aragón edita el libro II Jornadas sobre Televisión Autonómica celebradas en Zaragoza durante los días 25 y 26 de abril de 1991. Si en las primeras el debate se había centrado en el futuro incierto de un sector que acababa de despegar, en este evento, una década después, la discusión se planteó en torno al impacto de estos operadores en el ámbito televisivo y en la realidad sociopolítica y económica españolas.

Aquel encuentro se inició con la exposición del marco jurídico de la televisión autonómica al que se añadieron, respecto a las I Jornadas, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y la Ley de Creación y Control Parlamentario del Ente Público encargado de gestionar la radiotelevisión autonómica en la Comunidad de Aragón, ambas de 1987.

Además del interés por la puesta en marcha de la televisión aragonesa, punto en común entre estas jornadas y las anteriores, se plantearon temas como la importancia y devenir de la FORTA o las opciones de futuro de las seis televisiones autonómicas en un mercado en el que la televisión privada acababa de entrar en juego. También se planteó, nuevamente, el miedo a la dependencia política de unos medios que comenzaban a dar muestras de debilidad en relación con el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. Las conclusiones del encuentro fueron: la necesaria potenciación de la FORTA como representante de las autonómicas, la apuesta por la rentabilidad social sobre la económica y el desarrollo de una programación de servicio público en la cual los contenidos informativos fueran el buque insignia de unas señales que ya mostraban signos evidentes de manipulación política.

5.1Desarrollo de una industria audiovisual regional

En 1993, Guillermo Aguado, bajo la dirección de José Ignacio Población Bernardo, defiende en la UCM su tesis doctoral La televisión pública en Canarias, donde analiza la singularidad de esta comunidad autónoma y el modelo de descentralización adoptado por RTVE a través de su centro territorial en las islas, con la intención de definir hasta qué punto RTVE ha llevado a cabo una labor que en otras regiones ha correspondido a la televisión autonómica. Aguado hace hincapié en «el interés de las CC. AA. en ser poseedoras de un medio tan poderoso como la televisión» (Aguado, 1993: 79) y defiende la existencia de la televisión autonómica como instrumento para disminuir el desequilibrio entre el poder central y el regional. Asimismo, señala que existe un consenso entre los investigadores por el cual se afirma que las causas del desarrollo de las televisiones autonómicas son varias: el aprovechamiento del espectro radioeléctrico; el desarrollo de una industria audiovisual regional; pero, sobre todo, «el interés en crear una televisión destinada a una comunidad diferenciada idiomáticamente del resto de la nación o, simplemente, en dedicar atención preferente a informaciones y acontecimientos locales» (Aguado, 1993: 78).

En 1994, aparece el primer trabajo centrado en las relaciones que se establecen entre el poder político autonómico y los medios audiovisuales regionales. Televisión y vídeo en Galicia. La intervención de la institución autonómica en el sector audiovisual, la tesis doctoral defendida en la UCM por Marcelo Antonio Martínez Hermida, bajo la dirección de Mariano Cebrián, llega a la conclusión de que a los agentes involucrados no les interesa el debate sobre la creación de un espacio audiovisual gallego. Los motivos, entre otros, son la excesiva dependencia política y la inexistencia de una identidad gallega bien definida más allá de lo que califica como «la lucha superficial lingüística» (Martínez Hermida, 1994: 521).

Mediante la creación de TVG, la Xunta busca conseguir su propio espacio de poder en el ámbito informativo para contrarrestar la influencia de la televisión pública estatal, al servicio del poder central. El autor señala la mala gestión de la televisión autonómica en lo que define como un proceso de «privatización progresivo» conforme a los intereses políticos de propaganda y control de la información por parte del Ejecutivo gallego. Proceso que afecta igualmente al sector audiovisual privado «en tanto en cuanto al poder autonómico le interesa el control de la información en los medios públicos y privados» (Martínez Hermida, 1994: 532). Se constata que el canal gallego ha acabado mimetizándose en sus virtudes y defectos con la televisión pública de ámbito estatal, convirtiendo a TVG en una televisión más preocupada por los niveles de audiencia que por la calidad y el cumplimiento del servicio público encomendado.

Ese mismo año de 1994, con motivo del décimo aniversario de la televisión de Cataluña y de la puesta en marcha de los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès, el Centre d’Investigació de la Comunicació encarga un estudio que se publica bajo el título de Història de la televisió a Catalunya. El trabajo, uno de los más completos sobre la historia de un medio televisivo en una CC. AA., apoya y defiende la televisión autonómica a la vez que reivindica el papel de las instituciones catalanas como motor principal de esta.

5.2Escaparate de las autonomías al mundo: la televisión por satélite

El satélite de comunicaciones español Hispasat inicia sus servicios televisivos en 1994 y, una vez más, los avances tecnológicos se adelantan a la normativa vigente: el proyecto de ley de telecomunicaciones por satélite choca directamente con la prohibición de los terceros canales de emitir los contenidos más allá de sus respectivos territorios. Koldo Meso recoge en La televisión por satélite en España: el proyecto Hispasat, publicado por la UPV en 2002, el proceso parlamentario llevado a cabo para la legalización de dichas emisiones a través de una disposición adicional en la Ley de Telecomunicaciones por Satélite.5

El satélite fomenta la creación de señales por parte de todas las televisiones autonómicas, siendo TVG la primera en utilizarlo, en diciembre de 1994, para transmitir contenidos al continente americano. Dos años después, TVG se alía con ETB y TVC para poner en marcha emisiones digitales conjuntas a través de la plataforma Galeusca,6 cuyos principales destinatarios son los emigrantes gallegos, vascos y catalanes residentes al otro lado del océano Atlántico. En «Made in Galeusca: canales internacionales de TV autonómicos, exportadores de identidad», publicado en 2008 en Anàlisi por Carmen Peñafiel, Miguel Ángel Casado del Río, Ainhoa Fernández de Arroyabe y Leire Gómez, se estudian las señales satelitales de las televisiones de Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco como ejemplos de emisiones cuyo «objetivo principal es llegar a las comunidades de emigrantes en el exterior y ofrecerles la información de su tierra o imágenes de la misma» (Peñafiel et al., 2008: 89).

«Canal Sur y el desarrollo de la televisión educativa andaluza» es el título del artículo de Juan María Casado y María Dolores Ariza publicado en 1996 en Comunicar. El texto manifiesta la importancia de las televisiones autonómicas como motores educativos y culturales en sus territorios. Se recalca la importancia del satélite al permitir la transmisión de señales y programas más allá de los límites territoriales, y a modo de ejemplo nombra la inclusión de programación de RTVA en las emisiones de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas (ATEI). En esta misma línea, ETB firma en 1997 un acuerdo con la plataforma satelital Scola7 para emitir programación de su primera señal en Estados Unidos (Meso, 2002).

También en 1997 algunas televisiones autonómicas, con el apoyo del poder central y del autonómico, entran como asociadas en la entonces operativa plataforma satelital de televisión de pago Vía Digital, propiedad de Telefónica. Esto es un hecho significativo en el desarrollo de los terceros canales, que se alían con Telefónica para entrar en el juego de la competencia. A pesar de ser pocos los autores que han profundizado en el estudio de la influencia del sector privado en la aprobación de políticas culturales, Francisco Vacas, en su tesis doctoral El sector audiovisual en Extremadura: por un nuevo modelo de televisión regional, dirigida en 1999 por Enrique Bustamante y defendida en la UCM, no duda en hacerse eco de uno de los movimientos políticos más controvertidos en la gestión de la televisión autonómica. Para este autor esto ratifica los sinsentidos de un poder político «que critica el desmedido gasto público, animando periódicamente a la privatización de las cadenas regionales y, por otra parte, permite que las empresas públicas de radiodifusión se embarquen en aventuras financieras de dudosa rentabilidad» (1999: 270).

Otro tema de debate importante en estos últimos años de la década de 1990 es la incertidumbre ante las consecuencias que acarrearán para la televisión autonómica pública los procesos de desregulación y digitalización de la televisión. En torno a esto gira la IX Conferencia de Consejeros de los Organismos Autónomos de Radio y Televisión, de 1995, tras cuya celebración se publica La nueva perspectiva audiovisual: el reto de la televisión pública regional, editado por RTVM bajo la dirección de José Ramón Pérez Ornia. Con las ponencias de especialistas como Emili Prado, Román Gubern o Enrique Bustamante, este evento debatió el modelo de televisión pública vigente a nivel nacional y regional, y planteó posibilidades futuras de la industria audiovisual en un contexto económico dominado por el mercado publicitario. El texto presenta una defensa a ultranza de la televisión pública más allá de lo que supone la confrontación entre ambos modelos: mientras que en la televisión privada lo que prima es la audiencia, la televisión pública debe enfocar su programación a la oferta de un contenido que cumpla con el requisito de servicio público al margen de la lógica del mercado. La teoría parece evidente, pero en la práctica la televisión pública se ha visto absorbida por la competencia económica con la televisión privada que ha desembocado en su crisis financiera e identitaria.

6.Crisis de la televisión autonómica (desde 1999)

En 1999, una década después del nacimiento de RTVA, Emelina Fernández Soriano publica Canal Sur, una televisión regional en Europa, donde expone las luces y sombras de un medio que, tal y como señala el prologuista Miguel Aguilera Moyano, posee carencias que se deben, principalmente, a que responde a un modelo televisivo obsoleto.

La principal crítica a la que se somete el conjunto de la televisión autonómica en este libro es su escasa rentabilidad económica. Para Fernández Soriano (1999: 188) es importante basar la actividad de estos medios en la idea de que «el servicio público implica modelos de financiación específicos que no limiten la prestación del mismo y alimenten las verdaderas demandas». La solución principal pasa por impulsar una mayor coordinación entre los canales autonómicos y las instituciones políticas y civiles regionales y locales con el objetivo de establecer formas de coproducción y cooperación duraderas y aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías.

6.1Nuevo modelo de gestión de la televisión autonómica

El 21 de agosto de 1999 comienzan las emisiones de la televisión canaria con un modelo basado en la externalización de parte de la producción: se adjudica por medio de concurso público la realización de programas, a excepción de los informativos, a una empresa privada. La inauguración de este modelo de gestión, adoptado por varios de los entes surgidos a partir de ese momento, supone uno de los principales hitos en la historia de la televisión autonómica. Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Aragón, Extremadura, Murcia y Asturias inauguraron sus terceros canales en esos años y, a excepción del caso manchego, todos adoptaron el modelo de gestión basado en la externalización de la producción.

Este hecho devuelve a la actualidad el debate sobre la normativa vigente, dado que «la prohibición explícita de externalizar los servicios informativos choca de lleno con la realidad de la mayoría de las televisiones autonómicas públicas del modelo externalizado ya que buena parte de ellas ha delegado en entidades ajenas –productoras o empresas de servicios–, alguna de las fases o elementos de la cadena de valor de la producción de los programas informativos» (Sarabia et al., en Miguel de Bustos y Casado del Río, 2012: 175). La regulación de este proceso llegará una década después con la aprobación de la Ley 6/2012, que modifica la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010), permitiendo flexibilizar los modos de gestión de los medios audiovisuales autonómicos.

Al respecto, Isabel Sarabia, Josefina Sánchez e Isabel Fernández Alonso firman, en 2012, en Trípodos, el artículo «La externalización como estrategia de creación del tercer canal. El caso de la Televisión Autonómica de Murcia», que ejemplifica cómo los límites interpuestos en la Ley del Tercer Canal a la externalización de las televisiones autonómicas han sido superados a medida que han aparecido nuevos operadores.

Por su parte, las relaciones establecidas entre operadores autonómicos y empresas privadas son detalladas por Sarabia, Sánchez y Ángel Pablo Cano en «La externalización de la producción de los programas informativos en la televisión autonómica pública y su repercusión en el mercado audiovisual regional», capítulo incluido en la obra Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad. Los autores señalan que la empresa subcontratada facilita el personal y los equipos necesarios para la producción de información, pero «la responsabilidad y línea editorial de los informativos son ejercidas por la televisión pública, que será además la encargada de gestionar el archivo y la documentación de todos sus contenidos» (Sarabia et al., en Miguel de Bustos y Casado del Río, 2012: 182).

6.2Crece el interés académico por la televisión autonómica

En 2000 Vacas coordina la obra Televisión y desarrollo. Las regiones en la era digital, en la que participan autores como Enrique Bustamante, cuyo capítulo versa sobre los procesos de comunicación establecidos en el ámbito regional y su influencia en la construcción del territorio; Miquel de Moragas, que lleva a cabo una tipología de modelos de televisión regional; José María Álvarez Monzoncillo, cuyo texto se centra en los nuevos modelos de distribución como factor determinante del futuro de los medios regionales, o Miguel Aguilera de Moyano y Margarita Ledo, quienes centran sus textos en el estudio de las televisiones autonómicas andaluza y gallega, respectivamente. El capítulo firmado por Vacas sintetiza las ideas recogidas en su tesis doctoral para la puesta en marcha de la televisión autonómica extremeña. Siguen esta misma línea los capítulos firmados por Laureano García y Emilio Fernández Peña, quienes proponen sendos modelos de televisión autonómica para Canarias y Asturias.

Ese mismo año, Moragas y Prado coordinan La televisió pública a l’era digital, en el que destacamos el capítulo «Televisió de proximitat i servei públic: dos conceptes íntimament lligats», en el que colabora Bernat López. En dicho texto, sus autores parten de la afirmación de que «la televisión de proximidad es una aportación exclusiva de la televisión pública al sistema de comunicación moderno» (Moragas et al., en Moragas y Prado, 2000: 290), y reconocen la capacidad de elemento vertebrador del territorio de la televisión autonómica como principal justificación de su existencia.

En 2002, Luis Albornoz publica, en Área Abierta, «Televisiones públicas autonómicas en España y normalización lingüística. El caso de Telemadrid: una cadena autonómica singular», donde repasa el nacimiento de la televisión madrileña, señalando que los terceros canales nacen con un objetivo legitimador que está por encima del de la normalización lingüística: la construcción del Estado de las Autonomías. Albornoz reflexiona sobre el concepto de servicio público encomendado a las televisiones autonómicas, las cuales, desde el inicio, han demostrado no gozar de la independencia política y económica para el cumplimiento efectivo de este. El texto expone la opinión de Pérez Ornia, exdirector de RTVM, para quien la información es un contenido fundamental que entonces permitió a la televisión madrileña erigirse en un referente informativo e innovar en formatos basados en el concepto de «información en la calle en directo» (Albornoz, 2002: 14).

Respecto de la dependencia publicitaria, Benigno Fernández y Alexandre Pereira Meire publican en Zer, en 2006, «Barullo publicitario: una aproximación al babel de la publicidad en Televisión de Galicia», donde apuntan la incongruencia de una televisión pública que emite íntegramente en gallego pero en la que la publicidad posee un marcado carácter bilingüe. Para estos autores, la elección de la lengua utilizada por los anunciantes responde a intereses publicitarios que chocan con los intereses de servicio público y reclaman que la publicidad no se disocie lingüísticamente del resto de la programación puesto que «los espacios publicitarios […] forman parte de la programación general del canal y deben […] contribuir al logro de los mismos fines lingüísticos y culturales» (Fernández y Pereira Meire, 2006: 366).

En 2009, Enrique Bustamante coordina la obra colectiva El audiovisual digital. Políticas y estrategias desde las Comunidades Autónomas, que reflexiona sobre las posibilidades que el paisaje digital ofrece al audiovisual regional y reivindica la importancia de las políticas públicas audiovisuales en el desarrollo de las regiones. Destacamos el capítulo firmado por el coordinador, «El audiovisual digital: la televisión regional ante el reto del futuro», y el de Ramón Zallo, «El audiovisual descentralizado: las indispensables políticas públicas».

Bustamante parte de la afirmación de que el panorama televisivo español se encuentra en el periodo de mayor transformación de su historia. En un escenario plagado de desventajas, las autonómicas están obligadas a atender las demandas del contexto digital si quieren mantener su identidad y peso. El texto apunta los problemas de unos operadores que no tienen garantizada su independencia política y que han desarrollado modelos de gestión basados en la externalización de la producción. El autor reconoce, sin embargo, como fortalezas de las autonómicas, su capacidad para generar un nivel de empleo que sobrepasa el de las cadenas privadas estatales y su importancia a la hora de impulsar la producción independiente regional.

Zallo fija su atención en las políticas públicas para proponer nuevas estrategias cuya principal función sea reforzar el audiovisual regional. Entre sus propuestas, destaca la firma de contratos programa que permitan fijar los objetivos que se han de seguir, la adaptación al contexto digital multiplataforma y la apuesta por la estrategia cross media, o la asunción de una visión integral del sector y la cooperación de los distintos agentes.

Esta etapa de la televisión autonómica es también la del cese de las emisiones en analógico de la televisión hertziana («apagón analógico»), ocurrido el 3 de abril de 2010, y la del desarrollo de tecnologías que permiten emisiones televisivas en alta definición o a través de internet.

Un trabajo pionero en el estudio de las posibles consecuencias de la implantación de la televisión digital terrestre (TDT) es El desarrollo de la televisión digital en España, editado por Javier Marzal y Andreu Casero en 2007. Resultado del curso de verano «El desarrollo de la televisión digital en España», celebrado en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) en 2006, y del proyecto de investigación «Análisis de la continuidad televisiva y radiofónica: los nuevos discursos publicitarios emergentes», el libro se ubica en el análisis desde una triple perspectiva: la estructura, los contenidos y el consumo. Destacamos el trabajo desarrollado en el primer bloque del libro, dedicado a los cambios en la estructura de la televisión española como consecuencia de la TDT, por la especial atención que presta al contexto local y autonómico, sobre todo en lo que respecta al proceso de concesión de las licencias de emisión en las CC. AA. de Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

María Trinidad García Leiva, en su tesis doctoral, publicada como libro por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) bajo el título Políticas públicas y televisión digital. El caso de la TDT en España y el Reino Unido (2008), también analiza la implantación de la TDT a nivel nacional, autonómico y local. La autora refleja el importante papel de TVC como impulsora y pionera en la implantación del servicio y destaca las posibilidades que la TDT ofrece al desarrollo de una industria audiovisual independiente a nivel autonómico.

La llegada de la TDT inicia una nueva etapa de la televisión autonómica, que incluso en aquellas CC. AA. que han contado con un apoyo institucional «se ha traducido en su liderazgo» (García Leiva, 2008: 252). Tal es el caso de Cataluña, donde se desarrollaron políticas de incentivo al sector como, por ejemplo, el Fórum de la Televisió Digital Terrestre a Catalunya, constituido por la Generalitat.

A este respecto se publica en 2011 un artículo en Zer, firmado por Guimerà i Orts, titulado «Políticas de TDT y configuración del mapa televisivo autonómico en la Comunidad Autónoma Vasca (2002-2007)». El autor define como clave el apoyo institucional a la televisión autonómica, respondiendo al compromiso de euskaldunización del sistema televisivo asumido por el Ejecutivo.

A la TDT se suman las emisiones a través de internet y en alta definición. Una vez más, es TVC la principal impulsora del uso de nuevas tecnologías: en 2007 comienza a emitir en pruebas su canal en alta definición que normaliza su emisión en 2011. Si bien las emisiones en alta definición aún se encuentran en fase de desarrollo en España, esto no ha impedido que desde 2009 varios operadores autonómicos lancen sus señales en alta definición. Sin embargo, aún no existen trabajos académicos que reflexionen en profundidad sobre la implantación de estas tecnologías en la televisión autonómica.

También existe un importante vacío teórico respecto a la emisión vía internet por la que han optado los operadores autonómicos a partir de mediados de 2010, al sustituir sus emisiones satelitales por programaciones mediante plataformas on-line y de aplicaciones para dispositivos móviles.

La preocupación por el continuado incumplimiento de los objetivos de servicio público de las autonómicas es el punto de partida de la tesis doctoral de Ana María López Cepeda Órganos de control e xestión da Radiotelevisión pública estatal e autonómica en España. Dirigida por Francisco Campos en 2010 en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el trabajo procura determinar hasta qué punto es efectivo el papel de los diversos órganos de gestión y control de la televisión pública. La obra señala que las reformas reguladoras de las corporaciones radiotelevisivas públicas han demostrado no ser suficientes para garantizar unos órganos de gestión y control cualificados, y sin control político. A ello se suma la constatación de que «las Comisiones de Control Parlamentario de las radiotelevisiones públicas en España son escenarios donde solamente tiene lugar un debate político» (López Cepeda, 2010: 600). La autora detecta que más de la mitad de los miembros de los escasos consejos audiovisuales existentes,8 pese a estar mejor cualificados profesionalmente que los de los consejos de administración y los de las comisiones de control parlamentario, han ocupado cargos políticos con anterioridad. En 2012, López Cepeda publica en Comunicación y sociedad «Modelos audiovisuales públicos en España. Perfil profesional, empresarial y político de sus principales órganos internos de gestión», artículo que recoge las principales conclusiones de su tesis doctoral y denuncia, una vez más, la politización en los órganos de gestión de las radiotelevisiones públicas. Y ese mismo año también publica «La incidencia de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en el cambio normativo de Radio Televisión de Galicia» en Derecom, donde analiza la nueva norma reguladora de la radiotelevisión gallega y señala que, al igual que ocurriera en 20069 en RTVE, esta normativa, al menos en teoría, podría garantizar mayor independencia en los controles interno y externo de TVG.

Al tema de la independencia política de los entes de radiodifusión públicos autonómicos se suma, como otra de las preocupaciones, su capacidad para desarrollar una industria audiovisual regional. David Fernández-Quijada firma «La industria de producción televisiva independiente en el País Vasco: retos y perspectivas ante la transición digital», publicado en Zer en 2010. El texto analiza el papel determinante que desempeña ETB en el desarrollo de una producción televisiva independiente. La principal conclusión a la que llega el autor es que «la televisión pública vasca es proactiva en su misión de motor e impulso de la industria audiovisual del territorio […] [aunque] la aportación no parece tan positiva ya que se ha creado un clientelismo que está resultando difícil de romper» (Fernández-Quijada, 2010: 81). Un fenómeno que también tiene lugar en el resto de territorios con televisión autonómica.

Televisión pública: transformación, financiación y democracia, coordinado por Álex Aranzábal, en 2012, reivindica la defensa del servicio público de televisión autonómico, el cual ha demostrado en sus primeras décadas de historia ser un importante defensor de los valores democráticos, apoyando la diversidad cultural del país, contribuyendo al equilibrio territorial, ofreciendo al ciudadano contenidos de proximidad y vertebrando el sector audiovisual de cada región (Aranzábal, 2012).

A finales de 2012 se publica uno de los mejores trabajos recientes que tratan el fenómeno de manera integral, Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad, coordinado por los profesores de la UPV Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río. La obra, resultado del proyecto de investigación «Impacto de internet en las televisiones públicas españolas», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, parte del momento de crisis actual para iniciar un repaso histórico de la televisión autonómica en España, analizando no solo los diferentes modelos existentes, sino también la normativa por la que se regulan y el papel de la FORTA, su adaptación a las nuevas tecnologías, la evolución de su audiencia y la importancia que tienen en el desarrollo de una producción audiovisual regional. Todo ello con la finalidad de vislumbrar el futuro de estos medios e intentar definir cómo enfrentar tres problemas: el económico-financiero, el de la escasa justificación de la subvención pública y el de la gubernamentalización y el control partidocrático.

6.3Ataque político a la televisión autonómica

Tras el «apagón analógico» se hace visible el ataque directo desde la esfera política a los operadores autonómicos. El fracaso en la autogestión del modelo de televisión autonómica hace que en las elecciones generales de 1996 el Partido Popular (PP) plantee por primera vez en su programa electoral la privatización de estos canales; propuesta que se retoma de manera firme en las elecciones autonómicas de mayo de 2011. La candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (PP), anuncia como compromiso para su legislatura la privatización del ente público de radiotelevisión.

Estas elecciones suponen también un cambio de rumbo de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA). El mayor número de escaños los obtiene la nueva formación política Foro Asturias, liderada por Francisco Álvarez Cascos (ex PP), quien se convierte en el presidente del Principado. El 4 de octubre de 2011, Álvarez Cascos decide suspender el pago de parte del presupuesto que la RTPA tenía asignado, lo que desemboca en la convocatoria de un preconcurso de acreedores, la cancelación de algunos de los programas más característicos de la señal y la suspensión temporal de contratos con algunas empresas (la mayoría, productoras asturianas).

Este acoso por parte del poder político es apoyado y promovido por los operadores privados aglutinados en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). En septiembre de 2011 se presenta el Informe Deloitte-UTECA-Análisis comparativo de la televisión regional en Europa. Una propuesta para España, el cual propugna que todos los operadores autonómicos se unan en una señal con una programación común, contemplando la posibilidad de realizar desconexiones regionales.

Ante estos hechos, numerosos colectivos de investigadores y profesionales de los medios de comunicación han mostrado su malestar y preocupación. Desde la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) se presenta el 25 de abril de 2012 una declaración sobre la «regubernamentalización intolerable de RTVE y el proceso de desmantelamiento de las televisiones autonómicas» que lamenta el «empeño por convertir la comunicación social en puro negocio políticamente controlado». Algo que se pone en evidencia con la modificación de la vigente Ley de Comunicación Audiovisual ocurrida en el verano de 2012 (Ley 6/2012), que flexibiliza los modos de gestión de los medios autonómicos al permitir la gestión indirecta de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual. En consecuencia, el Gobierno murciano del PP es el primero en cambiar el modelo de gestión de la televisión autonómica el 31 de agosto de 2012.

Un mes antes, en julio de 2012, se hace público un expediente de regulación de empleo (ERE) que deja sin trabajo al 70% de la plantilla de RTVV. Le siguen, en los últimos meses de ese año, varios ERE más que afectan a los trabajadores de la televisión canaria, balear y madrileña. A partir de este momento la Plataforma por la Transparencia y la Pluralidad en Canal 910 y Salvemos Telemadrid11 cobran fuerza y se visualizan diariamente en los medios de comunicación, ubicando en la opinión pública el debate sobre el futuro de las televisiones autonómicas. El 20 de diciembre de 2012 se inicia una huelga indefinida por parte de los trabajadores de Telemadrid que deriva en una emisión en negro hasta la formalización del despido de los trabajadores afectados por el ERE a principios de 2013.

Durante el primer trimestre de 2013, mientras los ERE madrileño y valenciano son debatidos en los tribunales de las respectivas CC. AA., los trabajadores afectados lanzan sendas plataformas de televisión on-line, en tmex.es «La televisión de los madrileños» y en 9exili.com «La RTV dels valencians», que emiten contenidos de proximidad con vocación de servicio público. Dada la escasa edad de vida de ambas plataformas, son dos objetos de estudio aún vírgenes en la reflexión académica sobre la televisión autonómica.

7.La televisión valenciana como objeto de estudio

El nacimiento de RTVV fue la culminación de un largo proceso que concluyó cinco años después de la aprobación de la ley creadora del ente de radiotelevisión autonómico. Las razones de este letargo no son otras que la prioridad del debate político sobre las televisiones privadas y la sumisión del Gobierno regional ante el nacional.

La tesis doctoral de Juan José Bas El naixement de la radiotelevisió autonòmica valenciana (1978-1984): antecedents, gestació i constitució, defendida en la UAB, en 2002, bajo la dirección de Moragas, es una obra de referencia respecto a la gestación de la televisión valenciana. Su autor recoge las palabras de Joan Lerma, presidente de la Comunidad Valenciana en 1984, quien reconoce la dependencia del nacimiento de RTVV a la línea marcada por Madrid y afirma que la principal causa de bloqueo político sobre el tercer canal eran las presiones recibidas por parte de empresarios a consecuencia de la inminente regulación de la ley de televisión privada (Bas, 2002: 529).

A RTVV los problemas le acechan desde unos inicios marcados por la constante disputa entre Enrique Linde, presidente del Consejo de Administración, y Amadeu Fabregat, director general del ente, sobre las decisiones que se debían llevar a cabo en el desarrollo del proyecto; por la competencia transfronteriza que suponían las emisiones de TVC en la Comunidad Valenciana12 y por la sombra de la privatización, planteada por primera vez en 1989, a pocos días del inicio de las emisiones, por el diputado Pedro Agramunt (PP).

Sin embargo, el principal problema de estos primeros años es la incapacidad de la televisión valenciana para cumplir con la recuperación y protección del valenciano como lengua propia y seña de identidad ciudadana. Justificándose desde la dirección por el elevado coste económico que supone la emisión íntegra en valenciano, RTVV se convierte en la primera televisión bilingüe del país. Esto desemboca en un malestar social que provoca, en 1990, la denuncia del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV y la creación de la plataforma cívica Viure en valencià, defensora de que los medios públicos valencianos emitan en valenciano.

Ese mismo año, Rafael Quilez defiende su tesis doctoral Canal 9-TVV. Por un modelo valenciano de televisión pública, en la UCM. Quilez, bajo la dirección de Bustamante, señala que una televisión ligera en conexión con televisiones locales valencianas podría asumir el reto encomendado a la televisión autonómica de un modo más eficaz y dinamizador que el modelo aplicado, al que acusa de estar alejado de «toda pretensión por interiorizar al máximo la descentralización» (Quilez, 1990: 561). Para conseguir este objetivo, RTVV debe mejorar las relaciones tanto con RTVE como con el resto de las autonómicas, apoyarse en la producción propia para la consecución de los objetivos derivados de la normalización lingüística, adaptar su presupuesto y llevar a cabo un doble proceso de descentralización interna a nivel de infraestructura y de control.

En 1996 se defiende en la UV uno de los mejores trabajos sobre sistemas comunicativos regionales. Rafael Xambó, bajo la dirección de Manuel García Ferrando y Miquel de Moragas, defiende su tesis doctoral El sistema comunicatiu valencià, en la que dedica un apartado al estudio de RTVV. El trabajo recibe un accésit en la novena convocatoria de los premios de investigación en comunicación de masas de la Generalitat de Cataluña y es publicado, en 2001, por la editorial Tres i Quatre bajo el título Comunicació, política i societat. El cas valencià.

Este trabajo destaca por el detallado análisis de las funciones sociales de los medios, a los que concibe como actores políticos fundamentales del sistema democrático. Desde una perspectiva sociológica y económica, su autor se remonta al contexto franquista para entender la estructura del actual sistema comunicativo valenciano. Pese a señalar la importancia del informativo Aitana de Televisión Española, que en 1974 se convierte en el primer contenido emitido en valenciano, Xambó no duda en afirmar que el eje del sistema televisivo regional lo constituye RTVV, de la que defiende su nivel empresarial pero lamenta su apuesta por la programación comercial y el ya señalado incumplimiento de la ley de creación en lo que al uso del valenciano respecta.

Un apartado importante del libro de Xambó, titulado «Radiotelevisió Valenciana: Crònica d’un desficaci», describe cronológicamente los sinsentidos producidos a partir de la llegada de Eduardo Zaplana (PP) al Gobierno en julio de 1995: elaboración de listas negras, corrupciones en contratos de retransmisiones, denuncias de manipulación informativa o incorporación de periodistas afines (Xambó, 2001).

Sinsentidos también señalados por María José García Parreño en el artículo «La televisión pública al servicio de intereses privados», publicado en Revista Latina de Comunicación Social en 2002. El texto analiza la evolución de los contenidos informativos de Canal Nou y señala que la política es la gran ausente en las escaletas informativas, información que ha sido sustituida por contenidos que «distraen» y adormecen a la opinión pública (sucesos varios y pronóstico meteorológico). El artículo se hace eco de las denuncias del Comité de Redacción ante la manipulación informativa, existente desde los inicios de la televisión pero que se ha recrudecido con la llegada del PP al Gobierno, el cual opta por contratar en precario a jóvenes con poca experiencia laboral que constituyen una plantilla paralela afín a la ideología de los nuevos gestores.

La estrategia de plantilla paralela es denunciada, también ese año 2010, en El ecosistema comunicativo valenciano. Características y tendencias de la primera década del siglo XXI. Obra coordinada por Guillermo López –desarrollada en el marco del proyecto de investigación «Los medios de comunicación valencianos en internet: contenidos digitales y convergencia multimedia» (financiado por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana)– en la cual participan investigadores valencianos que analizan el desarrollo del sistema comunicativo regional en la década pasada. Respecto a RTVV, se hace especial hincapié en la manipulación política, la incapacidad para normalizar el uso del valenciano, el proyecto de identidad valenciana de corte folclórico y el escaso impulso a la industria audiovisual local.

En esta obra Andreu Casero y Guillermo López señalan en «Las políticas de comunicación en la Comunidad Valenciana en el contexto de la digitalización», como una de las principales causas del fracaso de RTVV, las políticas públicas adoptadas: «se trata de unas políticas que combinan, aunque resulte paradójico, una notable tendencia a minimizar la intervención pública en el campo comunicativo, con una voluntad de control de los medios de comunicación por parte del sistema político» (Casero y López, en López, 2010: 133).

En diciembre de 2010, la revista Arxius, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, dedica su número 23 a la sociología de los medios en la Comunidad Valenciana. Coordinado por Rafael Xambó, en lo que respecta a RTVV, destacan los textos de Yolanda Verdú, Toni Mollà, Francesc Martínez Sanchís y del propio Xambó, cuyo capítulo sigue la línea del mencionado Comunicació, política i societat. El cas valencià.

Verdú y Mollà sintetizan en sus artículos las principales conclusiones de sus tesis doctorales, dirigidas por Josep Lluís Gómez Mompart y Xambó, respectivamente, y defendidas en la UV. Verdú, en «El tratamiento del urbanismo y del agua en los informativos de Canal 9», denuncia la falta de pluralismo y el oficialismo a ultranza, así como la manipulación política de los contenidos informativos, con base en el análisis de las noticias emitidas entre noviembre de 2006 y mayo de 2007. Mollà, por su parte, plantea un nuevo modelo empresarial para la televisión autonómica en «Un plà estratègic per a RTVV», partiendo de la hipótesis de que RTVV necesita una reformulación global y un modelo de gestión acorde con la nueva realidad del audiovisual. En su tesis doctoral, Mollà divide el plan propuesto en quince áreas de actuación, de las que señala tres en este artículo, a la vez que reivindica el desarrollo de políticas culturales que garanticen el cumplimiento del servicio público y exige un modelo de radiotelevisión pública no privatizado que impulse el desarrollo de la industria audiovisual regional.

En este mismo especial, Martínez Sanchis, en «La informació de proximitat del País Valencià en l’àmbit dels territoris de llengua catalana», analiza el sistema comunicativo valenciano, del que lamenta la delicada situación de los medios en lengua valenciana a pesar de la promesa de recuperación que figura en el Estatuto. Para el autor, los intentos del Gobierno por evitar la emisión de TVC en el territorio y la incapacidad de RTVV como motor lingüístico son las claves para el retroceso del uso del valenciano.

Otro tema de preocupación sobre RTVV es el alarmante descenso de la audiencia. Félix Arias Robles, en «Televisiones públicas autonómicas: viabilidad y pluralismo. El caso de RTVV», capítulo incluido en La televisión pública a examen (2011), obra coordinada por Bienvenido León, señala la falta de independencia política como una de las principales causas y reclama el establecimiento de organismos de control que eviten esta situación.

En 2012, varios investigadores del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la UV publican Biaix i mancances de l’informe de PricewaterhouseCoopers sobre RTVV a propòsit de la qualitat periodística, trabajo que contrarresta las informaciones presentadas en el mencionado informe secreto realizado, bajo encargo de la Dirección de RTVV, por PricewaterhouseCoopers (PwC) para elaborar el ERE. Josep Lluís Gómez Mompart, Carolina Moreno Castro y Francesc A. Martínez Gallego justifican que la propuesta de PwC de reducir la plantilla, aumentar la productividad de los trabajadores y contratar servicios externos no puede ser válida para una empresa pública que tiene como objetivo la rentabilidad social, y lamentan que el informe obvie la problemática de la calidad periodística.

Respecto al informe de PwC y la consumación del ERE, se destaca el artículo de Rafael Xambó publicado en 2013 en L’Espill. En «RTVV: de l’esperança a la manipulació i el saqueig», Xambó describe desde su óptica personal (como miembro del Consejo de Administración de RTVV) los sucesos acontecidos desde que se informa a los consejeros sobre la intención de aprobar el ERE hasta su consumación, y no duda en responsabilizar a los políticos que no supieron articular una radiotelevisión de servicio público, apostando por la «tele-porquería» en la etapa del PSOE y la manipulación informativa y una gestión ineficiente en la etapa del PP.

Mención obligada es también Adéu, RTVV. Crònica del penúltim fracàs de la societat valenciana, libro publicado por la UV y editado por Borja Flors y Vicent Climent, quienes desde una perspectiva profesional (son extrabajadores de RTVV) realizan, a través de más de setenta artículos periodísticos escritos por una veintena de profesionales vinculados a RTVV, una detallada cronología del ERE. Sus autores hacen autocrítica por su responsabilidad en la desaparición de RTVV, pero entienden que este es un síntoma de la degradación integral del sistema democrático valenciano y remarcan la incapacidad de RTVV para convertirse en una referencia para la sociedad valenciana.

El 5 de noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declara nulo el ERE, pero la alegría dura poco porque, ese mismo día, la Generalitat anuncia el cierre de RTVV, que mantiene apagada su señal desde el 29 de noviembre de 2013.

Desde el ámbito académico muchas voces han manifestado su rechazo a una decisión sin precedentes. Destacamos los comunicados emitidos el 6 de noviembre por el equipo decanal de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la UV y por el Consell de Govern de la UJI. Por su parte, ULEPICC-España publica una declaración en la que, en defensa de los medios de radiodifusión públicos al servicio del pluralismo y de la diversidad, insta a las autoridades valencianas a rectificar su decisión.

8.Conclusiones

A más de tres décadas del nacimiento de la televisión autonómica podemos afirmar que existe una importante reflexión académica. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación y reflexiones provenientes del ámbito académico se han focalizado en el análisis de casos concretos, siendo pocas las investigaciones que han tratado el panorama completo de las televisiones autonómicas.

El mayor problema al que nos hemos enfrentado a la hora de dar cuenta de la producción científica sobre la televisión autonómica ha sido la dificultad para localizar los trabajos realizados, dada la inexistencia de una pauta común para la etiquetación de estos y la dificultad para acceder a contenidos inéditos, como la mayoría de las tesis doctorales referenciadas.

Las facultades de ciencias de la comunicación de la UCM y de la UAB se destacan como los centros académicos más relevantes en el estudio de la televisión autonómica. Estas instituciones cobijan las publicaciones de mayor relevancia gracias al trabajo de investigadores como Enrique Bustamante, Miquel de Moragas o Emili Prado, quienes destacan no solo por sus propias aportaciones, sino por las tesis doctorales que han dirigido. Junto a estos, cabe también destacar la labor de investigadores de otras universidades como Carmelo Garitaonandia (UPV) y Rafael Xambó (UV).

Por otra parte, cabe señalar que los principales textos académicos sobre la televisión autonómica han sido publicados en numerosas revistas académicas. Sin embargo, se destaca el trabajo realizado desde Anàlisi en defensa de la identidad cultural catalana y de TVC como uno de los principales motores de su desarrollo; el caso de Zer, que no solo se ha centrado en el estudio de la radiotelevisión vasca, sino que ha demostrado especial interés por la televisión de proximidad como impulsora de las identidades culturales minoritarias, y el apoyo de Telos a la investigación de políticas comunicativas como punto clave de la relación entre medios, poder y cultura.

Respecto a las monografías, no es posible destacar editoriales de referencia en el estudio de la televisión autonómica. Las editoriales comerciales especializadas en estudios de comunicación no se destacan por haber apostado firmemente por la publicación de trabajos sobre televisión autonómica. Ejemplo de ello es la ausencia de trabajos centrados en el estudio de esta en la colección Estudios de Televisión, que la editorial Gedisa publica desde 1999, referencia en la edición en lengua española respecto a la publicación de trabajos sobre el medio televisivo. Así, la mayoría de las obras sobre la televisión autonómica han sido publicadas a través de servicios editoriales de universidades, de administraciones autonómicas o, incluso, de los propios organismos de radiotelevisión, lo que evidencia que el interés por la televisión autonómica se reduce a un público específico y restringido.

En cuanto al tenor de la reflexión académica realizada sobre la televisión autonómica se destaca una importante producción científica sobre las pioneras (aquellas surgidas entre 1982 y 1989), pero se percibe un importante vacío en la investigación de los entes autonómicos puestos en funcionamiento a partir de 1998. El caso de la TVC es el que más reflexiones ha generado, tanto dentro de Cataluña como fuera de esta comunidad, y es concebido como ejemplo recurrente para ilustrar los motivos legitimadores del modelo de radiodifusión autonómico. Respecto a RTVV, la reflexión académica señala desde sus inicios la no adecuación del modelo de la televisión valenciana a la realidad comunicativa de la región. Los investigadores identifican como principales motivos deslegitimadores la incapacidad histórica del medio para convertirse en referente identitario e instrumento normalizador del valenciano, así como su constante manipulación política.

En cuanto a la reflexión académica y su relación con las etapas en que los investigadores suelen dividir la historia de la televisión autonómica, se constata que a medida que los operadores regionales han ido afianzando su presencia en el paisaje audiovisual, la investigación y el análisis universitarios cobran fuerza. Existe un incremento en el estudio de la televisión autonómica a partir de la cuarta etapa (1998 en adelante), aunque la mayoría de trabajos poseen una marcada perspectiva histórica y aún es pronto para encontrar trabajos centrados en el estudio de problemáticas más recientes. Pese a que la producción científica sobre los operadores autonómicos tiene ya un largo recorrido, creemos necesario alentar la investigación sobre la realidad de estos agentes del sistema audiovisual español y centrar el estudio en el análisis de acontecimientos recientes, como la crisis de la radiotelevisión autonómica asturiana en 2011 o el cierre de canales vía satélite y el consiguiente impulso de las plataformas digitales.

Es importante señalar también la inexistencia de trabajos que desarrollen análisis comparativos entre entes de radiotelevisión autonómicos ya existentes o, incluso, entre el modelo de tercer canal y los centros territoriales de RTVE que, como han señalado algunos investigadores, pueden ser concebidos como modelos alternativos de televisión de proximidad, impidiendo el desarrollo de corporaciones autonómicas propias.

Las principales conclusiones a las que han llegado los investigadores de la televisión autonómica en estas tres últimas décadas sobre la televisión autonómica pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1.º El nacimiento de las televisiones autonómicas está justificado en múltiples elementos legitimadores que tienen como objetivo principal la promoción de la diversidad cultural, defendiendo los valores históricos, culturales y lingüísticos de las diferentes CC. AA. españolas tras el retroceso social experimentado durante la dictadura franquista. Las investigaciones sobre televisiones autonómicas han demostrado, además, que generan sistemas comunicativos alternativos al central, disminuyen los desequilibrios entre el poder regional y el central, ofrecen contenidos de proximidad que no tienen cabida en la televisión nacional, son un importante nicho de mercado para anunciantes locales y pueden generar una industria audiovisual regional que promueve empleo y favorece la circulación de capitales.

2.º El inicio real del proceso descentralizador de la televisión en España se produce con la llegada de las televisiones autonómicas. La televisión pública nacional, lejos de favorecer este proceso descentralizador, ha mantenido una posición defensiva ante los terceros canales y, según numerosos trabajos, el marco normativo se ha mostrado insuficiente para resguardar los intereses de la televisión autonómica. Una mayoría de investigadores han afirmado que la única posibilidad de que exista una descentralización real y equitativa pasa por abolir la normativa vigente y promulgar una nueva que reformule el concepto de televisión pública regional, deseche la actual competencia entre agentes televisivos y abogue por una dinámica de complementariedad en la que cada operador cumpla objetivos diferenciados y deje de lado la lógica mercantil.

3.º Las televisiones autonómicas son un importante instrumento político que ha impedido el desarrollo de un modelo de televisión plural, horizontal y participativa. Se hace necesaria la creación de consejos audiovisuales independientes a nivel autonómico y la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, planteado en la vigente ley sobre el sector audiovisual, con la intención de evitar las situaciones de manipulación política o malversación de fondos públicos que caracterizan parte de la historia de la televisión autonómica.

4.º Ante la inoperancia del modelo actual en el contexto vigente, se debe llevar a cabo un proceso de reconversión del sistema de la televisión autonómica que no pasa por su privatización. Los operadores autonómicos deben encaminar sus acciones al cumplimiento de los objetivos expresados en sus leyes de creación, defendiendo un modelo de televisión de proximidad basado en la complementariedad con los demás agentes del mercado televisivo y en la cooperación entre todas las televisiones autonómicas para conseguir el objetivo supremo común: el cumplimiento del servicio público.

*Este capítulo es resultado de una investigación realizada en el marco del proyecto Diversidad cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores (ref.: CSO2011-26241), del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), del Ministerio de Economía y Competitividad de España.

1El Estatuto catalán (1979) reconoce que «la Generalidad podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio, y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines», eso sí, ha de hacerlo «en los términos y casos establecidos en la Ley que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión» (art. 16). Por su parte, el Estatuto vasco (1979) señala que «el País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa, y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines»; asimismo expone que le corresponde «el desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en todo caso» lo dispuesto en la Constitución (art. 19).

2Al publicarse el texto ya había sido aprobada una proposición de ley para presentar al Congreso de los Diputados, en la que se solicitaba la concesión del tercer canal. Precisamente en 1981 la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat realizó estudios con la intención de preparar la llegada del tercer canal.

3Asociación sin ánimo de lucro que asocia a organismos públicos de radiotelevisión autonómicos y actúa en torno a dos principios básicos: cooperación y solidaridad entre los miembros y respeto a la independencia de cada asociado. No todas las autonómicas pertenecen a la FORTA (como es el caso de Canal Extremadura) ni esta ofrece servicios solo a las televisiones públicas, pues también gestiona la compraventa de imágenes a televisiones privadas. La FORTA es, ante todo, un órgano de gestión con una organización patronal cuyos objetivos son maximizar la rentabilidad de las televisiones, amortizar costes y compartir recursos.

4Organización de radiotelevisiones autonómicas. Creada en 1986 por los entes de radiotelevisión del País Vasco, Cataluña y Galicia (Moragas et al., 1999: 159).

5En diciembre de 1995 esta ley señala (disposición adicional sexta) que «la limitación de los servicios de difusión de televisión, en lo que se refiere a su ámbito territorial de prestación, contemplada en el artículo 2.2 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y en el artículo 1 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, deberá entenderse referida a los servicios de difusión de televisión terrenal por ondas hertzianas. En ese sentido, a la prestación por las entidades concesionarias del tercer canal de televisión de servicios de difusión de televisión por satélite, le será de aplicación lo dispuesto en esta Ley».

6Galeusca inicia sus emisiones regulares el 31 de diciembre de 1996. El nombre de esta nueva señal mosaico hace referencia al histórico pacto político firmado por Galicia, Cataluña y el País Vasco en 1923. Galeusca consigue un éxito inmediato mediante una programación conjunta en la que la mayoría de los programas se emiten en castellano, aunque también se emiten contenidos en gallego, euskera y catalán. En abril de 1997, TVG se desvincula del proyecto e inicia sus emisiones para América a través de su nueva señal: Galicia TV; mientras, ETB y TVC deciden buscar la colaboración de otros asociados a la FORTA para continuar con el proyecto. Sin embargo, Galeusca deja de emitir en septiembre de 1998, mientras que las televisiones vasca y catalana deciden apostar por sus propias señales internacionales.

7Scola (Satellite Communications for Learning), operando desde Iowa y formado por asociaciones educativas, emitía contenidos de unos cuarenta países. Su programación, repartida en dos señales, era distribuida en el idioma y formato de origen.

8Se analiza la composición en 2009 de los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía: del total de 28 miembros, el 53% poseen vinculaciones anteriores con algún partido político (López Cepeda, 2010).

9La aprobación de la Ley 17/2006 buscaba una mayor independencia gubernamental y partidista de los órganos de gestión de la Corporación Radiotelevisión Española, así como un mayor control y transparencia en su gestión.

10Esta plataforma, integrada por organizaciones cívicas con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, se presenta en marzo de 2010 en defensa de una televisión autonómica pública y no manipulada. Denuncia el uso indebido de fondos públicos por parte de los gestores de la RTVV (así como su relación con uno de los mayores casos de corrupción, «la trama Gürtel») y exige pluralidad y transparencia.

11El 4 de diciembre de 2006 se presenta esta plataforma impulsada por sindicatos (CC. OO., UGT y CGT) y numerosos colectivos sociales en defensa de un modelo de televisión plural y no manipulada.

12La señal de TVC en la Comunidad Valenciana llega en 1987 cuando, de forma espontánea, Acció Cultural del País Valencià instala repetidores caseros por toda la comunidad. Esto supone un importante problema para RTVV cuando, al obtener la licencia de tercer canal, verifica que TVC estaba utilizando las mismas frecuencias asignadas por el Ministerio para el transporte de la señal de RTVV. Sin embargo, lo que en la teoría podía resultar un problema supuso una ventaja para Canal Nou: no solo se quitó un competidor del mercado publicitario sino que, además, desde el inicio de las emisiones, ya contó con numerosos aparatos sintonizados a su emisión.

El impacto de la crisis en EITB

MIGUEL ÁNGEL CASADO DEL RÍO

JUAN CARLOS MIGUEL DE BUSTOS

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

1.Introducción

El sistema de televisión autonómica que opera hoy en España se puede considerar singular dentro de un contexto europeo de televisiones públicas. Es el fruto de un proceso muy largo y complejo en el que a lo largo de los años las comunidades autónomas han ido poniendo en marcha entes públicos de radiotelevisión de muy diferente naturaleza. Dentro de este proceso, algunos autores (Guimerà y Blasco Gil, 2012; López, Risquete y Castelló, 1999) identifican diferentes etapas con algunas características comunes entre las televisiones autonómicas que nacieron durante esos años. ETB se situaría en la primera etapa de ese proceso que se caracteriza por la búsqueda de la normalización lingüística y la reivindicación de las culturas nacionales en Euskadi, Cataluña y Galicia (Azurmendi, López Vidales y Manfredi, 2011). ETB fue, de hecho, la primera televisión autonómica pública en iniciar sus emisiones. Incluso antes de la autorización administrativa del Estado, en la Nochevieja de 1982, ETB ya realizó su primera emisión, tras la promulgación de su ley de creación en mayo de ese mismo año y amparada en el derecho que se reconocía a la comunidad autónoma vasca a crear una televisión propia –artículo 19 de su estatuto de autonomía (Garitaonandia Garnacho y Casado del Río, 2007)–.

En ese contexto posterior a la dictadura, ETB nace como una demanda de la sociedad vasca tras largos años de represión de la cultura y de la lengua vascas. Inicialmente ETB comienza con un canal casi íntegramente en euskera, salvo los informativos del mediodía, en castellano. No es hasta 1986 cuando se pone en marcha el segundo canal, en castellano –ETB2–. Como en el caso del primer canal, las emisiones de ETB2 comienzan sin el permiso gubernamental pertinente y antes de que otras autonómicas pusiesen en marcha sus segundos canales. Este hecho supuso un importante enfrentamiento entre los gobiernos central y vasco. En este caso, a pesar de la vocación de promover la cultura y la lengua vasca, el Gobierno vasco primaba el deseo de llegar a una mayor parte de la población que quedaba fuera del alcance de ETB1. Tal y como señalan Amezaga et al. en este caso se primaba el objetivo de integración política y de legitimación que era difícilmente accesible si no se llegaba a toda la sociedad (Amezaga, Arana, Narbaiza y Azpillaga, 2013). Es importante recordar que la realidad sociolingüística de Euskadi es sustancialmente diferente a la de otras comunidades como Cataluña. Mientras que en Euskadi el 32% de la población se declara bilingüe y un 17% entiende pero no habla la lengua, en Cataluña cerca del 90% la entiende y el 70% habla asiduamente catalán. Esta dualidad lingüística continúa siendo problemática porque algunos autores consideran que se traduce en una dualidad política: mientras que con ETB1 se potencia la lengua, con ETB se busca la creación de sociedad (Amezaga y Arana, 2008).

Tras el nacimiento de ETB2, la radiotelevisión autonómica vasca continuó creciendo en diferentes ámbitos hasta su configuración actual, marcada por la llegada de la TDT y condicionada por los recortes de los últimos años.

En el terreno económico, a pesar de no tener deuda acumulada, en los últimos años EITB está sufriendo unos importantes recortes presupuestarios que, junto con la caída de los ingresos publicitarios, plantea un futuro muy complicado para el ente. El análisis de Fernández Alonso sitúa a EITB entre el grupo de autonómicas que en menor medida ha sufrido los recortes en los últimos años (Fernández Alonso, 2013).

El hecho de ser la primera de las televisiones autonómicas en poner en marcha sus emisiones convierte a ETB en un referente en el ámbito de la televisión autonómica. Su origen se enmarca en un momento histórico muy concreto y muy vinculado a la demanda de un altavoz para la cultura y la lengua vascas tras el franquismo. Desde su nacimiento a la actualidad, EITB se ha convertido en el grupo de comunicación de referencia en Euskadi con una presencia en todos los ámbitos, un importante nivel de respaldo social y unas audiencias notables en el actual escenario de fragmentación.

Este trabajo pretende mostrar el modo en el que el actual contexto de crisis afecta a EITB y a cada una de sus áreas de actividad, especialmente a la televisión. Para ello, se presenta en primer lugar la estructura y el modelo de gestión de EITB. Posteriormente se analiza la situación general de la televisión vasca teniendo en cuenta su evolución en los últimos diez años. Se parte de la hipótesis de que las televisiones autonómicas públicas son diferentes en sus modelos de gestión, gobernanza, tamaño, programación y producción, y que la crisis económica afecta a todas por igual, si bien cada una de ellas reacciona de manera específica, a sabiendas de que algunas de las líneas generales de actuación son comunes: reducción de la producción propia, incremento de la externalización y reducción de personal, siempre que esto sea posible.

El trabajo se fundamenta en una metodología cualitativa a partir del análisis documental y de entrevistas en profundidad a personal directivo y sindical de la radiotelevisión pública vasca. El análisis documental ha incluido el estudio de los presupuestos del ente entre los años 2005 y 2014 extraídos de la página web del Gobierno vasco, así como la información corporativa relevante del grupo (contratos-programa, memorias de actividad, planes estratégicos). A pesar de que los resultados anuales siempre tienen diferencias sobre los presupuestos presentados, se toman como referencia para el análisis económico los datos de los presupuestos por la posibilidad de acceso a los datos de los últimos diez años. Además permite el acceso a los datos de los últimos años 2013 y 2014, muy relevantes para medir el impacto de los recortes económicos del ente. Hay que señalar además que, en el caso de EITB, sin deuda acumulada, los presupuestos responden bastante fielmente a los resultados de los ejercicios finales. Las diferencias más notables se dan en la estructura de ingresos, en los que la caída publicitaria ha sido más acentuada de lo presentado en los presupuestos, lo que ha generado unos déficits que han sido subsanados anualmente por el Gobierno vasco.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas que planteaban cuestiones en torno a tres ejes fundamentales: el diagnóstico de la situación de EITB, el impacto de los recortes en la gestión y las perspectivas de futuro para el ente. Los entrevistados fueron Jesús Elguezabal Candina, director-gerente de EITB; Mikel Agirre Arizmendi, director de EITBnet y de explotación e ingeniería de ETB; Miriam Anitua Aranzabal, directora de producción de ETB; José Luis Blanco Rad, jefe de programación de ETB, y Andoni Basabe, responsable del sindicato LAB, mayoritario en EITB.

2.Estructura de EITB

El grupo EITB se estructura en torno a cinco sociedades diferentes: ETB S. A., Eusko Irratia S. A., Radio Vitoria S. A., EITBnet S. A. y EITB S. A. (tabla 1). La primera de ellas, ETB, es la encargada de gestionar la emisión televisiva. En la actualidad ETB emite tres canales de televisión y un cuarto canal (Canal Vasco) vía satélite para América a través de Hispasat. La segunda sociedad –Eusko Irratia– se encarga de la gestión de las emisoras de radio del grupo: Radio Euskadi –emisora generalista en castellano–; Euskadi Irratia –emisora generalista en Euskera–; Gaztea –radiofórmula musical en euskera para un público joven– y EITB radio –emisora musical y cultural–; Radio Vitoria, que actúa como sociedad independiente y opera una emisora generalista, únicamente en castellano, para la provincia de Álava; EITBnet, que gestiona la presencia en internet del grupo, y finalmente EITB, que actúa como holding gestor de la totalidad del grupo.

Dentro de esta estructura hay que destacar también la participación de EITB a través de la sociedad EITBnet en dos sociedades: Expressive S. L., de la que tiene el 24,62% de la sociedad, y Media 4 Future S. L., en la que su participación asciende al 16,43%. Esta última empresa, cuya sede se encuentra en el mismo edificio que la propia EITB, se dedica a la generación de contenidos en la web tanto para EITB como para otras empresas. Desde los sindicatos se ha denunciado esta gestión como una externalización encubierta de unos servicios que debieran ser incluidos dentro de la estructura propia de EITB.1

Como resulta lógico por la propia naturaleza del medio, ETB, la sociedad encargada de gestionar los canales de televisión, supone cerca de tres cuartas partes del presupuesto total del ente y algo más del 60% de la plantilla. Las radios (incluyendo las sociedades Eusko Irratia y Radio Vitoria) no llegan al 20% del presupuesto y sus trabajadores suponen cerca del 30% de la plantilla. EITB, por su parte, la sociedad encargada de la gestión general del ente, tiene un presupuesto de algo más de 5,5 millones de euros y una plantilla de 79 trabajadores. En el caso de EITBnet, el presupuesto es de algo más de 3 millones de euros y se nutre de las aportaciones de ETB y de Eusko Irratia en concepto de mantenimiento de sus contenidos en la web, que realiza junto con la empresa participada anteriormente mencionada, Media 4 Future.

TABLA 1

Oferta de canales del Grupo EITB


Fuente: Elaboración propia y Agirreazkuenaga (2011: 36).

TABLA 2

Presupuesto y personal por sociedades de EITB


Fuente: Memoria EITB 2013. Nota: Presupuestos de explotación sin gastos de amortización ni facturación interempresas.

La mayor parte de EITB se concentra en su sede de Bilbao. Desde abril de 2007, EITB centralizó su actividad, antes dispersa en diferentes sedes, en un solo edificio en Bilbao. Esta sede se creó a partir de la remodelación del edificio del antiguo recinto de la Feria de Muestras de Bilbao, antes de su traslado a la localidad cercana de Barakaldo.2 El coste total de esta centralización de la actividad fue de 43 millones de euros y su realización se enmarcó en el programa más amplio de digitalización y de convergencia que se llevó a cabo en aquellos años (Larrañaga, 2011). Esta acción se realizó justo antes de que sobreviniera la crisis; difícilmente hubiera podido llevarse a cabo en el contexto actual.

Al margen de esta nueva sede, EITB también tiene un importante centro de producción en Miramón (Donostia), donde se realizan la mayoría de programas de producción propia de la casa, y sedes en Gasteiz, Iruña, Baiona, Madrid y Bruselas.

3.La gestión de EITB

De manera similar al resto de las televisiones públicas en España, la gestión de EITB es frecuentemente cuestionada en términos de independencia y politización. En este sentido ha tenido especial relevancia que el PNV haya gobernado en Ajuria Enea desde 1981, alguna vez en coalición, con la única interrupción del Gobierno socialista de Patxi López entre 2009 y 2011. Esta circunstancia no impide que ETB mantenga unos niveles de audiencia que se sitúan entre los más altos de las autonómicas y que sus informativos sean los más vistos en la comunidad autónoma vasca.

Si se considera el nombramiento del director general del ente, la ley de creación de EITB preveía su elección directa por el Gobierno vasco. Esta norma estuvo vigente hasta la Ley 4/1996, de 1 de octubre, de Reforma de la ley de creación del ente público «radio televisión vasca», que contemplaba el nombramiento del director del ente por parte del Parlamento a propuesta del Gobierno vasco, con una mayoría de la mitad más uno de los votos.

Prácticamente desde su nacimiento EITB ha sido acusada de realizar una cobertura muy afín al PNV y en muchas ocasiones ha sido directamente identificada como la «televisión del partido» por los grupos de la oposición. Amezaga et al. señalan «la dificultad de distinguir entre la legitimación de la nueva estructura política que se creó de la legitimación del grupo que guiaba ese proceso» (Amezaga et al., 2013). Esa «afinidad» de la radiotelevisión pública vasca con el PNV a largo de estos años es difícilmente explicable sin un análisis en profundidad, y en muchos casos las acusaciones de falta de parcialidad de la oposición han tenido más que ver con el uso de EITB como arma arrojadiza en la arena política que con acusaciones serias y documentadas. En cualquier caso, si nos atenemos simplemente a la adscripción política de los directores generales del ente en los últimos años parece obvio que nos encontramos con una dirección íntimamente ligada a este partido (tabla 3). Las dificultades para la elección de la dirección ilustran bien la falta de acuerdo político.3

TABLA 3

Directores de EITB


José María Gorordo, tras dejar el cargo (1985-1987), se presentó a la alcaldía de Bilbao por el PNV y fue alcalde entre los años 1987 y 1991.
Josu Ortuondo fue alcalde de Bilbao por el PNV tras dejar el ente público (1987-1991).
Iñaki Zarraoa fue alcalde de Getxo por el PNV (1999-2007) tras dejar el ente público (1991-1999).
Andoni Ortuzar dejó la dirección de EITB (1999-2008) en 2008 para incorporarse como presidente del Bizkaia Buru Batzar (máximo órgano del PNV en Bizkaia) y hoy es presidente del Euskadi Buru Batzar (máximo órgano del PNV en Euskadi).
Alberto Surio (2009-2011), periodista vinculado al grupo Vocento hasta su incorporación como director general.
Maite Iturbe (2011-), jefa de producción de ETB hasta el momento de asumir la dirección. En EITB desde 1984, es la única profesional de la casa que ha dirigido el ente.

Fuente: Elaboración propia.

Únicamente los dos últimos directores del ente se alejan de ese perfil. En el primero de los casos, durante los años de gobierno socialista en Ajuria Enea se optó por el periodista Alberto Surio, por un perfil profesional independiente y no vinculado al ente. Surio fue elegido con el apoyo expreso de los socialistas (25 escaños), del PP (13 escaños) y de UPyD (1 escaño), que sumaron un voto más de la mayoría absoluta necesaria, y con la abstención de PNV y Mixto (EA y EB). Solo votó en contra Aralar. En total, 39 votos a favor, 29 abstenciones y 4 votos en contra.

Al tratarse de la primera dirección del ente durante un periodo de gobierno no nacionalista la gestión de Surio fue objeto de gran atención. En términos de programación, la mayoría de las apuestas realizadas fueron fallidas y no consiguieron llegar al nivel de los programas precedentes, aunque durante el último año de mandato esa situación mejoró. Dentro de su gestión fueron también especialmente controvertidos los cambios en los informativos. A la sustitución de los editores de estos espacios se sumó también el cambio de terminología al uso –desaparición de Euskal Herria–, un mapa del tiempo que ponía fuera de foco a Navarra –en el mismo espacio difuso que La Rioja o Cantabria– y el paso a un segundo plano de la información política en beneficio del deporte y de los anecdotarios, lo que llevó, en palabras de Zallo, a la «desafección social al querer hacer una televisión alejada de las sensibilidades de las mayorías para encajarla en los patrones ideológicos de un acuerdo de legislatura» (Zallo, 2013). Es justo señalar también que el equipo de Surio dejó asimismo un Estatuto de redacción, inexistente hasta su llegada y que contó con el voto favorable de cerca del 80% de la plantilla.

Tras la vuelta del PNV al Gobierno vasco, este también optó por un equipo con un perfil profesional, pero esta vez con una larga trayectoria vinculada al ente. Maite Iturbe, entonces responsable de producción de ETB y trabajadora del ente desde 1984, llegó a la dirección con el apoyo del PSE en abril de 2013. Contra su candidatura votaron EH Bildu y UPyD y se abstuvo el PP. La gestión de Iturbe se encuentra marcada fundamentalmente por los conflictos laborales derivados de las reducciones presupuestarias, aunque desde la oposición también se vuelve a criticar la línea informativa justo en sentido contrario de lo denunciado por los nacionalistas durante el periodo socialista. El PSE, que propició el nombramiento de Iturbe, retiró su confianza por «estar atada a la izquierda abertzale», acusación tachada de «rebuscada» por el comité de empresa.4

En lo que respecta al consejo de administración del ente, a diferencia del resto de autonómicas, EITB prevé que cuatro de los diecinueve miembros del consejo de administración sean elegidos entre las propuestas que hayan elevado al Parlamento Vasco la Real Academia de la Lengua Vasca, la Sociedad de Estudios Vascos, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, la Universidad del País Vasco, los sindicatos más representativos o las federaciones de asociaciones de consumidores, condicionando así, aunque muy mínimamente, el margen de los partidos para designar a consejeros afines. De hecho, los criterios de elección son siempre genéricos, limitándose normalmente a «méritos relevantes», «sin explicitar ni tan siquiera que estos se identifiquen con una experiencia demostrada en el ámbito de las estrategias en el sector audiovisual, lo que, obviamente, facilita aún más la designación de personas que trasladan a los consejos de administración las disciplinas de partido» (Fernández Alonso y Fernández Viso, 2012).

3.1Gestión. Contratos programa y planes estratégicos

En lo referente a la gestión, EITB fue de las primeras televisiones públicas en establecer un contrato-programa en España. En noviembre de 2002 se suscribió el primer contrato-programa entre EITB y el Gobierno vasco. Este contrato programa correspondía a los años 2002-2005 y fue prorrogado en 2006. En 2007 se firmó el segundo contrato-programa hasta 2010, cuando fue prorrogado un año más. Este contrato-programa constaba de objetivos de servicio público (SP) y de cantidades comprometidas por el Gobierno para el cumplimiento de esa labor de SP. Si bien los indicadores del cumplimiento del contrato-programa son cuantitativos y relativamente fáciles de cumplir. En efecto, los compromisos de este contrato-programa se limitan al cumplimiento de un determinado número de horas de emisión de cada tipo de canal, sin quedar claros cuáles son los criterios que ha de cumplir esa programación. No obstante, el contrato-programa supone un paso en cuanto a estabilidad para el grupo. Por otro lado, los aspectos de gestión puramente empresarial han sido muy atendidos por las direcciones anteriores del grupo, que han recibido diferentes menciones de calidad de la gestión.

El último contrato-programa suscrito por el ente fue para el año 2012. En el acuerdo se señalaba que como consecuencia de la «grave crisis económica» y de «la dificultad de previsión de los ingresos económicos de los próximos años no se podría garantizar la financiación estable de EITB», por lo que la comisión de seguimiento del contratoprograma acordó no establecer un contrato plurianual para el periodo 2012-2015 y formalizar, como alternativa, un acuerdo con el Gobierno vasco para la formulación de un contrato-programa anual, «bajo los mismos principios de servicio público de radio, televisión e internet y con los mismos compromisos e indicadores de medición que se derivan y su financiación» (contrato-programa EITB, 2012).

En 2014 EITB intenta negociar un nuevo contrato-programa que le permita planificar la gestión, sobre la certidumbre que da conocer la evolución de las subvenciones, aunque estas sean escasas. Al contrario, no conocer el montante de las subvenciones dificulta la mínima planificación, tan necesaria en actividades como las que consideramos: radio, televisión e internet, en las que el medio y largo plazo son fundamentales.

Nuestro objetivo es negociar un contrato-programa porque más allá de las cifras que lógicamente son importantes, la perspectiva de planificación económico-financiera es básica. Las reducciones de estos dos últimos años rondan el 10-12%, cada uno de los años ahora serían inabordables. Otra cosa es una perspectiva (Elguezabal, 2014).

Al margen de este contrato-programa que regula el cumplimiento de las obligaciones de SP, EITB guía su funcionamiento por unos planes estratégicos plurianuales. Es sabido que los planes estratégicos se suelen quedar en declaraciones de intenciones. El que se creó durante la dirección de Surio era difícilmente realizable, sobre todo en un contexto de precrisis, por cuanto proclamaba que ETB debía convertirse en un referente en materia de ficción, justo la actividad más costosa. Era también excesivamente empresarial, puesto que centraba sus esfuerzos en la creación de marca. En la actualidad está vigente el plan estratégico 2013-2016, que está centrado en ocho puntos:

1.Modelo de servicio público garantizando audiencia y prestigio social.

2.Líderes en la información y actualidad. Significa que sus contenidos son referentes, de forma que EITB contribuye a una ciudadanía informada, promoviendo el espíritu crítico.

3.Reforzar la audiencia en euskera para afianzar el prestigio social y el uso del euskera. Significa generar un espacio de comunicación vasco con una oferta atractiva que logre conectar con nuevos públicos, ofreciendo una visibilidad natural al euskera en todos los soportes.

4.Referentes en convergencia. Significa rediseñar la cultura profesional y organizativa para adecuar el medio a toda la potencialidad exigible al grupo de comunicación multimedia público vasco.

5.Articular una visión compartida entre todos (Gu).5 Significa comunicar el proyecto empresarial, establecer planes de gestión anuales y poner la organización interna al servicio del proyecto. Implica también abordar los cambios necesarios en la regulación interna para abordar los retos de innovación.

6.Cooperar con el sector audiovisual privado (Gu+BesteGu).6 Significa la cooperación inteligente público-privada, facilitando que el sector audiovisual vasco se desarrolle como aliado estratégico que aporte industria y talento mediante la generación de formatos y contenidos de gran interés.

7.Comprometidos con la sostenibilidad empresarial. Significa que EITB toma las decisiones presentes y futuras de acuerdo con un principio de responsabilidad de equilibrio financiero de ingresos y gastos. Asimismo, promueve una nueva relación con la Administración en el marco de un nuevo contrato-programa en el que se ha de definir el servicio público y sus características, la dimensión empresarial y la financiación.

8.Eficientes en la gestión tecnológica. Significa que EITB toma las decisiones presentes y futuras de acuerdo con un principio de prudencia en las inversiones con el fin de garantizar un resultado excelente en coste/rentabilidad.

4.El impacto de la crisis

Las cifras de los presupuestos dejan bien a las claras el notable impacto que la crisis está teniendo sobre la radiotelevisión pública vasca. Si atendemos a los presupuestos de las sociedades del ente podemos ver cómo en todos los casos se da una profunda reducción, particularmente en los últimos tres años (gráficos 1, 2 y 3). Se pasa de un crecimiento continuo desde el año 2005 hasta 2010 y 2011, años en los que empieza a darse la bajada de los presupuestos. Estos mismos gráficos muestran el porcentaje que representa la subvención del Gobierno vasco sobre el presupuesto del ente. En el caso de Eusko Irratia y Radio Vitoria, dicho porcentaje sube en torno a los diez puntos en los últimos diez años, del 75 al 84% en el caso de Eusko Irratia, y del 74 al 86% en el caso de Radio Vitoria. En ETB el aumento de la proporción de la subvención sobre el total del presupuesto es más acentuado: en 2006 esta subvención era el 71% del presupuesto y en 2014 el 87%. Hay que recordar que estos datos se refieren a los presupuestos, por lo que en el resultado del ejercicio final se pueden dar variaciones. Estas variaciones, como veremos posteriormente, han implicado por lo general un incremento de esa subvención, provocado sobre todo por unos ingresos publicitarios menores a los presupuestados.

En cualquier caso, la parte más relevante son las consecuencias que estos recortes han tenido. Aunque a nivel general no se percibe un impacto de la magnitud del sufrido por otras radiotelevisiones autonómicas públicas, se han dado diferentes episodios en lo que a las plantillas se refiere. Así, en el caso de Radio Vitoria han sido seis los trabajadores eventuales a los que no se les ha renovado el contrato –diez según la versión de los sindicatos–.7 En el resto de emisoras de EITB se prevé una pérdida de 30 puestos de trabajo entre un grupo de trabajadores indefinidos no funcionarios, y en EITBnet, aunque no se produce una reducción de puestos directa, sí que se da en la sociedad participada Media 4 Future. En la actualidad, el ente ha tenido que abordar el problema de la externalización de la actividad de internet. En el año 2000 se creó eitb.com, si bien con un enfoque limitado, que en 2004 se quiso potenciar con la creación de EITBnet, empresa pública participada por EITB, para dar soporte en internet a todo el grupo EITB. Dado que no podía ampliar la plantilla de personal, se recurrió a la fórmula de crear una empresa –Media 4 Future (M4F)– a la que EITB aportaba el 10% del capital. Mientras que en EITB trabajan algo menos de docena y media de personas, el grueso (53 personas en mayo de 2014) está en M4F. Esta empresa cerrará sus puertas el 31 de diciembre de 2014, y a la hora de redactar este texto hay varios juicios que decidirán sobre el futuro de estas personas. En su creación, EITBnet buscaba obtener ingresos mediante la facturación de servicios relacionados con sitios web a otras instituciones como la Consejería de Cultura, si bien hoy el estudio de los ingresos de EITBnet muestra que la práctica totalidad de sus ingresos procede de la factura de servicios a EITB, que se ha convertido en su único cliente. En la práctica esto supone para EITB importantes dificultades para el mantenimiento de su web, ya que EITBnet como tal apenas cuenta con 20 trabajadores para esta labor. Hay que tener en cuenta además que EITB ha tenido un enfoque ambicioso en su presencia en la red y posee además una oferta muy amplia de contenidos a la carta disponibles en la mayoría de las plataformas (Miguel de Bustos, Galindo Arranz y Casado del Río, 2012).

GRÁFICO 1

Presupuesto y porcentaje de subvención de ETB


Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuesto generales del Gobierno vasco.

GRÁFICO 2

Presupuesto y porcentaje de subvención de Eusko Irratia


Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuesto generales del Gobierno vasco.

GRÁFICO 3

Presupuesto y porcentaje de subvención de Radio Vitoria


Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuesto generales del Gobierno vasco.

4.1Impacto en televisión

Como se ha señalado en el capítulo anterior, ETB supone el grueso del presupuesto de EITB. En el año 2009, el presupuesto de ETB llegó a su máximo histórico al alcanzar los 154 millones de euros, cuando en el año 2002 aquel se situaba cerca de los 105 millones de euros. En 2013 y 2014 se encuentra por debajo de los niveles de esta última cifra.

Un análisis más detallado de la evolución del presupuesto nos permite ver en qué áreas se han materializado estos recortes y cuáles han sido las consecuencias más directas de estos. Así, ante la imposibilidad de analizar todas las partidas en detalle, únicamente se examinan aquellas que suponen el grueso del presupuesto. En concreto se analizan los gastos de personal, las compras de derechos de emisión de programas ajenos, los derechos de emisión de programación propia, la inversión en producciones de encargo y asociadas, las corresponsalías y la emisión de canales vía satélite. Estas partidas suponen entre el 60 y el 70% del presupuesto de ETB en los años que se analizan, de 2005 a 2014. En la tabla 4 se puede observar la evolución de estas partidas.

Con diferencia, los gastos de personal constituyen la partida más importante dentro de ETB. Entre los años 2005 y 2009, esta partida experimentó un importante crecimiento, pasando de cerca de 31 millones de euros a 38,5 millones. A pesar de este importante incremento, las variaciones en la plantilla fija no han sido especialmente significativas; la más notable se produjo en 2009, con la incorporación de 30 nuevos trabajadores fijos por «las necesidades de personal para la explotación de los nuevos canales ETB3 y ETB4». Con estas incorporaciones, la plantilla estructural (fijos e interinos) pasó a estar formada por 547 personas. Esta misma cifra es la que aparece en los presupuestos de 2014. A partir de 2009, los gastos de personal se reducen, pero sin afectar a la plantilla estructural, ya que el grueso de los recortes se centran en el personal temporal (sustituciones, acumulación de tareas, fin de obra). Así, en 2009, mientras que se efectuaron 2.839 contratos temporales con un total de 21.068 horas, en 2013 las cifras respectivas fueron 3.066 y 15.786 horas.

TABLA 4

Evolución principales partidas presupuestarias de ETB (2005-2014) (en miles de euros)


Fuente: Elaboración propia a partir de presupuestos generales del Gobierno vasco.

Como explica el jefe de programación de ETB:

Por la propia naturaleza de la actividad televisiva, se hace necesaria la participación de trabajadores durante periodos concretos para determinadas producciones; la reducción de los programas que mayor mano de obra necesitan explica en gran medida esa reducción en gastos de personal y están ligados el uso más intensivo de los recursos propios de ETB (Blanco, 2014).

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