Kitabı oku: «Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI»

Introducción

JAVIER MARZAL FELICI

UNIVERSITAT JAUME I

1.El progresivo deterioro de las radiotelevisiones públicas en España

Desde que cerramos la edición del libro La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza, también publicado por la colección Aldea Global, hasta la redacción de la presente introducción, apenas han transcurrido pocos meses (entre noviembre de 2014 y febrero de 2015), en los que han tenido lugar algunos hechos informativos destacables.

Por un lado, el deterioro de la función de servicio público de Radiotelevisión Española (RTVE) ha conocido en estos últimos tiempos un avance muy significativo. En efecto, desde 2011 a 2014, RTVE ha pasado de ser la cadena líder de España, especialmente en programas informativos, a una modesta tercera posición, tras Tele 5 y Antena 3. En apenas tres años la cadena pública estatal ha perdido buena parte de la credibilidad informativa cosechada, con mucho esfuerzo, entre 2006 y 2011. En el caso de Radio Nacional de España el descalabro ha sido bastante considerable, con la pérdida de más de 800.000 oyentes en este periodo. La pérdida de confianza de una buena parte de la audiencia hacia RTVE ha coincidido con un agravamiento de la situación financiera de la corporación que acumula en 2014 más de 750 millones de euros. Entre las principales causas del déficit se pueden destacar la ausencia de una financiación adecuada por parte del estado y la depreciación patrimonial de la corporación, sufrida en estos años de profunda crisis, pero también cabe explicar esta importante crisis de RTVE por la progresiva gubernamentalización y desprofesionalización de la gestión de la corporación.

Cabe recordar que en virtud de los cambios introducidos por el Gobierno de España del Partido Popular, mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, en 2012, que modificaba el régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), volvía a ser posible que el nombramiento del presidente de la Corporación fuera designado por mayoría absoluta en el Parlamento, sin necesidad de alcanzar la mayoría cualificada que la Ley 17/2006 exigía. De este modo, en estos últimos años se ha podido constatar el regreso a viejas prácticas en la forma de dirigir y gestionar la cadena pública estatal, basadas mucho más en la instrumentalización política de los informativos, en tanto que herramienta esencial del poder político para moldear la opinión pública, a lo que hay que sumar un modelo de gestión de la programación de la cadena y de la dirección de programas que no se basa en criterios estrictamente profesionales. Desde 2012, con la llegada del Partido Popular al poder, la gestión del nuevo presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, que dimitió por sus discrepancias con el Gobierno estatal sobre la infrafinanciación de la radiotelevisión pública, ha sido clave para el deterioro de la corporación. Entre sus decisiones más polémicas destacó el nombramiento de Julio Somoano como director de los Servicios Informativos, cuya gestión en estos últimos años provocó el rechazo de una amplia mayoría de trabajadores de la corporación, así como denuncias reiteradas del Consejo de Informativos de TVE.

Hace pocas semanas, en el mes de octubre de 2014, tomó posesión como nuevo presidente de la Corporación de RTVE José Antonio Sánchez Domínguez, procedente de la cadena Telemadrid, fuertemente controlada desde muchos años atrás por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular. La noticia del nombramiento encendió, desde el principio, todas las alarmas entre los trabajadores de RTVE, y también en asociaciones profesionales de periodistas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, entidades cívicas, etc. En efecto, en apenas un par de meses, el Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la existencia de «purgas» o «caza de brujas» de los trabajadores no afines ideológicamente a la dirección de los Servicios Informativos, así como la contratación de periodistas externos sin proceso selectivo público (con la excusa de reforzar la cobertura de los procesos electorales previstos en 2015), o la no menos escandalosa renuncia a ocupar un puesto de representación en la Unión Europea de Radiodifusión –nada menos que la presidencia de la Asamblea de Informativos de la UER/EBU–. Esta decisión, comunicada por la dirección de los Servicios Informativos el pasado 30 de enero de 2015, no argumentada, solo puede entenderse como una estrategia para reducir la influencia del Consejo de Informativos de TVE en este importante organismo internacional, en el que participan, entre otros, todas las radiotelevisiones públicas del viejo continente. En pocas semanas, la nueva dirección de RTVE ha cesado a directivos, jefes de sección, adjuntos y responsables de áreas, sin alegar razones profesionales, lo que ha provocado una respuesta masiva de numerosos trabajadores de la casa y del Consejo de Informativos, expresión del hartazgo de una plantilla de periodistas y profesionales que asisten al deterioro continuado de la radiotelevisión pública estatal.

No deja de resultar sorprendente, cuando menos, que haya terminado pareciendo «normal» que los máximos responsables de las radiotelevisiones públicas –presidentes, miembros de sus consejos de administración, directores de departamentos y de servicios, etc.– recaigan sobre personas que trabajan en medios de comunicación del sector privado o cuya profesión está directamente relacionada con la actividad política, siempre ligada al partido que tiene responsabilidades de gobierno en cada momento. Esta «puerta giratoria» entre cargos políticos y puestos de responsabilidad en RTVE y en otras radiotelevisiones públicas autonómicas responde a una concepción democrática cuyos principales valores han sido pervertidos, donde se ha primado la «representatividad» de las formaciones políticas en detrimento de otros valores, como hemos analizado extensamente (Fitó y Marzal, 2015; Soler y Marzal, 2015).

El segundo hecho que cabe destacar es el caso de la privatización de la radiotelevisión pública de la Comunidad de Murcia, donde gobierna desde hace muchos años el Partido Popular. Al amparo de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 6/2012, de 1 de agosto, reformada por el Gobierno español del Partido Popular, en este caso la llamada «externalización», eufemismo de «privatización», afectará a la oferta completa de la cadena. En efecto, como se hizo público el pasado 28 de enero de 2015, Murcia será la primera comunidad autónoma cuya cadena de radiotelevisión pública será gestionada de forma íntegramente privada, incluidos los servicios informativos. El concurso público ha sido ganado por el grupo Secuoya, por un importe total de 72.362.999 euros, impuestos incluidos, para una gestión de tres años, prorrogable otros tantos. Aunque está pendiente de la ratificación definitiva del ejecutivo murciano, cabe destacar que la adjudicación ha sido ganada por una empresa fuerte, radicada fuera de la Comunidad de Murcia, que tiene su negocio repartido en diferentes territorios de España y está especializada en la producción de contenidos para otras televisiones públicas como IB3, la Radiotelevisión Canaria o Telemadrid, y para cadenas privadas como Antena 3 y TVE, así como en otros países latinoamericanos como Perú, Chile y Estados Unidos. La radiotelevisión pública murciana 7RM será, pues, gestionada íntegramente por el grupo Secuoya, que ya ha anunciado que subcontratará los servicios de otras productoras y televisiones locales de la propia región de Murcia –un total de 34 empresas del sector, según han anunciado–, hasta un 60% de contenidos que deberán tener un marcado carácter local. El grupo Secuoya cuenta entre sus consejeros con Miguel Ángel Rodríguez, actual tertuliano en varios programas de televisión de infoentretenimiento, y fue el primer director de comunicación del Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura. Otro gran grupo de comunicación especializado en la producción de contenidos para cadenas de televisión y productoras, Vértice 360, ha tenido, hasta 2012, como presidente de su consejo de administración a Josep Piqué, exministro de industria también en los gobiernos de Aznar (entre 1996 y 2003). Se constata así la relación entre medios de comunicación públicos, privados y política, entre los que se han venido tejiendo durante décadas intrigas de poder con la única excepción del caso de RTVE en el periodo 2006-2011, como ya se ha referido.

El caso de la externalización de la radiotelevisión pública de Murcia constituye la primera iniciativa de privatización completa en el estado de las autonomías, que pone en jaque la concepción de servicio público que hemos conocido hasta la fecha, y es un paso más respecto al modelo de Aragón RTV, radiotelevisión pública que también se basa en ese modelo, aunque en este último caso, la empresa pública mantiene una mínima plantilla de trabajadores públicos, que gestionan, entre otros, los servicios informativos, así como la coordinación de toda la producción externalizada. No está de más recordar que la privatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas, en particular de RTVV, era una propuesta que aparecía recogida en el programa de gobierno del Partido Popular ya en 1995.

De este modo, estos dos casos que acabamos de referir representan una nueva «vuelta de tuerca», gracias a los cambios legislativos producidos en 2012, en el proceso de degradación de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación. Creemos importante dirigir nuestra mirada, siquiera brevemente, hacia el resto de la Unión Europea, con el fin de determinar si somos realmente una excepción en el panorama de las radiotelevisiones públicas en nuestro continente.

2.La crisis del concepto de servicio público y la expansión del pensamiento neoliberal

Podría creerse que el debate sobre el papel de las radiotelevisiones públicas, acerca de su legitimidad, de su modelo de gestión, del problema de su instrumentalización política, etc., es exclusivamente una problemática que solo alcanza a países como España y a los del sur de Europa, quedando así libres de estas amenazas los países del centro y del norte europeos.

Sin embargo, cabe afirmar que esta creencia tan extendida está realmente lejos de estar ajustada a la realidad, siempre más compleja y heterogénea de lo que cabe pensar a priori. En efecto, son bastante numerosos los estudiosos de esos países que llevan años alertando sobre la progresiva privatización de los servicios públicos de radiotelevisión, y de la pérdida de relevancia de los medios de comunicación públicos en los sistemas comunicativos nacionales, desde un punto de vista estructural.

Los órganos de gobierno de la Unión Europea han creado una enorme maquinaria burocrática, mediante el desarrollo de directrices, normativas, líneas de ayudas y leyes regulatorias que no siempre han dado los mejores resultados. El desarrollo de las políticas de medios de comunicación públicos europeos ofrece una extensa complejidad que ha terminado dibujando un escenario confuso en la Unión Europea, no siempre favorable a los medios de comunicación de servicio público. En este sentido, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (adaptación realizada en 2007 de la antigua Directiva «Televisión sin fronteras», de 1989), y otras sobre la alfabetización mediática («media literacy») y el pluralismo informativo (de 2008) se enfrenta a su aplicación en 28 jurisdicciones nacionales y subnacionales (Donders, Pauwels y Loisen, 2014). Existen además otras iniciativas como el programa «Media» que puede considerarse la más importante de la Comisión Europea para el desarrollo de las industrias del cine y de la televisión de la UE, a través del estímulo de la producción y distribución de films, series y programas de TV que, no obstante, no ha servido para fortalecer una industria audiovisual europea que pueda medirse al gigante estadounidense. Y en el nuevo panorama digital, que ha precipitado la transformación de los servicios públicos de radiodifusión (SPR) en servicios públicos de comunicación (SPC), los operadores de radio y televisión públicos, llamados a ser mucho más que radio y teledifusores, han tropezado con los intereses de los principales grupos de comunicación privados de todo el continente.

En esta misma línea se manifestaba Karen Donders cuando señalaba que la acción de la Comisión Europea hacia los SPC, en estos últimos años, está mucho más centrada en vigilar los aspectos de carácter económico en detrimento de los intereses públicos que los SPC están obligados a proteger. De este modo, la Comisión Europea ha invertido muchos esfuerzos en analizar y vigilar, por ejemplo, el problema de la competencia en la financiación de las radiotelevisiones públicas mediante subvenciones públicas y contratación de publicidad, simultáneamente, como respuesta a la fuerte presión de los lobbies o grupos de interés que representan los operadores privados (Donders, 2011), donde también son importantes actores las grandes empresas de telecomunicaciones. En España, la eliminación de la publicidad en RTVE ha tenido como efecto inmediato el incremento, de forma muy considerable, de la cuenta de resultados de los operadores privados, acentuando así la consolidación del duopolio televisivo, dominado por los grupos Atresmedia y Mediaset, que actualmente tenemos en España. Con frecuencia se suele olvidar que la publicidad es información comercial de interés público que, de manera proporcionada, puede tener mucho sentido también en las cadenas de radiotelevisión públicas, y constituye, además, una fuente de financiación secundaria nada desdeñable, especialmente en plena crisis financiera. Precisamente, las radiotelevisiones públicas autonómicas en España han sido objeto de fuertes críticas, en estos últimos años, por parte de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto –UTECA–, que se empecinan en justificar la reducción del peso de las radiotelevisiones públicas autonómicas, mediante su fusión en un tercer canal, y en la eliminación de la publicidad como fuente de financiación, como se expone en el conocido Informe encargado a una consultora internacional (Deloitte/UTECA, 2011).

La multiplicación de la oferta de radios y televisiones comerciales es un fenómeno que trasciende las fronteras de España y ha sido constante en las últimas décadas, especialmente en Europa occidental. Debemos recordar, en este sentido, que su nacimiento y expansión, en los años ochenta y noventa, se justifica en la necesidad de respetar «el libre mercado, en dar mayor soberanía al consumidor, satisfacer al individuo, terminar con una programación elitista y con los monopolios de control estatal» que representaron las televisiones públicas durante muchos años (Donders, Pauwels y Loisen, 2013: 13). En efecto, en los años ochenta la Comisión Europea dictaminó una serie de directrices generales que facilitaron el proceso de liberalización y desregulación del mercado de la radiodifusión en Europa, puesto que se consideraba que la aparición de un escenario competitivo era, en sí mismo, una garantía de pluralismo y diversidad.

Más de treinta años después de aquellas directrices de la CE, el escenario radiotelevisivo europeo ha sufrido una transformación radical, y ha caminado hacia una progresiva pérdida de relevancia del servicio público de radiodifusión. En efecto, Ferrell y Steemers constatan que nos hallamos ante una situación alarmante, puesto que el cuestionamiento de la necesidad de contar con medios de comunicación de servicio público (SPC) está alcanzando incluso a países como el Reino Unido, donde parecía que esto no podía ocurrir, con una institución tan consolidada como la BBC, en la que el canon ha sido congelado hasta 2017, o Alemania, donde las radiotelevisiones públicas han tenido que reducir su oferta on line por la presión de los operadores privados, o Finlandia, donde también se cuestiona la participación del Estado en la financiación de la radiotelevisión pública (Ferrell y Steemers, 2012).

En realidad, se trata de una corriente de pensamiento que circula por todo el mundo, desde países como Estados Unidos, donde los SPC (aparecidos muy tardíamente, hacia 1967) nunca han sido aceptados por la derecha política, hasta las jóvenes democracias del sur y este de Europa o Centroamérica, entre otros, donde en general la ciudadanía nunca ha percibido o sentido con suficiente consistencia la necesidad de contar con medios de comunicación públicos (algo que se puede relacionar con el bajo nivel cultural medio de la ciudadanía). Este pensamiento ha ido calando entre los ciudadanos y la clase política, hasta el punto de que, como subrayan Ferrell y Steemers, la organización y gestión de las radiotelevisiones públicas no se entiende si no es desde una óptica principalmente comercial, es decir, debe responder a criterios tales como la respuesta de las audiencias o la rentabilidad económica, lo que lleva a asumir en sus programaciones ofertas de infoentretenimiento, telerrealidad, infoshows y otras fórmulas que desvirtúan profundamente su propia naturaleza de servicio público (Steemers, 2003). Es evidente que asistimos a una suerte de «tormenta perfecta», en tanto que a la extensión del escepticismo hacia los medios de comunicación públicos (y hacia todo tipo de servicios públicos) se ha unido una crisis financiera global que ha llevado a nuestros responsables políticos a la adopción de fuertes medidas de austeridad económica, que están asfixiando e incluso poniendo en peligro la propia supervivencia de las radiotelevisiones públicas, tal y como las conocemos.

La crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas, en el contexto actual, debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global (digital). Como afirma Sean Phelan, «el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental “del mercado”» (Phelan, 2014: 3). En definitiva, el neoliberalismo debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que «la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública», una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años. Para la expansión de este tipo de creencias, sin duda, cumplen un papel esencial los medios de comunicación –privados y públicos (especialmente si estos últimos están gubernamentalizados, esto es, son un instrumento político como ocurre con muchas radiotelevisiones públicas en España, en mayor o menor medida)–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos, o la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el «sentido común», «lo que piensa todo el mundo» o «lo que dios manda».

Los medios de comunicación de servicio público se enfrentan a un reto extraordinario en el momento actual, dado que el «espacio comunicativo» se ha convertido en un «mercado comunicativo», fuertemente competitivo, en el que las radiotelevisiones públicas se ven abocadas a competir en inferioridad de condiciones, puesto que sus competidores no son radiotelevisiones, sino grandes grupos de comunicación que tienen intereses comerciales en la mayoría de industrias culturales y otros sectores (prensa, libro, publicidad, música, etc., pero también telecomunicaciones, energía, etc.). No es fruto del azar que, en la última década, grandes corporaciones mediáticas europeas (Bouygues, Vivendi y Lagardère –Francia–, Bertelsmann, ProSiebenSat.1 Media y Alex Springer –Alemania–, Reed Elssevier Group, Daily Mail and General Trust e ITV –Reino Unido–, Wolters Kluwer y Reed Elssevier –Países Bajos–, RCS Mediagroup y Mediaset –Italia–, etc.) hayan incrementado notablemente sus beneficios, posible gracias al contexto de la crisis económica, además de a la gestión política de diferentes gobiernos de derechas, centro-derecha e, incluso, de gobiernos socialdemócratas, cuya acción política está impregnada por la ideología neoliberal.