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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Guatemala contó por primera vez con información estadística comparable sobre la cantidad y profundidad de la pobreza a partir del año 2000, cuando se realizó la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2000). (24) Los resultados sobre los niveles de exclusión económica y social fueron contundentes. Al referirse a ellos, el Banco Mundial (2003) lo expresó en los siguientes términos:

En Guatemala, la magnitud de la pobreza es considerable. De hecho, las tasas de pobreza y desigualdad se ubican entre las más altas de América Latina y el Caribe. En cuanto a la desnutrición, Guatemala ostenta el peor índice de la región y se encuentra entre los peores del mundo (p. 35).

En el informe del Banco se agrega que el 56 % de la población estaba en condiciones de pobreza, lo cual equivalía en esa fecha a 6.4 millones de personas. La pobreza se caracterizaba por ser predominantemente rural y mayoritariamente indígena, aunque en todo el país había territorios o «bolsones» de pobreza, además del «cinturón de pobreza en las regiones Norte y Noreste» (Banco Mundial, 2003, pp. 37-40).

Casi dos décadas después y con un crecimiento económico mayor que la tasa de crecimiento de la población, es pertinente preguntarse ¿Guatemala es ahora una sociedad más inclusiva? Con los resultados que arroja la Encovi 2014 la respuesta puede ser simple: hoy Guatemala es una sociedad más excluyente, más desigual y con mayor pobreza. En promedio, la población del área rural y la población indígena son tan pobres, y los niveles de desnutrición tan altos, como lo fueron al final del siglo pasado. En el 2000 la pobreza era del 56.4 %, en el 2014 esta alcanzó la cifra del 59.3 %. En el 2000, ocho de cada diez indígenas vivían en pobreza, relación que persiste a la fecha. En el mismo año la mitad de la niñez guatemalteca padecía de desnutrición crónica infantil y hoy es el 46.5 %, con lo cual el país sigue teniendo una de las tasas más altas del mundo.

Los datos revelan la grave situación social del país, pero también la indiferencia frente a la continuidad de la exclusión. No obstante, los datos por sí solos no explican cómo se da la reproducción de este fenómeno, lo que hace difícil e ineficaz cualquier política pública.

24. El antecedente fue la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (Enigfam) de 1989, que estimó la pobreza en 75 %. Sin embargo, con la Encovi 2000 la pobreza se calculó en 56.4 %.

LAS CONCEPCIONES Y LOS CONCEPTOS

Contrario a lo que se afirma cotidianamente, el problema de la exclusión/inclusión social no es de crecimiento. En el período del 2006 al 2014 la economía creció 3.7 % promedio anual, suficiente para haber reducido la pobreza, sin embargo, esta creció en el mismo período 8.1 puntos porcentuales. La desigualdad y la pobreza, sean estas sociales o territoriales, están estrechamente relacionadas con el modelo o patrón de desarrollo y su estructura económica. La información y el análisis presentados a lo largo del texto documentan la heterogeneidad de la estructura entre los sectores más dinámicos de la economía, versus los de menor crecimiento y con mayor intensidad en el uso de la fuerza de trabajo. El limitado acceso a la tierra para cultivo de granos básico para el consumo interno; el acaparamiento y uso de amplias y fértiles extensiones de tierra para la agroexportación, son parte de las causas de fondo.

En otras palabras, el modelo de desarrollo social, el patrón productivo y, en general, la dinámica de algunos mercados altamente concentrados o con prácticas monopólicas (financieros, telecomunicaciones, energía, cementos, etc.), inspirada en el principio de «dejen hacer, dejen pasar» (laissez faire, laissez passer) no conducen a la convergencia territorial ni social. Mas bien lo que se observa en los mapas, figuras y tablas del presente estudio es una mayor polarización. Esta divergencia es notoria intra-territorios, entre los territorios funcionales, así como en la brecha entre el área metropolitana y la rural.

El estudio refleja que los conceptos «rural» y «urbano» no son fijos ni neutros. Como se definió y midió la ruralidad a mediados del siglo pasado pudo haber sido adecuado en su momento, pero hay cambios estructurales y espaciales que han modificado el paisaje en las ciudades y en el campo. Entre estas dos dimensiones hay un amplio espacio que se ha denominado territorios funcionales que conjugan la presencia rural y urbana. Se subraya «y» en contraposición a la conjunción disyuntiva «o», pero en un sentido más amplio: la existencia de una interrelación o relaciones dinámicas entre lo rural y lo urbano. Es decir, una relación funcional de codesarrollo. De ahí el concepto de territorios funcionales rural-urbanos y urbano-rurales que se explicaron en los capítulos del uno al tres.

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS

La información estadística oficial disponible es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de la exclusión, la pobreza, la desigualdad socioeconómica, el racismo, entre otros, ya que esta: (a) es recolectada y está disponible con fines de conocer las principales características socioeconómicas de la persona y de los hogares y (b) las encuestas de condiciones de vida de las personas y los hogares (Encovi) solo tiene validez en el ámbito departamental. Aunque es una información necesaria y de enorme utilidad, los procesos históricos, sociales y estructurales que dan origen a las problemáticas enunciadas en párrafos anteriores quedan diluidos con la simple suma de personas u hogares. En el fondo, lo que subyace es la idea de que al salvar al individuo se salva a la sociedad, al margen de las condiciones estructurales que le han colocado en una situación de desventaja.

Las razones o justificaciones para delimitar las fronteras de un municipio obedecen en lo fundamental a factores políticos y de conveniencia en la administración pública. Elementos como la fisiografía, uso productivo del suelo, condiciones histórico-sociales entre otros, y las distintas interrelaciones entre lo rural y lo urbano o sus zonas intermedias no son tomadas en cuenta en la división política municipal o departamental. Por ello, se hizo necesario reclasificar el espacio del país en área urbana, territorios funcionales urbano-rurales, territorios funcionales rural-urbanos y área rural, según la metodología descrita en los primeros capítulos. La tabla 14 resume las diferencias en el uso de la metodología oficial para delimitar las áreas rural y urbana, así como la incorporación de criterios de gradientes rural-urbanos sobre la base del Índice Rural-Urbano (IRU):

Tabla 14

Guatemala: Clasificación de la población y la pobreza según métodos de medir la población urbana y rural

Sobre la base de la división dicotómica rural o urbana y los datos oficiales, el 71.7 % de los pobres viven en el área rural. Con la tipología del IRU la cifra de pobres rurales se eleva a 83.0 %. Es decir, hay un incremento de 11 puntos porcentuales cuando entre los atributos de lo rural y urbano se incluyen la actividad económica y el uso del suelo.

RECOMENDACIONES

¿Qué se puede aportar cuando pareciera que todo está dicho y que hay ingentes cantidades de propuestas para la reducción de la pobreza y para tener sociedades más inclusivas? ¿Qué validez tienen las afirmaciones de que el problema es la falta de voluntad política, corrupción en el ámbito del sector público y privado, «insuficiente» crecimiento económico, etc., etc.? Con el fin de contribuir a la búsqueda de salidas viables y tomando como premisa que se está frente a problemas y fenómenos multidimensionales con profundas raíces históricas, y que por lo tanto no existen salidas fáciles en el corto plazo, se plantean las siguientes recomendaciones:

La primera y quizás la más importante: es necesario trascender los promedios nacionales, revisar las bases teóricas y metodológicas sobre las que se construyen y elaboran las políticas públicas sociales, con las que se ha pretendido enfrentar la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Con este criterio y con el fin de contribuir al debate acerca de los procesos sobre lo rural y urbano, así como su medición, se hizo la propuesta del Índice Rural-Urbano (IRU) y su correspondiente tipología de los territorios funcionales.

Aunque son problemas estructurales y de largo plazo, es necesario y urgente tomar medidas inmediatas que primero, detengan el drama de exclusión y pobreza, y segundo, sean sostenibles en el tiempo. Sin embargo, esto no es posible si se mantiene un Estado e instituciones débiles y sin el adecuado financiamiento. Dejar al mercado la asignación de recursos territoriales con la idea de que ello conduce al bienestar social, puede llevar décadas y potenciales agravamientos del conflicto social.

Los resultados de la presente investigación dan rutas que pueden conducir hacia una mejor inversión pública y privada, así como la optimización de políticas sociales, por la relación dinámica al interior de los territorios funcionales dentro del núcleo urbano que existe en cada territorio y sus entornos. Ello se observa en la relación y codependencia entre la ciudad capital y el resto del área metropolitana, que tienen las características de crear una unidad funcional; esto se reproduce entre los núcleos urbanos de los territorios funcionales; y el conjunto de los territorios funcionales puede ser un eslabón o tener capacidad de arrastre para el área rural.

La actividad empresarial es necesaria y el retorno del capital invertido más utilidades es legítimo, pero la política social y el crecimiento equilibrado de los territorios no puede ni debe ser función del mercado. Por ello se reiteran las propuestas de la inversión pública en los territorios, en particular en las zonas de mayor rezago en infraestructura básica.

Es necesario recordar que lo que se requiere es invertir para el campo y no en el campo. El para tienen un enorme potencial en el desarrollo y la inclusión territorial. La inversión «en el campo» maximiza la ganancia empresarial y la exclusión, además el derrame en beneficio del desarrollo social es incierto.

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