Kitabı oku: «Tendencias organizacionales y democracia interna en los partidos políticos en México», sayfa 7

2.1 Momento de génesis

Los dos antecedentes inmediatos del PRI son la emergencia del PNR y su transformación en PRM. Al respecto, el PNR surge desde el poder, con el objetivo de mantenerlo. Por ende, gracias a él cambió la lucha política en México, pues de ahí en adelante ya no se dirimió a través de las armas, sino en la arena institucional, concretamente dentro del partido de la familia revolucionaria.⁴¹ Se trató, entonces, de la unión de caudillos y grupos subordinados a Plutarco Elías Calles.

A la larga, el gobierno fue la institución patrocinadora del partido en cuestión, lo cual fue evidente, pues “la participación de las autoridades gubernamentales en la selección de los delegados del PNR es el punto clave para entender por qué el PNR nació como partido único: el gobierno le prestó toda la estructura administrativa (Lajous, 1979: 45). Empero, la suma de fuerzas no impidió la centralización de poder en una burocracia subordinada a Calles (Reveles, 2003a: 18 y 19).

Por consiguiente, el cambio de una política de personalidades a una de instituciones fracasó a causa de “la posición destacada de Calles como jefe máximo de la revolución” (Medina, 1978: 35). Esta etapa coincidió con el periodo conocido como Maximato, debido a que Calles tomaba las principales decisiones en la vida política, pese a no ocupar algún cargo formal (1928-1936).

Ahora bien, la organización tuvo dos estructuras, una formal y una informal. La primera se compuso de los comités municipales, de estado o territorio, y el Comité Directivo Nacional. La segunda se integró por los diversos partidos nacionales, regionales y municipales que le dieron forma. Empero, ambas estuvieron subordinadas a Calles. Así, tanto el primer dirigente, Manuel Pérez Treviño, como el primer candidato presidencial, Pascual Ortiz Rubio, del nuevo partido, fueron nombrados por unanimidad y estuvieron subordinados a Calles.

En 1933 se presentó al PNR la primera prueba de fuego: la sucesión presidencial. Y en un contexto donde la Revolución “se vio reducida a un régimen cuyos beneficiarios eran unos cuantos… comandados y manipulados por el Jefe Máximo” (Reyna, 2009: 23), la figura de Lázaro Cárdenas cobró relevancia, al ser capaz de enarbolar las reivindicaciones sociales; de ahí que, el 6 de diciembre de 1933, fue nombrado, por unanimidad, candidato presidencial, durante la II Convención Nacional del PNR.

A partir de aquí comenzaron los desencuentros entre callistas y cardenistas, los cuales se enfrentaron en torno al Plan Sexenal. Los callistas propugnaban por la pequeña propiedad agrícola, mientras los cardenistas planteaban una reforma agraria de gran calado. En su toma de posesión el 1 de diciembre de 1934, Cárdenas sentenció: “he sido electo Presidente y habré de ser Presidente”. Al año siguiente aconteció la llamada crisis de 1935, antecedente inmediato de la transformación del partido, luego de la cual Cárdenas solicitó la renuncia de Matías Ramos a la dirigencia del PNR, junto a la dimisión del gabinete presidencial. Al tiempo, Calles salió del país, mientras los gobernadores que no se alinearon al proyecto cardenista fueron desaforados.

Así, con un gabinete y un partido afines, Cárdenas se alistó para transformar al partido y, con ello, concretar su proyecto de gobierno. El tránsito de PNR a PRM representó una profunda transformación en distintos aspectos. En primer lugar, la institución patrocinadora dejó de ser un líder real, pasando a una institución: la presidencial. En segundo lugar, se dio un giro de una estructuración individual a una corporativa, acorde con los nuevos tiempos que implicaban instaurar un sistema corporativista, con el cual se mantuvo “el control vertical partidista de trabajadores del sector público, fuerzas armadas, campesinos y obreros organizados” (González, 2009: 48). En tercer lugar, el partido, si bien continuó actuando como maquinaria electoral, varió su objetivo de conservar el poder para un caudillo a mantenerlo para la familia revolucionaria. En cuarto lugar, la ideología del partido recuperó las demandas sociales de la Revolución Mexicana (Garrido, 1987: 19 y 20).

Al interior del PRM, el poder presidencial fue asumido cabalmente: el Presidente de la República cohesionaba al partido; asimismo lo representaba al ser la identidad de la organización, además de que sus atribuciones fueron amplias y variadas: poseía el control disciplinario; decidía sobre la designación de candidatos, incluido su sucesor; influía en la dirección de la fracción parlamentaria de su partido; determinaba la movilidad de la burocracia estatal, y definía la implementación del programa de gobierno. Ahora bien, la transformación del partido atendió a un momento específico de la historia, en el que la política de masas servía al gobierno en turno. Por lo cual, con la corporativización del partido, los dirigentes de las organizaciones sectoriales remplazaron a los jefes revolucionarios (Gómez y Bailey, 1990: 64).

Así que, en marzo de 1938, durante la III Asamblea Nacional Ordinaria del PNR se optó por dar vida al PRM.⁴² El nuevo partido tuvo una estructura indirecta y una directa. La segunda fue más relevante. La indirecta se conformó por los sectores, así como los militantes que debían estar registrados en aquellos para formar parte de la organización. La directa se compuso del Consejo Nacional (antes Consejo Directivo Nacional) y el Comité Central Ejecutivo (CCE). El órgano ejecutivo se integró por seis miembros, cuyo mandato tenía una duración de tres años. Todos ellos fueron nombrados por el dirigente nacional, salvo los casos del secretario de Acción Femenil (nombrado por la Asamblea Nacional) y los secretarios de Acción Obrera, Agraria, Militar y Popular (nombrados por sus sectores) (Arriola, 2012; 67 y 68).

La primera prueba tuvo lugar en noviembre de 1939, durante la I Asamblea Nacional del PRM donde se llevó a cabo la selección del candidato presidencial mediante los sectores. El sucesor de Cárdenas fue electo por él mismo. Formalmente, en la asamblea Manuel Ávila Camacho obtuvo 1,217 votos de 1,478 posibles (82.34%) (Garrido, 1987: 64). En la decisión de Cárdenas pesó mucho su lectura del momento político, ya que apostó por conciliar el ambiente político y dejar de lado a Francisco Múgica, quien pudo continuar y profundizar las reformas cardenistas. Una vez que se decretó el triunfo de Ávila Camacho, asumió la dirigencia del PRM Antonio Villalobos (diciembre de 1940 a 1946). En suma, la vida del PRM, fue corta: de 1938 a 1946. Pese a ello, fue una etapa fundamental, ya que el partido se transformó en el brazo político del Presidente y su gobierno.

El PRI surgió en 1946, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. No obstante, desde 1944 se comenzó discutir sobre la transformación y adecuación del partido al momento de cambio y modernización, etapa permeada por la unidad nacional (Reyna, 2009: 43). El contexto había cambiado demasiado. La Segunda Guerra Mundial había concluido, al tiempo que comenzaba la Guerra Fría, por lo cual la táctica de frente único adoptada por Cárdenas perdió su razón de ser (Alcocer, 1993: 120). Atendiendo a los nuevos tiempos, se visualizó que el próximo presidente de la República debía ser un civil (Reyna, 2009: 10).

2.2 Articulación

El tránsito de PRM a PRI profundizó algunos aspectos. Por ejemplo, las corporaciones se consolidaron como base de la organización, la centralización de poder se reforzó y la subordinación del partido al Presidente se volvió la norma (Reveles, 2003a: 20 y 21). Es así, que se presentaron dos constantes en las reglas (informales) y en los procesos que mostraron la articulación lograda.

En primer lugar, la centralización del poder en manos del Presidente de la República. Gracias al tránsito PNR-PRM-PRI, el elemento carismático de la autoridad se transfirió del caudillo al puesto u oficina, esto es, a la Presidencia como institución impersonal (Pacheco, 1991: 77). Junto a ésta, emergió la autonomía sexenal, según la cual, al concluir su periodo, el expresidente renunciaba a cualquier posibilidad de permanecer como un actor político importante “para no rivalizar, ni siquiera interferir, con las decisiones del nuevo mandatario” (Medina, 1994: 83). Lo anterior se apreciaba en la capacidad del Presidente de designar a su sucesor, previa auscultación de diversos intereses, lo mismo la prerrogativa de seleccionar o remover a los dirigentes nacionales del PRI. No solo eso, también contó con el privilegio metaconstitucional de nombrar y remover a los gobernadores, a los integrantes del Congreso de la Unión y a presidentes de los municipios más importantes (Furtak, 1978: 153-156).⁴³

En segundo lugar, el cumplimiento de normas informales (dedazo, facultad de nombrar y remover dirigentes) que aseguraron el cumplimiento de dicha centralización. El claro ejemplo de la regla informal es la capacidad de designar a su sucesor, también llamado dedazo, el cual distó mucho de lo que marcaban las reglas formales del partido. Este entramado institucional informal se vio reforzado por la férrea disciplina que caracterizó al partido y a sus políticos, así como por la ausencia de un competidor real para el PRI dentro del sistema de partidos. Por ello, obtener una candidatura en el PRI aseguraba el triunfo; lo cual reforzó la disciplina hacia el Presidente como el principal repartidor de puestos y castigos (Mirón, 2011: 81).⁴⁴ Por ello, durante su primera Asamblea Nacional, el PRI se dotó de una serie de reglas formales con escasa influencia en su funcionamiento real, ya que en sentido estricto existió la concentración de poder en manos del Presidente.

Los primeros estatutos del PRI (1946) marcaron que la Asamblea Nacional era la encargada de elegir al candidato presidencial. Dicha asamblea se conformó por delegados electos en cada distrito electoral federal, “a razón de 10 delegados por distrito”. No obstante, como es sabido, en los hechos era el presidente de la República quien seleccionaba a su sucesor.

En cuanto a la selección de dirigente nacional, los estatutos plantearon que, cada tres años, la Asamblea Nacional sería encargada de dicha función (PRI, 1946: 2). No obstante, el Presidente era quien seleccionaba y sustituía al dirigente nacional. Respecto al control político, la primera Asamblea Nacional determinó que el CCE se encargaba de “vigilar que todos los órganos del partido se ajustaran estrictamente a los estatutos y cumplieran los programas de acción y de gobierno, así como sus reglamentos”, además de “dictar las sanciones que ameritaran los miembros y órganos del partido”. Por otro lado, el presidente del CEE podía ejercer, en caso de urgencia, las facultades del CEE (PRI, 1946: 3 y 4). Así, el control político se depositó en los órganos ejecutivos subordinados al Presidente. Por ende, de 1946 a la década de 1990, la tendencia organizacional se caracterizó por la concentración de poder en manos del Presidente.

2.2.1 Tendencia organizacional con líder dominante

Lo anterior dio lugar, como se ha expuesto, a una tendencia con líder dominante materializada en el Presidente en turno, de 1940 a 1990. La influencia del Presidente fue latente, vía reglas formales o en el mayor de los casos informales, al ser el fiel de la balanza a la hora de seleccionar dirigentes y candidatos, así como al momento de aplicar sanciones. Sin embargo, esta preeminencia redujo la competitividad y la participación, a la vez que incentivó la concentración del control político, todo ello en detrimento de la militancia.

2.2.2 Selección de dirigentes nacionales

Durante esta tendencia, una constante en la selección de dirigentes fue que en lo formal se trató de procesos inclusivos, que, sin embargo, fueron minimizados por la inexistente competitividad, derivada del enorme peso del Presidente.

Cuadro 1. Dirigentes nacionales del PRI (1946-1999)

Periodo	Nombre
1946	Dr. Rafael Pascasio Gamboa
1946-1952	Gral. Rodolfo Sánchez Taboada
1952-1956	Gral. Gabriel Leyva Velázquez
1956-1958	Gral. Agustín Olachea Avilés
1958-1964	Gral. Alfonso Corona del Rosal
1964-1965	Lic. Carlos Alberto Madrazo Becerra
1965-1968	Dr. Lauro Ortega Martínez
1968-1970	C. Alfonso Martínez Domínguez
1970-1972	Prof. Manuel Sánchez Vite
1972-1975	Lic. Jesús Reyes Heroles
1975-1976	Lic. Porfirio Muñoz Ledo
1976-1979	Lic. Carlos Sansores Pérez
1979-1981	Lic. Gustavo Carvajal Moreno
1981	C. Javier García Paniagua
1981-1982	Lic. Pedro Ojeda Paullada
1982-1986	Lic. Adolfo Lugo verduzco
1986-1988	Lic. Jorge de la Vega Domínguez
1988-1992	Lic. Luis Donaldo Colosio
1992	Rafael Rodríguez Barrera
1992-1993	Genaro Borrego Estrada
1993-1994	Fernando Ortiz Arana
1994	Ignacio Pichardo Pagaza
1994-1995	María de los Ángeles Moreno
1995-1996	Santiago Oñate Laborde
1996-1997	Humberto Roque Villanueva
1997-1999	Mariano Palacios Alcocer
1999-2002	Dulce María Sauri

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003),

Garrido (1987), González y Lomelí (2000).

Como se aprecia en el Cuadro 1, del periodo de 1946 a 1999, el PRI tuvo un total de 27 dirigentes nacionales, lo cual implica que no todos ellos cumplieron su mandato de tres años. Aunado a ello, la inclusividad materializada en sus estatutos fue opacada por el peso del Presidente en la decisión final, como se expone a continuación.

Desde su génesis, la Asamblea Nacional, como un órgano medianamente inclusivo, ha sido la encargada de elegir dirigentes nacionales. Solo en caso de “falta absoluta del presidente o del secretario general” (PRI, 1960: 21), el Consejo Nacional, órgano ejecutivo y menos inclusivo que la Asamblea, será el ente encargado de elegirlos, por su carácter extraordinario. En 1972, durante la VII Asamblea Nacional, se modificaron los estatutos y se incluyeron dos posibilidades de elegir a la dirigencia: elección por Asamblea Nacional o por Consejo Nacional, sin necesidad de que esta última fuera un caso extraordinario. Las reformas de 1978 y 1984 aumentaron el número de integrantes de la Asamblea Nacional. La de 1987 agregó un apartado específico a la elección de dirigentes y candidatos. En dicha reforma se adicionó que para ser dirigente se requerían cinco años de militancia, y se apelara a la unidad partidista (PRI, 1987: 264).

En adición, si bien formalmente el proceso de selección de dirigentes era inclusivo, en los hechos la decisión fue tomada en función de los intereses del titular de la Presidencia. En ese orden de ideas, los dirigentes del PRI han sido electos de forma autocrática, “de acuerdo a sus intereses particulares o a las circunstancias políticas del momento” (Corona, 2003: 164). Por ende, ha prevalecido la coyuntura como generador del nombramiento, de ahí el elevado número de dirigentes, aunado a que solo algunos se mantuvieron en su cargo durante el tiempo estipulado en los estatutos.

Así, Lázaro Cárdenas, Gustavo Díaz y Luis Echeverría tuvieron tres dirigentes en su sexenio; mientras que Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y López Portillo contaron con cuatro durante su sexenio; en tanto que Salinas de Gortari coincidió con cinco, y Zedillo con siete dirigentes nacionales (Corona, 2003: 166-168, 183). En casi todos los casos prevaleció el interés del Presidente sobre cualquier otra consideración, mientras que la decisión sobre quién sería el dirigente, ya fuera a través de asambleas o consejos nacionales, era respaldada por unanimidad, borrando cualquier rasgo de competitividad.

En algunos casos se trató de nombramientos con el objetivo de conducir la organización durante la elección presidencial. Por citar algunos ejemplos, Alfonso Martínez durante la campaña de Luis Echeverría o Porfirio Muñoz Ledo en la de José López Portillo. En otros casos, el dirigente era seleccionado para conducir al partido durante todo o alguna parte del mandato presidencial. Tal fue el caso de Rodolfo Sánchez Taboada, de 1946 a 1950; Alfonso Corona del Rosal, de 1958 a 1964; Jesús Reyes Heroles, de 1972 a 1975; Adolfo Lugo, de 1982 a 1986 o Luis Donaldo Colosio, de 1988 a 1992; entre otros.

Esta lógica, permeada por el poder presidencial, no disminuyó siquiera en la era de Ernesto Zedillo y la “sana distancia”. De hecho, las designaciones fueron excesivas, lo cual “sometería al tricolor a un manejo esquizofrénico en el que éste, formalmente libre de la tutela presidencial, sufriría su constante intromisión” (Mirón, 2011: 23).

2.2.3 Del dedazo y los candidatos presidenciales

En cuanto a la selección de candidatos presidenciales, nuevamente el aspecto formal, vía los estatutos, dio cuenta de inclusividad. No obstante, lo anterior fue minimizado por la escasa competitividad, pues nuevamente el Presidente influyó de forma importante en tal decisión.

Cuadro 2. Selección de candidatos presidenciales del PRI (1946-1994)

Año	Candidato	Competencia	Resultado
1946	Miguel Alemán	Candidato único	99.99%
1951	Adolfo Ruiz Cortines	Candidato único	Unanimidad
1957	Adolfo López Mateos	Candidato único	Unanimidad
1963	Gustavo Díaz Ordaz	Candidato único	Unanimidad
1969	Luis Echeverría	Candidato único	Unanimidad
1975	José López Portillo	Candidato único	Unanimidad
1981	Miguel de la Madrid	Candidato único	Unanimidad
1988	Carlos Salinas	Candidato único	Unanimidad
1994	Luis Donaldo Colosio	Candidato único	Unanimidad

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003),

Garrido (1987), González y Lomelí (2000).

Como se aprecia en el Cuadro 2, el PRI seleccionó un total de nueve candidatos presidenciales en este periodo. Los resultados son similares a lo acontecido en la selección de dirigentes nacionales, ya que, si bien los estatutos marcaban procesos de selección medianamente inclusivos, esto fue eclipsado por la ausencia de competitividad, derivada de la práctica informal conocida como el dedazo.

Desde su origen, en los diversos estatutos que ha tenido el PRI, la selección del candidato presidencial ha recaído en “un órgano representativo […] la Asamblea Nacional en el periodo 1938-1952, y de nuevo la Convención Nacional desde 1953” (Garrido, 1987: 59). Aunque, en los hechos, dichas instancias medianamente inclusivas se convirtieron en espacios de legitimación de decisiones que, de manera previa, fueron tomadas por el Presidente en turno.

Miguel Alemán Valdés fue el primer candidato presidencial del PRI (1946), quien, de hecho, fue electo en la misma Asamblea Nacional en la cual surgió la organización partidista. En ese mismo cónclave, se aprobó que la selección de candidatos fuera, no a través de los sectores, sino mediante votación individual. Empero, dicha disposición fue derogada en la asamblea de febrero de 1950, por lo cual, de ahí en adelante, las asambleas se integraron sectorialmente, de acuerdo con la convocatoria emitida por la dirigencia (Reveles, 2003b: 44). En la convocatoria de 1952 se determinó que solo se tomarían en cuenta las precandidaturas de quienes fueran apoyados por un mínimo de cien delegados dentro de la Asamblea Nacional (Garrido, 1987: 66). En la Asamblea Nacional de 1953 se denominó Convención Nacional al elector del candidato presidencial, aunque lo demás siguió intacto. Para 1960 se agregó que la convocatoria emitida por la dirigencia debía ser previamente acordada por el Consejo Nacional, aunado a la integración de la asamblea por los tres sectores y los delegados de las asambleas estatales, al tiempo que se solicitó el requisito de comprobar un año como militante para ser nominado como candidato (PRI, 1960: 82-83 y 92). En 1971, se determinó que, para emitir su voto, los delegados estatales debían agruparse en torno a alguno de los tres sectores (PRI, 1971: 60). Además, aumentó a tres años la militancia requerida para aspirar a ser candidato (Reveles, 2003b: 44). Para 1972, el sistema de convenciones se mantuvo con tres posibilidades: 1) integrada por los tres sectores, 2) conformada por dos sectores, 3) o por un sector. Solo en el primer caso se estipuló la votación individual (PRI, 1972: 120). Además, se agregó al CEN la atribución de determinar la validez de los acuerdos de las convenciones (Garrido, 1987: 69). En 1978, se determinó que las convenciones podían optar por la votación personal, directa y secreta con escrutinio público y abierto sobre planillas, fórmulas o precandidaturas; aunque dichas convenciones se siguieron integrando con delegados de los sectores (PRI, 1978: 201). Además, se le proporcionó al CEN la facultad de poder designar a nuevos candidatos (incluyendo al presidencial), así como la posibilidad de anular los acuerdos tomados por las convenciones. En 1984 y 1987 lo anterior se mantuvo intacto.

En adición, si bien formalmente el proceso de selección de dirigentes era inclusivo, en realidad la decisión se tomaba previo a los cónclaves. En ese orden de ideas, el PRI fue ejemplo de un partido que se ajustó a aspectos informales, más que a seguir los lineamientos establecidos en los estatutos. El Presidente era el gran elector, por ello la competitividad, entendida como procesos con incertidumbre en el resultado, no aconteció.

Vale la pena recalcar que la selección de candidato presidencial fue un momento peligroso para el régimen. En primer lugar, porque el perdedor de la nominación podía separarse del partido y postularse por otro (1940, 1952 y 1988). En segundo lugar, porque la oposición podría obtener un buen resultado, fruto de una división en la élite. Por ende, al realizar su elección, el Presidente elegía al candidato que causara “el menor número de divisiones en la coalición y que tendría la aceptación en los votantes” (Langston, 2001: 3). Así, “el Presidente recogía opiniones y hacía consultas; era él quien seleccionaba, de un número determinado de candidatos, al sucesor”, considerando “intereses políticos internos, equilibrios nacionales, intereses económicos, habilidades y experiencia, pero predominaban los proyectos de largo plazo y los compromisos contraídos” durante su gestión (Hernández, 2009: 18). Entre 1946 y 1986, nadie desafió abiertamente la prerrogativa del Presidente para elegir sucesor (Langston, 2001: 5). Dicha decisión incluyó una serie de reglas informales que aseguraron su cumplimiento. La primera regla era la capacidad del Presidente para seleccionar a su sucesor, así como la ausencia de críticas ante esta decisión. La segunda referida con la prohibición hacia los precandidatos para realizar campañas públicas. La tercera se relacionaba con el hecho de que el Presidente permitía maniobras políticas entre los precandidatos, siempre y cuando no pusieran en riesgo su capacidad para controlarlos. La cuarta estipulaba que el titular del poder ejecutivo dejaba que los propios competidores se descartaran de la carrera presidencial con sus errores. La quinta asociada con el hecho de que, una vez conocido el candidato oficial, todos los miembros de la clase política, incluidos los derrotados, debían mostrarle su apoyo. La última regla era que los perdedores podían asegurarse posiciones futuras si aceptaban el resultado (Langston, 2001: 4-9).

Puede entenderse por qué ninguno de los nueve candidatos presidenciales de este periodo fue electo en un proceso competido. Así, los procesos no sufrieron de incertidumbre gracias a la ausencia de contendientes. Ahora bien, la elección de Carlos Salinas de Gortari tuvo una gran diferencia respecto a sucesiones previas, ya que públicamente se destapó a varios precandidatos que presentaron su proyecto de plataforma de gobierno ante instancias del partido, aunque en los hechos “el control no dejó de tenerlo el propio Presidente” (Reyna, 2009: 75). Empero, pese a esa contienda ficticia, como veremos en el apartado del PRD, el proceso generó la escisión más importante del partido.