Kitabı oku: «Gobernanza rural en México», sayfa 3

Por lo que se refiere al segundo tipo de causas (crisis democrática), nacen de la mano de las anteriores, si bien la democracia logra consolidarse como sistema de gobierno hegemónico, la compatibilidad de ésta con el capitalismo no es del todo clara, ya que, por una parte, la democracia hace referencia a la apertura de las libertades del individuo, éstas se limitan al ejercicio y búsqueda del bien común, esto es, el sacrificio de valores individuales por espacios de valoración colectiva (valor social), lo que no es acorde con las libertades entendidas en el mercado dentro de los sistemas económicos y financieros, mismos que dentro del sistema-mundo no se han democratizado, por el contrario, se exaltan las libertades bajo la ahora falsa creencia en la existencia de una mano invisible que equilibraría los mercados evitando la concentración de capitales; sumado a ello, la parte de timonear la economía pasa por crear condiciones óptimas para el desarrollo de las economías y mecanismos para una repartición de la riqueza más justa. Esto genera tensiones entre la democracia y el capitalismo, las tendencias se inclinan hacia el desarrollo de la democracia poniendo límites a la propiedad y logrando avances dentro de los sistemas redistributivos en los sectores menos favorecidos (Santos, 2005).

La búsqueda de modelos alternativos al modelo de democracia liberal, han llevado al entonces modelo de democracia participativa hacia la democracia popular en países de Europa oriental, así como otras formas democráticas en países con peculiaridades y procesos sociohistóricos diferentes y diversos (Santos, 2005; Valencia, 2020). Dentro de las particularidades que incrementan la sensación de crisis se encuentran: la globalización de mercados y los sistemas culturales, pérdida de límites entre las naciones, agotamiento de los modelos de representación política, así como las resistencias glocales:¹ además las causas de tipo gerencial traen como consecuencia la demanda de espacios de apertura del espectro público, con mayores capacidades de incidencia y control por parte de sectores sociales sobre la acción pública (Santos, 2005; Valencia, 2020).

En general, la crisis de legitimidad, eficacia y eficiencia desencadenan demandas sociales que crean presiones internas desde abajo, así como presiones de parte del sistema económico y la búsqueda de parte de las potencias por incidir en los rumbos del sistema-mundo, creando presiones externas y desde arriba.

Como resumen y respuesta a la fata de credibilidad en el gobierno y la inestabilidad de los sistemas económicos, Aguilar (2010b) propone dos líneas o cursos de acción generales: el primero, la gobernabilidad, vista como estrictamente gubernamental, como mecanismo para enfrentar la crisis al interior del gobierno; la segunda, la gobernanza, que a diferencia de la gobernabilidad, ésta es vista con un enfoque gubernamental y, a la vez, político y social, lo que reúne a la acción de gobierno, pero no reducida sólo a ello, ya que además, incluye a sectores sociales y económicos. Esto implica cambios en la institucionalidad estatal, de tal forma que éstos puedan responder a las demandas sociales y económicas a través de mecanismos vinculantes entre los diversos sectores.

Entonces, la búsqueda de legitimidad y eficacia en la acción pública es parteaguas para la aparición de la gobernanza como una continuidad de los movimientos democratizadores, esto lleva al debate de la democracia hacia conceptos alrededor de la democracia participativa y la democracia deliberativa,² que son mecanismos de apertura para el involucramiento ciudadano en el quehacer público (Valencia, 2020).

Además de los orígenes mencionados hasta ahora sobre gobernanza para dar cuenta del fenómeno en Occidente, el estudio presentado por Zurbriggen (2011) permite observar la evolución de los estudios de la gobernanza partiendo del debate europeo de finales de las décadas de 1980 y 1990, que pone a la gobernanza como un nuevo paradigma para dar cuenta de las transformaciones del Estado en las últimas décadas (finales de los años sesenta). En este estudio se puede encontrar un conjunto de conceptos más o menos generales, que engloban las formas en que el concepto ha sido tratado con anterioridad, obedeciendo también, a la etapa histórica en que se desarrolla, el modelo económico predominante y la ideología y comportamiento del Estado.

Así, Zurbriggen (2011) analiza el origen teórico considerando a dos escuelas: la escuela de las redes de política pública y la escuela de gobernanza. El primero (redes), hace el intento de mostrar la diversidad de modalidades de intermediación de intereses entre actores públicos y privados en el proceso de elaboración de políticas públicas, dejando atrás los modelos corporativistas creados en los gobiernos bajo el modelo económico del Estado de bienestar (que coincide en parte con el planteamiento de Davies [2011]). El segundo (gobernanza), se soporta en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado, este modelo se caracteriza por ser un modo nuevo de gestión, opuesto al modelo jerárquico y de mercado (Zurbriggen, 2011). Ambas líneas no son del todo claras, en ocasiones suelen traslaparse.

Como se ha mencionado anteriormente, los modelos y conceptos sobre gobernanza son diversos; históricamente, en Europa se han desarrollado desde la década de 1950 hasta la de 1970, donde prevalece un modo jerárquico, entendido como un modelo de gobierno soportado en la autoridad estatal; en los años ochenta se plantea el modelo denominado de mercado, éste se centra en el precio, la eficiencia, la eficacia y la descentralización, el cual está ligado a los principios de la nueva gerencia pública. Ya en la década de 1990 emergen los modelos de red de gobernanza, las redes suponen lazos de interdependencia, la confianza y la empatía. Este modelo (redes) se considera como una forma híbrida entre los dos anteriores, el jerárquico y el de mercado, dando lugar al surgimiento de una nueva tecnología de gobierno o forma de gobernar (Zurbriggen, 2011; Thompson et al., 1990; Peters, 1998).

Por lo tanto, se pueden identificar cuatro conceptos dominantes en este periodo en Europa:

El primero (Zurbriggen, 2011; Jessop, 1998) define a la gobernanza como heterarquía, entendiendo por ésta la existencia de interdependencia y coordinación negociada entre sistemas y organizaciones. Estos autores mencionan que existen tres modelos de regulación dentro de las sociedades: la primera, jerárquica (autoridad); la segunda, económica (definida por las reglas del mercado), y la última, heterárquica (por redes autoorganizadas y asociaciones). Los tres modelos coexisten en configuraciones variadas; para los autores, la configuración que predomina en la actualidad es una extensión de mecanismos heterárquicos, en detrimento de los otros dos. Visto desde esta perspectiva, se asocia la gobernanza con la sociedad civil, de aquí el nexo con la carga normativa injustificada, ya que desde esta perspectiva se ha asociado a la gobernanza con procesos consensuales, equitativos e igualitarios, cimentados en fuertes lazos de confianza y deliberaciones lógicas coherentes, como una extensión o reproducción de los valores que enarbola la sociedad civil (Zurbriggen, 2011; Sǿrensen y Torfing, 2009).

El segundo es un concepto más acotado que excluye toda forma de interacción política que no esté organizada en términos de una red horizontal. Esto supone el empoderamiento de organizaciones del sector privado y la sociedad civil, de la misma forma que supone un declive de las potestades estatales; así, se presume que las políticas no necesariamente emanan de la autoridad estatal o del sector público, sino que es un proceso que involucra a una pluralidad de organizaciones públicas y privadas. Con ello, el enfoque de redes de política pública es una forma emergente de gobernanza, ya que se profesa una creciente interdependencia entre el Estado y actores no estatales (Mayntz, 1994; Zurbriggen, 2011).

El tercero se basa en una concepción más amplia de la gobernanza (Rhodes, 2007), ya que contempla la diversidad de niveles de gobierno en lo regional, nacional, supranacional y local, y una amplia demanda de participación de sectores voluntarios y privados para la prestación de servicios y la toma de decisiones públicas. Se supone la pérdida de hegemonía estatal, dependiendo ahora de mecanismos de dirección, negociación, coordinación y diplomacia por parte del Estado hacia los sectores emergentes.

Por lo tanto, la gobernanza se caracteriza por redes de organizaciones e individuos que colaboran en redes semiautónomas y en ocasiones autogobernadas, basadas en objetivos comunes que suponen lazos de confianza (Zurbriggen, 2011). Así, retomado la postura de Rhodes (2007), gobernar sin gobierno resume esta forma de gobernanza; ya que gobernar desde esta perspectiva implica un proceso interactivo, ya que ningún agente, sea cual sea su naturaleza (pública, privada y/o social) tiene el monopolio del conocimiento, ni capacidades de emplear los recursos, de tal forma que permita la resolución de problemas públicos de forma unilateral (Zurbriggen, 2011).

Finalmente, el cuarto concepto define a la gobernanza como el conjunto total de interacciones entre organismos públicos, sector privado y sociedad civil, orientadas a la resolución de problemas públicos; con ello, el concepto final de gobernanza es un concepto general que contiene a todas las formas de gobernanza antes descritas (Zurbriggen, 2011; Pierre y Peters, 2000).

Así, podemos encontrar dos grandes grupos de gobernanza, los ligados al primer concepto, esto es, con contenidos normativos positivos al concepto y ejercicio de políticas, el segundo y tercer tipos, se pueden considerar dentro del primero al hacer referencia a las redes como principal mecanismo de operación en los asuntos comunes, por lo tanto, públicos; por otra parte, los ligados al cuarto concepto, que da cuenta de un concepto general, de alguna forma holístico, que permite dar cuenta de las relaciones de poder a través de redes, pero no como un elemento normativo y específico, permanente y planificado, sino que también permite interpretaciones de las relaciones de poder en la determinación de problemas comunes, que no responden forzosamente a procesos planificados y acotados, por el contrario, como procesos intempestivos, más o menos organizados y permanentes que encuentran sentido derivado de problemas específicos que incentivan la participación de diversos sectores sociales y privados, dependiendo de la naturaleza a la que atiende un problema público.

Podemos observar, de forma más o menos general, cómo se ha desarrollado el concepto, respondiendo de diferente manera ante los cambios sociales, económicos y políticos; por lo tanto, se pasa de diversas formas de gobernanza en términos del diseño de Estado y el comportamiento del mercado, sin dejar de lado las presiones sociales.

Con ello se hace notar que estas formas de comprender a la gobernanza no son iguales para todos los Estados, en tiempos iguales o, siquiera similares, la evolución de la sociedad y el comportamiento de los Estados ante las presiones del sector privado y social son vastas y diversas; por ello se debe tener en cuenta, para el estudio de la gobernanza, el devenir histórico del espacio social y geográfico que se analiza, considerando los niveles de gobierno al que pertenece, así como a las tradiciones culturales del propio espacio.

Además, la noción de gobernanza dota de nuevas perspectivas para el análisis de la complejidad de los procesos en la toma de decisiones de interés público, en la que intervienen una pluralidad de actores que interactúan para promover, formular, crear y negociar intereses que puedan ser considerados como soluciones a problemas y necesidades públicas, poniendo en juego sus conocimientos y recursos, costumbres, ideas y normas, independientemente de la corriente teórica a la que se haga referencia.

En este sentido, las narrativas sociohistóricas sobre el origen de la gobernanza pueden variar dependiendo de la visión y el perfil de quién da cuenta de ello; sin embargo, se puede observar qué fenómenos históricos están inmersos dentro del proceso, partiendo de la crisis del Estado benefactor hasta la crisis de los modelos de gobierno autoritarios (dictaduras en América Latina), y la generalizada crisis de legitimidad, eficiencia y eficacia de los gobiernos neoliberales (ésta se exacerba en diferentes tiempos, dependiendo de la ubicación territorial de las naciones, así como el desarrollo sociohistórico local) y sus periferias, que en mayor o menor medida concentran el sentimiento de enfado social. En general, el agotamiento de los modelos políticos y económicos nacidos de los principios de las políticas neoliberales, que con el tiempo se han visto rebasados dada las dinámicas sociales, dan como respuesta una variedad de virajes tan diversos como las sociedades mismas, así como las formas de interpretación y reinterpretación que plantean los nuevos postulados que orienten y dirijan el desarrollo social.

La gobernanza como fenómeno, pero aún más, como elemento normativo del accionar social y gubernamental, tendrá una serie de interpretaciones y reinterpretaciones (como las que se han marcado en este texto) tan amplia como los espacios de construcción social lo demanden, o sea, no todo proceso de gobernanza es igual (entendiendo por ésta la fragmentación del uso de poder en espacios de interacción social), ya que se verá afectado por el devenir sociohistórico de cada espacio, pero de igual forma, las necesidades y demandas por crear espacios de interacción normados por el concepto de gobernanza, que dan como resultado una diversidad de conceptos que atienden a una vasta variedad de problemas sociales. Entonces, se puede establecer que este concepto puede tener distintas acepciones y usos.

GOBERNANZA, USOS Y CRÍTICAS

Mario Bassols (2011) concibe a la gobernanza como un procedimiento moderno dentro de la tarea de gobernar, que se realiza a través del diálogo, la negociación y el esclarecimiento de metas, con la particularidad de ser fortalecido por procesos de comunicación política eficaz y el objetivo de lograr la integración social, precisando que esta integración no tendrá que ser idéntica en tiempo ni en espacio, ya que esto evita el ejercicio de parcialidades, permitiendo observar las realidades distintas.

Dentro de las críticas, podemos encontrar la aplicación normativa del concepto como positivo, bueno y deseable per se, esto explica en alguna manera porque el uso amplio del concepto relacionado con la actividad social en diversas áreas de conocimiento, pero también, del espectro político como elemento discursivo y como acción política. En palabras de Mark Bevir (2013), el uso de gobernanza como nueva política, si bien contiene elementos que permiten presuponer que las acciones que derivan de ello son democráticas, lo que sucede después no forzosamente es el cumplimiento de la letra del supuesto normativo; esto permitiría ver el concepto como organización social; en ambos casos, la gobernanza es una serie de prácticas sociales dispares que se crean y recrean en un continuo, materializadas por la actividad humana quien les dota de significancia.

Considerar el concepto de gobernanza como positivo presupone la existencia de consensos, dejando de lado los procesos de negociación, creación y reacción, que pueden ser vistos como estrictamente necesarios dentro de la gobernanza, dicha limitante se retoma dentro del concepto de acción pública, que permite observar las resistencias, las negociaciones, las exclusiones y los mecanismos de control, los pesos y contrapesos y, en general, todo el proceso sociopolítico; de ser así, esto permitiría que el análisis partiendo de la teoría de la gobernanza muestren lo que Bassols llama “microfísica del poder” (Bassols, 2011).

Como ejemplo, Bevir (2013) menciona que al realizar la crítica a la visión sajona de la gobernanza vista a través del análisis de redes, entre otras cosas plantea que se llega a la reducción de la idea de nación basada en redes de pueblos, sin que éstas se encuentren estrechamente delimitadas o definidas por algo como un número o la cercanía de sus integrantes; por el contrario, son productos de fluidas acciones contingentes y conflictivas de personas, por lo tanto, las apelaciones a las redes de política resultan en simplificaciones que domestican a un mundo caótico compuesto por una multiplicidad de actores que crean y hacen políticas a través de razonamientos, opciones y actividades variadas y complejas.

Para ello, el autor propone, sin dejar de lado todo tipo de metodología que se pudiera haber aplicado al análisis de la gobernanza, la narrativa. Ésta, la narrativa, entendida con un doble papel, primero, se refiere a las historias por las cuales las personas que son observadas por los científicos sociales tienen y encuentran sentidos en sus mundos; y segundo, se refiere a las historias por las cuales los científicos sociales dan sentido a las narrativas y las acciones que estudian (Bevir, 2013).

Así, si se parte de la idea de que la gobernanza también puede ser un marco analítico para observar las resistencias en la microfísica del poder, constituyendo al ciudadano no sólo como objeto sino también como sujeto dentro de los procesos políticos, sin que en esto, necesariamente, se entienda al ciudadano como empoderado, más bien como sujeto activo, como ciudadano consciente e informado, de forma tal, que se podría decir que la gobernanza analiza el comportamiento del poder y sus relaciones con la acción pública con toda su diversidad de actores (Bassols, 2011; Valencia, 2017).

Como ya se mencionó, la visión positiva de la gobernanza, línea muy marcada en los estudios de Aguilar (2006, 2010b, 2013), menciona que a partir de las crisis de gobierno que se han mencionado con anterioridad, la pérdida de legitimidad, eficiencia y eficacia, también llevan a una pérdida de capacidad directiva del gobierno, es decir, no toda acción del gobierno puede ser vista y acatada como tal; así, el gobierno y la sociedad crean formas asociativas que dotan al proceso de toma de decisiones públicas de la legitimidad y, por lo tanto, de la capacidad directiva que el Estado ha perdido, pero en este sentido, dicha capacidad es compartida con la sociedad.

Cabe mencionar que, si se pierde la capacidad directiva por parte del Estado, ésta puede ir acompañada de la pérdida de gobernabilidad; entonces, la gobernanza puede ser un instrumento que dote de capacidades al gobierno de las cuales carece; esto, además, no sólo es entendido como una acción de gobierno, también es una acción política y social; esto es, de alguna manera plantea una nueva forma de gobernar. Así, la gobernanza también se muestra como el rediseño de procesos directivos, y no sólo como un mecanismo que dota de capacidades, lo que podría resultar limitado al momento de enfrentar la conflictividad social; por lo tanto, muestra dos procesos, uno técnico y otro político, esto transforma la intencionalidad social en acción pública (Aguilar, 2006, 2012; Bobadilla, et al., 2013; Valencia, 2020).

En este sentido, Bobadilla et al. (2013) mencionan que la gobernanza permite el estudio de la formulación de políticas públicas partiendo del rompimiento del modelo tradicional, sustentando en el monopolio estatal sobre el diseño y toma de decisiones, proceso que dada la falta de eficacia y eficiencia erosionó la gobernabilidad y legitimidad del gobierno.

Considerando lo anterior, los procesos participativos y la inserción del ciudadano en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, puede permitir la fragmentación del ejercicio de poder, dando como resultado procesos menos verticales y más horizontales, descentralizando la toma de decisiones; así, la gobernanza permite analizar la transformación de las estructuras de gobierno tanto en lo netamente administrativo (técnico), como en lo político, principalmente en los procesos de toma de decisiones, que de ser cumplidos los principios normativos de la gobernanza tenderán a ser cada vez más horizontales (Valencia, 2020).

Incluso con lo anterior, los principios normativos de la gobernanza, si bien son deseables, difícilmente pueden generar estructuras en el ejercicio del poder perfectamente verticales; de alguna forma se podrán crear sesgos y asimetrías propias de las estructuras sociales, ya que los intereses comunes no son tan comunes, es decir, no todos comparten las mismas necesidades y prioridades, esto, en más de una forma, tenderá a crear desigualdades, mismas que se esperan sean menos graves que las surgidas sin la intervención social, o dicho de otra forma, como lo mencionan Bobadilla et al. (2013), bajo el modelo tradicional vertical.

Sobre esto también nos advierte Bevir (2013), que el uso de innovaciones participativas, y cualquier intento de soportar la deliberación en la autogobernanza y otras formas de innovación democráticas soportadas en la experiencia modernista, están más o menos condenadas al fracaso, ya que al suponer lo anterior se estará reforzando la creencia en la experiencia formal a expensas de una ética dialógica y democrática. Dicho de otra manera, la tropicalización de políticas, sin considerar las particularidades de espacios socioespaciales y sus sociedades, así como sus necesidades, creencias y deseos, estará más o menos condenada al fracaso, toda vez que el replicar acciones que en un lugar X ofrecieron un resultado Y, no forzosamente mostraran el mismo resultado si se aplica en el lugar Z.

Esto abre la puerta para lo que diversos autores han denominado como espacios de cooptación y simulación de los procesos de participación (Hevia e Isunza, 2010; Font et al., 2010); es decir, si la gobernanza es entendida como igual a positivo y ésta tiene un componente alto de participación ciudadana, no toda participación ciudadana produce gobernanza; si se observa como fenómeno, entonces se puede decir que un proceso participativo X produce un resultado Y de gobernanza, bajo el espacio y tiempo determinado y, todo resultado será distinto, al moverse en el espacio tiempo, independientemente si éste es positivo o negativo.

O, dicho de otra manera: a + b = c, donde el resultado siempre es c, pero c nunca es la misma c, por lo tanto, tampoco a y b son las mismas, ni siquiera en el mismo lugar, en tiempos diferentes. Así, las variables a y b, en lo rural se tornan ampliamente diferentes a las variables a y b en zonas urbanas o semiurbanas, los significados simbólicos de los valores sociales tienden a ser elementos diferenciadores de este tipo de relaciones sociales.

Las preferencias, necesidades, valores y costumbres moldean y construyen las relaciones e interacciones en espacios sociales diferenciados, mientras en lo urbano las necesidades y problemas públicos generalmente giran en torno a infraestructura urbana, en lo rural esto se carga a lo simbólico, a los elementos identitarios y las costumbres; es decir, hacia la generación de infraestructura ligada a las necesidades que representan elementos de comunión, como lo son los elementos religiosos, culturales e históricos, elementos de representación y estructuración comunitaria.

Con ello, la réplica exacta de una política o programa público dará resultados diferenciados, aun en espacios y contextos similares. Por ejemplo, el presupuesto participativo, con diseño idéntico, aplicado en lugares diferentes o aun en el mismo lugar, pero en tiempo diferente, tenderá a mostrar resultados diferenciados.

El proceso de la gobernanza, entonces, se entiende como constante e inacabado, las relaciones entre actores públicos, sociales y privados siempre darán como resultado procesos de gobernanza; sin embargo, estos procesos de gobernanza no siempre serán los mismos, aunque siempre hablen de lo mismo, la gobernanza (relaciones de poder), es decir, de la estructuración de fuerzas en los juegos de toma de decisiones, de las formas en que se estructura y ejerce el poder.

Por lo tanto, a + b siempre será c, pero ni a, ni b, ni c serán perfectamente iguales en otro momento. Con esto, la gobernanza seguirá siendo gobernanza, pero no exactamente el mismo proceso de gobernanza, los actores sociales serán actores sociales, pero éstos no serán los mismos al analizar casos semejantes y, probablemente, las preferencias de ciertos actores no permanecerán intactas en el tiempo; por esta razón, en la arena pública y procesos de gobernanza siempre habrá actores públicos y privados (entre estos últimos, sociales y económicos), pero no serán siempre los mismos o con idénticas preferencias intactas en el espacio-tiempo.

GOBERNANZA Y SUS CONCEPCIONES

Como se ha mencionado con anterioridad, la gobernanza es un término polisémico, algunos autores la denominan concepto “paraguas” (Porras, 2007, 2011, 2012; Méndez, 2012), dada la gran diversidad y amplitud del concepto. A lo largo de este texto se han visto algunas definiciones que se han dado al mismo; ahora, este ejercicio se hará un tanto más amplio, aunque la intención de este apartado es lograr conjugar un concepto más acotado.

A principios de la década de 1990, Kooiman (1993) la definía como un nuevo orden sociopolítico que se crea a través de una creciente interdependencia entre actores sociales y gubernamentales. Lo que muestra aquí, como se mencionó en el apartado anterior, la necesidad de herramientas que permitan salir de las crisis a las cuales ya se hizo mención, por ello, se hace referencia a la creación de un nuevo orden sociopolítico, soportado en la interdependencia de los actores.

Otras formas de concebirla, sin estar alejadas de la anterior, son los estudios que hacen referencia a entender la gobernanza como una nueva forma de democracia: gobernanza democrática (Bardhan, 2005; Peters, 2005; Colomer y Negretto, 2002). Bardhan (2005) la presenta como una forma de descentralización del poder, concebido éste como un movimiento mundial, principalmente centrado en países en desarrollo; este autor menciona que la descentralización se lleva a cabo del gobierno central hacia los gobiernos locales, con el fin de que estos últimos sean más fuertes y eficientes; además de ser un nuevo mecanismo para la recolección de información y preferencias en el nivel local y facilitar el monitoreo público del ejercicio público en el ámbito local. La descentralización en este caso es vista como una herramienta que dota de mayor autonomía política, económica y social a los gobiernos locales, lo que deberá facilitar la rendición de cuentas dada la naturaleza y características de este nivel de gobierno, por lo tanto, eso es entendido como nuevos procesos democráticos o de gobernanza (Bardhan, 2005, Valencia, 2020).

En ese sentido, Peters (2005) considera a la gobernanza como participativa además de que ésta puede ser entendida como sinónimo de empoderamiento o gobierno participativo. El común denominador de estos términos es una mayor apertura del espectro público, sobre todo en los espacios de toma de decisiones, la participación que se da no sólo es consultiva, sino deliberativa, lo que lleva los espacios de la democratización más allá de la democracia representativa o electoral.

La gobernanza también puede ser vista desde el nivel de gobierno que ejerce la política o programa público, o la intervención de varios de éstos con la sociedad. Las principales diferencias se han dado entre la escuela sajona y la angloamericana ya que se observan las concepciones de Rhodes (1997) y Stoker (1998), ambos autores tienen en común la visión de la gobernanza como fenómeno político donde su característica central es la fragmentación del poder dentro de las organizaciones que lo ejercen, acompañado de amplia participación social en la toma de decisiones públicas, con formas de interorganización y donde el gobierno no tiene el control completo en la dirección y toma de decisiones (Guarneros, 2011; Valencia, 2020).

Sin embargo, la escuela americana representada por Peters y Marinetto, entre otros, hacen la crítica a esta forma de concebir a la gobernanza y mencionan que existen diferencias entre los niveles de gobierno que aplican o ejecutan el poder, ya que sus funciones también son diferenciadas; por lo tanto, existirán diferencias marcadas entre los niveles de gobierno que ejecuta y busca generar equilibrios, lo que da paso a lo que denominan gobernanza local, su principal característica es la disminución de la centralidad e injerencia del gobierno en lo público y esta parte que no ejerce el gobierno es retomada por los sectores sociales y económicos, acompañada por nuevos modelos en la prestación de servicios y estructuras administrativas (Guarneros, 2011).

En general, existen muchas formas más de observar a la gobernanza, entre ellas, encontramos a la gobernanza transfronteriza, la gobernanza global, la gobernanza ambiental, la gobernanza del agua, la gobernanza migratoria y, así, una larga lista que hace referencia a fenómenos sociales tan diversos como la actividad antropogénica puede generar; por ello, la tendencia a denominarle “paraguas”, ya que es a través de los postulados y su contenido normativo cargado de supuestos positivos en su accionar que llevan a crear espacios de interacción (todos diversos) pero que son denominados como gobernanza X, Y, y un largo etcétera, proporcionando un amplio campo de términos que denotan las formas que los procesos de interacción entre actores gubernamentales, sociales y económicos, generan para la definición de metas y objetivos comunes, todas con la intención de crear valor social.

Por otra parte, también se pueden observar los procesos tratando de no generar prejuicios sobre la forma en que éstos tendrían que dar resultados; por el contrario, se trata de observar como son los intercambios en la definición de metas y objetivos, los procesos de toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de acciones, el resultado que de esto se obtiene, también nos puede decir que tipo de gobernanza se genera, pero esta vez, sin la carga normativa. De estos ejercicios de investigación es que nacen procesos que se pueden denominar gobernanza autoritaria o vertical, o democrática, entre muchas más que dan cuenta de la microfísica del poder en las interacciones sociales.