Kitabı oku: «Álvaro Obregón», sayfa 4
Con el apoyo gringo, el presidente, que no permitía desafíos militares, encabezó personalmente la campaña contra los rebeldes y para mayo de 1924 regresó victorioso a la Ciudad de México. Entre 1920 y 1924, la vieja guardia de la revolución desapareció a manos del obregonismo. Fueron víctimas de la traición, del asesinato o del paredón de fusilamiento durante la revolución delahuertista.
A principios de 1924, Vasconcelos presentó su renuncia al no esclarecerse el asesinato de Field Jurado, senador que criticó la firma de los Tratados de Bucareli, pero el presidente Obregón la rechazó. Vasconcelos permaneció unos meses más al frente de la secretaría y alcanzó a ver concluida la gran obra material del régimen: el Estadio Nacional.
Pero el fin de su gestión sólo era cuestión de tiempo: en julio renunció definitivamente y presentó su candidatura al gobierno de Oaxaca, la cual perdió ante el candidato oficial. Dada la situación política del país, Vasconcelos decidió retirarse a la vida privada. Por entonces comenzó a circular su revista La antorcha, en su primera época; posteriormente salió del país y durante varios años recorrió Europa y se estableció en Estados Unidos.
La luz de personajes como Vasconcelos, Adolfo de la Huerta, Manuel Gómez Morín, Antonio Caso —ocupando cargos en diversos niveles de su administración— se apagó por completo.
En 1924, Obregón depositó la banda presidencial en manos de Calles y regresó a su hacienda en Sonora para dedicarse otra vez a los negocios particulares. Era un hombre visiblemente viejo a los cuarenta y cuatro años. Había aumentado de peso considerablemente y su carácter se endureció aunque por momentos se le podía escuchar alguna frase graciosa. “Tengo tan buena vista —solía comentar— que desde aquí vigilo la silla presidencial”. Todos lo sabían, incluso Calles: su mirada estaba puesta en la reelección —su fuente de la eterna juventud.
Desde su tierra natal, Obregón movió los hilos de la política para impulsar la reforma constitucional que le permitiera regresar a la presidencia para el periodo 1928-1932. Aparentemente había sonorenses para rato. Sin mucho problema el congreso “le dio tormento a la Constitución” y reformó el Artículo 83. Obregón lanzó por segunda vez su candidatura a la presidencia.
El camino hacia la reelección fue construido con sangre. Con la de sus opositores —Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez— y con la suya. Aún así, antes de la primera y única derrota de su vida —frente a la muerte—, Obregón desafió a su destino en dos ocasiones más. En octubre de 1927, en Chapultepec fue víctima de un atentado dinamitero del cual salió ileso. Su fallido victimario no corrió con la misma suerte: al día siguiente, Luis Segura Vilchis y el padre José Agustín Pro —supuesto cómplice— fueron pasados por las armas. Días después, en Orizaba se verificó un nuevo atentado sin consecuencias para el general.
Cansada del pretencioso general, la muerte lo saludó en el restaurante La Bombilla de San Ángel. Un retrato de su rostro y una pistola en manos de José León Toral cegaron su futuro a los cuarenta y ocho años de edad. No podía ser de otra forma: la reelección le costó la vida. La lucha por la no reelección había costado 1 millón.
“De todos los personajes de la revolución —escribió Ramón Puente— Obregón es el más dramático, quizás el más complicado en psicología por la variedad de matices y por la rapidez con que se improvisa militar y político. Militar de prudencia combinada con osadía y político de entusiasmo renovador, amalgamado a una frialdad impresionante de hielo. Sobre él es prematuro todo juicio con pretensiones definitivas”.
Años después, cuando se habían apagado las pasiones para dar paso a los recuerdos. José Vasconcelos desempolvó su memoria y en su obra Breve Historia de México, reconoció lo que habían sido para la educación aquellos años obregonistas:
“En educación pública, bajo un programa nacionalista y libre de odios religiosos, se emplearon por primera vez hasta cincuenta millones de pesos al año, que sí constituyen excepción en nuestro pobre país, porque siempre se gasta el setenta por ciento de sus rentas en soldados que nunca han sabido defenderle el territorio. Las escuelas de la época de Obregón, el Ministerio de Educación, que entonces se creara, son el orgullo de aquella administración y también del movimiento revolucionario entero, que no tiene obra constructiva comparable”.
El petróleo
JOEL ÁLVAREZ DE LA BORDA
Dirección de Estudios Históricos - INAH
El propósito de este trabajo es analizar, en una primera aproximación, el desarrollo de las relaciones entre empresas petroleras y el gobierno mexicano durante la posrevolución. En este sentido, concentra su atención especialmente en las tensiones que se produjeron, a principios de los años veinte, entre el gobierno del presidente Álvaro Obregón, el gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, y la compañía mexicana de petróleo El Águila por el control de los beneficios económicos derivados de la producción de petróleo.
La mayoría de los estudios sobre la historia del petróleo mexicano se concentran principalmente en cuestiones exclusivamente políticas, diplomáticas y laborales; no obstante, lo que se ha investigado respecto a la interacción entre los agentes económicos y políticos en la industria petrolera dentro de los espacios nacional y regional es muy escaso. Como un patrón general, los acercamientos que a estas cuestiones se han hecho parten en su mayoría de enfoques que privilegian las relaciones asimétricas de poder y de dependencia económica entre naciones y la actitud nacionalista asumida por los gobiernos mexicanos frente a las potencias internacionales. De esta manera, por ejemplo, para Lorenzo Meyer la relación entre las grandes empresas petroleras y el nuevo régimen en el periodo comprendido entre 1920 y 1938 se distinguió por el fortalecimiento del nacionalismo revolucionario, especialmente con respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña. [82] Linda B. Hall, afirma, por su parte, que el desarrollo extremadamente rápido de la industria petrolera entre 1910 y 1920 “amarró aún más a México al sistema mundial”, por lo que en los siguientes años el gobierno mexicano lucharía por dominar las regiones petroleras y sus productos en un contexto de reconstrucción económica y preservación de la soberanía nacional. [83] Jonathan C. Brown, haciendo a un lado —sólo un poco— la importancia del nacionalismo revolucionario, señala que “en 1920 la prioridad en la agenda para el nuevo gobierno consistía en la reconstrucción nacional. Los políticos mexicanos que consolidaron la revolución intentaban obtener más ingresos fiscales de una de las pocas industrias que habían prosperado durante la lucha armada.” [84] Finalmente, Haber, Maurer y Razo sostienen que entre 1920 y 1924, las compañías petroleras no fueron afectadas por las nuevas políticas fiscales del gobierno porque el gobierno necesitaba sobremanera los recursos provenientes de los impuestos sobre el petróleo y las compañías defendieron eficazmente sus derechos de propiedad por medio de la presión diplomática, la suspensión del pago de los nuevos impuestos y de la producción, y la acción coordinada contra el gobierno. [85]
Cierto es que estas explicaciones nos proporcionan las bases generales para comprender una realidad compleja. En la primera mitad de los años veinte, el gobierno mexicano, vivía sumido en un proceso de renovación política, económica y social, y al mismo tiempo, tratando de definir los términos de su participación en el contexto internacional. Sin embargo, una mirada más de cerca a los acontecimientos puede aportar matices importantes. Uno de ellos es el factor regional, pues también influyó en gran medida tanto en las decisiones del gobierno central como en la toma de decisiones de las empresas petroleras. Las compañías, por otra parte, buscaban operar en las mejores condiciones posibles, tratando continuamente de reducir la incertidumbre jurídica en ambiente de inestabilidad política. [86]
La problemática planteada por la historia regional sobre la controversia entre poder central y poder local durante los años veinte afirma que junto a las políticas centralizadoras desplegadas por el gobierno de Álvaro Obregón para asegurar el control político y económico del país, existieron al mismo tiempo prácticas que fomentaban el desenvolvimiento de los poderes locales, específicamente de los gobiernos estatales, con el fin de mantener algún grado de orden. Así, la aparente contradicción entre el ejecutivo federal y los gobernadores promovió, paradójicamente, el establecimiento de vínculos de cooperación entre ambos. [87] En ese sentido, la relación entre el gobierno de Álvaro Obregón y el del gobernador radical Adalberto Tejeda, inmersa en la coyuntura de los inicios del periodo de reconstrucción nacional, representa un caso de autonomía local que reforzó, sin embargo, las políticas centralizadoras del gobierno federal. Un ejemplo de ello fue el conflicto que surgió entre el gobierno de Veracruz y la compañía mexicana de petróleo El Águila en el año de 1921, cuando Tejeda llevó a cabo una serie de reformas fiscales con el fin de obligar a la industria petrolera del estado a pagar más impuestos. La resistencia de la compañía provocó un conflicto que se prolongó a lo largo de ese año y fue necesaria la intervención de Obregón para dirimirlo. La disputa se desarrolló en dos niveles: el formal, es decir, desde la perspectiva jurídica con la que el gobierno de Veracruz justificó sus políticas fiscales y El Águila defendió sus derechos de propiedad; y el informal, donde las prácticas políticas condujeron a la solución de la disputa y la cooperación de los gobiernos central y estatal fue evidente.
LA CUESTIÓN LEGAL
Aún no había cumplido un mes en el cargo de gobernador del estado de Veracruz, cuando el coronel Adalberto Tejeda decidió gravar a las compañías petroleras para que cedieran a la entidad parte de la riqueza generada por sus productivos pozos. Entre 1910 y 1925 la región norte del estado se había convertido en el eje central del gran auge petrolero mexicano. Durante ese periodo la producción nacional se elevó notablemente, de 3.6 a 115.5 millones de barriles anuales. Dicho auge se debía principalmente a los descubrimientos de los yacimientos de Casiano, Potrero del Llano y Cerro Azul, localizados en la huasteca veracruzana. De hecho, fue en 1921, durante el primer año de la administración tejedista, cuando la producción de petróleo en México alcanzó la cifra récord de 193.4 Millones de barriles, la cual aportó directamente a las arcas federales 50.6 Millones de pesos tan sólo por el impuesto por producción, suma que representaba el 18% del total de los ingresos del gobierno central. [88]
Frente a una industria que sostenía su desarrollo en un enorme despliegue de implementos tecnológicos y de capital fijo, así como en el usufructo de extendidas áreas de terrenos, Tejeda llevó a cabo esfuerzos serios por hacer efectivo el derecho del gobierno estatal a gravar las actividades de las compañías petroleras. Veracruz, al igual que los otros estados en donde existía industria petrolera, estaba quedándose al margen de la participación fiscal federal. De los recursos que debía percibir el gobierno central por concepto de impuestos sobre terrenos petroleros desarrollados en la entidad, una quinta parte correspondía al gobierno estatal y otra igual a los municipios; sin embargo, el dinero no se recaudaba debido a que las compañías petroleras se negaron a pagar interponiendo amparos. [89] Considerando esta situación, Tejeda publicó hacia finales de 1920 un acuerdo en el que ordenaba a la tesorería general del estado cobrar a las petroleras los derechos de patente sobre las refinerías y de predial urbano y rústico. Asimismo, mandaba a las receptorías de rentas locales aplicar sus facultades económico-coactivas (multas o embargos) para obligarlas a pagar en los plazos establecidos. [90]
Pero las medidas legales adoptadas por Tejeda no tuvieron un efecto inmediato. Hasta donde es posible observar en la documentación, las compañías plantearon que estarían dispuestas a pagar los impuestos siempre y cuando lo hicieran mediante una iguala, tal y como lo venía haciendo de tiempo atrás la compañía mexicana de petróleo El Águila. [91] En efecto, a mediados de 1912, El Águila había firmado con el entonces gobernador interino, Manuel Leví, un contrato en el cual se convino que la compañía pagaría un monto fijo anual (alrededor de 35,000 pesos) durante un periodo de diez años por concepto de “toda clase de impuestos creados o por crear”, incluido el de patente, correspondientes al estado o a los municipios. [92] De acuerdo con declaraciones posteriores de Leví, el contrato de iguala tuvo como propósito “proteger las industrias nuevas no recargándolas de impuestos y a las ya establecidas proporcionarles combustible barato [...] En beneficio del público.” [93] Sin embargo, cuando el general Cándido Aguilar fungía como gobernador derogó el contrato mediante un decreto a principios de enero de 1918 y procedió al cobro de los derechos conforme a las leyes estatales. Consecuentemente, las receptorías de rentas del estado y las tesorerías municipales dejaron de percibir los montos establecidos en el acuerdo de 1912. Como respuesta a esta medida, El Águila interpuso amparos que dieron por resultado una larga serie de querellas legales presentadas ante la Suprema Corte y la suspensión del flujo de recursos provenientes de la industria petrolera hacia el gobierno veracruzano durante los años siguientes. Finalmente, Aguilar terminó su mandato sin poder arrancarles a las compañías un peso.
Si Tejeda se proponía hacer cumplir sus acuerdos, tendría que empezar por retomar la política de su antecesor e invalidar definitivamente el contrato de iguala de 1912. Con base en el decreto expedido por Aguilar, ordenó:
Dígase a tesorería general del estado, que habiendo acordado este ejecutivo proceder sin más demora a cumplir lo mandado por el decreto número 41 de 9 de enero de 1918, ha tenido a bien disponer que la compañía mexicana de petróleo “El Águila”, S. A., Comience a pagar a partir del día 1º de enero entrante [de 1921], los impuestos del estado con arreglo a las leyes respectivas. [94]
Los funcionarios de El Águila se apresuraron a entablar la defensa de su contrato originándose así una verdadera batalla legal con el gobierno tejedista. La compañía apeló a la capacidad del gobierno del estado como persona moral para celebrar contratos, facultad que le había sido otorgada por la legislatura local en 1911, y a la ley de ingresos y egresos de 1912. El contrato de iguala celebrado aquel año, argumentó además la empresa, fue aprobado por el poder legislativo del estado y que el actual gobierno no podía nulificarlo sino por medio de un juicio contradictorio. En otras palabras, El Águila enfocó el problema desde una perspectiva del derecho civil, en el que “un contrato no puede declarase inoperante por una de las partes”. [95]
Por su parte, las autoridades estatales reafirmaron sus derechos a revocar exenciones sobre impuestos, aplicar la retroactividad de la ley en ordenamientos “de interés general” y ejercer sus facultades económico-coactivas. [96] El ejercicio directo de estos derechos se tradujo concretamente en el desconocimiento del contrato de iguala de 1912, una reclamación de 7,914 pesos de parte de la tesorería del estado por los impuestos de patente dejados de pagar a partir de ese año, y la amenaza real de efectuar embargos sobre los bienes de la empresa. [97]
Las contradicciones legales entre la compañía y el gobierno veracruzano llevaron a una nueva escalada de juicios de amparo. El Águila volvió a presentar sus quejas ante la justicia federal en contra de la legislatura, el gobernador y la tesorería del estado. Por otra parte, el problema se complicó enormemente cuando las tesorerías municipales comenzaron a cobrar los impuestos locales a la compañía. Según el conteo de las autoridades, hasta septiembre de 1921 existían más de cincuenta juicios promovidos por El Águila ante los jueces de distrito, la mayoría de ellos en contra de los ayuntamientos o tesorerías de Veracruz, Minatitlán, Puerto México, Tuxpan, por mencionar los más importantes. [98]
Para hacer efectivos los pagos, las tesorerías y administraciones de rentas municipales comenzaron a embargar bienes y efectivo en caja de El Águila adscritos en sus respectivas jurisdicciones. Era una situación inédita, pues hasta donde se sabe, ningún gobierno, federal o estatal, se había atrevido a tocar las propiedades de las compañías petroleras de manera sistemática y firme con el fin de obligarlas a pagar impuestos. A principios de abril, por ejemplo, el tesorero de Minatitlán embargó 30,000 toneladas de asfalto que pertenecían a El Águila por negarse a pagar 272,420 pesos que adeudaba en contribuciones al municipio. [99]
La cuestión de los embargos llegó a su punto más crítico cuando las autoridades municipales de Veracruz incautaron todas las instalaciones, edificios y embarcaciones de El Águila en el mes de octubre. Para entonces, los magistrados de la Suprema Corte terminaban de discutir si otorgaban el amparo definitivo a la compañía contra los actos de las autoridades estatales. Finalmente, la Corte falló a favor de El Águila. Pero este triunfo en los tribunales de ninguna manera podía considerarse definitivo y contundente. Los magistrados habían resuelto (con una decisión dividida de 6 votos a favor y 4 en contra) otorgar la protección de la justicia federal porque consideraron que las autoridades estatales habían violado básicamente las disposiciones del artículo 14 constitucional. De acuerdo con esto, el decreto de 1918, emitido por aguilar, no tenía aplicación retroactiva y el contrato de iguala de 1912 continuaba vigente hasta 1922. Por otro lado, la ejecución de las facultades económico-coactivas no tenía efecto sin un juicio previo ante los tribunales establecidos. [100] En otras palabras, el amparo se concedió debido solamente a que el gobierno de Veracruz no procedió conforme a los canales legales pertinentes; pero su derecho a legislar sobre materia fiscal no estaba a discusión. El resultado del juicio despertó serias inquietudes entre los directores de El Águila, como lo dejó ver uno de ellos en su correspondencia con Thomas Lamont, artífice junto con Adolfo de la Huerta de los famosos acuerdos que llevaron a la renegociación de la deuda externa mexicana llevada a cabo por esa época:
La impresión general dada por la prensa es que El Águila ganó lo que estaba peleando. Este, desafortunadamente, no es el caso. Por el contrario, moralmente hablando, lo que ha prevalecido es la teoría de que la legislatura del estado de Veracruz podría, por decreto, cancelar absolutamente el contrato que entró a efecto el 24 de julio de 1912 y el cual había sido aprobado específicamente por un decreto previo del mismo cuerpo.
[...] La opinión de la Corte se dividió con respecto al punto de la santidad de los contratos legalmente efectuados, pero como lo que no se votó fue este principio básico, esta división de opinión no está expresada en la declaración de sentencia, la cual únicamente se refiere al caso específico en cuestión [el embargo]
[...] Finalmente el embargo de las propiedades de esta compañía subsiste [con lo cual] ha sido verdaderamente obligada a negociar con el estado de Veracruz sobre una desventajosa base de compromiso y no ha sido capaz de hacer válidos sus derechos legales porque [el mismo estado] declaró de forma arbitraria nulo el contrato de julio de 1912. [101]
Efectivamente, frente a una total incertidumbre legal, El Águila no tuvo más remedio que negociar el levantamiento del embargo directamente con el gobierno de Veracruz. En realidad, no era la primera vez que pactaba con las autoridades para proteger sus derechos de propiedad. Durante el malogrado régimen maderista, cuando se decretó el primer impuesto que afectó la producción de crudo, fue la propia compañía la que propuso en un arreglo privado con el gobierno federal el monto y la modalidad de la carga fiscal. Unos años después, Carranza intentó aumentar la cuota del impuesto inaugurado por Madero transformándolo en un porcentaje ad valorem sobre la exportación de crudo y productos refinados. La compañía trató de negociar una suma total anual al gobierno en vez de las cuotas fijadas por la ley, pero sólo consiguió una reducción de las tasas sobre refinados. Finalmente, decidió no pagar el impuesto amparándose contra las disposiciones carrancistas. [102] El caso del conflicto con el gobierno tejedista, no obstante, fue más complejo porque junto a los intereses de las autoridades locales se hallaban los del gobierno federal.
Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en la plaza de toros de la Condesa, Ciudad de México, Jesús H. Abitia, ca. 1922. Colección particular.
LAS NEGOCIACIONES PRIVADAS
En diciembre de 1921 la prensa mexicana dio a conocer el desenlace del juicio de amparo promovido por El Águila años atrás en defensa de su contrato de iguala de 1912. Entonces se supo que una vez que pagó al gobierno de Veracruz la cantidad de 1’070,548 pesos, éste procedió a levantar el embargo que pesaba sobre sus propiedades localizadas en aquel puerto. [103] Lo cierto fue que mientras el juicio se dirimía en la corte, los funcionarios de la compañía llegaron a un acuerdo privado con el gobernador Tejeda. Dicho acuerdo contó en un principio con la mediación del presidente Álvaro Obregón. La intervención de Obregón se debía a que el problema de los impuestos locales estaba convirtiéndose en una cuestión federal, pues su administración intentó, sin éxito, aumentar los ingresos elevando los impuestos a la industria petrolera. De este modo, un camino para obtener recursos de las compañías era por medio de los ingresos estatales. El esfuerzo veracruzano le brindó una oportunidad.
La primera serie de conferencias entre los funcionarios de la compañía, Tejeda, los diputados de la legislatura veracruzana y el presidente de la república se llevó a cabo en abril de 1921 en la Ciudad de México. En las sesiones, las partes acordaron que la solución del problema fiscal era que El Águila pagara una suma total que liquidara todos los impuestos estatales que fueron dejados de pagar a partir de que se aprobó el contrato de iguala de 1912 y hasta el 31 de diciembre de 1921. Como parte del acuerdo, la compañía también aceptó abonar a la hacienda federal otra cifra equivalente a 50% de lo que pagaría al gobierno de Veracruz. [104]
Uno de los primeros puntos en los que no hubo un acuerdo inmediato fue el del monto de la cifra a pagar. Tejeda reclamó 3 millones de pesos solo para el estado de Veracruz. De aceptarla, El Águila tendría que dar al gobierno federal otros 1.5 Millones. Los representantes de la empresa propusieron una cifra equivalente al doble de lo que su contrato de iguala estipulaba para todo el periodo (diez años), es decir, 720,000 pesos, monto que ya incluía la parte del gobierno federal. El gobierno de Veracruz propuso entonces arreglar el asunto sobre una base de un 1 millón de pesos. Los funcionarios de la compañía ofrecieron sin éxito elevar su oferta a 800,000 pesos condicionados a la derogación del decreto de enero de 1918, la oferta que fue rechazada y la cuestión, finalmente, se dejó pendiente por el momento. [105]
Pero establecer los términos del acuerdo en esta primera etapa de negociaciones también resultó ser una tarea no exenta de complicaciones. Para el gobierno tejedista era necesario asegurarse de que en el futuro la compañía se sujetara a las disposiciones oficiales una vez concluido el arreglo. Manuel Chávez, abogado del gobierno veracruzano, instó a El Águila a comprometerse, por medio de una declaración formal, a pagar los impuestos locales de acuerdo con las leyes del estado a partir de 1922. Es decir, finalmente el gobierno deseaba que El Águila reconociera la nulidad de su contrato de iguala. La compañía consideró que era demasiado riesgoso aceptar dicha proposición. La evidencia muestra que sus directores temían, por un lado, perder otro contrato de iguala que se había firmado con el estado de Tamaulipas. Por otro lado, aceptar los términos del gobierno de Veracruz implicaba romper con las compañías norteamericanas, las cuales habían conformado un frente unido para combatir los intentos del gobierno federal para reformar la legislación petrolera y el sistema fiscal. Visto desde el nivel diplomático, El Águila aparecería como un elemento de fricción entre Washington e Inglaterra, pues este último país se había aliado a los esfuerzos de los Estados Unidos para condicionar el reconocimiento oficial al gobierno de Obregón. [106] Por lo tanto, el interés de El Águila era llegar a un acuerdo privado suscrito únicamente al pago de una suma compensatoria, sin comprometerse a acatar las disposiciones que el gobierno de Veracruz dictara después de 1921.
Conforme las negociaciones se efectuaban, el gobierno de Veracruz presionaba con su campaña de embargos de efectivo y algunos bienes. Por su parte, El Águila respondía interponiendo los respectivos amparos ante los jueces de distrito locales. [107] Tal situación llevó a un enfriamiento de las negociaciones durante los meses de mayo y junio. Tejeda se retiró junto con los diputados a Veracruz y El Águila se acercó a Obregón con el fin de que las negociaciones no se rompieran definitivamente. El presidente coincidía en que la solución práctica de las dificultades legales con el estado de Veracruz era únicamente el arreglo privado. Sin embargo, también sugirió que “los recientes acontecimientos internacionales habían cambiado las condiciones bajo las cuales este asunto está siendo debatido”. Aunque Obregón no aclaró el sentido de su afirmación, era evidente que aludía a los conflictos originados con los gobiernos extranjeros, específicamente con los Estados Unidos e Inglaterra, a raíz del reciente aumento de los impuestos federales a la industria petrolera. Aun así, Obregón sostuvo su voluntad de seguir mediando en el conflicto. [108]
No pasó mucho tiempo antes de que los directores de El Águila comprendieran bien lo que Obregón les había dicho. Hacia finales de junio, el presidente citó a un representante de la compañía a una reunión en su residencia de Chapultepec, en la cual el representante y algunos diputados del gobierno de Veracruz (Tejeda ya no participaría personalmente) le entregarían un memorándum con las propuestas del gobernador. Cuando Rodolfo Montes, por porte de El Águila, asistió a la reunión, se encontró con los delegados veracruzanos. Momentos después entró en la sala el general Obregón acompañado del ministro de gobernación Plutarco E. Calles. Luego de un breve intercambio de comentarios, Obregón y Calles abandonaron la junta dejando solo a Montes con los otros delegados. La señal fue clara. De ahí en adelante, El Águila tendría que arreglárselas con Tejeda sin la intervención del presidente. Montes solicitó conocer el contenido de la propuesta. Básicamente, no había nada nuevo en ella. Era el mismo planteamiento en el cual se reforzaba el derecho del estado a imponer cargas fiscales y de anular el contrato de iguala de 1912. Sin embargo, en el documento se agregaba un nuevo impuesto por producción de 2 centavos por barril. Montes insistió en solucionar el problema acordando una suma total. Los delegados veracruzanos accedieron. El estado de Veracruz reclamó ahora 4.5 millones de pesos, cifra “exorbitante y arbitraria”, según Montes. Luego de discutir el asunto de nuevo, se llegó a una base de acuerdo de 1 millón de pesos netos más el 50 por ciento correspondiente al sobre impuesto federal. Montes trató de conseguir una deducción de unos 300 mil pesos por los impuestos que la compañía había pagado cuando el contrato de iguala estaba vigente y por las sumas embargadas, pero los representantes de Tejeda dieron por terminada la sesión. [109]
Lo significativo del pasaje anterior es, sin duda alguna, el nuevo impuesto sobre producción de petróleo crudo que las autoridades de Veracruz ahora reclamaban a El Águila. ¿Podría considerarse la imposición de la nueva carga fiscal como parte de una estrategia de Tejeda para obligar a la compañía a aceptar sus términos en las negociaciones? Era más que eso, considerando que el impuesto relativo a la producción era materia exclusiva de legislación federal. Ya en 1916, Carranza había declarado nulas las leyes o disposiciones que hubiesen dictado o dictaran los gobiernos de los estados en el ramo de fomento, incluyendo el petróleo. [110] ¿En su intento por conseguir que las compañías petroleras cedieran parte de su riqueza al erario estatal, Tejeda estaba trasgrediendo las disposiciones del gobierno central, aun cuando esto podría desatar un conflicto entre jurisdicciones? Ciertamente, pero la aparición del impuesto sobre producción dentro de las nuevas demandas del gobierno veracruzano evidenciaba la intención del poder federal de obtener recursos con que solventar sus propios gastos. Obregón estaba enfrentando serios problemas presupuestales para llevar a cabo el programa de reconstrucción nacional, el cual dependía, en gran medida, del ordenamiento de las finanzas públicas y del sistema bancario. [111] Como las compañías petroleras norteamericanas se negaron a pagar más impuestos, la opción del gobierno federal fue una alianza con Tejeda en su lucha legal contra El Águila. De esta manera, la interposición de jurisdicciones desapareció de facto. [112]
Entre julio y agosto, Tejeda sostuvo varias reuniones con Obregón en la Ciudad de México. Según los informes de un empleado de la compañía, el presidente se había retirado definitivamente como árbitro y aconsejaba al gobernador aplicar más medidas coercitivas. [113] Hasta donde se sabe, Obregón también utilizó sus influencias en la Suprema Corte para que ésta pospusiera su fallo definitivo sobre el juicio de amparo y Tejeda pudiera ganar tiempo para reanudar las negociaciones con El Águila. [114] Por su parte, el gobernador, siempre por medio de las tesorerías municipales, seguía de cerca las operaciones de la compañía y continuaba su febril programa de embargos.
