Kitabı oku: «La organización social del cuidado de niños, niñas y adolescentes en Colombia», sayfa 10

Prestaciones y servicios sociales

Como lo anotamos en el contexto, en Bogotá la oferta de jardines infantiles y salas cuna de carácter público la propician la Alcaldía de Bogotá, el ICBF y por convenios de cogestión entre el Estado y organizaciones de mujeres o fundaciones. Sin embargo, se debe señalar que existe también una amplia oferta privada de este tipo de servicios en la ciudad. En las entrevistas, las madres cuidadoras que han hecho uso de este abanico de instituciones consideran que cumplen adecuadamente con la labor de cuidar a los y las menores de edad. La mayoría de las PS1 y PS2 expresan su aprecio y reconocimiento por los jardines infantiles y salas cuna públicas de la oferta nacional o distrital y por su personal, señalando como razones principales: sentir que sus hijos e hijas están protegidos, la posibilidad de acceder a un vínculo laboral o la posibilidad de contar con el tiempo necesario para generar los ingresos necesarios para la subsistencia. Laydis (PS2), por ejemplo, vinculó a su hija a una sala cuna desde los dos meses de nacida y logró trabajar en un restaurante, lo que además le dio la posibilidad de separarse de un marido violento.

Alberto (PS1) evalúa positivamente su experiencia con los jardines infantiles y aún recurre a ellos, aunque ahora sus hijos/as están en el sistema escolar cursando la primaria. Luz Marina, quien llegó a Bogotá desplazada del norte del Valle del Cauca, por el asesinato de su esposo y con su hijo de un año, encontró en el preescolar un apoyo significativo: “el Estado tiene algo bueno, y es que ha hecho esos Acunar; todas esas salas cuna, todas esas cosas donde tienen a los niños”. A lo anterior se suma que en los jardines infantiles se instauran buenos hábitos alimenticios e higiénicos, lo que es también reconocido por cuidadoras/es como un aporte al bienestar de la infancia. En contraposición, la apreciación de madres y padres cuidadores sobre los colegios públicos tiende a ser desfavorable, aunque un buen número debe acudir a ellos por los escasos recursos económicos del hogar para acceder a otra posibilidad. Si bien el papel de estas instituciones es la educación formal, también se espera que constituyan entornos protectores.

Sin embargo, son múltiples las dificultades. En primer lugar, los horarios de media jornada, que no coinciden con las necesidades de las madres y padres trabajadores y obligan a renunciar al trabajo, a generar más recursos para comprar cuidado en la media jornada extraescolar, a dejar a los hijos e hijas solos o al cuidado de los adolescentes de la casa, parientes o vecinos. Por otro lado, los entornos barriales donde se insertan estas instituciones están acechados por grupos delincuenciales asociados al microtráfico, el abuso y la explotación sexual, las diversas formas de violencia urbana e inseguridad ciudadana, lo que significa para madres y padres cuidadores situaciones adicionales de tensión y preocupación. “Fuman marihuana dentro del colegio y los profesores no captan eso. Tengo una hija que está en sexto y no sabe multiplicar, culpa de los mismos muchachos porque a muchos, dizque los amenazan” (Johana, PS1). Por esto algunas cuidadoras han buscado recursos adicionales para contratar con colegios privados. “Yo quiero que se forme bien, que esté rodeado de personas que tienen mejor manera de expresarse, mejor manera de socializar… y no, por decir algo, lo que ahorita pasa con los colegios públicos” (Luz Marina, PS2). Por supuesto no faltan las voces cuya experiencia es buena, como en el caso de Erika (PS1): “mi hija ahora me cuenta todos los días lo que ha aprendido, la educación es buena en donde está, falta es que no tienen donde recrearse, porque hay muy poco espacio”.

Uso y consumo de servicios complementarios

Se ha insistido en que padres y madres tienen expectativas de que hijos e hijas puedan llevar a cabo actividades extracurriculares que les desarrollen su cuerpo, su creatividad y su expresión, y que les protejan de actividades que podrían ser dañinas. Quienes tienen recursos económicos contratan estas actividades por fuera del sistema escolar a academias privadas. En cambio, los hogares de cuidadoras/es de PS1 y PS2 participan de actividades ofrecidas en algunos colegios públicos de la ciudad o de los programas y proyectos que ofrecen los sectores de recreación, deporte y cultura de Bogotá, gratuitos o de bajo costo. Es de anotar sobre la oferta pública que, si esta no está articulada a la escuela, implica para madres y padres cuidadores la exigencia de tiempo para el acompañamiento a tales actividades y recursos económicos adicionales para el transporte, la alimentación y el equipamiento que exija la actividad. Así lo relata Milena PS2: “Yo quisiera tenerlos en algo, porque toca mantenerlos ocupados. A él le gusta la música, al otro solo el futbol”.

Las entrevistadas hacen referencia a la inestabilidad de los programas y al poco compromiso de los usuarios para presionar por su continuidad. Con frecuencia, dichas actividades se pierden y la reacción de la ciudadanía es de pasividad o aceptación. Diana (PS1) anota:

[…] pero ahora no, no hay programas recreativos por el nuevo cambio de coordinadores y rectores. Decían que no, que porque el profesor que los estaba ensayando ya no, que no hay tiempo para eso… Los padres son muy desunidos, no apoyan en nada.

En conclusión, respecto a la interacción de quienes cuidan con el Estado y el mercado, la realidad de las trayectorias laborales y de cuidado de los y las entrevistadas muestra una marcada tendencia diferencial no solo desde la posición social, sino también desde el tipo de trabajo que realizan. Esta complejidad de las relaciones permite cuestionar el supuesto de que quienes tienen un empleo formal y estable tienen mejores condiciones de conciliación entre el cuidado y el trabajo. Encontramos en varios casos una suerte de enfrentamiento entre las responsabilidades de cuidado y las laborales por la imposición de reglas estrictas y autoritarias de cumplimiento de horarios o jornadas amparadas por el sistema laboral, sin consideración alguna por los hechos regulares o eventos extraordinarios asociados al cuidado o a su gestión. Por el contrario, en otros ejemplos, los empleos formales no solo permitían una mayor armonización, sino que favorecían espacios y tiempos de encuentro entre madres, padres cuidadores y sus hijas/os.

Por otro lado, las madres-cuidadoras ubicadas en la PS3 y PS4 vinculadas al sistema laboral formal han contado con licencias de maternidad y el tiempo legal para la lactancia, y sus esposos con licencias de paternidad, medidas que han facilitado los momentos del parto y la crianza. A pesar de estas ventajas para mantener el vínculo laboral, quienes cuidan han tenido que comprar servicios de cuidado. Es de anotar que por su nivel socioeconómico los hogares de las posiciones 3 y 4 no son beneficiarios de los subsidios del Estado, aunque hacen uso de los servicios recreativos y culturales que ofrece la ciudad y reciben, además, los subsidios de educación y vivienda que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar, además de beneficios adicionales de las empresas.

Quienes generan ingresos a través de trabajos informales o temporales de alta movilidad, generalmente hogares de PS1 y PS2, no poseen los beneficios descritos de licencias de maternidad, de paternidad u oferta de las cajas de compensación familiar. En estos casos fue común el uso de los subsidios estatales nacionales o distritales y de servicios de la oferta pública, como los jardines infantiles, colegios oficiales y programas extraescolares culturales o recreativos de la Alcaldía, ONG o fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Por último, otro aspecto a resaltar de los testimonios es la baja valoración sobre el sistema público de cuidado y del sector educativo público en primaria y bachillerato, por considerarlos de mala calidad, hecho que sin duda incide en la economía de los hogares en tanto aumenta el gasto y las exigencias para suplir tales dotaciones.

Principales conclusiones, lecciones y recomendaciones

La investigación sobre el cuidado tiene implicaciones políticas porque busca la democratización tanto de la vida social como de la vida íntima. A esto contribuyen los relatos de este estudio que revelan una cotidianidad poco interpretada por las ciencias sociales, y de la que se derivan lecciones importantes para las políticas públicas. De acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo (ENUT) (DANE, 2013; 2017b), la carga de cuidado en los hogares está soportada fundamentalmente por las mujeres. En el caso de Bogotá se constata este fenómeno con matices importantes según la posición social. A su vez, se revela una organización del cuidado de NNA (vista a través de la relación de las familias con el Estado, el mercado y la comunidad), que recae principalmente sobre los hogares, y en estos sobre las mujeres, con diferencias según el lugar social que ocupan quienes cuidan.

Tres tendencias principales caracterizan los relatos: la naturalización de las relaciones de género, el familiarismo y la mercantilización del cuidado. En el primer caso, subyace a la concentración del trabajo del cuidado en las mujeres una narrativa que no solo justifica el cuidado como tarea femenina (y feminizada, incluso con independencia del sexo de quien la realiza), sino que asimila a la mujer como madre (Fernández, 1993) y refuerza los estereotipos emocionales que culturalmente la sociedad exige a la maternidad, tal como lo señala Hochschild (2008). En el segundo, se aprecia una tendencia generalizada a la mayor participación de las familias en el cuidado, a la vez que el cuidado es visto como una acción y función propias (Martínez Franzoni y Camacho, 2007). La tercera tendencia es la mercantilización del cuidado, producto de la precaria oferta estatal focalizada en los estratos más pobres de la población, de la desprotección general del mundo del trabajo, como en el caso del incumplimiento de las licencias de maternidad en las empleadas o su inexistencia en las mujeres sin vínculo laboral, y de la escasa conciliación entre el ámbito laboral y el cuidado doméstico que resultan de las extensas jornadas laborales y las barreras geográficas que impone la ciudad a las madres trabajadoras y cuidadoras (Batthyány, 2007).

Pero tal vez el hallazgo más significativo de esta investigación es la intersección entre categorías de estratificación social según género y posición social, lo cual verificamos en las diferencias en la mirada a las narrativas en relación con las nociones y las estrategias de cuidado, la percepción de la carga de cuidado en distintas circunstancias y sus efectos sobre la vida de quienes cuidan. Los recursos materiales y simbólicos con los que cuentan los hogares definen los escenarios más o menos favorables para ese cuidado. De hecho, aunque el cuidado se organiza principalmente alrededor de componentes del bienestar de NNA, como la educación, la seguridad y el uso productivo del tiempo libre, el cumplimiento de estos objetivos está en función de la posición social que ocupan las responsables del cuidado.

Podemos afirmar que en esta experiencia las expectativas del cuidado contienen más limitaciones para las posiciones sociales 1 y 2 en varias dimensiones. Por un lado, en la concentración de cuidado a raíz de un habitus cultural que fija las relaciones de género como si fueran naturales para las mujeres, con creencias que son más comunes entre quienes tienen bajo acceso a la educación y ninguna autonomía. Por otro, porque el tiempo y los recursos disponibles están constreñidos. Además, el ambiente físico no es propicio para la seguridad aspirada en el cuidado, aun cuando es en estas posiciones de mayor desventaja donde se focalizan los subsidios estatales.

Por esto afirmamos que existe un “déficit del cuidado” que se concentra en las cuidadoras de estos grupos. En las de la PS1 porque la dedicación exclusiva al cuidado con ningún reconocimiento de la sociedad o el Estado a su jubilación y otras garantías les limita una ciudadanía activa. En las de la PS2 porque, aunque tienen relativa autonomía económica, deben combinar jornadas extenuantes de trabajo con las actividades del cuidado y se convierten en “malabaristas” (Faur, 2014) que establecen distintos tipos de estrategias para alcanzar los fines del cuidado. Cuando existe el apoyo de las redes parentales la crisis disminuye, pero cuando son hogares monoparentales sin esta ayuda, la situación es especialmente alarmante. En estos grupos los efectos de la carga del cuidado sobre las condiciones de vida y salud de las cuidadoras son bien significativos.

En los hogares en mejor posición social, PS3 y PS4, la situación es otra. Buena parte de la provisión del bienestar se hace a través de la compra de servicios de cuidado en el mercado, y en el caso de la PS4, la conciliación es más fácil, la carga de trabajo de cuidado menor y también menores los efectos sobre las condiciones de vida y de salud. En estas posiciones se encuentran los intentos con la pareja por construir equidad de género en el hogar, más apoyo y, en algunos, casos corresponsabilidad,³⁵ una situación que contrasta con la de la mayor parte de las mujeres dedicadas de tiempo completo a las labores domésticas y de cuidado en las que se constata una paradoja: a la vez que reclaman la falta de reconocimiento social por su labor, son contrarias a aceptar las corrientes modernizadoras que demandan otros lugares para las mujeres fuera del hogar.

Existe pues un déficit del cuidado en un doble sentido: la ausencia de condiciones para realizarlo y su bajo reconocimiento. Como lo señala Hochschild (2008), el déficit del cuidado atañe a las dificultades para cuidar por parte de quienes cuidan, dadas las múltiples demandas en la proveeduría, los cambios en las familias y el debilitamiento de la oferta de servicios del Estado, todo esto acompañado de una ideología que aún sitúa el cuidado en el mundo femenino del hogar. Es, en últimas, el “producto de haber privatizado y feminizado los cuidados, y está acompañada de la devaluación del trabajo del cuidado, así como de la carencia de derechos e igualdad para quienes los realizan” (Pérez Orozco y López Gil, 2011, p. 25).

Es claro que la mayor disponibilidad de recursos económicos facilita la compra de servicios de cuidado, como ocurre en las posiciones 3 y 4, y en menor magnitud en la posición 2, pero ello también depende de la existencia de redes de apoyo. Los relatos revelan una realidad: la participación de una red parental y alguna red comunitaria. Más abuelas/os y tías cumplen funciones de cuidadoras/es que posibilitan a las madres la vinculación laboral o disminuyen los costos de la compra de servicios en el mercado. Aparecen con menor frecuencia las vecinas y las y los adolescentes en esa función. De hecho, el estudio muestra un fenómeno invisible para las acciones y políticas públicas, y es el papel de las y los adolescentes al mismo tiempo como sujetos de cuidado y cuidadoras/es, en especial en hogares con necesidades económicas.

Nos preguntamos por los padres. La mayoría comparte la naturalización de la inequidad de género que concentra las tareas del cuidado en las mujeres. En virtud de una división sexual y tradicional del trabajo en el hogar, un subgrupo cumple con las actividades de proveeduría sin colaborar en el cuidado directo y se concentra (aunque no exclusivamente) en las PS1 y PS3; otro lo constituyen aquellos padres que no cumplen ninguna función en el cuidado —ni directa ni indirecta—, quienes en pocos casos pagan apenas alguna cuota reglamentada o voluntaria, incumpliéndose la Ley Cecilia creada desde 1968 para obligar a los padres a ser responsables; una situación también encontrada por Pineda (2008). En el caso de los hogares biparentales, pocos progenitores son corresponsables y distribuyen equitativamente las tareas de cuidado. Esto coincide con lo encontrado por el ya citado estudio de Puyana y Mosquera (2003) para Bogotá, donde en sesenta entrevistas profundas a padres y madres, la tercera parte de desconocía el trabajo doméstico de las mujeres y, aunque hicieran otras actividades remuneradas, se le calificaban igual “amas de casa”.

Pero existe un grupo más de padres de hogares monoparentales, quienes, además de la provisión económica, narran con orgullo cómo desarrollan labores de cuidado directo para las que no han sido socializados y son contrarias a la tradición; un cambio de lugar social que correspondería a lo que Burín y Meler (2000) refieren como la construcción de masculinidades distintas a las hegemónicas. En estos casos de cuidadores principales, las funciones, actividades y carga son igualmente dependientes de la posición social. Dos aspectos más resaltamos de estos resultados. Primero, la falta de autonomía económica, señalada como una condición desfavorable para el cuidado, está estrechamente relacionada con que muchas de las cuidadoras principales de este estudio eran desempleadas o se dedicaban al trabajo informal y la precariedad de recursos no es compensada con la oferta de servicios públicos de cuidado o los subsidios estatales. En esto conviene citar la propuesta de Benería (2011) quien afirma que se requieren alternativas de políticas en los hogares de sectores populares, por ejemplo, la existencia de jardines infantiles que disminuyan los costos de la compra de servicios e, incluso, los problemas de desplazamientos de los niños y niñas. Segundo, aun en las mujeres con empleos formales, se percibe un ambiente laboral poco proclive a la maternidad y a las demandas de tiempo que exigen los primeros años de la infancia, mostrando que programas del Estado como el Equipares³⁶ no han llegado a las empresas y que incluso una medida fundamental, como las licencias de maternidad, se cumple solo parcialmente y es poco exigida por las propias trabajadoras, quienes se sienten en falta con la empresa al ejercer este derecho. La mayoría de quienes han logrado laborar, negociando la flexibilidad en los horarios, son profesionales conscientes de esta posibilidad.

La siguiente cita expresa buena parte de la problemática de la relación de los hogares con el Estado y el mercado en el tema del cuidado encontrada en Bogotá:

La clásica división promovida por los Estados de bienestar desde mediados del siglo pasado en adelante, sintetizada en la trilogía Estado, mercado y familias, en el caso latinoamericano se reduce fundamentalmente a una participación casi central de las familias y dentro de estas, de las mujeres en exclusividad, quedando supeditado el mercado a la disponibilidad de los ingresos suficientes y el Estado sujeto a la disponibilidad de la oferta del cuidado que tenga. (Pautassi, 2010, p. 75)

Este panorama muestra que para democratizar y avanzar en materia de equidad de género y posición social en relación con el cuidado de NNA en la ciudad se requiere intervenir en las tres grandes tendencias señaladas tanto en el plano de la distribución de las responsabilidades y costos por el cuidado al interior de los hogares, como en el plano de las relaciones Estadomercado-comunidad-familias. Siguiendo a Hernández (2012; 2015), esto implica desnaturalizar, es decir, eliminar la adscripción del cuidado como tarea principalmente femenina; desfamiliarizar, reduciendo la mayor carga que han venido asumiendo las familias en la provisión de bienestar para NNA mejorando la oferta pública; desmercantilizar, desprivatizando los servicios de cuidado y haciendo su acceso independiente de la capacidad de pago de los hogares y personas.

De manera más específica, para alcanzar la desfamiliarización, desmercantilización y, en general, superar la debilidad del Estado ante el déficit del cuidado, proponemos un papel más activo del Estado en la Organización Social del Cuidado:

• Desarrollar un Sistema Distrital de Cuidado con perspectiva de género, en el que las entidades distritales coordinen su labor teniendo también entre sus objetivos contribuir a lograr una mayor conciencia de la necesidad de democratizar el cuidado al interior de los hogares. Esto supone adecuar las políticas de atención a la infancia a una perspectiva democrática y ética del cuidado como condición para la construcción de ciudadanía.

• Desde los planes del desarrollo abordar el crecimiento de la ciudad en calidad de “ciudad cuidadora”, haciendo que el equipamiento público de parques y espacios públicos en general facilite la labor del cuidado de NNA. Esto implica sensibilizar sobre el cuidado a los entes territoriales y a quienes cumplen con labores de control como la Policía Nacional.

• Fortalecer y priorizar el aumento de la jornada escolar en todos los colegios públicos de la ciudad, para hacer compatibles las jornadas laborales de quienes cuidan con la de los NNA.

• Estudiar y buscar estrategias en torno al papel que cumplen los adolescentes en el cuidado en los hogares.

• Fortalecer las redes parentales en torno al cuidado, buscando estrategias que permitan y faciliten su gestión, por ejemplo: subsidios para las abuelas cuidadoras o universalización de las licencias de maternidad no solo para quienes están vinculadas formalmente al mercado laboral.

• Dinamizar proyectos como el de Equipares en el nivel distrital, que favorezcan el papel de la conciliación entre el tiempo laboral y el familiar.