Kitabı oku: «Manual de concursos y quiebras - Tomo 1»

4. Reglas procesales e incidentes

Por Javier J. Cosentino

1. Introducción. Importancia de la normativa procesal. Regulación legal

En el Capítulo III del Título IV de la LCQ, entre los arts. 273 y 287, se regula lo concerniente a las reglas procesales que rigen los distintos procedimientos previstos en la normativa concursal. El capítulo se divide en dos secciones que contienen disposiciones genéricas y todo lo relativo a la tramitación de incidentes relacionados con el trámite principal, mientras que no se encuentren sometidos a un procedimiento especial. Todas ellas tienden al logro de una mayor celeridad en la tramitación del proceso y sus incidentes.

Se trata de normativa de suma relevancia, si tenemos en cuenta que la LCQ es una legislación tanto de fondo como de procedimiento –a lo largo de su articulado posee numerosas normas procesales y los códigos adjetivos locales se aplican de manera subsidiaria en todo aquello no previsto expresamente–, que coexisten y se complementan entre sí debido a las especiales características del proceso concursal.

La Sección I dedicada a las normas genéricas, comienza con principios procesales comunes y continúa luego con las facultades del juez a cargo del proceso y del síndico con sus consecuentes obligaciones. Se prevé después el alcance de la actuación del Ministerio Público y lo relativo a la perención de instancia, las normas procedimentales locales y el legajo de copias del art. 279 de la LCQ.

La Sección II es dedicada por entero a disposiciones tendientes a reglamentar lo atinente a cuestiones conexas con el trámite principal, pero que deben promoverse y desarrollarse separadamente.

Se explicará a continuación al contenido de ambas secciones, no sin antes dejar aclarado que cuando se hace alusión al concurso en general, se hace referencia en ello tanto al concurso preventivo como a la quiebra.

2. Normas genéricas
2.a. Principios comunes

El extenso art. 273 de la LCQ contiene los principios procesales de aplicación genérica que deben observarse a lo largo del desarrollo del procedimiento, excepto cuando la propia ley dispone que en algún supuesto específico se dejen de lado por expresa indicación.

2.b. Plazos

En el inciso 1) se prevé que los plazos son perentorios, lo que implica que rige la preclusión procesal sin necesidad de pronunciamiento expreso del juez, es decir que una vez transcurrida una etapa del procedimiento, no es posible volver atrás y debe avanzarse en el trámite sin que sea factible su retroacción y sin petición de parte. De manera tal que las prórrogas en general no son admisibles, salvo casos de excepción, como por ejemplo el previsto por el art. 43 de la LCQ para el supuesto de extensión del período de exclusividad.

Además, se dispone como principio que todos los términos son de cinco días excepto que se hubiera fijado uno particular. Es decir que habrá que atender en primer término a lo que se regla en supuestos concretos, como acontece por ejemplo en el caso de los arts. 11 parte final, 20 párrafo 3º, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 89, 90, 144, 189, entre varios otros, que poseen plazos diferenciados de específica aplicación.

El plazo de cinco días que fija el inciso, coincide con el dispuesto en el art. 50 del Cpr. como norma genérica en materia de términos procesales para la contestación de vistas y traslados.

Sin embargo, no debe olvidarse que de acuerdo a lo que prevé el art. 278 de la LCQ, las normas procesales locales deben aplicarse en tanto resulten compatibles con la rapidez del trámite concursal, de manera tal que para el dictado de providencias simples, el tribunal no contará con el plazo de cinco días sino con el de tres determinado en el art. 34, inc. 3 a) del Cpr., disposición que también prevé la emisión inmediata de la providencia judicial en el caso de que debiera dictarse en audiencia o cuando razones de urgencia lo justifiquen.

Además, debemos señalar que cuando en la parte final del inciso se hace referencia al caso de excepción en que se hubiera fijado un plazo especial, se refiere la ley a términos distintos previstos por la propia norma concursal y no debe entenderse como facultad de fijar plazos convencionalmente, tratándose en el caso de normas de orden público de carácter indisponible.

El magistrado a cargo del proceso tiene la responsabilidad de hacer cumplir estrictamente los plazos, como consecuencia del carácter oficioso y universal del trámite, es decir, de impulso oficial una vez peticionado el concurso o decretada la quiebra. Podrá ser acusado por mal desempeño del cargo ante la prolongación injustificada del procedimiento (art. 273, último párrafo, LCQ).

En lo atinente a la forma de contar los intervalos del derecho, el CCiv. yCom dispone que los plazos de meses o años deben computarse desde la fecha concreta en que principian, y luego refiere que “el cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables”, dejando a salvo la posibilidad de que las leyes dispongan otra forma de computarlos.

Tal es lo que sucede en general en materia concursal, ya que la LCQ señala en el inc. 2 del art. 273 que, para el cómputo de plazos, deben considerarse días hábiles judiciales, y para ello habrá que tener en cuenta lo que dispone la reglamentación de la autoridad judicial superior de cada jurisdicción y la incidencia que pudieran tener los feriados nacionales o locales dispuestos por los otros poderes.

De modo que no deberán considerarse los días feriados dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional o local, aquellos abarcados por ferias judiciales o los declarados inhábiles por la CSJN o los tribunales superiores de las jurisdicciones provinciales. Se trata de una regla tradicional en materia de términos procesales, y es una excepción admitida por el art. 6 del CCiv.yCom. tal como referimos anteriormente.

La normativa concursal deja a salvo sobre el final del inciso la posibilidad de que en su propio articulado se disponga otra manera particular de contar los términos, que obviamente primará sobre el principio genérico. Excepcionalmente la LCQ fija plazos en días corridos (arts. 144 y 190 por ejemplo) en donde deben computarse sábados, domingos y feriados, y también en horas (art. 189 LCQ), caso en el cual el término comienza a contarse a partir de la hora siguiente según el art. 6 del CCiv.yCom. Para el cálculo de plazos en meses (arts. 119, 163, 164 y 277, LCQ) se comprenden los días inhábiles pero no los períodos de ferias judiciales.

Es así que a partir de lo que se desprende del mencionado art. 6, podemos distinguir entre plazos civiles y plazos procesales, y a ambos los encontramos en la ley de concursos: a) plazos en años (p. ej. art. 124, LCQ) que deben contarse conforme art. 6. CCiv.yCom.; b) en meses, en donde no se incluyen las ferias judiciales (p. ej. art. 163, LCQ); c) en días hábiles judiciales como señala el inc. 2 del art. 273 de la LCQ; d) en días corridos, en donde se cuentan los inhábiles; y e) en horas, que se computan de acuerdo al art. 6 del CCiv.yCom. (art. 189, LCQ).

La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha señalado ya desde hace unos años y culminando con un extenso debate, que en materia concursal es de aplicación el lapso excepcional de gracia subsiguiente al vencimiento del plazo, tal lo previsto por el art. 124 del Cpr. (dos horas) y por los distintos regímenes procesales locales en distinta extensión.

2.c. Inapelabilidad de resoluciones. Excepciones. Efectos

Las resoluciones que se dictan a lo largo del proceso, son inapelables según dispone el inc. 3 del art. 273 de la LCQ. Esta norma tiende a reforzar los poderes del juez de primera instancia en lo atinente al trámite del concurso, en donde se busca la mayor agilidad y economía, y es un relevante complemento de los principios de preclusión y oficiosidad.

Si bien se trata de un principio que no es absoluto, lamentablemente diversos fallos han sentado numerosas excepciones que la disposición no contiene y han concluido por hacer del principio una excepción. En términos generales, debe hacerse aplicación de la regla de inapelabilidad, siempre que se haya observado un trámite normal en el proceso y que la resolución en crisis se dicte dentro de la secuela común y ordinaria del trámite. No debe hacerse mérito solamente de una situación de gravamen para el apelante, ya que la norma no efectúa distingo alguno sobre el punto.

Jurisprudencial y doctrinariamente se ha determinado la posibilidad de apelar ante supuestos específicos no previstos por la ley excepcionando la regla genérica, tal lo que acontece ante el rechazo del pedido de quiebra directa formulado por acreedor en los términos del art. 84 de la LCQ.

En otras palabras, situaciones de excepción que se verifiquen a lo largo del procedimiento, justifican la concesión de la apelación como derivación de la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18, CN).

La restricción que contiene la norma a la posibilidad de apelar, no implica que no puedan interponerse otros recursos previstos en los códigos procesales locales como el extraordinario, el de aclaratoria o el de reposición contra providencias simples, dado que, por tratarse de una disposición limitativa, debe interpretarse estrictamente. Su trámite se ajustará a lo dispuesto por las leyes procesales locales, en tanto no poseen recepción específica en la ley concursal.

Por aplicación del art. 278 de la LCQ en jurisdicción nacional es aplicable el art. 242 del Cpr. que contiene un límite a la posibilidad de apelar relacionado con el monto de las pretensiones involucradas en la cuestión, sin perjuicio de las excepciones que contiene el propio artículo, es decir, procesos de desalojo o de alimentos, o cuando se discuta la aplicación de sanciones procesales.

Aunque la disposición no lo mencione, es obvio que habrá que tener en consideración las oportunidades en que la propia ley prevé la posibilidad de interponer apelación contra resoluciones determinadas, como por ejemplo en los arts. 13, 17, 24, 51, 59, 61, 63, 65, 96, 103, 117, 144 entre otros, de la LCQ, con distintas modalidades en torno a efectos y legitimados. En cuestiones que tramiten por vía incidental, rige el art. 285 de la LCQ que se explicará más adelante.

El Cpr. dispone en materia recursiva, que los recursos de apelación respecto de providencias simples o interlocutorias se conceden “en relación” y con efecto de suspender el cumplimiento de lo dispuesto por el juez hasta que se expida el tribunal superior (art. 243, Cpr.). Ello es lo que prevé la LCQ para aquellos casos en que se admite la apelación, como lo dispone el inc. 4 del art. 273 de dicha norma, lo cual es congruente con el hecho de que en la disciplina concursal todas las decisiones son catalogables como interlocutorias o como providencias simples.

En distintas disposiciones, la propia ley especifica las oportunidades en que el recurso debe concederse con efecto devolutivo, es decir que la resolución del magistrado a cargo debe cumplirse en forma inmediata sin perjuicio de que luego la Cámara de Apelaciones respectiva la revoque dejándola sin efecto (arts. 17, 24 y 51 de la LCQ, por ejemplo).

2.d.Notificaciones

En lo atinente a notificaciones en el procedimiento concursal, como principio genérico todas operan “por nota” o en forma “tácita” (inc. 5, art. 273, LCQ). Este inciso es la aplicación genérica de lo previsto para el concurso preventivo por el art. 26, LCQ, en términos similares.

El sistema de notificación por nota o por ministerio de ley, se halla previsto en el art. 133 del Cpr. que determina que las resoluciones judiciales quedan notificadas en todas las instancias los días martes y viernes, salvo los casos en que se prevé que la notificación se realice por medio de cédula. De manera tal que la providencia respectiva quedará notificada en esos días, el primero que acaezca, computándose el plazo pertinente a partir del día siguiente. Tampoco quedará notificada si el expediente no se encontrare en el tribunal o si se dejare constancia en el libro de asistencia o de notas del art. 133, Cpr. Este sistema se adecua a los principios de rapidez y economía procesal propios del procedimiento concursal, en donde la usualmente elevada cantidad de acreedores concurrentes torna casi imposible la notificación por cédula.

Mas debemos tener en cuenta que ciertos plazos legales contenidos en la ley poseen carácter especial, ya que se computan desde el momento en que la propia norma lo señala sin que proceda notificación alguna, como por ejemplo en los casos de los arts. 34, 35, 36, 37, 39 y otros de la LCQ.

La norma concursal prevé que solo la citación a las partes del procedimiento debe realizarse por medio del libramiento de cédula, como por ejemplo el llamado a una audiencia. Obviamente, quedarán incluidos en esta previsión los terceros no interesados que no son parte y que por algún motivo pueden ser citados al proceso, pero no los acreedores, respecto de quienes rige el sistema común de notificación por nota a partir de la publicación de edictos que hace saber la apertura del concurso. En aquellas cuestiones que tramiten mediante incidente, deberán observarse las reglas respectivas, por lo que habrá de ser notificada por cédula la providencia que ordena el traslado del incidente o la que le pone fin, aunque en este caso las normas específicas no lo prevean según se señalará más adelante.

A su vez, en los términos del art. 274 de la LCQ, el juez podrá disponer la notificación por cédula en aquellos casos en que lo estime conveniente o que requieran de una urgencia tal que no resulte aconsejable aguardar la notificación por nota, según el caso. Pero se trata de situaciones de excepción que no habilitan al magistrado a modificar a su arbitrio el sistema previsto legalmente.

2.e. Domicilio procesal

Los sujetos intervinientes en el proceso, ya sea el concursado o el fallido, sus representantes legales e integrantes del órgano de administración, socios con responsabilidad ilimitada y terceros, deben constituir domicilio procesal en la jurisdicción en donde tramita el concurso. Si así no lo hicieren, se lo tendrá por constituido en los “estrados del juzgado”, expresión que utiliza el art. 12 de la LCQ que reitera el inc. 6 del art. 273 de dicha norma, y que significa que las notificaciones que deban realizarse por cédula, serán efectuadas por nota conforme se explicó en el punto precedente. Esta situación acaece cuando los lugares en donde se ha constituido el domicilio no existieren o cuando el quebrado o sus administradores según el caso, no cumpliesen con su obligación de constituirlo, conforme lo ordena el art. 88 inc. 7, LCQ, para el supuesto de quiebra.

Los acreedores deben hacerlo al solicitar la verificación o pronto pago de sus créditos ante la sindicatura conforme lo imponen los arts. 16, 32, 200 y 202 de la LCQ, o de acuerdo al art. 56 de dicha norma si la petición fuere tardía. En cuanto al síndico, se considera como constituido el domicilio que hubiere denunciado con ese carácter al momento de inscripción ante Cámara de Apelaciones respectiva (art. 253, LCQ).

El domicilio constituido se mantiene hasta que se constituya otro o hasta que finalice definitivamente el proceso de acuerdo a cualquiera de las formas previstas por la ley.

En términos generales, el Cpr. contiene disposiciones similares en sus arts. 40 y siguientes.

2.f. Remisión del expediente a otros tribunales

Por el carácter universal del procedimiento que involucra intereses que exceden los individuales, el expediente no debe remitirse a otros tribunales y reparticiones, salvo para la resolución de causas penales que así lo requieran, supuesto en el cual debe devolverse dentro de los cinco días, quedando a cargo de la repartición interesada la obtención de las copias que resulten necesarias (art. 273, inc. 7 de la LCQ).

El tribunal del concurso debe velar por su restitución en tiempo oportuno.

2.g. Anotación de medidas en registros

Al decretar la quiebra, el juez interviniente dispone una serie de medidas tendientes a resguardar el patrimonio que deben ser anotadas en los registros respectivos, básicamente la inhibición general de bienes. Tales registraciones suelen generar gastos de sellado que, en situación de quiebra, no deben ser cancelados en forma previa como requisito para acceder a la anotación ni la condicionan, sin perjuicio de que tales erogaciones sean consideradas como gastos del concurso en los términos del art. 240, LCQ, lo que implica su cancelación cuando existan fondos provenientes de la liquidación de los bienes. Tampoco deberá abonarse previamente ningún arancel o tasa al solicitarse informes a los registros a fin de determinar el activo sometido a liquidación o el pasivo.

Esta disposición contenida en el inc. 8 del art. 273 de la LCQ, no es aplicable en caso de concurso preventivo, en donde todos los gastos derivados de la presentación quedan a cargo del peticionante de la apertura de la convocatoria, que debe poseer el respaldo patrimonial mínimo indispensable como para soportar las erogaciones derivadas de su petición y que son consecuencia de su estado cesante.

2.h. Prueba

En virtud de los principios que rigen la carga de la prueba, a quien afirma la existencia de determinados hechos en los cuales basa su pretensión, le corresponde acreditarlos. El inc. 9 del art. 273, LCQ, determina que en materia concursal, resultan de aplicación los principios comunes atinentes a la naturaleza de la relación involucrada, es decir que no existen situaciones de excepción aplicables por el solo hecho de hallarnos ante un proceso universal. De tal modo, se ratifica un principio de derecho común.

Como el concurso implica la crisis de la obligación en general que queda sometida al juez concursal, habrá que atender a los principios propios aplicables a cada relación en particular, como sucede, por ejemplo, en materia de derechos laborales que poseen parámetros de valoración diferenciados y que usualmente implican la inversión de la carga probatoria. Pero no debe olvidarse que, de acuerdo a los intereses en juego, los poderes del juez tendrán prevalencia sobre las facultades dispositivas de las partes.

El nuevo Código Civil y Comercial, no está de más aclararlo, contiene normas específicas en torno a la distribución de la carga de la prueba en materia de responsabilidad (arts. 1734 y 1735, CCiv.yCom.).

2.i. Facultades del juez del proceso

Se señaló en párrafos precedentes que los procedimientos reglados en la LCQ poseen carácter oficioso, hallándose a cargo del tribunal el impulso de la causa en los plazos establecidos. Ello se deriva de que el proceso concursal posee características inquisitivas, con amplias facultades de investigación, en donde se acentúan los poderes del magistrado por sobre el poder de disposición de las partes. La intervención del juez es decisiva en nuestro sistema concursal, y por ello suele decirse que posee carácter “publicístico”.

Y para el logro de tales objetivos, el art. 274 de la LCQ le indica al juez a cargo que tiene la “dirección del proceso” y que podrá disponer diversas medidas tendientes a impulsar el procedimiento hacia su total conclusión. No se trata tan solo de facultades que se le otorgan, sino que implica una directiva de carácter imperativo, hallándose en juego su responsabilidad, por lo que deberá en su caso proceder en los términos de la norma, dictando las medidas que según el caso concreto resulten necesarias.

Además, lo constriñe a dictar las providencias de investigación indispensables para la dilucidación de aspectos atinentes a la determinación del activo y del pasivo concursal, enunciando dos a dichos fines: a) la citación al tribunal del concursado y de terceros a fin de que brinden las explicaciones que le sean solicitadas en audiencia, pudiendo hacerlos comparecer incluso mediante el auxilio de la fuerza pública en caso de resistencia; y b) la presentación en la causa de documentación que los nombrados posean, que deberá serle devuelta cuando no se vinculen con la controversia en la que intervengan. Existen otras especialmente previstas diseminadas por la LCQ.

Dichas medidas no son taxativas, de modo que el juez podrá disponer otras que estime adecuadas como la realización de pericias, informes y constataciones, pero deberá acotar sus prerrogativas en materias controvertidas que involucren la conformación del pasivo en donde la carga corresponde a las partes intervinientes en la cuestión, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el art. 33 de la LCQ en relación a la posibilidad de disponer medidas indagatorias a petición de la sindicatura pero en ese supuesto concreto.

Dentro de las medidas que podrá disponer en el marco de las facultades indicadas, se hallan las medidas cautelares en defensa de la integridad del patrimonio del quebrado y en interés de la masa de acreedores.

La intervención del tribunal de segunda instancia está acotada a los recursos de apelación que se concedan cuando la resolución sea susceptible de apelación y a la revisión de los honorarios regulados a la sindicatura en primera instancia.

2.j. Obligaciones del síndico

Luego de disponer lo atinente a las facultades del órgano jurisdiccional, la ley 24.552 prescribe lo relativo a las obligaciones de la sindicatura (art. 275, LCQ).

El síndico reviste carácter de parte procesal en el expediente principal del concurso o quiebra y también en todos los incidentes que se promuevan, por lo que debe otorgársele la debida intervención bajo pena de nulidad. Quedan comprendidos a su vez todos los pleitos de contenido patrimonial en los que el concursado o quebrado sea parte, salvo los derivados de relaciones de familia.

Cabe recordar que en situación de concurso preventivo, el concursado no pierde su legitimación procesal, por lo que no es reemplazado por el síndico, quien no obstante ello, de todos modos posee carácter de parte de acuerdo a lo que dispone el último párrafo del art. 275, LCQ.

La compleja labor del funcionario sindical, auxiliar técnico del juez, debe ser observada desde dos ángulos: por un lado, defiende los intereses de la masa de acreedores y también ejerce la representación del quebrado en tanto éste ha perdido su legitimación procesal en procesos de contenido patrimonial, como recién indicamos. Y por otra parte debe administrar la masa activa, el conjunto de bienes de la quiebra de los cuales es responsable por su custodia y conservación. Al inscribirse en los términos del art. 253 de la LCQ para actuar en los diversos concursos y quiebras, asume la responsabilidad propia de la función, para lo cual debe hallarse debidamente capacitado y poseer una estructura acorde a ella. El estatuto concursal posee reglas especiales relativas a inscripción, designación y régimen sancionatorio, licencias y alcance de su actuación (arts. 253 a 258, LCQ).

Genéricamente, el art. 275 referido dispone que el síndico debe peticionar en la causa lo conducente para el rápido desarrollo del procedimiento, la determinación del patrimonio falente, los hechos que pudieran haberlo afectado y sus responsables, a fin de activar las acciones que posee la propia LCQ tendientes a su recomposición, así como las penales por ante el fuero pertinente.

En lo que hace a las atribuciones procesales, el funcionario puede librar cédulas y oficios ordenados en el expediente –salvo los que formalmente deban ser firmados por el juez–, requerir informes a organismos públicos o privados referidos a las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, pedir del cesante o de terceros las explicaciones que crea convenientes, compulsar causas judiciales o administrativas relacionadas con la situación patrimonial del concursado o quebrado, emitir los certificados de prestación de servicios de los trabajadores afectados por la quiebra para su presentación ante los organismos de la seguridad social a los fines del cobro de subsidios, y en su caso deberá pedir al juzgado cualquier otra medida pertinente para el cumplimiento de su función, de manera que las enunciadas solo poseen carácter ejemplificativo.

A su vez, en lo referido específicamente al período en que se desarrolla la etapa de verificación de los créditos, al síndico se le impone tener oficina disponible durante el horario que determine la reglamentación de la Cámara con competencia superintendencial, a fin de recibir los pedidos de incorporación al pasivo concursal y las observaciones que se formulasen en términos de los arts. 32 y 34 de la LCQ.

En ese lapso y hasta la presentación en el expediente del informe individual de créditos (art. 35, LCQ) debe recibir todo escrito que le sea entregado en su oficina y dar recibo firmado con fecha y hora.

El carácter especial de sus funciones no exime al síndico del cumplimiento de los plazos y demás cargas procesales que correspondan, haciéndose pasible, en su caso, de las sanciones que resulten pertinentes según art. 255 de la LCQ.

2.k. Intervención del Ministerio Público Fiscal

En lo que refiere a la intervención del Ministerio Público, el art. 276 de la LCQ indica las oportunidades en que debe otorgársele participación, la que posee un alcance muy limitado.

Distingue la ley la situación de concurso preventivo de la de quiebra, y dispone que, en el primer supuesto, debe remitírsele la causa a fin de que emita dictamen en segunda instancia en caso de que se hubiera impugnado el acuerdo en la oportunidad del art. 51 de la LCQ, último párrafo. Es decir, elevada la causa a la Cámara luego de sustanciados los recursos contra la decisión del juez –obviamente apelada– deberá otorgársele participación al Fiscal ante la Alzada.

En el trámite de la quiebra, se le corre vista en segunda instancia en todo recurso en el cual participa la sindicatura.

Como se advierte, el Ministerio Público no posee intervención alguna en el desarrollo del proceso ante el juez del concurso, sino que su actuación se halla acotada a los casos especificados por la norma en el tribunal superior que deba entender. Lo dicho deviene como consecuencia de que debido a las prerrogativas inquisitorias del juez como director del proceso ya vistas, posee facultades suficientes a fin de dictar las medidas de investigación que estime adecuadas.

Pero ello no implica que no corresponda darle participación en cuestiones de competencia, en planteos de inconstitucionalidad o en aquellos en que se halle involucrado el orden público o el interés general, incluso en primera instancia. En estos casos podrá intervenir oficiosamente como parte requirente, no obstante que no se le hubiere otorgado intervención.

En cuanto a su labor, el fiscal emite un dictamen sobre el asunto sometido a su consideración que no es vinculante para el decisor –puede seguir lo propuesto o decidir de otro modo–, aunque posee legitimación para recurrir la decisión. Su actuación debe ajustarse a la LOMP.

También de manera tangencial se prevé la intervención del agente fiscal de la jurisdicción que corresponda, cuando el concurso carece de fondos para atender a gastos de traslado y estadía del síndico a los fines de materializar las diligencias que deban cumplirse lejos del radio del juzgado del concurso, dispuestas en el auto de quiebra; diligencias que, entonces, se colocan en cabeza del fiscal sustituyendo así al funcionario (art. 258, LCQ).

2.l. Perención de la instancia

La caducidad de la instancia es un instituto procesal que implica la finalización anormal de la causa y su posterior archivo por el mero transcurso de cierto tiempo, por no haberse realizado actuaciones de impulso del proceso hacia la sentencia. Se libera al órgano jurisdiccional de la carga que implica poseer un expediente en trámite, existiendo por otra parte una presunción de desinterés en el promotor del juicio.

El Cpr. legisla sobre la caducidad de instancia en sus arts. 310 y 311, aunque no todos los regímenes procesales provinciales la contemplan, o la prevén con distintas modalidades.

En materia concursal, es aplicable el instituto conforme lo prevé expresamente el art. 277 de la LCQ que dispone que salvo en el procedimiento principal del concurso o quiebra, la perención opera en las restantes actuaciones y en ambas instancias.

El proceso principal queda excluido debido a que como señalamos, el juez tiene a su cargo el impulso del procedimiento.

La norma antedicha fija un plazo único de tres meses para que se produzca la caducidad, que se computa a partir de la última actuación impulsoria de las partes o del tribunal. Tal plazo coincide con el fijado por el Cpr. a los efectos de la perención en incidentes procesales.

Sin perjuicio de ello, la propia ley dispone plazos diferentes que excepcionan a la regla genérica, como en los casos de los arts. 119, 164 y 174 de la LCQ, en donde se prevén acciones de recomposición patrimonial que usualmente tramitan mediante las reglas del juicio ordinario, lo que justifica la extensión del plazo a seis meses, tal como acontece para la perención de dichos procesos de acuerdo al art. 310 del Cpr.

2.m. Aplicación de leyes procesales locales

Es relevante lo que norma el art. 278 de la LCQ en torno a que en aquellas cuestiones que no se hallaren previstas en la ley, deberán aplicarse las disposiciones de las leyes procesales de la jurisdicción en que tramite el procedimiento. La propia ley se ocupa, entonces, de proveer a la eventual laguna que pudiera derivarse de la carencia de normas procesales que reglen situaciones particulares. En estos casos, deberá acudirse a lo previsto por el código procesal pertinente, como sucede en todo lo atinente al trámite de la liquidación de bienes en la quiebra que escape a lo allí previsto (arts. 203/217, LCQ), situación que es ejemplificativa por sus aristas típicamente procesales.

Ahora bien, la ausencia de específica regla no implica sin más la automática aplicación de la ley procesal local, ya que ello se halla condicionado a que dichas normas resulten compatibles con la rapidez y economía característica del procedimiento concursal, como lo señala el art. 278 de la LCQ en su última parte. De manera tal que como ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, no resulta aplicable, por ejemplo, el instituto de la recusación sin causa previsto en los arts. 14 a 16 del Cpr.

2.n. Legajo del art. 279

El expediente del concurso posee constante movimiento procesal, en especial luego de la apertura, ya que a compulsar sus constancias y peticionar concurren, además del concursado y la sindicatura, básicamente acreedores en número importante –en algunos procesos se cuentan por cientos–, de manera tal que no siempre la causa se halla físicamente disponible en la mesa de entradas del tribunal. Es por ello que la LCQ en su art. 279, determina que debe formarse una suerte de legajo sucedáneo o paralelo que, en sustancia, debe ser un reflejo del expediente principal lo más exacto posible y que debe hallarse siempre disponible para su consulta en el juzgado de trámite.

A su vez, es importante porque facilita la rápida reconstrucción de la causa en casos de destrucciones, extravíos o robos.

No obstante que la norma refiere a que el legajo debe poseer “copia de todas las actuaciones fundamentales del juicio”, por lo que no resulta indispensable que se agreguen las de todas las presentaciones y proveídos, lo cierto es que es aconsejable que guarde la mayor similitud posible con el expediente principal para un mejor conocimiento de los interesados.

En ciertos casos es la propia ley la que determina cuáles presentaciones deben agregarse en copia al legajo, como por ejemplo en los arts. 34 y 35, LCQ. En otros simplemente se indica que debe acompañarse copia cuyo destino, aun no especificado concretamente, es la incorporación a ese expediente (por ejemplo, art. 11 penúltimo párrafo y 218, LCQ). Y en algunos supuestos nada se indica, no obstante que de todos modos resulta obvio por su importancia que deberá adjuntarse copia para agregar al legajo, como en el caso del informe general del art. 39, LCQ.

Formalmente las copias destinadas a glosarse al legajo deben hallarse firmadas por quienes suscribieron la presentación original, obrando la firma como declaración de tratarse de copia idéntica. Asimismo, debe incorporarse testimonio de las actuaciones trascendentales emanadas del tribunal, suscripto por el secretario interviniente, quien es responsable de llevar ordenado y actualizado el expediente ya que de otro modo se lo considerará incurso en falta grave antecedente de sanciones.

A fin de que el legajo guarde la mayor correlación posible con el expediente principal, en la copia el secretario debe dejar nota de la correspondencia con la fecha y foja del original y respecto de cualquier otra cita o remisión que se haga.

El secretario del juzgado es el colaborador más importante y eficiente del juez dentro del tribunal. Todo el trámite concursal se encuentra bajo su supervisión directa.

De todas maneras, la importancia de este legajo se diluirá con el paso del tiempo, debido al avance de los medios tecnológicos que permiten compulsar las causas por internet y, en un estadio más avanzado, la instauración del expediente digital.

Cabe destacar para concluir este punto que, no obstante que el legajo se halle disponible siempre para su consulta, podrá dejarse nota en el libro del art. 133 del Cpr. si no estuviere el principal en la mesa de entradas en las oportunidades que correspondan

3. Incidentes
3.a. Materia involucrada

Al judicializarse la cesación de pagos con la consecuente apertura de un procedimiento de concurso preventivo o quiebra, se pone en marcha un mecanismo en donde se ven involucrados sujetos de la más diversa índole: el propio cesante, los acreedores en sus diversas expresiones –proveedores, bancarios, trabajadores, prestamistas, impositivos, etc.–, síndicos y auxiliares del juez, deudores, terceros con intereses particulares –el locador del quebrado o el titular de un bien en poder del fallido, por ejemplo–, acreedores de la quiebra –y no del fallido– (art. 240, LCQ), y otros.

Todos ellos se encuentran legitimados para peticionar en el procedimiento, en relación a sus intereses particulares.

En previsión de la cantidad de planteos conexos que pueden suscitarse en el marco del juicio universal, el art. 280 de la LCQ dispone que aquellas cuestiones relacionadas con el trámite principal del concurso, deben tramitar mediante pieza separada de acuerdo a las reglas que se prevén en las normas subsiguientes. Es decir, más comúnmente, por vía incidental. La norma citada es transcripción casi literal del art. 175 del Cpr., que contiene en su Capítulo 1, Título 4, todo lo relativo a la materia incidental, muy similar a la que contiene la ley concursal. Pero la similitud se verifica únicamente en cuanto al aspecto formal, ya que el incidente reglado en el ordenamiento procesal tiende a resolver cuestiones conexas al juicio principal, que involucran a dos partes generalmente opuestas con vistas a una sentencia que ponga fin a un conflicto particular.

Por el contrario, el incidente típico del procedimiento concursal decide cuestiones suscitadas, usualmente, entre acreedores, concursado y síndico, proyectando sus efectos sobre el juicio universal. A esa decisión se llega luego de un amplio debate en un adecuado marco probatorio, en donde se exige en general que el promotor acredite lo que invoca.

La recurrencia a este incidente implica la promoción de un procedimiento abreviado de conocimiento pleno contencioso, que se sujeta a reglas propias en materia de plazos, prueba y recursos.

Como señala el citado artículo, quedan al margen de esta particular vía aquellas cuestiones que posean un procedimiento especial previsto por la ley, como en el caso de las acciones de recomposición patrimonial precitadas o lo referido a los contratos en curso de ejecución (arts. 20 y 144, LCQ), entre otros.

En algunos supuestos la propia ley remite de manera expresa a la promoción del incidente, como en el caso más común que es la verificación tardía de créditos (art. 56, LCQ); en otros nada se dice, tal el caso de la revisión del art. 37, LCQ, por lo que se aplica la regla genérica del art. 280 de dicha norma. Tan solo en el caso de la promoción de acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, que debe llevarse a cabo por juicio ordinario, el art. 119 de la LCQ deja librado al acuerdo de partes la posibilidad de que el proceso tramite por vía incidental.

En determinadas circunstancias, y no obstante que la cuestión se halle íntimamente relacionada con el trámite principal del concurso de manera tal que allí deba sustanciarse y resolverse, el juez podrá disponer la formación de pieza separada a tales fines, ya que en principio ningún incidente suspende el desarrollo del procedimiento, a diferencia de lo que prevé el art. 176 del Cpr. que admite tal posibilidad con efectos paralizantes. Como ejemplo de ello, se puede citar el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra de los arts. 94 y 95, LCQ. En estos casos, la cuestión tramitará de acuerdo a las reglas de esta sección, pero con observancia de las disposiciones específicas que la ley hubiera previsto en el supuesto concreto.

3.b. Formalidades de la presentación. Rechazo liminar. Traslado

Dado que como señalamos, el incidente implica que la cuestión que involucra sea debatida ampliamente, el escrito de promoción deberá cumplir con los recaudos formales contenidos en los códigos procesales locales, explicar en forma suficiente los hechos en que se sustenta, fundarse en derecho y expresar claramente lo que se pretende, y además, deberá adjuntarse la prueba de tipo documental que tuviera el promotor en su poder y ofrecerse toda la restante de la que intente valerse (art. 281, LCQ). También requiere intervención letrada. A quien promueve el incidente se lo denomina “incidentista”.

Al igual que lo que acontece en el Cpr., si de un estudio liminar de la petición se desprende su improcedencia manifiesta –o su extemporaneidad, como podría acaecer en los recursos de revisión del art. 37, LCQ–, el magistrado deberá rechazarla “sin más trámite”. La expresión que utiliza la ley no debe asimilarse a la posibilidad de evitar la fundamentación de la desestimación, que resulta indispensable bajo pena de considerarse arbitraria la decisión. Debe destacarse, en este aspecto, que el rechazo in límine debe recepcionarse en forma muy restrictiva en casos en donde resulte notoria la carencia de fundamentos, o que la cuestión resulte extemporánea, abstracta o meramente dilatoria, a fin de no violentar la garantía constitucional del debido proceso.

Fuera de tales supuestos, debe el juez admitir formalmente el incidente y ordenar el traslado respectivo. Sin embargo, podrá previamente pedir aclaraciones, complementaciones o que se integre debidamente la causa con otros sujetos si correspondiera por la naturaleza de la pretensión.

Ante un rechazo liminar, la parte podrá interponer recurso de apelación, que deberá concederse con efecto devolutivo, tratándose de una excepción al principio del art. 273 inc. 4 de la LCQ. El efecto devolutivo del recurso implica que la decisión del juez de primera instancia deba cumplirse no obstante la interposición de la apelación. Y dado que el incidente ha sido rechazado, no se aprecia el sentido de la disposición, máxime considerando que no existen incidentes suspensivos del proceso en materia concursal.

Habrá que tener presente, de todos modos, que el monto involucrado en el recurso supere el valladar mínimo establecido en el art. 242 del Cpr. o su equivalente local. Pues como ha sido explicado precedentemente, algunas decisiones judiciales son en principio apelables, pero por no superar el límite de audibilidad previsto en las leyes de forma, devienen en inapelables por el monto.

El traslado del incidente debe otorgarse por el plazo de diez días, que se computará de acuerdo al art. 273 inc. 2, LCQ, y deberá notificarse por cédula conforme lo dispone el art. 281 de dicha norma, en forma coherente con la naturaleza e importancia del acto.

Dicho traslado debe notificarse en el domicilio que se hubiera constituido en el procedimiento principal del concurso, que es válido también para todos los incidentes.

La contestación del incidente también debe guardar las formas procesales apropiadas de acuerdo a lo previsto por las disposiciones procesales locales pertinentes, cumplir con las cargas rituales y de igual modo, debe fundarse y agregarse la documental que se poseyere y ofrecerse toda la prueba de la que se dispusiere.

No es admisible la oposición de excepciones como de previo y especial pronunciamiento, sin perjuicio de que sean tratadas en la resolución que ponga fin al incidente.

Pueden ser legitimados pasivos en la pretensión incidental, según su contenido, el concursado o el acreedor. El art. 110, LCQ, habilita al quebrado a hacerse parte en incidentes de revisión y de verificación tardía. En cuanto al síndico, habrá que distinguir si se trata de concurso o quiebra. En el primer caso habrá que darle la intervención respectiva en todo incidente como representante de la masa de acreedores. En supuesto de falencia, además posee la legitimación procesal que perdió el fallido (art. 110, LCQ), salvo en algún caso concreto como por ejemplo en el trámite de restitución de bienes de terceros, en donde la ley dispone la intervención personal del quebrado (art. 188, LCQ). Asimismo, el síndico poseerá legitimación por sí mismo cuando se cuestione su actuación profesional en orden a los deberes que son inherentes a su función.

Muy excepcionalmente puede admitirse la intervención de terceros ajenos al concurso.

3.c. Prueba

Corresponderá la apertura de la causa a prueba en tanto existieren hechos controvertidos. De lo contrario, contestados los traslados que correspondan, deberá el juez dictar resolución sin más y dentro del plazo de diez días de acuerdo a lo previsto por el art. 34 inc. 3–b) del Cpr., plazo aplicable para la decisión de cuestiones que deban resolverse mediante sentencia interlocutoria.

El art. 282 de la LCQ faculta al magistrado a disponer el plazo en el cual debe diligenciarse la prueba, estableciendo un tope máximo de veinte días. El Cpr. en su art. 181 dispone que la prueba en un incidente debe producirse en un lapso no superior a los 10 días, pero cabe recordar que el incidente procesal no es asimilable al procedimiento que se establece en la ley concursal que, como se indicó, importa una verdadera demanda de conocimiento pleno. Nótese que, en los juicios contenciosos ordinarios el art. 367 de Cpr. determina un plazo máximo de cuarenta días a estos fines.

De todos modos, en contadas ocasiones se cumple el plazo que establece el art. 287 de la LCQ, el que en incidentes complejos que requieren de comprobaciones periciales o pruebas a diligenciar en jurisdicciones alejadas del tribunal de radicación, resulta muy acotado. Este es el inconveniente principal que colisiona con la rapidez y economía pretendida por la ley.

Son admisibles todos los medios de prueba de los que puedan las partes valerse para acreditar hechos controvertidos, pero si no los hubiere, deberá directamente procederse al dictado de sentencia en la causa.

En el trámite incidental no procede la fijación de la audiencia a que alude el art. 360 del Cpr. a los fines de intentar arribar a una conciliación y en su caso recibir la prueba, por aplicación del art. 278, LCQ. Sin embargo, cuando fuese necesario fijar una audiencia para, por ejemplo, tomar declaraciones testimoniales, deberá llevarse a cabo dentro del plazo señalado y producirse allí toda la prueba que pueda realizarse en dicho acto.

La norma señalada impone a las partes la carga de observar la debida diligencia a fin de que la prueba se lleve a cabo en el plazo fijado, y a su vez, faculta al juez a declarar la negligencia de alguna de las partes en la producción –lo que implica la pérdida de la posibilidad de producirla con posterioridad– y a dictar la respectiva resolución que ponga fin al pleito incidental no obstante que no se hallen diligenciadas todas las medidas probatorias, si es que estima que las pendientes resultan innecesarias.

Sin embargo, en la práctica el magistrado no hace uso de tales prerrogativas debido a la cantidad de procesos concursales e incidentes que tramitan actualmente en los tribunales con competencia concursal, lo que impide un seguimiento particularizado, por lo que la iniciativa queda en manos de las partes. Y, por otro lado, porque más allá de la sana intención del legislador, los inconvenientes propios que se observan a la hora de la producción de la prueba pertinente pueden implicar, en muchos casos, la violación de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Por lo demás, un criterio de suma prudencia debe primar a la hora de descartar medidas probatorias.

La prueba pericial debe llevarse a cabo por un solo perito designado de oficio (art. 283, LCQ; ver también art. 183 del Cpr.). Ello será posible de acuerdo a la naturaleza de la cuestión propuesta en el incidente, como por ejemplo cuando baste una comprobación contable a los fines de decidir la controversia. De no ser así, podrán designarse hasta tres peritos, previendo el art. 283, LCQ, un mecanismo por el cual las partes, en forma conjunta, podrán proponer dos expertos dentro de los dos días de designados los oficiales por el juez, supuesto en el cual se desempeñarán en el pleito con el primero de los nombrados por el magistrado quedando sin efecto la designación de los restantes. Esta modalidad no tiene gran repercusión práctica.

En temas de cierta complejidad, puede resultar necesaria la designación de peritos especialistas en número mayor al permitido por el artículo referido, caso en el cual el juez podrá hacer uso de las facultades que le competen como director del proceso (art. 274, LCQ) permitiendo el acceso a la designación de otros auxiliares técnicos, modo de compatibilizar la disposición concursal con las garantías emanadas de la CN. Ello a su vez permitirá el dictado de una sentencia justa en la causa, ya que no debe olvidarse que el dictamen de expertos resulta indispensable para otorgar al magistrado los medios necesarios para expedirse, en materias que escapan a su saber y respecto de las cuales no posee el deber de conocer.

En el caso de testigos que las partes ofrezcan para declarar en el incidente, no pueden admitirse más de cinco por razones de celeridad y economía procesal. Pero en este caso, el art. 284 de la LCQ, con criterio que resulta más adecuado, deja a salvo la posibilidad de que por la complejidad de la causa o de los hechos que se encuentren controvertidos, pueda admitirse el testimonio de otros sujetos que deberán ser ofrecidos en oportunidad de promover el incidente con la restante prueba. Si es rechazada la pretensión ampliatoria, deberán comparecer a declarar los primeros cinco ofrecidos tal como de manera similar los establece el art. 430 del Cpr.

3.d. Apelación

Ninguna resolución que se dicte durante el trámite del incidente es susceptible de ser apelada. La única excepción es la decisión que otorga finalización definitiva a la causa, cerrando el proceso, la que no necesariamente es la sentencia que se expide sobre la cuestión concreta propuesta en el escrito de inicio del incidente, sino que puede ser cualquier otra decisión que finiquite el pleito, como por ejemplo la resolución que declara la incompetencia del tribunal, la que admita la perención de la instancia, la que homologa un acuerdo, o la que rechaza el incidente sin sustanciación.

La legitimación para interponer la apelación es otorgada a todos los que hayan sido parte en el incidente y se vean agraviados por la decisión.

Técnicamente, desde el punto de vista procesal, la resolución se ajusta a las formas de las sentencias interlocutorias regladas en el ámbito nacional por el art. 161 del Cpr., sin perjuicio de que, a diferencia de éstas, que deciden cuestiones dentro del proceso orientadas a la sentencia final, la interlocutoria en el incidente concursal constituye el pronunciamiento definitivo.

Véase que el recurso, cuando es admisible, se concede en relación y con efecto suspensivo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 273 inc. 4, LCQ, forma típica de concesión de la apelación en materia procesal incidental en el Cpr. (art. 243, párrafo 2). De todo ello se deriva la importante consecuencia de que todo el trámite de fundamentación del recurso –presentaciones de memorial de agravios y sus contestaciones–, se realizará en primera instancia, ya que solo se llevan a cabo en el Tribunal de Alzada las atinentes a la sentencia definitiva en proceso ordinario. Además, la concesión de la apelación con la modalidad “en relación” implica que la Cámara resuelva con base exclusiva en los actos cumplidos en primera instancia.

Señala el art. 285 de la LCQ que aquellas decisiones dictadas durante el desarrollo del proceso que resuelvan cuestiones incidentales distintas a la sentencia definitiva, son inapelables, lo que no implica que no puedan ser interpuestos otros recursos previstos en las leyes procesales del lugar de tramitación del juicio, ya sea aclaratoria o reposición de providencias simples.

No obstante la inapelabilidad genérica dispuesta por la norma precitada, respecto de dichas resoluciones que deciden durante el trámite del incidente o rechazan medidas probatorias, el agraviado podrá requerir de la cámara respectiva que las revoque. Para ello deberá apelar la decisión definitiva de la causa –la que tal lo explicado, es la única que puede ser apelada–, y en el memorial de agravios que presente para sustentar esta apelación, deberá a su vez peticionar fundadamente la revocación antedicha.

Cabe destacar que al agraviado por alguna de estas resoluciones accesorias no se le impone apelar o efectuar reserva alguna a los fines de poder pedir oportunamente su revocación en los términos expuestos.

Sin embargo, si la cuestión principal se halla alcanzada por el límite cuantitativo del art. 242 del Cpr., dado que la decisión definitiva será inapelable, ninguna de las resoluciones adoptadas a lo largo del proceso podrá ser revisada por el tribunal de alzada respectivo dado el carácter accesorio de estas decisiones, quedando a salvo las excepciones que enuncia el propio artículo referido, que deberán ser tratadas por la Cámara con entera independencia de lo que suceda en el incidente.

Al tratarse el incidente de un proceso de conocimiento pleno, la resolución definitiva que en él recae posee carácter de cosa juzgada material, a diferencia de lo que sucede con la decisión de conformación del pasivo a que refiere el art. 36, LCQ, en lo que hace a créditos declarados admisibles o inadmisibles.

3.e. Pretensiones conjuntas y simultáneas

Con una plausible finalidad, la LCQ en su art. 286 le impone a aquel que tuviere motivo para peticionar en un concurso por vía de incidente, que de poseer más de una pretensión sustentada en causas conocidas y de simultánea existencia, las plantee en forma conjunta. Por ejemplo, si el acreedor tuviese más de una factura para reclamar en virtud del incumplimiento de un contrato de compraventa de mercaderías, o si el acreedor fiscal reclamase distintos períodos impagos de algún impuesto pendiente.

La norma, similar al art. 186 Cpr., tiende a evitar el conocimiento fragmentado y la proliferación de incidentes que se basen en circunstancias que son conocidas por el pretensor, y por ello la disposición determina en forma drástica y rotunda que deben rechazarse liminarmente aquellos incidentes que se entablen con posterioridad.

La resolución será apelable ya que pone fin al incidente, en los términos expuestos en el punto precedente.

Al ponerse en juego la garantía constitucional del debido proceso, la aplicación de la norma debe valorarse con criterio restrictivo y efectuarse en forma prudente y razonable, sin apego a un rigorismo formal mecanicista.

3.f. Honorarios en procesos incidentales

El último artículo de esta Sección II refiere a la forma de fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en los procesos incidentales.

No obstante que el art. 287 de la LCQ hace referencia a los incidentes de revisión del art. 37 y a los de verificación tardía del art. 56 de dicha norma, la disposición es aplicable a todo tipo de incidentes concursales sin que se justifique un tratamiento distinto para otra clase de incidentes, y en el entendimiento de que la ley menciona los dos procedimientos más comunes. Ello es congruente con el propio título de la disposición: “Honorarios en incidentes”.

La regulación debe efectuarse de acuerdo a lo que prevén las normas arancelarias locales para los casos de incidentes.

La base regulatoria usualmente corresponde al monto verificado o sometido al reclamo.

En determinados casos, la base deberá ser estimada con relación a otros parámetros, como por ejemplo en el incidente en el cual se discuta la restitución de un bien (art. 188, LCQ), supuesto en el que habrá que atenerse al valor estimado de aquel, como también en casos de incidentes de escrituración y otros afines.

Los honorarios son apelables como derivación de lo previsto por los arts. 278, LCQ y 244, Cpr.

Como principio, en los incidentes concursales cabe hacer aplicación del régimen de imposición de costas previsto en las leyes procesales locales que en general se asientan sobre el principio objetivo de la derrota, de modo que el vencido cargará con las costas.

No obstante ello, tal principio se invierte en el caso común de verificaciones tardías, en donde las costas son impuestas al verificante no obstante que triunfe en el incidente, debido a la extemporaneidad de su pretensión que implicó la realización de tareas fuera del marco propio de los arts. 32 y siguientes de la LCQ. De todos modos deberá considerarse si existieron oposiciones a la petición finalmente desestimadas, de forma tal que habrá que sopesar debidamente la manera de distribuir las costas.

Existe numerosa casuística sobre la cuestión que excede largamente la finalidad de este trabajo.

3.g. Notificaciones

Como se indicó, por tratarse el incidente de una verdadera demanda de conocimiento pleno, el traslado debe notificarse por cédula conforme art. 281, LCQ. Luego no existe en esta sección dedicada al procedimiento incidental, ninguna otra norma que prevea la notificación de algún acto procesal que no sea por nota, de manera tal que ciertos actos que en el proceso ordinario se anotician por dicho medio –como por ejemplo la oposición de excepciones, el traslado de la documentación que hubiera acompañado el demandado, la apertura a prueba de la causa–, deberán hacerse por ministerio de ley.

Sin embargo, en relación a la resolución que pone fin al incidente, debe notificarse por cédula por aplicación del art. 135 inc. 13 del Cpr. que dispone tal forma de notificación para “las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales”. Al culminarse el proceso, nada impide hacer aplicación lisa y llana de normas procesales locales por fuera de la órbita del art. 278, LCQ, en lo que refiere puntualmente a celeridad y economía de trámite.

Y por el mismo motivo, las regulaciones de honorarios también deben ser notificadas mediante cédula.

3.h. Perención de instancia

Por aplicación del art. 277 de la LCQ, el incidente es susceptible de perimir en el plazo de tres meses, sin que interese la naturaleza del crédito involucrado en el procedimiento. Las costas en tal caso serán impuestas, en general, al promotor del incidente.