Kitabı oku: «La batalla por el derecho al aborto», sayfa 4

Capítulo I
LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL: MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN TRANSNACIONAL
1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la Mesa es un actor local, los últimos diez años de su trabajo se han dedicado al avance en la implementación del aborto en Colombia y permiten identificar estrategias en las que ha sido central la acción transnacional. Por una parte, para producir conocimiento experto, ha acudido a los contenidos sobre los derechos humanos creados a nivel transnacional (tanto en lo global como en lo regional) y ha utilizado los estándares y desarrollos jurisprudenciales más progresistas para aportar una producción original de conocimiento experto hecho desde la sociedad civil¹. Esa producción transnacional, sin embargo, no es resultado exclusivamente del trabajo de organizaciones propiamente transnacionales o internacionales, en aquella han incidido también organizaciones locales directamente o mediante el establecimiento de alianzas con otras organizaciones regionales. Por otra parte, al producir un conocimiento experto que avance en la interpretación de esos estándares internacionales, la Mesa ha logrado trabajar con actores transnacionales, sus producciones les han servido a estos y a organizaciones locales en otros países por lo que se ha creado un círculo en virtud del cual la Mesa consume y produce lo transnacional.

En esta línea, la Mesa ha destinado una cantidad importante de recursos económicos y humanos a una actividad que podría parecer rutinaria en el trabajo de las organizaciones: la producción y difusión de contenidos favorables respecto al punto de vista y a la demanda de la que se hacen cargo. Aquí proponemos que la Mesa ha aportado una nueva manera de acercarse a la movilización, pues genera un movimiento transnacional regional de fuerte impacto en América Latina. Este aporte ha servido para cualificar ese trabajo rutinario hasta convertirse en una experta legal cuya movilización tiene efectos pedagógicos importantes². Esta organización basa su reclamo de experticia en la cantidad de conocimiento acumulado sobre la implementación de la normatividad relativa al aborto, en la calidad de su interpretación de las normas relevantes y su capacidad para entrenar a los prestadores del servicio para la solución de problemas prácticos relacionados con la aplicación de la normatividad. En particular, aquí se muestra que es quizá la única organización que tiene datos sistemáticos sobre la experiencia de las mujeres —atención a casos— con el sistema de salud respecto al acceso al aborto legal; que su interpretación de las normas relevantes supera por mucho la existente entre los doctrinantes del derecho penal y que ha conseguido construir puentes con el Estado como entidad experta para influir en la política pública y, con sus propios recursos y estrategias, ha logrado incidir en las regiones y entrenar una multiplicidad de actores en la interpretación compleja del derecho que se propuso crear. Es precisamente esto lo que lleva a que tantos y tan variados actores afirmen que la Mesa es un “referente” técnico:

El rol de la Mesa es claro en también ser un referente en el tema […] es importante que la Mesa siga teniendo un lugar en donde, si hay un debate sobre esto en el Congreso, tenga la credibilidad para estar ahí, para ser una voz. Porque me parece que tiene que ejercer también ese rol político, de ser la voz de la implementación […] yo creo que ese es el rol que llevan. Particularmente lo veo —yo lo he visto— en el acceso al derecho³.

[…] Es [la Mesa] un referente para organizaciones, por ejemplo, con la producción de causal salud o la causal de violación. Esos documentos son claramente referentes para la región, pero también para las organizaciones de base que reciben casos de mujeres que están enfrentando casos de embarazos no deseados. En todas las llamadas que a mí me llegan de personas con embarazos no deseados que quieren saber más información sobre el aborto, la Mesa es [a]donde yo remito la gente, eso es súper claro. Entonces, es un referente, tanto para tomadores de decisión como para personas potenciales usuarias, de saber lo que está pasando. Siempre sabemos que de los mandatos de la Sentencia a lo que pasa en la vida real, hay muchísima distancia y yo creo que la Mesa ha trabajado en acortarla⁴.

Adicionalmente, nos interesa evidenciar que la Mesa ha diseñado una estrategia para construir y difundir conocimiento, desde la sociedad civil, que presta atención a los problemas de legitimidad y de democratización. Tanto en la fase de recolección de información, como en la de identificación de necesidades de conocimiento y en la de difusión ha buscado involucrar a las mujeres, allende el trabajo con organizaciones y a los expertos más allá de sus instituciones. Esta estrategia se ha amoldado a tres circunstancias importantes del contexto y otros objetivos de largo plazo: 1) el trabajo interprofesional entre médicos y abogados; 2) la movilización regional, es decir, la latinoamericana; y 3) la construcción de puentes con otros actores y movimientos que buscan la democratización de la sociedad colombiana.

Para ilustrar la manera como la Mesa ha interpretado el derecho para hacerlo producir efectos y ha movilizado el derecho para lograr cambios sociales, presentamos los dos principales procesos de producción de conocimiento en los que se ha embarcado entre el 2006 y 2016⁵. En el primer proceso, al que nos referiremos como el proceso de las causales, la Mesa se encargó de crear interpretaciones de autoridad sobre las indicaciones en las que la Corte Constitucional ordenó despenalizar el aborto: salud, violación y malformación fetal⁶. En el segundo, al cual llamaremos el proceso de producción de conocimiento en temas emergentes, asociado a la identificación de barreras, la Mesa ha desarrollado interpretaciones sobre los problemas de los límites a la edad gestacional y la objeción de conciencia. Así mismo, mostraremos que la Mesa siguió algunos derroteros comunes en los casos de las tres causales y los dos temas emergentes: 1) priorizar temas que contaran con información suficiente y confiable; 2) integrar los desarrollos normativos en términos de derechos humanos y derecho internacional a la producción de conocimiento local; 3) validar las interpretaciones con expertos reconocidos en las comunidades de referencia, en particular, para propiciar el diálogo entre el derecho y la salud; y 4) reconocer la importancia de las tensiones políticas y diferencias ideológicas en algunos puntos de interpretación doctrinal. En la misma vía, señalamos que mientras en unos casos se llegó a producir un resultado concreto validado por las comunidades de referencia, en otros, el resultado idóneo no era producir conocimiento o difundirlo, sino promover debates interdisciplinarios y construir argumentos con la autoridad suficiente que sirvieran para nutrir debates futuros.

Después de presentar los casos, hacia el final de este capítulo proponemos una reflexión sobre el trabajo transnacional de la Mesa y la centralidad del derecho para el mismo. Afirmamos que esta es efectivamente una forma de movilización legal con oportunidades y retos⁷. Entre las oportunidades se encuentra la posibilidad de transformar las prácticas de los prestadores de servicios de salud sin tener que acudir al uso de la fuerza y sin tener que contar con el respaldo de la autoridad de un funcionario público. Así mismo, la producción y difusión de conocimiento permite construir alianzas duraderas, coordinar la acción hacia el largo plazo y crear escenarios políticos novedosos en los que el poder de definición está en manos de actores diferentes a los tradicionales como lo serían las cortes. La producción de conocimientos, sin embargo, tiene como límite último la arquitectura sobre la que se construye —el texto legal— y la autoridad que lo corrobora —los jueces—. En este sentido, es una estrategia que puede enfrentar dificultades en el futuro: bien porque se produzcan nuevas interpretaciones o porque las existentes sean contestadas por otros actores legítimos.

Concluimos el capítulo planteando que, como resultado del énfasis puesto en la creación de condiciones para la garantía del aborto legal, pareciera que esta organización ha dejado en espera su misión principal: la despenalización total del aborto.

2. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO EN EL PROCESO DE LAS CAUSALES

El trabajo por la implementación del aborto legal en Colombia a partir de la producción de los consensos sobre las causales empezó justo después de que la Mesa, junto con el Center of Reproductive Rights (CRR) y Women’s Link Worldwide (WLW), lograran impulsar, ante el Ministerio de Protección Social, un decreto reglamentario que tradujera la decisión de la Corte Constitucional en normas aplicables al sector de la salud⁸. La primera causal que se promovió fue la causal salud, en la que se trabajó desde el inicio de manera conjunta con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) de México y con la meta de desarrollar una propuesta para América Latina y no solamente para los países a los que pertenecían estas dos organizaciones. Este trabajo partió de la idea que, si se les daban los argumentos y herramientas necesarios a los operadores sanitarios y judiciales para interpretar la norma de forma rigurosa y consistente con los marcos de derechos humanos, se podría ampliar el acceso al aborto seguro para las mujeres, pues se superaría el marco estrictamente médico del riesgo contra la salud como riesgo de morir, que había limitado excesivamente el acceso al aborto seguro⁹. Esta barrera fue explícitamente reconocida por los expertos que firman el consenso de la causal salud:

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han consagrado como supuesto de permisión legal para la interrupción de un embarazo, el que ésta tenga como propósito evitar un peligro para la salud de las mujeres. En la práctica, es común que la aplicación de este supuesto de permisión (causal salud) se reduzca a las situaciones extremas en que la mujer se encuentra en riesgo de muerte, en lugar de ampliar su aplicación para proteger y procurar la salud y el bienestar de las mujeres en forma integral¹⁰.

En el marco de este proceso, la Mesa diseñó y puso a prueba una metodología que se replicó posteriormente en el desarrollo de las otras causales, primero en relación con la causal violación y luego con la causal malformación fetal. En el caso de la causal violación, los datos relevantes sobre su aplicación fueron aportados principalmente por los casos judicializados en Argentina y México, algunos de ellos estudiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la causal malformación fetal, la necesidad de la producción de conocimiento surgió de los casos acompañados por la Mesa, pero también de los grupos que trabajan en temas de discapacidad y que aportaron una mirada teórica y comparada.

En lo que resta de este capítulo, presentamos el proceso de las causales. Explicamos con detalle su desarrollo a partir de la causal salud que fue el detonante de las causales que surgieron posteriormente y mostramos las diferencias entre las tres siempre que resulte relevante. A continuación, exponemos el proceso de producción de conocimiento experto que se estructuró a partir de los temas emergentes en los cuales la identificación de barreras fue muy importante. Cabe señalar desde ya que ambos procesos comparten, con niveles de intensidad distinta, una estrategia de movilización transnacional más potente en las causales salud y violación, y en materia de la objeción de conciencia. La causal malformación fetal, los límites a la edad gestacional y las barreras, por su parte, se centraron más en la acción local y es allí en donde ubicamos sus efectos.

2.1. Las causales salud y violación

En este primer apartado, presentamos de forma detallada el proceso que adelantó la Mesa, de manera conjunta con otras organizaciones de América Latina, para la construcción de una interpretación sobre la causal salud y para la producción del consenso sobre la causal violación. Destacamos, por un lado, la importancia de la constitución de una coalición entre redes, campañas y organizaciones, así como el diálogo de saberes con el derecho y la salud; y por otro, la creación del consenso como un pilar central y una apuesta para generar una interpretación basada en el marco de derechos humanos transferible a toda la región latinoamericana. Realizamos lo anterior, haciendo énfasis en el hallazgo de que la causal salud liga, en un sentido más estricto, problemas de interpretación, mientras que la causal violación responde a problemas de aplicación más diversos según las normas específicas de cada país¹¹.

Con respecto a los problemas de la causal salud, se asocian claramente con aquellos conceptos con potencial de ser objeto de una interpretación por parte del operador como salud o riesgo, por mencionar dos ejemplos. Por su parte, los problemas de la causal violación se vinculan con la aplicación de los criterios exigidos por cada país para cumplir la causal: la existencia o no de la denuncia, la centralidad o marginalidad de la palabra de la mujer para acceder al procedimiento, etc¹². Por otra parte, en el caso de la causal por malformación fetal, en lugar de un proceso regional latinoamericano, dada la naturaleza del debate y sus implicaciones para las discusiones sobre los derechos humanos de las personas con dicha condición y la discapacidad más allá del aborto —temas que excedían la conversación propuesta desde la Mesa— y tras un acuerdo con los aliados regionales, la organización se dio a la tarea de producir un documento propio con argumentos para nutrir potenciales debates en torno al tema a partir de la revisión de literatura experta y no del consenso entre expertos. Por esta razón, el proceso no se incluyó como parte de la construcción de consensos¹³.

Tres aspectos básicos caracterizaron el proceso de producción de conocimiento de las causales: la iniciativa basada en alianzas regionales y plurales en cuanto al tipo de actores; la metodología orientada a la producción de consensos y la clara y sistemática estrategia de difusión y pedagogía. Veamos.

Como se ha documentado en otros textos¹⁴, desde el año 2006, la Mesa, como parte del diseño de distintas estrategias y acciones que buscaban la implementación del marco legal sobre el aborto en Colombia, empezó a concebir la idea de llevar adelante un proceso que permitiera interpretar de forma amplia la causal salud¹⁵. Este proceso fue impulsado en conjunto con otras organizaciones de América Latina y culminó en el año 2008 con la publicación del texto de consensos, cuyos contenidos han sido difundidos tanto en Colombia como en otros países y en algunos espacios regionales bajo la denominación de ‘causal salud’¹⁶. Posteriormente, en el 2011, y mediante un proceso que replicaba la metodología desarrollada para la causal salud, la Mesa publicó un segundo documento sobre la ‘causal violación’ que, como el anterior, fue producto de la elaboración colectiva y consensuada de diferentes organizaciones, la mayoría de las cuales habían participado del proceso de desarrollo de la causal salud¹⁷.

En relación con la causal salud, el detonante del proceso fue constatar que en América Latina esta causal se interpretaba de manera muy restrictiva y no se había traducido, pese a décadas de existencia en prácticamente todos los países de la región, en un mayor acceso al aborto legal¹⁸. En Argentina, por ejemplo, se reconoció el aborto terapéutico —manera convencional de referirse a la indicación de salud— desde 1921, pero se consideraba un peligro para la vida; en Brasil, desde 1940, esta causal hacía referencia a los casos donde no existía otra manera de salvar la vida de la gestante; y en Costa Rica, desde 1970, se relacionó con el peligro para la vida o la salud de la madre¹⁹.

[…] la causal salud significa un desafío a nuestra cultura legal. Porque tenías estas cláusulas de aborto legal desde la década de los 20 en países como Ecuador, Perú, Argentina […] Entonces, el reclamo porque se cumpla la legalidad nos vincula con el Estado de derecho y también desafía cuáles son las razones para seguir manteniendo la ilegalidad en el aborto²⁰.

Oriéntame tiene un trabajo en toda la región latinoamericana en la prestación de servicios y conocemos muy bien que en todos los países, prácticamente de América Latina, hay causal salud que no se usa para nada, que es como si no existiera, es letra muerta en un código y no más²¹.

En este contexto y junto con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir de México (la Alianza)²², se impulsó, en 2007, una discusión amplia y plural acerca de los alcances de la causal salud con la aspiración de “ampliar y garantizar el acceso de las mujeres a servicios de interrupción legal del embarazo, al mismo tiempo que se podrían generar elementos para brindar certidumbre a los/as profesionales que habrían de aplicarla”²³. En el caso de la causal violación, el impulso inicial se dio desde la Mesa junto con el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir y el Comité de Derechos Reproductivos de la FLACSO junto con otras organizaciones de América Latina. El proceso de la causal violación se apoyó así en las alianzas construidas en torno a la causal salud a través de las instituciones, redes, campañas y organizaciones que participaron del primer proceso²⁴. En cada uno de estos procesos, se buscaba que las activistas, defensores y expertas(os) convocados representaran la diversidad de actores involucrados en la batalla por el aborto legal en América Latina. Así mismo, se esperaba que cubrieran una amplia gama de saberes profesionales desde la medicina y el derecho hasta la filosofía, la ciencia política y la sociología, entre otras. Lo anterior, se hizo con el fin de asegurar tanto la legitimidad como la credibilidad necesarias que se condijeran con el tamaño de la tarea que suponía la construcción de un consenso latinoamericano, tanto en lo técnico como en lo político²⁵.

Es importante destacar que la creación de una amplia coalición que brindaba, por un lado, legitimidad (representación de organizaciones) y, por el otro, credibilidad (presencia de experiencias y disciplinas), fue posible por la existencia de lazos previos de confianza entre las organizaciones feministas. Estas habían trabajado en la agenda de los derechos reproductivos en la región desde los años 90, cuando se aprobó la agenda de El Cairo con arraigo en una tradición internacionalista de movimiento en la región. Estos mismos grupos empezaron más adelante a tejer alianzas con otros actores relevantes como los prestadores del servicio; y más tardíamente con los grupos de derechos humanos y las feministas provenientes del campo legal²⁶. Más de cuarenta organizaciones y expertos(as) de distintas disciplinas provenientes de toda Latinoamérica (redes de mujeres, centros de investigación, campañas, organizaciones internacionales, alianzas nacionales, prestadores de servicios y organizaciones de derechos humanos) imprimieron un sello de multidisciplinariedad y diversidad política en el proceso de las causales.

Para empezar el trabajo de las causales en ambos casos, se constituyeron dos grupos de trabajo: el Grupo Impulsor y el Grupo Ampliado. El primero, como su nombre lo indica, llevó adelante el proceso en cada una de las causales y se ocupó de que el Grupo Ampliado abarcara la mayor representación de todos los actores involucrados de distintas maneras en la agenda para la aprobación del aborto en la región. Del Grupo Impulsor, emanaron las reglas de juego que fueron posteriormente consensuadas con todos los participantes, así como la estructura inicial del documento que pasaría a discutirse en el foro virtual. Para ambos consensos, el proceso virtual estuvo precedido por una reunión presencial que sirvió para estrechar los lazos de confianza entre todos los integrantes del Grupo Ampliado (del cual era parte por supuesto el Grupo Impulsor) y para afinar las reglas del proceso²⁷.

La idea de construir un foro virtual era contar con un espacio para el debate de los contenidos, el planteamiento de las diferencias o las dudas y la resolución de los conflictos sobre posiciones contrarias. De esta manera, y apoyados en una secretaría técnica, fueron discutidos los borradores sobre cada uno de los capítulos acordados, para cada una de las causales que, como hemos enfatizado, tuvieron lugar en tiempos diferentes. Cada uno de estos procesos culminó con una reunión final para resolver diferencias que no habían podido conciliarse en el espacio virtual sobre contenidos del texto, pero también para aprobar por consenso el documento final de cada causal y diseñar las estrategias para la difusión de los materiales a través de entrenamientos a operadores de salud y judiciales, y campañas de comunicaciones incluida la difusión en foros especializados.

Con respecto a las fuentes a partir de las cuales se construyeron los argumentos, vale resaltar que todas ellas constituyeron un marco de obligaciones legales, políticas o éticas para los distintos países de la región como se puede apreciar en el texto sobre la causal salud²⁸. Estas fuentes abarcan, para el caso de la causal salud:

(i) Instrumentos internacionales y regionales (Convenciones, Pactos, Tratados y Conferencias) y pronunciamientos de órganos monitores creados por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité Contra la Tortura); (ii) Derecho y jurisprudencia comparada (incluidas las decisiones de las cortes y tribunales constitucionales de España, Canadá, Colombia, Estados Unidos) de países que han avanzado en la definición de la causal; (iii) Organismos internacionales y (iv) Artículos de libros, revistas, tesis, asociaciones médicas u otras, seleccionados a partir de un conjunto de categorías definidas con antelación a la búsqueda, y depuradas como parte de la definición de las dimensiones desarrolladas en el documento²⁹.

Las fuentes consultadas para la causal violación son todas muy similares a las revisadas para la construcción del consenso de la causal salud, pero con énfasis distintos según los desarrollos especializados sobre el tema³⁰.

Como puede apreciarse a partir de estas fuentes, en ambos consensos hay una fuerte apuesta por considerar el marco internacional de los derechos humanos y el derecho en diálogo con la salud como base principal de las interpretaciones. Esto refleja además de un particular uso del derecho en el proceso de implementación del aborto en Colombia, la centralidad otorgada al marco de derechos humanos por parte del movimiento feminista en América Latina, lo que hace que de una mirada exclusivamente local se pase a establecer estándares aplicables a los distintos países como una contribución particular del trabajo de la Mesa a nivel de la movilización transnacional.