Kitabı oku: «Derecho a la comunicación en América Latina»

Introducción Una aproximación al Derecho a la comunicación en América Latina

Carlos Andrés Tobar Tovar1

El libro Derecho a la comunicación en América Latina presenta una discusión teórica haciendo una puesta a punto respecto a la comunicación como derecho humano, mostrando casos concretos que exhiben avances y retrocesos en la implementación y medición de los efectos del derecho en algunos países de la región a nivel de gobierno tanto nacional como local. De esta manera, esta propuesta constituye una referencia ineludible para docentes, investigadores y estudiantes del campo de la comunicación, el derecho y las ciencias sociales en general, debido a que el derecho a la comunicación incide en el alcance de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la libertad de prensa, vitales a la hora de fortalecer la participación política, la toma de decisiones informada, el periodismo de investigación y la calidad de la democracia como régimen político.

Este libro constituye uno de los productos de divulgación social del conocimiento más relevantes de la Red de Homólogos AUSJAL de Derecho a la Comunicación y la Democracia, creada en 2014 en el Primer Encuentro Presencial de la Red en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en la ciudad de Guadalajara, México y conformada por docentes e investigadores de las escuelas de periodismo y departamentos de comunicación de universidades jesuitas de América Latina; aquí, los participantes acordaron las bases para la integración académica que hace posible el análisis comparado de los objetos propios del estudio contemporáneo de la comunicación.

De esta forma, la misión de esta red de homólogos es defender el derecho a la comunicación y la democracia en América Latina a través de la incidencia en la opinión pública y el desarrollo de políticas públicas consecuentes, así como producir conocimiento riguroso, docencia y cursos de extensión vinculados a la temática desde una perspectiva interdisciplinaria y una acción interuniversitaria. Es por esto que en 2015, la Red estuvo abocada al diseño de un curso de posgrado titulado Transparencia y Acceso a la información Pública. Derecho a la Comunicación y Democracia, llevado a cabo por docentes de las universidades que componen la red y enfocado al público estudiantil para el año siguiente. En 2018, se produjo un segundo encuentro presencial de la red en la Universidad Católica del Uruguay en la ciudad de Montevideo, encuentro que tuvo carácter de seminario de investigación con reconocidos especialistas que disertaron respecto a la temática desde la filosofía política y la sociología. Este espacio permitió a los profesores y profesoras participantes proponerse un nuevo desafío: generar comunidad académica, siendo la realización de un libro colectivo el dispositivo más apropiado para alcanzar dicho reto.

Por otra parte, el derecho a la comunicación se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra “la libertad de opinión y de expresión, de investigar y recibir información y opiniones y de difundirlas por cualquier medio de expresión” (art.19); representando uno de los cimientos de la democracia como régimen político. Para el ejercicio efectivo de este derecho, el acceso de todos los sectores sociales a medios de comunicación libres, independientes y plurales se vuelve un desafío a lograr en las democracias del siglo XXI, puesto que es una herramienta que fortalece la capacidad ciudadana de participar en el proceso de toma de decisión de las políticas públicas, entre otros escenarios de la vida política. Es por esto que la discusión en torno al derecho a la comunicación presenta distintos niveles de avance en América Latina, pues se trata de un concepto que expande discusiones previas sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y de opinión, para hacerse cargo de las desigualdades comunicativas características de nuestra región, un debate complejo y con profundas consecuencias para el tipo de desarrollo buscado y la calidad de nuestras democracias. Esta discusión, en la que están involucrados los Estados, los comunicadores, la industria de medios, los organismos de control y la ciudadanía, sitúa en un enfoque de derechos humanos los debates actuales sobre el acceso a la información, los niveles de transparencia, el acceso a nuevas tecnologías, la alfabetización mediática, la visibilidad de grupos vulnerables y el pluralismo informativo, entre otros temas de igual importancia.

Para atender los asuntos mencionados, el libro propone un diálogo a partir de tres categorías, a saber: 1) las limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política; 2) el régimen jurídico de la comunicación; y 3) los medios de comunicación y la representación política. Esta perspectiva, nos ayuda a fundamentar un estado de la discusión al tiempo en que vislumbramos una reflexión posicional que contribuye al análisis comparado del caso latinoamericano. A continuación, explicamos cómo evidenciar la disertación propuesta.

Las limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política

El primer asunto a reflexionar refiere al papel de los medios de comunicación en el marco de la tensión entre el poder político y la deliberación democrática, entendiendo que la vitalidad de la democracia depende de la capacidad de las sociedades para fundamentar procesos y medios de comunicación, los cuales dinamizan la vida pública-ciudadana al facilitar el acceso a la información. Si bien la existencia de medios periodísticos de opinión y control político son sustanciales para la vitalidad democrática, son muchos los sesgos ideológicos presentes en la configuración de una opinión pública que pretende ser informada y cualificada para las demandas del debate de los asuntos comunes. Nos referimos de manera especial a la capacidad que tienen los medios para consolidar la agenda noticiosa nacional a partir del acceso a información de interés general, de modo que los periodistas se cualifican en su oficio y el papel que tiene el poder político para afectar la función social de los medios, asuntos que afectan la comprensión del pluralismo como rasgo distintivo de las sociedades complejas latinoamericanas. En nuestras regiones, el control de las ideologías suele estar asociado al dominio establecido y legitimado históricamente por sectores empresariales y políticos, de modo que la pregunta por el mejoramiento de las condiciones para favorecer el oficio de los comunicadores y su contribución a la realización de valores democráticos conforma un asunto reiterado en la reflexión universitaria y su nexo con la ciudadanía.

De esta forma, la primera parte del libro está dedicada a tres trabajos que versan sobre las limitaciones del derecho de acceso, reconocido como un derecho humano que habilita el ejercicio de otros derechos como a la libertad de expresión y a la participación en la deliberación pública de los asuntos comunes, permitiendo avizorar las condiciones del régimen político y su impacto en la vida democrática,. Abre la reflexión el capítulo Niveles de incumplimiento a diez años de la aprobación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en Uruguay, escrito por la profesora Giorgina Santángelo de la Universidad Católica del Uruguay, donde se describe la situación actual del derecho de acceso a la información pública en su país en lo atinente a la transparencia activa por parte de los organismos obligados por ley. A través de la sistematización de los estudios más recientes y entrevistas a actores sociales relevantes, se observa su estado de avance a nivel de cumplimiento con la normatividad, planteando algunas recomendaciones para su viabilidad.

El siguiente capítulo se denomina Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile, escrito por la profesora María Ximena Orchard Rieiro de la Universidad Alberto Hurtado, donde se propone un diálogo entre el concepto de captura mediática y las dificultades que enfrenta la práctica del periodismo en Chile. A partir del análisis de resultados a preguntas abiertas incluidas en la última Encuesta Estado del Periodismo Nacional, se construye inductivamente un diagnóstico respecto a la práctica de la profesión en la actualidad, revelando claros puntos de tensión y una dificultad general del campo periodístico para operar bajo criterios propios en un sistema de medios que se percibe como restrictivo y limitante. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la revisión de literatura sobre captura mediática, se propone la necesidad de distinguir entre los medios como campo institucional y el periodismo como campo profesional, reconociendo que un periodismo que opera al interior de medios capturados es uno devaluado y con una capacidad disminuida de aportar al ejercicio del derecho a la comunicación. De esta manera, los hallazgos presentados en este capítulo plantean a los lectores algunas preguntas acerca de las consecuencias de la configuración de los sistemas mediáticos para el desarrollo de las culturas y prácticas periodísticas.

En coherencia con el eje de argumentación de los trabajos previos, cierra esta primera parte el capítulo Medios y políticos en Guatemala: una apuesta por la captura del Estado, propuesta escrita por el profesor Silvio René Gramajo de la Universidad Rafael Landívar, y que ilustra la forma en que operan los medios de comunicación en Guatemala y la relación que sostienen con el poder político. Para comprender este fenómeno, es necesario analizar las características del arribo de la democracia en el país: desde su perspectiva, la captura del Estado por parte de grupos de poder, entre ellos el sector mediático, ha sido fundamental para entender el diseño y desarrollo de las reglas del juego democrático, las cuales favorecen la existencia y el empoderamiento de las empresas mediáticas hasta alcanzar características monopólicas. La pluralidad y la diversidad informativas se pierden en un modelo donde es muy difícil alcanzar altos niveles de profesionalismo.

Así, los aportes presentados le sirven al lector para ampliar su horizonte reflexivo en torno a los aspectos que debilitan la participación democrática y que limitan la manera en que los ciudadanos contribuyen a la discusión pública sobre la relación entre pluralismo y democracia, más aún en los tiempos en que las ideologías más compactas e inteligibles han logrado hacerse con la representación social que tenemos de la vida política.

El régimen jurídico de la comunicación

El derecho a la comunicación responde al abordaje de un rasgo sustantivo de nuestra especie: la comunicación humana. La perspectiva jurídica siempre llega tarde respecto a la comprensión de este fenómeno caracterizado por ser cambiante y responder a las particularidades de las interacciones sociales. Aunque la finalidad del derecho constitucional es la de identificar el poder para favorecer las interacciones sociales posibles desde un criterio de justicia (Aguilar, 2017), la comunicación es anterior al poder y constituye el ámbito psico-biológico de la cultura, entendido como un entramado de ordenamientos simbólicos que, por la vía del leguaje, conforman el escenario de lo humano. Desde esta perspectiva, conviene reconocer que la comunicación tiene un rol esencial en las experiencias sociales de la vida en común y que las formas de intercambio entre individuos, grupos y sociedades ensanchan las formas de comunicación preexistentes. Esta postura conduce a poner el acento en la relación entre interacción e institucionalización, forma dispuesta por las ciencias jurídicas para legislar en función de las diferentes coyunturas y fenomenologías propias del modo en que los medios de comunicación producen una experiencia social continuada y nunca terminada. En el marco de estas comprensiones, tratamos dos asuntos: las audiencias y la publicidad política, estrechamente vinculados con la construcción de una opinión pública informada dentro de las regulaciones gubernamentales existentes para el caso mexicano.

Así, este segmento del libro empieza con el capítulo Los derechos de las audiencias en México: dos modelos en tensión, escrito por Magdalena Sofía Paláu Cardona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). A partir de una indagación documental y hemerográfica, la propuesta recupera el proceso de la disputa sobre los derechos de las audiencias que llevaron adelante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los diputados, los senadores y los concesionarios de los medios de comunicación durante el año 2017, siendo un ejemplo de dos modelos en tensión: regulación o auto-regulación de los medios de comunicación. Lo anterior se acompaña de un breve contexto histórico y el marco normativo que da fundamento a los derechos de las audiencias para el caso mexicano.

El siguiente capítulo se denomina Publicidad oficial y libertad de expresión en México: el caso de la Ley General de Comunicación Social, escrito por Cuauhtémoc Cruz Isidoro de la Universidad Iberoamericana Puebla. El texto sostiene que la censura gubernamental a partir de la asignación de publicidad oficial constituye una vía para limitar la libertad de expresión a los periodistas, los medios de comunicación y las audiencias. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de la organización del Artículo 19, mediante el cual ordenó al Congreso mexicano emitir una ley que regulara el proceso de asignación de recursos públicos en materia de comunicación social y publicidad oficial. Por esto, el capítulo plantea una evaluación de los desafíos que representa esta ley, ofreciendo un recorrido histórico del proceso que da lugar a una legislación sobre la democratización de los medios de comunicación, y un análisis del papel de la sociedad civil agrupada en el Colectivo #MediosLibres.

Esta segunda parte cierra con el capítulo La publicidad oficial, gasto público, regulación y uso en los medios de comunicación. Un análisis del municipio de Torreón, Coahuila, México, escrito por Francisco J. Rodríguez Lozano de la Universidad Iberoamericana Torreón. En la propuesta se reflexiona sobre el destino de la publicidad contratada por el municipio de Torreón durante 2015 y 2016, mostrando su falta de cumplimiento al transparentar todo lo relacionado a la publicidad oficial, como lo indica la ley. Asimismo, se presenta un análisis de la distribución de su gasto por tipo de medio de comunicación, lo que evidencia el uso discrecional de los recursos, pues se privilegia el gasto destinado a los periódicos pese a no tener relación con las estadísticas de consumo de medios en el país. También se realiza un estudio de los propósitos de publicidad o tipos de campaña que se llevan a cabo y un análisis de la terminología de los contratos entre gobierno y empresas de comunicación. Tal como se ha planteado, este apartado contribuye a la comprensión del modo en que la regulación sobre la conducta comunicativa, relativa a las posibilidades de las audiencias y al modo en que la publicidad promueve formas institucionales de convivencia, está presente en la dimensión objetiva del derecho a la comunicación. Este abordaje se concentra en la experiencia mexicana debido a que la densidad poblacional del país y su historia institucional componen un escenario relevante para la profusión de este tipo de reflexiones.