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El papel de la FAC en la reconstrucción de la Ciudad de México

Estos conflictos no afectaron el potencial de la FAC, que logró rápidamente consolidarse y desempeñó un papel muy importante en la atención de la emergencia. La principal tarea del organismo fue la reconstrucción de viviendas, objetivo que resultaba extremadamente complejo en un área tan heterogénea como la Ciudad de México. Por esta razón, la FAC aprovechó la estructura pastoral preexistente del arzobispado y en 1986 creó en cada una de sus ocho vicarías un Centro de Apoyo a la Comunidad (CEPAC). A través de estas oficinas locales, la FAC pudo tener un diagnóstico claro de las necesidades específicas de cada sector de la ciudad para intervenir de forma diferenciada. Así, la fundación se dividió en cuatro áreas: vivienda, empleo y ocupación, asistencia (salud, nutrición, apoyo económico) y swap social. Revisaremos brevemente la actividad de cada una de ellas.

VIVIENDA

La estructura parroquial de la arquidiócesis fue muy útil para evaluar las necesidades de reconstrucción de vivienda en cada lugar. La arquitecta Elizabeth García, que colaboraba con la FAC, diseñó proyectos que fueron financiados principalmente por organismos católicos internacionales de beneficencia.¹² En particular, fue notorio el fuerte apoyo económico de la Santa Sede y de las conferencias episcopales, que controlaban las Cáritas nacionales. Juan Pablo II hizo varios llamados para apoyar a México. El domingo 22 de septiembre de 1985, en la ciudad italiana de Génova, declaró a propósito del sismo: «Deseo, además, estimular toda iniciativa oportuna encaminada a salir al encuentro de las exigencias de ayuda que apelan con urgencia a la solidaridad humana de todos los pueblos y de todas las naciones en un momento tan trágico».¹³

Entre 1986 y 1994, la FAC remodeló, construyó o asesoró la construcción de 8 570 viviendas. Sin embargo, para dimensionar esta cifra, es necesario compararla con las alcanzadas por otras organizaciones no gubernamentales y por el Estado mexicano en el periodo 1986-1987. El Departamento del Distrito Federal atendió el problema de vivienda mediante el Programa de Renovación Habitacional Popular¹⁴ en la Ciudad de México. Hasta diciembre de 1987, el gobierno había construido 89 703 viviendas a través de diferentes programas: el de Renovación Habitacional, el Programa Emergente de Viviendas fase I y fase II, y el Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco. Por su parte, las ONG construyeron en conjunto 11 660 viviendas en el mismo lapso. La FAC fue la segunda más relevante en este rubro, pues alcanzó las 2 543 viviendas, superada solo por la Cruz Roja Mexicana, que construyó 4 414.¹⁵

La FAC, junto con otras ONG, firmó con el DDF el Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, que especificaba las «Bases para la concertación de acciones suscritas entre el Gobierno Mexicano y diversos organismos y asociaciones civiles nacionales e internacionales, que han aportado recursos para la reconstrucción».¹⁶ El convenio estableció una normatividad que limitaba el área construible para viviendas a sesenta metros cuadrados. Es importante señalar que, según lo estipulado en el convenio, las viviendas no se regalaban, sino que se gestionaba con los nuevos dueños un préstamo de bajos intereses. Así, la colaboración entre la FAC y Renovación Habitacional generó una cercanía política entre el Estado y la Iglesia católica.

Como se ha señalado, la FAC construyó miles de viviendas y gestionó decenas de millones de dólares. El víncu­lo entre la fundación y sus donantes parece haber sido armónico; sólo en un determinado momento se generó un problema con los Catholic Relief Services (CRS). Sobre este punto, las fuentes orales no concuerdan y, desafortunadamente, las fuentes de archivo todavía no son totalmente consultables. Lo cierto es que los CRS se mostraron inconformes con la forma en que la FAC gestionó el dinero y el proceso de construcción. Algunos ex jesuitas que en aquel momento residían en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, y que estuvieron involucrados directamente en el proceso de reconstrucción mediante un proyecto alterno, declararon que la problemática entre los CRS y la FAC se debió a que el elevado gasto de gestión de la fundación infló demasiado el valor de las viviendas: «CRS veía que si nosotros construimos diez viviendas, ellos [FAC] construían 5 y quedaban mal».¹⁷ Para la FAC, la raíz del problema estuvo en el volumen: cuando se construye un número reducido de casas, es posible recurrir a la autoconstrucción, pero cuando hay que levantar dos mil viviendas, se vuelve necesario contratar profesionales, lo cual eleva los gastos.

Esta divergencia de opiniones tiene una carga política. González Torres era el sacerdote encargado por la arquidiócesis para dirigir la reconstrucción, por lo que su tarea era coordinar la ayuda proveniente de instituciones católicas; por su parte, los jesuitas de la colonia Guerrero trabajaban en la reconstrucción a través de una institución denominada Promoción de Actividad Socio Educativa (PASE), que siempre mostró una actitud crítica ante la estrategia oficial y se resistió a informar a la jerarquía de sus actividades.

En el Archivo Histórico del Arzobispado de México se conserva un documento de una consultora que, por encargo del cuarto CEPAC (región sur) de la FAC, revisó la utilización de los recursos aportados por los CRS. El informe establece que la Constructora Mont, empresa contratada por la FAC, gastó 1 673 000 dólares donados por los CRS para construir 271 viviendas. En el documento no hay todavía huellas del conflicto y se concluye que «las cifras respecto de los costos directos presentados por la Constructora Mont son razonables considerando los parámetros utilizados para las pruebas realizadas».¹⁸ El sacerdote coordinador de ese CEPAC, Benjamín Bravo Pérez,¹⁹ le expresaba en una carta al vicario episcopal Luis Mena Arroyo que «el resultado final, como lo verá, es positivo. Espero que esto genere más recursos para aliviar la necesidad de algunos otros damnificados […] Hasta ahora con este dinero de los norteamericanos, ha sido posible construir un buen número de casas, como verá en la misma lista del informe».²⁰

EMPLEO Y OCUPACIÓN

Con el terremoto, muchos artesanos perdieron sus herramientas y numerosos trabajadores vinculados a industrias que se vinieron abajo se quedaron sin una fuente de ingresos, como las costureras de San Antonio Abad. El área de empleo de la FAC, con el apoyo de algunos empresarios, creó un fondo para dar crédito a los artesanos, de modo que pudieran reponer sus herramientas. Se creó también un grupo de trabajo llamado Los Emprendedores (Fundación los Emprendedores I.A.P.), que se enfocó en rescatar el empleo perdido mediante pequeños proyectos para la creación de cooperativas de costura, principalmente en la colonia Roma. En total, se generaron veinte cooperati­vas con 414 beneficiarios.²¹ Sin embargo, este experimento fracasó a largo plazo. Las cooperativas no funcionaron porque en una dinámica horizontal era muy complicado llegar a acuerdos funcionales. Según González Torres, las costureras estaban acostumbradas a una estructura de trabajo vertical: cuando entraron en las dinámicas cooperativas, les resultó demasiado complejo ponerse de acuerdo sobre quiénes debían ocupar los puestos directivos.

El área de empleo de la FAC, con el respaldo de Alfredo Hubart, creó también el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME). Este centro buscaba promotores interesados en echar a andar un proyecto productivo, para lo cual debían fundar grupos de entre diez y veinte personas dispuestas a conformar un fondo de ahorro. Después de cuatro meses en los que cada integrante del grupo ahorraba la mayor cantidad posible de dinero, se podía solicitar un crédito al CAME, que muchas veces era superior a la cantidad reunida por el fondo.²²

ASISTENCIA: SALUD, NUTRICIÓN, APOYO ECONÓMICO

En las ocho vicarías, por medio de los CEPAC, se crearon grupos con la misión de atender los problemas de nutrición, educación y seguridad derivados del sismo. Para este fin, la FAC aprovechó los cuantiosos recursos que recibió sin etiquetar. Se crearon muchas instituciones para apoyar a niños con discapacidad, residencias para adultos mayores y casas para jóvenes con problemas de adicciones. El crecimiento de esta área de trabajo de la FAC fue paulatino, pues en los primeros años los esfuerzos y el presupuesto estuvieron primordialmente enfocados en la construcción de casas; con el tiempo, cuando la crisis de vivienda aminoró, el capital se redirigió hacia estas obras educativas o asistenciales.²³

Por petición de los donantes, en particular de las oficinas europeas de Cáritas, en 1988 la FAC se fusionó con las prácticamente inexistentes Cáritas diocesanas y se creó FAC-Cáritas. Este cambio le permitió a la institución tener un perfil más compatible con el de sus donantes y facilitó el flujo de los recursos.

SWAP SOCIAL

El swap fue un intercambio ideado por el gobierno mexicano en el que los interesados compraban en el extranjero deuda pública en dólares a un precio que representaba entre el 50% y el 80% de su valor nominal, mismo que el gobierno se comprometía a monetizar al 100% en moneda nacional.

La palabra swap significa simplemente intercambio. Técnicamente se emplea esta palabra desde hace poco para referirse al pago selectivo, por parte del gobierno deudor, de una cierta cantidad de deuda, a cambio de que ese dinero sea invertido en el país, y que el pago se haga en moneda nacional. Lo que el gobierno da a cambio al inversionista que invierte en moneda extranjera, es aceptar en su valor original los pagarés que éste le presente (esto se negocia con anterioridad), y la ventaja del inversionista es que él puede comprar esos pagarés a los bancos acreedores a un precio menor que el original, o sea, al valor que se ofrezca la deuda en el llamado mercado secundario.²⁴

El dinero generado por estas operaciones financieras se debía utilizar para la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructura. En este contexto, la FAC creó el Fondo por la Asistencia, Promoción y Desarrollo (Faprode), una asociación de segundo piso de intermediación financiera que compraba deuda gubernamental en el exterior con dinero de los donantes, sobre todo de las oficinas de Cáritas. La Swiss Bank Corporation, con un crédito especial, financió en parte estas operaciones. En total, el Faprode implementó swaps por 253 millones de dólares.²⁵ Esta actividad, junto con su participación en los programas de vivienda, generó una gran cercanía entre la FAC y diversos niveles del gobierno.

Vínculos con el gobierno

El dinero que llegó del extranjero para la construcción de viviendas le permitió al arzobispado de México manejar grandes recursos. Con la finalidad de optimizarlos, se decidió invertir en el instrumento del gobierno mexicano descrito más arriba: el swap social. Como explicamos, la operación consistía en comprar deuda mexicana en dólares en el mercado internacional con un fuerte descuento que ofrecía directamente el gobierno a la Iglesia. Así, el valor del donativo aumentaba significativamente en pesos al llegar al país:

Estos recursos llegaban de muchos países de Europa (incluso de Japón) que daban un apoyo para la construcción de viviendas. Se compraba deuda y lo que te había costado un peso mejor se convertía en un peso y cincuenta centavos, con lo cual se multiplicaban los recursos y, en vez de construir cien viviendas, podías construir ciento cincuenta.²⁶

La revista Proceso, en su edición del 29 de enero de 1990, presentó un artículo titulado «Aunque no haya relaciones. Los obispos, gestores del gobierno en la deuda». En el texto se lee:

El donante que quiere ayudar a los proyectos sociales de la Iglesia mexicana puede comprar una parte de la deuda mexicana y transferirla a la Fundación para la Asistencia de la Comunidad (FAC) presidida por el jesuita Enrique González Torres que, a su vez, la entrega al gobierno mexicano. El gobierno se la repone a los obispos en pesos […] En esta forma, el gobierno de México disminuye su deuda, la Iglesia mexicana recibe su ayuda, los bancos recuperan su dinero […] Según FAC el dinero que la Iglesia consigue de esta manera se dedica a generar nuevos empleos, por medio de cooperativas y de programas de entrenamiento, a impulsar proyectos de vivienda, a dar servicios médicos y a cubrir otras necesidades sociales. El gobierno mexicano —dice FAC — se ha visto obligado a recortar su gasto social por razón de la deuda. Por esto, la Iglesia mexicana hace un llamado a los bancos acreedores para que donen una parte de la deuda a la fundación.²⁷

De esta manera, la Iglesia llegó a administrar alrededor de 250 millones de dólares invertidos en deuda mexicana. Este vínculo prácticamente formal con el gobierno es un antecedente importante de la reforma constitucional y deja entrever el funcionamiento de la «conciliación» que prevalecería en la década siguiente: «Ambos —Iglesia y Estado— descubren que se necesitan, que pueden ayudarse y que, más o menos, son interlocutores válidos».²⁸

A la par de la construcción de estos vínculos, el delegado apostólico, mons. Girolamo Prigione, desempeñó por aquellos años un papel de gran relevancia para que las relaciones empezaran a ser abiertas. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se organizaron en la delegación apostólica numerosos encuentros en los que participó Carlos Salinas de Gortari, por entonces secretario de Programación y Presupuesto. Presumiblemente fue en esta etapa cuando se produjo una primera ruptura entre la delegación apostólica y el arzobispado de México. Corripio y sus sacerdotes, que ya mantenían relaciones con diferentes niveles del gobierno, se vieron desplazados por la pretensión de Prigione de monopolizar las negociaciones con el Estado.

Como hipótesis, podemos plantear que la política de acercamiento con el gobierno, iniciada por el arzobispado de México luego del sismo de 1985, fue indirectamente retomada por la delegación apostólica, misma que algunos años después encontró en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (presidente de México entre 1988 y 1994) un interlocutor adecuado. Este relevo al interior de la Iglesia en cuanto al liderazgo de las negociaciones produjo un fuerte conflicto.

En este sentido, tanto el cambio en las relaciones con el Estado que experimentó el arzobispado de México a raíz del sismo del 85 como la reforma constitucional de 1992 fueron síntomas claros de la modernización del país y de la Iglesia. Durante la década de los noventa, el cardenal Corripio impulsó un proyecto de cambio constitucional que históricamente no se concretó. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), con el respaldo de varios intelectuales, tuvo un papel importante en este proyecto al promover el tema de la reforma en materia de culto en espacios académicos, eclesiásticos y políticos. El cardenal Corripio, el sacerdote Roqueñí, Manuel Gómez Granados,²⁹ y muchos otros intelectuales católicos de la Ciudad de México, entendían el tema del derecho de libertad religiosa en los términos en que lo planteó el Concilio Vaticano II. A la par que estos actores católicos, otras denominaciones religiosas querían también una reforma amplia, de modo que en la capital del país esta sinergia generó un espacio privilegiado de reflexión sobre el asunto.

En el Arzobispado de México se proponían cambios en materia constitucional mucho más profundos que los que finalmente se concretaron. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, desde luego, la arquidiócesis de México no representaba a todo el país y dentro del episcopado había un grupo de obispos foráneos, como el de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes (1987-2000), y el de Chihuahua, José Fernández Arteaga (1991-2009), que tenían una visión distinta sobre la materia. Lo que estos obispos buscaban no era tanto ampliar las libertades religiosas en general, como limitar los derechos de las otras denominaciones cristianas, pues temían que la reforma constitucional les abriera las puertas a las iglesias evangélicas para tomar el control de los medios de comunicación.

El proyecto amplio de reforma constitucional que respaldaba el arzobispado de México no logró concretarse. Tal proyecto resultó ser contrario a los propósitos de la delegación apostólica, que contaba con un grupo de incondicionales y logró colocarse como el primer interlocutor del Estado. A pesar de ello, la colaboración del arzobispado con el gobierno en la coyuntura del sismo de 1985 es sin duda uno de los varios acontecimientos relevantes que confluyeron para que la reforma constitucional de 1992 fuera posible, pues el gobierno se dio cuenta de que para solucionar los muchos problemas de reconstrucción vinculados con el terremoto, necesitaba dejar atrás su secular rivalidad con la Iglesia para integrarse en un trabajo común. La respuesta del arzobispado fue eficaz y organizada, lo que sentó las bases para los cambios en materia religiosa que se dieron en el siguiente sexenio. En ese segundo momento, los mismos actores se involucraron en el proyecto de reforma constitucional, pero esta vez, a diferencia de 1985, el arzobispado fracasó en su proyecto.

Hacia el cierre de FAC

Después de la transformación en 1988 de la FAC en FAC-Cáritas, en 1992 la fundación entró en un segundo periodo de transición, marcado por el acercamiento del sacerdote Manuel Zubillaga a la administración dirigida por Enrique González Torres. En ese momento, el futuro auguraba inminentes cambios, pues el cardenal Corripio, enfermo, iba a llegar en 1994 a los setenta y cinco años, edad de jubilación.

En esa etapa de transición, los fondos que habían alimentado la labor de la FAC se estaban agotando, así que Zubillaga se enfocó menos en la reconstrucción y más en proyectos formativos y de pastoral social vinculados con las ocho vicarías y sus respectivos CEPAC. Terminada la etapa de emergencia y de reconstrucción, era necesario redibujar la estructura original: «Lo que hicimos fue crear una Cáritas en la Ciudad de México que heredó las cosas de FAC».³⁰ Así, en 1994 renació Cáritas dirigida por Manuel Zubillaga: «La amplitud del trabajo realizado por FAC estaba pidiendo un paso más en su proceso, desagregarse para dar identidad propia a las acciones realizadas. Por esta razón FAC-Cáritas A.C. da lugar a Cáritas Arquidiócesis de México, I.A.P. para que el organismo de pastoral social de la Arquidiócesis de México quede plenamente y específicamente identificado en sus propósitos pastorales y en su alcance referido a la Ciudad de México».³¹

Cáritas heredó los CEPAC que Zubillaga había retomado de la FAC con un enfoque de pastoral social. En efecto, FAC-Caritas había implementado entre 1992 y 1994 nuevos proyectos de corte más pastoral y menos empresarial, como las jornadas de caridad y las campañas cuaresmales de caridad, para las cuales se produjeron cursos formativos y material didáctico. Cáritas también se hizo cargo del fondo creado por la FAC, que ya estaba en su última etapa: aunque siguió trabajando en el rubro de vivienda hasta 1994, el ritmo de construcción era ya muy lento. FAPRODE, la estructura financiera que no estaba legalmente controlada por la diócesis, todavía funciona en la actualidad bajo el control indirecto de González Torres. Como el swap social ya no existe, se trasformó en una asociación de segundo piso que supervisa tres residencias para adultos mayores y otras obras impulsadas inicialmente por la FAC.

Tras la dimisión del cardenal Corripio en 1994, González Torres consideró que debía salir tanto de la fundación como de la arquidiócesis. A pesar de los grandes capitales captados, los numerosos proyectos de vivienda y la amplia generación de empleos, la FAC cerró sus puertas en 1995, diez años después de su nacimiento. «Pensé que una institución creada con ocasión de un terremoto tiene su inicio y su fin», afirma González Torres.³² Sin embargo, seguramente la decisión estuvo motivada también por la llegada de Norberto Rivera Carrera, pues había una evidente enemistad entre los sacerdotes cercanos a Corripio y el nuevo arzobispo. Ello, cuando menos, aceleró el cierre de la institución.³³

Los fondos económicos que la FAC le heredó a Cáritas le permitieron mantener su estructura por dos años más e incluso en la segunda mitad de los noventas su funcionamiento seguía siendo muy parecido al de la fundación: «se generó una Cáritas para ayuda de muchas organizaciones. En este sentido ésta es la estructura de FAC, aunque en la gestión de Cáritas se crean otras cosas; por ejemplo, apoyo a los indígenas, y se crea salud comunitaria».³⁴

Como puede observarse, hasta el final de los noventa el mecanismo de control de Cáritas fue muy parecido al de la FAC, aunque con nuevos centros: las divisiones operativas de Cáritas vinculadas con las parroquias eran similares a los CEPAC y la oficina central de Cáritas en el arzobispado fungió como una división de coordinación de los varios centros, el equivalente de una oficina de segundo piso.³⁵