Kitabı oku: «La austeridad fiscal: causas y consecuencias», sayfa 3

La política fiscal dejó de priorizar los objetivos de crecimiento y empleo para centrarse en la reducción de la inflación y el pago de la deuda

Al privilegiar políticas tendientes a frenar la inflación, se procedió a trabajar con altas tasas de interés, disciplina fiscal y estabilización del tipo de cambio (o evitar su flexibilización), así como a mantener bajos salarios, todo lo cual favorece al sector financiero y atenta contra la dinámica del sector productivo, contra el sector externo y la generación de empleo.

Los gobiernos neoliberales trabajan con austeridad fiscal debido a que predomina la concepción teórica de que el gasto requiere de los ingresos y que el déficit fiscal causa inflación, déficit de comercio exterior y devaluación de la moneda, lo que provoca salida de capitales que desestabiliza al sector financiero y, además, pueden caer en incumplimiento del pago de sus deudas. Tales preceptos ortodoxos son los que han predominado, y de ahí las políticas de austeridad fiscal.

El gobierno recorta el gasto público con miras a tener superávit fiscal, baja inflación, estabilidad del tipo de cambio y condiciones propicias de pago de la deuda. Los objetivos son asegurar la valorización del capital financiero y la expansión del gran capital (que invierte donde el gobierno deja de hacerlo) y ser bien visto por las calificadoras y acreedores a fin de seguir recurriendo a los mercados financieros internacionales, pero se sacrifica el crecimiento económico y la capacidad para atender las demandas de empleo, bienestar y redistribución del ingreso.

Con la austeridad fiscal, el gobierno ha dejado de desempeñar el papel que le corresponde como impulsor del crecimiento y del empleo. En la perspectiva de mantener el crecimiento de la inversión privada y de la economía, Minsky afirma que “la política apropiada en una economía capitalista debe centrarse alrededor de determinar el flujo de ganancias” (1984). El problema es que al trabajar con superávit primario, el gobierno deja de configurar condiciones de demanda y de ganancia para incrementar la inversión. Con tal política, el gobierno deja de cumplir la responsabilidad financiera que le adjudica Abba Lerner de mantener el gasto de bienes y servicios en los niveles que compraría todos los bienes que son posibles de producir en la economía (1943).

El nuevo gobierno de México hace suyos los planteamientos neoliberales de austeridad fiscal y reducción del monto de la deuda, lo que contrae el gasto e inversión y conduce a la economía al estancamiento.

Los gobiernos neoliberales se preocupan por reducir la inflación, por estabilizar el tipo de cambio y alcanzar el equilibrio fiscal, como si ello fuera condición para el crecimiento. La realidad ha demostrado que por más equilibrio fiscal y baja inflación que haya, el crecimiento económico no se da. Andrea Tere sostiene que “la riqueza de una nación es medida no por el valor del dinero [...] sino por su capacidad de producir bienes y servicios” (2010).

La austeridad fiscal deja de lado el crecimiento del progreso técnico y la atención de los rezagos productivos de la economía. Ello atenta contra el incremento de la productividad, frena el avance en la tecnología artificial, en la robotización y automatización que está presente en las economías exitosas, por lo que tendremos condiciones adversas para encarar el proceso de competencia en los mercados internacionales, hacer frente a las importaciones y mejorar los salarios y las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Tal política acentúa los rezagos productivos y merma a su vez la posibilidad de crecer a través de exportaciones, por lo que éstas no pueden contrarrestar la caída del mercado interno generada por la austeridad fiscal. Se incrementan las presiones sobre el sector externo, sobre precios y el tipo de cambio y prosiguen el desempleo, el subempleo y los bajos salarios.

La austeridad fiscal atenta contra los preceptos nacionales de crecimiento y en consecuencia sobre los derechos humanos de empleo y bienestar.

La política fiscal subordinada a los intereses del sector financiero

La austeridad fiscal favorece al sector financiero porque disminuye las presiones de demanda sobre precios y el tipo de cambio y favorece las condiciones de pago de la deuda, que es lo que quiere el sector financiero para salvaguardar y valorizar su capital. Con tal política gana también el gran capital, pues se amplía su influencia en la economía.

Los problemas en torno a las finanzas públicas se acentúan tanto por la caída internacional del precio del petróleo, como por la caída de la producción y de las exportaciones de dicho insumo. En la gráfica 6 podemos observar cómo se da una fuerte caída de los ingresos petroleros respecto de los ingresos totales del sector público. De representar éstos 44.3% de dicho total en 2007, pasaron a 16.1% en 2016 y 19.1% en 2018.

Esa disminución de ingresos restringe a su vez la capacidad de gasto e inversión del gobierno.

En 2012 el gasto programable del gobierno federal (corriente y de inversión) representaba 19.6% del pib, mientras que en 2017 pasó a representar 17.8% (dato de la shcp), evidenciando la clara reducción de la participación del gobierno federal en la actividad económica, que trae consigo mayor participación del sector privado en la economía, con la clara privatización de ésta.

La inversión pública pasó de 4.5% del pib en 2013 a 2.6% en 2018, lo cual refleja el mayor ajuste en las finanzas públicas y corrobora la disminución del gasto de inversión en la estructura del gasto programable, que pasó de 24.1% en 2010 a 17.3% del total de dicho gasto en 2018 (véase el cuadro 2), contribuyendo al bajo crecimiento de la productividad y de la economía.

Gráfica 6. Ingresos petroleros en México como porcentaje del total de ingresos presupuestarios del sector público (2000-2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la shcp.

Cuadro 2. Estructura del gasto programable

	2010	2018
Gasto corriente	75.9%	82.7%
Gasto de inversión	24.1%	17.3%

Elaborado por el cefp con cifras de la shcp.

Evolución del gasto de inversión pública en México, 2010-2019, cefp, 31 de mayo, 2019.

La disminución de la inversión pública repercute a su vez en su reducción en la participación en la estructura de la inversión total. De representar 26.6% de la inversión total en 2010, pasó a representar sólo 13.7% en 2018, reflejando la cada vez menor injerencia del gobierno federal en el impulso de la dinámica económica, lo que se ha traducido en un menor crecimiento de ésta. Ello evidencia la importancia que tiene el gasto e inversión pública en el impulso del crecimiento económico.

El ajuste fiscal ha propiciado sobre todo la disminución de la inversión pública pero no ha tenido tanta repercusión en los gastos de los servicios públicos porque la población protestaría pronto si se restringiera el gasto social. En cambio, no percibe de inmediato los efectos de la reducción de la inversión en la infraestructura y en los sectores estratégicos. Señala Will Mitchell (2016) que “a los gobiernos les resulta más fácil recortar el gasto de capital, que el gasto corriente, porque los costos de éstos recortes de gastos no son inmediatamente obvios [para] la población” .

En la gráfica 7 podemos observar que el costo del servicio de la deuda en proporción al gasto neto total del sector público presupuestario, pasó de 8.6% en 2013 a 13% en 2019 a consecuencia del crecimiento de la deuda pública y a la mayor tasa de interés.

Gráfica 7. Costo financiero del sector público como porcentaje

del gasto público total (datos trimestrales, enero-junio 2013-2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la shcp..

En la gráfica 8 se muestra que en proporción al pib el costo financiero por el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pasó de 1.9% del pib en 2013 a 2.6% en 2018.

Gráfica 8. Costo financiero del sector público

como porcentaje del pib, 2013-2018

Fuente: elaboración propia con base en datos de la shcp.

Dicho costo tiende a igualar y a rebasar el rubro que se destina a la inversión pública, la cual ha caído, junto con el gasto corriente, para cubrir el creciente costo del servicio de la deuda, como se observa en la gráfica 9.

La caída de la inversión pública frena el crecimiento económico y la generación de empleo, y ha acentuado la privatización y extranjerización de la economía. En consecuencia, el gobierno ve reducidos los ingresos derivados de la industria petrolera, lo que afecta sus finanzas y las del sector externo, limita más su gasto, contrae más la actividad económica y desatiende más los servicios públicos, acentuándose la desigualdad del ingreso en el país. El creciente costo del servicio de la deuda aumenta las transferencias de recursos a favor de la banca, acentúa la descapitalización del sector público, y además de frena la actividad económica, acentúa la desigualdad en la distribución de la riqueza.

El nuevo gobierno estableció como objetivo un superávit fiscal de 1% del pib para 2019 y para 2020 de 1.5% del pib, a fin de seguir cubriendo el pago de la deuda. Ello se inscribe dentro de las negociaciones que el gobierno mexicano ha tenido con las calificadoras internacionales con la intención de que no le bajen la e valuación crediticia.

Gráfica 9. Costo financiero e inversión pública de méxico

como porcentaje pib, 2013-2018

Fuente: elaboración propia con base en datos de la shcp.

Al trabajar el gobierno con superávit primario, se evidencia el poder del gran capital financiero y de las calificadoras internacionales, que se imponen sobre el Estado. Al acatar las disposiciones del sector financiero de trabajar con austeridad fiscal, el gobierno deja de cumplir los objetivos de crecimiento, de empleo y mejor distribución del ingreso. Por eso Wray (2012) afirma que “hay mucho neoliberalismo y poca democracia, transparencia y responsabilidad del gobierno”.

¿Cuál es el trasfondo de las políticas de “estabilidad” predominantes?

Un gobierno soberano no tiene por qué recortar el gasto para ajustar las finanzas públicas y reducir el monto de la deuda que está en su moneda. Un gobierno soberano gasta en aquello que es vendido en su moneda, sin que ello genere inflación, y sin tener que emitir deuda. El gobierno gasta acreditando sobre la cuenta bancaria de quienes le venden bienes y servicios (Wray, 1998, p. 196) (Mitchell, 2009).

La autonomía del banco central le quitó el control del dinero al gobierno, obligándolo a trabajar con austeridad fiscal. Ello está encaminado, como hemos dicho, a reducir el tamaño y participación del gobierno en la economía, y a ampliar los de la cúpula empresarial. Junto con las políticas de apertura comercial y libre movilidad de capitales, esto ha propiciado que la economía sea regulada por las fuerzas del mercado, las cuales han atentado contra las condiciones endógenas de acumulación, por lo que la economía pasa a depender de la entrada de capitales. Se acelera así la extranjerización del país y la desigualdad del ingreso. Se debilita el Estado y al subordinarse a los intereses del sector financiero, se ve obligado a establecer una política macroeconómica de estabilidad (alta tasa de interés y austeridad fiscal), lo cual actúa contra los objetivos de crecimiento económico y empleo.

La ideología imperante justifica dichas políticas, y las define como neutras, encaminadas a reducir la inflación, y argumentan que ésta es la condición necesaria para el crecimiento, a fin de bajar la tasa de interés e impulsar la inversión. Sin embargo, la baja inflación no se traduce en menor tasa de interés, ni en mayor tasa de crecimiento, pues se teme que surjan presiones sobre precios y el tipo de cambio que puedan afectar al sector financiero, por lo que la economía se ha condenado al bajo crecimiento económico.

La “estabilidad” del sector financiero y las ganancias obtenidas en tal sector no se han traducido en mayor disponibilidad crediticia para apuntalar la inversión y el crecimiento económico, y la generación de empleo, sino que tales ganancias prevalecen en el propio sector financiero que adquiere empresas y activos del sector público. De ahí la economía informal, los bajos salarios, la creciente pobreza, la desigualdad del ingreso y la violencia que se vive en el país.

Los gobiernos, en la perspectiva de cumplir con los dictámenes de los organismos financieros internacionales y a fin de ser bien vistos por las calificadoras internacionales, establecen presupuestos fiscales que responden a las directrices establecidas de austeridad fiscal y no aumentar los niveles de endeudamiento, lo cual impide generar una política fiscal a favor del crecimiento y el empleo.

El nuevo gobierno continúa con la misma política fiscal
que sus antecesores
Prosigue la misma política económica, a pesar del cambio de gobierno

Los requerimientos de entrada de capitales llevan al nuevo gobierno a no modificar la política económica que ha predominado en la que sobresale la austeridad fiscal, el libre comercio, la autonomía del banco central, las altas tasa de interés y la estabilidad del tipo de cambio.

A pesar de que tales políticas nos han llevado al bajo crecimiento económico, a tener menos desarrollo manufacturero, a perder la autosuficiencia alimentaria, a crecientes déficit de comercio exterior, a reducir el crecimiento potencial de la economía, a aumentar los requerimientos de entrada de capitales, así como a la extranjerización creciente de la economía y a altos niveles de endeudamiento interno y externo, se prosigue con tales políticas.

Con el libre comercio se ha favorecido a las empresas transnacionales que dominan el comercio internacional, en detrimento de los productores y trabajadores nacionales. Se continúa privilegiando la política neoliberal que favorece al sector financiero y al libre mercado, lo que subordina al Estado a los intereses del gran capital, por lo que no tiene política monetaria, fiscal, crediticia a favor de los objetivos nacionales.

En el Programa de Impulso al Sector Financiero presentado el 8 de enero de 2019 y en la Iniciativa de Ley de Reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 29 de abril de dicho año, se da amplia libertad para que los recursos de los fondos de pensión de los trabajadores sean invertidos por las administradoras de los fondos para el retiro (Afore) en los mercados de capitales internacionales, para buscar el máximo rendimiento. En vez de que los fondos de pensión sean manejados por el gobierno a favor del desarrollo de los sectores estratégicos y productivos y en la generación de empleo formal para que haya un mayor número de trabajadores cotizando para su jubilación y asegurar así las pensiones futuras, el gobierno sigue impulsando al sector financiero, que es el que ha ganado con la política económica que viene predominando y el que nos ha llevado a tener un sector bancario-financiero disfuncional a la dinámica económica.

El gobierno se pronuncia más por los recortes presupuestales que por el aumento de impuestos para alcanzar el equilibrio fiscal

De acuerdo con el enfoque teórico convencional, para alcanzar los objetivos de austeridad fiscal, baja inflación, pago de la deuda y reducción de su monto, el gobierno puede optar por restringir el gasto e inversión y/o aumentar impuestos para restringir la demanda y las presiones sobre precios, y generar ahorro para el pago de la deuda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su último Informe Trimestral de 2017 de las Finanzas Públicas, destaca que la deuda pública disminuyó su participación respecto al pib por primera vez en 10 años. De haber representado 48.7% del pib en 2016, ha pasado a ser 46.2% en 2017. Para alcanzar tal objetivo, procedió a disminuir el gasto público, el cual fue menor en 8.7% en términos reales respecto al cierre de 2016. Ello con la finalidad de alcanzar un superávit primario, que ascendió a 310 151 millones de pesos, equivalente a 1.4% del pib, lo que le permitió reducir el déficit público total (incluye el pago de amortizaciones e intereses) y se ubicó en 238 472 millones de pesos, que representa 1.1% del pib. Se priorizaron los objetivos de reducción del déficit fiscal y el monto de la deuda a fin de quedar bien con los acreedores financieros y ser considerado buen pagador de la deuda, así como para contraer demanda y frenar las presiones sobre precios que puedan trastocar la valorización del capital de los dueños del dinero.

El nuevo gobierno se ha inclinado por el recorte presupuestal y no por el alza de impuestos, pues trata de no afectar las ganancias y las decisiones de inversión del sector privado. Al parecer, tal posición se sustenta en el planteamiento de economistas convencionales como Kenneth Rogoff (2019) y Alesina et al. (2019), quienes señalan que “recortar el gasto gubernamental ha costado menos que los aumentos de impuestos en términos de producción y empleo perdidos” para alcanzar la austeridad fiscal. Sin embargo, en la búsqueda de ese ajuste fiscal los recortes presupuestales contraen la demanda y, por lo tanto, las ventas, ingresos y ganancias de las empresas, lo que disminuye la actividad económica y, en consecuencia, impactan en las decisiones de inversión del sector privado. Además, la menor actividad economía reduce la recaudación tributaria, y no se alcanza el ajuste fiscal. Los tomadores de decisiones desconocen que la inversión del sector privado no está en función del nivel de impuestos. De hecho, eluden y evaden el pago de impuestos, y cuando tienen que pagar el gobierno se los condona, tal como venía aconteciendo en los gobiernos anteriores. Las decisiones de inversión están en función de las ganancias esperadas, que son configuradas por el crecimiento de demanda. Los recortes presupuestales disminuyen la demanda y las ventas de las empresas, por lo que éstas han disminuido su inversión.

Al gastar el gobierno menos que sus ingresos para alcanzar el superávit primario, se contrae la demanda, y esto provoca que la economía trabaje con alta capacidad ociosa y alto desempleo, lo que desestimula las decisiones de inversión del sector privado y desacelera la actividad económica. Si el gobierno hubiera aumentado impuestos a la cúpula empresarial y al sector financiero, no habría tenido que restringir el gasto en aras del superávit primario y, por lo tanto, no se desaceleraría la actividad económica debido a que el impuesto al sector financiero no se traduciría en disminución de la inversión, ni del consumo, dados sus altos ingresos. El alza de impuestos al gran capital no disminuiría la inversión porque la demanda crecería, pues no se restringiría el gasto público.

El afán del gobierno de equilibrar sus finanzas públicas contrayendo el gasto público, sin recurrir al aumento de impuestos, ni a la creación de nuevos impuestos, conduce a la economía a un menor crecimiento económico y a reducir más su crecimiento potencial, y en consecuencia no hay condiciones para mejorar los niveles de ingreso de la mayoría de la población.

Al gastar el nuevo gobierno en 2019 lo mismo que en 2018, la economía caerá en recesión

El discurso reiterado del nuevo titular del gobierno —desde antes de asumir la presidencia— en el sentido de que “no se va a pedir prestado, no se va a seguir endeudando al país”, revela que no entiende cómo funciona una economía ni sus contradicciones.

El propósito de trabajar con superávit fiscal lleva al gobierno a gastar menos para no endeudarse, por lo que se contrae la demanda, la producción y la generación de empleo, y por lo tanto no se mejoran los ingresos de los individuos y sus familias, ni los del sector público. El principio teórico que no conocen los tomadores de decisiones en el país es que el gobierno recauda lo que gasta (Wray, 1998, p. 198). Si gasta poco, frena la actividad económica y el ingreso de empresas e individuos, termina recaudando poco, y prevalece el déficit fiscal, lo que obliga a colocar deuda. Asimismo, aumentan las presiones de oferta sobre el sector externo por los mayores rezagos productivos y la caída de productividad, de ahí que el aumento del déficit de comercio exterior obliga a colocar deuda externa para financiarlo. El desempleo se incrementa, se reduce el número de cotizantes al fondo de pensiones, lo cual agrava los problemas financieros en el sistema de pensiones, obligando a que el gobierno entre al rescate a través de mayor deuda. Además, se tiene que emitir deuda con el fin de esterilizar la entrada de capitales para evitar presiones sobre precios.

A la contracción del mercado interno que origina la austeridad fiscal, se suman las nuevas normas y aranceles impuestos a favor de Estados Unidos en el nuevo acuerdo comercial entre ese país, Canadá y México, que actúan en detrimento de este último, lo que aumentará el déficit de comercio exterior, disminuirán las opciones de inversión de las empresas y se contraerá la actividad económica.

El término finanzas “sanas” o en “equilibrio” lleva a que la política fiscal sea disfuncional al crecimiento y a la generación de empleo. Las finanzas públicas deben ser funcionales (como señala Abba Lerner, 1943) a los propósitos públicos, es decir al crecimiento económico y al pleno empleo.

El presupuesto federal de 2019 da prioridad a las pensiones de personas de la tercera edad, a las becas a estudiantes de preparatoria y a jóvenes que ingresarán a empresas para adquirir experiencia laboral, a la inversión de proyectos como el tren maya, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y a Pemex, pero los gastos que implican tales prioridades están circunscritos a los ingresos del gobierno, y dichos gastos no rebasarán lo gastado en 2018, por lo que su impacto no será significativo sobre la actividad económica. Como el gobierno termina gastando menos de los ingresos con que cuenta, no hay incremento de demanda e inversión neta.