Kitabı oku: «Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía», sayfa 5
5. Para que la representación sea efectivamente útil es preciso recordar que es insensata la divinización del pueblo cuya expresión máxima, «vox populi, vox Dei», es —dice Zagrebelsky94— una forma de idolatría política, que persigue implantar formas autocráticas, pues corresponde a conceptos triunfalistas y acríticos. Si se confía en la decisión del pueblo es porque se acepta que pueda estar equivocada y revocarse. Y ello es así porque la democracia se basa en un hecho esencial que no puede soslayarse: los méritos y defectos de uno lo son también de todos; si no lo aceptamos, entonces no tendremos democracia, es decir, gobierno de todos sobre todos, sino autocracia. La autoridad del pueblo no depende pues de sus virtudes, sino de la ausencia de una alternativa mejor. En efecto, si continuamos confiando en la autoridad popular —afirma Zagrebelsky— es porque cualquier otra solución sería peor que esta última.
3. LAS PROPUESTAS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA
1. Si bien hay un reconocimiento de que los problemas y dificultades del mundo moderno no se resolverán renunciando a la política sino más bien transformando su práctica, hay quienes creen que es preciso crear modelos alternativos para superar la desconfianza que genera la actual práctica política, aun cuando se suele aceptar que el atractivo de la democracia reside en que se trata de un modelo generado por el pueblo, con mecanismos que dan legitimidad a las decisiones porque se adhieren a principios, reglas y mecanismos adecuados de participación, representación y responsabilidad. Como señala Held, «la democracia debe contemplarse como la concepción privilegiada del bien político porque ofrece una forma de política y de vida en la que hay maneras justas de deliberar sobre valores y negociar valores y disputas»95. En palabras del mismo autor, si bien no constituye una panacea para todos los males e injusticias, «proporciona una base adecuada para la defensa de un proceso de diálogo público y toma de decisiones sobre asuntos de interés general y plantea vías institucionales para su desarrollo»96.
Algunos de los que persiguen reformas en la práctica política sustentan sus propuestas en el «principio de autonomía», entendido como una noción según la cual las personas podrían llevar adelante sus proyectos como agentes libres e iguales, sin interferencias, participando en los debates y en las deliberaciones sobre una base de igualdad y libertad, pero aceptando que es necesaria una «frontera de la libertad» que no debe ser nunca rebasada. Esta concepción propone la creación de instituciones democráticas diferentes de las que nos ofrece la práctica cotidiana en las democracias liberales capitalistas. En otras palabras, la aplicación del principio de autonomía lleva a repensar los límites de la acción del Estado y de la sociedad civil.
Son tan variadas las propuestas específicas que promueven esos movimientos de reforma que aquí es imposible enumerarlas; lo que sí se puede decir es que se caracterizan por amplios y ligados derechos sociales y económicos, preocupación por las cuestiones distributivas y de justicia social incompatibles con los derechos de las grandes corporaciones y los grupos de poder fáctico. Proponen, por ejemplo, un modelo de «autonomía democrática» que busca preservar el ideal del ciudadano informado y activo que tenga opinión y decisión sobre materias vinculadas a la vida económica y laboral, propiedad productiva y financiera, aliviando la condición de los menos favorecidos. Creen que «la precariedad del gobierno en las circunstancias actuales está ligada tanto a los límites del poder del Estado, en el contexto de condiciones nacionales e internacionales, como al carácter remoto, a la desconfianza y escepticismo que se expresan acerca de los arreglos institucionales existentes, incluyendo la eficacia de la democracia parlamentaria»97.
Pues bien, son parte de ese movimiento de reformas políticas las propuestas de democracia participativa y democracia deliberativa que resumimos a continuación y que se vinculan con los mecanismos de la democracia directa. Luego, se critica su viabilidad.
2. La llamada democracia participativa, cuyos más importantes promotores pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XX, es presentada como un avance y perfeccionamiento de la democracia representativa. Propone usualmente utilizar, para reforzarla, algunas de las modalidades de la democracia directa. Busca responder a las políticas agresivas neoliberales que debilitan el llamado Estado del bienestar, al plantear una mayor participación directa y un control más acusado a los representantes elegidos. Ramírez Nardiz cita a Sartori, para quien la democracia participativa es aquella forma de gobierno en la que «el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder»98. Más precisamente, consiste en la introducción de un conjunto de instrumentos que hagan posible ampliar la participación ciudadana en el gobierno, buscando que el ciudadano tome parte de la vida pública. Esos instrumentos, que no pretenden remplazar a la democracia representativa, son —entre otros— las iniciativas legislativas populares, los referendos y la revocatoria de mandatos.
Las propuestas de la democracia participativa buscan dotar de contenido al ideal democrático, sea ampliando los derechos, promoviendo la autogestión y el espíritu asambleístico, esto es, aumentar la presencia de los ciudadanos en la deliberación y en las decisiones de asuntos de interés público. Esas propuestas han sido reconocidas en varias Constituciones de países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Pero esta circunstancia no las libera de críticas varias, fundamentalmente asociadas a la afirmación de que el ciudadano no tiene la capacidad necesaria para decidir sobre asuntos complejos, pero también a que no participa con otros en la discusión de los temas públicos. Aquellos asuntos sometidos a votación son tratados principalmente en los medios de comunicación, donde en muchos casos se ejerce una manipulación evidente, de modo que no son los ciudadanos quienes suelen imponer los puntos o temas sobre los que deberán pronunciarse en referéndum. Quienes por su lado defienden las propuestas dan gran importancia al espacio público99 como lugar de privilegio para que los agentes sociales puedan obtener información y tomar decisiones adecuadas a los intereses de las mayorías.
Hay que anotar que esa participación se da con mayor frecuencia y facilidad en el ámbito local y tiene contenidos muy variables. Por ejemplo, puede estar dirigida al intercambio de información con el Gobierno o las autoridades sobre asuntos vinculados a determinadas tomas de decisiones sobre la atención preventiva de las enfermedades, o a buscar un consenso acerca de ciertos aspectos urbanísticos controvertidos para determinadas obras de infraestructura. Pero poca duda cabe de que la participación en estas materias no basta para sostener —y, menos, cuestionar— el edificio de la democracia representativa.
3. La llamada democracia deliberativa es un desarrollo de los postulados teóricos de la democracia participativa, pero más preocupada por la parte práctica vinculada al diseño institucional. A pesar de su reciente impulso, debe advertirse que la reivindicación de la deliberación es tan antigua como la democracia misma100. Dice Martí que «la democracia deliberativa es un modelo político normativo cuya propuesta básica es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática»101, esto es, un modelo de toma de decisiones que persigue cómo debería ser la realidad política, un ideal regulativo hacia el que se debe tender en la medida de lo posible. En otras palabras, se trata de la utilización de un procedimiento deliberativo como precondición para que las decisiones políticas adquieran legitimidad.
Los promotores de la democracia deliberativa afirman que buscan mejorar la calidad de la democracia, abogando por un debate informado, el uso de la razón y la búsqueda de la verdad. Señala Held que «la idea fundamental de los demócratas deliberativos es desterrar cualquier noción de preferencias fijas y sustituirla con un proceso de aprendizaje en el cual y por el cual la gente acepte los asuntos que tienen que comprender para mantener un juicio político sensato y razonable»102. La legitimidad política ya no se basa tanto en los resultados de las votaciones en procesos electorales o en la regla de la mayoría cuanto en ofrecer argumentos defendibles de las decisiones públicas para mejorar la calidad de estas últimas, sustituyendo el lenguaje del interés por el lenguaje de la razón. En otras palabras, consideran que «el intercambio de razones públicas en la deliberación crea un nuevo principio de gobierno legítimo»103. Y para que su ideal político «sea eficaz los ciudadanos tienen que estar libres de las influencias tergiversadoras de la desigualdad del poder, riqueza, educación y otros recursos. Lo que importa es un acuerdo motivado racionalmente, no un resultado producido por la coerción, la manipulación o el pacto. Este modelo exige que los ciudadanos disfruten de una igualdad formal y sustancial»104.
Entre los principios democráticos para la toma de decisiones, la democracia deliberativa privilegia el de argumentación sobre los de negociación y del voto. Entienden el principio de argumentación como un intercambio desinteresado de razones a favor o en contra de una propuesta en condiciones de igualdad y con la disposición de ceder ante el mejor argumento105.
Aquí, los mecanismos más promocionados son el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, las consultas y los referéndums deliberativos, la participación en asociaciones y consejos a nivel municipal y los presupuestos participativos106.
4. Las propuestas por una democracia tanto participativa como deliberativa, como es natural, han dado lugar a diversas críticas. Ellas se concentran, en primer término, en las dificultades de encontrar en las grandes urbes modernas, más que en pequeños poblados, condiciones que hagan posible un debate alturado, informado y respetuoso. Consideran que sus promotores parten de una premisa que desconoce en el ser humano común la ausencia de altruismo y de conocimiento general para enfrentar problemas complejos. Se afirma, creemos que, con razón, que «el ideal de imparcialidad expresa una ficción, ya que descansa en el supuesto de que la gente puede trascender sus peculiaridades cuando se dedica a deliberar»107. También se afirma que con la deliberación es imposible generar acuerdos o consensos y que más bien ella puede incrementar los conflictos en lugar de mitigarlos. Así mismo, que no hay garantía de que una mayor participación dé lugar a una de mayor calidad. Hay también firmes críticas a las propuestas de democracia directa por su fácil manipulación. Sus defensores, por su parte, replican que los desacuerdos persistentes y posteriores a la deliberación constituyen un paso firme para conocer mejor las diferencias y buscar superarlas108.
5. Pero el verdadero test para calibrar la conveniencia y viabilidad de los instrumentos que propone la democracia participativa, dice con razón Josep M.ª Castella:
consiste en examinar su origen, es decir, si van de abajo arriba. Esto significa que es algo impulsado y querido por los ciudadanos. Se participa si, cuando y para lo que interesa a la ciudadanía. En cambio, cuando la participación es organizada desde el vértice del poder hay que ponerla bajo sospecha, pues es muy probable que se pretenda o se utilice para afianzar y legitimar una determinada acción de gobierno, tendiendo a llamar a la participación a aquellas asociaciones que reciben subvenciones del poder o que son títeres de partidos y, por tanto, revisten el clientelismo de democracia109.
6. Finalmente, reconozcamos que la democracia no puede quedar librada a la deliberación, pero sin ésta no hay democracia. Se señala entonces que si bien la capacidad de delegación, sobre la que se asienta la representación, cede frente a las prácticas deliberativas, lo cierto es que para que funcionen grandes porciones de la política debe haber delegación, para, de esa forma, evitar caer en el espacio pantanoso de los plebiscitos. Solo una parte del trabajo político es discursivo. Es imposible, si se desea ser eficaz, remplazar la profesionalidad y la experiencia de los representantes para resolver intrincados asuntos de gobierno. La experiencia enseña que cuando prima lo deliberativo puede brillar la argumentación aguda y hasta original, pero que siempre se trata de momentos de escasa duración.
4. EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE DELIBERACIÓN
1. En las sociedades democráticas, la capacidad de la política para articular el espacio público se debía al procedimiento de la representación, gracias al cual se da forma a las opiniones, identidades e intereses. Lo contrario de todo ello es la inmediatez propugnada por el populismo, que busca —afirman— abolir la distancia entre gobernantes y gobernados, dando lugar a numerosas subvenciones improductivas y a fomentar el consumismo. «Para el populista, la democracia representativa, modestamente procedimental y prosaica, caracterizada por la lentitud y los compromisos, se presenta, por comparación con el ilusionismo sin límites, como insuficiente»110. En el horizonte de ese proceso se entiende la sociedad como un conjunto de minorías y el Gobierno como una ONG encargada de atender diversas demandas. En ese escenario aparecen con poder cada vez mayor las clientelas particulares y los derechos privados, lo que encaja con la lógica del mercado promovida por el neoliberalismo. Sabemos que la representación pasa por una crisis, porque quien es elegido en ocasiones solo representa al grupo que lo ha promovido y no a todos a su vez; por ello, solo la representación interesada en la acción pública podrá contrarrestar ese proceso. Y lo cierto es que una sociedad solo se conoce a sí misma si existe representación; de lo contrario conocerá tal vez detalles, tendrá proliferación de datos, pero no podrá concebirse colectiva y coherentemente. Es necesario respetar la lógica del espacio público.
2. Cualquier análisis de la práctica democrática actual no nos puede hacer olvidar la contradicción existente entre la convocatoria universal a participar en un espacio público y la fragmentación de los discursos y de los intereses en juego. Sea cual fuere el acercamiento al concepto de lo que es público nos remite a pensar que la práctica política tramite o convoque algo que sea integrador, común a todos. Ese espacio público ha sufrido una gran transformación, por razones culturales y tecnológicas, y por el diseño urbano de las grandes ciudades.
Ahora bien, el espacio público como el lugar en el que se delibera sobre lo común y donde se tramitan las diferencias no constituye una realidad compacta y cerrada, sino que obliga a una construcción laboriosa y variable que exige un trabajo de representación. Ese espacio acoge al conjunto de procedimientos mediante los cuales las decisiones políticas colectivas son formuladas y adoptadas con significativa influencia de las nuevas tecnologías de la información. Daniel Innerarity cree posible:
redefinir el ideal de la democratización a partir de la esfera pública, en la que se contiene la preeminencia de los valores constitutivos de la dimensión colectiva frente a los intereses particulares, de lo político sobre lo económico, de la comunicación sobre el mercado. No se me ocurre otro procedimiento mejor para hacer frente a la concepción de la política como mera gestión de los intereses y que tiene su origen en una idea de la sociedad como una colección atomista de individuos o grupos desvinculados entre sí111.
Sin espacio público el poder sería entendido como dominación y la opinión pública como lugar para las manipulaciones mediáticas. Y entonces se produciría una confrontación «donde el acontecimiento está por encima del argumento, el espectáculo sobre el debate, la dramaturgia sobre la comunicación, la imagen sobre la palabra»112. La pérdida del sentido de lo común es un elemento que sin duda dificulta la configuración del espacio público, que es en verdad el corazón de la acción política.
Los miembros de una sociedad no tienen solo derechos sino también deberes que van más allá del respeto a los derechos de los demás; en otras palabras, un compromiso con los intereses de la sociedad en su conjunto e inclusive más allá, porque el proceso de globalización implica ampliar el espacio público para gestionarlo adecuadamente, pues antes se entendía como un territorio propio del Estado nacional. En efecto, la soberanía del Estado ya no es indivisible, pues está diluida en un continuo flujo de interdependencias, tanto en el ámbito de lo económico como en el de lo financiero; es hoy un actor «semisoberano». Para articular políticamente a la sociedad, tendrá ahora que ser más cooperativo y concentrarse básicamente en los bienes colectivos esenciales, moderando los desarrollos sociales. Ello no hace que renuncie a su antigua pretensión de configurar el espacio social, pero ya no con el modelo jerárquico tradicional, que se ha debilitado sin remedio. En la actualidad debe contrapesar la dinámica centrífuga de los variados intereses y preferencias culturales, buscar la compatibilidad de los sistemas funcionales autónomos, con especial énfasis en sociedades heterogéneas, convirtiéndose en una instancia que asuma la responsabilidad por el sistema democrático en su conjunto. Como dice Innerarity, «tanta cooperación como sea posible, tanta jerarquía como sea necesaria, podría ser una máxima del buen gobierno y la buena administración»113.
3. El espacio deliberativo supone la práctica de un tipo de argumentación que intenta justificar las afirmaciones o juicios que se presentan, lo que puede llevar al ciudadano a cambiar su opinión o preferencias. El espacio público es justamente el lugar donde se dialoga, donde ese proceso se ejecuta. Entonces, cuando se desconoce la fuerza transformadora de la política, se sucumbe a la inmediatez y con frecuencia al uso de las modalidades de la democracia directa, insuficientes para una democracia de calidad.
Se olvida reiteradamente que la democracia no es un régimen de consulta, sino un régimen que articula diversos criterios a través del debate público. Por cierto, exige un trabajo para lograr una representación adecuada y utiliza para ello la consulta popular, pero ésta no es un sustituto de un procedimiento deliberativo. Y es justamente el sistema político representativo el que se encarga, con todos sus límites, de las tareas necesarias para el análisis y la discusión. La utilización frecuente del referéndum, por ejemplo, es un procedimiento inmejorable para no adelantar nada de lo esencial, porque no hay prácticamente ni diálogo ni discusión, y tampoco es posible un proceso deliberativo. La representación no puede tampoco ser sustituida por encuestas y sondeos en los que las mediaciones políticas son inexistentes y la expresión del pueblo queda sujeta a la inmediatez de los intereses. En efecto, «la representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible, salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»114. La representación es una construcción, un espacio de creación.
4. Dice Innerarity:
Es una ilusión pensar que podemos controlar el espacio público sin instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el interés general. Lo que ocurre hoy en día es que el descrédito de alguna de esas mediaciones nos ha seducido con la idea [de] que democratizar es desintermediar; algunos —con una lógica similar a la empleada por los neoliberales para desmontar el espacio público en beneficio de un mercado transparente— se empeñan en criticar nuestras democracias imperfectas a partir del modelo de una democracia directa, articulada por los movimientos sociales espontáneos, desde el libre juego de la comunidad on line y más allá de las limitaciones de la democracia representativa. Se ha instalado el lugar común de que periodistas, gobiernos, parlamentos y políticos son prescindibles, cuando lo que son en realidad es mejorables115.
Este es uno de los propósitos para mejorar y conservar una nueva democracia representativa en nuestro país.
6. La crisis de representación en el Perú pudo haberse iniciado por el pobre desempeño de los partidos políticos y de las élites en la década que se inicia en 1980. Poco después, ello dio lugar a una alta volatilidad electoral. Sin embargo, Tanaka considera que el principal desafío de los partidos no fue enfrentar un problema de representación sino de gobernabilidad, en un contexto de diversos proyectos políticos, algunos excluyentes entre sí116. Posteriormente, en la década de 1990, el fujimorismo establece una dinámica política diferente, pues se opuso al conjunto de partidos políticos. Obtuvo así una importante aprobación y Fujimori logró imponer su liderazgo personalista y arbitrario, así como consolidar una coalición de poderosos intereses a su alrededor que combinaban el neoliberalismo con el neopopulismo117. Y como los partidos políticos fueron dejando un espacio vacío, se impuso la dinámica autoritaria de Fujimori con relativa facilidad, sin una oposición debidamente integrada y cohesionada. Afirma Tanaka que «el espacio público de deliberación ciudadana quedó seriamente menoscabado, lo que produjo, en el plano de las decisiones de gobierno, una centralidad excesiva»118, que —vale recordarlo— contó con el apoyo de organismos financieros e inversionistas extranjeros, con las Fuerzas Armadas, poderes nacionales empresariales y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Posteriormente, sin embargo, a partir del corto gobierno de Valentín Paniagua en el año 2001, la democracia peruana ha pasado por varios procesos electorales no cuestionados que han dado lugar a cuatro gobiernos democráticamente elegidos. Desde esta perspectiva se ha robustecido el aspecto procedimental, pero en otro sentido, como hemos visto, la representación se ha debilitado y alejado del interés de las mayorías. Poca duda cabe, sin embargo, de que en la actualidad la democracia electoral —con su inmensa importancia— no basta, y que es preciso aceptar diversos mecanismos de participación que permitan un diálogo fluido con las instituciones de la sociedad civil, más aún cuando nos enfrentamos a una crisis de partidos de difícil recomposición y a una realidad geográfica fragmentada y con dificultades comunicativas. A ello se suma el mayoritario trabajo informal, que torna particularmente difícil ubicar representantes de sus integrantes y entorno, lo que le ha dado un carácter usualmente episódico y cambiante. Se ha señalado, finalmente, que en el Perú hay una falta de equilibrio entre la función representativa y la gubernamental, pues mientras la primera está supeditada a enfrentar los problemas de corto plazo, la segunda está obligada a tomar opciones que la pueden separar de sus electores119.
5. PRESENCIA DE LA MULTICULTURALIDAD
1. La idea de multiculturalidad está sin duda presente en el actual orden democrático. Se la entiende no solo como un campo poblado por muchas culturas sino como un espacio de intercomunicación. Y las sociedades se hacen multiculturales independientemente de lo que opinen sus habitantes. Por cierto, es un tema conflictivo, aunque la ciudadanía actual suele aceptar las diferencias, siendo su límite que algún grupo cultural se arrogue el derecho de imponer sin titubeos sus preferencias sobre los demás. Saber vivir en democracia es saber vivir con diferencias que se manifiestan no solo en lo cultural sino también en las diferentes opciones electorales. Y el tema de las diferencias no puede separarse del de las minorías. No olvidamos que el ideal homogeneizador, que combate o busca olvidar las diferencias, ha estado presente entre nosotros con especial énfasis durante el siglo XIX, y aún no ha desaparecido del todo. Pero lo que busca imponerse en nuestra realidad es un radical pluralismo, pues sin duda conocemos mejor que en el pasado las diferencias culturales, la existencia de identidades abiertas y porosas.
Como señala Fernando Mires, si:
la autonomía de pueblos y culturas es el resultado del reconocimiento de diferencias, y este reconocimiento es condición de democracia, quiere decir que el reconocimiento de la autonomía de las minorías es también condición de la autonomía de las mayorías, pues no puede haber democracia sin seres autónomos. Esto quiere decir que la autonomía de culturas y pueblos no es, en sentido estricto, una concesión, sino mucho más, una garantía para el propio funcionamiento democrático120.
Nada de esto se opone a que en los momentos electivos prime la voluntad de las mayorías, pero convengamos en que ese no es el único criterio para definir un orden democrático, pues si así fuera el principio central de toda democracia no sería político sino puramente matemático, y ahí subyace el peligro de la dictadura de las mayorías121.
2. La cuestión es si disponemos en nuestras sociedades de una pedagogía del encuentro y del intercambio para superar los mundos cerrados de las creencias y costumbres. Creemos que ello es posible y necesario porque, finalmente, la tradición en los grupos se aproxima a una construcción social. La fragmentación cultural que vivimos hace inútil buscar una representación de la identidad como una totalidad sin disonancias, así como también creer que es posible un mosaico de culturas independientes. Tal como señala Innerarity:
es una ilusión pensar que el mundo se compone de unidades similares, como elementos de un puzle. La yuxtaposición de distintos modos de vida y de comunidades que no pueden ser tratadas de manera uniforme es una característica irrenunciable de la cultura contemporánea. El mundo de hoy se caracteriza por la paradoja de que una creciente globalización va acompañada de nuevas diferenciaciones, de que hay más relaciones entre un número mayor de elementos. El cosmopolitismo y la particularidad no son opuestos, sino que más bien se complementan y fortalecen mutuamente122.
Y concluye afirmando que «toda pretensión de identidad pura es asfixiante e incestuosa». Además, por supuesto, de que esa valorización de la diversidad no nos impide tener preferencias: nadie nos puede obligar a abandonar nuestro propio interés u opinión, ni a preferir nuestro propio país; lo que no podemos es atribuirle un significado absoluto, excluyente.
Es obvio para nosotros que las clasificaciones étnicas son cada vez más complicadas y los conceptos que tradicionalmente se han usado para ello no parecen acertados para describir y calificar el mundo plural y cambiante que vivimos. No se nos escapa que la folclorización, tan apoyada en ciertos medios de comunicación considerando cualquier identidad cultural como inmodificable, es un negocio cercano a la mendicidad y un obstáculo para el pluralismo que se oculta bajo un extremado respeto de las diferencias123. En efecto, ello neutraliza el diálogo intercultural y nos hace recordar que «la homogeneización y la peculiarización son estrategias que coinciden en su desinterés por relacionar y traducir»124. Es misión de la sociedad multicultural hacer que se caracterice por relacionar las distintas versiones del mundo que se hallan en una sociedad pluralista, no aceptando por tanto diferencias irreductibles, pues la vida cultural no es una unidad cerrada, comenzando por tener el coraje de relativizar la propia cultura. Cito otra vez a Innerarity: «nuestra pedagogía ha de ser capaz de presentar un muestrario de las diferencias, articular experiencias de contraste, señalar la arbitrariedad de las convenciones sociales, la contingencia de los hábitos y estilos de vida, ponerse en el lugar de otros. Aprender a valorar esa diversidad no equivale a una deserción, sino a un enriquecimiento de lo propio»125.
3. Hay que recordar que el menosprecio a otras culturas vivas dentro del territorio se sostuvo en aquella noción liberal del derecho según la cual ha de primar la autonomía individual sobre la de pueblos y culturas, aunque los teóricos actuales del liberalismo han buscado superar esa noción importante en el inicio de los procesos democráticos en Europa y en los Estados Unidos. Porque la protección de las culturas es en primer término la protección de las personas que las constituyen. Si bien el llamado «multiculturalismo» puede derivar en hacer difícil la convivencia en un mismo espacio social de personas que se identifican con culturas diversas, no es verdad absoluta que la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos; éstos se originan más bien cuando se busca imponer un proyecto estatal que elimine las diferencias en nombre de una nación única. Hoy día, al parecer, vamos a transitar por el camino de la asociación, siendo del todo ejemplar el iniciado por la Unión Europea.
En Latinoamérica se han producido muchos intentos de homogeneización, especialmente vinculados a lo económico, y los resultados han sido hasta ahora pobres y limitados. Los enemigos de una más amplia integración, en territorios que comparten elementos culturales comunes, idiomas mayoritarios similares y costumbres parecidas, se han encontrado y se encuentran tanto dentro como fuera del espacio latinoamericano o, si se prefiere, sudamericano. Contra lo que podría pensarse en una primera instancia, el proceso de globalización y la supremacía de las empresas multinacionales, sumados a la vigencia en muchas élites del pensamiento neoliberal, han sido obstáculos que han frenado los intentos integracionistas, anunciados y promovidos en todos los países por sus intelectuales y políticos de mayor visión. Pero en muchos casos han ganado los pobres nacionalismos, enquistados en poderes subalternos y de corto plazo.
