Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 13
Hay que democratizar la justicia para hacerla realmente justiciera y expedita. Corresponderá modificar los códigos y las leyes existentes de forma que lleven a resguardar los derechos y los intereses del pueblo. Será necesario establecer un Ministerio Público autónomo que responda sólo al más alto Poder del Estado y esté encargado de supervigilar el escrupuloso acatamiento a la ley y la preservación de los derechos del pueblo. Los jueces y los tribunales inferiores deben ser elegidos por medio de un sistema de votación similar al que se emplea para designar a los diputados. Debe reformarse totalmente el actual sistema carcelario.
(…) En este proyecto de reforma constitucional, proponemos, igualmente que se eliminen de las atribuciones del Presidente de la República aquélla a que me acabo de referir y la facultad de nombrar a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces letrados. En cambio, proponemos que esta atribución se entregue al Senado de la República y que en el artículo 83 de la Constitución se establezca que los ministros y fiscales de la Corte Suprema sean designados, cada cinco años, por el Senado de la República, a fin de que no puedan constituirse en una especie de casta administrativa, de que sean plenamente responsables ante el país y haya una generación representativa, democrática, de su mandato.
En la misma forma, proponemos que los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones sean designados de acuerdo con las ternas señaladas en la actual Constitución, pero por el Senado de la República y para durar tres años en sus cargos. Asimismo, patrocinamos que los jueces letrados duren dos años en sus cargos y que su designación quede en manos del Senado de la República442.
En junio de 1963, el diputado socialista Clodomiro Almeyda diría: «En Chile nos encontramos en estos momentos en los comienzos de un proceso político-electoral, en el cual están en juego nada menos que el Gobierno mismo de la República, la orientación del Estado, la estructura económica y social del país»443. Para los jueces y ministros del Poder Judicial era evidente que los partidos de izquierda propugnaban transformar la supuesta autonomía, independencia y apoliticismo de la carrera judicial en «puestos» judiciales, sujetos a la fiscalización del «pueblo» en comicios cada dos, tres o cinco años.
212 Luis Corvalán L., «La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta», Principios (octubre de 1961): 15.
213 Cámara de Diputados. 13ª Sesión (especial: de 20 a 22.19). 6 de noviembre de 1961: 771.
214 Cámara de Diputados. 22ª Sesión (especial: de 10.45 a 14.02). 22 de noviembre de 1961: 1375.
215 Carlos Andrade Geywitz, Elementos de derecho constitucional chileno, 2ª edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1971: 57-58.
216 Véase Brian Loveman, «The Political Architecture of Dictatorship: Chile before 1973», Radical History Review, 125 (Enero de 2016): 11-42.
217 Ley 12.927, 6 de agosto de 1958. Véase comentarios sobre esta disposición en Jorge Mera, Felipe González M., Juan Enrique Vargas V., «Ley de seguridad interior del Estado y derechos humanos 1958-1973», Cuaderno de Trabajo, N. 8, Academia de Humanismo Cristiano, s.f.
218 Así denunció el senador Salomón Corbalán en 1961, señalando: «No hay dirigente de nuestros sectores que en estos instantes no esté vigilado» (Senado. 45ª Sesión [ordinaria: de 16 a 19]). 5 de septiembre de 1961: 2651). Durante su gobierno, Alessandri no decretó estado de sitio (aunque sí zonas de emergencia); hubo sólo 3 decretos de insistencia, en comparación con 355 de Ibáñez y 63 de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Sergio Carrasco Delgado, Alessandri. Su pensamiento constitucional. Reseña de su vida pública, Santiago: Editorial Jurídica, 1987: 50. Tampoco se usó con frecuencia la «reanudación de faenas» con intervención militar para «solucionar» huelgas ilegales, como había sido la costumbre en el pasado de acuerdo con las disposiciones del artículo 626 del Código del Trabajo de 1931, Ley 12.927 sobre seguridad interior del Estado (1958), y el decreto ley 520, de 1932.
219 Oficio del Señor Ministro del Interior, 836, 14 de abril de 1959; Cámara de Diputados. 62ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 17.46). 28 de abril de 1959: 4107. Cursiva de los autores.
220 La Ley 11.146 de 1953 había autorizado al Ejército a imponer «diversos grados de control en tiempos de paz a toda institución e industria nacional que se considerara aprovechable, táctica o estratégicamente, en tiempos de guerra». Esta ley le confirió autoridad a la inteligencia militar, la que prácticamente fue ilimitada. Véase Dauno Tótoro Taulis, La cofradía blindada. Chile civil y Chile militar: trauma y conflicto, Santiago: Planeta, 1998: 61-62.
221 Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de octubre de 1961. «Desafuero parlamentario de los diputados don Jorge Aravena Carrasco y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago, LVIII, N. 9/10, noviembre-diciembre de 1961, 2ª parte, sección 4ª: 321-330; desafuero de diputados don Jorge Aravena Carrasco, José Foncea, Víctor González, Esteban Leyton, Luis Minchel, Jorge Lavandero, Jorge Oyarzún, Luzberto Pantoja, Luis Pareto, Rafael de la Presa y Juan Tuma (Partido Democrático Nacional); Corte Suprema, 21 de noviembre de 1961.
222 «El Gobierno adoptó medidas para asegurar la normalidad pública», La Nación, 24 de agosto de 1961: portada; «Gobierno garantiza normalidad del trabajo», El Diario Ilustrado, 24 de agosto de 1961: portada, titular; «Dos profesores y cuatro obreros de la salud quedan detenidos», La Nación, 29 de agosto de 1961: 3; «Nuevos detenidos hubo ayer en procesos por huelgas ilegales», La Nación, 30 de agosto de 1961: 5; «26 detenidos por atentados y coartar la libertad de trabajo», La Nación, 31 de agostode 1961: 4.
223 «Prosiguen gestiones para resolver conflicto del personal ferroviario», El Mercurio, 17 de agosto de 1961: 19; «Acuartelamiento de las Fuerzas de la Guarnición», El Mercurio, 20 de agosto de 1961: 49.
224 «Se aplicará la ley para hacer efectiva la responsabilidad de instigadores del Paro ilegal», El Mercurio, 25 de agosto de 1961: 21; «La Unión: La policía arrestó a 91 huelguistas», El Diario Ilustrado, 29 de agosto de 1961: 16.
225 La Ley 12.927: (Art. 27) estipulaba «Cometen delito contra el orden público: a) Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública; b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, o a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido». Esta práctica se mantendría durante la dictadura (1973-90) y después de 1990. Véase, por ejemplo, Juan Pablo Cárdenas, «Querellas contra dirigentes opositores», Análisis, Año IX, N° 130, 1986: <http://saladehistoria.com/Revistas/Analisis/pdf/Analisis-130.pdf>.
226 «Desistimiento de querellas contra personal del SNS. Circular telegráfica enviada a intendentes de todo el país», El Diario Ilustrado, 2 de septiembre de 1961: 5; «Gobierno se desiste de denuncias contra el personal de la salud», La Nación, 2 de septiembre de 1961: 2.
227 Véase: Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970, Santiago: LOM, 2002; Armando De Ramón, «La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile 1920-1970», Revista EURE XVI, 50, Santiago, 1990: 5-17; Cecilia Urrutia: Historia de las poblaciones callampas, Serie Nosotros los chilenos, N° 11. Santiago: Quimantú, 1972.
228 «Contra Salomón Corbalán y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Vol. LVII, 1960: 181-183.
229 «Gobierno presenta denuncia contra Diario El Siglo», El Mercurio, 21 de julio de 1960: 22; «El Gobierno se querelló contra El Siglo y Salomón Corbalán», La Nación, 24 de julio de 1960: 5; «Querellas contra Salomón Corbalán y Diario El Siglo», El Mercurio, 24 de julio de 1960: 37.
230 «Querella contra Diario El Siglo», El Mercurio, 28 de julio de 1960: 19.
231 «Por defender a los damnificados, detenido nuestro director. Motivo: nuestra oposición a la venta de la harina canadiense», El Siglo, 4 de agosto de 1960: titular, portada.
232 «A 150 días de presidio en primera instancia fue condenado Sergio Villegas Salas», El Siglo, 11 de diciembre de 1960: portada; «Dictaron sentencia de primera instancia. cinco meses de prisión para director de El Siglo por defender ayuda de damnificados. El fiscal Manuel Rivas había solicitado 200 días de prisión», El Siglo, 11 de diciembre de 1960: portada.
233 «No hubo avenimiento entre las partes ayer. El abogado del Gobierno debe declarar ante el juez por injurias a El Siglo» , El Siglo, 7 de agosto de 1960: portada.
234 «Presentación de querellas por injurias o calumnias», El Mercurio, 20 de julio de 1960: 15; «Confusa declaración de la Secretaría General de Gobierno. ¿Retira su sometimiento a la prueba por la oposición de sus afirmaciones?», El Siglo, 30 de julio de 1960: 8.
235 El Siglo, como vocero del Partido Comunista, denunció esta campaña represiva contra políticos, periodistas y sindicalistas desde julio hasta noviembre de 1960: «Detenido Hernán Millas», El Siglo, 18 de octubre de 1960: titular, portada; «En proceso a Clarín: Reos Millas y Hernández», El Siglo, 20 de octubre de 1960: portada; «Proceso a Clarín: Libres Millas y Hernández. Hoy la Corte decide libertad de Gamboa», «El Siglo, 25 de octubre de 1960: portada; «Para variar: El director de Investigaciones se querella contra periodista», El Siglo, 3 de noviembre de 1960: última página.
236 «Confusa declaración de la Secretaría General de Gobierno. ¿Retira su sometimiento a la prueba por la oposición de sus afirmaciones?», El Siglo, 30 de julio de 1960: 8. Mayúsculas y cursivas en el texto original.
237 «Contra Salomón Corbalán y otros», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Vol. LVII, 1960: 183.
238 «Pena de relegación para Corbalán en proceso por injurias a S.E.», La Nación, 13 de noviembre de 1960: 12; «Corte confirmó fallo contra don Salomón Corbalán», El Mercurio, 22 de diciembre de 1960: 45.
239 Senado. 17ª Sesión extraordinaria, 22 de noviembre de 1960: 815.
240 Ibíd., 817.
241 «Denunció irregularidades con la ayuda. 100 días de relegación para Salomón Corbalán», El Siglo, 22 de diciembre de 1960: última página.
242 «Suprema ratificó relegación de Corbalán: 100 días a Freirina», El Siglo, 30 de diciembre de 1960: portada, titular.
243 «Sostiene Corbalán: “Mantengo mis cargos: se han robado las ayudas. Recurriremos a la Corte Suprema. Queremos agotar todos los trámites de la justicia de esta democracia para que el país conozca con exactitud hasta donde es efectivo que nuestro Poder Judicial es independiente y está ajeno a los intereses de clase”», El Siglo, 23 de diciembre de 1960: portada. Cursiva de los autores.
244 Boletín del Comité Central PS, enero de 1961, No 6, pp. 1 y 2. Cursiva de los autores.
245 «Indulto para don Salomón Corbalán», El Mercurio, 31 de enero de 1961: 30.
246 «Gobierno indultó a Secretario General del Partido Socialista don Salomón Corbalán González», El Mercurio, 1 de febrero de 1961: 32.
247 Senado. 3ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 7 de junio de 1961: 140.
248 Ibíd., 141.
249 Ibíd.
250 Cámara de Diputados. 6ª Sesión (especial: de 21.15 a 2 horas del día miércoles 7). 6 de junio de 1961: 408.
251 Ibíd., 431.
252 Cámara de Diputados. 5ª Sesión Ordinaria. 6 de junio de 1961: 374.
253 Ibíd.
254 Cámara de Diputados. 6ª Sesión Ordinaria. 6 de junio de 1961: 438.
255 Los integrantes de la Comisión Investigadora fueron Clodomiro Almeyda, Luis Valente, Salvador Correa, Orlando Millas, Eugenio Ballesteros, Luis Pareto, Fernando Maturana, Julio Subercaseaux, Constantino Suárez, entre otros. «Cámara designó una Comisión Especial a fin de Investigar acontecimientos producidos», El Mercurio, 7 de junio de 1961: 19.
256 Senado. 3ª Sesión. 7 de junio de 1961: 145.
257 El Siglo, 7 de junio de 1961: portada, titular.
258 Senado. 3ª Sesión. 7 de junio de 1961: 147.
259 Ibíd., 148.
260 Ibíd., 149.
261 Ibíd., 150.
262 Ibíd., 151.
263 Ibíd., 151-52.
264 Véase «Injurias contra Carabineros. Contra Roberto Landaeta Martínez» (artículo del diario El Siglo, 7 de junio de 1961). Archivo Judicial Militar. La multa era equivalente a USD 48 (a la época la tasa de cambio fijada por el Banco Central era de 1.05 escudos por dólar. Véase <http://www.bcentral.cl/>).
265 Senado. 3ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 7 de junio de 1961: 124. Cursiva de los autores.
266 «Jefes de carabineros fueron interrogados por Comisión Investigadora de la Cámara», El Mercurio, 9 de junio de 1961: 21.
267 «Estudiantes secundarios pusieron fin a la huelga», El Mercurio, 9 de junio de 1961: 19.
268 «Los alumnos de comercio vuelven a sus actividades», El Mercurio, 16 de junio de 1961: 25.
269 Cámara de Diputados. 8ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 20.08). 13 de junio de 1961: 513.
270 «A la justicia serán remitidos antecedentes de investigación parlamentaria», El Mercurio, 14 de junio de 1961: 23.
271 El proyecto de 21 artículos que reformaría el Código de Justicia Militar se encuentra en: Cámara de Diputados. 14ª Sesión Ordinaria. 27 de junio de 1961: 992-93.
272 «En Comisión Investigadora de la Cámara otra vez Queirolo “se lavó las manos”. Sin sonrojarse dijo: “Ordené que se le diera el mejor trato a los estudiantes en huelga”», El Siglo, 27 de junio de 1961: portada.
273 «Desde hoy a las 0 horas: paro secundario en el país. Declaración entregaron los normalistas», El Siglo, 26 de agosto de 1961: última página.
274 Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2355.
275 Senado. 45ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 5 de septiembre de 1961: 2682-83; Senado. 46ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 6 de septiembre de 1961: 2819.
276 «Corte Suprema, 30 de septiembre. Oficio del H. Senado de la República», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Sección cuarta (nov. y dic. de 1961): 265.
277 Ibíd., 267.
278 Ibíd., 268.
279 Ibíd., 269-74.
280 «Corte Suprema, 30 de septiembre. Oficio del H. Senado de la República», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales. Sección cuarta (nov. y dic. de 1961): 265 y ss.
281 Osvaldo Illanes Benítez fue Presidente de la Corte Suprema y miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Durante los inicios de la dictadura militar (1973-74) contribuyó a organizar una misión convocada por el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, cuyo informe fue rechazado por el gobierno militar, provocando la renuncia de Illanes Benítez al Consejo Mundial de Iglesias.
282 «Al rojo acusación constitucional contra dos miembros del tribunal calificador. Documento notarial ratificó la sensacional denuncia de Rillón», El Siglo, 27 de mayo de 1961: última página.
283 Cámara de Diputados. 3ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 21.15). 30 de mayo de 1961: 160 y ss.
284 Ibíd., 161.
285 Cursiva de los autores.
286 Cámara de Diputados. 3ª Sesión. Supra. 30 de mayo de 1961: 163.
287 Ibíd., 169.
288 Ibíd., 186-96.
289 Cámara de Diputados. 4ª Sesión (especial: de 10.15 a 18.32). 31 de mayo de 1961: 261.
290 Cámara de Diputados. 3ª Sesión. Supra. 30 de mayo de 1961: 226.
291 Ibíd., 226-227.
292 «Comisión declaró inadmisible acusación contra ministros del Tribunal Calificador», El Mercurio, 30 de mayo de 1961: 19; «Inconstitucional es acusación contra Ministros del Calificador», La Nación, 30 de mayo de 1961: 5; «Acusadores no prueban ninguno de los cargos del libelo», La Nación, 31 de mayo de 1961: 5.
293 Luis Eduardo Castillo Godoy, «Las acusaciones constitucionales en contra de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, con especial referencia a la acusación que destituyó al Ministro de la Corte Suprema, Señor Hernán Cereceda Bravo», memoria de prueba para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2003: 116.
294 Cámara de Diputados. 10ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 21.08). 14 de junio de 1961: 713- 716.
295 Causa «Incumplimiento de deberes militares y sedición o motín». Rol N° 2417 y Rol 2419. Juzgado Naval de Valparaíso, año 1961. Legajo 184 y legajo 219 A. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.
296 Ibíd.
297 En agosto de 1973 sería abogado defensor de los marinos acusados de sedición por oponerse al golpe de Estado. Jorge Magasich, Los que dijeron «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, tomo I, Santiago: LOM, 2008: 240.
298 Ibíd., 239.
299 Ibíd., 240.
300 Ibíd., 241.
301 Contardo fue entrevistado por Magasich en 2001. Citado en ibíd., 242.
302 Ibíd.
303 Cámara de Diputados. 10ª Sesión. Supra. 14 de junio de 1961: 713 y ss.
304 Ibíd., 715.
305 Ibíd.
306 Senado. 36ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 22 de agosto de 1961: 1986-1987.
307 Causa «Incumplimiento de deberes militares y sedición o motín». Rol N. 2417 y Rol 2419. Juzgado Naval de Valparaíso, año 1961. Legajo 184 y legajo 219 A. Fondos Judiciales Militares. Archivo Nacional.Aunque el proceso 2424 figura en el registro, el expediente no se encontraba en el Archivo Nacional.
308 Ibíd.
309 Ibíd., en p. 600 (vol. 1). En el proceso citado se encuentra el documento del procesamiento por incumplimiento de deberes militares.
310 Magasich, I (2008): 242.
311 Para la discusión de la ley de amnistía véase Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política: 1932-1994. Santiago: LOM-DIBAM, 2000: 208-215.
312 Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2371-72.
313 Ibíd., 2372.
314 Ibíd., 2383.
315 Ibíd., 2387.
316 Ibíd., 4621.
317 Cámara de Diputados. 67ª Sesión (especial: de 15 a 15.58). 13 de septiembre de 1961: 4656-57.
318 La expresión «poblaciones callampas», de uso habitual en la época, describía conjuntos de viviendas precarias de autoconstrucción no regularizadas legalmente y casi siempre sin servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado).
319 Una mini-historia del caso Santa Adriana se encuentra en Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970, Santiago: LOM, 2002: 196-221. Garcés proporciona una revisión de la prensa sobre este caso.
320 Peter S. Cleaves, Bureaucratic Politics and Administration in Chile, Berkeley: University of California Press, 1974: 287-88; Joaquín Pastrana y Ernesto Duque, «La movilización reivindicativa urbana de los sectores urbano-populares en Chile: 1964-1972», en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 4, Santiago, diciembre de 1972: 259-293.
321 «Los movimientos populares de todos los días no son agitaciones artificiales», El Siglo, 28 de agosto de 1961: 4.
322 Partido Socialista, Biblioteca Clodomiro Almeyda, «El Impacto de la Revolución Cubana». http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=80.
323 «El Partido Liberal protesta por la ocupación ilegal de terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 2 de agosto de 1961: 23.
324 Garcés (2002): 206-7; «Gobierno denunció ocupación ilegal de terrenos fiscales», El Mercurio, 23 de julio de 1961: 55.
325 «Querellas criminales contra invasores de “Santa Adriana”», La Nación, 25 de julio de 1961: 2; «Ministro en Visita instruirá sumario por ocupación ilegal de población Santa Adriana», El Mercurio, 26 de julio de 1961: 25.
326 Garcés (2002): 2008; «La Corvi formalizó querella contra los ocupantes ilegales de la población Santa Adriana», El Mercurio, 25 de julio de 1961: 19; «Ministro en visita instruirá sumario por ocupación ilegal de los Terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 26 de julio de 1961: 25; «La Corporación de la Vivienda y la ocupación ilegal de los terrenos de Santa Adriana», El Mercurio, 28 de julio de 1961: 28; «Querellas criminales contra invasores de “Santa Adriana”», La Nación, 25 de julio de 1961: 2.
327 Para una historia del movimiento poblacional y la urbanización de Santiago véase: María José Castillo Couve, «Producción y gestión habitacional de los pobladores, participación desde abajo en la construcción de vivienda y barrio en Chile», Cuadernos Electrónicos, N° 6, Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, (2010): 30-71.
328 «En concentración de ayer: “Santa Adriana”: pobladores piden entrega de terrenos», El Siglo, 31 de julio de 1961: portada; «El drama de Santa Adriana. Una población sitiada», El Siglo, 6 de agosto de 1961, suplemento: portada.
329 «La Crisis de la vivienda», Principios, 61 (septiembre de 1961): 50, citado en Garcés (2002): 238.
330 «Triunfaron pobladores de Santa Adriana», El Siglo, 30 de agosto de 1961: portada.
331 Cámara de Diputados. 63ª Sesión Especial. 12 de septiembre de 1961: 4387.
332 En el caso de la huelga ferroviaria se incorporó personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros y se adoptaron «las medidas necesarias para asegurar la normalidad de la Empresa: Adoptadas todas las medidas de seguridad y resguardo en servicios ferroviarios», La Nación, 14 de agosto de 1961: 14.
333 «Sobre pago de instalaciones en el caso de los pobladores de “Santa Adriana” en los terrenos fiscales de “Santa Rosa”». Oficio 13.681, 11 de septiembre de 1961 dirigido al Contralor General de la República por Carlos Granifo Harms, vicePresidente ejecutivo suplente de la CORVI, en Corporación de la Vivienda, Volumen 488, ARNAD, 1961.
334 Cámara de Diputados. 1ª Sesión (especial: de 16.15 a 16.38). 4 de octubre de 1961: 17.
335 «En terrenos de San Rafael: 320 familias en el barro. Pobladores acusan al gobierno y CORVI de no cumplir compromisos», El Siglo, 2 de septiembre de 1961: portada. Una descripción del traslado y la historia de San Rafael, con entrevistas a pobladores originales, se encuentra en Sebastián Cayul Zuzarte, «La constitución de la población de San Rafael y los vínculos entre los pobladores y el Partido Comunista (1960-1970)», proyecto de tesis para alcanzar el grado de Licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Historia, 2013.
336 «Un 18 con casa propia celebran los pobladores», El Siglo, 20 de septiembre de 1961: 5.
337 Diputado Tomás Reyes (PDC), Cámara de Diputados. 14ª Sesión Ordinaria. 7 de noviembre de 1961: 820-21.
338 En este como otros casos, que se mencionan en distintos capítulos, el proceso judicial ha sido reconstituido desde la prensa, dada la inexistencia de gran parte de los archivos del Ministerio del Interior para el período y por la imposibilidad de acceder a los expedientes judiciales correspondientes. No es claro si esta dificultad se debe a las irregularidades en la tramitación de los casos judiciales en estudio, muchos de los cuales fueron interrumpidos por los desistimientos del Ejecutivo. Pero la imposibilidad de conocer esos desenlaces se ve agravada por la falta de un archivo judicial debidamente organizado y accesible para los procesos del período que se investiga.
339 Senado. 46ª Sesión Ordinaria. 6 de septiembre de1961: 2819.
340 «50 panificadores detenidos», El Siglo, 31 de agosto de 1961: 5.
341 «En libertad por falta de méritos panificadores que estuvieron 5 días incomunicados», El Siglo, 8 de septiembre de 1961: portada.
342 «Se intensifica la represión. Detenidos 9 profesores y 5 panificadores», El Siglo, 23 de septiembre de 1961: portada, titulares.
343 A causa del proceso contra los panificadores N. 12-61 por ley de seguridad interior del Estado, muchos de ellos ingresaron a la Cárcel Pública en calidad de detenidos el 14 de septiembre de 1961; algunos fueron puestos en libertad bajo fianza unos días después. El listado de los detenidos se encuentra en «Cortes». Fondo Cárcel Pública, ARNAD, volumen 281.
344 «C. de Santiago. 11 de julio de 1962. Contra Andrés Celis y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Volumen LVIII, 1962, Segunda parte, Sección cuarta: 120-121.
345 Ibíd., 122.
346 Ibíd.
347 Ibíd., 123.
348 Eduardo González Ginouvés sería Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1969.
349 «C. de Santiago. 11 de julio de 1962. Contra Andrés Celis y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Volumen LVIII, 1962, Segunda parte, Sección cuarta: 123.
350 Ibíd., 117-120.
351 «Gobierno denunció a la Justicia un plan destinado a subvertir el orden público», El Mercurio, 27 de agosto de 1961: 51; «Más detenciones por el complot. En libertad Juan Bruna», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.
352 «Descubiertos preparativos para insurrección armada», La Nación, 27 de agosto de 1961: 10; «Desafuero para Salomón Corbalán», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada.
353 «Desafuero para Salomón Corbalán», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada. En la misma noticia se dice que en círculos oficiales rondaba el rumor que el complot lo encabezaría Óscar Squella, exjefe de Línea Recta.
354 La Vanguardia Española, Madrid, 29 de agosto de 1961, 11: «Complot frustrado en Chile. Al estilo de Fidel Castro».
355 «Gobierno denuncia Subversión. Contrabando de armas a Perú y Bolivia. Denuncia senador socialista a la justicia. Respaldo político se ofreció al Ejecutivo», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: portada, titulares.
356 Senado. 43ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 29 de agosto de 1961: 2406-07. Corbalán también mencionó la colaboración del FBI (EE.UU.) para inventar el complot que incluía un supuesto tráfico de armas.
357 Ibíd., 2409.
358 «Catorce detenidos en investigaciones. Complotados pretendían instalar su “Sierra maestra”», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 16.
359 «Sucedió en la semana», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 6.
360 «Declaración Oficial del Gobierno sobre el plan subversivo», El Diario Ilustrado, 27 de agosto de 1961: 16.
361 «A defender las libertades. Denuncia el PC: “complot prefabricado para reprimir al movimiento popular”», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada, titulares.
362 «Señala Montero Schmidt, Presidente del FRAP: “Argucia política destinada a conseguir las facultades”. “Corbalán: quieren represión antipopular», El Siglo, 27 de agosto de 1961: portada.
363 «Buscan a ocho cabecillas que preparaban la subversión», La Nación, 28 de agosto de 1961: 15; «Continúan investigaciones sobre el hallazgo de armas y elementos para propiciar el estado subversivo», El Mercurio, 28 de agosto de 1961: 25; «Magistrado trabajó en los interrogatorios hasta las últimas horas de la noche», El Diario Ilustrado, 29 de agosto de 1961: 8.
364 «Varios incomunicados en el proceso seguido por intento de subversión del orden público», El Mercurio, 29 de agosto de 1961: 21; «Incomunicados 13 implicados en los intentos subversivos», La Nación, 29 de agosto de 1961: 1.
365 «En libertad dos detenidos por intento de subversión», La Nación, 30 de agosto de 1961: 1; «Diligencias en el proceso por actividad subversiva», El Mercurio, 30 de agosto de 1961: 27; «Complot: 2 detenidos en libertad», El Siglo, 30 de agosto de 1961: portada, titular.
366 «Declarado reo el Dr. Sotomayor por intento de subversión armada», La Nación, 31 de agosto de 1961: 1; «Proceso por subversión», El Mercurio, 1 de septiembre de 1961: 21 y 27.
367 «A la justicia antecedentes sobre la internación de armas», La Nación, 31 de agosto de 1961: 2.
368 «La Justicia investigará denuncia de Óscar Waiss contra Salomón Corbalán», La Nación, 1 de septiembre de 1961: 2.
369 «Renovada la incomunicación a los implicados en intento subversivo», La Nación, 2 de septiembre de 1961: 3; «La Corte no dio lugar a excarcelación de implicados en el complot subversivo», La Nación, 11 de octubre de 1961: 2.
370 «Se extiende “caza de brujas” por complot», El Siglo, 31 de agosto de 1961: 7.
371 «“Más detenciones por el complot”». El ministro del Interior designó a Miguel Schweitzer, abogado de Gobierno para el caso del complot que se dio a conocer 8 días atrás», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.
372 «Más detenciones por el complot. En libertad Juan Bruna», El Siglo, 3 de septiembre de 1961: portada.
373 «Detención del campesino Bruna es una brutal arbitrariedad», El Siglo, 6 de septiembre de 1961: 7.
374 Juan Bruna, militante comunista, era casado y tenía 9 hijos, vivía en la hacienda (después, el asentamiento) La Tranquilla en el valle del Choapa y fue un dirigente activo en el proceso de reforma agraria. Murió en Salamanca el 25 de febrero de 1974 a los 62 años. Fue acusado de tenencia de armas, permaneciendo detenido desde «pocos días después del golpe militar hasta la fecha de su fallecimiento. Su cuerpo fue entregado en una urna sellada, no permitiendo a sus familiares verlo». La Comisión Rettig se formó la convicción que murió a causa de las torturas y malos tratos. Véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago, tomo 2: 497; tomo 3: 61 (edición de 1996).