Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 6

En otro caso, el periodista Hernán Millas (diario El Clarín) fue detenido e ingresó a la Cárcel Pública luego de haber sido notificado de su sentencia. El ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Ortiz lo condenó a la pena de 100 días de relegación en la localidad de Chanco, por el delito de injurias contra el ministro de Justicia Enrique Ortúzar¹⁹¹.

Las elecciones del Congreso en 1961

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1961, los partidos Liberal y Conservador consiguieron menos del 31% de los votos; el Partido Radical 21,4%, los partidos de izquierda el 30% y la Democracia Cristiana un 16% de los votos. El FRAP eligió a 40 diputados y 9 senadores, de los cuales 16 diputados y 4 senadores eran comunistas. Por haber perdido el tercio necesario para sostener los vetos del Ejecutivo, Alessandri invitó a participar en el gobierno al Partido Radical, terminando con el gabinete técnico de «gerentes» y sometiendo sus iniciativas a los criterios necesarios para mantener el apoyo de la nueva mayoría Conservadora-Liberal-Radical. El ingreso de los radicales al gobierno, en agosto de 1961, «significó el retorno de las lógicas político-partidistas a las decisiones públicas y, por tanto, la inevitable salida de los empresarios, los que habían pretendido gobernar sin contar con los partidos políticos»¹⁹². Luis Escobar Cerda (PR) asumió como ministro de Economía.

Sin coartar las demandas del movimiento sindical y de los empleados públicos

–clientela importante para los radicales– además de reformar drásticamente el Código del Trabajo, no había manera de sostener el plan de estabilización. A ello se sumaba la expansión del electorado desde 1949 hasta 1958, las crecientes expectativas populares y la progresiva ideologización y polarización política después de la Revolución Cubana de 1959. Como escribiría Pablo Rodríguez Grez en 1972: «[Alessandri] pudo haber realizado una tarea mucho más positiva, pero el sistema, que siempre quiso transformar, le impidió poner en práctica todas sus ideas y concepciones. Los políticos “minaron” sus proyectos (…)»¹⁹³.

Huelgas, denuncias y desistimientos

Después de las elecciones de 1961, el FRAP y la CUT criticaban duramente las tácticas gubernamentales para rechazar las demandas salariales y otros mejoramientos pedidos por los huelguistas. En su informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista, Luis Corvalán insistió en la necesidad de una revolución en Chile, afirmando que el frente sindical era parte de la lucha de masas necesaria, entre otras «formas agudas de lucha, que se puede desarrollar a través de diversos canales»¹⁹⁴.

En ese clima agitado, la CUT elaboró un pliego único que unificó las diversas demandas y constituyó un Comando de Defensa de los Reajustes, al que invitó a participar a la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), a la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH), a la Federación de Empleados Bancarios y a los partidos políticos que concordaran con el pliego¹⁹⁵. La CUT, además, convocó a un paro nacional para fines de agosto.

En el Senado se celebró una sesión especial solicitada por los senadores del FRAP para tratar los conflictos sociales en el país, con la participación del ministro del Trabajo¹⁹⁶. El senador Salomón Corbalán (PS) denunció: «no hay respuesta para los problemas; sólo se está preparando –tenemos antecedentes para denunciarlo– una ofensiva de violencia y de fuerza por parte del gobierno para detener este proceso de agitación, originado en la insensibilidad del gobierno y en el fracaso de la política de estabilización que se está aplicando»¹⁹⁷.

Para la izquierda, la ola de huelgas era una respuesta política contra el plan de estabilización, así como también parte de la «lucha de masas» destinada a reemplazar al régimen vigente. Comentaba el diputado Bernardo Larraín (PCU) que el FRAP intentaba transformar «las huelgas en un arma política, destinada a derrocar el sistema jurídico establecido o imponer artificialmente un clima de violencia e insurrección»¹⁹⁸. El senador Corbalán respondió que «es natural que los trabajadores no tienen otro recurso que acudir a sus propias organizaciones y a sus propias fuerzas para poder romper la coraza con que se cubre este falso sistema democrático, que habla de defender sus instituciones y, más que ello, está defendiendo los privilegios de una clase, de una minoría»¹⁹⁹. Denunció que «hace una semana, el Cuerpo de Carabineros ha recibido instrucciones de hacer el empadronamiento, manzana por manzana, casa por casa, de todos los militantes socialistas y comunistas del país. ¿Para qué se está haciendo esto? Porque se está preparando la violencia, para poder aplicar y continuar con la política de estabilización»²⁰⁰. El ministro del Trabajo Hugo Gálvez contestó:

Me ha causado profunda sorpresa escuchar al Honorable señor Corbalán que con estos movimientos de huelga se está minando la estructura institucional del país y que se justifica abrir paso a la violencia. (…) Frente a las huelgas, nosotros hemos respetado en forma absoluta el derecho que la Constitución Política y las leyes despachadas por el Parlamento dan a las empresas para dirigirse, para administrarse, para actuar libremente, dentro de los preceptos que las rigen. (…) el Gobierno ha respetado también a los trabajadores el derecho de declarar la huelga, aunque ésta sea prolongada²⁰¹.

Sindicatos, conflictos económicos y huelgas, 1956-64

Año	Sindicatos	Conflictos legales	Conflictos ilegales
1956	2.382	1.428	147
1957	2.121	1.066	80
1958	1.594	1.127	120
1959	1.752	1.134	174
1960	1.770	1.899	257
1961	1.764	1.874	262
1962	1.774	1.669	401
1963	1.852	1.495	413
1964	1.863	1.939	564

FUENTE: Manuel Barrera (1980): 1286, citando a la Dirección de Estadística y Censos.

Las huelgas siguieron aumentando cada año hasta 1964, casi triplicándose el número de huelgas ilegales²⁰². Dicho incremento se hacía evidente en los titulares de El Siglo durante agosto de 1961²⁰³. El Gobierno, por su parte, presentó una querella tras otra contra los huelguistas, aplicándose la ley de seguridad interior, como ocurrió con las huelgas de salud y el magisterio²⁰⁴. A fines de agosto y comienzos de septiembre, El Siglo denunció el desafuero solicitado por el gobierno contra el senador Salomón Corbalán, por un supuesto complot insurreccional para justificar las detenciones y encarcelamientos de dirigentes sindicales desde Valdivia hasta Santiago²⁰⁵. En ese mismo período fueron detenidos dirigentes del magisterio y ferroviarios, entre otros²⁰⁶.

Continuaba el patrón de huelgas ilegales, detenciones, procesos por infringir la ley de seguridad interior del Estado o la ley sobre abusos de publicidad, seguidos (pero no siempre) por desistimientos o sentencias de remisiones condicionales. En agosto se trataba de la huelga del magisterio.

El Presidente del Partido Radical, Raúl Rettig, actuaba como abogado de los maestros y obtuvo la libertad bajo fianza para varios de ellos²⁰⁷. El gobierno tendría que aceptar, como solía ser el caso, según explicaba el diputado Alberto Decombe Edwards (PCU), «el inmediato reintegro a sus labores del personal docente y el desistimiento de las querellas deducidas en contra de miembros del profesorado»²⁰⁸. Solucionado el conflicto de los maestros, el 18 de octubre, el diputado Aguilera rindió homenaje a todos los maestros «que han resistido las presiones y las amenazas, que han resistido el garrote y las bombas lacrimógenas, la cárcel y las continuas arremetidas de los “guanacos” en las calles de la capital»²⁰⁹. Con la participación del Partido Radical, el gobierno contaba con una mayoría en ambas ramas del Congreso, haciéndole posible legislar sin bloqueos, pero también teniendo que considerar la clientela y la diversidad radical, haciendo necesaria una flexibilidad en la política de estabilización, como se ejemplificaba con la huelga del magisterio²¹⁰.

A la vez, una nueva convocatoria a paro de la CUT hizo resurgir las discrepancias que se venían manifestando desde hacía dos años entre Clotario Blest y los dirigentes socialistas y comunistas. Pocas horas antes de hacerlo efectivo, esos dirigentes cuestionaron si existían las condiciones necesarias para que prosperara el paro. Blest renunció a su cargo alegando que era «la culminación de graves divergencias con algunos compañeros del Consejo Directivo Nacional», que estaban en contra de que la Central aplique una línea de acción «revolucionaria» y le imprimen una dirección legalista y «economicista» que dilatará «indefinidamente esta larga agonía de la clase trabajadora chilena»²¹¹.

Estas tensiones cruzarían la lucha sindical y la vida política de la década. Se fundarían movimientos políticos que declaraban su voluntad de acceder al poder mediante una eventual lucha armada en Chile, inspirándose en la Revolución Cubana, la que ejercía gran atracción en sectores de la izquierda chilena. Desde la nueva izquierda insurreccional, la izquierda tradicional y la Democracia Cristiana, el gobierno de Alessandri y el Poder Judicial se veían cada vez más presionados y criticados por las exigencias de cambios fundamentales en el sistema político. En este ambiente, los tribunales de justicia y el Poder Judicial se transformaban más derechamente en campos de batalla política.

⁴ Discurso de campaña electoral, 10 de octubre de 1957, citado en Gisela Silva Encina (comp.), Jorge Alessandri: Su pensamiento político. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1985: 5.

⁵ «Sobre las repercusiones del acto de El Rosedal: Impacto político tuvo almuerzo de Corbalán. Salvador Allende como Presidente del FRAP fue el último orador», El Siglo, 4 de octubre de 1960: 5.

⁶ Oscar Waiss, «¿Hacia dónde va Chile? Perspectivas del movimiento popular a dos años de gobierno reaccionario», Revista Arauco, 13 de noviembre de 1960: 10.

⁷ Véase Patricia Arancibia, «La elección presidencial de 1958. Jorge Alessandri y la derecha a la Moneda», <http://www.patriciaarancibiaclavel.cl/pdf/Camino_moneda.pdf> en Alejandro San Francisco y Ángel Soto, eds., Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile, 1920-2000, Santiago: Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile-Centro de Estudios Bicentenario, 2005: 279-99. Al terminar la revisión del libro confirmamos la vigencia de cada enlace (url) y eliminamos la fecha de la última consulta de los documentos citados por razones de espacio y conveniencia estilística. Además, al finalizar el libro (diciembre de 2018) eliminamos las url de leyes, decretos leyes y otros documentos que forman parte del archivo digital del Congreso Nacional, por ser fácilmente accesible.

⁸ Discurso del programa del candidato independiente don Jorge Alessandri en campaña electoral, 10 de octubre de 1957, p. 3. <www.memoriachilena.cl/602/w3-article-10053.html>.

⁹ Las reacciones de los distintos sectores políticos chilenos al llamado del Presidente Kennedy para una «Alianza para el Progreso» se registran en Senado. 20ª sesión (especial: de 19 a 21). 18 de julio de 1961: 1044-1058.

¹⁰ Discurso del programa, Supra. 1957 (p. 1).

¹¹ «Preparan gigantesca proclamación de Humberto Mewes en Plaza Bulnes», El Siglo, 6 de enero de 1959: 8; «Diputados y regidores del PANAPO llaman a votar por Mewes el domingo»: 16; «Proteste mañana con Mewes en Plaza Bulnes», El Siglo, 7 de enero de 1959: portada, titular; «Los campesinos de la Viña Santa Rita lucharán por el triunfo de Mewes», El Siglo, 7 de enero: 11; «Periodistas llaman a votar por Mewes», El Siglo, 7 de enero: 16.

¹² El Siglo, 9 de enero de 1959: 8 y 9.

¹³ El Siglo, 11 de enero de 1959: portada, titular.

¹⁴ El Siglo, 12 de enero de 1959: portada, titular.

¹⁵ Ibíd.

¹⁶ Ibíd.

¹⁷ Cámara de Diputados. 24ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.20). 13 de enero de 1959: 1387.

¹⁸ Cámara de Diputados. 26ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 18.35). 21 de enero de 1959: 1514.

¹⁹ «Querella del Gobierno contra D. Humberto Mewes y el Diario El Siglo», El Mercurio, 17 de enero de 1959: 13; «Denuncia a la justicia contra D. Humberto Mewes», El Mercurio, 16 de enero de 1959; «El Gobierno presentó querella contra H. Mewes y El Siglo» y «Designado el ministro Ricardo Martin para instruir el proceso», El Siglo, 16 de enero de 1959: 5 y 16; «Querella contra Mewes y El Siglo. Moneda: Política de Intimidación», El Siglo, 17 de enero de 1959: portada, titular; «Con proceso a H. Mewes y a la prensa quieren amedrentar a la ciudadanía», El Siglo, 17 de enero de 1959: 7 y 16.

²⁰ Martin llegaría a ser ministro de la Corte Suprema (1964-71); ejerció como abogado integrante de ese mismo Tribunal, renunciando a este cargo el 5 de enero de 1990; sirvió como miembro de la llamada Comisión de Derechos Humanos del gobierno militar; después fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig, 1990) y luego senador institucional (1990-98).

²¹ «El Presidente demandó a Mewes con la oposición de todos sus consejeros», El Siglo, 19 de enero de 1959: 16.

²² Cámara de Diputados. 26ª Sesión. Supra. 21 enero, 1959: 1522.

²³ Ibíd., 1514.

²⁴ Cámara de Diputados. 31ª Sesión.(Ordinaria: de 16.15 a 23.59). 27 de enero de 1959: 1806.

²⁵ «Director de El Siglo declaró ayer en proceso que le entabló el Presidente», El Siglo, 24 de enero de 1959: 8.

²⁶ «Mewes declara ante la Corte», El Siglo, 28 de enero de 1959: 16.

²⁷ «Declara H. Mewes», El Siglo, 29 enero, 1959: 10.

²⁸ «Declarados reos Mewes y director de El Siglo. Obtuvieron libertad bajo fianza», El Siglo, 6 de febrero de 1959; titular, «Extraordinarios relieves alcanzará homenaje a Mewes y a los periodistas», El Siglo, 6 de febrero de 1959: 8; «Reo por injurias a S.E. don Humberto Mewes y del director de Diario El Siglo», El Mercurio, 6 de febrero: portada; «Reos por injurias a S.E.», El Mercurio, 6 de febrero de 1959: 10.

²⁹ El Mercurio, 6 de febrero de 1959: 11.

³⁰ El Código Orgánico de Tribunales (Ley 7421, 1943) reglamentaba la institución de «abogados integrantes» en los tribunales y Cortes. Los títulos VII y VIII trataba en detalle «De la implicancia y recusación de los jueces y de los abogados integrantes» y «De la subrogación e integración».El art. 215 estipulaba que: «Si por falta o inhabilidad de algunos de sus miembros quedare una Corte de Apelaciones o cualquiera de sus salas sin el número de jueces necesario para el conocimiento y resolución de las causas que les estuvieren sometidas, se integrarán con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales y con los abogados que se designen anualmente con este objeto». El art. 219 rezaba: «el Presidente de la República designará, en el mes de enero de cada año, seis abogados para la Corte Suprema, seis para la Corte de Apelaciones de Santiago, y tres para cada una de las demás Cortes de Apelaciones, previa formación, por la Corte Suprema, de cinquenas o ternas, según se trate del primero o de los demás de dichos tribunales».

³¹ «El abogado demostró la inocencia de H. Mewes. En acuerdo fallo de apelación de ex contralor y de El Siglo», destacado en la portada, El Siglo, 12 de febrero de 1959; «Durante una hora y 35 minutos Chadwick alegó por Mewes», El Siglo, 12 de febrero de 1959: 8; «En acuerdo apelación de don H. Mewes y director de El Siglo», El Mercurio, 12 de febrero de 1959: 11.

³² Ibíd.

³³ Ibíd.

³⁴ «El abogado Chadwick afirmó: “Se ha buscado al señor Mewes para desencadenar campaña de represión”», El Siglo, 13 de febrero de 1959: 14.

³⁵ «La Corte confirmó el auto de reo contra don Humberto Mewes Bruna», El Mercurio, 19 de febrero de 1959: 13; «Confirmada la encargatoria de reo de Humberto Mewes», La Nación, 19 de febrero de 1959: 6.

³⁶ «Alessandri dice que desiste de querella contra H. Mewes», El Siglo, 26 de febrero de 1959: portada y p. 16; «Retirada querella contra Mewes. Fue declarado reo por injurias a S.E.», La Nación, 26 de febrero de 1959: 5; Cámara de Diputados. 3ª Sesión Especial, 10 de octubre de 1961: 335.

³⁷ «El Presidente de la República se desistió de querella en contra de D. Humberto Mewes», El Mercurio, 26 de febrero de 1959: 13. Cursiva de los autores en el texto.

³⁸ «Sin orden judicial, detenida Julieta Campusano. “Repudiable e ilegal”, dicen diputados. Dice Julieta: “Jamás he injuriado al Presidente”», El Siglo, 2 de septiembre de 1959: titular, portada y páginas centrales.

³⁹ «El FRAP declaró que el Gobierno pretendía acallar la lucha popular. 700 testigos confirman: Julieta no ha injuriado a su Excelencia», El Siglo 3 de septiembre de 1959: titular, portada. En recuadro: «Ministro del Interior dice que si no hubo ánimo de injuriar, el Gobierno retirará querella».

⁴⁰ «¡Libre Julieta! Abogados Luis Quinteros Tricot y Raquel Weitzman. En su declaración señaló que en ese discurso criticó la política del Gobierno, pero no injurió al Presidente. Pero el Gobierno no quedó satisfecho», El Siglo, 5 de septiembre de 1959: titular.

⁴¹ Bernardo Araya, Unidad Sindical y Lucha Ideológica, Informe presentado a la sesión plenaria del comité central, Santiago, Partido Comunista de Chile, 11 de septiembre de 1959.

⁴² El Siglo publicó noticias y detalles de los alegatos en las ediciones del 17 y 18 de septiembre de 1959.

⁴³ «Provocación en Tocopilla. Gobernador allanó local y amenazó con nuevos procesos. Reclutan testigos falsos. Mujeres desmienten a policías», El Siglo, 6 de septiembre de 1959: portada: titular; «Los homenajes se multiplicaron. También se le realizó un homenaje al inicio del pleno del comité central del Partido Comunista», El Siglo, 12 de septiembre de 1959: 6.

⁴⁴ El Siglo informaba en detalle sobre el desarrollo del proceso en varias ediciones. «Declaraciones contradictorias de falsos testigos contra Julieta», El Siglo, 24 de septiembre de 1959, en páginas centrales.

⁴⁵ «Reconstitución de escena en la sede del Partido Comunista», El Siglo, 25 de septiembre de 1959: páginas centrales. En la edición de El Siglo de 30 de septiembre de 1959 (pág. 16) se informa que Julieta Campusano está en Santiago y que el ministro continúa con el proceso. En la edición de 3 de octubre de 1959, en páginas centrales, se publica una entrevista a Julieta Campusano, quien relató el proceso de reconstitución de escena en Tocopilla y su visión del proceso.

⁴⁶ «Cerrado el sumario, el fiscal de la Corte de Apelaciones ha pedido dos años de relegación para Julieta Campusano», El Siglo, 29 de octubre de 1959: 16.

⁴⁷ «El gobierno pidió la pena de 3 años y un día para Julieta Campusano», El Siglo, 8 de noviembre de 1959: 20.

⁴⁸ «Calumnias. Abogado de gobierno responde defensa de Julieta», El Siglo, 10 de noviembre de 1959: páginas centrales.

⁴⁹ «Único testigo presencial contra Julieta “tomó notas” con los brazos cruzados», El Siglo, 14 de noviembre de 1959: 16.

⁵⁰ «El abogado de JC solicitó que se procesara a los testigos falsos presentados por el gobierno», El Siglo, 18 de noviembre de 1959: páginas centrales.

⁵¹ «Mensaje y denuncia de Julieta se leyó en el Teatro Princesa. “No temo a la relegación, pero el problema es otro: la democracia está en peligro”», El Siglo, 16 de noviembre de 1959: 4.

⁵² «El PC protesta por el fallo contra Julieta. El proceso fue una maquinación de funcionarios subalternos del Ejecutivo», El Siglo, 3 de diciembre de 1959: portada, titular y páginas centrales 8 y 9.

⁵³ «Un odioso precedente de persecución y venganza política. Declaración entregó ayer la comisión política respondiendo a un “desmentido de la Secretaría General de Gobierno”», El Siglo, 5 de diciembre de 1959: 10.

⁵⁴ Ibíd., 10; «¡Todavía le parece poco al Gobierno! Quiere que a Julieta se la condene más duramente: abogado apeló al fallo», El Siglo, 6 de diciembre de 1959: 12; «Insiste el PC: Artera maniobra es el proceso contra Julieta Campusano», El Siglo, 7 de diciembre de 1959: titular, portada; «Libertad para Julieta pidieron damas a Edecán del Presidente», El Siglo, 8 de diciembre de 1959: 20.

⁵⁵ «Comunistas intentan desfigurar la verdad en inaceptables triquiñuelas abogadiles», La Nación, 8 de diciembre de 1959: 5; «Gobierno reitera posición frente a dirigentes comunistas», El Mercurio, 8 de diciembre de 1959: 23; «Gravedad de las injurias de Julieta Campusano contra el Primer Mandatario», La Nación, 6 de diciembre de 1959: 11.

⁵⁶ «Gobierno se desiste en la querella contra Julieta. Esta decisión fue adoptada después de conocer la declaración publicada por la dirigente femenina en el diario El Siglo», El Siglo, 13 de diciembre de 1959: portada y páginas centrales.

⁵⁷ «Desistida acción contra Julieta Campusano», El Mercurio, 17 de diciembre de 1959: 23.

⁵⁸ «Fondos para ayudar a Julieta Campusano engrosan caja del Partido Comunista», La Nación, 20 de diciembre de 1959: 10.

⁵⁹ Senado. 5ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 25 de noviembre de 1958: 193 y ss.

⁶⁰ Cámara de Diputados. 14ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 17.20). 9 de diciembre de 1958: 842.

⁶¹ Senado. 6ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 26 de noviembre de 1958: 202.

⁶² Ibíd., 203.

⁶³ Cámara de Diputados. 16ª Sesión (especial: de 11.15 a 16). 10 de diciembre de 1958: 896.

⁶⁴ Ibíd., 919.

⁶⁵ Ibíd., 909.

⁶⁶ Ibíd., 891 (diputado liberal Guillermo Donoso).

⁶⁷ Ley 13. 296. Diario Oficial, 2 de marzo de 1959. «Modifica el inciso 2°, y agrega inciso final al Artículo 102°, y agrega disposición transitoria a continuación de la décima de la Constitución Política del Estado».

⁶⁸ Las modificaciones fueron introducidas a principios de 1959. «Proyecto que modifica los Códigos Orgánico de Tribunales, de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal. (Se aprueba)». Senado. 17ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 7 de enero de 1959: 510.

⁶⁹ Mensaje de S.E. el Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez, 21 de mayo de 1960. (Artículo 15. Desde que una solicitud de indulto sea entregada por el reo a la autoridad correspondiente, aquella y sus antecedentes tendrán el carácter de confidencial y quedará prohibido a los funcionarios de los Servicios de Prisiones, de las Intendencias y Gobernaciones y del Ministerio de Justicia informar o dar datos respecto a su tramitación. En consecuencia, ninguna autoridad, funcionario o particular podrá tramitar o gestionar el despacho de indultos o interesarse en ellos).

⁷⁰ Cámara de Diputados. 38ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.30). 4 de marzo de 1959: 2655; Mensaje de S. E. el Presidente de la República, Cámara de Diputados. 1ª Sesión. (Ordinaria: de 16.16 a 19.40). 2 de junio de 1959: 8-21.

⁷¹ Diputado Víctor Flores Castelli (PR), Cámara de Diputados. 19ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 20.58). 16 de diciembre de 1959: 1146; Ley 14.511: «Establece los Juzgados de Letras de Indios que señalan y fijan normas sobre división de comunidades, liquidación de créditos y radicación de indígenas», 27 de diciembre de 1960.

⁷² «Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que modifica la legislación sobre división de comunidades, liquidación de créditos y radicación de indígenas», Senado. 17ª Sesión (ordinaria: de 16 a 19). 22 de noviembre de 1960. Anexos 841 y ss.

⁷³ Cámara de Diputados. 21ª Sesión (especial: de 17. 30 a 19.23). 17 de diciembre de 1959: 1224.

⁷⁴ Ibíd.

⁷⁵ Fue fundador de la Corporación Araucana en 1938 (cercana al Partido Conservador) y en 1940 asistió al Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México.

⁷⁶ Cámara de Diputados. 21ª Sesión (especial: de 17. 30 a 19.23). 17 de diciembre de 1959: 1231.

⁷⁷ Ibíd., 1227.

⁷⁸ Ibíd., 1229.

⁷⁹ Ibíd., 1230. Se mantuvo la Dirección de Asuntos Indígenas, promulgando el DFL 1/950 en julio de 1961: «Fija la dependencia, atribuciones y las plantas del personal de la Dirección de Asuntos Indígenas», 3 de julio de 1961. Cursiva de los autores.

⁸⁰ En 1961 Alessandri nombró a Venancio Coñuepán como consejero del Banco del Estado.

⁸¹ Véase Mylène Valenzuela Reyes, La política indígena del Estado Chileno y la legislación Mapuche (tesis, Universidad de Chile [1992], revisada y complementada por la autora en 2002). <http://200.10.23.169/images/_publ/tesis%20mylene%20valenzuela%20LA%20POL%CDTICA%20IND%CDGENA...pdf>.

⁸² Cámara de Diputados. 21ª Sesión (especial: de 17. 30 a 19.23). 17 de diciembre de 1959: 1246.

⁸³ Isabel Hernández, Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina. Serie población y desarrollo. N° 41. Santiago: CEPAL, 2003: 135-36. Uno de los casos de 1961, fallado en contra de la comunidad indígena del fundo Quinquén, se resolvería formalmente recién en 1992 cuando el gobierno de Patricio Aylwin se comprometió a dar solución a un conflicto que amenazaba con el desalojo de la comunidad, disponiendo para ello la compra por parte del Estado para los pehuenche de un total de 26.510 hectáreas, compuesta por el fundo Quinquén de 7.015 hectáreas y el fundo Galletué de aproximadamente 19.495 hectáreas. Sólo 15 años después, tras largos y complicados litigios, el activismo de varias ONG y la intervención de instancias del Estado, como la CORFO, el 13 de diciembre de 2007 la comunidad mapuche pehuenche de Quinquén, Bío Bío, en la comuna de Lonquimay, recibiría finalmente del Estado de Chile el título de propiedad sobre sus tierras ancestrales (Raúl Molina y José Aylwin, «Comunidad de Quinquén», El Mostrador, 13 de diciembre de 2007: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2007/12/13/comunidad-de-quinquen/>).

⁸⁴ Diputado Luis Valdés Larraín, Cámara de Diputados. 39ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.20). 10 de marzo de 1959: 2766. Un debate sobre las facultades extraordinarias sigue en las pp. 2767-2780.

⁸⁵ Ibíd., 2768. Cursiva de los autores.

⁸⁶ Summa Theologica, primma secunde, cuestio 95, art. 2: «Toda ley humana se deriva de la ley natural y si no, no es propiamente ley». Se argumenta que toda ley que no se deriva de la ley natural es una ley injusta y por lo tanto el gobierno del que emana es un gobierno injusto.

⁸⁷ John Locke, Two Treatises of Government, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Locke explicaba que el recurso a la resistencia se justificaba, ante todo, por el hecho de que el gobernante abandonaba el uso de la razón y el recurso a la ley, para reemplazar éstas por el uso de la violencia, que era su contracara (Véase John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the “Two Treatises of Government” Cambridge. Cambridge University Press. 1969: 179).

⁸⁸ Locke trató el tema de «disolución del gobierno» en el capítulo XIX. Escribió que el pueblo tiene el derecho de rebelión y resistencia contra la tiranía, incluso cuando el poder ejecutivo no ejecuta la ley («when he who has the supreme executive power, neglects and abandons that charge, so that the laws already made can no longer be put in execution. This is demonstratively to reduce all to anarchy, and so effectually to dissolve the government: for laws not being made for themselves, but to be, by their execution, the bonds of the society, to keep every part of the body politic in its due place and function; when that totally ceases, the government visibly ceases»). En estas condiciones, «el pueblo tiene el derecho de recuperar la soberanía delegada, convertirse en Supremo y continuar como legislador, por sí, o erigir una nueva forma [de gobierno], o bajo la forma antigua, entregar el mando a nuevas manos, según su parecer». (Locke, 1988: 428). Esta frase fundaba la declaración de independencia de Estados Unidos en 1776: «The People have a Right to act as Supreme, and continue the Legislative in themselves, or erect a new Form, or under the old form place in the new hands, as they think good».

⁸⁹ Cámara de Diputados. 39ª Sesión, Supra. 10 de marzo de 1959: 2769.

⁹⁰ Cámara de Diputados. 45ª Sesión (especial: de 10.15 a 3.58 horas del día jueves 19). 18 de marzo de 1959: 3150.

⁹¹ Ibíd., 3197. Cursiva de los autores.

⁹² Cursivas de los autores. Senado. 31ª Sesión (especial: de 10.15 a 3.58 horas). 13 de marzo de 1959: 1425-27. El debate sobre la inconstitucionalidad de la delegación de facultades extraordinarias al Presidente se daría nuevamente en 1962, cuando el gobierno propuso una «ley normativa» para iniciar una reforma agraria mediante una serie de decretos con fuerza de ley. Serían recurrentes los debates en relación con la constitucionalidad de la delegación de facultades al Ejecutivo hasta 1970.

⁹³ Ibíd., 1428.

⁹⁴ Ibíd., 1440-41. Cursiva de los autores.

⁹⁵ Para una lista detallada de los distintos tipos de violencia política que registraba la prensa diaria en este período, véase: Patricia Arancibia Clavel, Maria de los Ángeles Aylwin Ramírez y Soledad Reyes del Villar, Los Hechos de Violencia en Chile: del discurso a la acción, Santiago: Fundación Libertad y Desarrollo, 2003.

⁹⁶ National Security Archive, «CHILE 1964: CIA Covert Support in Frei Election Detailed; Operational and Policy Records Released for First Time». <http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20040925/>; <http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xxxi" \t "_blank> ; The Church Committee Report, 94th Congress 1st. Session, U.S. Senate, «Covert Action in Chile, 1963-1973». Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities.

⁹⁷ El art. 79 de la Constitución Política de 1925 estipulaba: «Los cinco miembros del Tribunal Calificador se elegirán por sorteo entre las siguientes personas: uno, entre los individuos que hayan desempeñado los cargos de Presidentes o Vice Presidentes de la Cámara de Diputados por más de un año; uno, entre los individuos que hayan desempeñado los cargos de Presidentes o de Vice Presidentes del Senado, por igual período; dos, entre los individuos que desempeñen los cargos de Ministros de la Corte Suprema, y uno, entre los individuos que desempeñen los cargos de Ministros de la Corte de Apelaciones de la ciudad donde celebre sus sesiones el Congreso. La ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador».