Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 5

Huelga MADEMSA/MADECO

Desde la izquierda y la Democracia Cristiana se denunciaba la violencia de Carabineros contra los obreros en huelga, como había ocurrido en MADEMSA y MADECO¹⁴³. Por otro lado, El Mercurio informó que el prefecto jefe de Carabineros, general Carlos Carvajal, había presentado ante el juez militar de Santiago una denuncia por agresiones y lesiones a funcionarios de Carabineros y por los daños a vehículos policiales por parte de los obreros en huelga de las industrias MADECO y MADEMSA. Se nombró al fiscal Francisco Saavedra de la segunda fiscalía militar de Santiago para investigar el caso. Se estimaba que 30 funcionarios habían sufrido lesiones, 20 civiles estaban detenidos y habían sido puestos a disposición de los tribunales y varios trabajadores estaban en libertad bajo fianza.

Se informó además que la dirección general de Carabineros se querelló contra los diarios El Siglo, El Clarín y Última Hora por las acusaciones que hicieron en contra de Carabineros en relación con la muerte del obrero Osvaldo González Olivari. La autopsia y otras pericias demostraron que esta acusación no tenía sustento. Por ende, la segunda fiscalía militar impartió una orden de detención contra el director del diario El Siglo¹⁴⁴. Como en muchos casos de violencia sindical y callejera, tenía jurisdicción el fuero militar por la participación de Carabineros.

Después de la violencia ocurrida entre los obreros de MADEMSA/MADECO, los obreros reemplazantes contratados por las empresas y Carabineros, el Presidente Alessandri reunió a miembros de su gobierno y al ministro del Interior subrogante para solicitarles que se buscara una solución al conflicto. Luego de la reunión, el ministro Enrique Ortúzar citó a su despacho al ministro del Trabajo, al senador Salvador Allende, al prefecto de Carabineros de Santiago, al Presidente de la CUT Clotario Blest, así como a los dueños de las industrias MADECO y MADEMSA. El ministro de Justicia Enrique Ortúzar solicitó a Clotario Blest que intercediera ante los obreros en huelga para que pararan los incidentes¹⁴⁵. Blest aclaró que mientras estuvieran laborando los nuevos obreros (rompehuelgas), la CUT nada podía hacer e incluso seguirían apoyando a los huelguistas. El 6 de julio, 500 policías se enfrentaron con los huelguistas que impedían la salida de los rompehuelgas. Finalmente, se llegó a una «tregua» propuesta por el subsecretario del Interior Jaime Silva, cerrando la empresa por 48 horas, lo que fue acordado entre los dueños y dirigentes sindicales¹⁴⁶.

El ministro Ortúzar señaló que confiaba que en este plazo de 48 horas se llegara a un acuerdo que pondría fin al conflicto. En la segunda semana de julio, el ministro del Trabajo Eduardo Gomien Díaz informó a la Cámara de Diputados que «constituido el tribunal arbitral, según acuerdo entre las partes, para solucionar MADEMSA y MADECO, hoy no existen huelgas en el país, ya que la fábrica de candados Odis y la fábrica de hilados Said, de Quillota, han firmado ya sus actas de avenimiento y se encuentran trabajando normalmente»¹⁴⁷.

La decisión del Tribunal Arbitral permitió el desenlace del conflicto, después de más de 70 días, lo que significó una victoria relativa para los huelguistas. Según la versión de Óscar Astudillo: «Los obreros de MADECO y MADEMSA resistieron un verdadero sitio militar y combatieron a los rompehuelgas con firmeza. Defendieron sus locales sindicales y a sus piquetes de vigilancia con extraordinaria valentía»¹⁴⁸. No obstante, los procesos judiciales en el fuero militar continuaron después de solucionada la huelga, como consta en el oficio enviado el 14 de julio al Senado por el ministro del Interior:

(…) después de haberse recibido en este Departamento de Estado los informes pertinentes de la Dirección General de Carabineros, que en relación con los deplorables incidentes producidos a raíz de la huelga declarada por el referido personal, a contar del 5 de mayo pasado, con el carácter de ilegal e indefinida, se encuentran incoados los siguientes procesos:

a) 2^º Juzgado Militar de Santiago, causa N° 24.760, por agresión a Carabineros de servicio; b) Juzgado de San Miguel, causa N° 12.875, por coartar la libertad de trabajo, desórdenes y lesiones. De acuerdo con el principio sobre independencia del Poder Judicial, consagrado en los artículos 80 de la Constitución Política del Estado, 10 y 12 del Código Orgánico de Tribunales y 19 del Código de Justicia Militar, el conocimiento y juzgamiento de tales asuntos ha quedado, pues, entregado a los tribunales respectivos, a los cuales incumbe en forma exclusiva resolver sobre el particular. Por tal razón, el gobierno debe esperar el pronunciamiento de la justicia, que es la llamada a determinar las responsabilidades que puedan afectar y sanciones a que puedan ser acreedores quienes han intervenido al margen de la ley en los hechos señalados.

En lo que concierne a una denuncia formulada por presunto allanamiento indebido por parte de funcionarios policiales en el local del Sindicato MADECO y MADEMSA, debo poner en conocimiento de ese Honorable Senado que por Orden N^°27 de la Prefectura General de Santiago se dispuso que la Fiscalía Administrativa de Carabineros instruyera el respectivo sumario administrativo, el cual se está tramitando en la actualidad, rol N° 88-60, y de cuyos resultados dará cuenta oportunamente esta Secretaría de Estado¹⁴⁹.

Entre tanto, en la Cámara de Diputados funcionaba una Comisión Especial que investigaba los hechos ocurridos con motivo de la huelga de los obreros de MADEMSA y MADECO. El senador Aniceto Rodríguez (PS) ligó el caso con la campaña represiva del gobierno contra la oposición y la ola de huelgas en el país: «Así presenciamos, por ejemplo, los conflictos del carbón, de la fábrica de explosivos y salitre, en el Norte; del cobre, en Potrerillos; de ENDESA y de los servicios de utilidad pública, como Teléfonos, Gas y Electricidad; del Magisterio Nacional –hasta ahora sin solución–, y los recientes de MADECO y MADEMSA, resueltos de manera sangrienta por este Gobierno insensible y por el personal de Carabineros, mal dirigido por un jefe entrometido en política, quien pretende ser irónico, sin conseguirlo»¹⁵⁰. Continuó diciendo: «A este general, que debiera dedicarse a orientar mejor sus fuerzas policiales, autoras de los luctuosos y graves incidentes producidos con motivo del conflicto de MADEMSA y de MADECO, ¿se le ha llamado siquiera la atención? ¿Por qué en esa oportunidad no se designó un ministro en visita? ¿O acaso la sangre de esos niños, mujeres y obreros no vale nada para el gobierno y el Poder Judicial chilenos?»¹⁵¹.

En la sesión del 10 de agosto intervino el senador socialista Raúl Ampuero: «Cuando, desde estas mismas bancas, se solicitó la designación de un ministro en visita para conocer los hechos producidos con motivo de las huelgas de MADECO y de MADEMSA, no tuvimos una reacción adecuada del Poder Judicial, no obstante haberse implantado, durante quince días, un régimen de terror policial, emanado de la autoridad pública, y de haberse herido a obreros, mujeres y niños, con el solo propósito de someter a ese personal, que ejercía legítimos derechos consagrados en el Código del Trabajo –aunque lo contrario sea dicho por las esferas oficiales (…)»¹⁵². Así no sólo criticaba al gobierno sino también la falta de eficacia e imparcialidad del Poder Judicial y los intereses particulares de parlamentarios del gobierno en las grandes empresas del país¹⁵³.

Los procesos judiciales a los que dio origen este caso fueron informados escuetamente en la prensa, no quedando claro si fueron absorbidos por los desistimientos del gobierno en su oportunidad o, como ocurría con frecuencia en muchos casos de violencia en manifestaciones y protestas, si era posible establecer algunos de los delitos cometidos, pero no a sus autores, sobreseyéndose los casos muy al inicio de los procesos por este motivo. Sin embargo, no se encontraron expedientes sobre este caso en los archivos de los juzgados militares ni tampoco en el archivo judicial. La destrucción de parte de los archivos del ministerio del Interior en el incendio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 hizo imposible conocer otros aspectos que pudieran confirmar si el gobierno desistió de procesar a los imputados y cuál fue el desenlace de las acciones judiciales iniciadas con ocasión de este conflicto¹⁵⁴.

Desde 1959, las tensiones y la acritud de la crítica opositora iban en aumento, sumándose la agitación por las elecciones municipales de 1960 en la comuna de San Miguel, los conflictos laborales, la violencia policial y las denuncias de la izquierda contra el Poder Judicial. Ilustrativamente, el senador Julián Echavarri (PDC) denunciaba «las inconsecuencias de una campaña tendenciosa y de procesos judiciales íntimamente ligados entre sí, que pretenden en vano negar la verdad que tiene el movimiento popular para criticar su política económica y financiera (…). No nos intimidan los arrestos del gobierno y los insultos infames de su prensa; no nos amedrentan sus procesos ni sus querellas, y seguiremos defendiendo, al amparo de nuestra gran verdad histórica, los legítimos intereses de la Patria y de sus mayorías nacionales»¹⁵⁵. En agosto, el ministro del Interior informó a la Cámara de Diputados:

En relación con el oficio N° 5.441 de esa Honorable Cámara de Diputados, en que se solicitaba de esta Secretaría de Estado el desistimiento de las querellas incoadas con ocasión de las huelgas ilegales habidas en los servicios de utilidad pública, a que se refiere dicho oficio, cúmpleme manifestar a V. S. que este Ministerio impartió, oportunamente, instrucciones para desistirse de tales querellas, habiéndose dictado autos de sobreseimientos de los inculpados por los tribunales respectivos.

Guarde a V. S.- (Fdo.):

Sótero del Río Gundián.¹⁵⁶

El caso de Mademsa/Madeco ilustra cómo la combinación de querellas por la ley de seguridad interior del Estado, el decreto ley 425 de 1925 y varias causales del Código Penal, además de los impedimentos procedimentales en relación con las huelgas legales en el Código del Trabajo, involucraron directamente a los tribunales en muchos conflictos laborales¹⁵⁷. Las detenciones e inicios de procesos judiciales, seguidos por desistimientos como parte de las resoluciones a los conflictos, se habían convertido en una «costumbre» política¹⁵⁸. Detener a los opositores políticos, huelguistas, periodistas, estudiantes que participaban en protestas callejeras y a otros supuestos delincuentes, conducirlos a lugares de detención y a las cárceles, para luego procesar judicialmente a algunos, era un instrumento usual para el gobierno. El Poder Judicial en lo criminal, fuera la justicia ordinaria o justicia militar, como en el caso MADEMSA/MADECO, servía como dique de contención, aunque sólo parcial, frente a las demandas sociales y las aspiraciones revolucionarias.

Clotario Blest y la CUT

Los desistimientos de las querellas, anunciados por el ministro del Interior, entre agosto y noviembre no bajaron la presión de la olla político-social. En noviembre de 1960 el líder de la CUT, Clotario Blest, llamó a una marcha hacia La Moneda, que terminó con gran violencia callejera. Resultaron muertos dos obreros y hubo varios heridos por las balas de Carabineros¹⁵⁹. Blest, recién retornado de Cuba, hizo un discurso incendiario: «El heroico pueblo de Cuba ha sido capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano (...). Nosotros, los chilenos, debemos responder a este llamado y ser capaces de tener nuestra Sierra Maestra. Debemos desde este instante luchar con nuestras armas, con nuestros puños, con nuestro esfuerzo y valentía. Cuando el pueblo se lanza a la calle nadie lo detiene. Estamos convencidos que todos los trabajadores de Chile, todos unidos en un PARO NACIONAL, seremos capaces derrotar a este gobierno. (…)»¹⁶⁰. El 4 de noviembre, La Nación sintetizó el discurso de Blest en el titular: «Derribemos el gobierno y hagamos nuestra propia Sierra Maestra». Culpándolo de la violencia, el gobierno se querelló en su contra por sedición¹⁶¹. La querella fue interpuesta el 5 de noviembre en la secretaría general de la Corte de Apelaciones por el abogado de la intendencia y con la firma del intendente-alcalde de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack.

A su vez, una querella contra Carabineros quedó presentada ante el magistrado Osvaldo Salas de la primera fiscalía militar. Fue firmada por los presidentes de dos partidos políticos, Humberto Mewes de la Vanguardia Nacional del Pueblo y Jorge Costa del Partido Democrático Nacional, y por dos secretarios generales: Salomón Corbalán del Partido Socialista y Luis Corvalán del Partido Comunista. Los abogados Alejandro Pérez y Jaime Faivovich defendieron la querella¹⁶². En tanto, los querellantes acusaron a Carabineros de homicidio (dos delitos), lesiones graves y lesiones menos graves¹⁶³. El abogado Óscar Waiss patrocinó una querella en contra del general Arturo Queirolo Fernández, general director de Carabineros (1958-64), por dar órdenes dedisparar al cuerpo contra los trabajadores. Se denunció que la orden la habría dado por intermedio de las radios de los vehículos de Carabineros (radiopatrullas)¹⁶⁴.

Los tribunales recibieron denuncias derivadas de los conflictos políticos y de la «lucha de masas» desdetodos los sectores, incluyendo a los partidos de izquierda que decían confiar poco en la «justicia de clase». El Consejo Nacional de Federaciones llamó a un paro general para el 7 de noviembre, día del funeral de los obreros caídos. El día 7, Blest declaró: «Los trabajadores cansados de someterse a los dictados de la Intendencia y del Ministerio del Interior, cuando indican las calles que debe usar el pueblo para sus desfiles, no aceptamos esa humillación y avanzamos a pesar de que los carabineros quisieron obstruirnos el paso. Santiago será en este país la Sierra Maestra que aplastará a la reacción y aplastará al señor Alessandri y sus corifeos (...)»¹⁶⁵. Las declaraciones de Blest nutrían las preocupaciones de la derecha y parecían justificar las medidas represivas y judiciales desplegadas por el gobierno. Por decisión del Partido Comunista y algunos socialistas, el paro se levantó, contra la opinión de Blest, evidenciando las diferencias dentro de la CUT.

Alessandri rechazó la demanda salarial y la CUT convocó a la IV Conferencia Nacional para los días 3 y 4 de diciembre de 1960, definiendo su plataforma de lucha para 1961: solicitar sueldos y salarios mínimos vitales para todo tipo de trabajadores, sin distinguir entre los sectores económicos del país; asignación familiar única para todos los trabajadores, incluyendo a los jubilados; pensiones mínimas de jubilación, estabilidad en sus trabajos para empleados y obreros y una asignación en diversas especialidades para los obreros, empleados y campesinos afectados por el sismo del año anterior. La CUT recomendó que este «pliego único»se incorporara a los pliegos de peticiones de sus federaciones y sindicatos.

Blest fue detenido y encarcelado hasta el 5 de diciembre, saliendo en libertad bajo fianza¹⁶⁶. Desde su lugar de confinamiento había declarado: «Este no es un juicio corriente, se trata de un juicio político y, por lo tanto, no he retirado nada de lo que he dicho (...) No he dicho que este gobierno caerá hoy o mañana, pero caerá, porque el proceso revolucionario chileno está en marcha»¹⁶⁷.

A la Conferencia Nacional de la CUT, de principios de diciembre, Blest hizo llegar el siguiente mensaje:

No creo que sea posible seguir engañándonos entre nosotros y (…) mantener los mitos pseudo democráticos y legalistas que nos han amarrado haciéndole el juego a la derecha económica y al imperialismo norteamericano. (…) Desde la cárcel os aseguro mi inquebrantable voluntad de lucha y mi esperanza que definitivamente tomemos el único camino que debe conducir al triunfo a nuestro pueblo: la acción directa, tajante y sin claudicaciones en demanda de la transformación revolucionaria que exige el pueblo y la clase trabajadora chilena¹⁶⁸.

Blest estaba al borde de romper definitivamente con el Partido Comunista y con la dirigencia de la CUT (lo que haría en agosto de 1961). En 1960, los comunistas no estaban de acuerdo con promover en Chile la vía insurgente de la «Revolución Cubana» ni sus riesgos¹⁶⁹. Buscaban conquistar el liderazgo de la CUT y Blest era un obstáculo a sus objetivos.

Para la derecha, el proceso judicial contra Blest era obviamente necesario. En el Senado, Francisco Bulnes Sanfuentes comentó: «Tengo a la vista la versión del discurso de don Clotario Blest pronunciado en la manifestación del jueves último. Entre otras muchas lindezas, dijo: “La clase trabajadora debe despertar de este letargo, los obreros, empleados y campesinos deben despertar de este sueño soporífero para levantarse en armas y derribar a este gobierno (...)”. Me parece que no es incurrir en calumnia ni hacer una suposición aventurada decir que la Central Única de Trabajadores tiene el propósito de no respetar la ley y de derribar violentamente las instituciones constitucionales y legales»¹⁷⁰.

Pareciendo confirmar los dichos de Bulnes, Óscar Waiss (PS) escribió en la revista Arauco que no existían en Chile las condiciones geográficas para una guerra de guerrilla. En cambio, señaló que «hay que tratar de ampliar cada lucha, transformándola de lucha parcial a lucha general, de lucha económica a lucha política.(…) nuestra versión de la Sierra Maestra será una versión chilena, nacida en nuestra tradición, (…) en que la guerra de guerrilla será sustituida por la ocupación de las minas y las fábricas y la lucha en las calles, en los barrios obreros, en las ciudades mismas»¹⁷¹.

El 5 de diciembre, los ministros de la quinta sala acogieron el recurso de excarcelación otorgado con consulta a la Corte (libertad bajo fianza de 50 escudos) para Clotario Blest¹⁷². El diputado Mario Palestro denunciaba que «el fiscal ha pedido que sea condenado a tres años y un día por trasgredir la Ley de Seguridad Interior del Estado»¹⁷³. Según Luis Vitale, «el gobierno tramita largamente el proceso porque no se atreve a dar su fallo antes de las elecciones parlamentarias de marzo. Después de haber pedido el fiscal 541 días de condena, la Corte rebaja la pena a 300 días y no hace efectiva la relegación, sino que la “remite”, según la terminología penal burguesa»¹⁷⁴. De acuerdo con El Mercurio, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia el 16 de marzo, confirmando el fallo de primera instancia que condenó al Presidente de la CUT, Clotario Blest, a la pena de 541 días de relegación en la localidad de Petorca. La Corte de Apelaciones rebajó esta pena a 300 días¹⁷⁵. En la misma sentencia se indicó que se le concedió la remisión condicional de la pena, estableciendo que Blest debería estar bajo la vigilancia del Patronato Nacional de Reos durante un año¹⁷⁶.

Frente a las demandas revolucionarias y la «subversión» los tribunales tendrían que contener las amenazas al orden vigente, aplicando las leyes de seguridad interior, de abusos de publicidad, el Código del Trabajo y el Código Penal. Para la izquierda política, el Poder Judicial era un instrumento represivo y corrupto del régimen burgués. Necesariamente, tendría que ser «reformado» y transformado para romper las cadenas que constreñían a la clase trabajadora y para avanzar hacia una sociedad más justa.

El «gobierno de los gerentes» y el Poder Judicial

El plan antiinflacionario del «gobierno de los gerentes» fue relativamente exitoso en el corto plazo, pero provocaría una crisis cambiaria y un rebrote de la inflación en 1961¹⁷⁷. Entretanto, las restricciones en relación con el reajuste de salarios afectaron seriamente a la clase trabajadora en el sector privado y a los empleados del sector público, incluyendo al Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. A fines de 1959, la Corte Suprema reiteró su reclamo por la situación deteriorada de la judicatura en un oficio al Presidente de la República:

Excmo. señor Presidente: Preocupa al Tribunal desde hace mucho tiempo el desinterés de los abogados por ingresar al Servicio Judicial.

Cuesta encontrar personal idóneo en los concursos para los primeros peldaños del servicio, más arriba se advierten notorias deficiencias, y funcionarios de provincia rehúsan ir a los asientos de Corte, incluso a Santiago, en calidad de suplentes o interinos. Aun en las más altas categorías, en la Corte de Apelaciones de la capital, Ministros cambian su toga de jueces por la de abogados o por modestas notarías de departamentos.

(…) No ignora la Corte Suprema la estrechez del erario, pero, consciente de su responsabilidad en la dirección de un Poder del Estado, tiene la obligación de hablar ante V. E.

(…) Tenemos el deber de defender no sólo a la institución, sino también a sus servidores y para ellos pedimos fervorosamente, en especial para los de más abajo, que el Gobierno contemple su situación¹⁷⁸.

En relación con el presupuesto fiscal para los servidores públicos, el ministro de la Corte Suprema, Emilio Poblete, publicó una carta en El Mercurio exhortando a la ciudadanía (e indirectamente al gobierno y al Congreso) para que apoyara un presupuesto adecuado para las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, criticaba fuertemente los juicios en Nüremberg contra los líderes nazistas y la «invención» pos facto de los delitos de guerra:

«¡Ay de los vencidos!», era en la antigüedad el grito vengativo del triunfador.

Después del ominoso precedente impuesto por el proceso de Núremberg –ese epílogo atroz de la última guerra, que confió a los vencedores el privilegio de crear delitos y sindicar malhechores a su arbitrio, sin ley preestablecida, y juzgar las acciones de sus adversarios con tribunales parciales constituidos por los propios enemigos de los acusados–, aquella sentencia secular se enrojece con implicancias aterradoras.

Basta, entonces, de censuras y objeciones que pueden prepararnos el desastre; Basta de críticas e interferencias perturbadoras en la consideración de los delicados problemas de la defensa nacional, que encuentran su peor justificación en el regocijo con que son observadas desde afuera por vecinos más previsores. (…) Dispongámonos, de una vez por todas, a dotar a los institutos armados de los equipos y elementos modernos que necesiten para poder responder a la sagrada y específica misión defensiva que el país les ha confiado; hagámoslo aun a costa de contribuciones extraordinarias de defensa nacional, que ningún habitante de Chile podría excusarse de servir con entusiasmo en las actuales circunstancias, y al hacerlo, habremos cumplido lealmente con la patria y hecho reparadora justicia a los miembros del Ejército, Marina de Guerra y Aviación Militar, dignos de recibir los instrumentos necesarios para su eficaz entrenamiento, a la vez que adecuados a sus reconocidas capacidades profesionales¹⁷⁹.

Este llamado a un leal patriotismo con las Fuerzas Armadas, iniciado a propósito del presupuesto fiscal, dio lugar a un análisis del sistema internacional que criticaba los nuevos convenios relacionados con los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad y que parecía distanciarse bastante del supuesto «apoliticismo» del Poder Judicial. Publicar una crítica sobre los juicios en Nüremberg, en 1959, no era exactamente un acto «apolítico» de un ministro de la Corte Suprema en plena Guerra Fría y a menos de un año de la victoria de Fidel Casto en Cuba. Pero, ¿cómo entender si Poblete defendía sinceramente la tradición liberal (Nullum crimen sine lege) o silas palabras del ministro de la Corte Suprema tenían otros fundamentos, o tal vez eran una advertencia preventiva? En su planteamiento no se distinguía entre enemigos externos e internos contra quienes las Fuerzas Armadas defenderían la patria.

Las necesidades económicas del Poder Judicial y la reforma del Código Orgánico de Tribunales en 1961 se discutieron en el Congreso. Los debates mezclaron temas financieros, alabanzas del gobierno y críticas desde el FRAP y la Democracia Cristiana al Poder Judicial. En esa discusión se hizo mención de una larga lista de puestos vacantes entre jueces y funcionarios, de norte a sur, lo que preocupaba tanto al Colegio de Abogados como a la Asociación de Abogados, por el «enorme peligro en que se hallaba el Poder Judicial»¹⁸⁰.

Esta combinación entre denuncias y alabanzas al Poder Judicial se ilustra en el debate en la Cámara sobre el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en enero de 1961 sobre un proyecto de ley (originado en un mensaje del Ejecutivo, calificado con urgencia), para aumentar las remuneraciones del personal del Poder Judicial y en la discusión y aprobación del proyecto de ley en el Senado a inicios de febrero¹⁸¹. El ministro de Justicia Enrique Ortúzar señaló que «cuanto hagamos hoy por defender y conservar la solidez y la idoneidad del Poder Judicial será garantía en el mañana de la preservación de un régimen jurídico institucional que es ejemplo en América de la más pura democracia y es la mayor expresión de libertad y respeto de todos los derechos»¹⁸². Los diputados del FRAP, aun cuando apoyaban el reajuste de salarios de los funcionarios y jueces del Poder Judicial, aprovecharon la oportunidad para dejar constancia de sus quejas respecto de los fallos recientes de varios ministros y también del papel de la judicatura en la mantención de un régimen y gobierno injusto¹⁸³.

Intervino el diputado Cademártori:

Vemos, con extraña frecuencia, la coincidencia ya reiterada de que, en los últimos fallos recaídos en asuntos de carácter político suscitados durante el actual gobierno, el Poder Judicial ha fallado en contra de los personeros de la oposición que están siendo perseguidos por el Ejecutivo. Podemos empezar por el caso de la primera persecución que se hizo en contra de don Humberto Mewes, que fue candidato a senador por la provincia de Santiago; enseguida están los casos de la dirigente política, doña Julieta Campusano; del actual Secretario General del Partido Socialista, don Salomón Corbalán; del Director del diario El Siglo, señor Villegas; del presidente de la Central Única de Trabajadores, don Clotario Blest, es decir, podemos advertir toda una política sistemática de persecución a los más directos representantes de la oposición popular a este gobierno.

(…) hay en estos [fallos] problemas de carácter político, como todos lo sabemos muy bien, muchas aristas que considerar, e influye mucho la conciencia y la apreciación de los altos funcionarios del Poder Judicial en la calificación de estos asuntos. Por este motivo, nosotros no consideramos que la independencia del Poder Judicial va a quedar a salvo con este proyecto. Por el contrario, creemos que la forma discriminatoria como se hace el mejoramiento ahondará esta situación¹⁸⁴.

Los sectores de izquierda apoyaron el reajuste de salarios y los procedimientos para llenar las vacantes en el sistema de justicia, pero como se ha evidenciado, había poca reverencia con el Poder Judicial. Incluso vendrían tiempos aún más conflictivos, que pondrían a prueba al Poder Judicial entre 1961 y 1964.

Durante los primeros meses de 1961 hubo, de nuevo, una intensa movilización sindical y una ola de huelgas en varios sectores (cobre, ferroviarios, salud, la empresa Compañía de Acero del Pacífico [CAP], magisterio, panificadores, carbón, salitre) tras la exigencia de aumentos salariales que compensaran el incremento de la inflación.En algunos casos fueron detenidos los dirigentes sindicales y gremiales por huelgas ilegales, como ocurrió con los maestros y por la huelga en Huachipato (14 de los 19 dirigentes sindicales estuvieron detenidos en la cárcel de Talcahuano y luego dejados en libertad por falta de méritos por orden del juez militar –los cinco restantes saldrían al día siguiente en libertad bajo fianza)¹⁸⁵.

Para solucionar el conflicto después de 12 días de huelga, La Nación informaba que entre los acuerdos logrados estaba el desistimiento de las peticiones de desafuero de los dirigentes sindicales presentadas ante los tribunales del Trabajo. La empresa se comprometió a reincorporar a los obreros que habían sido expulsados en la huelga, no así a los obreros que fueron detenidos por los incidentes realizados durante la huelga. Sin embargo, los que hubiesen sido puestos en libertad podrían volver a su trabajo. En cambio, los obreros sometidos a proceso a causa de la huelga quedarían fuera de la empresa¹⁸⁶.

A la vez, el gobierno seguía también la modalidad de querellarse contra periodistas que «injuriaran» o «calumniaran» a las autoridades¹⁸⁷. En marzo, el intendente de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago dos denuncias, una por injurias contra el diario El Siglo y otra por calumnias contra el diario Las Noticias de Última Hora. El Siglo fue denunciado por un artículo que apareció el 7 de marzo de 1961, donde se comentó la forma de actuar de la autoridad en las elecciones parlamentarias. El intendente se querelló por injurias, porque consideró que ese comentario era lesivo contra su persona y el cargo que investía¹⁸⁸. Se informó que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Israel Bórquez y Eduardo González comenzaron a instruir (simultáneamente y a la vez en forma separada) sumarios para investigar las querellas presentadas contra El Siglo y Las Noticias de Última Hora. En mayo, por orden del ministro sumariante Israel Bórquez fue detenido el director responsable de El Siglo Mario Cerda Gutiérrez. El ministro lo interrogó y lo notificó de la encargatoria de reo, siendo trasladado a la Cárcel Pública¹⁸⁹. Sin embargo, las autoridades desistieron de la querella y el ministro Bórquez sobreseyó a Cerda¹⁹⁰.