Kitabı oku: «Aceptación de la herencia a beneficio de inventario»

Capítulo I

Cuestiones previas

1. Naturaleza y fines del expediente notarial de formación de inventario, a efectos del beneficio de tal nombre

Muchas de las cuestiones que me voy a plantear en este estudio dependen de la previa de cuál sea el régimen jurídico de tal expediente; esto es, el conjunto de normas legales que le son de aplicación, tanto usando su tenor literal como las deducciones y conclusiones, mejor o peor razonadas, que es posible “extraer” de ellas -según la opinión de cada cual, y como es usual en la práctica jurídica-. Con la particularidad de que, en mi opinión, la determinación de ese régimen depende a su vez, en gran parte -y sobre todo en relación con ciertos asuntos-, de los fines y objetivos que se entienda que son los propios de la institución llamada beneficio de inventario (además de las consideraciones mucho más generales a las que me he referido en la introducción a este estudio y sobre las cuales está todo él construido).

En su momento, daré mi opinión sobre cada cuestión que he considerado relevante y también discutible. No obstante, me parece que, ya desde el inicio, es conveniente expresar o al menos enunciar dos presupuestos básicos de los que parto:

– Creo que el expediente ante notario, por el que se acepta -o se hace reserva del derecho a deliberar sobre si se acepta o no- una herencia a beneficio de un inventario de la misma, tiene la naturaleza y es manifestación propia de la llamada jurisdicción voluntaria; de manera que el notario a cargo del mismo ejerce funciones jurisdiccionales. En consecuencia, y como en todo otro proceso, creo que su desarrollo es obligado que esté sujeto a un procedimiento claro y preciso, que vincule tanto al notario como a las partes; que debe poder ser conocido por ellas y, por lo tanto, ser público; sin que pueda quedar al momentáneo arbitrio de cada notario.

– Y creo que la finalidad de tal expediente es la de averiguar los bienes que deja el difunto, identificarlos y sobre todo evitar que pasen desapercibidos, que sean extraídos -sin el debido control- de la herencia o que sean confundidos con los bienes del heredero, y así dejen de ser garantía y medio de pago de las deudas del causante -si las dejó- y de cierto tipo de legados que éste pudo haber ordenado en su testamento -si es que lo hizo-.

Así, propongo que la comprensión o interpretación de las normas legales atinentes al caso y sobre todo su aplicación las haga el notario del modo en que mejor se satisfagan esos dos postulados.

2. Régimen jurídico

En el año 2013 -y por lo tanto antes de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria-, la Dirección General de los Registros y del Notariado decía que la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, “cuando se hace judicialmente”, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria; con lo que quizá quería dar a entender, a contrario sensu, que esa misma aceptación no era un procedimiento de tal clase -o ni siquiera un procedimiento- cuando se hacía notarialmente -una forma de sustanciarlo que siempre ha estado expresamente contemplada en el Código Civil, lo que, por cierto, esa misma resolución a la que aludo, de 18 de febrero del citado 2013, no pone en duda-. Añadía la repetida resolución que tal procedimiento “no aparece regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil” (en adelante, también la citaré como LEC), y que, “ante la falta de regulación se suele acudir a las normas de la [misma] en relación al procedimiento para la división de la herencia o a las de intervención del caudal hereditario -artículos 782 y 793 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- “. Ya en 2019, en su resolución de 22 de febrero, la Dirección General bien puede decirse que sigue sin cambiar el criterio, pues, para interpretar las normas relativas al nombramiento del administrador de la herencia aceptada a beneficio de inventario, recuerda que el nombramiento de tal administrador corresponde al notario, “tras” la reforma de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, dice, y no, “por aplicación” de dicha ley.

Pero lo cierto es que, en el momento actual, la citada Ley de la Jurisdicción Voluntaria afirma expresamente en su preámbulo que “opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios…”, de modo que -añade- se decanta por “la desjudicialización de determinados supuestos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional”. Más allá de la innecesaria contradicción en términos de esta última frase, la equiparación con los secretarios judiciales -hoy letrados de la administración de justicia- (de los que nadie duda que autorizan expedientes de jurisdicción voluntaria, que se rigen por esa misma ley que decreta la “desjudicialización”), así como la expresa calificación que hace la ley como de “jurisdicción voluntaria” para esos “supuestos” “atribuidos” a los “Notarios” me inducen a creer que la cuidadosa negativa del nuevo texto de la Ley del Notariado -texto introducido por esa misma ley 15/2015-, su renuencia a utilizar la expresión “jurisdicción voluntaria” o incluso la palabra “jurisdicción” y el aséptico rótulo del nuevo Título VII de esa Ley del Notariado (Intervención de los Notarios en expedientes y actas “especiales”) no cambian su naturaleza ni impiden que el expediente notarial -hoy día ya no puede ser judicial- de “formación de inventario” sea un expediente de jurisdicción voluntaria -propiamente dicha, si se considerara necesaria tal precisión añadida-.

Aunque me consta que la mía no es una opinión muy extendida en el Notariado, no creo que el propósito, pero sobre todo el resultado de la reciente reforma haya sido el de “extraer” ciertos procedimientos del ámbito de la conocida como “jurisdicción voluntaria”, para “subsumirlos” en las tradicionales escrituras y actas. Por eso, no considero muy afortunado el artículo 49 de la LN, cuando afirma que los Notarios “intervendrán” en los expedientes especiales “autorizando” actas o escrituras públicas. Al menos, creo que es muy insuficiente decirlo así. Como dice el artículo 2 de la de la Jurisdicción Voluntaria (en adelante, también la citaré como LJV), creo que corresponde al notario “conocer y resolver”, tener “el impulso y la dirección” y adoptar “la decisión de fondo que recaiga sobre [el expediente] y las demás resoluciones que expresamente se indiquen [en la ley]”. Y creo que todas esas actuaciones y decisiones del notario requieren de un cauce o procedimiento; siendo así que el que contiene la Ley del Notariado para la aceptación a beneficio de inventario es claramente insuficiente, en muchos aspectos.

Por lo que me parece que debería seguir plenamente vigente la afirmación antes trascrita de la citada resolución de la Dirección General, según la cual, ante la falta de regulación, “se suele acudir…”, y en definitiva aplicar -ya sea supletoriamente ya como “inspiración”, si es que lo primero despierta suspicacias entre nosotros- a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a sus artículos citados (aunque con la debida consideración al hecho diferenciador de que éstos regulan la división de una herencia, en la que apenas hay más protagonismo y más intereses a proteger que los de los herederos y legatarios, mientras que en el beneficio de inventario esos intereses necesitados de protección son principalmente los de los acreedores).

En el momento actual, podría pensarse que este asunto ha quedado zanjado por la redacción reformada del artículo 1020 del Código Civil, relativo a las medidas de administración y custodia de la herencia, durante la formación del inventario. Decía este precepto que “el Juez podrá proveer… con arreglo a lo que se prescriba para el juicio de testamentaría en la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Hoy día, a este mismo particular, dice que “el Notario podrá adoptar las provisiones necesarias … con arreglo a lo que se prescribe en este Código y en la legislación notarial”. Concluyendo de ahí que el elenco de normas a aplicar está perfectamente delimitado y ya no es posible la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pero tal conclusión no me parece correcta. Primero, porque la norma tiene un alcance muy particular y limitado, que no se extiende a todo el expediente (que es de lo que yo estoy hablando aquí); segundo, porque, como veremos en su momento, ni siquiera en ese estrecho contexto de las medidas cautelares, la Ley del Notariado es realmente suficiente para completar la regulación del Código; y tercero porque es claro que nuestro ordenamiento jurídico contiene otras leyes que tratan del beneficio de inventario en su aplicación a sujetos concretos (administraciones públicas, personas pobres, fundaciones, etc.), leyes que no es posible obviar.

Una fijación del régimen jurídico que se hace necesario hacer con la doble perspectiva o finalidad de resolver las cuestiones de fondo, pero también -y con igual importancia- la de fijar un conjunto de reglas de procedimiento, que contemplen las actuaciones de todos los intervinientes, empezando por las del notario, al que corresponde aplicar las normas y decidir su sentido (según su mejor criterio y su responsabilidad profesional, ciertamente), pero también el deber de no actuar a su puro arbitrio y menos aún en forma impredecible para las partes, sino sometido a normas que los interesados -y sus asesores- puedan conocer de antemano.

En definitiva:

a) Respecto del contenido sustantivo

Creo que el notario está obligado a tener en cuenta:

– Las normas específicas de los artículos 1011 y siguientes del Código Civil, sobre el beneficio de inventario y el derecho a deliberar; pero también muchas otras básicas del mismo Código, sobre la herencia, su aceptación y repudiación, la capacidad de suceder, el pago de legados, la responsabilidad de los herederos, las personas legitimadas para hacer la partición, etc.; un gran número de normas, también del Código Civil y de otras leyes, relativas a cuestiones accesorias y complementarias, tales como la necesidad de autorizaciones judiciales para aceptar o repudiar la herencia dejada a menores o personas con discapacidad (aunque sólo en ciertos supuestos, respecto de estas últimas), las reglas generales de las obligaciones y de la responsabilidad patrimonial universal, la que regulan la prelación de créditos, el concurso de acreedores, etc., pues, aunque el desarrollo de algunas de tales cuestiones no es de la competencia del notario, sobre todas deberá asesorar e informar a las partes.

– Complementadas las anteriores con distintas normas de la Ley Hipotecaria (a la que en adelante me referiré también como LH), sobre la responsabilidad patrimonial que tiene el heredero respecto de los legatarios -arts. 47 y ss. de la LH-; y de la Ley Concursal, en cuanto a la posibilidad de recibir una herencia declarada en concurso o sobre la posibilidad de que el heredero sustituya los trámites del beneficio de inventario por los del concurso de acreedores, cuando, voluntariamente, decida someter la herencia a tal proceso.

Y con las leyes de Patrimonio del Estado, de las Administración Públicas, de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, y con la Ley de Fundaciones, respecto de la obtención, más o menos automática del beneficio de inventario por todos ellos.

b) Y respecto del procedimiento y trámites a seguir

Creo que efectivamente es de aplicación el Código Civil y la legislación notarial, pero, además, y con el carácter de supletoria, analógica o como se prefiera, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como otras leyes con regulaciones procesales que me parece importante tener en cuenta, como la ya dicha Ley Concursal. La Ley de Enjuiciamiento Civil regirá como supletoria, sí, pero también por aplicación directa, ya que es la única norma en la que podemos encontrar bien regulado el expediente más próximo al del beneficio de inventario: el de división judicial de la herencia (que en mi opinión es o sigue siendo también del tipo de la jurisdicción voluntaria, a pesar de su ubicación normativa).

Además de todo lo anterior, me parece imprescindible prestar atención a cuatro importantes cuestiones (de las que las dos primeras, aunque en sentido figurado, las podríamos calificar como de jerarquía normativa):

– Por un lado, me parece claro que la reforma no ha pretendido corregir la regulación del Código Civil en toda esta materia -que también actualiza ella misma-, anteponiéndole la de la Ley del Notariado. Más bien al contrario, creo que la Ley del Notariado no intenta siquiera establecer los efectos positivos o negativos de obtener o perder el beneficio de inventario. Por lo tanto -y por poner un ejemplo que me parece importante-, creo que los requisitos sobre el contenido del inventario que añade la Ley del Notariado, cuando no están respaldados por el Código Civil, no acarrean al heredero la pérdida del beneficio, de modo que son substancialmente irrelevantes.

– Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que los elementos de extranjería, cuando se den, se someten preferentemente a los tratados internacionales y, en particular, al Reglamento Europeo de Sucesiones (una norma sistemáticamente ignorada en la nueva redacción de la Ley del Notariado, pero de rango superior a ella).

– En cuanto a la competencia funcional, creo necesario distinguir -y excluir de la competencia del notario- aquéllas actuaciones que claramente suponen una función jurisdiccional entendida en su sentido más estricto (pudiendo servir perfectamente de guía a este particular la reserva que hace la ley a la decisión del juez cuando el expediente de jurisdicción voluntaria está a cargo del Secretario judicial: “expedientes que afecten al interés público…, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica(*) [art. 2LJV]”).

* Texto modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una ley fundamental por tantas razones y a tantos efectos jurídicos, a la que, en adelante, me referiré también como la ley 8/2021.

Aunque, eso sí, con la necesaria salvedad de entender que, en este contexto, por “afectar”, debe entenderse limitar, condicionar, reducir o perjudicar los derechos del menor o de la persona con discapacidad, siendo así que el beneficio de inventario -y más aún la reserva al derecho a deliberar- suponen justamente lo contrario. Y que así lo demuestra, sin lugar a dudas, el hecho de que la ley contemple esta manera de aceptar la herencia como la adecuada a esas personas y que exija autorización judicial cuando se intente hacer de otro modo, de modo que sólo circunstancias muy particulares, imprevistas o ajenas al fin propio de este expediente de jurisdicción voluntaria podrían poner en peligro a menores o personas con discapacidad, provocando, por este motivo, la incompetencia jurisdiccional del notario.

3. Sistema de recursos

Por último, creo que es especialmente importante salvaguardar un derecho fundamental que han de tener las partes, en toda actuación de una autoridad pública que ejerce funciones jurisdiccionales: el de recurrir sus decisiones ante un órgano superior, que, respecto de los notarios, es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Es un aspecto que considero muy importante en cualquier expediente de jurisdicción voluntaria a cargo de un notario -o de un registrador-. En tanto que expediente, es esencial tratarlo como tal, que el notario quede sujeto a un modo de operar claro, conocido o conocible por las partes y que goce de todas las garantías legales; sin abocar al notario a “idear” trámites no previstos, algo que la Dirección General ha dicho reiteradamente que nunca es competencia del instructor, sino exclusiva de las leyes.

Lamentablemente, la defectuosa técnica legislativa que tradicionalmente ha venido caracterizando la regulación de la actividad de los notarios ha convertido en discutible y problemático tal indispensable sistema de recursos. Sobre todo, por la derogación por el Tribunal Supremo de la parte correspondiente a ellos en el artículo 145 del Reglamento Notarial; una norma ya de por sí claramente insuficiente para el adecuado tratamiento de este problema, puesto que sólo se refería a “la negativa de los notarios a intervenir o autorizar”, cuando el verdadero problema no es tanto que se niegue a actuar -que por supuesto también- como -sobre todo- que el notario adopte decisiones controvertidas o deniegue las pretensiones de las partes, sobre todo, cuando tal admisión o denegación se convierten en la base sobre la que se adoptan decisiones sucesivas.

Y es que, si su importancia es evidente cuando se trata de combatir la resolución final del notario, casi es mayor aún la necesidad respecto de las decisiones intermedias, en las que probablemente se concentrarán las discrepancias de las partes, y frente a las cuales sería absurdo que no tuvieran permitido reaccionar, reconduciendo actuaciones subsiguientes. Y sin que pueda considerarse suficiente la posibilidad última de interrumpir el devenir del expediente y convertirlo en contencioso (algo que, por lo demás, también la propia ley de la Jurisdicción Voluntaria trata de evitar, como dice en su Exposición de motivos y reitera en su artículo 17).

En dicha ley de la Jurisdicción Voluntaria, los recursos se regulan en el artículo 20 (que prevé los de reposición, apelación y revisión), con remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil; sin embargo, este artículo no es uno de lo que esa ley extiende a los expedientes “tramitados por Notarios y Registradores”, como sí hace en los artículos 6 y, sobre todo, en el 19.

Mejores perspectivas encontramos en lo resuelto por la Dirección General en sus resoluciones de 31 de mayo y 1 de junio de 2021, relativas al nombramiento de un mediador concursal, que sin duda es un acto de jurisdicción voluntaria, y acerca del cual la Dirección General dice cosas como las siguientes: que, “en los expedientes sobre nombramiento de auditores existe un foro de contraposición de intereses que ha de resolver el registrador como órgano de la Administración”; que, “como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el denominado código identificador de entidades jurídicas, la de designación de mediador concursal no es una función de calificación” o que “el nombramiento de un mediador concursal es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento es la autoridad pública competente para resolver la solicitud”. Para concluir de todo ello que “de aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento, la existencia de un sistema de recursos distinto y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [hoy, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a esa anterior], en lo no previsto por una norma específica”.

Aceptado lo anterior, lo que esa ley de Procedimiento Administrativo dice, en resumen, es que, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente, cabe el recurso de alzada, ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que puede interponerse ante ella o ante el notario que decide, que el plazo para interponerlo es de un mes y que, en general y salvo excepciones, la interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No obstante, si la Dirección General decidiera no extender esa doctrina a este particular supuesto del beneficio de inventario, porque entendiera que, en esta materia, no hay posibilidad alguna de recurrir las decisiones del notario en vía administrativa -y sin necesidad de un procedimiento judicial ordinario-, creo que es obligado concluir que el notario a cargo del expediente de jurisdicción voluntaria de aceptación de la herencia a beneficio de inventario debería abstenerse de adoptar aquellas decisiones denegatorias que -si las adoptara un secretario judicial, por ejemplo- la ley configure como recurribles, pues, en otro caso, el interesado quedaría desamparado. Salvo, claro, que sean competencias directamente atribuidas al notario por el Código Civil o por la Ley del Notariado.

4. Momento de inicio de los efectos del beneficio de inventario

CC: Artículo 1013. La declaración a que se refieren los artículos anteriores no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario….

CC: Artículo 1024. El heredero perderá el beneficio de inventario: 1.º Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia.

CC: Artículo 1025. Durante la formación del inventario y el término para deliberar no podrán los legatarios demandar el pago de sus legados.

No establece el Código Civil el momento a partir del cual el heredero obtiene los efectos del beneficio de inventario, de modo que podría pensarse que, a su aceptación bajo tal modalidad, le sigue un periodo, más o menos largo, durante el cual ya es responsable frente a los acreedores, porque ha aceptado la herencia, pero aún no ha lograda excluir de tal responsabilidad sus bienes propios; con el efecto perverso de incitar al acreedor a una carrera de reclamaciones urgentes, en cuanto tenga conocimiento del inicio del expediente, embargando y ejecutando bienes del heredero, incluso antes de pararse a averiguar si los hay en la herencia.

Es cierto que, con frecuencia, el heredero podrá culminar el expediente en un plazo relativamente breve y que se podrá saber, por parte del heredero y también de los acreedores, de un modo definitivo, si proceden o no los efectos favorables del beneficio. Pero no siempre será así de breve, y el caso es que el Código Civil prevé plazos de formación del inventario que pueden llegar a ser superiores al año.

Es por ello que creo que la propia naturaleza de las cosas hace necesaria una eficacia inmediata del beneficio, por más que de carácter provisional. Creo que así lo acreditan: a) el hecho de que el Código Civil no condicione los efectos del beneficio a la realización de ciertos actos, sino que se limite a declarar, en sentido siempre negativo, en cuáles la declaración será inútil (art. 1013) y en qué supuestos se perderán los efectos ya logrados (art. 1024); b) que uno de tales motivos de pérdida del beneficio es la no inclusión de bienes en el inventario, algo que no tiene por qué resultar de un descubrimiento que se haga después de concluido, sino que perfectamente puede ser un hecho constatable durante su formación, especialmente en el caso de que no se trate de meramente guardar silencio sobre el bien, sino de que el heredero lo oculte o trate de hacerlo pasar por propio; y c) que, durante la formación del inventario, el Código Civil impide a “los legatarios demandar el pago de sus legados”, pero no a los acreedores instar el cobro de sus créditos, por lo que debe estar claro ya en ese momento el régimen legal de tal reclamación.

Sin embargo, como digo, este efecto temprano es también necesariamente provisional, y en realidad lo seguirá siendo de modo indefinido en el tiempo, después de terminado el expediente, puesto que el heredero puede realizar en cualquier momento posterior alguno de los actos a los que la ley sanciona con la pérdida del beneficio. De modo que el acreedor insatisfecho -no el que ha conseguido cobrar con cargo a los bienes de la herencia o de cualquier otro modo- siempre podrá denunciar tal pérdida de la limitación de responsabilidad y actuar contra todo el patrimonio del deudor, por cuantos medios le proporciona el régimen de responsabilidad patrimonial universal.

En conclusión, creo que, desde que el heredero formula ante el notario su voluntad de aceptar a beneficio de inventario, los acreedores ya no pueden ejecutar su derecho contra los bienes extra hereditarios de aquél; salvo que previamente acrediten que se han incumplido los requisitos que permiten consolidar o conservar los efectos de tal beneficio.

5. Personas que tienen derecho a intervenir en el expediente

CC: Artículo 1017. El inventario se principiará dentro de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.

LN: Artículo 67. 3. Aceptado el requerimiento, el Notario deberá citar a los acreedores y legatarios para que acudan, si les conviniera, a presenciar el inventario.

El Código Civil ordena “la citación de los acreedores y legatarios” y en esos mismos términos se expresa el artículo 67 de la Ley del Notariado. No parece pues que, en el diseño legal, -además del promotor- haya más interesados en el expediente que los acreedores y los legatarios.

Sin embargo, me parece insuficiente; el círculo de los llamados a cualquier expediente de jurisdicción voluntaria debería incluir a todos aquéllos sobre los que, con certeza, su resolución ha de desplegar sus efectos, por lo que creo que debemos examinar y resolver la cuestión desde ese punto de vista.

a) El caso particular de los legatarios

CC: Artículo 1003. Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.

CC: Artículo 887. Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente­…

CC: Artículo 858. El testador podrá gravar con mandas y legados no sólo a su heredero, sino también a los legatarios. Éstos no estarán obligados a responder del gravamen sino hasta donde alcance el valor del legado.

La completa equiparación que hace la ley entre la posición de acreedores y legatarios requiere de cierta explicación.

De un lado, una parte de la doctrina sostiene que el beneficio de inventario no despliega sus efectos respecto de los legados, pues piensan que, en cualquier caso, éstos sólo deben ser atendidos con cargo a los bienes de la herencia.

Como suele ocurrir con las discusiones doctrinales, los partidarios y los opuestos a este criterio, se apoyan ambos en una misma norma, el artículo 887 del Código Civil, “interpretando” unos que tal norma quiere decir -y parece que ha olvidado hacerlo- que los legados se reducirán -en la forma que indica- “si y sólo si” el heredero ha aceptado la herencia a beneficio de inventario -o toda la herencia ha sido distribuida en legados-, como bien se desprende -a contrario sensu- del artículo 858 del mismo Código, dicen. Mientras que sus oponentes se acogen al tenor literal del primer precepto, de modo que, cuando los bienes de la herencia no son suficientes para pagar los legados, éstos se reducen siempre, aduciendo además que, por su propio concepto, la responsabilidad ultra vires se extiende a las “cargas” de la herencia, y los legados no lo son. A los efectos del punto concreto que ahora examinamos, no parece necesario detenerse en la discusión anterior, pues el propio Código zanja cualquier polémica al respecto, diciendo con bastante claridad que los legatarios deben ser citados. Sin embargo, los distintos incidentes del expediente obligan, en mi opinión, a decidir cuál es el interés de los legatarios en el mismo, puesto que hay en el Código Civil otras normas sobre el beneficio de inventario que ya no les mencionan por su nombre propio y se limitan a hablar de “interesados”.

Si partimos de que todas las prevenciones legales del expediente están destinadas, al parecer, a evitar la ocultación o sustracción de los bienes de la herencia, en protección de quienes se ven limitados a realizar su derecho con cargo a ellos -y sólo a ellos-, vemos que, ciertamente, algunos legados implican una responsabilidad económica directa o subsidiaria del heredero, que, si es ultra vires, podría hacerse efectiva sobre los bienes propios del heredero, y, en otro caso, no. Así ocurre con los legados a los que se refieren los artículos -todos del Código Civil-: 863 (de cosa ajena, respecto de la que cabe entregar “su justa estimación”), 879 (de cantidad, para educación o alimentos) o 880 (de una pensión periódica). Pero no, con otros, como resulta de los artículos 875 y 882 del mismo Código, que claramente distinguen entre la “cosa mueble genérica”, que expresamente puede satisfacerse con bienes extra hereditarios, y la “cosa específica y determinada” y la “cosa inmueble”, el legado de las cuales “sólo será válido” si existen en la herencia, por lo que nunca podrá afectar a bienes ajenos a ella (Véanse a este respecto los arts. 47 y 48 LH).

Incluso rechazando la doctrina antes expresada, que excluye de los efectos del beneficio de inventario a todos los legados, al menos en los concretos supuestos de legado de bien inmueble y de cosa mueble específica, los legatarios, aunque fueran llamados al expediente, no serían verdaderos interesados en su desarrollo, y así será necesario que el notario lo tenga en cuenta en la adopción de determinadas medidas.

b) El caso particular de los coherederos

La intervención de los coherederos es sin duda necesaria en varias actuaciones relacionadas con la institución del beneficio de inventario, pero, al menos según las previsiones del Código Civil y la Ley del Notariado, no lo es en el momento concreto de formar el inventario. Como veremos en su momento, se requerirá su concurso, por ejemplo, para el reconocimiento o el pago anticipado de deudas o para designar un administrador con facultades para disponer de bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados de modo exclusivo al heredero que acepta la herencia a beneficio de inventario. La mayoría de esas actuaciones tendrán lugar después de concluido el expediente de jurisdicción voluntaria que estamos examinando aquí y después de que terminen las que están a cargo del notario, pero también podrían darse antes, si el promotor acordara tales actos con sus coherederos en el trascurso de la formación del inventario.

Por lo demás, los coherederos de aquél que ya tiene decidido aceptar la herencia a beneficio de inventario también podrían ser promotores del expediente; ante todo, porque nada lo impide, pero además porque sería muy aconsejable también para ellos al menos reservarse el derecho a deliberar y esperar por tanto a que se haya formado el inventario de la herencia, antes de optar por aceptarla de manera pura y simple.

(A este respecto, la Dirección General, en su resolución de 3 de marzo de 2015, en mi opinión sin verdaderas razones, pero el caso es que ha decidido que los herederos no están vinculados por la partición hecha por el testador “porque”, antes de partir, “al menos ha de aclararse qué sucede con las deudas y concretamente si existen o no, y, caso de existir, quiénes han aceptado la herencia y si lo han hecho pura y simplemente o a beneficio de inventario”.)

Pero el asunto que debemos examinar aquí no es tanto el de si pueden participar -que parece evidente que sí-, sino el de si es obligado o no convocar al expediente a los coherederos del promotor, a los efectos de la formación del inventario. Y en mi opinión la respuesta depende de la concepción que se tenga sobre la posición, respecto del pago de las deudas de la herencia, en la que van a quedar aquéllos que decidan aceptarla de manera pura y simple.

Claro que la cuestión también podría plantearse de un modo más general (y así la respuesta serviría también para otros casos). Debería decidirse si deben ser convocados al expediente todos aquéllos que tengan un interés evidente y conocido en el mismo, y el ejemplo más claro sería el de todas aquellas personas que se verán afectadas negativamente por sus resultados o, mejor dicho, por los resultados del beneficio de inventario. Y, desde esa perspectiva, habría que determinar si el notario, como encargado del expediente, tiene autoridad y tiene autonomía para convocar a tales personas (en los domicilios que consten en el acta o mediante edictos públicos), desde que le conste su existencia. Dicho de otro modo, se trata de decidir si el círculo de personas a las que el notario puede y debe llamar está nominativamente delimitado por el Código Civil o si el notario puede ampliarlo a su criterio y por su autoridad, en función de las circunstancias del caso.

En lo que respecta a los coherederos y a si el beneficio de inventario conseguido por otro heredero les afecta negativamente o no, me remito a la exposición más detenida que haré al examinar el pago de las deudas de la herencia (en el apartado 45), limitándome ahora a decir que lo que se discute es si el coheredero que acepta de manera pura y simple debe pagar la totalidad de las deudas, esto es, si debe cubrir él la parte en que reduce su responsabilidad el heredero que obtiene el beneficio de inventario, o si es el acreedor el que sufrirá ese menoscabo; porque lo seguro es que el eventual perjuicio lo tendrá uno u otro colectivo, el de acreedores o el de coherederos sin beneficio. Piénsese en cómo puede cambiar -según se siga una u otra posición doctrinal- la posición de un heredero con una cuota del diez por ciento, que acepta de forma pura una herencia que él no sabe que es deficitaria, siendo así que su coheredero con una cuota del noventa por ciento la acepta a beneficio de inventario.

También anticipo aquí que, en mi opinión, la limitación de responsabilidad es a costa de los acreedores, por lo que el asunto le es indiferente al coheredero. Pero debo añadir a continuación que no conozco posiciones doctrinales que así lo respalden, de modo que parece más que prudente que el notario advierta sobre todo esto a los coherederos. Y difícilmente podrá hacerlo si éstos no concurren al expediente.

Y debe tenerse claro que no basta con que el notario se abstenga de decidir, pues el problema no se resuelve en absoluto con una advertencia suya al respecto, que haga al promotor, pues en ningún caso será él el posible perjudicado. Afectará -si prevalece la tesis jurídica contraria a sus intereses- a aquellos herederos que, antes de aceptar la herencia, hayan sido privados de la posibilidad de informarse de los posibles efectos sobre su propia responsabilidad que tiene el uso del beneficio de inventario por parte de sus coherederos. Máxime, si la respuesta a esta espinosa controversia está en la prevalencia de una u otra compleja manera de interpretar la ley, un extremo sobre el que probablemente está fuera del alcance de ese coheredero tener una opinión fundada.

Es cierto que su presencia no le va a conceder al coheredero derecho a intervenir en la fase de formación del inventario, y por supuesto tampoco podrá impedir que el promotor utilice el beneficio; pero sí le dará a aquél noticia de que se está ejerciendo una potestad cuyo resultado puede que le sea indiferente -ésa es como digo mi opinión al respecto-, pero que también podría ser que le perjudicara, incluso muy gravemente; lo que, si aún estuviera a tiempo, le podría inducir a solicitar él también el mismo beneficio, sumándose al requerimiento como un promotor más.

Así, aunque es dudoso y parece irregular que el notario autorizante, por sí, en uso de su función directora del expediente, haga citaciones que la ley no ordena, mi conclusión personal es que el notario debe intentar convencer al promotor de que cite a sus coherederos, pero que, si no lo logrará, creo que debe convocarlos él mismo, incluso por edictos.

(En apoyo de esta tesis, podría traerse aquí a colación -con reservas- lo dispuesto en el artículo 209.2.2 del Reglamento Notarial, según el cual, “en el caso de que fuera presumible, a Juicio del Notario, perjuicio para terceros, conocidos o ignorados, se notificará la iniciación del acta por cédula o edictos, a fin de que en el plazo de veinte días puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos”; y no porque estemos ante un acta de notoriedad -que no es el caso-, sino porque tal acta, como la de este expediente que ahora examinamos, es también una manifestación de jurisdicción voluntaria encomendada al notario. Una regla que, a pesar de todo, no considero de plena aplicación, por lo que entiendo que el notario no puede denegar el requerimiento ni rechazar la formación del inventario por este motivo).

De todos modos, quizá la mejor manera de enfocar el problema -en éste y en otros casos similares- no sea tanto la de imponer requisitos discutibles al promotor, sino la de hacerle ver las ventajas de contar con los coherederos. Como veremos, algunas cuestiones cruciales del beneficio de inventario y especialmente la del pago de deudas y legados -cuya defectuosa regulación en el Código Civil perjudica al promotor- pueden ser mejor abordadas y resueltas con la colaboración de sus coherederos, simplificando los trámites y sobre todo los costes.

Como cuestión marginal relacionada con este asunto, debe tenerse en cuenta que, si hubiera tal citación a los coherederos, podría surgir algún conflicto de intereses, respecto de los que sean menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando su representante sea precisamente el promotor del expediente, en cuyo caso se haría necesario el nombramiento de un defensor judicial. El notario deberá resolver lo que proceda a este respecto y, para ello, tener en cuenta lo antes dicho sobre el carácter benéfico que el expediente quiere tener para todos sus promotores, de donde resultaría la concurrencia, más que la oposición, de los intereses de representante y representado, en consonancia con la doctrina de la Dirección General sobre este particular (véanse, por todas, la resolución de 15 de noviembre de 2016).

c) El caso particular de los legitimarios

Respecto de los legitimarios, hay que tener en cuenta que, si fueran legatarios, ya estarían convocados al expediente por el propio Código Civil y por la Ley del Notariado; y que, si fuesen herederos, su citación dependerá del criterio que el notario decida seguir respecto de este colectivo, conforme a lo expuesto en el punto anterior. Y debo aclarar que, al hacer esta distinción, estoy construyendo sobre mi opinión de que el legitimario que acepta su designación como heredero testamentario está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones del causante, perjudiquen o no sus derechos de legítima, que él mismo ha relegado al aceptar el llamamiento; por lo que, de no aceptarse esta conclusión, deberá entenderse que el legitimario está convocado a la formación del inventario, en todo caso.

d) El caso particular del albacea, contador-partidor designado por el testador

No prevé el Código Civil la presencia en el expediente del ejecutor de la herencia, singularmente del que haya sido nombrado por el causante, el albacea, contador-partidor, ni del contador-partidor dativo designado por los herederos. Y me parece un claro error.

En parte por las mismas razones dichas para los coherederos, pero también por sus funciones propias, creo muy conveniente tratarlo como interesado en el beneficio de inventario y, por lo tanto, que el promotor procure llamarlo al expediente.

Es muy posible que este ejecutor, por sus propias competencias o por mandato legal, ya haya formado un inventario, incluso con citación de los acreedores, herederos, legitimarios y legatarios; y este inventario puede suplir o al menos facilitar mucho la formación del inventario propio de este expediente, descargando además al promotor de sus posibles errores, que ya no le serían tan imputables. Debe tenerse en cuenta además que sus funciones son en gran parte comunes a las de los distintos administradores previstos por el Código Civil (arts. 1020 y 1026), y en muchos casos su actuación es preferente o, mejor dicho, independiente de la de tales administradores, puesto que puede realizarla sin su concurso, del mismo modo en que, sobre todo el ejecutor testamentario, también puede llevar adelante su cometido sin el beneplácito de los herederos.

Por otro lado, y dado que las mayores dificultades en la aplicación práctica del beneficio de inventario están, como veremos en su momento, en el pago de las deudas del causante, el promotor del expediente hará muy bien en contar con tal ejecutor y en servirse de él, porque simplificará mucho tal trámite.

e) El caso particular del administrador de la herencia designado por el testador

Una razón añadida en favor de esa presencia en el expediente del administrador testamentario -a que me refiero en el apartado anterior-, por más que basada a mi juicio en un error de planteamiento, la podemos encontrar en la doctrina de la Dirección General, en su resolución de 20 de febrero de 2019, según la cual, si bien el artículo 1026 del Código Civil permite afirmar que es al heredero (o herederos) a quien corresponde la administración de la herencia aceptada a beneficio de inventario, “hay que advertir que la administración [de los bienes inventariados] corresponderá en primer lugar a la persona que hubiere designado el testador”.

Parece pues evidente que -además de por las razones dichas en el apartado anterior- el así nombrado deberá ser convocado -por el promotor o por el notario- y que, si acepta su cargo, deberá ser parte en el expediente.

(Veremos de nuevo este asunto al tratar de las medidas cautelares del expediente, en el apartado 32).

f) El caso particular del cónyuge del promotor, cuando su matrimonio se rige por los gananciales (u otro régimen de comunidad universal)

Como veremos (en el apartado 45), al tratar de la responsabilidad por las deudas de la herencia que tiene el heredero que acepta de manera pura y simple, el artículo 995 del Código Civil, a contrario sensu, extiende la responsabilidad al patrimonio ganancial, en el caso de que “concurra el otro cónyuge [el que no es heredero], prestando su consentimiento a la aceptación -sin beneficio de inventario-”. Ciertamente, parece muy extravagante, a cualquier fin práctico, y desde luego no es en absoluto habitual que el cónyuge del heredero concurra para consentir un acto ajeno, que no le compete y que no requiere de tal consentimiento. Pero, si de algún modo ese fuera el caso, es claro que el notario debe desaconsejar vivamente tal comparecencia, cuando el expediente comience por la reserva del derecho a deliberar y, finalmente, el heredero decida aceptar de modo puro y simple.

6. Supuestos en los que el expediente no es posible

a) Cuando la herencia ya haya sido voluntariamente aceptada de forma pura y simple, de un modo expreso

CC: Artículo 999. La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita. Expresa es la que se hace en documento público o privado.

En mi opinión, no es impedimento para acogerse al beneficio de inventario que el heredero haya realizado una previa aceptación, aunque sea expresa, siempre que no haya manifestado que la hace en forma pura y simple. A condición, claro está, de que promueva el expediente, haga la “declaración de hacer uso del beneficio de inventario” y “pida la formación de inventario notarial [art. 1014 CC]”, en la forma y dentro de los plazos legales; plazos que, cuando corresponda, se contarán precisamente desde la aceptación -expresa o tácita- de la herencia y no siempre desde la declaración de acogerse al beneficio -art. 1015 CC- o desde el momento particular que señale el Código Civil -art. 1022-.

b) Cuando la ley sanciona al heredero con una aceptación pura y simple

– Ya sea por sus actos o por sus omisiones

CC: Artículo 999. La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita. Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero. Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

CC: Artículo 1000. Entiéndese aceptada la herencia: 1.º Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos. 2.º Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus coherederos. 3.º Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente; pero, si esta renuncia fuere gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia.

CC: Artículo 1005. Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.

– Ya, por haber desvirtuado el inventario (cuando “hayan sustraído u ocultado algunos efectos de la herencia”, como dice el artículo 1002 del mismo Código).

– Ya, porque, a pesar de haber formulado con anterioridad la voluntad de aceptar a beneficio de inventario o de deliberar antes de hacerlo de un modo u otro, ha incumplido después los plazos máximos para concluir el inventario o para manifestar el resultado de su deliberación (según los artículos 1018 y 1019 del CC).

– El caso especial de los menores y -ciertos supuestos- de personas con discapacidad:

Cuando la aceptación sea tácita o presunta, habrá que estar al contenido de la respectiva norma que la impone, puesto que el Código unas veces ordena la aceptación pura y simple -”se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”, dice el art. 1005- y otras veces condiciona la posibilidad de tal aceptación pura y simple a una previa autorización judicial (arts. 166, para los padres, 287 -antes(*), 271-, para el tutor, curador representativo, defensor judicial o guardador de hecho de la persona con discapacidad.

* En la redacción del Código Civil anterior a la reforma hecha por la Ley 8/2021

En este último supuesto, de la regulación del Código Civil, tanto cabría deducir que no habrá aceptación tácita si no se acompaña de la declaración de hacerse a beneficio de inventario, como que la herencia estará tácitamente aceptada -porque el mandato legal en tal sentido no hace excepciones-, pero que la forma de tal aceptación, pura o a beneficio de inventario, dependerá de una posterior decisión judicial al respecto.

(Examino todas esta alternativa con más detalle en el apartado 7, relativo al uso obligatorio del expediente).

c) Cuando el heredero ha repudiado la herencia y no ha revocado después tal decisión:

CC: Artículo 997. La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan el consentimiento, o apareciese un testamento desconocido.

CC: Artículo 1009. El que es llamado a una misma herencia por testamento y ab intestato y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los dos. Repudiándola como heredero ab intestato y sin noticia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla por éste.

O sea, que, como dice el artículo 997, sólo será inoportuno el expediente en el caso de que tal renuncia no haya sido revocada. A este respecto, es interesante tener en cuenta que la resolución de la Dirección General de 17 de octubre de 2017, tras recordar que sólo es admisible la impugnación de la renuncia fundada en la existencia de algún vicio del consentimiento o en la aparición de un testamento desconocido (y no por los simples actos o declaraciones de voluntad en contrario), permite “reconocer un error-vicio” (y, lo que es más llamativo, lo acepta así aun ocurridos los hechos en el ámbito notarial y aun después de haber sido asesorados los otorgantes por el notario, acerca de los efectos de su renuncia a la herencia). Así, nos dice el Centro Directivo que les está permitido retractarse de su renuncia cuando, a la vista de la calificación registral, “parecen haber conocido los otorgantes que los efectos de la repudiación otorgada no correspondían con los que hipotéticamente pretendían para la misma”, calificando la situación de “error de derecho, en su versión de vicio invalidante de un acto jurídico, pues en esta categoría se debería incluir el que recae sobre las consecuencias jurídicas del acto realizado”.

Independientemente de que la Dirección General, incluso tras afirmar en esa misma resolución que la “ineficacia (que) ha de hacerse valer mediante el ejercicio de la correspondiente acción judicial”, termina, como suele, decidiendo por sí misma, fuera de cualquier proceso y de una personación de partes (que no han pedido nada y que tampoco confirman ni desmienten sus suposiciones), atendiendo a las circunstancias del caso, sienta que será válida la “subsanación” de la renuncia (y lo mismo debe valer para la aceptación, en este caso, la pura y simple, puesto que la regulación del Código Civil es la misma en ambos casos), que la deja sin efecto y la muta en otro negocio distinto, siempre que la otorgue un determinado círculo de personas que ella establece y que igualmente son ajenas al proceso, aparte de todo eso, digo, en lo que ahora interesa, lo importante es tener en cuenta que una de esas consecuencias jurídicas que la aceptación podría tener, pero que los interesados podrían “desconocer” en términos jurídicos (incluso después de haber sido advertidos, según parece), es, precisamente, el alcance “en derecho” de la responsabilidad ultra vires, lo que convertiría en azaroso o discutible este requisito obstativo del expediente de que ahora hablo.

Por lo demás, interesa recordar aquí que no es lo mismo renunciar a la herencia que hacerlo a percibir bienes de la misma, pero que la Dirección General parece exigir que esto último tenga una explicación y que ésta se exprese en el título. Así, en su resolución de 4 de octubre de 2017, acepta los argumentos del recurrente, que aduce que “la conformidad del heredero a no recibir bienes de la herencia no supone renunciar a la herencia, conservando el heredero su derecho a un eventual activo sobrevenido, y respondiendo de las deudas según las reglas generales”, y resuelve que “debe recordarse que el actual artículo 1008 [del Código Civil] establece que la repudiación de la herencia deberá hacerse ante Notario en instrumento público. Así pues, no habiéndose producido esta forma solemne, no hay tal renuncia de herencia”. Por el contrario, en otro resolución suya, de 26 de mayo de 2015, en un supuesto de herederos que lo son por derecho de transmisión, destaca que la viuda del segundo causante no se adjudica ninguna participación, y, sin más, concluye de ahí que es inaceptable que “no conste cuál es el título material como consecuencia del cual no recibe ninguna adjudicación en pago de esa cuota legal; título material que podría, ser, por ejemplo, su renuncia”.

Una razón más para concluir -desde otra perspectiva- que no es el notario la autoridad adecuada para denegar la instrucción del expediente de jurisdicción voluntaria, sin perjuicio de que haga las advertencias que considere oportunas y siempre a salvo que surja una controversia que convierta el asunto en contencioso y le obligue a derivarlo a la esfera judicial y, por supuesto, al margen de que cualquier interesado pueda impugnar -ante quien corresponda- las consecuencias en derecho de un expediente que él cree que no debió comenzar.

d) Por imposición judicial

Y es por esta última consideración que, a los supuestos ya contemplados, es necesario añadir aquí el de la anulación de un expediente de beneficio de inventario ya iniciado, a consecuencia de la oposición judicial al mismo. Y siempre, claro, que la resolución que allí recaiga imponga al heredero la aceptación pura y simple de la herencia, pues, en rigor, nada impide lo contrario, que la autoridad judicial decida levantar la suspensión y ordenar la continuidad o la renovación del expediente de que aquí tratamos -o sencillamente permitirlas, dada la naturaleza de este asunto-, así como podría haber decidido esa autoridad que la herencia “se entienda” aceptada a beneficio de inventario.

(Examino con más detalle este caso al tratar de la mencionada oposición judicial al expediente, en el apartado 37, a propósito de la finalización del acta.)

7. Supuestos de uso obligatorio del expediente (aunque sólo en el caso de que se quiera aceptar la herencia)

No se trata tanto de que la ley obligue a promover el expediente, que eso en realidad no lo hace nunca, sino de supuestos en los que la sustanciación del expediente que concede el beneficio es requisito habilitante o bien de la propia aceptación o bien de una actuación que esté realmente al alcance de los sujetos actuantes, porque la puedan llevar adelante por sí mismos, sin necesidad de obtener una autorización judicial -que bien podría ser negada, dado que su concesión no está dada de antemano-.

En el caso de la herencia a favor de menores y -ciertos supuestos- de personas con discapacidad, este apartado se entremezcla y se confunde en parte con el anterior y con el siguiente, esto es, con aquéllos en los que el expediente es imposible o es innecesario (o así puede ocurrir según se interpreten las normas, como ya he dicho).

En mi opinión, son supuestos propios de este apartado:

a) (Ciertos casos de) Herencia de menores o de personas adultas con discapacidad con necesidad de apoyo y respecto de las que un tercero ejerce funciones de representación

CC: Artículo 166. Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.

(*) CC: Artículo 224. Serán aplicables a la tutela, con carácter supletorio, las normas de la curatela.

(*) CC: Artículo 259. Cuando el poder [o mandato preventivo] contenga cláusula de subsistencia para el caso de que el poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad o se conceda solo para ese supuesto y, en ambos casos, comprenda todos los negocios del otorgante, el apoderado, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, quedará sujeto a las reglas aplicables a la curatela.

(*) CC: Artículo 264: En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287.

(*) CC: Artículo 287. El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo necesita autorización judicial para: 5.º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las liberalidades.

(*) LJV: De la aceptación y repudiación de la herencia. Artículo 93. Ámbito de aplicación. 2. En todo caso, precisarán autorización judicial: b) Los tutores, los curadores representativos y, en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.

(*) LJV: Artículo 95. 2. En el caso de haberse solicitado autorización o aprobación para aceptar sin beneficio de inventario o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el Juez, sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.

(*) Textos todos ellos introducidos por la Ley 8/2021, de 2 de junio, y sujetos por tanto a su entrada en vigor y a su derecho transitorio, especialmente, en cuanto a las situaciones de prórroga o rehabilitación de la patria potestad.

En todos estos casos, el Código Civil no dice que la herencia “se entenderá aceptada a beneficio de inventario”, sino que únicamente podrá aceptarse en tal forma. Parece pues que la consecuencia es que -por la denegación judicial (ex art. 166) o sin la autorización judicial (en los demás casos)- no cabe una aceptación pura y simple (ni por silencio -artículo 1005- ni por incumplimiento de plazos para formular el beneficio -artículos 1013 y ss.- ni por previa aceptación tácita o presunta -arts. 999 y ss.-), sino que la aceptación debe ser expresa y, además, no producirá efectos si no se hace a beneficio de inventario.

A partir de ahí, caben dos interpretaciones: o bien que el representante legal del heredero está obligado a promover el expediente, cumpliendo iguales requisitos que se exigirían a cualquier otro heredero y con iguales consecuencias en caso de incumplimiento de sus requisitos o deberes que siguen a la obtención del beneficio (sin perjuicio de su eventual responsabilidad por mala administración de intereses de terceros); o bien que el expediente es innecesario, que la herencia se “entiende aceptada a beneficio de inventario”, sin necesidad de expediente -o con independencia de la forma más o menos correcta en que éste se substancie- (lo que, como digo, nos conduce al apartado 8, el siguiente de este estudio).

De esas dos posibles consecuencias, la primera es la que literalmente se lee en el Código Civil. Pero lo cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha resuelto lo contrario. Así, en su resolución de 1 de junio de 2012, en un caso en que un tutor ratifica un contrato privado, tras constatar que es un acto que implica una aceptación tácita de la herencia, confirma el defecto de que no consta la autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario, pero añade que es un defecto subsanable y no pide para corregirlo sino que la tutora “manifieste” que acepta a beneficio de inventario. Después, en su resolución de 4 de diciembre de 2017, se plantea el problema -sin resolverlo, por no ser el objeto del debate- y dice que el administrador de la herencia está legitimado para interpelar al representante legal del heredero menor de edad, pero, añade, “sin tener que determinar ahora si el efecto de no contestar en plazo, realizándose el requerimiento notarial a un representante legal, puede ser el de la aceptación pura y simple, cuando para ésta dicho representante precisara autorización judicial”. Es un excurso un tanto gratuito, porque además, en el caso, ese representante legal era un progenitor y éste no necesita de tal autorización judicial para aceptar de modo puro y simple, pero interesa sin duda al caso que ahora examino. Lo que está claro es que la interpellatio no puede quedar sin efecto y que los coherederos del menor o persona con discapacidad tienen derecho a fijar el círculo de los mismos, a tantos efectos como trae consigo para ellos la aceptación o la renuncia de los demás, pero es igualmente claro que se trata de un supuesto no regulado.

Aunque, en ese caso, la Dirección General dejó su respuesta en el aire, lo cierto es que su posición puede deducirse de sus decisiones en otros supuestos muy próximos. Así, en su resolución de 16 de julio de 2007, respecto de las fundaciones (con el respaldo de su ley especial) y en la de 26 de junio de 2019, respecto de las personas sujetas a representación legal (esta vez, sin cita de una norma que la ampare) ha optado por aplicar la misma solución excepcional que el Código Civil da a la herencia atribuida al Estado (cuando dice, en su artículo 957, que “los derechos y obligaciones del Estado serán los mismos que los de los demás herederos, pero se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que enumera el artículo 1023”). Así, en la primera de las dos resoluciones citadas, dice la Dirección General que “de la Ley de Fundaciones se extrae la conclusión de que, para ellas, la aceptación -también la tácita- es siempre necesariamente con beneficio de inventario, sin que sea preciso que el llamado declare querer utilizar dicho beneficio”; y, en la segunda, que, aunque “ciertamente, el Código Civil establece que será necesaria autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia. No obstante, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, debe considerarse válida la aceptación realizada y producidos los efectos del beneficio de inventario a favor del tutelado, de suerte que las consecuencias de la eventual inobservancia por el tutor del requisito legal debatido han de quedar limitadas al ámbito de la responsabilidad de dicho representante legal por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de su cargo”, (fórmula ésta de la responsabilidad del representante que parece que toma del régimen legal prescrito para las fundaciones, aunque no haya una norma específica equivalente).

Siguiendo esta posición, todos los supuestos de este primer subapartado deberían incluirse en el caso de innecesariedad de requerir y seguir el expediente, pues el beneficio debe darse por obtenido. Sin embargo, no me parece tan claro que la equiparación con el estado pueda ser completa, pues, para los demás sujetos, los efectos de aceptar a beneficio de inventario son muchos, entre ellos, la necesidad de nombrar un administrador de los bienes, por lo que el expediente podrá prescindir de algunas fases, pero entiendo yo que no de todas. Por todo lo cual, mi propuesta es que el notario aconseje a tales representantes que, sea o no prescindible, actúen del modo ordinario y promuevan y formalicen el pertinente expediente de aceptación a beneficio de inventario.

b) El caso especial de la herencia aceptada por la propia persona con discapacidad, que actúa por sí misma, en su caso, con los apoyos que pueda necesitar

Tras la ya mencionada reforma hecha por la Ley 8/2021, de 2 de junio, parece claro, en buena lógica, que este régimen de aplicación automática del beneficio de inventario, que ha sentado para la tutela, la Dirección General lo extenderá a la curatela y, quizá, la representación derivada de un mandato preventivo o incluso a la guarda de hecho, dado que el nuevo texto del Código Civil asimila el régimen de actuación de todas esas figuras, en cuanto a la aceptación de la herencia; pero, sin duda, que habrá que espera a que sea ella quien lo diga, llegado el momento.

Como también deberemos esperar a conocer su posición respecto del caso, aún más importante y que debería ser el más general, de que sea la propia persona con discapacidad la que acepte la herencia, amparada en esa importantísima ley 8/2021, regulatoria, pero sobre todo y, por primera vez en nuestro derecho, favorecedora de la actuación con apoyos, por parte de las personas con discapacidad (favorecer, digo, pues permitidos, yo creo que los apoyos ya lo estaban, al amparo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor en España desde el año 2008 -en adelante, la Convención-), apoyos de que se pueden servir, en el ejercicio de “su” capacidad jurídica, no en el ejercicio que otros desplieguen por ellas y para ellas, sino en el de su capacidad propia, la de ejercer sus derechos y decisiones por sí mismas, con el apoyo que puedan necesitar y que ellas demanden.

La Convención, que, entre los muchos que reconoce a las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida, se ocupa en particular de sus derechos de tipo económico, es muy clara en este punto, cuando dice, en su artículo 12, que los estados están obligados a reconocer su capacidad jurídica de obrar “en igualdad de condiciones con los demás”, y la ley 8/2021, que se dice aprobada para adaptar nuestro ordenamiento a sus mandatos, repite literalmente esa frase, y es evidente que “los demás” sujetos al Código Civil sí que deben promover el expediente para conseguir el beneficio de inventario.

Pero, siendo todo ello así, sería temerario olvidar que la doctrina de la Dirección General sobre esas personas y sobre su capacidad jurídica y de obrar ha sido muy restrictiva y muy “protectora”, y muy poco favorable a reconocerle una igualdad con los demás, en derechos y deberes. Así, en una resolución tan reciente -tan próxima, por tanto, a la reforma del Código Civil- como la de 25 de febrero de 2021, ha dicho, literalmente, que “aquellos actos jurídicos que puedan poner en riesgo la situación personal o económica del discapacitado merezcan por nuestra parte una mayor desconfianza”; y sigue manteniendo que la incapacitación solo es una forma de “protección” -un concepto felizmente abandonado por el Código Civil, pero muy querido y beligerantemente sostenido por nuestro Tribunal Supremo y nuestra Dirección General-. O, en la resolución de 28 de junio de 2019, cuando le exige a la persona con discapacidad, para que pueda quedar sujeta a (la antigua) curatela y por tanto a una incapacitación parcial, “un alto grado de discernimiento, que le debe hacer hábil de regir su persona, como acontece en los demás supuestos de curatela (emancipados, habilitados, pródigos)”, y añade que “de no ser así, lo que procede es someter al incapaz a tutela, por carecer de capacidad para gobernarse por sí mismo”, o cuando apela a una incapacitación “susceptible de graduación según la gravedad de la enfermedad o deficiencia de la persona incapaz”. Un modelo “médico” de la discapacidad que lleva décadas rechazado y abandonado por los tratados internacionales sobre la discapacidad, en favor del llamado modelo social, que no pone el foco exclusivo en las deficiencias de la persona -mucho menos en una inexistente enfermedad-, sino en la “interactuación con diversas barreras, que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, como dice la Convención.

c) Herencia a favor de menores (no legitimarios), cuando el testador ha dejado sujetos los bienes a una administración privada, que excluye o hace innecesaria la autorización judicial para los actos de enajenación

Se trata -como claramente se deduce de su enunciado- de un supuesto muy particular, y es el resultado de una doctrina aún más particular (en el sentido de ser una simple opinión o parecer, muy prestigioso, pero que no se basa en norma legal alguna), que enuncia la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de fecha 12 de julio de 2013. No me parece una posición muy solvente, pero debo reconocer que la resolución intenta proporcionar una respuesta jurídica a la intención o voluntad de los padres de facilitar las relaciones jurídicas de sus hijos con discapacidad intelectual, predisponiendo ellos mismos un régimen de la genéricamente llamada autotutela o, mejor, autorregulación jurídica y excluyendo en lo posible la necesidad de una autorización judicial, porque prefieren un control familiar y privado.

Una posibilidad autorregulatoria que las leyes de ese tiempo ya afirmaban favorecer y que, hoy, tras la tantas veces citada reforma en esta materia de la Ley 8/2021, de 2 de junio, debería ser una posibilidad aun mayor, por más que desde bases radicalmente diferentes y mucho más ambiciosas. Aunque, de nuevo, también en este asunto, es de temer que entre en juego la particular concepción de la Dirección General, hasta ahora tan negativa a toda desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad, al menos en el caso de esta resolución, debe reconocerse que la Dirección General no se limitó -como suele- a expresar una simple negativa, sino que aportó una alternativa; complicada, discutible y sin duda peor al régimen legal actual, pero que intentó ser viable en ese momento y que construye a partir del requisito -que ella impone, como digo sin un claro sustento teórico, pero que es el que interesa aquí-, de que la herencia haya sido aceptada a beneficio de inventario. Dijo así la Dirección General que “el Código Civil establece normas imperativas para la disposición de bienes de menores” y que “también la legítima es materia indisponible”, por lo que “ambas regulaciones, interpretadas conjuntamente, han motivado una interpretación restrictiva del artículo 164 del Código Civil, que establece los casos en los que los bienes relictos quedan exceptuados de la administración paterna, incluyendo en primer lugar… los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Añadiendo que se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos”. Continúa diciendo la Dirección General en esa resolución suya que “podría considerarse en aras al respeto de la voluntad del difunto, en la que se incluye su libertad para configurar como tuviera a bien su sucesión, que un heredero voluntario -no legitimario- menor de edad podría ser adjudicatario de bienes con sometimiento a un régimen de administración para el que prevea la exclusión de autorización judicial, como permite expresamente la legislación navarra y catalana (en la que, recordemos, no existe legítima material). Si el causante puede no dejar nada al heredero, también podrá dejarle bienes sujetos a administración especial. Para ello siempre será necesario que el menor no haya de responder de cargas o gravámenes que empeoren su situación patrimonial preexistente, ya que en tal caso no estaríamos ante una atribución gratuita”. Y concluye por todo ello que “tratándose de bienes de los que libremente pudiera disponer el testador, podría aceptarse una administración especial si se cumplen determinados requisitos… establecerse una correcta separación entre el patrimonio administrado y el restante del menor, para lo cual, debe concurrir el efecto legal del beneficio de inventario…, que impida la contaminación por deudas del causante sobre el patrimonio preexistente o posterior al óbito, del menor”.

Claro está que es poco habitual decir de toda adquisición hereditaria que sólo es a título gratuito cuando se hereda a beneficio de inventario, cuando éste es -por desgracia- el modo “normal” de heredar, y sin que conste previamente acreditada su condición de deficitaria; una extravagancia que contradice normativas tan preciadas para la Dirección General como la propia Ley Hipotecaria, por ejemplo, en sus artículos 26 o 34 -nada menos-; pero, como digo, debe reconocérsele que hubo de su parte una propuesta positiva; en un obiter dicta, puesto que no era la situación del supuesto de hecho, pero interesante como declaración de principios. Esperemos que así sea.

8. Supuestos de innecesariedad de promover el expediente (no obstante lo cual, éste produce sus plenos efectos)

a) Por disposición del Código Civil

En estos supuestos, el Código Civil dispensa de la necesidad de promover el expediente, aunque no parece que sea incorrecto acudir a él, de todos modos. La verdadera consecuencia es que el heredero obtiene el beneficio sin realizar un inventario.

Pero el régimen del beneficio así obtenido es, en mi opinión, el ordinario que prescribe el Código Civil, incluidos por tanto los efectos adversos -su pérdida en ciertos supuestos- y las restricciones duraderas sobre los bienes -régimen de administración y limitaciones dispositivas-. Así lo afirma expresamente la ley cuando el heredero es una fundación o la herencia está en concurso; y así creo que debe entenderse también en el caso de la herencia que el heredero toma de un tercero -artículo 1021 CC-.

Tenemos así:

– Herencia reclamada judicialmente de manos de un tercero

CC: Artículo 1021.El que reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en posesión por más de un año, si venciere en el juicio, no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de este beneficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia con los bienes que le sean entregados.

En este supuesto -y extrañamente- el Código Civil no exige que los bienes heredados sean precisamente los mismos que el heredero recibe de ese tercero. Más aún, podría dar la impresión de que la responsabilidad del heredero la limita la ley a los concretos bienes que le entrega el juzgado, aunque en la herencia hubiera más. No obstante, parece claro que la responsabilidad por las deudas del causante alcanzará a todos los bienes que el acreedor demuestre que provienen de la herencia.

Por lo demás, éste es el único caso -aun incluyendo el de la herencia a favor del estado- en el que el Código Civil elimina toda responsabilidad ultra vires, de modo que ningún acto posterior del heredero puede hacerle perder el beneficio asignado por este artículo; pero no parece haber ningún motivo para ello y, como he dicho, creo que, a pesar de ese texto, llegado el caso, los jueces entenderán que la limitación de la responsabilidad puede perderse del mismo modo y por los mismos motivos que cuando concurre un expediente de beneficio de inventario.

– Herencia de un causante que estaba él en situación de concurso:

Ley Concursal: Artículo 571. Fallecimiento del concursado. 1. La muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, que continuará tramitándose como concurso de la herencia, correspondiendo a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal relicto. 2. La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la ostente conforme a derecho y, en su caso, a quien designen los herederos. 3. Fallecido el concursado, la herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso.

– Herencia en situación de concurso:

Ley Concursal: Artículo 567. Declaración de concurso de la herencia. El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

Ley Concursal: Artículo 568. Legitimación para solicitar la declaración de concurso. 1. Para solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura y simplemente están legitimados el administrador de la herencia yacente, los herederos y los acreedores del deudor fallecido. 3. La solicitud formulada por un heredero producirá los efectos de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

– Herencia a favor de una fundación:

CC: Artículo 748. La institución hecha a favor de un establecimiento público bajo condición o imponiéndole un gravamen sólo será válida si el Gobierno la aprueba.

Ley de Fundaciones: Artículo 20. Herencias y donaciones. 1. La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los patronos serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario por los actos a que se refiere el artículo 1024 del CC.

Vemos que las regulaciones especiales del Código Civil y la ley de Fundaciones son poco concordantes a este respecto, dado que nada exige ni impide que la fundación que ha aceptado a beneficio de inventario reciba una herencia sujeta a condición o en la que el testador le imponga un gravamen.

Puesto que esta última ley apunta a una responsabilidad personal de los patronos, si se diera el caso particular de que la institución sea a favor de una fundación que gestione un establecimiento público y esté hecha bajo condición o imponiéndole un gravamen, me parece aconsejable que el notario, antes de que formalicen su aceptación a beneficio de inventario, les advierta a esos patronos de la conveniencia de solicitar el previo consentimiento del Protectorado; un trámite muy sencillo, por lo demás.

b) Por analogía con los anteriores

Se trata de tres supuestos en los que la ley ordena un efecto igual al más genuino y principal del beneficio de inventario, pero que -en mi opinión- no cabe calificarlos propiamente como expresiones de tal institución: bien porque no haya propiamente herederos, sino una distribución de los activos que puedan quedar tras la liquidación de la herencia (serían los casos de la herencia dejada a los pobres -art. 992- y de la herencia aceptada por los acreedores del heredero -art. 1001 CC-); bien porque lo que se regula no es propiamente la herencia -que por lo demás podrá haber sido aceptada pura y simplemente o a beneficio de inventario- sino una limitación de la responsabilidad patrimonial universal, específica para un determinado crédito y un determinado acreedor (el caso de la hipoteca inversa).

– Herencia dejada a los pobres:

CC: Artículo 992. La aceptación de la [herencia] que se deje a los pobres corresponderá a las personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto a las que señala el artículo 749, y se entenderá aceptada a beneficio de inventario.

– Herencia aceptada por los acreedores del heredero que renuncia:

CC: Artículo 1001. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél. La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este Código.

La aceptación sólo producirá pues el efecto de “aprovechar” a los acreedores y nunca el de comprometer su patrimonio previo. Como veremos, en el apartado 12, al tratar del requisito de ser heredero que debe reunir el promotor del expediente de beneficio de inventario, en mi opinión, no es una verdadera aceptación de la herencia y no cabe por tanto tal beneficio, que no es sino una forma de aceptación.

– Respecto del acreedor de una hipoteca inversa:

Ley de regulación de la hipoteca inversa: Disposición adicional primera. 6. Cuando se extinga el préstamo o crédito regulado por esta disposición y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia.

c) Porque el inventario ya está hecho

CC: Artículo 1022. El inventario hecho por el heredero que después repudie la herencia aprovechará a los sustitutos y a los herederos ab intestato, respecto de los cuales los treinta días para deliberar y para hacer la manifestación que previene el artículo 1019 se contarán desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento de la repudiación.

El Código Civil sólo cita el caso del inventario hecho por un heredero que después repudia. Pero la misma razón concurre y debería tener iguales consecuencias en cualquier otro supuesto semejante. Así: el de los coherederos del que ya hizo un inventario de la misma herencia, que no tienen por qué repetirlo; y el caso del heredero que recibe una herencia que ya ha sido inventariada, si se hizo con iguales requisitos que los del beneficio de inventario (por ejemplo, porque así lo haga un contador-partidor, en el ejercicio de sus funciones).

En estos supuestos, pienso que el heredero puede, efectivamente, acogerse al inventario ya realizado, asumiéndolo como propio y remitiéndose a él, pero que nada impide que lo reforme o incluso lo rehaga, si no lo considera correcto o adecuado.

9. Supuestos en los que el beneficio de inventario no requiere ni de la realización del expediente ni del cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Civil, de modo que el expediente es no sólo innecesario sino inoportuno, (además de que, de todos modos, no estaría bajo competencia del notario)

a) Herencia a favor del estado

CC Artículo 957: Los derechos y obligaciones del Estado serán los mismos que los de los demás herederos, pero se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que enumera el artículo 1023 [el que enumera los efectos del beneficio de inventario y, en particular, el fundamental de excluir la responsabilidad ultra vires].

Ley Patrimonio del Estado: Artículo 24. La aceptación de herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.

Ley de Patrimonio Histórico Español: Disposición Adicional Octava. La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, aunque se señale como beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter histórico, artístico, científico o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose aceptada la herencia a beneficio de inventario.

b) Herencia a favor de una entidad local

Reglamento bienes de las entidades locales: Artículo 12. 3. La aceptación de herencias se entenderá a beneficio de inventario.

c) Herencia a favor de una administración pública

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas:

- Artículo 20. Normas especiales para las adquisiciones hereditarias. 1. La aceptación de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.

- Artículo 20 ter. Efectos de la declaración de heredero abintestato. 1. Realizada la declaración administrativa de heredero abintestato, que supondrá la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, se podrá proceder a tomar posesión de los bienes y derechos del causante y, en su caso, a recabar de la autoridad judicial la entrega de los que se encuentren bajo su custodia.

2. Los bienes y derechos del causante no incluidos en el inventario judicial y que se identifiquen con posterioridad a la declaración de la Administración General del Estado como heredera abintestato y a la adjudicación de los bienes y derechos hereditarios, se incorporarán al caudal hereditario y se adjudicarán por resolución del Director General del Patrimonio del Estado y mediante el procedimiento de investigación regulado en el artículo 47.

10. Autor del inventario

a) Inventario “notarial”

CC: Artículo 1014. El heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá comunicarlo ante Notario y pedir en el plazo de treinta días a contar desde aquél en que supiere ser tal heredero la formación de inventario notarial con citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.

El artículo 1014 del Código Civil dice que el heredero deberá pedir la formación de inventario “notarial”. Con lo que casi parece que se está refiriendo a que el heredero puede limitarse a formular su petición y quedar a la espera de que el notario le informe del resultado: cuáles son los bienes y qué valen, qué deudas hay y cuánto se debe por ellas; según lo decidido por el notario y, ocasionalmente, por lo que digan los acreedores y legatarios -a los que previamente habrá citado, y siempre que ellos hayan considerado conveniente participar en el proceso-, y, eso sí, contando con que el heredero, mediando culpa o negligencia, no haya impedido que el inventario principie, concluya y, en fin, se realice todo él con las formalidades previstas.

Nada de todo eso tiene sentido en nuestro Derecho, y además el artículo 1021 habla de la obligación del heredero de hacer inventario, el 1022, del inventario hecho por el heredero y, por concluir, el 1024 -todos del Código Civil-, del heredero que no incluye -él- en el inventario algún bien, derecho o acción.

b) Inventario hecho por el heredero

En mi opinión -y al menos en cuanto al expediente notarial respecta-, el responsable último del contenido del inventario y la única persona con derecho a decidir eventuales controversias acerca del mismo es el promotor. El notario deberá realizar por sí las actuaciones que le encomiende la ley y deberá reflejar en el expediente las acciones y manifestaciones de los terceros convocados, según esa ley, pero el verdadero sentido del adjetivo “notarial” que el Código atribuye al inventario es que el heredero lo realiza con intervención y bajo la autorización del notario, y que lo deja protocolizado.

Creo que es el heredero el que puede y debe realizar indagaciones privadas sobre el patrimonio del causante, como mejor o acaso única forma de cumplir bien con su obligación de realizar un inventario “fiel y exacto”.

Desde luego y como no puede ser de otra manera, puede realizar estas gestiones antes de iniciar el expediente ante notario, pero también puede seguirlas realizando después, con igual privacidad, siempre que termine por volcar el resultado de sus pesquisas en el inventario que finalmente él, como heredero, aprueba y deja protocolizado.

Determinadas actuaciones, es recomendable -el notario debe sugerírselo así al promotor del expediente- que se realicen con presencia de notario -sobre todo por la más que probable incomparecencia de todos los acreedores, generalmente bancos-, para que quede la debida e incontrovertible constancia de lo que en ese momento se descubra; así, la apertura forzada de una caja fuerte, la de una caja de seguridad en una entidad bancaria, y en general aquellas acciones por medio de las cuales el heredero conocerá por primera vez la existencia de bienes de la herencia (primera visita a un negocio, petición a un tercero de libros de contabilidad, recuperación de una vivienda alquilada, etc.)

De lo que el notario se debe preocupar es de hacerle comprender al promotor que tal presencia notarial no basta por sí sola; porque se trata de un verdadero expediente de jurisdicción voluntaria -a cargo de un notario- y no de la simple acreditación objetiva e imparcial de ciertos hechos y de la realidad de ciertas declaraciones, que es lo más que puede conseguirse mediante una acta notarial de presencia -o con varias relacionadas-; sino de un proceso que se realiza ante -o al menos con la oportunidad de concurrencia de- terceros. Un proceso similar al que prescribe el artículo 1057 del Código Civil, cuando dice que “el contador partidor deberá… inventariar los bienes de la herencia, con citación de…” determinadas personas. Con la diferencia respecto de tal caso de que, en el que ahora examinamos, el inventario y la declaración de aceptar con el beneficio asociado a él se deberá realizar ante notario, y no de forma privada.

11. Intervención de los acreedores y legatarios

LN: Artículo 68. 3. El pasivo incluirá relación circunstanciada de las deudas y obligaciones, así como de los plazos para su cumplimiento, solicitándose de los acreedores indicación actualizada de la cuantía de las mismas, así como de la circunstancia de estar alguna vencida y no satisfecha. No recibiéndose por parte de los acreedores respuesta, se incluirá por entero la cuantía de la deuda u obligación.

Dice el citado artículo 1014 del Código Civil que el inventario notarial se hará “con citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere”. Como vimos en el apartado anterior, respecto del promotor, el Código no prevé para los acreedores y legatarios más que una mera y pasiva “presencia”, pero, de nuevo y quizá con aún más claridad, también aquí me parece que eso es inadecuado.

En mi opinión, el expediente está abierto a distintas intervenciones posibles de tales terceros, y entiendo que el notario deberá reflejarlas debidamente. Intervenciones que creo que además no estarán necesariamente confinadas al momento para el que han sido citados. Por el contrario, creo que la finalidad propia de la citación que se les hace es la de darles a conocer a los terceros el propósito del heredero de aceptar a beneficio de inventario y, por tanto, limitar su responsabilidad por las deudas de la herencia y que todo ello se sustanciará mediante el oportuno expediente notarial, en el que ellos podrán intervenir, “si les conviniere”, pero no sólo para “presenciar”, sino para propiamente intervenir. Siendo pues admisible que los acreedores se personen en la Notaría, por ejemplo, para expresar datos sobre sus créditos, para señalar la existencia de bienes no mencionados por el heredero, para solicitar tasaciones o medidas cautelares, etc., y que pueden hacer tales cosas tanto antes como después del día señalado para el inventario; y el notario deberá recoger todas esas actuaciones y manifestaciones en el expediente.

De hecho, aunque ciertamente el Código Civil no contempla ninguna forma de intervención particular de acreedores y legatarios, la Ley del Notariado sí lo hace, aunque sólo sea a ciertos efectos, muy limitados.

En definitiva, creo que no están tasadas las posibles actuaciones en el expediente de legatarios y acreedores, pero que son varias y que, además de las apuntadas, cabe pensar al menos en las siguientes:

– Fijar para sí un domicilio electrónico para futuras notificaciones derivadas del expediente.

– Hacer constar la existencia de otros bienes, que el heredero no ha incluido en el inventario, quizá de forma inadvertida, o declarando su convicción de que lo ha hecho de mala fe. (Ello sin perjuicio de que el inventario no es lugar para acreditar el dolo o la negligencia del heredero.)

– Hacer constar que -en opinión del declarante- el promotor está provocando gastos innecesarios en la formación del inventario y que lo hace con dolo o mala fe.

– Solicitar la intervención de peritos, para que valoren los bienes. (En este último caso, creo que el notario debe formar el equivalente a una “pieza separada”, esto es, documentar el nombramiento de los peritos en otro expediente, dejando en éste la nota correspondiente y reflejando en su momento el resultado, así como la valoración hecha por el perito.)

– Demandar al notario la adopción de las medidas cautelares que prevé el Código Civil (y no otras).

– Acreditar la existencia de un procedimiento contencioso, con el mismo objeto (aceptación tácita, enajenación subrepticia de bienes, carácter culposo o negligente de la actuación del heredero, etc.), o con otro, pero “cuya resolución pudiese afectarle [art. 6 LJV]”; lo que impediría al notario continuar con el expediente.

– Acreditar la existencia de un expediente notarial o judicial anterior, de jurisdicción voluntaria, pidiendo al notario que se abstenga, a favor del primero -si aún no ha concluido- o para que tenga en cuenta su contenido -si ya se resolvió, pero el cambio de circunstancias permite reabrirlo-; en cuyo caso, “lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten conexos a aquél”; según ordenan los artículos 6 y 19 de la LJV.

Además, y en el caso concreto de los acreedores, podrán:

– Hacer constar los créditos de que son titulares y que el heredero no ha mencionado -aún- en el inventario.

– Rectificar datos erróneos y completar los datos identificativos de aquellos créditos que el heredero sí ha incluido; especialmente su importe actual y su carácter de vencidos (según dice el artículo 68 LN) o su condición de crédito preferente (omitida en esa última norma, pero posible, siempre que conste ya acreditada -aunque al margen del expediente, pues éste no es lugar para ello-).