Kitabı oku: «Colombia. El terror nunca fue romántico»
Mackenzie, Eduardo
Colombia : el terror nunca fue romántico / Eduardo Mackenzie. -- 1a ed. -- Bogotá : Cangrejo Editores ; Buenos Aires : Ediciones Gato Azul, 2021.
296 p.
Incluye índice de nombres
ISBN 978-958-5532-35-9
1. Colombia - Política y gobierno - Artículos de diarios - Siglo XXI 2. Colombia - Condiciones sociales - Artículos de diarios I. Título
CDD: 320.9861 ed. 23
CO-BoBN– a1079024
PRIMERA EDICIÓN: AGOSTO 2021
© Eduardo Mackenzie
© Cangrejo Editores, 2021
Transversal 93 núm. 63-76 Int. 16, Bogotá, D.C., Colombia
Telefax: (571) 276 6440 - 541 0592
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© Ediciones Gato Azul, 2021
Buenos Aires, Argentina
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ISBN: 978-958-5532-35-9
DIRECCIÓN EDITORIAL:
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PRODUCCIÓN EDITORIAL:
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PREPRENSA DIGITAL:
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DISEÑO GRÁFICO
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CONTENIDO
Prefacio
Impostura: las Farc piden a gobernadores y alcaldes satisfacer sus exigencias
¿Colombia debe volver a la seguridad democrática?
Claudia lópez pretende exponer grupos de civiles a la violencia de los vándalos
¿A quién le sirve Claudia López?
El lenguaje mamerto
Enemigos de la historia
La JEP y sus pescas milagrosas
Cómo Soros infiltró la Corte Europea de Derechos Humanos
Colombia: saludable repudio a la injerencia abusiva de la ONU
Le piden al presidente Duque que actúe para atajar el crimen en masa del aborto
¿El «derecho a la protesta» es una herramienta subversiva?
¿Cómo luchar por la abolición de la JEP?
Los mamertos quieren sepultar la verdad sobre las Farc
Mis críticas al texto de Pedro Aja Castaño sobre coronavirus y el Evento 201
Antiamericanismo y complotismo
Lo que hay detrás de la frase «apagar la economía»
Colombia: la subversión llama a abandonar la lucha contra el Covid-19
Lucha humanitaria y resistencia contra el Covid-19
Kienyke oscila entre la realidad y la farsa
Colombia: ¿espías v/s periodistas?
La JEP quiere echarle mano a la memoria histórica
La seguridad estratégica de Colombia en peligro
Francia en medio de la pandemia de la Covid-19
El caso Burchett
¿Uribe sospechoso de espionaje?
La denuncia anónima en el derecho francés
Novedad: los archivos del CNMH son consultables por teléfono y computador
Matanza en el Centro Andino: ¿también terminará impune?
¿Quién mueve los hilos de la detención de los investigadores de la SIJIN?
Suzanne Labin, Juana de Arco de la libertad
Colombia: el terror nunca fue romántico
La sombra de Stalin
Las Farc quieren sacar a los asesores americanos de Colombia
Lo que la BBC le oculta a la opinión británica sobre Colombia
La JEP trata de colapsar el derecho de defensa
Sigue la intoxicación noticiosa contra Colombia
La elección de Sandra Ramírez a la vicepresidencia del senado es una especie de síncope de la nación
Las Farc representan el pasado: siguen siendo unos fracasados
El autor del incendio de la Catedral de Nantes confesó su crimen
El verdadero delito que le imputan a Uribe
Colombia: ¿hacia la guerra civil?
Onda de indignación crece en Colombia contra la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe
Sobre la detención domiciliaria dictada contra el expresidente Uribe
Iván Cepeda, enemigo de la transparencia
El final de un ciclo político
El desafío del marxismo
La indagatoria contra Uribe: un acto surrealista
Cumbre fallida de Santos en «Los Alpes»
Proteger la constitución: lo que falta en Colombia
Gustavo Petro incendiario impune
Una nueva guerrilla urbana golpea a Colombia
No a la «transformación» de la Policía Nacional
Los embuchados de Ariel Ávila
Petro y su bastón de mando
La CSJ: nuevo paso hacia el control del poder ejecutivo
Colombia: nuevo golpe a la libertad de opinión y de expresión
Santos y Petro en pleno electrochoque
El eurodiputado sin calzones amigo de Petro
¿Guillotina o control político?
¿Qué busca la «minga» versión 2020?
La minga indígena amenaza a Bogotá
Francia: Samuel Paty, un mártir de la libertad
Inquietantes embestidas simultáneas
Los «humanistas» que quieren matar al expresidente Uribe
Francia: un islamista asesinó al profesor Samuel Paty
Un poco más de calma, embajador Goldberg
De nuevo el islamo-fascismo atacó en Francia
¿Feliciano Valencia en peligro?
«Timochenko» y Cepeda deben explicar qué pasó con José Cardona Hoyos
No, esta elección no es un referendo pro o anti Trump
¿Joe Biden gran amigo de Colombia?
Guardián de la verdad revelada
Proceso o espejismo de paz
No es un proceso de paz
La JEP reivindica ser el máximo tribunal de la justicia de Colombia
Colombia debe ganar la guerra de la memoria
Una siniestra condecoración
Un Black Lives Matter hace de las suyas en Cartagena
Los ataques intempestivos de un presidente
Sobre la epidemia del coronavirus en europa
El mendigo de las vacunas
El candor de Duque está matando a Colombia
¿Colombia Humana? No. Colombia bestial
¿Bloqueos ilegales? No. Ahora son «espacios de discusión»
¿Le cambiarán el nombre a Colombia?
¿Ingrid Betancourt contra las Farc?
Sin un gesto de compasión
Notas al pie
PREFACIO
COLOMBIA ES UN PAÍS EN PELIGRO. Es un país que podría morir. Las instituciones liberales-conservadoras que sus líderes y ciudadanos edificaron durante más de 200 años, con tantos sacrificios, tras la independencia de España, están siendo demolidas. Fuerzas totalitarias quieren transformar a Colombia en un satélite miserable de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Durante más de 70 años, sin interrupción, Colombia sufrió los ataques de cinco aparatos armados comunistas, organizados por Moscú, Pekín y La Habana. A pesar de las masivas atrocidades y devastaciones que cometieron, esas guerrillas y sus partidos legales no lograron que Colombia, para defenderse, renunciara a sus fundamentos democráticos.
Como no triunfó, la subversión logró al menos penetrar y controlar parcelas del Estado y de la sociedad. El poder judicial, el aparato escolar-universitario, el movimiento sindical están hoy, entre otros, bajo esa nefasta influencia. Y lo que es peor: en 2010 lograron que un sector de la élite de gobierno ayudara a tal demolición. La «negociación de paz» que un presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió con las Farc fue una obra maestra de revolución palaciega obtenida por las vías de hecho: condujo a la capitulación en regla del Estado democrático ante las ambiciones del narco-comunismo. Negociado en La Habana e implementado durante ocho años por Santos, el pacto de éste con las Farc fue rechazado por los colombianos en el referendo del 2 de octubre de 2016.
Santos pasó por encima de la voluntad popular. Obligó a las fuerzas militares a reducir su estrategia anti Farc y el desastre político, económico, moral e institucional se hizo visible: la guerra híbrida continuó, el narcotráfico se triplicó y la justicia politizada estuvo a punto de declarar la muerte civil de Álvaro Uribe, el principal enemigo de los pactos en Cuba, el popular expresidente que en sus ocho años de gobierno derrotó a las Farc e impidió que Hugo Chávez se apoderara de Colombia. En el periodo de Santos, el Centro Democrático, partido uribista, fue objeto de violentos ataques de las bandas armadas y del poder central. Las Fuerzas Armadas fueron paralizadas y las Farc recuperaron el terreno que habían perdido. Los «acuerdos» firmados en La Habana, un texto de 310 páginas, fueron elevados por el gobierno Santos al rango de adiciones «irreversibles» de la Constitución. «Señores hemos perdido la patria», declaró el exministro y periodista Fernando Londoño cuando JM Santos obligó al Congreso a validar, mediante un procedimiento inconstitucional, los arreglos de La Habana, el 5 de diciembre, que el país había rechazado en el referendo dos meses antes.
Las Farc burlaron los acuerdos: no entregaron sus armas ni los niños que estaban en sus filas y las centenas de miles de víctimas causadas por la aventura revolucionaria, no fueron indemnizadas. Las Farc ganaron en todos los terrenos. Hasta pudieron crear un tribunal «especial», la JEP, dedicado a absolverlos penalmente. Y, nota cumbre, 10 de sus jefes más crueles llegaron al Congreso de la República sin ser elegidos por nadie. Y para llevar a la incandescencia la humillación de los colombianos, JM Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
¿Colombia terminará gobernada por émulos de Hugo Chávez? El gobierno de Santos abrió las puertas a eso: eliminó la fumigación aérea de los cultivos ilícitos y declaró esa nefasta actividad como «delito político». Así, algunos «desmovilizados» y los «disidentes» de las Farc pudieron continuar en ese negocio. En 2022, el candidato de esa corriente podría ganar la elección presidencial, según algunos sondeos de opinión.
Los artículos que el lector tiene en sus manos describen estos problemas. Hacen parte y estimulan el debate de ideas que conoce Colombia e intentan decodificar las supercherías de los actores armados y examinar las amenazas que penden sobre la continuidad del régimen democrático-republicano.
La destrucción del lenguaje es otro tema que el libro aborda. No hay proyecto «revolucionario» que no intente manipular o incluso abolir el lenguaje corriente de la sociedad atacada. El objetivo es substituir el sentido habitual de las palabras por términos y razonamientos desprovistos de sentido, o deslizar el sentido de las palabras hacia su contrario: la noche es día, el caos es orden, el mal es bien, etc. El objetivo de esa maniobra es paralizar el pensamiento crítico, tan peligroso para las ideologías totalitarias, y crear la «estupidez protectora», definida por George Orwell en su famosa novela 1984.
En Colombia conocemos bien el caso de la palabra «secuestro», permutada por los agresores en «retención». La propaganda izquierdista perjudicó nuestra lengua sin que el fenómeno haya sido estudiado. Lo hizo para extraviar la justicia, dormir los espíritus y cambiar el pasado. Así, la revuelta violenta e incendiaria fue transformada en «paro cívico». La más reciente maniobra lexical es quizás esta: el bloqueo de autopistas, calles y barrios enteros, con balaceras y emboscadas mortíferas contra civiles y policías, es presentado ahora como «marchas pacíficas» y «protestas sociales».
Estos textos fueron publicados tal cual a lo largo de 2020 y de los primeros seis meses de 2021 en periódicos, noticieros radiales y revistas electrónicas de Colombia como El Mundo e IFM Noticias, ambos de Medellín, en La Hora de la Verdad, de Bogotá, Dreuz Info, de New York, Costa Noticias, de Barranquilla, así como en los portales web La Linterna Azul, Contexto Ganadero, El Expediente y el Periódico Debate, todos de Bogotá(1).
Pero ninguno de estos artículos pertenece al pasado. Todos se abren y exploran los temas que ocupan la candente actualidad política colombiana.
IMPOSTURA: LAS FARC PIDEN A GOBERNADORES Y ALCALDES SATISFACER SUS EXIGENCIAS
8 de enero de 2020
EL GRUPÚSCULO «DEFENDAMOS LA PAZ», QUE muchos llaman «Defendamos las Farc», tuvo el cinismo de enviarle este miércoles una carta a los gobernadores y alcaldes de Colombia para notificarlos de que de ahora en adelante, palabras más, palabras menos, tendrán que seguir las instrucciones de ese grupo privado. Les piden a los mandatarios regionales «desarrollar políticas» relacionadas con la «implementación del acuerdo con las Farc», es decir, plegarse a un texto impopular e ilegal que fue rechazado por los colombianos en el plebiscito de 2016.
La carta de los amigos de las Farc constituye un intento de confundir a la opinión pública y a los mandatarios regionales arrogándole arbitrariamente poderes gubernamentales a un micro grupo político. En su carta(2), Defendamos la Paz dice que el «acuerdo final» otorga unas «responsabilidades particulares a las autoridades territoriales», para que a través de sus programas de gobierno «definan la paz como un norte». Olvidan decir que ese enfoque es inconstitucional. Las «responsabilidades particulares» de los mandatarios regionales son fijados por la Constitución Nacional. La suprema autoridad administrativa en Colombia es, además, el presidente de la República. Ese poder no puede ser compartido o delegado a organismos locales ni a grupos de particulares que pretenden impulsar unas políticas que no han sido refrendadas por el pueblo en elección popular alguna. Habría que recordarles a esas eminencias un hecho: las Farc y sus aliados perdieron la elección presidencial en 2018.
Las Farc no han recibido mandato alguno para presentar líneas de actuación y gobierno a los gobernadores y alcaldes de Colombia. Sin embargo, ellas insisten en lo contrario. Afirman que «los planes de desarrollo con enfoque territorial, impulso a los programas de sustitución de cultivos, a la inclusión del enfoque de género, el trabajo conjunto con los consejos departamentales y municipales de paz y reconciliación y la cooperación con las instancias e instituciones locales y nacionales» son de obligado cumplimiento pues así lo dice el acuerdo Farc-Santos.
Olvidan decir esos activistas que los «planes de desarrollo» y los «programas» de lucha contra el tráfico de drogas y contra los narco-cultivos dependen exclusivamente de las decisiones del gobierno nacional, la única autoridad elegida por los colombianos para orientar los destinos del país. Las Farc pretenden darse, por la vía de esa superchería, una personería jurídica, en sectores estratégicos, que nadie les ha dado.
También indican en la misiva que «los asesinatos de líderes y lideresas sociales (sic), defensores y defensoras de Derechos Humanos y excombatientes en proceso de reincorporación, ponen de manifiesto la urgencia de defender la vida y la necesidad de avanzar desde los territorios». Esa carta olvida decir que los autores de asesinatos de activistas sociales y de excombatientes de las Farc son las mismas guerrillas castristas (Eln y las Farc-disidencias) en su lucha por apoderarse de regiones y recursos propicios a sus tráficos ilegales. Para resumir, la delincuencia común, los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte, buscan crearse espacios, mediante la violencia y el asesinato de personas que no encajan en sus planes. La defensa de la vida, de la propiedad privada y de la paz, y por ende la represión del entramado de criminalidad complejo de Colombia, no puede «avanzar desde los territorios», como insinúa ladinamente la carta de los amigos de las Farc. Esa misión superior recae exclusivamente sobre la fuerza pública y las fuerzas armadas de la República, la cual actúa bajo órdenes de su comandante, el jefe de Estado colombiano.
La carta es firmada por «miembros negociadores del Gobierno y de las Farc que estuvieron en La Habana», según la prensa, así como por «facilitadores del proceso de paz, negociadores del fallido diálogo con el Eln, entre otros». Olvidaron decir que los negociadores de la época de Santos, así como los presuntos «facilitadores», no tienen derecho para imponer ni sugerir líneas de gobierno a nadie y mucho menos a las autoridades regionales. Ellos nunca dejaron de ser civiles sin atribuciones oficiales. Ellos carecen de mandato popular y no son miembros de organismos de control. No pueden pretender substituir al gobierno nacional ni a las autoridades electas.
¿COLOMBIA DEBE VOLVER A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?
16 de enero de 2020
ESTA VEZ NO SÓLO PRETENDEN ENLODAR al expresidente Álvaro Uribe y a altos mandos del Ejército, sino también a Rafael Nieto, un abogado, exviceministro de Justicia y excandidato presidencial del Centro Democrático. La tortuosa maniobra no prospera, pero muestra que los extremistas están urgidos y se saben perdedores.
De manera desesperada aplican la cobarde táctica de la calumnia preventiva, contra unos y otros, utilizando operadores judiciales bajo influencia y las páginas de una revista que acepta jugar un papel abyecto.
Un fiscal ordena investigar a un general (r.) de Colombia porque un semanario clama, sin aportar pruebas, que ese alto militar cometió un delito. Un fiscal que baila al son que le dicta una revista debería regresar a la facultad de Derecho.
La apertura de una investigación penal debe ser motivada factualmente. Sin embargo, el fiscal (e) Fabio Espitia ordenó indagar al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, pues un semanario, conocido por su enfermizo antimilitarismo, lo acusa, sin pruebas, de estar involucrado en un caso de intercepción de teléfonos. El general Martínez, quien durante su carrera militar no había sido acusado de nada, refuta la acusación. El ministro de Defensa rechaza a su vez las insinuaciones de la revista.
Sin sentirse aludido, Espitia anuncia que «pedirá la información» que no tiene todavía para ver qué aparece. En otras palabras, el expediente está vacío pero él espera que alguien lo llene. El gesto de disparar primero y preguntar después es criminal.
Obviamente, el objetivo central de esa campaña es el linchamiento del expresidente Uribe. ¿Por qué? Porque la venganza de los comunistas contra él no ha llegado a término. Durante sus dos mandatos, Uribe puso fin al desarrollo orgánico de las Farc, les destruyó sus cabezas «históricas» y los dejó, en 2008, sin sus 15 «rehenes políticos» con lo que estaban exigiendo, de nuevo, la desmilitarización de una sección del territorio nacional.
Uribe obligó a esos criminales a replegarse en las selvas de Colombia y Ecuador y en los llanos de Venezuela y demostró que su política de seguridad democrática era la única exitosa. Las Farc temen ahora que Uribe y su partido, el Centro Democrático, convenzan de nuevo a las mayorías de que esa orientación puede volver a salvar a Colombia en 2020.
En un momento dado el gobierno de Iván Duque tendrá que ver si adopta por fin esa política, abandonada por Juan Manuel Santos, antes de que el país colapse de nuevo en manos de la narco-subversión rampante, como en 2002.
La política que aplicó Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 demostró algo muy importante: que la acción militar le había ganado la mano a la pretendida «negociación política» y a la acción diplomática. Esta última se esforzaba por orientar a su manera la acción oficial contra la violencia de las narco-guerrillas, sin lograr nada, salvo mejorar las condiciones de la subversión, fuera y dentro del país y ante la prensa internacional.
Nadie puede ignorar que la víspera de la liberación de Ingrid Betancourt y de los otros 14 rehenes «políticos»(3), la ONU y una docena de gobiernos y de líderes extranjeros y una docena de ONG del primer mundo ejercían presión a diario sobre el gobierno para que cediera ante las Farc y optara por la impotencia ante la ola de atrocidades que cometía esa organización.
La Operación Jaque Mate, una acción militar no letal contra varios centros operativos de las Farc, preparada durante cuatro meses y ejecutada por 200 soldados, dejó a esas personalidades, gobiernos y organismos foráneos descolocados y sin voz, y puso fin a la gangrena de los inútiles «mediadores» que sólo habían prolongado el martirio de los rehenes.
Esa vía había hecho que horribles gobiernos, como los de Chávez, Correa, Lula y Kirchner, abogados todos del «intercambio humanitario», metieran sus narices en Colombia. Las Farc lograron atraer a ese tinglado un presidente francés, Sarkozy, tan mal asesorado que, en su afán por obtener la liberación de Betancourt, agenció, paradójicamente, la excarcelación de un importante jefe de las Farc, quien huyó inmediatamente a Cuba.
La confusión y el absurdo reinaban en ese periodo. Hasta cuando ocurrió lo del 2 de julio de 2008 en el Guaviare. Ese día el mundo vió que las Farc eran vulnerables y que Uribe y los militares eran capaces de obtener lo que la diplomacia no había alcanzado. Constató, además, que las armas de la República podían dar golpes demoledores y derrumbar la moral de su mayor enemigo, si había voluntad política. Las Farc trataron de reorganizarse, pero no lo consiguieron. Sólo la traición de Juan Manuel Santos a la Constitución colombiana las salvó de su colapso definitivo. A pesar de las concesiones pactadas en La Habana, las Farc no han podido superar su desarticulación interna y siguen en el impase en que los dejó la seguridad democrática.
Colombia lo ha olvidado, pero lo hecho por Uribe y las Fuerzas Armadas en 2008 fue de importancia hemisférica: arruinaron el eje continental bolivariano impulsado por Chávez, quien «quería cabalgar sobre una victoria de las Farc», como escribió en esos días Joaquín Ibarz, un periodista español. «El presidente Álvaro Uribe escaló el Everest al superar las marcas mundiales de popularidad: 91,4% de aprobación en la última encuesta», observó antes de decir: «El rescate de rehenes lo coloca como referente para todo el continente». Américo Martín, un analista venezolano, estimó por su parte que ese acto «se produjo en un instante crítico y derrumbó el engranaje montado para asfixiar a Colombia»(4).
Álvaro Uribe es la personalidad política más investigada de la historia de Colombia. Ninguna de sus actuaciones como hombre público ha sido pasada por alto desde 1980, cuando era director de la Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vió que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una «biografía no autorizada» para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del «se dice que», «se murmura que» fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
El senador Uribe —quien acaba de lanzar una frase clave: «el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema»—, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse. Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los «comités del paro cívico»? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán(5) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al expresidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.
