Kitabı oku: «La transición española», sayfa 17
Sociedad y política. El régimen y la Asamblea de Cataluña
Los primeros meses de 1973 fueron realmente conflictivos si nos atenemos a los sucesivos atentados y secuestros que conducían inexorablemente a nuevas detenciones y consejos de guerra con un ritmo cada vez más acentuado. En Barcelona, el día 5 de enero, el Instituto Norteamericano, centro docente de lengua inglesa, fue víctima de un atentado. Dos días después, el industrial navarro Felipe Huarte fue secuestrado por ETA, y el 20 fueron detenidos en una manifestación Jesús Garrido Santiago y Juan Sánchez Mora, trabajadores de la empresa de electrodomésticos Corberó, sita en Esplugues de Llobregat.
Mientras tanto, la Asamblea había convocado para el 14 de enero una manifestación en el monasterio de Montserrat con el lema «Per l’Estatut, tots el día 14 a Montserrat», reclamando el retorno de las libertades políticas, el fin de la explotación y el ejercicio de la soberanía nacional catalana. Para ello, distribuyó un comunicado señalando la convocatoria juntamente con otro apartado que, bajo el título de «El per qué de L’Estatut d’Autonomía de Catalunya» se intentaba justificar la vuelta de la oficialidad de la lengua catalana en el marco de un poder político catalán que decidiese respecto a la legislación social, con plena libertad de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos; asimismo se pedía la socialización de la riqueza nacional, la creación de centros de enseñanza propios y de una universidad catalana, de la sanidad, de la administración de justicia y del régimen local312.
Por otro lado, la actividad interna dentro de la CPAC se fue decantando hacia los trabajos preparatorios de la II Asamblea, tomando el SCPAC la iniciativa mediante la redacción de un documento basado en tres apartados principales. Primeramente, efectuó un análisis crítico sobre el trabajo realizado por la Asamblea. A continuación, se presentó un informe comparativo entre la situación actual del régimen y de la oposición, a la vez que se indicaban una serie de consideraciones generales:
1. «En Cataluña, la lucha contra la dictadura ha conocido estos últimos tiempos un incremento notable desde el momento que se constituyeron plataformas unitarias a nivel obrero, universitario, de barrios y comarcas, de partidos y, finalmente la Asamblea. Estos hechos constituían un conflicto grave para el régimen que quería dividir la oposición. Esta, por otro lado, no acaba de explotar todas sus posibilidades de lucha unitaria.
2. El problema nacional catalán constituye el marco natural que de manera implícita o explícita caracteriza cada vez más totalmente la lucha reivindicativa en Cataluña.
3. La Asamblea de Cataluña considerará cuales son los flancos más vulnerables y políticamente más favorables, en orden, a una posible lucha unitaria, basada en los acuerdos fundamentales de la Asamblea.»313
Y finalmente, se propusieron los objetivos políticos a realizar de cara a la II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña, concretándose en la mejora de la organización y una línea de acción marcada en busca de la ruptura democrática, contando con la acción de las masas. Estos objetivos se concretaron en la adopción de puntos de convergencia, identificación de la lucha unitaria y nuevas formas de lucha, referencia a posibles estructuras unitarias, relaciones con el resto del Estado y con organismos extranjeros e internacionales314. También se efectuó una valoración global de la corta existencia de la Asamblea, admitiendo cierta autocrítica por la poca difusión que se había tenido entre el pueblo.
En el mismo documento se dieron a conocer los trabajos y campañas realizadas desde la constitución de la Asamblea, entre ellas: la solidaridad con el pueblo de Vietnam; la solidaridad con los estudiantes en sus reivindicaciones, véase como ejemplo la circular distribuida en enero de 1973 por la Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró, Vallbona y Ciudad Meridiana, a favor de la gratuidad de la enseñanza hasta los 14 años según decía la Ley de Educación y dando su apoyo a los maestros en huelga315; en la denuncia contra el consejo de guerra contra el Front d’Alliberament Català (FAC); los contactos con la oposición en el resto del país, en el exilio y a nivel internacional; las campañas llamando a la desobediencia civil contra la ilegalidad fascista; por el derecho a la Solidaridad Democrática, sobre el sentido del Estatuto de Autonomía de 1932; por el apoyo en el aplec de Calella y Ripoll y sobre la difusión de la emisora «La veu de l’Assamblea de Catalunya». A este respecto, el 29 de marzo de 1973 la Junta de gobierno del Casal d’Angulema, en Angulema (Francia), cuyo secretario era Joan Oller y el presidente Salvador Guasch, criticaban en una carta enviada a Les Amis de la Culture Catalane, los esquemas presentados en la propuesta «Cap la II Assamblea de Catalunya» por la falta de emisiones formativas de concienciación nacional y por toda idea relacionada con los países del Este316.
Sin embargo, dentro del seno de la propia Asamblea no todos los partidos participaban de las mismas conclusiones publicadas por el SCPAC. El 2 de junio de 1973, el PSOE y la UGT, en respuesta al documento antes mencionado, hicieron un análisis de la situación actual del régimen y de la oposición, afirmando que el movimiento obrero ocupaba el puesto fundamental (de vanguardia) en la lucha antifranquista. Exigían que las fuerzas de oposición repudiaran el ingreso de España en el Mercado Común sin previamente haberse efectuado el restablecimiento de las libertades fundamentales, sin limitaciones de ningún tipo, indicando la obligación de la oposición —fundamentalmente de las fuerzas obreras— a condenar a los países del Este por sus contactos económicos, comerciales y diplomáticos con el régimen franquista. En sus consideraciones generales hicieron hincapié en que la clase obrera, cada vez más consciente de su fuerza, tendería a extender la lucha al máximo. Por otro lado, afirmaron que el problema catalán solo servía de aglutinante a ciertos sectores de la oposición, nada más. A su vez, indicaron que el aumento del ritmo de trabajo, el coste de la vida, la corrupción del régimen, la represión, las malas condiciones de vida en los barrios obreros y la falta de escuelas eran factores que de verdad empujaban a sectores cada vez más amplios a la lucha, señalando que los flancos más vulnerables y que más daño hacían al régimen eran los que tenían una incidencia directa sobre la producción y la economía. En ese mismo comunicado afirmaron:
«El PSOE y la UGT aceptaron en su momento —con las salvedades que se hicieron— los cuatro puntos programáticos de la Asamblea. Para nosotros ello significaba un programa de transición en un intento de incorporación en la lucha contra el régimen de ciertas capas vacilantes. Discrepamos profundamente con el Secretariado en que los cuatro puntos aceptados por la I Sesión de la Asamblea de Cataluña sean respetados plenamente.»317
A partir de estas consideraciones, la FSC-PSOE y UGT, propusieron un texto alternativo al presentado por el SCPAC, pidiendo la libertad de los presos políticos y la cancelación de responsabilidades de los exiliados políticos; el pleno ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad de reunión, expresión, asociación sindical y política, manifestación, huelga, etc., que garanticen el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político; por la libre autodeterminación de Cataluña y de los demás pueblos de España; y por la coordinación, a nivel nacional, de la lucha obrera y otros sectores populares contra la injusticia social, la represión y por las libertades democráticas.
En estos apartados no se hizo mención del Estatuto de 1932, afirmando con posterioridad su oposición a la constitución de un gobierno provisional en Cataluña, ya que este, como el de la República en el exilio, no tenía en ese momento papel que jugar. No obstante, pasado algún tiempo, el PSOE y la UGT aceptaron el tercer punto programático de la Asamblea.
Mientras tanto, el mundo de la enseñanza estaba en crisis por el fracaso del reformismo planteado por la nueva Ley General de Educación que no daba solución a importantes aspectos educativos relacionados con el déficit de escolarización, debido en parte, por la insuficiencia de plazas escolares en los niveles de enseñanza media y universitaria, por la selectividad a todos los niveles, y por la insuficiente gratuidad de la enseñanza, calificándola de clasista y deformadora.
Desde Cataluña, buena parte del mundo académico e intelectual identificado con el catalanismo reivindicaba la negación sistemática de los derechos culturales y el abandono del idioma autóctono en los centros de enseñanza, finalizando con la arbitrariedad en la selección y contratación del profesorado, que además tenía un bajo nivel de retribución económica. En la propia Asamblea, la frase «compañero, habla en castellano», no se utilizó frecuentemente, pero no era nada excepcional oírlo, ya que, lo más frecuente era hablar en castellano incluso por personas catalanoparlantes, sobre todo en un quorum de mayoría obrera e inmigrante.
Por otro lado, el gobierno hacía lo que podía en su tarea intervencionista intentando liquidar o manipular a los Colegios Profesionales, que en aquellos días ejercían una fuerte influencia en la sociedad y en la economía, mediante el veto de algunos candidatos como los que se presentaban a las elecciones de la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
En Cataluña, poco a poco, la mayoría de los intelectuales fueron aceptando las formas de lucha popular, sobre todo después de la constitución de la Asamblea Permanente de Intelectuales y Profesionales; no obstante, en lo que respecta a los medios de información, el avance en la libertad de expresión era insuficiente pese al esfuerzo de una minoría de periodistas que denunciaban la corrupción y la censura, encontrando en la difusión de la prensa clandestina la única respuesta.
Frente a estos, el Ejército y las fuerzas de orden público seguían siendo el baluarte más sólido del régimen y el principal instrumento represor frente a las actitudes de descontento, salvo honrosas excepciones como la Unión Democrática Militar (UMD). En definitiva, la estrategia del régimen se basó en la utilización de los órganos legislativos (Las Cortes) y el abuso de poder del dictador. El único objetivo era asegurar la supervivencia del sistema, mediante la maniobra continuista del príncipe Juan Carlos y con el aumento de la represión como la manifestación más explícita de esta voluntad. El propio ministro, Tomás Garicano Goñi, afirmaba que «Pensar que las armas de fuego no han de ser utilizadas es erróneo (…). Mientras el ciudadano disconforme no llegue a este convencimiento no habrá verdadero orden»318.
Sin duda, toda esta política seguía al servicio de los intereses de una minoría económicamente prepotente que para mantener sus privilegios se había vendido al régimen; sin embargo, no todo dentro del entorno del poder era unitario, detectándose actitudes confusas de las que se podría desprender una cierta ilusión por una evolución del sistema hacia una democracia obviamente imposible.
En las relaciones exteriores, sorprendían las contradicciones entre los intereses de la oligarquía catalana, más abierta a Europa, y el inmovilismo político centralista que planteaba contactos y nuevas vías comerciales con los países del telón de acero. Tampoco se podían despreciar los grupos de extrema derecha, la mayoría de rasgos fascistas y apoyados en muchos casos por el propio régimen, que reprimían mediante la violencia cualquier manifestación contraria al orden político establecido. Entre estos grupos destacaban los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos de Lucha Antimarxista, Defensa Universitaria y el Partido Español Nacional Socialista (PENS). Este último había sido fundado en 1970 en Barcelona por Jesús Poveda Mellado, que procedía de Murcia y que junto con una docena de jóvenes, en su mayoría procedentes del barrio barcelonés de la Verneda y de centros de enseñanza media en Badalona, empezaron a reunirse desde 1969, editando una revista titulada Orden Nuevo. Este movimiento de ultraderecha surgió en la clandestinidad y estaba muy próximo a otras organizaciones como Fuerza Nueva y CEDADE que actuaban violentamente contra la oposición democrática con total impunidad. Sus vínculos con el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, dirigido por el coronel San Martín —implicado más tarde en el 23 F— corroboraban la estrategia inmovilista del régimen para mantener los denominados valores del 18 de Julio319.
312. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 105.
313. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 164.
314. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 44, 54, 164,
315. FRC, AJR, «Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró», Carpeta 43, 1-1-1973.
316. FRC, AJR, «Casal Catalá d’Angulema», Carpeta 76, 29-3-1973.
317. AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta, 2-6-1973.
318. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 29-39.
319. CASALS, Xavier, «El PENS i l’extrema dreta a Catalunya, 1970-74», L’Avenç n.º 147, 1991, p. 20.
La Iglesia y su relación con la Asamblea de Cataluña
La Iglesia española en general fue marcando progresivamente su distanciamiento del régimen, y este, a su vez, reaccionó mediante maniobras de presión contra ella; tómese como ejemplo la sustitución del embajador del gobierno español ante el Vaticano. Sin embargo, fuera de todo este juego político, un gran número de cristianos abandonaron la pasividad que la iglesia oficial ofrecía, incorporándose a la lucha en defensa de los derechos fundamentales, de tal modo que movimientos asociativos como Iustitia et Pax pasaron a la denuncia pública del régimen.
El historiador Agustí de Semir que en aquellos tiempos era el representante funcional del Grup Cristiá de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en su artículo titulado «L’Església i L’Assemblea», describe con claridad cómo era esta relación en Cataluña publicando la opinión del propio arzobispo de Barcelona Marcelo González Martín expresada en una conversación personal con él:
«Yo creo —comentaba el arzobispo— que muchos de estos cristianos están equivocados en sus opciones ideológicas, pero en un país donde el derecho de reunión no se puede ejercer, la Iglesia ha de facilitar los medios para que este derecho se pueda ejercer sin que la Iglesia se comprometa en las decisiones que se puedan tomar en el ejercicio de este derecho.»320
De estos comentarios se deriva un cambio de actitud relacionada con la posición neutral de la Iglesia catalana oficial ante las diferentes propuestas ideológicas y su defensa a ultranza del derecho de reunión; no obstante, esta posición cambió algún tiempo después cuando el nuevo arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany tomó las riendas del poder. Fue a partir de entonces cuando este, junto con el obispo de Urgell, Joan Martí Alanís, y el de Tarragona y Primado de Cataluña, Josep Pont i Gol, inyectaron un aire nacionalista a sus intervenciones en defensa de los derechos democráticos de Cataluña y aumentaron considerablemente su apoyo a la causa defendida por la Asamblea. De esta forma no podemos olvidar el papel tan importante, sobre todo en el logístico, que jugaron las órdenes religiosas al ofrecer al SCPAC diferentes alternativas donde reunirse y esconderse, evitando así la presión policial, y destacar en su conjunto la infinidad de sacerdotes y seglares comprometidos con la Asamblea, algunos con elevado protagonismo en sus actividades. Agustí de Semir destacó a personajes como el sacerdote Josep Mª Juncá, rector de la parroquia de San Agustín, que como él mismo relata, el sábado 6 de noviembre de 1971, recibió la visita de Francesc Vila-Abadal, el sacerdote Josep Mª Vidal Aunós y el propio Semir para pedir la utilización del local el día siguiente para celebrar la reunión constitutiva de la Asamblea. Cabe destacar que el arzobispo Jubany también aceptó responsabilizarse de la situación por si pasaba alguna cosa, aunque prefiriese no identificarse con ninguno de los miembros presentes en la reunión. Otros religiosos que destacaron por su implicación fueron Joan Carrera, vicario episcopal; Joan Botanch, conocido como Salvador de les Borges; y el seglar Molas, director de Justicia i Pau.
Otro aspecto destacable fue la influencia de la Iglesia en la política de oposición al régimen a través de los movimientos cristianos. Basta recordar que mientras se constituía la CCFPC, paralelamente se había creado en Barcelona la Comissió de Serveis de les Comunitats Cristianes de Base con el fin de coordinar diferentes grupos cristianos identificados con las aspiraciones promulgadas en el Concilio Vaticano II. Su extensión coordinaba unas 95 comunidades, englobando a más de tres mil cristianos321. Dicho movimiento fue encabezado por Jaume Rodri, Josep Ribera, Joana Villemur, Jordi Ligüerre y Josep Dalmau, incorporándose con posterioridad Ricard Lobo y Lluís Mª Xirinachs. Más tarde se creó el llamado Grup dels No-Alineads (No Alineados) con el fin de pasar más desapercibidos en el trabajo clandestino con la Asamblea. Este grupo llegó a tener representación en casi todas las comarcas de Cataluña. Su participación en la Asamblea abarcó diferentes aspectos comenzando por la búsqueda de lugares de reunión: parroquias (San Isidro), colegios (jesuitas, escolapios) o conventos (reparadores, filipenses, carmelitas). También intentó influir en la forma de manifestarse de la Asamblea buscando soluciones no arriesgadas, aunque siempre se acabase corriendo delante de los «grises».
Los No Alineados participaron en las concentraciones de Ripoll, Vic y Sant Cugat, y en la campaña por el «Nóbel de la Pau» a favor de Lluís Mª Xirinachs a través del político exiliado en Noruega, Jordi Tell322. También se establecieron colaboraciones en los llamados «Actos Esporádicos», consistentes en reuniones pseudoreligiosas y políticas como la de Sant Miquel del Port, donde asistieron más de quinientas personas. Editaron clandestinamente el libro «Els partits polítics en la Catalunya d’Avui», impreso en Francia, con la estrategia y tácticas de los partidos más representativos en aquellos momentos. En 1976 los No Alineados se responsabilizaron de la edición de un póster titulado «Selecció Nacional Catalana de Fútbol 1976», en cuyo contenido se presentó la siguiente alineación: portero, el abad Cassià Just; defensa derecho e izquierdo, Heribert Barrera y Joan Cornudella; defensa central, Jordi Pujol; volantes derecho e izquierdo, Josep Pallach y Joan Reventós; extremo derecho, Ramon Trías Fargas; interior derecho, Anton Canyellas; delantero centro, Josep Solé Barberà ; extremo izquierdo (sin identificar) e interior izquierdo, Lluís Mª Xirinachs; siendo el presidente del club nacional, Josep Tarradellas, lugar donde aparecía por primera vez su rostro en un documento público.
320. SEMIR, Agustí de, «L’Esglesia i L’Assemblea», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 45.
321. DALMAU, Josep, op. cit., p. 15.
322. Jordi Tell, arquitecto, expulsado del Colegio de Arquitectos de Barcelona en 1942 y rehabilitado el 1-1-1975. Con residencia en Noruega, perteneció al Partido Nacional Catalá. Fue cónsul general de la República Española en Alemania, siendo detenido por el gobierno nazi y entregado en 1937 al gobierno nacionalista, en Diario de Barcelona, 8-7-1975.
Por el camino de la II Sesión de la Asamblea de Cataluña. Enero de 1973
A partir de la IV reunión de la CPAC, se fueron gestando los trabajos preparatorios de la II Sesión de la Asamblea de Cataluña. El resultado final fue publicado y distribuido el 23 de enero de 1973 por el SCPAC en un documento titulado «Pel camí de la II Sessió de l’Assemblea de Catalunya», teniendo especial atención en la estrategia, las condiciones de celebración del acto, el tiempo necesario, el número de asistentes no superior al medio millar y la representatividad de la reunión323.
A mediados de febrero, el Tribunal de Orden Público (TOP) dictó cinco condenas de treinta años cada una por el atentado perpetrado contra el consulado de Francia en Zaragoza, siendo los condenados Luis Javier Sagarra de Moor, Álvaro Noguera Calvet, José Antonio Mellado, Claudio Solsona Aznar y Fernando Burillo García324. Días después, el 23, comenzó el juicio contra cinco dirigentes de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) de Santander por delito de propaganda ilegal, claro indicio de que la presión estudiantil y obrera mantenían en tensión constante a las fuerzas de orden, como así lo manifiesta un comunicado de la CCFPC fechado en febrero de 1973325. Por el contrario, no resultaba extraño que la prensa oficial y la televisión centrasen su atención en noticias más importantes y llamativas para un pueblo deseoso de información como el asunto relacionado con el famoso comentarista de televisión Federico Gallo, que fue nombrado ¡gobernador civil de Albacete!, acontecimiento que superó en creces otros hechos de «menor importancia» para la prensa nacional como los que hacían referencia a las negociaciones de alto el fuego entre el Vietcong y los EE.UU, ratificado el 21 de febrero en Laos; a la pérdida de dos figuras de la política norteamericana, los presidentes Harry Truman y Lyndon Baines Johnson, o al conflicto racial generado por las tribus indias en Wounded Knee326.
En Barcelona, a principios de abril de 1973, varias empresas entraron en conflictos colectivos, entre ellas, Control y Aplicaciones S.A., Sociedad Argentina de Electricidad y Constructora Pirenaica que trabajaban en la construcción de la Térmica del Besós. Como consecuencia de la intervención policial en los enfrentamientos, el 3 de abril falleció el obrero Manuel Fernández Márquez, de 27 años, mientras que otro trabajador de 25 años, Serafín Villegas Gómez, vecino de Barcelona, fue herido junto con cinco policías heridos también. Dos meses después de lo ocurrido, la Asamblea publicó un artículo titulado «El Crimen» narrando su versión de los hechos, afirmando que Manuel Fernández cayó asesinado por balas de la policía y que el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, mintió al describir las causas y el contexto del crimen, afirmando que no se habían presentado reivindicaciones sobre conflictos laborales (cuando estaban dentro de una plataforma de aproximadamente trescientas cincuenta empresas de la construcción de Barcelona y comarcas para obtener una revisión del convenio colectivo del ramo), y que fueron los obreros los que agredieron a la policía. Cuatro empresas constructoras tomaron la iniciativa con sanciones y amenazas decretando un lock-out de cinco días, encontrando los trabajadores las puertas cerradas como respuesta a que los trabajadores de la Térmica votaran huelga para el 3 de abril. El choque con la policía fue violento, negando la entrada de los trabajadores a la obra, efectuando tiros al aire y alguno, a matar.
Después del trágico suceso, muchos de los obreros de la Térmica se dispersaron por las obras y las fábricas de la barriada del Besós, mientras que otros fueron al Obispado de Barcelona, a los colegios profesionales y a la Universidad, para explicar lo ocurrido. La indignación tuvo una respuesta inmediata entre la clase trabajadora, convocando durante toda una semana huelgas, acciones de protesta, multitud de pintadas y el reparto de miles de octavillas, participando alrededor de ciento cincuenta mil personas. El mismo día 3, cerca de tres mil manifestantes recorrieron el barrio del Besós, y en la tarde del día 6, tuvo lugar una nueva concentración delante de la iglesia de Sant Paulí de Noia, cerrando muchos comercios y bares.
El entierro del trabajador Manuel Fernández se desarrolló de forma irregular, ya que la inhumación que se realizó el día 4 de abril se hizo a escondidas y antes de hora, concretamente a las ocho y media de la mañana en el cementerio de Badalona, no atreviéndose las autoridades gubernativas a aceptar el entierro del cuerpo en Santa Coloma de Gramanet, lugar donde residía la víctima, por los posibles altercados que podrían producirse.
Efectivamente, como era previsible, el día 8 se concentraron unas dos mil personas en el cementerio para rendir homenaje a la víctima, culminando así una serie de actos reivindicativos que habían tenido su punto álgido dos días antes con las manifestaciones realizadas en Cerdanyola y Ripollet, comenzando las movilizaciones en la empresa Aiscondel, formandose posteriormente piquetes de trabajadores en las empresas Aicar, Joresa, Aldai, Fusal Uralita, Indecasa, Tallers Ribot, Meler, Estampats Meridiana, y otras.
Los «grises» utilizaron helicópteros en vista de la generalización del conflicto ampliado con la llegada de mil quinientos estudiantes de la UAB. Todos juntos se concentraron de nuevo a las seis de la tarde en «la Fonteta», donde se calcula que llegaron a reunirse unas diez mil personas hasta las nueve de la noche.
La Iglesia condenó los hechos enviando un comunicado que decía así:
«Hay situaciones injustas que oprimen e impiden el libre ejercicio de los derechos más elementales. Hay una violencia institucionalizada que provoca la violencia tumultuosa de las masas, las cuales, en ciertas circunstancias, caen en las explosivas tentaciones de la desesperación (parte censurada), Pablo VI (…). Ciertos choques y violencias podrían ser evitados si las reformas necesarias llegasen a tiempo. La justicia es la condición ineludible de la paz (…)»327.
Desde la cárcel de Carabanchel, Marcelino Camacho, líder de CC.OO., junto con sus diez compañeros prisioneros y en espera de juicio por el Proceso 1001, enviaron mil pesetas de la colecta recogida en el penal a la viuda de Manuel Fernández, adjuntando un comunicado que decía:
«(…) La clase obrera de vuestro pueblo y sus Comisiones en la delantera, dan un ejemplo claro de combatividad y de claridad de ideas de aglutinar los diversos sectores de la sociedad catalana en este objetivo inmediato y común que es la imposición de la democracia (…). Nos solidarizamos activamente con vuestro dolor combativo y hoy, día 4, hemos realizado, junto con el resto de los compañeros políticos aquí detenidos, un día de acción solidaria (…).»328
También las centrales sindicales, los partidos políticos y el Colegio de Abogados y Profesionales enviaron diversas cartas de protesta, alguna dirigida a la Presidencia del gobierno. Irónicamente, la Asamblea hablaba de los «culpables», calificativo dado por el gobierno a los trabajadores asesinados en las manifestaciones, por reivindicar aumentos de salario y libertades sindicales.
El 5 de abril el SCPAC editó un comunicado titulado «Catalanes», continuando con la estrategia de apoyo a cualquier acto de reivindicación social. El conflicto de la térmica de Sant Adriá del Besós sirvió como ejemplo de lucha contra la represión, la brutalidad del poder, por la libertad sindical y el derecho de huelga, por el rechazo a la ilegalidad franquista y por la solidaridad activa con todos los represaliados. A su vez, también sirvió como escaparate de la incitación a la violencia ejercida desde el Ministerio de la Gobernación, siendo su titular Tomás Garicano Goñi, y de su representante y ejecutor de la política represiva en Barcelona, el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros329.
Como era natural, la Asamblea distribuyó la información sobre lo sucedido a toda la red de asambleas locales y comarcales, dando la sensación de un alto nivel organizativo. Como ejemplo, L’Assemblea del Bages distribuyó una octavilla titulada «A tot el poble del Bages», comentando lo sucedido y denunciando la represión ejercida sobre simpatizantes de la llamada Comisión de Solidaridad en la propia Manresa mediante sistemas de tortura, una de ellas denominada «quirófano», a cargo del comisario de policía Mieza y los conocidos agentes Anselmo Díez y Rogelio Rodríguez330. La Asamblea Permanente de Intelectuales quiso poner también su granito de arena mediante la publicación de unas octavillas criticando la situación de represión general y aprobando el envío de una carta abierta a los obreros de las empresas Copisa, Sade, Control y Aplicaciones y Vinco, promoviendo una campaña de solidaridad económica para los afectados y haciendo público un documento sobre el conflicto en la enseñanza, dándole la máxima difusión331.
Sin embargo, antes de que las aguas volvieran a su cauce a raíz de los acontecimientos de San Adrián del Besós, se desarrollaron diversas manifestaciones laborales y estudiantiles. La más llamativa fue la efectuada en el Paseo Maragall en Barcelona, aunque el paro laboral de empresas en Cerdanyola que arrastró a más de cinco mil implicados, incluyendo el atentado contra el «monumento a los caídos» en Ripollet resultó ser de una dimensión superior.
La Iglesia, ante la violenta cadena de manifestaciones y atentados, actuó nuevamente con honda preocupación expresando su posición al pueblo mediante un comunicado emitido desde el Arzobispado, eso sí, dentro de su ambigüedad caracterizada por su no enfrentamiento directo al régimen, manifestando en sus homilías el amplio malestar. Por otro lado, la propia AONU, a través de su presidente Anton Canyellas y su secretario Rodolfo Guerra, enviaron un documento dirigido a la Vicepresidencia del Gobierno manifestando su preocupación ante los graves acontecimientos, recomendando el uso de las leyes aprobadas en la LIVª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)332.
El 9 de abril de 1973 falleció en Francia el pintor Pablo Ruiz Picasso, centrándose las crónicas de los informativos en su vida y obra. La Asamblea a través de la Comisión en París de la Asamblea de Cataluña envió un telegrama a la familia Picasso indicando que «la Comisión de París de la Asamblea de Cataluña expresa sentimientos de profundo dolor por el fallecimiento del pintor y gran demócrata Pablo Picasso que estuvo siempre al lado del pueblo catalán»333. Ese día, por no ser diferente a los demás, fue suspendido por la autoridad un acto cultural catalanista en el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Granollers donde debían de actuar Joan de Segarra, Manuel Vázquez Montalbán, Ovidi Montllor y Francesc Pi de la Serra.
