Kitabı oku: «Ondas comunitarias que narran la paz en Colombia», sayfa 4

[…] esto, que se constituirá en una verdadera movilización social por un propósito de comunicación, llevó hasta el final los sueños de muchos grupos comunitarios que abogaban desde hacía cerca de veinte años para hacer uso de su libertad a la libre expresión y su derecho a la palabra. Dicha movilización —que desafortunadamente no ha sido documentada con rigor, estudiada ni analizada todavía— es un importante referente de un proceso democrático desde la base alrededor de la comunicación. (p. 63)

Viendo estas iniciativas, en 1995, el Ministerio de Comunicaciones abrió convocatoria pública para la adjudicación de las primeras licencias de radiodifusión comunitaria mediante el decreto 1446 de 1995, que estableció la clasificación del servicio de radiodifusión sonora como “comercial, comunitario y de interés público”. Jeanine El’Gazi (2011) define esta etapa (1995-1998) como la de búsqueda individual de las licencias de funcionamiento; aunque Mesa y González (2014) afirman que, en ella,

muchos de los que optaron por las licencias lo hicieron como una salida económica familiar o individual; otras fueron asignadas a la Iglesia Católica que utilizaron sus emisoras con fines catequizadores, [pero] tan solo un pequeño grupo contaba con proyectos sociales participativos o sustentados por alguna actividad comunitaria. (p. 14)

Más adelante, en 1996, la generación de alianzas entró también a ser parte de este nuevo espectro mediático, y fue en ese momento cuando surgió la Red Colombiana de Radios Comunitarias (RECORRA), que tenía el fin de “estimular la participación ciudadana y la construcción de medios comunitarios independientes, que impulsen el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades” (Recorra, s. f., p. 1), así como de formalizar los grupos que desarrollaban alguna experiencia en el marco de la radio comunitaria, pensando en conformar redes y asociaciones.

No obstante, fue solo hasta el año 1997 que se hicieron las primeras adjudicaciones de licencias de funcionamiento para emisoras comunitarias, pues, según Mesa y González (2014), por medio de la resolución 1420 de 1997,

en aquella época se presentaron 1311 solicitudes, de las cuales se seleccionaron 401. Se realiza también la segunda convocatoria y adjudicación de otras licencias mediante Resolución 5110 de 1997, se presentaron 155 solicitudes y se adjudicaron licencias incluso a comunidades indígenas. (p. 13)

Sin embargo, en esta primera etapa del funcionamiento legal de la radio comunitaria, muchas organizaciones sociales quedaron por fuera del concurso, y se negó la posibilidad de participación para colectivos de comunicación de las ciudades capitales, hasta que en el 2010 el Ministerio de Comunicaciones tuvo que abrir la convocatoria, derivado de una tutela en la que la Corte Constitucional consideró como fundamental el derecho a la comunicación.

Así, a partir de 1998, aunque se consolidaron las radios comunitarias que obtuvieron licencias, también se presentó el cierre de algunas muy buenas propuestas que no lograron salir victoriosas en esta lucha económica. Además, este momento también planteó retos para las emisoras en cuanto a su sostenimiento, básicamente por aspectos de presupuesto y financiación. De hecho, según Osses y Conejo (2017), “el proceso de legalización implicó que dimensiones económicas ingresaran en el habitus de los medios despojando la cotidianidad de una sensación de fraternidad, solidaridad y trascendencia que funcionaba como cemento de las organizaciones” (p. 170).

Pero este no fue el único inconveniente que se presentó, porque la ley establecía que las licencias quedarían en manos de quienes tuvieran representación jurídica, y esa organización que logró el control terminó promoviendo un enfoque de comunicación que construiría mensajes para intereses específicos que terminaron excluyendo a otros que le resultaran incómodos, como ocurre específicamente con el caso de las emisoras que están regentadas por las iglesias.

Así como los factores jurídicos y políticos enredaban el camino de los movimientos, de las organizaciones y de los radialistas, las condiciones de violencia estructural y armada también dificultaron el avance del proceso comunitario. Es más, en el informe Colombia rural, razones para la esperanza, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), se registraron, entre 1996 y 2009, 1088 sindicalistas y docentes, 1190 indígenas y 93 periodistas asesinados.

De hecho, este último grupo social suma, desde 1975, una cifra de 173 víctimas fatales. La historia de Colombia pareciera decirle a la población civil que organizarse, buscar y reivindicar derechos tiene costos demasiado altos; tal como lo expresa Jorge Londoño (comunicación personal, el 5 de mayo de 2020), citando el Encuentro de radio comunitaria:

Estos procesos de comunicación comenzaron a tener un importante éxito en los municipios y ciudades en donde fueron implementados, ello, con el esfuerzo propio de quienes creaban estaciones de radio. Tal proceso ocasionó que el Ministerio de Comunicaciones iniciara, por petición expresa de las grandes cadenas radiales, una persecución de estas pequeñas radios que prestaban sus servicios a las comunidades, que comenzaron a legitimarlas al escucharlas y defenderlas, más aún cuando la persecución oficial apareció aplicando el poder estatal, cerrándolas. (J. Londoño, comunicación personal, 5 de mayo de 2020)

Con los mandatos presidenciales siguientes, Samper (de 1994 a 1998) y Pastrana (de 1998 a 2002), el país vivió procesos muy particulares, como el proceso 8000 y las fallidas negociaciones de El Caguán, que hicieron que la vida nacional en cada momento girara alrededor de ellos y se fuera diluyendo la implementación de la Constitución de 1991, al extremo de que en el gobierno de Pastrana terminó teniendo más peso la concepción contenida en el Plan Colombia, producto de la cooperación con Estados Unidos en el marco de la política antidrogas, que el mismo Plan de Desarrollo, que se ubicaba en el marco de la normatividad colombiana.

Asimismo, el crecimiento del cultivo de la coca y de la comercialización de la cocaína, que, de hecho, desplazó en importancia a Bolivia y Perú, hizo que el país fuera el centro de atención de las políticas mundiales antidrogas, y nuestras elites asistieron y colaboraron activamente para que ello ocurriera. Así, el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) superó con creces el aislamiento al que había sido sometido su antecesor, y propuso el Plan Colombia, que se adornó de propósitos sociales para esconder su real intención de guerra contra el narcotráfico y su supuesta aliada, la guerrilla. Los gobiernos Clinton y Bush no solo acogieron la propuesta, sino que la apoyaron con vigor, por lo que convirtieron a Colombia en su mejor aliado en la región, elemento al que muchos de sus vecinos se resistieron (Archila, 2006).

Nuevamente, el inconformismo se manifestó en luchas sociales por la garantía de derechos, en especial el de la vida, por el cumplimiento de acuerdos y por la reformulación de políticas públicas. El proceso de paz iniciado por Pastrana, en medio de la confrontación, fue una esperanza para la sociedad civil que acudió a las audiencias públicas.

El papel que los medios de comunicación masiva tuvieron en ese periodo ha sido objeto de investigaciones académicas que resaltaron la labor de las unidades de paz en varios de los periódicos, pero que definieron también el trabajo de la empresa periodística como un show mediático, y, con el caso de la falsa información en la situación que se conoció mediáticamente como el collar bomba, le agregaron descalificativos a la prensa y al proceso de paz.

Al mismo tiempo, en la misma región se mantenían en medio del conflicto experiencias comunitarias como Radio Andaquí, que mereció, entre otros, el reconocimiento de la Unesco, en 2004, por sus contenidos locales, entre los que se encontraban, por ejemplo, la cobertura de las primeras marchas cocaleras (1996) —donde tuvieron los micrófonos abiertos las 24 horas a los partícipes de la marcha—, la emisión de contenidos educativos o de beneficio comunitario sin discursos políticos, o cuando, en 2003, después de una toma guerrillera, cuando pudieron reconectarse, dieron prioridad a la información que permitía a los pobladores encontrar a sus seres queridos y conocer los lugares donde habían “sembrado” minas antipersona. Este contraste de ópticas era un reflejo más de las Colombias que aparecen o se invisibilizan en la esfera pública.

En ese momento, la frustración de las fallidas negociaciones generó un clima que permitió un viraje hacia una visión guerrerista, en medio de la cual el ambiente para lo comunitario resultaba aún menos favorable, y, en la medida en que fue transcurriendo el mandato de Álvaro Uribe (2002 a 2010), se fue instalando la idea de que cualquier crítica o reivindicación social era producto de una relación con la guerrilla o de una enemistad con la patria.

La estigmatización fue entonces parte de la cotidianidad para defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunitarios y periodistas. Por ejemplo, en 2005, las organizaciones nacionales e internacionales que funcionaban en el país —el Instituto Prensa y Sociedad del Perú (IPYS), Reporteros Sin Fronteras Francia (RSF), el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESOFIP), Medios para la Paz (MPP), y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)— emitieron una alerta conjunta por las declaraciones dadas por el entonces presidente Álvaro Uribe:

[…] el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo públicamente: “Había una cámara de una televisora internacional que había llegado tres días antes al Putumayo. Entonces, de ahí le cuentan a uno cómo están avisados por estos terroristas de lo que va a suceder”. (FLIP, 2005, p. 6)

El Presidente se refería a un ataque ocurrido en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, en el que murieron 22 soldados. Y agregó: “Ahí había una cámara y a uno le preocupa eso. Entonces el general Castro me dijo: ‘yo hablé con ellos, llevan 3 días aquí’”. El presidente no identificó al medio de comunicación, pero afirmó que “el terrorismo no puede ser fuente de noticia, el terrorismo tiene que ser fuente de denuncia” (FLIP, 2005, p. 6).

Ningún medio de comunicación estaba en la región, y así lo corroboró un comunicado que envió la Casa de Nariño al día siguiente, el 28 de junio: “La alusión que el Presidente de la República hiciera en la mañana de hoy (27 de junio), sobre la presencia de periodistas internacionales en el Putumayo, fue hecha sobre información equivocada acerca de la fecha en que los reporteros llegaron a la zona” (FLIP, 2005, p. 6).

La rectificación del Presidente era, sin duda, un acto necesario para aclarar que los periodistas no les estaban haciendo eco a los ataques de grupos ilegales. No obstante, realizar esa declaración, sin tener la información completa, influyó en la estigmatización de la que muchas veces es víctima la prensa. Una afirmación como esta puede poner en riesgo a un periodista tanto como una amenaza, y constituye una alerta para la sociedad sobre los peligros de la desinformación y las responsabilidades que competen tanto a fuentes como a reporteros.

Ya con anterioridad, el 23 de febrero de ese año, el vicepresidente Francisco Santos había declarado, durante la instalación del II Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, que los medios de comunicación “crearon una caja de resonancia a los hechos terroristas que sin duda fueron más efectivos que la misma utilización de explosivos por parte de estos grupos ilegales” (FLIP, 2005, p. 6).

Así como los señalamientos del mandatario generaron una autocensura, también lo hicieron los actores armados en las regiones, como en Arauca. Así lo publicó IFEX:

Allí los periodistas viven en medio del miedo y la zozobra y deben escoger entre hacer periodismo o sobrevivir. Naturalmente, optan por preservar sus vidas y la de sus familias y se autocensuran. Así, las agendas periodísticas se llenan de temas “amables”: “los periodistas terminan enfocándose en artículos como la fauna y la flora”, aseguró un periodista de Arauca, uno de los departamentos más riesgosos para ejercer el periodismo. “La autocensura surge en cada rincón del país, pero con mayor intensidad en los medios regionales porque vivimos con nuestras familias y todo el mundo nos conoce”, concluyó. (2005)

Además de los factores mencionados, en el inicio del siglo XXI se presentó un cambio en la dinámica de relacionamiento que se daba entre mandatarios y empresas periodísticas, a tal punto que se dejó en segundo plano a los medios masivos para privilegiar la comunicación directa con la ciudadanía a través de los Consejos Comunales de Chávez en Venezuela y los Consejos Comunitarios de Uribe.

Múltiples investigadores decidieron analizar la estrategia de comunicación manejada por Uribe. Por ejemplo, para las elecciones de su segundo mandato, Tamayo (2006) indagó sobre las tácticas, del que fue presidente y senador, con los medios locales y comunitarios:

Uribe tiene un mensaje que es respaldado ampliamente por las clases medias y altas de Colombia, y al privilegiar los medios comunitarios evidenciaba su intención de llegar a las clases bajas, que no hacen parte significativa de su electorado. Segundo, al tener el respaldo incondicional durante sus cuatros años de gobierno de los medios de comunicación tradicionales, explorar estos medios, que generalmente son muy críticos con las posturas gubernamentales, era una forma válida por restringir oposiciones mediáticas en esferas públicas locales o regionales. Y, tercero, constituía el mejor mecanismo para poder acercarse directamente a la gente, pues los niveles de interacción de estos medios con la ciudadanía como tal son mucho mayores que en los comerciales.

Además de lo masivo y lo comunitario, en el gobierno de Uribe se dio la expansión de la internet, la cual permitió visibilizar experiencias de comunicación popular, como lo fue el caso de Prensa Rural, un proyecto de comunicación campesina nacido en el 2003 para dar a conocer las problemáticas y propuestas del sector rural campesino a lo largo del país; o el proyecto de comunicación popular Periferia, en 2004, que dice, en su página web,

[…] interesados en hacer de la comunicación popular una herramienta para visibilizar los procesos de resistencia de las comunidades en la periferia de Colombia. […] Entendemos la Comunicación Popular como el proceso en el que las comunidades por su iniciativa construyen estrategias para atender sus necesidades de comunicación. Desde esta perspectiva se prioriza la escucha, el diálogo y la construcción colectiva de saberes, y se problematiza la realidad con el objetivo de transformarla. Por esta razón entendemos que la comunicación no tiene únicamente una función informativa, sino que hace parte de la cotidianidad de nuestras comunidades para mediar, resolver o develar conflictos. La Comunicación Popular es entonces una respuesta de las gentes organizadas en la búsqueda de una sociedad más justa, libre y humana. (párr. 2)

Otro proyecto fue el de El Turbión, en 2004, una propuesta desde la Federación Universitaria Nacional (FUN), y posteriormente desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP). Christian Peñuela, en su ponencia en la cátedra Unesco titulada La autoformación en medios de comunicación: estrategias de organizaciones de medios y colectivos juveniles vinculados con movimientos sociales, concluyó que, a través de la Escuela Permanente de Medios Alternativo (EPMA-Turbión),

Las acciones desarrolladas sobre experiencias de autoformación con los colectivos juveniles significan modos en que los jóvenes pueden enunciarse a través de escenarios políticos donde las esferas públicas son propias, provenientes de procesos “desde abajo” y que integran la comunicación como herramienta para situar y fortalecer sus acciones colectivas en el espacio público. Al mismo tiempo reivindican formas de agrupación […] Como bien se ha señalado antes, estos jóvenes vinculados a movimientos sociales buscan potenciar la movilización social y las acciones colectivas a través de la herramienta de la comunicación y la pedagogía popular. Al hacerlo una realidad con espacios como la EPMA-Turbión, terminan convirtiéndose en agentes de transformación epistemológica. (2013, p. 6)

Las tres experiencias mencionadas fueron víctimas de estigmatizaciones y se encontraron entre los listados de uno de los casos que generó un gran escándalo en el país: las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Aunque Colombia tiene una historia de escuchas de más de 50 años, fue entre 2003 y 2009 cuando se develó que fueron interceptados cerca de 600 personalidades públicas. La entidad de inteligencia estatal fue disuelta en octubre de 2011, y, durante el proceso de liquidación, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), preocupada por las constantes violaciones a la libertad de prensa, realizó dos misiones, publicadas como Paramilitares: unas Águilas Negras dispuestas a abatirse sobre la prensa (2007), y ChuzaDAS (2010). Sobre este último, la organización señaló que,

Lejos de limitarse a las escuchas telefónicas (“chuzadas”), el escándalo implica espionaje, actos de sabotaje e intimidación, a veces urdidos por esos mismos que debían garantizar la seguridad de los periodistas amenazados, así como una “propaganda negra” que estigmatizaba esas voces opositoras como “enemigos del Estado”. (RSF, 2010, p. 3)

Ahora bien, según reportaba la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) en su Informe semestral sobre agresiones a periodistas en Colombia (2011), en el primer año del periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010 a 2018), los paramilitares eran el primer victimario contra la prensa. Para 2013, la organización RSF, en su monitoreo, remitió a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA —para ese entonces, Catalina Botero— y a la oficina de Naciones Unidas datos sobre el número de agresiones que se presentaron durante la cobertura del paro nacional campesino, donde aparecieron, además de periodistas de medios masivos, universitarios y regionales, periodistas comunitarios y populares pertenecientes a la Red de Medios Alternativos Populares (REMAP) y la Alianza de Medios Alternativos por la Paz.

Desde la perspectiva de la libertad de información, Rincón y Uribe (2015), en el texto De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y Brasil, concluyen sobre Uribe que fue un

gobernante que […] crea un ambiente para que florezcan aventuras que ponen en riesgo a la democracia liberal, entendida en el mejor sentido del término […] un momento […] que muestra hasta dónde puede llegar el riesgo para la democracia, se dio cuando Uribe empezó a introducir en sus discursos el concepto de Estado de Opinión por encima del Estado de Derecho. (p. 94)

Mientras que, sobre Santos, afirman que, en él

se pueden encontrar los vestigios de un discurso revolucionario a la Rousseau: restaurar la igualdad y la soberanía perdida de los más pobres, de los revolucionarios y de los contestatarios. El comunicado de la agenda de Oslo es el garante, en el papel de estos planteamientos al incluir la discusión del tema agrario y de la participación política para quienes critican el orden actual. El pulso y gran reto del presidente Santos es el de reconvertir la visión hobessiana y la lucha contra los enemigos en una nueva visión del país donde todos tengan lugar. (p. 107)

Con este breve recorrido se hace evidente que la democracia participativa nunca ha sido el escenario en el que se ha movido la relación entre el Estado y la población. La ciudadanía, los movimientos, las expresiones sociales, ambientales y reivindicativas de derechos seguirán recurriendo a todos los mecanismos para hacerse escuchar. Solo esperan un interlocutor que esté dispuesto a cumplir sus expectativas.