Kitabı oku: «Lawfare, o la continuación de la política por otros medios»
GABRIEL C. CHAMORRO
LAWFARE
O LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA POR OTROS MEDIOS
Sobre Lawfare
Internándonos en las lecturas sobre el lawfare descubrimos un problema mayor: las condiciones que lo posibilitaron con la instauración de gobiernos de excepción que en la región comenzaron con la presidencia de Mauricio Macri (2015) y la destitución de Dilma Rousseff (2016). Si Argentina y Brasil podían imponer neodemocracias (después de todo hay neoliberalismos, neonazis, neoconservadurismos), era de suponer que esos nuevos emprendimientos institucionales servirían de ejemplo para el resto. Democracias fraguadas, no por la manipulación de datos electorales, sino por el encarcelamiento, incubación de desprestigio y persecución de los principales candidatos a ganarlas. No tuvieron hijos no reconocidos, ni participaron de cohechos, ni desviaron fondos públicos, ni resultaron ser autores intelectuales de triples crímenes o de fiscal alguno.
La Argentina 2015 - 2019 fue gobernada desde el exterior de los márgenes legales ya que agencias estatales, alentadas desde la centralidad del poder político, estuvieron destinadas a la extorsión, espionaje, asfixia económica y encarcelamiento de opositores. La Dirección Nacional de Migraciones, AFIP, UIF, Servicios de Inteligencia (AFI), entre otras, operaron en tal sentido por si o tercerizando la labor en bandas conformadas por policías federales, periodistas, abogados, agentes inorgánicos, barras bravas, narcotraficantes, ex policías, etc. Del mismo modo que tampoco es democrático el gobierno cívico - militar de Jair Bolsonaro con sus llamamientos al golpe o el de Iván Duque (cada 30 horas un dirigente político o social es asesinado), Rafael Correa fue condenado a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años (no podrá ser parte de la próxima contienda electoral).
Los poderes judiciales, con sus mecanismos de lawfare, fueron (son) parte indisoluble, principales engranajes, en la configuración de estas excepcionalidades democráticas.
GABRIEL CHAMORRO
Es Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (CEPES). Docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario de la Policía Federal. Autor de: “Guerra y delito (Los DDHH en la Posmodernidad)”, “2045: Cien años después. El legajo kirchnerista”, “Los desapoderamientos discursivos en los procesos constitutivos del Derecho”, "El discurso médico - legal y la triple interdicción de las mellizas“, "Trabajo y educación delas mujeres en las cárceles (Ley de ejecución de la pena privativa de libertad)”, en colaboración. Fue asesor parlamentario. Dictó conferencias y seminarios. Autor de numerosas publicaciones de divulgación jurídico - política.
PEDRO BRIEGER
Es sociólogo y periodista. Se desempeña en varios medios de comunicación y es director de NODAL, el primer portal de noticias dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe.
Índice
Cubierta
Portada
Sobre este libro
Prólogo, por Pedro Brieger
Preliminares
Introducción
I. Condiciones para una posible definición
II. Enfrentamientos de nuevo tipo
III. Antecedentes
IV. Marca argentina
V. El Sr. Josef K y la Sra. Cristina K
VI. Comodoro Py, refugio de “La manada”
VII. Bolivia, el lawfare venidero
VIII. Epílogo. El síntoma y la enfermedad
Bibliografía
Créditos
Otros títulos de esta editorial
PRÓLOGO
Por Pedro Brieger
Algo ha cambiado en América Latina en estos primeros años del siglo XXI. Por primera vez en su historia la inmensa mayoría de los países, entre ellos la Argentina, tienen gobiernos electos por el voto sin interrupciones recurrentes de golpes de Estado como sucedía en el siglo XX. Si el historiador militar de Prusia, Karl von Clausewitz, popularizó la frase que la guerra es la continuidad de la política por otros medios, el sugestivo título del libro de Gabriel Chamorro nos indica que el “Lawfare” también es la continuación de la política por otros medios.
En realidad, todo se articula alrededor de la política y los intereses de quienes tienen el poder político y económico al frente de un Estado.
Los estados nacionales en América Latina se estructuraron desde su nacimiento alrededor de las clases sociales que los crearon, conjugando el poder político con el económico, diplomático, jurídico, militar y mediático, indispensables para legislar a favor de quienes, justamente, habían creado dichos Estados. Para consolidar cualquier poder político-económico se necesita de los medios masivos de difusión, adecuados a cada momento histórico, para generar los consensos necesarios que les permita mantener a la mayoría de la población convencida de que dicho poder es el natural. Durante décadas, cuando las clases subalternas desafiaban los poderes instituidos los golpes de Estado, con diversos grados de represión y el apoyo de los grandes medios ponían las cosas “en su lugar”. La magnitud de la represión siempre estuvo adecuada al nivel de cuestionamiento de quienes buscaban modificar el “status quo”, sean los trabajadores reclamando mejores condiciones laborales o las mujeres la igualdad y el derecho al voto. En numerosos países los gobiernos democráticos fueron apenas un paréntesis entre gobiernos militares, siempre articulados con los sectores civiles más poderosos.
Los golpes cívico-militares en el siglo veinte fueron una constante hasta mediados de la década del ochenta del siglo pasado en que los procesos de democratización se desarrollaron después de dictaduras crueles, que desaparecieron y asesinaron a miles de personas en América del sur y América central.
En la Argentina -como caso excepcional- se juzgó a los militares que gobernaron entre 1976 y 1983 y el impulso democratizador modificó también la relación de los militares con los poderes civiles en casi todos los países que habían conocido dictaduras sangrientas.
A comienzos del siglo veintiuno hubo cambios importantes a nivel regional por el desarrollo en América Latina de una corriente política que cuestiona las políticas neoliberales impuestas. Esta corriente es muy heterogénea y difícil de definir en términos conceptuales porque abarca desde el Frente Amplio en el Uruguay hasta la Cuba revolucionaria, pasando por el chavismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o el kirchnerismo en la Argentina que gobernó durante doce años. Esta corriente está formada por hombre y mujeres que se definen como “progresistas”, de “izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”, “socialistas”, y una amplia gama de definiciones muy dilatadas que incluyen a algunos y excluyen a otros. Sin embargo, tienen muchos puntos en común que los llevó a acercarse para forjar por primera vez desde las independencias nacionales del siglo XIX una región integrada en base a un discurso que algunos definen como “post neoliberal”, aunque varios hayan seguido aplicando postulados clásicos del dogma neoliberal. Entre otros elementos se buscó -y aun se busca- un camino de integración regional sin la tutela de los Estados Unidos.
Esta nueva corriente emergió como una novedad para América Latina en el siglo XXI y se fue consolidando en franca disputa con las corrientes conservadoras, liberales, de derecha que con sus diferencias y matices gobernaron los siglos XIX y XX.
En el año 2005 esta corriente hizo su aparición de manera conjunta y con alto impacto político durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Allí, los cuatro presidentes del MERCOSUR (Néstor Kirchner, Lula de Silva, Tabaré Vázquez y Nicanor Duarte Frutos) conjuntamente con Hugo Chávez, evitaron que naciera el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América que excluía a Cuba. Y lo hicieron de manera espectacular con un gran acto público en un estadio de futbol con Chávez como principal orador y Evo Morales -en ese entonces un dirigente social- en las tribunas. La Cumbre de las Américas fue un momento de inflexión porque de manera inesperada Washington se quedó dejó sin perspectivas claras y las derechas latinoamericanas -subordinadas a la Casa Blanca- tampoco atinaron a esbozar algún tipo de respuesta al finalizar la cumbre para darle continuidad al ALCA.
En un momento, dejando de lado Guyana y Surinam (dos países que recién se están acercando a la región a pesar de su lugar geográfico), ocho de los otros diez países de América del Sur estaban gobernados por esta corriente. Su aparición y su acceso al gobierno por la vía democrática en diversos países representó una novedad a nivel regional y un problema para quienes ejercieron el poder durante décadas y por sobre todas las cosas, la imposibilidad de derrocar dichos gobiernos por la vía “tradicional” de los golpes de Estado como en el siglo veinte cuando se cerraban los parlamentos, se postergaban de manera indefinida las elecciones, se prohibían los partidos políticos y sindicatos, había una férrea censura, represión, muertes y desapariciones.
En este contexto se puede comprender lo que Gabriel Chamorro define como “golpes blandos” en contraposición a los golpes de Estado “tradicionales” del siglo XX. Si se compara las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y en Bolivia en 2019 se verá que en estos cuatro casos se intentó mantener un relativo grado de “institucionalidad” respetando incluso los cronogramas electorales establecidos en los tres primeros y convocando a un nuevo proceso electoral en Bolivia. La imposibilidad, por ahora, de los poderes civiles de recurrir a las Fuerzas Armadas para destituir de manera directa y violenta gobiernos progresistas electos, ha llevado a que los sectores sociales que históricamente controlaron los poderes judiciales utilizaron nuevos métodos para debilitar y derrocar a estos gobiernos en conjunción con los medios masivos de comunicación, que suelen responder a los mismos intereses ya que la mayoría de estos medios hoy son grandes empresas que tienen intereses que exceden lo meramente informativo.
Gabriel Chamorro analiza varias de los casos más emblemáticos de la Argentina en estos últimos años para explicar los mecanismos que existen para perseguir judicialmente a dirigentes políticos en un nuevo tipo de guerra, mucho más complejo e invisible a simple vista, y tal vez por eso incluso más eficaz que un golpe de Estado con los militares en las calles.
PRELIMINARES
La política argentina es puro vértigo. A los pocos días de finalizar este trabajo se sucedieron una serie de acontecimientos que, en otras circunstancias, con otros temas o distintos abordajes, podría hacer fracasar cualquier emprendimiento que roce la coyuntura política del país. En esta oportunidad, los acontecimientos vinieron a ratificar lo aquí escrito. Por ejemplo, se acaban de conocer audios del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Pablo Baca, en donde admite que Milagro Sala no está detenida por delito alguno, sino en carácter de dirigente social. Decidida criminalización de la protesta en modo lawfare (ver el “Capítulo I, apartado 2. Derecho penal de autor” y en particular el capítulo V, también apartado 2, destinado a Milagro Sala).
El presidente de ese tribunal acaba de pedir licencia para enfrentar un juicio político en medio del escándalo generado por su subordinación al gobernador Gerardo Morales. A su vez, Baca era quien venía de reemplazar a la anterior presidenta de ese mismo tribunal, Clara de Langhe de Falcone, removida por haber incurrido en declaraciones públicas de similar tono. Baca y Falcone fueron sicarios judiciales, pero también mensajeros. El autor intelectual sigue impune y hasta premiado con votos. Coronación de una serie de eventos descriptos en este libro que han llevado a prestigiosos juristas argentinos (Julio Maier y Eugenio Zaffaroni), a solicitar la intervención del poder judicial jujeño.
Segunda ratificación: al testigo protegido y/o imputado arrepentido, Alejandro Vanderbrole, se le proporcionó de fondos públicos una suma de dinero para que pusiera un hotel boutique en la Provincia de Mendoza a cambio de su colaboración en la acusación del “caso Ciccone”. Expediente por el que el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, está privado de su libertad. En este caso la filtración fue por medio de mensaje de correo electrónico y actas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Ver en tal sentido el “Capítulo III. Antecedentes. 3. Amado Boudou y Julio de Vido”).
Tercera ratificación: la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (en adelante “CFK” o “Cristina Fernández”), formuló recientemente dos presentaciones por la formación de causas bajo procedimientos secretos, coordinadas entre organismos de la administración del Estado y el Poder Judicial con el propósito de generarle severos perjuicios económicos. (Causa “Fisco Nacional AFIP c. Fernández, Cristina Elisabeth s/ Ejecución Fiscal”, expediente N° 15.697/2019 y Actuación Administrativa N° 11.494-3-2018, Sumarios N° S/431/ 018/2018 y N° S/431/ 021/2018). Lo que en un twitter CFK denominó “procedimiento clandestino”, colocándose de este modo otro ladrillo más en el muro del lawfare. Cuestión que abona lo largamente explicado en el “Capítulo V. El Sr. Josef K y la Sra. Cristina K”.
En dicho capítulo se relata el vínculo procesal persecutorio entre la ex presidenta y a quien denominé “El Inquisidor”, es decir el juez Claudio Bonadío, que acaba de fallecer también en momentos de finalizar el presente libro. Tema que no guarda relación con la dinámica turbulenta de la política argentina, sino con la biología de ahí que la actividad de Bonadío pasa ahora a ser una suerte de necrológica u obituario. Sin embargo, con la muerte de Bonadío o de jueces/juezas afines a esa concepción de la tarea judicial, no finaliza el lawfare porque es una práctica constitutiva del debilitamiento del Estado de Derecho. A falta de reglas, prospera el lawfare que se traduce en una imputación política enmascarada en norma legal.
En el “Capítulo I. Condiciones para una posible definición”, se avanza en el intento por superar el debate acerca de si en la Argentina hay o no presos políticos. Decimos, entonces, que existe algo peor que eso: hay en la Argentina presos del lawfare. De empresarios presos o excarcelados no sabemos su filiación política, desconocemos que hayan tenido militancia partidaria alguna; en algunos casos han sido (o son) pendulares en sus definiciones ideológicas, por tanto no podemos matricularlos como detenidos políticos, pero si como presos del lawfare. Ello por acusaciones falsas, imputaciones de delitos inexistentes, procesos amañados, viciados o de dudosa legalidad.
El interrogante que nos formulamos es ¿qué sucede cuando el Derecho rompe con su matriz constitutiva al dejar de ser el elemento regulador en la sociedad, abandonando su papel de tercero simbólico, árbitro o mediador? ¿Qué se quiebra en el orden de lo social toda vez que la ley (o La ley) no compromete más su rol componedor? Preguntado de manera asequible: ¿cuál es el problema a enfrentar en un Estado de Derecho cuando la ley “toma partido” al involucrarse con aquello para lo que no fue designada? En síntesis, cuando la ley tuerce su propósito fundante mutando en un instrumento operacional.
Todo sumado a la persistente difusión de información sucia, manipulada y violenta llevada adelante bajo el imperio de un monopolio comunicacional. De esto trata la presente obra, de la violencia material y simbólica que despliega el lawfare como arma de persecución que se fortalece en un escenario ficcional de la democracia representativa, de falsificación de la política (su negación) y de desarme discursivo. Fue una de las más encumbradas plumas de ese monopolio comunicacional quien definió su labor como la de “periodismo de guerra”. Apretada, pero verdadera síntesis de lo que es lawfare.
Finalmente, las causas más emblemáticas podrán ir apagándose al correrse el velo de la forma en que fueron generadas. Los/as presos/as por el lawfare irán recuperando su libertad al puntualizarse en debidos registros las arbitrarias decisiones que condujeron las detenciones. Están los jueces que se jubilarán, morirán o serán destituidos, pero quedará en pie la batalla más grande: la reforma judicial.
INTRODUCCIÓN
“Los mejores abogados no pueden ser eficaces si no entienden las necesidades y el negocio del cliente. En el ámbito militar, esto significa tener un conocimiento profundo de la misión, las capacidades y la mentalidad de la unidad que recibe el apoyo. La mayor parte de esto es responsabilidad del oficial auditor, pero los comandantes pueden facilitar el proceso comunicándose con su oficial jurídico de apoyo. Para ello, hay que asegurarse de que los oficiales auditores visiten la unidad con frecuencia y se familiaricen con los soldados, el equipamiento y los métodos de funcionamiento. Esto debe llevarse a cabo en la guarnición porque es extremadamente difícil hacerlo al momento o cuando las tropas ya han sido desplegadas”. [“Introducción a la guerra jurídica. Manual básico”].1
Tras el final de la guerra fría la CIA y el FBI se vieron obligados a incrementar sus actividades de contraespionaje contra los agentes económicos extranjeros. El espionaje de organismos extranjeros en compañías de los EE.UU representó una seria amenaza contra su economía, según decían jefes de esas agencias. A tal extremo que la CIA hubo de especializarse en guerras comerciales al cambiar el objeto de sus seguimientos, reprochándosele no haber sido capaz de anticipar el alcance y las consecuencias de la crisis financiera asiática producida en 1997. En similar sentido, en Rusia por ejemplo, al cabo de la Perestroika, más de la mitad de miembros de la ex KGB migraron a funcionarios de la Bolsa de Comercio. El lugar de los antiguos espías estatales apareció ocupado por operadores financieros y estructuras de poder político–militar que se ramificaron hasta alcanzar los centros de poder internacional.
De aquellas y recurrentes guerras comerciales entre EE.UU y Japón, la Unión Europea, Brasil, Canadá, por la telefonía celular, trigo, patentes medicinales, gas, petrodólares, petroquímica, etc., a la actual entre EUA y China por temas arancelarios (tecnología 5G consagrada en Huawei), existe la constante de lo que modernamente se vino a resguardar: la expansión del capital luego de la Segunda Guerra Mundial.
El Fondo Monetario Internacional se creó 1944 tras los acuerdos de Bretton Woods a fin de evitar la guerra de las devaluaciones compensatorias. De tal modo, después de dicha guerra, algunos victoriosos generales británicos pasaron a las juntas directivas de la industria: el general Brian Robertson dirigió la British Rail; el mariscal de Aire, lord Douglas, se hizo cargo de la British European Airways; y el general de división, Dunphie, estuvo al frente de Vickers. En igual época, los victoriosos generales norteamericanos Mc Arthur y Lucius Clay, pasaron a dirigir negocios nacionales. Mientras que los japoneses y alemanes al tener –en este sentido–, la ventaja de contar con jefes militares desacreditados y destrozadas sus industrias, aprendieron de la derrota teniendo que volver a organizar su estrategia para la supervivencia económica y sublimar sus instintos guerreros en la expansión industrial. Modelaron una organización comercial sobre la base de una tropa industrial dinámica, sin las jerarquías rígidas y burocráticas de sus vencedores, pasando a realizar estudios mucho más profundos que sus enemigos. Los japoneses pusieron empeño en el factor sorpresa y velocidad, situándose detrás de las líneas enemigas. Y cuando las tropas de choque de su industria empezaron a invadir Norteamérica con coches pequeños, con la electrónica o con ordenadores, los ejércitos industriales norteamericanos tardaron mucho en volver a replegarse. Primacía del toyotismo.
Pero no eran sólo los extranjeros los que estaban desafiando a esos batallones corporativos americanos: una nueva generación de inversores norteamericanos, como T. Boone Pickens,2 Carl Ieahn3 o Ted Turner,4 estaban descubriendo una forma de piratería comercial hasta entonces desconocida y que podía, también, infiltrarse en bandos enemigos persuadiendo a los accionistas para que se amotinaran y desertaran. No obstante, suponer que con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética los conflictos globales se dieron por concluidos es un error. Se reeditaron en otros territorios a escala menor y en distintos lugares del planeta: Siria, Libia, Crimea, Irak, Afganistán, Chechenia, son algunos de los casos.
“El discurso político de sectores ultraderechistas parecen ensayar un revival de aquellos años de enfrentamiento Este – Oeste. Da la impresión de que se reviven los escenarios de la Guerra Fría por la emergencia de China, como si hubiera otra vez dos potencias que dirimen entre ellas el poder y todos los demás estamos como satélites alrededor… La lucha entre ellas también es distinta, la llamamos ‘guerra comercial’… Pero si uno mira la Guerra Fría vemos que toda esa estructura que se creó después de 1945 y que impulsó EE.UU, sigue vigente. El TIAR, OEA, hasta la OTAN, esa estructura que sigue siendo la de la Guerra Fría…”.5
Teatros post bélicos no tan nuevos remozados y desplazados a otras geografías; espías reciclados en guerras virtuales (y de las otras); armisticios políticos para evitar el choque material; reconversión de armamento en operaciones bursátiles; mutación de cargos militares en hombres de negocios; excedentes comerciales; maneras político–económicas de resolver procesos de acumulación de capital más crisis financieras; modificación del mapa mundial y del escenario geopolítico; en definitiva la guerra aparece como un todo reordenador de lo existente en el seno de nuestras sociedades modernas; verdadero demiurgo de las derechas – conservadoras.
Nótese que se extiende a múltiples usos la noción de “guerra”. Así tenemos la “guerra contra el crimen”, la de “pobres contra pobres”, contra las drogas, del petróleo, por el agua, el litio, “guerra de pandillas”, “guerra bacteriológica”, contra el narcotráfico, la inmigración y el terrorismo. Cualquier querella tiene derivaciones de lenguaje blindado: “desembarco de tal o cual empresa en determinado país”, “ultimátum frente a los subsidios” por “aumentos de tarifas”, “batalla contra el hambre”, por las patentes, licencias o usos comerciales, etc. En tanto, en épocas electorales tenemos a candidatos que esperan resultados en sus “bunkers”, que se “alistan” y “pertrechan”, mientras que resistir en un cargo el despido puede ser un “atrincheramiento”. Dentro de este esquema podríamos evocar a la guerra más larga de la historia sin enfrentamiento militar real en un campo de batalla entre sus contendientes: la “Guerra Fría” que abarcó una confrontación científica, espacial, económica, ideológica e industrial.6
Con independencia de excesos semánticos o de metáforas bélicas que nos salpican a diario, resulta que opera un denominador común en la fraseología referida, detectándose, a su vez, intersticios entre guerra, derecho, comercio y política. Se trazan campos de análisis sin límites precisos en estas nociones dado que la guerra tiene un derecho y el derecho nació como forma reglamentada de hacer la guerra; arbitrándose los medios con que hombres y mujeres pasarían, en adelante, a resolver sus conflictos. Las guerras particulares arcaicas y los enfrentamientos privados medievales pasarían a concentrarse en manos de un poder externo, de un tercero: el Estado y el Juez.
No cabe pensar en análisis estáticos acerca de cualquier definición que quiera hacerse de una teoría del estado. La naturaleza constitutiva, su génesis es decididamente violenta, remite y nace de enfrentamientos sociales y de la confrontación de elementos materiales. Soslayar este carácter implica ingresar en el obstáculo teórico del pacto o contrato social. En última instancia, encontraremos análisis referidos a las derivaciones de los enfrentamientos materiales, pero rara vez a ellos mismos como eje central. Este es nuestro punto de llegada y de partida, caso contrario caeríamos en una interpretación ahistórica que observa la constitución del Estado como una regularidad de las relaciones históricas, propias de la mecánica clásica o del evolucionismo darwiniano.
De igual modo que la economía clásica basaba su teoría en el marco de las relaciones sociales de cambio –el mercado– , por ser éste el ámbito de relaciones sociales entre iguales –los propietarios de mercancías–, analógicamente Clausewitz presupone una teoría del poder que se reduce al espacio social –la política– de las relaciones sociales entre iguales: los ciudadanos. ¿Por qué Clausewitz? Sencillamente porque le otorgó al discurso de la guerra un marco teórico riguroso, y sobre dicha beligerancia, a su vez, a fines del siglo XVIII configuró la explicación del origen del Estado – Nación.7 Foucault, en cambio, en su curso del 7 de enero de 1976, optó por utilizar a Clausewitz para diagramar parte de su hipótesis acerca de Nietzsche.8
