Kitabı oku: «El delito televisado»

Introducción

Gabriel Kessler, Martín Becerra, Natalia Aruguete y Natalia Raimondo Anselmino

Este libro presenta los principales hallazgos de un proyecto de investigación que se propuso estudiar, en la Argentina del siglo XXI, cómo los medios de comunicación producen y ponen en circulación información y opiniones sobre casos de delito, violencia e inseguridad, desde un abordaje que integrara las condiciones de propiedad de la producción mediática, las rutinas productivas de construcción de las noticias, el contenido noticioso y su construcción discursiva, así como la instancia de recepción de este tipo particular de discurso en ocho noticieros centrales de las cuatros principales ciudades argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Dicho proyecto –cuyo título es “De la propiedad a la recepción: estudio integral del circuito productivo de las noticias sobre delito e inseguridad en los noticieros televisivos de mayor audiencia de la Argentina”– fue financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), por la Defensoría del Público Audiovisual de la Nación y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, instituciones públicas de la Argentina. Se trata de una investigación que reunió, entre 2016 y 2020, a dieciséis investigadoras e investigadores del campo de la comunicación y de la sociología, y otros tantos auxiliares de investigación, provenientes de universidades emplazadas en las cuatro ciudades estudiadas: la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad del Salvador y la Universidad Austral.

Realizamos nuestro trabajo en un período en que la Argentina ya exhibía, desde al menos una década y media atrás, rasgos persistentes en relación con los delitos, la preocupación social por estos y su presentación en los medios. Parafraseando a David Garland (2005: 247), se había consolidado una particular experiencia cultural del delito en cuanto significado que este adquiere en una cultura particular en un momento dado, un tejido compacto que entrelaza mentalidades y sensibilidades, es decir, una red cultural que está incorporada a formas específicas de vida y que, por esta razón, se resiste a la alteración deliberada y tarda en cambiar.

Dichos rasgos son una tasa de delitos urbanos alta en relación con parámetros internacionales, con tasas de victimización –esto es, personas que declaran en las encuestas haber sido víctimas de un delito en el último año– cercanas al 30%, pero al mismo tiempo con tasas de homicidios bajas en el contexto latinoamericano, aunque duplican o triplican a países de Europa Occidental (Kessler y Bruno, 2018). En general, hay consenso sobre una serie de cambios a lo largo de las últimas dos décadas y media. Durante los años de transición democrática se produce una mutación en las formas de representación del delito: en sus formas clásicas el delincuente era una figura casi monstruosa, puesto que el crimen era algo considerado excepcional, que mostraba el límite de lo humano (Vilker, 2008). Los años 90 provocaron un quiebre social que afectó a todas las dimensiones de la vida colectiva. Así, a medida que la pobreza, la desigualdad y la exclusión crecían, las tasas de delito también lo hacían (Cerro y Meloni, 2004). Y, entretanto, se acuñó la categoría “inseguridad” como rúbrica mediática y problema público considerado una secuela de la degradación que el país, de manera inédita, comenzaba a sufrir (Kessler, 2009). Un rasgo central es la paulatina extensión de la preocupación por el crimen a todos los centros urbanos grandes, medianos y pequeños del país, en paralelo a un real incremento de las tasas de delitos en todos ellos (Míguez e Isla, 2010). A medida que aumenta el temor, la tesis acerca de que los medios de comunicación son los responsables del sentimiento de inseguridad ha sido puesta en cuestión a partir del análisis de variables ligadas al entorno, la cultura y la experiencia (Kessler y Focás, 2014). Tanto es así que la representación del delito en los medios comienza a ser objeto de un creciente número de investigaciones en nuestro país, al punto de conformar, en pocos años, un verdadero campo de estudios en el cruce entre disciplinas de la comunicación y la sociología y antropología del delito (entre otros, Arfuch, 1997; Calzado, 2015; Entel, 2007; Fernández Pedemonte, 2001, 2010; Focás, 2020; Galar, 2017; Gayol y Kessler, 2018; Kessler, 2009; Morales, 2016; Vilker, 2008; Zunino, 2020). La mayoría de los trabajos se ha centrado en la prensa gráfica y ha delineado con precisión las representaciones, los discursos y relatos sobre el delito y, en particular, sobre la “inseguridad”. Los estudios coinciden en mostrar que el objeto principal de preocupación ha estado conformado por dos polos de representación: uno estable desde los años 90, ligado a delitos cometidos por jóvenes de sectores marginalizados, fuertemente estigmatizados, y otro cambiante, referido a “olas de delito” como “motochorros”, “entraderas” a casas, robos a ancianos, entre otros que, en general, adquieren una alta noticiabilidad durante un tiempo y luego decaen. En todo caso, esos picos de noticiabilidad no implicaban, necesariamente, una mayor frecuencia de tales actos. Por lo demás, en las dos últimas décadas la profesión periodística también cambió: la importancia del delito llevó a que segmentos de noticieros y otros programas cubrieran estos hechos, y que una nueva generación de periodistas especializados comenzara a cobrar relevancia (Martini y Lucchesi, 2004; Focás, 2020).

Las cifras y los hechos

¿Cómo fue la evolución de las tasas de delito en nuestro país? ¿Por qué el delito se ha transformado en una preocupación central? La evolución general de los delitos reportados por las fuerzas de seguridad y la Justicia de todas las jurisdicciones se concentran en el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Para la mayoría de los delitos más comunes, como el robo o el hurto, los datos solo reflejan una parte de la realidad, ya que no todos los hechos son denunciados por sus víctimas. Así, la proporción de delitos no denunciados, que se conoce como “cifra negra”, puede rondar, en la actualidad, el 70% de los casos totales (Indec, 2017). En líneas generales, entre 1991 y 2018 los hechos delictuosos en total aumentaron 2,3 veces, los delitos contra las personas, 3 veces, y aquellos contra la propiedad, 1,9 veces. Los picos de delitos coinciden con los momentos de crisis social: un primer salto se observa en 1995, un momento de alto desempleo, y, en particular, en 2002, que exhibe los mayores guarismos desde los 90 en tasas de homicidios, suicidios y delitos de todo tipo (Kessler y Bruno 2018). Ahora bien, ¿qué pasó con la caracterización del delito como problema público en el siglo XXI y cuáles fueron los hechos más conmocionantes hasta el momento? Apenas comenzada la recuperación económica en 2003, en forma rauda la inseguridad se transforma en el problema público central. En 2004 las encuestas apuntarían un hito simbólico: por primera vez desde la transición democrática ocupa el primer puesto de los problemas nacionales, superando a la preocupación por la economía (Kessler, 2009). El acontecimiento más significativo por su impacto mediático, conmoción social y consecuencias en el endurecimiento de leyes penales fue el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg, un joven de sectores medios-altos secuestrado y asesinado en 2004, que generó multitudinarias movilizaciones y estuvo en el origen de un cambio de la ley penal (Calzado, 2015). Como señalan Sandra Gayol y Gabriel Kessler (2018),¹ la primera década del nuevo milenio estuvo marcada por una multiplicidad de homicidios con distinta repercusión en la opinión pública; la mayor parte solo abandonaron por escaso tiempo el anonimato sin llegar a constituirse en casos perdurables con nombre propio, pero en conjunto irán conformando el telón de fondo del que se alimenta la preocupación cotidiana por la inseguridad. Otras muertes, en cambio, suscitaron conmoción de intensidad diversa y fueron las piedras de toque para la diversificación de la agenda de seguridad. Así, por ejemplo, en 2003, por primera vez, las madres de un rehén y de su captor, Mariano Wittis y Darío Riquelme, muertos ambos por la policía en 2000, entablan en forma conjunta la querella por violencia institucional. También, la conmoción nacional suscitada en 2007 cuando en la ciudad de La Plata una mujer embarazada, Carolina Píparo, es baleada para robarle el dinero retirado del banco y pierde a su hijo, tiene como desenlace la modificación de la seguridad bancaria en todo el país. Entretanto, otro grupo de muertes se van recortando de la categoría inseguridad por no ser aleatorias y se atribuyen al “crimen organizado”, en particular al narcotráfico (remarcando su origen extranjero) y al lavado de dinero. Tal es el caso, en 2008, del asesinato de tres jóvenes empresarios, asociado rápidamente con el negocio de la efedrina (utilizada para la producción de cocaína) y los “medicamentos truchos”, y, para algunos, al financiamiento de las campañas de los Kirchner.

Hacia 2012 el eje geográfico de las noticias nacionales no se limita ya al conurbano bonaerense y cobra centralidad Rosario –tercera ciudad de la Argentina según cantidad de habitantes, ubicada en el centro del país, en la provincia de Santa Fe–, donde se produce una serie de asesinatos que se atribuyen al narcotráfico y sus disputas por el control territorial del mercado local. En paralelo, la conmoción ante casos de violencia policial nunca cesó. Al repudio por la muerte de Ezequiel Demonty en 2002, torturado y luego obligado por policías a tirarse al Riachuelo, donde se ahogó, se sumó el caso de Luciano Arruga, un adolescente desaparecido en 2009, cuyo cuerpo fue encontrado en 2014 y, según se sospecha, fue asesinado por negarse a salir a robar para la policía de la provincia de Buenos Aires. También los hechos de violencia policial y la derivada consternación se extendieron a las otras provincias. En 2010 el homicidio, perpetrado por la policía, de tres jóvenes de Boris Furman –un barrio popular de Bariloche en la provincia de Río Negro– provocó importantes incidentes y una intervención de la Gendarmería Nacional. Por su parte, la “justicia por mano propia” vuelve al centro del debate nacional en 2013 tras la conmoción ante el linchamiento de un joven que, aparentemente, había robado una cartera en la ciudad de Rosario, situación que fue seguida de otros casos similares en los años posteriores.

Es un período, además, donde se suceden una serie de tragedias de altísimo impacto político y social. En primer lugar, el incendio de la discoteca República de Cromañón, con sus casi doscientos muertos y la serie de suicidios entre los sobrevivientes que tuvieron lugar años después, suscitó una consternación e ira muy grande y un proceso que culminó con la destitución del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. La creciente demanda pública por las muy altas tasas nacionales de accidente viales concitó, también, la atención nacional luego de la llamada “tragedia de Santa Fe”. Se trató del choque entre un camión y un ómnibus que provocó la muerte de nueve estudiantes y una docente de una escuela media de Buenos Aires, quienes volvían de realizar tareas solidarias en la provincia del Chaco. Puede mencionarse, asimismo, la “tragedia de Once” ocurrida en 2012, cuando un tren que no frenó al arribar a la estación central causó 52 muertes y centenares de heridos, que conllevó una renovada organización de víctimas, juicios y promesas de cambios en la gestión de la infraestructura ferroviaria; es este un caso que, además, fue vinculado con acciones de administración fraudulenta y corrupción. Un pico de indignación se alcanzó, por otro lado, con la inundación en 2013 de la ciudad de La Plata que produjo, aproximadamente, 89 muertes y diversas acusaciones por la falta de obras de infraestructura básica a pesar de existir estudios alertando sobre los riesgos existentes.

También, la violencia de género alcanza un grado de visibilidad que no había tenido antes. Un informe de 2015 estima que, entre 2008 y dicho año, se han producido 2094 femicidios (Casa del Encuentro, 2015). A diferencia de otros temas, no podría señalarse aquí un único caso paradigmático sino, más bien, un sinfín de asesinatos de mujeres de todas las clases sociales y en todo el país. De todas maneras, el homicidio de Wanda Taddei, quien murió en 2010 luego de ser quemada por su esposo, el músico del grupo Callejeros Eduardo Vázquez, significó un punto de inflexión en la conmoción social acerca del tema que conllevó modificaciones en las leyes penales y se logró excluir la figura de “emoción violenta” en caso de violencia de género. Un hito central del período es la cristalización de la figura del femicidio que, al igual que en otros países, se convierte en el plexo convergente de la movilización en contra de la violencia de género. El movimiento Ni Una Menos logró en 2016 una de las mayores convocatorias de todos estos años y el tópico ha quedado instalado en el espacio público nacional como nunca antes en la historia.

Por lo demás, cinco años después del asesinato a manos de la policía de los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, retorna la muerte ligada a conflictos políticos y sociales. En 2007 un maestro, Carlos Fuentealba, es asesinado por la policía de Neuquén en una manifestación de docentes. Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, es asesinado en 2010 por las “patotas” sindicales durante una marcha de trabajadores ferroviarios precarizados en la periferia porteña, lo que resultó en un juicio a poderosos directivos del sindicato ferroviario. Los homicidios de integrantes de la etnia qom en Formosa por disputas por su tierra en 2010 hicieron visible el conflicto con los pueblos originarios ante la expansión de la frontera agrícola. Los muertos por las disputas de tierras en el Parque Indoamericano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2010 colocaron en agenda, también, los déficits de vivienda para los sectores populares. La desaparición de Jorge Julio López, testigo clave del juicio a Miguel Etchecolatz –expolicía condenado por su participación en el genocidio producido en la última dictadura militar de la Argentina–, evidenció la persistencia en las sombras de fuerzas represoras ligadas al último gobierno de facto. Finalmente, la muerte en su casa del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, un día antes de presentarse ante el Senado de la Nación para brindar un informe sobre la acusación por encubrimiento que implicaba a la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, generó una conmoción política de consecuencias todavía inciertas y puso en discusión, entre otros temas, el poder en las sombras de los servicios de inteligencia. Por su parte, la presidencia de Mauricio Macri (2015-2018) estuvo signada por un incremento de la violencia policial, en gran medida legitimada desde las autoridades del Ministerio de Seguridad, y tuvo como hecho de agitación y movilización pública máxima la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado y, más tarde, el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Gendarmería Nacional en 2018, en ocasión de sendas protestas en el sur del país por defender los derechos del pueblo mapuche.