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I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Mi análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria en Perú y en Ecuador se emplaza en la década de 1860, un periodo en el que en ambos países tuvieron lugar una serie de transformaciones en el ámbito político, social y económico que repercutirían también en el marco legislativo que se empezaba a dibujar en esta época. El sistema representativo pasaba entonces por una etapa de consolidación y desarrollo. Desde el punto de vista político, nos situamos en el comienzo de un periodo de mayor estabilidad, donde los elementos civiles adquirieron protagonismo sobre los aspectos militares. Aunque algunos de los principales líderes políticos del momento –como el peruano Ramón Castilla– procedían del estamento militar, lo cierto es que gobernaron a través de sistemas representativos en los que la Constitución era el pilar fundamental, y no mediante juntas militares. Como afirma Irurozqui, «el hecho de que una trayectoria profesional armada favoreciese a inicios de la República el desempeño de cargos de autoridad o que hubiera militares ocupando cargos de gobierno no equivalía ni a dominación militar ni a gobierno militar».¹ A pesar de ello, en países como Perú el civilismo no se asentaría en el poder hasta la llegada a la presidencia de la república de Manuel Pardo en 1872.² Por otro lado, ambas naciones experimentaron un boom económico, al calor de la explotación de determinados productos –fundamentalmente, el guano en Perú y el cacao en Ecuador–, que ayudaría a colocar sus economías en el mercado internacional. Este auge estaba directamente relacionado con el surgimiento de unas élites comerciales y financieras que empezarían a ocupar un lugar preponderante en la estructura social, y que se irían diferenciando del resto de población en sus estilos de vida. Por último, la diversidad social y económica que caracterizaba a ambos países andinos tenía una estrecha relación con los aspectos geográficos. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue acentuando también una separación entre la población de las grandes ciudades situadas fundamentalmente en la costa y aquella que habitaba las zonas rurales del interior.

En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográfico especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográfica sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En definitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el calificativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador.³

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, definida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina».⁴ No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, confluían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conflicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta significativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconfianza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república.⁵ Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Rufino Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854.⁶ De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo».⁷ No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico.⁸

Comenzaba así el segundo mandato de Castilla, durante el cual, en 1856, se redactó un texto constitucional de tendencia liberal que, sin embargo, no convenció al presidente, pues reducía el poder ejecutivo a favor del legislativo, cumpliendo así el principio liberal de limitar el presidencialismo. De hecho, la promulgación de esta Constitución, así como otras actuaciones de tendencia liberal que tuvieron lugar durante su segundo gobierno, produjeron el descontento entre los sectores de población más conservadores que habían apoyado a Castilla durante el conflicto, produciéndose diversos levantamientos contra el presidente en algunas provincias como Arequipa o Moquegua.⁹ Los años 1857 y 1858 se caracterizaron especialmente por «la coacción y la violencia en varias poblaciones de la República», e incluso algunos documentos llegan a hablar de guerra civil.¹⁰ Todo ello, sin embargo, terminaría con un nuevo triunfo de Castilla.

En este contexto, en 1857 Castilla disolvió la Asamblea y convocó elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara una Constitución más conservadora, alejándose desde este momento de los liberales y refugiándose en el ejército.¹¹ En 1858 se convocaron nuevas elecciones al Congreso, que dieron lugar a una Asamblea de corte conservador.¹² El nuevo Congreso, una vez instalado, realizaría algunas reformas de gran relevancia para el país, siendo la más importante de todas ellas la elaboración de un nuevo sistema normativo que se mantendría sin grandes variaciones hasta finales del siglo XIX lo que le convierte en el marco normativo más estable de todo el Perú decimonónico. Así, del trabajo realizado por el Congreso de 1860 surgieron la Constitución de 1860 y la Ley Electoral de 1861. La Constitución de 1860, que seguía el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América, ha sido calificada por la historiografía como un texto profundamente conservador –es decir, se adscribía a la corriente más moderada del liberalismo–. En palabras de Graham H. Stuart, «el elemento conservador, aunque estaba dispuesto a aceptar algunos de los principios liberales de la Constitución de 1856, estaba decidido a hacer de la nueva ley orgánica un instrumento seguro para el gobierno».¹³

A partir de las elecciones de 1862, Castilla sería sustituido como presidente de la república por Miguel de San Román. El 23 de octubre de 1862 Castilla se despedía de los peruanos con un discurso que comenzaba con las siguientes palabras: «Desciendo del alto puesto que vuestra libre voluntad me designó, con la conciencia tranquila y con la frente limpia de las feas manchas que deja tras sí el crimen».¹⁴ Por su parte, el Gobierno de San Román duraría poco, pues falleció en abril de 1863. El encargado de sucederle fue Juan Antonio Pezet, hasta entonces vicepresidente de la República. Este tuvo que hacer frente al problema surgido con España a raíz de la ocupación de las islas Chincha por parte de la flota española. En este contexto, el 2 de noviembre de 1865, Mariano Ignacio Prado encabezaba una insurrección que acabaría con el Gobierno de Pezet. Entre los que criticaron la actuación de Pezet ante la invasión española se encontraba el propio Castilla. Finalmente, tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 terminaría el conflicto contra España.

Una vez que se hubo conseguido la pacificación exterior, se procedió a la convocatoria de elecciones para elegir un nuevo Congreso, el cual debía redactar un nuevo texto constitucional que sustituyera al de 1860. Se promulgaría así, el 29 de agosto de 1867, una Constitución de tendencia liberal que, sin embargo, solo tendría vigencia durante unos pocos meses. Según José Pareja, «la Constitución de 1867 es en gran parte copia de la Carta de 1856, pero mucho más avanzada, extremada y radical [...]», puesto que, entre otras modificaciones, se recuperaba el sufragio popular directo para los ciudadanos en ejercicio mayores de veintiún años.¹⁵ Sin embargo, el Gobierno de Prado consiguió establecer un fuerte control de los procesos electorales «a través de los gobernadores (funcionarios del gobierno) y en la identificación de los sufragantes mediante boletas de contribuyentes». Además, César Gamboa asegura que «la elección simultánea de un presidente constitucional y una Asamblea Constituyente fue duramente criticada en su momento».¹⁶ Finalmente, el carácter extremadamente liberal de esta Constitución –junto con la propuesta de medidas consideradas radicales, como la libertad de cultos, por parte de algunos miembros del Parlamento– hizo que no fuera bien acogida por la mayor parte de la sociedad, siendo derogada y sustituida por la Constitución de 1860 el 6 de enero de 1868. El carácter moderado del texto de 1860, que evitaba los extremos políticos y las tendencias excesivamente radicales, aunque incluía algunas influencias liberales de la Constitución de 1856, lo convirtió en un documento más satisfactorio para los legisladores peruanos de la época.¹⁷

Sin embargo, el principal baluarte de la Constitución de 1860, Ramón Castilla, no pudo ver restablecido este marco normativo, pues había fallecido el 30 de mayo de 1867. Sus restos fueron despedidos con honores fúnebres por la sociedad peruana y, en especial, por los altos cargos militares y políticos.¹⁸ Por tanto, a partir de la muerte de Castilla y de la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1860 –que no sería derogada ya hasta 1920–considero que quedaría cerrado el eje temporal de análisis de este trabajo. A partir de 1868, ocuparía el puesto de encargado del poder ejecutivo Pedro Díez Canseco, hasta que la celebración de nuevas elecciones presidenciales otorgaron el poder a José Balta, que ejercería su mandato hasta que fuera asesinado en 1872.¹⁹

A la mayor estabilidad política que se podía observar en la vida política peruana desde 1860 se unía una tendencia que se venía desarrollando desde la década de los cincuenta: una mayor consolidación de los partidos políticos, a diferencia de momentos anteriores en los que las tendencias políticas se agrupaban mediante simples clubes o asociaciones de intereses.²⁰ Aunque la tendencia no culminaría hasta la creación del Partido Civil en 1871, en las décadas de 1850-1860 comenzaba a aparecer un embrión del posterior sistema de partidos. En este sentido, ocupaba un papel relevante la aparición del Club Progresista en las elecciones de 1850, la primera formación política que presentó un candidato civil a las elecciones –Domingo Elías–, tratando así de abrir un periodo claramente diferenciado del anterior predominio militar.²¹ A lo largo de la década de los cincuenta, pero fundamentalmente en la de los sesenta, las formaciones políticas comenzaron a aparecer con una mayor complejidad en sus estructuras. Ya no eran simples facciones asociadas a un caudillo que utilizaba la política como forma de legitimación de su poder, sino que empezaron a surgir estructuras jerarquizadas que presentaban programas políticos y que utilizaban mecanismos de propaganda política como la prensa, los folletos y pasquines, etc. Además, comenzaron a utilizar un lenguaje heredado de los ilustrados que propagaron el liberalismo en Europa, basado en la defensa de determinados derechos y libertades como pilares de sus principios teóricos. No obstante, como ya se ha mencionado, habría que esperar al año 1871 para encontrar la primera formación política que se denominaba con la categoría bien definida de «partido político»: el Partido Civil.²²

Si en Perú Ramón Castilla representaba el inicio del «verdadero período republicano»,²³ en Ecuador existía también un nombre propio vinculado al nacimiento de la nación: Gabriel García Moreno, principal exponente del conservadurismo ecuatoriano, elegido presidente de la República entre 1861-1865 y 1869-1875. La etapa garciana representa uno de los momentos más relevantes de la historia ecuatoriana, pues en ella se produjo la consolidación de un modelo político de liberalismo conservador con una fuerte preeminencia de la religión católica –denominado por la historiografía ecuatoriana más reciente como el periodo de la «modernidad católica»– a la vez que el desarrollo del estado nacional ecuatoriano.²⁴

Tradicionalmente, el proyecto político de García Moreno ha sido caracterizado por la historiografía como un proyecto contradictorio que no consiguió triunfar.²⁵ No obstante, en las últimas décadas estas tesis han sido revisadas por historiadores como Juan Maiguashca o Ana Buriano. En palabras de Buriano, el ideal político de García Moreno era «el progreso ordenado y la libertad controlada de la nación regida por la moral cristiana». Esta autora señala también que lejos del inmovilismo tradicionalmente asociado al periodo conservador ecuatoriano, la política de García Moreno se caracterizó por «promover cambios e innovaciones» así como por fomentar la construcción de una nación.²⁶ En la misma línea se sitúa Maiguashca, quien destaca la relevancia de la política de García Moreno en la formación de un Estado nacional ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XIX, rechazando así las hipótesis tradicionales que situaban los orígenes del Estado moderno en Ecuador a finales de siglo. Para este autor, en 1861 daba comienzo una época de cambios en todos los ámbitos: «mientras el cambio social que inició García Moreno se encaminó a fundar una sociedad civil basada en el mérito, el cambio político-ideológico que propuso tuvo como meta la creación de una comunidad imaginaria en el interior de un Estado soberano».²⁷

Desde su creación como Estado independiente en 1830, Ecuador había sido gobernado por individuos conservadores pertenecientes a la escuela francesa: Juan José Flores (1830-1834 y 1839-1845) y Vicente Rocafuerte (1834-1839).²⁸ No obstante, en marzo de 1845 estalló la Revolución de Marzo, que enfrentó a los partidarios del entonces presidente Juan José Flores contra los rebeldes «marcistas» liderados por José María Urbina. A partir de 1845, la escuela americana conseguiría hacerse con el poder, sucediéndose los gobiernos de Vicente Ramón Roca (1845-1849), Manuel de Ascásubi (como encargado entre 1849-1850), José María Urbina (1851-1856) y Francisco Robles (1856-1859). Tras la guerra civil (o «crisis nacional») de 1859-1860 –en la que el poder político quedó dividido entre Cuenca, Loja y Quito–, finalmente los garcianistas conseguirían retomar el poder a partir de la conquista de Guayaquil –donde había resistido el general Guillermo Franco, apoyado por el presidente peruano Ramón Castilla– el 24 de septiembre de 1860, fecha clave en el imaginario de los conservadores ecuatorianos.²⁹

Tras este desenlace, García Moreno empezaba a ser considerado el valedor de la reunificación nacional. Así, en algunos impresos que circularon en aquel momento se podía leer que por su «mediación redentora el hermano de la Costa y el hermano de la Sierra están bajo la Línea Equinoccial».³⁰ García Moreno era el pacificador de Ecuador, como se ponía de manifiesto en otro panfleto:

Ha pasado una revolución como pasa un huracán sobre la tierra, revolviendo, mudando, conmoviendo todo lo que ha encontrado en su camino. Concluida su obra, ha desaparecido para el pueblo, que ya no ve su sombra aterradora, sino las estatuas de la Paz que recorren triunfantes las plazas de la República [...].³¹

Por ello, García Moreno aparecería como el candidato idóneo para hacerse cargo de la presidencia desde 1861.

Gabriel García Moreno había viajado por Europa en dos ocasiones antes de llegar al poder en Ecuador, lo que le permitió entrar en contacto con los sistemas políticos instalados en Inglaterra, Francia o Alemania. Como apunta Luis Robalino, esto supuso un gran aprendizaje para el futuro presidente ecuatoriano, ya que la Europa de 1850 era todo un espectáculo:

[...] acababan de ser dominadas las varias revoluciones del año trágico de 1848, muy especialmente en Francia, Alemania, Italia, Austria y los Principados Danubianos. En la primera de estas naciones, la formación de una clase obrera [...] permitió la Revolución de 1848 a nombre del sufragio universal; la constitución de la Segunda república y la tentativa, en las jornadas sangrientas de Junio, de un trastorno social. El socialismo naciente, colectivista con Saint Simon, Fourier y Louis Blanc, o anarquista con Proudhon, trataba de implantarse en Francia.³²

Su segundo viaje europeo, en 1855, se centró especialmente en Francia, donde se hallaba en apogeo el Imperio de Luis Napoleón Bonaparte. García Moreno era un gran admirador de la política de Napoleón III –no en vano se adscribiría a la escuela francesa, como se verá en el próximo capítulo–, y «veía que en el Ecuador, más que en Francia, la necesidad de una autoridad fuerte se hacía sentir con premura». El ecuatoriano comparaba la Revolución francesa de 1848 con la revolución que había protagonizado Urbina en Ecuador unos años antes, y se convencía de que «así como Napoleón III había ahogado la Revolución de 1848, él ahogaría, y más fácilmente, el espíritu revolucionario en el Ecuador aplastando a todos los Urbinistas que tratasen de despertarlo».³³ Además, en Francia tuvo la oportunidad de conocer su sistema educativo, que le inspiraría para proponer uno propio en el Congreso de 1857 y posteriormente llevarlo a cabo durante su etapa presidencial. También admiraba el trabajo ornamental que Napoleón III había desarrollado en París –«He encontrado inmensas mejoras debidas a Luis Napoleón quien, a pesar de la guerra, hace continuar mil obras de ornamento o de utilidad, como calles y palacios magníficos, ferrocarriles nuevos, etc.»–,³⁴ elemento que también trataría de imitar una vez llegara al poder en Ecuador. El interés por la construcción de obras públicas –caminos, carreteras, líneas férreas, hospitales, orfanatos, cementerios, etc.–, especialmente durante su segundo mandato, hizo que el historiador Pareja Diezcanseco dijese de él que «más que un estadista, García Moreno es un constructor, un gran maestro de obras».³⁵

Durante su primera legislatura, regida por la Constitución de 1861, se llevó a cabo la promulgación de un compendio legislativo importante, que sentó las bases del sistema liberal que se empezaba a consolidar durante la década de los sesenta: entre otras, la Ley de Régimen Municipal de 1861, las leyes electorales de 1861 y de 1863 o la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1863. A este primer mandato también correspondía la firma del Concordato con la Santa Sede, llevado a cabo en Roma el 26 de septiembre de 1862 y ratificado en Quito el 17 de abril de 1863.³⁶ El objetivo de dicho Concordato, además de asegurar la religión católica como la única posible en el país, prohibiendo otros cultos, era el de establecer algunas de las prerrogativas de los eclesiásticos y el papel de la religión en la República de Ecuador. En este sentido, a través de este documento se implantaron cuestiones como la presencia de la doctrina católica en la educación –«la instrucción de la juventud en las universidades, colegios, facultades, escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica»–; la censura con respecto a los «libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres»; la continuidad del cobro de diezmos; o el derecho de la Santa Sede a erigir nuevas diócesis en el territorio ecuatoriano. Asimismo, durante este primer mandato de García Moreno tuvieron lugar importantes actuaciones en materia de política exterior, destacando la asistencia de Ecuador al Congreso Americano celebrado en Lima en 1864, con el objetivo de definir las fronteras entre los países latinoamericanos.³⁷