Kitabı oku: «Tanatopolítica en Venezuela», sayfa 9

Zulia: Letalidad policial, robo, tortura e impunidad

Raima Rujano

Johel Salas

Introducción

En una humilde vivienda del oeste de Maracaibo, en noviembre de 2018, una pareja, a la que por razones de confidencialidad llamaremos Patricia y Pedro, disfrutaba junto a sus dos hijos, de 3 y 6 años, de la tranquilidad propia de un domingo. Pedro, de 42 años, exconvicto, con ocho meses en libertad, veía la televisión en la cama, mientras de cuando en cuando atendía o jugaba con los niños. Pero de repente esa calma fue interrumpida por la violenta entrada a la casa de más de veinte hombres, vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas, quienes llegaron tumbándolo todo y sin dar ningún tipo de explicaciones. Acto seguido, sacaron a la fuerza a Patricia, mientras la emprendían a golpes e insultos contra Pedro, sin importarles siquiera la presencia de los niños. Minutos después, Patricia, encerrada en contra de su voluntad en una casa vecina, apuntada al igual que sus habitantes por los hombres armados, escuchó varios disparos y luego los gritos de uno de sus hijos, el de tan solo 6 años: “¡Mataron a mi papá, mataron a mi papá!”. Un niño que casi un año después de los hechos aún pregunta: “Mami, ¿por qué, si son policías, mataron a mi papá y nos robaron?”.

Relatos como este, de muertes que los cuerpos policiales reportan como casos de “resistencia a la autoridad”, se han vuelto cotidianos en el estado Zulia, que, al igual que el resto del país, padece un incremento de la violencia ejercida por el gobierno con acciones que implican la violación del Estado de derecho y el debido proceso, al asumir un sector de los cuerpos policiales zulianos la potestad de aplicar un castigo que no existe en la legislación venezolana: la pena de muerte.

Las cifras disponibles corroboran lo alarmante de esta situación que se vive en Venezuela. El informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de 2019 señala que para ese año fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares 5286 personas, lo que representa una tasa de 19 muertes por cada cien mil habitantes, la más alta de la región. Con estas cifras vemos que a nivel nacional ese año murieron, en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, un promedio de 14,5 personas por día (Informe anual OVV, 2019). Si se suma lo ocurrido entre los años 2016 y 2019, se tiene que las fuerzas públicas asesinaron a 23.623 personas, un promedio de 16 muertes por día (Lacso-OVV, 2020).

En el caso del estado Zulia, para el año 2019 murieron en manos de las fuerzas públicas 645 personas, lo que equivale a una tasa de 17 muertes por cada cien mil habitantes. En promedio, 1,7 personas asesinadas a diario. Con relación a las muertes producto de homicidios y por resistencia a la autoridad, para ese año, de cada 10 fallecidos, 4,5 correspondieron a supuestos enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Esta relación ha variado significativamente en el año 2020. Para el primer semestre de ese año se produjo en la región zuliana una disminución de los homicidios de un 80%, y también un aumento de las muertes por resistencia a la autoridad de un 36,1%. Con estas cifras, la relación entre homicidios y resistencia a la autoridad cambió drásticamente en relación con el año anterior. Hasta el mes de junio, de cada 10 muertes violentas, 8 correspondieron a los dudosos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y presuntos delincuentes. En todos los municipios del estado Zulia, las muertes por resistencia a la autoridad están muy por encima de las producidas por violencia delictiva e interpersonal en general. Esto convierte a las fuerzas de seguridad en el principal factor causante de muertes violentas en la entidad.

La problemática que se acaba de exponer justifica plenamente esta investigación, pues la frecuencia, la intensidad y el impacto que causa la letalidad policial en los ciudadanos de la región zuliana son contundentes y cambian la vida de quienes han presenciado estos hechos de violencia. Además, los resultados de este estudio ponen a disposición de los académicos y público en general un conjunto de datos y análisis útiles para demostrar y denunciar, a nivel regional, nacional y mundial, una cruda realidad que contribuye a profundizar la violación de los derechos humanos y el creciente quiebre institucional que ocurre en el país. Sobre todo en este contexto en el cual las estadísticas se han convertido en un secreto.

Método: La letalidad policial desde un abordaje cualitativo

Este estudio se realizó bajo los parámetros de la investigación cualitativa, entre otras razones por ser la vía más prudente para una problemática tan sensible y riesgosa. Desde la mirada acuciosa de las experiencias de vida de los testigos (familiares y vecinos) de los atropellos, torturas y asesinatos cometidos por agentes policiales, nos centramos en la singularidad de sus historias, contadas desde una perspectiva que permitió, en un proceso de construcción investigativa, interpretar el contexto social en el cual se producen las acciones de violencia policial en la región zuliana.

Para cumplir con la rigurosidad al momento de seleccionar a los informantes, desde la perspectiva cualitativa, se efectuó una selección intencional de la muestra (Martínez, 2006). En tal sentido, se establecieron como criterios básicos para este estudio: ser familiar de una persona muerta en casos de resistencia a la autoridad, mayor de 18 años de edad y estar dispuesto a describir los hechos ocurridos. Con base en esos criterios, se seleccionaron para realizar entrevistas en profundidad tres personas con las siguientes características:

• Aura (seudónimo): mujer de 24 años de edad, bachiller, oficios del hogar, casada; tiene una hija de un año de edad; era cónyuge de la víctima. Los sucesos ocurrieron en marzo de 2018.

• Daniela (seudónimo): mujer de 34 años de edad, licenciada en Contaduría y estudiante de Psicología, casada; la víctima era su hermano. Los sucesos ocurrieron en mayo de 2018.

• Patricia (seudónimo): mujer de 29 años de edad, de oficios del hogar, madre de dos hijos; era la cónyuge de la víctima. Los sucesos ocurrieron en noviembre de 2018.

En cuanto a los participantes en los dos grupos focales realizados, a continuación se presentan algunas informaciones generales sobre los mismos.

Tabla 1

Características de los participantes del grupo focal 1

Fuente: OVV Zulia, 2019

Tabla 2

Características de los participantes del grupo focal 2

Fuente: OVV Zulia, 2019

Los municipios en los cuales se produjeron hechos de letalidad policial abordados en esta investigación son: Maracaibo, San Francisco y Sucre.

Resultados

Una vez grabadas y transcritas las entrevistas individuales y grupales, se ha seleccionado un conjunto de respuestas y fragmentos de relatos que permiten sintetizar e ilustrar los resultados más resaltantes en cuanto a la letalidad policial en el estado Zulia. A continuación, los referidos a las entrevistas individuales; posteriormente, los de las entrevistas grupales o grupos focales.

La muerte al teléfono

Insólitamente, Aura fue testigo, a través de la línea telefónica, del ajusticiamiento de su esposo, de 25 años de edad. Señaló que, mientras hablaba con él, arribaron a Bobures (capital del municipio Sucre del estado Zulia), sitio donde él se encontraba, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y actuaron de forma violenta contra su cónyuge, mientras ella escuchaba lo que sucedía e incluso los disparos que le propinaron, contradiciendo de esta manera el objetivo fundamental de este cuerpo policial. Mientras ella hablaba con él, tuvo la oportunidad de escuchar que:

… de repente se escuchó como si tumbaran la puerta, como si le metieran un golpe muy fuerte a la puerta, y se escuchó que le dijeron: “policía”… “Llegó el gobierno” fue lo que le dijeron. Entonces me dijo: “Aura…”, él estaba en el cuarto y lo que me dijo fue: “Vértale, Aura, yo creo que llegó el gobierno y tal…”.

En efecto, Aura escuchó una voz que dijo: “Policía, llegó el gobierno”. Es decir, su esposo dejó el celular encendido y fue así como ella pudo escuchar todo lo que sucedió. Incluso, cuando uno de los agentes policiales se dio cuenta de que él tenía el celular encendido, le habló a ella y le señaló que mataría a su cónyuge, a pesar de sus súplicas.

Él decía que él no sabía nada… Entonces lo torturaron, me imagino yo, porque se escuchaban los golpes, los gritos de él… Le dijeron que le dieran lo que… él tenía entonces… Él decía que no tenía nada. El policía lo revisó y le consiguió el teléfono. En ese momento… el policía… “Ay maldito, estay hablando por teléfono pa’ que se escuche todo” qué tal… y él le dice: “No le vas a hacer nada” qué tal, y el policía le dijo: “No, pero la voy a poner a que escuche todo”. Él puso el teléfono en altavoz y yo le dije: “Por favor, no le vais hacer [sic] nada, o sea, pedile lo que vos queráis, nosotros buscamos la manera de que él te lo dé. Este…, pero no le vas hacer [sic] nada… llévatelo preso si es posible, pero no lo vas a matar, no lo vas matar [sic]”… y el policía dijo: “Yo lo voy a matar porque ahora me da la gana”. Y lo mató, le metió dos tiros; en ese momento trancó el teléfono. Y ya, yo ahí ya no supe más detalles.

Aura agregó: “Era que él pertenecía a una banda que se llamaba la Banda del Niño Troconiz. Ellos eran cobradores de vacuna a los pescadores, y eran piratas del lago, o sea, pertenecían a esa banda, pues”. También refirió que después del hecho se llevaron cosas que le pertenecían a la víctima, como ropa, celulares y comida:

… aparte de que lo habían matado, se llevaron los dos teléfonos, se llevaron parte de su ropa… y se llevaron una comida que él tenía. Se llevaron un bulto de comida que él lo estaba guardando para traérselo, pero eso también se lo llevaron.

En este caso resalta que no hubo enfrentamiento entre la víctima y el cuerpo policial, pues, según la testigo, su esposo no se defendió en ningún momento y se encontraba solo en su sitio de residencia.

La familia no adelantó ninguna acción para denunciar la violación de los derechos humanos de su familiar. En palabras de Aura, frente a una policía “sin valores, sin ética, sin profesionalismo, sin sentimientos”, la salida es conformarse por temor a ser víctimas de represalias. Por lo demás, agregó, asesinar delincuentes crea otros delincuentes, pues: “Entonces estamos en una sociedad tan corrupta, tan corrupta, que la gente está tan decepcionada que mejor dejar las cosas así porque si no te ganáis un enemigo y perdéis el dinero, porque a la final no veis resultado de nada”.

¿Muerto por acompañar a un vecino?

Daniela refirió en su entrevista el ajusticiamiento de un joven de 24 años, presumiblemente inocente, que al momento de ser ejecutado se encontraba en compañía de otro que estaba siendo buscado por estar implicado en el robo de vehículos. En esta entrevista hay elementos que coinciden con los planteamientos expuestos por Aura. Sin embargo, difiere en el hecho de que, según la testigo, hermana de la víctima, este era inocente y no estaba involucrado en ninguna acción delictiva. Era un estudiante de enfermería, aplicado y tenía buenas calificaciones. Realizaba trabajos eventuales y era padre de familia.

Al momento de producirse el ajusticiamiento, la víctima se encontraba con un vecino que era buscado por la policía, quien también resultó víctima de la letalidad policial. Según Daniela, los hechos ocurrieron en la cabecera del puente Rafael Urdaneta, cuando su hermano:

… salió a acompañarlo [se refiere al vecino], según lo que relata su esposa. Se presume que hubo un [automóvil] Aveo negro, por los testigos, que en el momento que iban saliendo a la esquina —al otro ya lo estaban buscando y la orden era caiga quien caiga— los montaron a los dos y se los llevaron. El hecho ocurrió en las cercanías de la cabecera del puente sobre el lago, en el sector del Manzanillo. Cuando a mí me llaman para darme la noticia, ya iban a ser tipo diez de la noche, o sea, ya mi hermano estaba en la morgue del hospital General del Sur.

Los victimarios, según indicaron los testigos fueron la PTJ (Policía Técnica Judicial, hoy este cuerpo se denomina CICPC), Polisur (Policía Municipal de San Francisco) y la DIEP (Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de Zulia). Al igual que relata Aura, Daniela señaló que los funcionarios simularon un acto delictivo y un enfrentamiento entre la policía y los jóvenes ajusticiados:

Lo que comentaron los vecinos [fue que] al chico de la franela roja, que era la otra víctima, lo dejaron tendido en el asfalto y al otro lo subieron. Y, bueno, le dieron un impacto, y ellos simularon que estaban robando un carro… y manifestaron en las noticias, porque de una vez ya, a la media hora esa noticia estaba en… las redes.

La familia de esta víctima, en definitiva, no emprendió ninguna acción para denunciar a los responsables del ajusticiamiento de la víctima, aunque sí lo intentaron:

Nosotros no, nosotros no hicimos nada […] Yo creo que mi papá conversó con un abogado amigo de él… eh… bueno, no sé, en su tiempo fue influyente aquí, y él le recomendó: “no lo haga, porque horita [sic] la justicia es como muy cuestionada aquí”. Es decir, todo lo que tú hagas puede ser usado en tu contra, con tu familia; entonces, es como…, hay una inseguridad en ese aspecto.

La letalidad policial es un hecho que se repite con frecuencia y pone de manifiesto cómo en esta región y en este país el derecho a la vida es violado por quienes se supone deben garantizarlo. Otras declaraciones de Daniela muestran cómo se violan los derechos humanos en el país.

Lo torturaron […] sí tuvo más disparos y parece que tuvo una fractura de […] el fémur, yo sé que le partieron [a él]. Hubo tortura porque la autopsia lo reveló, porque los familiares estaban justo al lado de nosotros, o sea, y a ese señor le dieron durísimo, o sea, a él le reventaron toda la cara…

Daniela afirmó que los ajusticiamientos por parte de los cuerpos de seguridad son un hecho rutinario en esta región. Puntualizó que mientras estuvo en la morgue presenció cómo llegaban numerosos cadáveres en espacio de pocas horas.

… a lo mejor por las noticias pueden salir cinco casos, pero yo tuve la desdicha, en ese momento, de ver cuántas personas llegaban en la morgue, estuve solo un día desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde y yo pude ver cuánta cantidad llegaba de gente ajusticiada. Señor… recordemos que estamos en un país donde se veta la información, no hay algo fidedigno, o sea, como que agarran y, ah, bueno hay veinte casos y agarran cuatro y realmente usted va para allá y eso es una carnicería.

Puede observarse cómo las entrevistas de Aura y Daniela coincidieron en muchos aspectos.

Ejecutado delante de sus hijos

Patricia relató lo ocurrido con su cónyuge, un hombre de 42 años, exconvicto, que fue condenado a 8 años de prisión por homicidio. Según su pareja, se dedicaba al trabajo agrícola (contratado en fincas) y se encontraba en su residencia en compañía de Patricia y de sus hijos en el momento en que ingresa una comisión de las FAES y le da muerte allí mismo. Afirmó la entrevistada que se trató de un ajusticiamiento y que sus hijos presenciaron el hecho.

La entrevista de Patricia, como testigo de la letalidad policial, de igual forma tuvo elementos de coincidencia con los testimonios anteriormente referidos, pero añadió otro elemento macabro, porque según ella a su cónyuge lo torturaron frente a sus hijos.

Sí, él tenía 42 años, este… bueno, sí, dejó una niña especial, dejó seis niños; conmigo dejó dos, los demás de otra relación. Bueno, él estaba trabajando y… lo cierto era que un día, todo estaba tornando normal como de costumbre y llegó un allanamiento en la casa y ellos entraron a la fuerza, o sea, no dijeron por qué. Él estaba ahí, él salió y él les dijo: “¿Qué pasa?”. Y ellos entraron armados, no les importó que hubiera niños ni nada. Y al instante así a ellos no les importó, estábamos con los niños, a mí me agarraron, agarraron a los niños, a mí me sacaron, pero él se quedó adentro con los niños. A él lo estaban torturando delante de los niños… ellos cuando entran, entraron demasiados… Eh… era un grupo llamado el FAES, y todos entraron encapuchados.

La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) ha sido cuestionada por sus acciones de violencia. De hecho, Inti Rodríguez, activista de la ONG Provea, calificó a las FAES como “un grupo de exterminio” que opera con abierta impunidad en Venezuela: es el nuevo brazo ejecutor de las acciones para intentar contener a sangre y fuego la ola de criminalidad en el país. Se movilizan fundamentalmente por las zonas populares (Rodríguez, 2018). Es a este cuerpo policial al cual se refiere Patricia al relatar:

Sí, estaban armados… eran más de 20 personas… Por lo menos a mí me sacaron de mi casa y me llevaron a dos casas y me encerraron ahí con otros familiares y nos tenían apuntados. Aparte de eso, no obstante eso, nos quitaron los teléfonos, ellos nos quitaron los teléfonos y nos encerraron con llave, se llevaron las llaves. Este… nosotros escuchamos los tiros, ya mi pareja había fallecido porque ya lo habían matado. Al rato traen a mi hijo, y mi hijo gritaba: “¡mataron a mi papá, mataron a mi papá!”.

La violencia desmedida que las FAES llevaron adelante contra la víctima frente a sus hijos se corresponde con los resultados del Informe Especial que en 2019 presentaron Cecodap, el OVV, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y Avesa sobre la violencia de funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado contra adolescentes, niños y niñas el año anterior (Cecodap, OVV, IIJ, Avesa, 2019). Si estos funcionarios son capaces de atentar contra la vida de los adolescentes, niños y niñas, resulta totalmente creíble que no tengan ninguna limitación para torturar a los padres frente a sus hijos. El mencionado informe reveló que en 2018 ocurrieron, por la actuación de funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado, 286 muertes de menores de edad, de las cuales 267 fueron adolescentes, el 89,5% fueron varones y el 7% resultaron ser niños y niñas (Briceño, Perdomo y Camardiel, 2019).

Continuando con el testimonio de Patricia, los vecinos se vieron sometidos a momentos de terror, pues las calles fueron cerradas y los agentes policiales apuntaban a los vecinos con sus armas. Frente a esta situación, Patricia y los demás familiares de la víctima no se atrevieron a denunciar el ajusticiamiento.

No, no, no podemos denunciar porque… o sea, quisimos, y teníamos cómo, porque en verdad no fue un enfrentamiento… no podíamos hacer nada porque teníamos temor de que tomaran represalias con nosotros, porque es lamentable, pero es cierto, el gobierno es la nueva hampa ahora, ya no hay malandros, no, el gobierno es la nueva hampa, o sea por todas las cosas que están haciendo, por todas las fechorías, porque son ellos quienes inculpan a la gente, quienes le ponen cosas, quienes hacen lo que quieren y no hay justicia para ello.

Patricia agregó que las FAES actuaron de esa manera porque estos cuerpos se caracterizan por ser violentos. Y así se evidencia en lo expuesto por Briceño-León, quien señala, como producto de sus investigaciones, que: 7523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2000 personas más en comparación con el año pasado, considerando que fueron 5535, lo que representa un incremento de 36%. “Condenamos que esta sea la única respuesta de política pública del Gobierno, ya que actúan fuera del Estado de derecho y es una violación a los derechos humanos” (Roberto Briceño-León, 2018).