Kitabı oku: «Por una vía "chilena" a la plurinacionalidad», sayfa 3
1.3. Tipo de Conflicto: Desde un conflicto fundamental de reconocimiento cultural hacia un conflicto de distribución de recursos
El tema en cuestión es un conflicto fundamental que deriva del proceso de construcción del Estado por las élites chilenas, y la relegación y mantención de los mapuche como ciudadanos de segunda clase, que han estado excluidos de la participación en las decisiones del sistema político nacional. Sin embargo, cuando la integración económica de Chile en la globalización se acelera producto de las reformas liberales a partir de la dictadura del general Augusto Pinochet, intervienen nuevos actores que persiguen una explotación intensiva de los recursos naturales que se encuentran en los territorios habitados tradicionalmente por el pueblo mapuche, de manera que el conflicto asume el perfil de un conflicto de distribución, es decir, por el control del acceso y uso de esos recursos.
1.3.1. El conflicto fundamental: La guerra del reconocimiento y la paz de la exclusión
El antecedente más determinante del conflicto mapuche consiste en la llamada “Guerra de Arauco”, conflicto militar entre la administración colonial española, y luego los estados argentino y chileno, por una parte y el pueblo mapuche, por la otra, desde 1550 hasta fines del siglo XIX, cuando se ocuparon los territorios mapuche, pasando estos a incorporarse a Chile y Argentina. Los últimos actos de la guerra fueron la derrota del alzamiento general de 1881 en Temuco y la ocupación de Villarrica en 1883 en Chile, y en la Argentina la última batalla del 18/10/1884. La referida anexión recibió el nombre de “Pacificación de La Araucanía”, en Chile, y “Conquista del Desierto”, en Argentina.
La Guerra de Arauco, aunque intermitente, fue uno de los conflictos más prolongados que enfrentó la corona española en el nuevo mundo, presentando características únicas en relación con la generalidad de la dominación colonial en América.
En primer lugar, no existe intromisión de otras potencias europeas; luego, España fracasó en someter al pueblo mapuche, y debió establecer un sistema de reconocimiento recíproco, el de los parlamentos desde el siglo XVII (en especial Quilín, 1641), aceptando la autoadministración indígena, con tal de que no se reconociera alguna otra soberanía europea. La corona española suscribió 28 tratados en esos parlamentos con el pueblo mapuche, e inclusive después de su independencia la República de Chile suscribió dos tratados más (Tapihue y Los Ángeles) que ratificaron los anteriores. La eficacia de la resistencia mapuche contra la dominación colonial es de sobra conocida (Boccara, 2009). La habilidad militar y la capacidad de aprendizaje que los mapuche pusieron en práctica para evitar su esclavización y exterminio pronto entraron poéticamente, como dice Guillaume Boccara (1999: 87), en la historia de la mano del reconocimiento de la literatura española, con el poema épico de Alonso de Ercilla, “La Araucana”, que presenta a la nación mapuche en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, gallarda, soberbia y belicosa que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida.
El conflicto forzó a España a mantener un ejército permanente, gastando ingentes recursos para sostener una colonia pobre y siempre amenazada en el valle central de Chile, a resguardo de su frontera sur, el “Flandes Indiano”, donde, según el rey Felipe II, para al menos no ver comprometido su control sobre el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. El carácter militar de la sociedad colonial chilena dejaría marcas indelebles en la posterior evolución de Chile: el Estado se constituyó como un aparato eficaz de administración y control, como un instrumento para mantener a raya el conflicto con los mapuche. Pese a la controversia de la historiografía sobre la belicosidad de todo el período, especialmente durante el siglo XVIII (Sergio Villalobos versus Leonardo León), y de la certeza de relaciones fronterizas de intercambio cultural y comercial entre criollos y los mapuche, es claro que las rebeliones renovaron el conflicto hasta 1883 (con la caída final de la zona de Villarrica).
Los mapuche se constituyeron claramente como un pueblo en los siglos del enfrentamiento con el colonizador (Foerster, 2001), identidad que perduró independiente hasta las fechas indicadas, cuando se produce la derrota definitiva frente al esfuerzo combinado de los ejércitos de Chile y Argentina. Las repúblicas del Cono Sur, una vez independientes, dejan de ver a los mapuche como una nación y los consideran como ciudadanos, aunque de facto se inicia una política de exclusión social, facilitada mediante la constitución de derechos de propiedad comunitarios sobre reducciones territoriales.
La política reduccional permitió la ocupación de los otros territorios por colonos criollos y extranjeros. Y como la economía mapuche se había basado en la ganadería hasta fines del siglo XIX, cuando se desarticuló, los mapuche se convirtieron en agricultores empobrecidos.
La ley de 1866 que revisó el uti possidetis indígena garantizado por el Tratado de Tapihue de 1825 inicia la política reduccional del gobierno chileno. Entre 1866 y 1929 se reconocieron derechos de propiedad indígena sobre 510.383 hectáreas para 82.629 personas (Foerster, 2001). Las reservaciones formaron un archipiélago de miles de ínsulas rurales en las regiones del sur de Chile (Toledo, 1997), que representaba la vigésima parte de lo que antes había estado bajo el control mapuche. El resto de los territorios del sur fueron considerados tierras fiscales y salieron a subasta pública o fueron adjudicados a colonos, pasando al ámbito del derecho privado. La ley de 1866 y las otras que modificaron dicha política establecieron ciertos mecanismos de protección a la propiedad comunitaria indígena, pero estos no se pusieron en práctica o no fueron eficaces para evitar la subdivisión de la tierra ni el paso del patrimonio indígena a manos de particulares no indígenas, que empezaron a conformar latifundios.
Entre 1931 y 1971, unas 832 comunidades fueron divididas y mucha tierra se vendió o pasó a no indígenas, lo que supuso una pérdida de otras 100.000 hectáreas. Durante la dictadura militar fueron afectadas más de 2.000 comunidades con una política intensiva de división de tierras, perdiéndose tanto territorio indígena como en los cincuenta años precedentes.
El D.L. Nº 2.568 (22/03/1979) estableció que los Títulos de Merced pudiesen ser divididos y privatizados cuando apenas uno de los miembros de la comunidad pidiera la partición, y las tierras una vez divididas pasaban a ser de derecho común y perdían la condición de indígenas.
La desposesión de la tierra y la condena a la pobreza de los mapuche dan origen a una de sus principales demandas, es decir, la restitución de las tierras comunitarias (de acuerdo con los títulos reduccionales), y, más aún, de las tierras ancestrales (de posesión anterior a los títulos reduccionales). Las “tierras usurpadas” representan para los mapuche aún la principal agresión de parte del Estado de Chile y, por ello, parte del núcleo esencial de su deuda histórica.
Simultáneamente a la reducción, se desestructuró la sociedad indígena aboliendo el sistema de jerarquía del cacicazgo, y su poder e influencia social, y proscribiendo costumbres e instituciones. En las comunidades, sin embargo, los mapuche mantuvieron sus prácticas culturales y religiosas, como algunas de sus autoridades tradicionales, iniciándose una “cultura de la resistencia”8 frente a los intentos asimilacionistas de la sociedad mayor. La política asimilacionista corrió por parte de las instituciones disciplinarias de las iglesias, la escuela, los organismos de administración estatal, el servicio militar, la policía, etc. A ello se agregó el mercado de trabajo, cuando los mapuche abandonaron sus comunidades para emigrar a los centros urbanos del sur de Chile y hacia la capital. Las políticas de asimilación se fundan en la distinción chileno/mapuche en el eje de la diferencia amigo/enemigo.
El mapuche es el viejo enemigo, que una vez vencido debe quedar sujeto a las estructuras sociales nacionales, pero su facticidad como vencido, y, por ello, desposeído de sus elementos de poder e influencia, determina su exclusión social, como elemento marginalizado dentro de la estratificación social chilena. En esta construcción de la diferencia, el mapuche es el reverso inferior de la distinción, quien no puede controlarla o influenciarla, mientras que el chileno puede determinar su evolución. Esta construcción deriva de la semántica de civilización y barbarie, en la cual el mapuche es considerado un resabio salvaje, bárbaro y arcaico, que es parte del pasado y un obstáculo al progreso (Montecino, 1993).
La cultura de la resistencia de las comunidades rurales mantuvo la diferencia mapuche como distinción cultural y no solo social, pero privada de poder respecto a la sociedad mayor. Por otro lado, las estrategias flexibles de las organizaciones indígenas urbanas dentro de la política chilena durante el siglo pasado han sido también determinantes en la constitución de un verdadero movimiento social en la sociedad civil, que tiene una referencia claramente identitaria de base etnonacional.
El grado de autonomía del movimiento mapuche y su capacidad de movilización son excepcionales en el contexto chileno y en comparación con los demás movimientos sociales (Vergara & Foerster, 2002: 36).
Foerster y Vergara (2001) resaltan el empoderamiento acaecido a fines del siglo pasado para la identidad mapuche, a través de las organizaciones políticas mapuche, que están conformando una incipiente sociedad civil mapuche. Esta última se caracteriza por su dinamismo, por su conectividad global (mediante un uso intensivo de las tecnologías de la información, y las posibilidades de la comunicación virtual), pero también por su fragmentación. Otro aspecto contemporáneo para resaltar es la aparición diferenciada dentro del arte de expresiones mapuche, destacándose la poesía, que ha tenido toda una generación de grandes exponentes (Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf, entre otros). La poesía mapuche ha sido reconocida, tanto por su fuerza expresiva de la identidad mapuche como por su capacidad para dialogar con la cultura nacional chilena, en la que la poesía es un pilar muy importante.9
Las organizaciones indígenas no persiguen el reconocimiento de un derecho a la secesión, sino más bien de derechos de ciudadanía multicultural, que implique derechos lingüísticos, culturales, de control territorial (que incluya no solo el hábitat propio de las comunidades, sino que también ciertos controles sobre el uso de sus recursos naturales), de representación y de autonomía relativa (con jurisdicciones tradicionales y administraciones limitadas).
Sin embargo, dichas organizaciones presentan rasgos de atomización y fragmentación. Cada una se considera legítima representante de los intereses mapuche, y no considera así a las demás (Vergara & Foerster, 2002: 41-42).
La competencia aguda por el liderazgo impide una amplia y más duradera movilización de recursos por parte del movimiento mapuche. Los defectos de la capacidad organizacional y representativa del mundo social mapuche pueden explicar, en alguna medida —sumados a la represión policial y la agresividad de las empresas forestales—, el que la comunicación política de protesta asuma a veces rasgos violentos, ante las dificultades de estructurar una comunicación de protesta efectiva por medios puramente políticos.
Se aprecia el carácter fundamentalmente político e identitario del conflicto mapuche, relacionado con la forma de constitución del sistema político chileno (y también argentino). Sin embargo, dicho conflicto determinó tempranos procesos de empobrecimiento derivados de la usurpación de los recursos que antes administraban los indígenas. Empero, ello no agota todas las dimensiones de conflictividad, pues han entrado en juego factores relativos a la expansión de otros sistemas funcionales —en concreto la economía— de la mano de los procesos de globalización, que han tenido en Chile una temprana y desnuda forma neoliberal.
1.3.2. Los conflictos de distribución: Las consecuencias del neoliberalismo para los mapuche
El modelo neoliberal introducido por la dictadura militar de Pinochet se caracteriza por la desregulación de la economía, la autorregulación de los mercados, el empequeñecimiento del Estado mediante las privatizaciones de sus empresas, las restricciones al gasto público para controlar la inflación, y por la adjudicación a los sujetos de la responsabilidad por los riesgos de su existencia.10
Un aspecto crucial del modelo fue la desregulación o liberalización de mercados que antes estaban bajo control estatal o fuertemente regulados. Sucedió así en Chile con todos los recursos naturales, excepto el cobre, e incluyó a los recursos pesqueros, las aguas, la minería, el sector forestal, etc., que pasaron a formar la base de una economía abierta de exportación de recursos con baja elaboración industrial.
Esto fue decisivo para el pueblo mapuche, por los intereses que empezaron a gravitar sobre las zonas de sus territorios ancestrales. A partir de 1975, se permitió la extensión de monocultivos forestales (sobre todo pino radiata y eucalipto) de empresas madereras en territorios mapuche (Seguel, 2003: 3). En años recientes, esas empresas han alcanzado un patrimonio de 1.500.000 hectáreas en esos territorios (Ibíd.: 4). La mayor parte de esas tierras pertenecen a las empresas CMPC (del grupo Matte), Arauco (del grupo Angelini) y Terranova. Los grupos Matte y Angelini tienen ramificaciones en toda la economía y mucha influencia en la élite política chilena.
El Estado chileno favoreció la expansión forestal a través del Decreto Ley (DL) N° 701 de 1975. A través de sus instrumentos entregó como subsidios a las empresas forestales mediante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) 110 millones de dólares entre 1976 y 1992. Las empresas obtuvieron la financiación de hasta el 75% de los costos de plantar pinos y eucaliptos en territorio mapuche durante 37 años. Ahora es el segundo sector más importante de la economía de Chile.
Según Human Rights Watch,
durante los noventa, las tierras mapuche se vieron profundamente afectadas por la expansión de las inversiones forestales, los proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras. Se calcula que, en el año 2000, 1,5 millones de hectáreas del territorio ancestral mapuche habían sido sembradas con pinos y eucaliptos comerciales. Solo dos compañías chilenas, Mininco y Arauco, acumulaban más de un millón de hectáreas de bosques exóticos, la mayoría de los cuales rodeaban comunidades mapuche. (Human Rights Watch, 2004: 15)
Se proyecta que para el 2020 se va a llegar a 5 millones de hectáreas (OLCA, 2002: 3), sobre todo gracias a la firma en 2006 de un Tratado de Libre Comercio con China, país del cual Chile es su principal abastecedor de celulosa.11
Según Rodolfo Stavenhagen, relator de la ONU,
la introducción del monocultivo forestal de especies exóticas como el pino y el eucalipto por parte de poderosas empresas forestales transnacionales que controlan ahora buena parte del territorio mapuche, ha producido efectos negativos sobre el medio ambiente local. El aumento del uso de herbicidas y plaguicidas mediante la fumigación aérea afecta la salud de los indígenas, y tiene por consecuencia la interrupción de la cadena alimentaria tradicional, el desecamiento y contaminación de ríos y vertientes con pérdidas importantes de su potencial ictiológico (pesca), y la desaparición de la rica y variada fauna y flora tradicional, cuya utilización es indispensable para la supervivencia de las comunidades mapuche. Ahora los miembros de las comunidades ya no pueden libremente dedicarse a la cacería y recolección para su subsistencia, lo que afecta no solamente la economía alimentaria, sino también la medicina herbolaria tradicional, la vida espiritual, el tejido social y cultural de las comunidades. Este proceso ha generado creciente pobreza en la región y ha empujado a muchos jóvenes a emigrar hacia las urbes en busca de nuevas oportunidades. (Stavenhagen, 2003: 13-14)
Son graves los daños ecológicos que provoca el monocultivo intensivo como el que se practica en Chile para el buen vivir (küme mongen) de las comunidades indígenas vecinas a las plantaciones. La expansión forestal ha producido severas consecuencias en cuanto al acaparamiento y agotamiento de recursos hídricos en la zona mapuche, en cuanto secan las napas freáticas disponibles. Sin agua no se puede desarrollar la agricultura y la ganadería en las comunidades (Sánchez & Lassagne, 2006: 7). También existe una situación de creciente contaminación (uso no regulado de fumigación aérea), deterioro de suelos y amenaza a la salud por el uso de pesticidas, pérdida del bosque nativo y alteración de los significados culturales, en cuanto los bosques, aguas12 y suelos tienen un significado cultural específico para las comunidades mapuche, que hacen del equilibrio con la naturaleza una pieza central de su cosmovisión, por lo que son así impactadas material y simbólicamente por su degradación. Aparte de la desaparición de lugares de culto, un aspecto relevante es la desaparición de hierbas medicinales (extinción de los menokos, o lugares que albergan hierbas).
Hay que añadir también el impacto de los tratados de libre comercio suscritos por Chile. Esto en un contexto en el que los controles de la legislación ambiental son en extremo débiles. Es evidente la progresiva despoblación de las zonas mapuche donde se han expandido las forestales —que no generan más plazas de trabajo—, por ejemplo, en la zona de Malleco:
La declinación de la productividad debido a la fragmentación del suelo y el consiguiente uso excesivo, más el abandono de las políticas agrícolas destinadas a los pequeños agricultores, ha generado una mayor dependencia en los ingresos en las comunidades. Hay extrema pobreza rural en áreas donde se concentran las plantaciones forestales (...) Por un lado, las personas que se quedaron han sido excluidas del “desarrollo económico” de estas regiones, lo que aumenta el nivel de pobreza en las comunidades indígenas. Otras personas mapuche han tenido un desplazamiento hacia ecosistemas que son más frágiles e improductivos. Sin embargo, la mayoría de los mapuche han optado por emigrar a centros urbanos, donde generalmente viven en áreas periféricas y trabajan como mano de obra barata. (Monceau, 2006: 7)
En el contexto del modelo neoliberal, las masas empobrecidas sin seguridad social configuran un destino muy verosímil para los miembros del pueblo mapuche. La pobreza en el mundo mapuche es más alta que en la población general, ya sea rural o urbana. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del 2006 revela que la pobreza e indigencia en la población indígena (19%) es mayor que en la población no indígena (13,3%). En la Casen 2017, la pobreza e indigencia indígena alcanza al 14,5%, siendo aún mayor que la pobreza e indigencia no indígena (8%).
Los factores explicativos serían la reducción de las tierras, la pérdida de ellas y la degradación ambiental de su hábitat, junto a factores como a la crisis de la agricultura fruto de la globalización. Esto se ha agravado con el cercamiento de la economía de las comunidades por el avance forestal. Según el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, la población rural mapuche se caracteriza como la más vulnerable y de mayor riesgo socioeconómico y de salud, mostrando los peores indicadores nacionales en mortalidad infantil materna, desnutrición infantil, enfermedades infecciosas, en tipo y calidad de viviendas, en suministro de agua potable, accesos a servicios, en ingresos, etc., determinando incluso un bajo crecimiento demográfico. Según dicha comisión, “el resultado final y más significativo de la pobreza y carencia de recursos es la emigración reduccional de amplios sectores de su población y la adopción de patrones culturales de la sociedad nacional” (2005: 1.376 s).
En cualquier caso, las comunidades mapuche han manifestado su rechazo a la expansión forestal, a la que consideran una amenaza para su modo de vida. Este rechazo se ha expresado mediante ocupaciones de predios forestales, talas de bosques no autorizadas, bloqueos de caminos forestales, etc., con el fin de obtener el retiro de las empresas forestales. Algunas comunidades mediante el favorecimiento con las políticas indígenas de los gobiernos de la Concertación, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), llegaron a acuerdos para comprar tierras forestales, regular los derechos de agua e instaurar programas de educación bilingüe. Sin embargo, en lo demás las relaciones entre comunidades, empresas y gobierno siguen conflictuándose. Muchos de los problemas han sido con empresas forestales, siendo el más destacado el asesinato de Alex Lemun, comunero mapuche, perteneciente a la comunidad Montutui Mapu, que reivindicaba el predio Santa Alicia, perteneciente a la forestal Mininco. Dicha situación se repitió con el asesinato de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. Hay que agregar la aparición de controvertidas guardias armadas organizadas por las forestales como sistema de vigilancia y represión, las que han llevado a cabo acciones de intimidación y agresión permanente dentro de las comunidades para garantizar la operación de las forestales (Tricot, 2007).
La perspectiva para los demás recursos naturales es similar. Según José Aylwin:
Se estima que para 1996 existían 1.357 concesiones mineras nacionales y extranjeras constituidas (o en trámite de serlo) entre las regiones del Biobío y Los Lagos en territorio ancestral mapuche, de las cuales 144 se encontraban en tierras de comunidades pertenecientes a este pueblo. A la misma fecha se había otorgado a particulares no indígenas un número significativo de concesiones de acuicultura en lagos, ríos y mar en aguas colindantes a comunidades mapuche. Para ese año también se había otorgado en el mismo espacio territorial el 75 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales disponibles. (Aylwin, 2002: 20-21)
De acuerdo con el informe de Derechos Humanos mapuche de 2005 de la organización Meli Wixan Mapu,
El manejo del borde costero y de los recursos marinos ha significado una serie de dificultades para las comunidades mapuche lafquenche. Si bien la Ley Indígena compromete la protección de las tierras indígenas, esta no la contempla en su totalidad, así el estado utiliza otras argucias legales para la propiedad del agua, subsuelo, recursos mineros, entre otros. En ese sentido, la ocupación del borde costero por parte de grandes consorcios pesqueros ha ocasionado complicaciones entre los mapuche que viven en la costa. Las comunidades reclaman ante la fácil entrega de concesiones sobre recursos hídricos a terceros, en consideración de que ellos tienen que formar sindicatos para poder ocupar un pedazo de mar. Dicha situación evidencia nuevamente que una ley sectorial, en este caso, la Ley de Pesca y Acuicultura de 1992, vulnera la Ley Indígena. Por otro lado, la contaminación de aguas marinas por parte de empresas salmoneras y grandes buques agudiza la aún más la situación. (Meli Wixan Mapu, 2005: 8)
El informe agrega:
Otros de los serios conflictos es la instalación de vertederos en comunidades mapuche. Este caso ha sido detallado en el informe de marzo de 2005, elaborado por la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche. Los datos señalan que el 70% de los desechos de la Región de La Araucanía va a dar a comunidades mapuche.
Indudablemente, estamos ante un deterioro del medio ambiente y una alteración en el modo de vida de la población mapuche que colinda con los basurales. (Ibíd.)
Lo anterior indica con claridad que la conflictividad del sur de Chile es también un conflicto de distribución de recursos. Se trata de una concentración de los recursos naturales en manos de grupos económicos, que los emplean intensivamente sin límites regulatorios serios, lo cual determina una depredación ecológica y una agresión cultural a la forma de vida mapuche. De esa misma manera, la situación descrita ha sido interpretada como una agresión acumulativa por parte del Estado chileno y las empresas comprometidas, respecto de la cual las movilizaciones indígenas persiguen tanto llamar la atención de la opinión pública chilena para obtener el respeto de los Derechos Humanos de los indígenas, como hacer una defensa frente a esas agresiones.
Esta defensa representa una retaliación en la medida en que buscaría ante una efectiva agresión recuperar los equilibrios históricos que han sido rotos con ella más allá de las normas que puedan estar en juego. La situación de pobreza de los mapuche en Chile y la necesidad de tierras para seguir desarrollando el modo de vida tradicional han determinado un profundo conflicto de intereses, un conflicto en torno a la distribución y utilización de recursos naturales en el Sur de Chile. Sin embargo, las raíces de ese conflicto entroncan en la forma monocultural y excluyente de construcción del Estado nacional chileno.
