Kitabı oku: «Caso Bombas», sayfa 2

2. El Zar Antidroga

La Regional Sur nunca ha sido una Fiscalía lujosa. El edificio que la aloja es relativamente antiguo, tiene dos puertas –una de vidrio y otra grande de metal– que dan a Gran Avenida; los techos son bajos, los cubículos reducidos, al igual que las oficinas. La luz tampoco es suficiente. Se trata de una dependencia pública común y corriente, y tal vez de las menos agraciadas. Pero hace dos años el sexto piso, habitado por muchas menos personas que ahora, se diferenciaba con notoriedad del resto de los sectores de la edificación: los grandes muebles de madera caoba del Fiscal Regional lucían imponentes, las puertas que daban a su oficina eran en extremo seguras, denotando la preocupación permanente por un eventual ataque del narcotráfico: muy pocas tarjetas magnéticas permitían ingresar.

Ahí, junto a la oficina del jefe estaba solo Sylvia Delgado, directora ejecutiva regional de la Fiscalía, pareja del fiscal Héctor Barros y quien hoy se desempeña en la unidad de Orden Público del Ministerio del Interior junto a Alejandro Peña. También en el “sexto” estaba el Departamento de Comunicaciones, muy bien implementado con televisores, sillones y computadores donde trabajaban tres periodistas (alguna vez fueron cuatro), entre ellos Leandro Fontealba, jefe de Prensa y quien se transformó en dos años en jefe de Gabinete de Peña; un cargo que no existía en la Fiscalía Regional y fue creado especialmente para él. Fontealba es sindicado por muchos como el gestor de la imagen del “Fiscal Peña, el Zar Antidroga”, además de participante de muchas de las prácticas antisindicales que se producían en la Fiscalía.

La seguridad y los recursos de rastreo o vigilancia siempre fueron un tema en aquel recinto; tanto así, que se comenta que los teléfonos de quienes trabajan allí estuvieron pinchados por mucho tiempo. César Soto, funcionario técnico, grado 14, despedido en 2008, recuerda: “Una vez fui a la sala de computación, donde estaban los chicos de soporte, y se escuchaban las conversaciones en alto parlante de otros funcionarios. Pregunté qué era eso y ellos me dijeron ‘acá se escucha todo’”. Pero hubo otras conversaciones sobre espionaje a los funcionarios. En una ocasión, el fiscal Pedro Orthusteguy le contó a la Asociación de Funcionarios, acompañados esa vez por el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, que algunas oficinas tenían micrófonos y que él había adquirido “un aparato para bloquearlos”.

Verdad o no, el tema de las escuchas telefónicas era recurrente y vox populi. Había fiscales que se pasaban el dato y ponían un papelito doblado bajo la tecla phone del teléfono para “bloquear escuchas”. Otros se entregaban números telefónicos a los que, llamando, podían descubrir si los habían intervenido. Y siempre era recomendable hablar por los teléfonos fijos y no por los celulares otorgados por el Ministerio Público. Medidas que se acrecentaron a partir del 2010, cuando se asumió el Caso Bombas. Varios fiscales entrevistados recuerdan que los autos que ingresaban eran revisados con un espejo en su parte inferior por un guardia contratado para eso, y que la seguridad había alcanzado grados de paranoia en ciertas jefaturas involucradas en la investigación en curso.

Es que trabajar en la Fiscalía era un apostolado, también para el fiscal Alejandro Peña, que en la parte posterior de la oficina tenía una cama de una plaza y en el mismo baño una puerta que daba hacia una sala de reuniones. Haber sido elegido Fiscal Regional marcaba un gran salto en una carrera que cuidaba con recelo.

Peña es hijo del abogado Ramón Peña, juez de Policía Local de La Florida, y en su adolescencia estudió en el Instituto Alonso de Ercilla. Aun así, su desempeño en la Universidad Diego Portales no fue destacado, razón por la cual se tituló posteriormente de abogado en la desaparecida Universidad de Las Condes.

De esos años no solo se sabe que se acercaba ideológicamente al mundo de los derechos humanos, con morral y gorro de lana, asistiendo –según sus excompañeros– al concierto de Amnistía Internacional en Mendoza el año 88, sino que, tres años después, fue detenido por desórdenes en un metrotrén que venía desde Rancagua, tras un partido de Universidad de Chile. En la declaración Peña argumentó –a pesar de la versión de Carabineros– que no pertenecía a la barra y no conocía a los demás detenidos que destrozaron los vagones. En agosto del 91 el futuro fiscal pasó dos noches detenido con la barra de Los de Abajo.

Años después, cuando asumió la Regional, Peña reclutó a abogados con cierto renombre, pero también a gente sin experiencia. Antes había sido procurador de la Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu) y, por mucho tiempo, relator de la Corte de Apelaciones junto a su amigo Xavier Armendáriz. Pero quienes lo conocen comentan que siempre albergó sueños importantes, como el de ser director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Dicen que hizo lobby para ello, pero no el suficiente, ya que el elegido hace dos años fue Gonzalo Yuseff, militante de Renovación Nacional (RN).

En la Fiscalía Sur Peña construía una especie de cerco: los que estaban con él y los que no. Decía no creer en el funcionario público: los cargos debían ser de su confianza más acérrima y quienes no eran obedientes simplemente no eran considerados. Los favores se pagaban con favores y el concepto de la “deslealtad” era enarbolado cada vez que alguna crisis afectaba la imagen de la Fiscalía.

Ni su comportamiento ni su vocabulario eran “formales”, o lo que se esperaría de un alto funcionario del Ministerio Público. Cuando alguien emitía un concepto jurídico en alguna de las causas investigada, él decía: “Oye, pero háblenme en castellano”. Actuaba con relajo e ironía en situaciones serias, como cuando se burló, a vista y paciencia de la prensa, de uno de los travestis que declararon en el caso del incendio de la Cárcel de San Miguel.⁸

Tampoco era un buen litigante, por eso nunca alegó solo: así fue como participó en dos o tres juicios orales que estuvieron siempre a cargo de otros fiscales, como en el “Caso Rojo”, donde Jeanette Hernández fue inculpada por el ataque que quitó la vida a uno de sus hijos y dejó con graves daños al otro en enero de 2008 en Puente Alto. En ese momento, además de desestimar y criticar las diligencias llevadas a cabo por los fiscales a cargo de la investigación, Pablo Sabaj y Patricio Vergara, tratándolos a garabato limpio (“Estos hueones que no se apuran con la causa”), llegó a la parte final del Juicio Oral con antecedentes correspondientes a otras instancias del proceso; quiso alterar el orden de los testigos y mostró desconocimiento de los métodos investigativos, en un caso que era particularmente difícil y en donde era muy probable que por falta de antecedentes la inculpada saliera en libertad.

En esa jornada, defensores públicos y fiscales se miraban extrañados del proceder de Peña, lo que no impidió que celebrara su “triunfo” una vez que la Hernández fue declarada culpable. Lo hizo junto a sus amigos, luego de ser felicitado por el mismo intendente, Igor Garafulic, y sin la presencia de los fiscales que intervinieron desde el comienzo del juicio. El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur no había aportado siquiera un antecedente relevante para esclarecer la causa, aunque, como en otras ocasiones, solía llegar momentos antes que se prendieran las cámaras. Un modus operandi común, según cuentan algunos de sus subalternos de la época.

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Peña hablaba con pasión en las cuentas anuales del Ministerio Público. Sus cercanos cuentan que sentía tener pasta de líder. Pero su talento fue rodearse de gente audaz, que lo ayudaba en su afán mediático de alcanzar gran notoriedad a partir de su accionar en el combate contra las bandas de narcotráfico. Emblemático fue su ingreso a La Legua en la comuna de San Joaquín, junto a un falso cortejo fúnebre, para capturar a la banda conocida como los “Cara de Pelota” sin haber encontrado “un solo gramo de droga”, como alardeaba, y apelando únicamente a la figura de Asociación Ilícita.

El fiscal jefe de la “Sur” solía aparecer en los noticiarios siempre rodeado de funcionarios de la PDI, lo que había elevado su fama como un fiscal eficiente en operativos parafernálicos. Tras cada detención aparecía ante la misma prensa que había registrado los allanamientos para hablar del éxito del operativo. Sin embargo, nunca daba entrevistas en directo: tener que discutir en público con los periodistas no le parecía conveniente.

A Peña le gustaban los diarios donde tenía periodistas de confianza, uno o dos en cada medio y con quienes pasó períodos de cercanía y enemistad (Patricio Carrera de La Tercera y Pedro Lezaeta de El Mercurio eran sus favoritos). Según Peña, ellos publicaban sus trascendidos y le hacían entrevistas cuando él o Fontealba las pedían, situación que no cambió con el Caso Bombas: La Tercera y El Mercurio fueron los mismos medios que entregaron los trascendidos, el material secreto de la investigación y los avances de la BIPE y la Dipolcar, con las líneas investigativas respectivas.

En esos mismos medios el Fiscal Regional puso de moda la suma de los años de presidio para los inculpados, que figuraban en recuadros o infografías especiales: 220 años, 300 años, 400 años sumaría ésta u otra banda. 200 y tantos años de prisión pedía la Fiscalía Sur, decían los artículos cuando, por ejemplo, los sospechosos eran más de veinte. Aunque si se separaban las penas, los años por cada inculpado no eran tantos, la suma global sonaba imponente.

En los primeros momentos como jefe de la Regional Sur su brazo derecho fue Pedro Orthusteguy, el primer fiscal jefe de Chile, quien fue traído desde Coquimbo en el 2003 a cargo de las coordinaciones con el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud y las policías. Sus otros cercanos fueron Héctor Barros, Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Juan Pablo Buono Core y el joven Francisco Rojas. Una especie de cofradía donde se protegían de los enemigos de otras fiscalías, de los funcionarios no tan amigos y de rumores de líos de faldas echados a correr con frecuencia en la Fiscalía y justificados por los “largos turnos” que pasaban a cargo de sus unidades.

Pero el domingo 19 de agosto del 2007, a eso de las seis de la tarde, un episodio ocurrido en el departamento del exitoso Fiscal Regional, en el edificio Santa María de Vitacura de la calle Santa María de Manquehue, comenzaría a cambiar el curso de la historia. Ese día, su pareja, la actuaria Katherine Bernales Concha, lo denunció por violencia intrafamiliar ante la 48ª Comisaría de Las Condes. Según relató la mujer, tuvieron una fuerte discusión y el fiscal Alejandro Peña la había afirmado con extrema fuerza de las muñecas, al punto de dejar hematomas en sus brazos.

En la denuncia quedó registrado textualmente que Bernales “fue víctima de insultos y lesiones en sus muñecas por parte de su cónyuge”. Como testigos la denunciante presentó su hermano Waldo Bernales y a su madre Margarita del Carmen Concha. La causa, que fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego fue derivada –por el Consejo General de Fiscales– a la Fiscalía Regional de Rancagua y quedó a cargo del fiscal José Luis Pérez Calaf, ya que por normativa del Ministerio Público solo otro Fiscal Regional puede estar al frente de una investigación sobre uno de sus pares.

Este suceso comenzó a tensionar la situación en la “Sur”. La denuncia en su contra perjudicaba directamente la candidatura a Fiscal Nacional, que Peña “lanzó” en un evento desarrollado en el mismísimo Hotel Sheraton luego de la entrega de papeles al final del plazo. Para él alcanzar el máximo cargo en el Ministerio Público era su otro gran sueño, sueño aniquilado posteriormente con el triunfo de Chahuán, que, con olfato político, trabajó con mucha anticipación su candidatura y contrató un apoyo de lobby varios meses antes de la elección.

Como correspondía, el día que se supo que Peña no quedaba en la quina para el cargo, se le realizó una comida de desagravio en el restaurante Lamu Lounge, de BordeRío. En la ocasión, Peña predijo: “Seguro ésta la gana ‘el Turco’ (Chahuán) con sus movidas”.

La cobertura de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su esposa no fue tan extensa en la prensa, pero Peña declaró a sus pares que esto podía echar por tierra sus sueños. En una reunión dijo que se iba a retirar porque era el fin de su carrera y el cuestionamiento de la opinión pública era lo que más le afectaba. Pero en este difícil escenario no estuvo solo. Antes, el jefe de Gabinete Leandro Fontealba no solo habría llamado a muchos de los funcionarios de la Regional contándoles los difíciles momentos que se venían para la Fiscalía, sino también a Katherine Bernales, pidiéndole que retirara su acusación. También se habría comunicado con ella el fiscal Héctor Barros, planteándole lo inconveniente que era seguir con la denuncia y los efectos que ésta podría tener para su carrera como actuaria.

Finalmente, el 5 de septiembre del 2007, la causa quedó archivada. La mujer se arrepintió y no perseveró en la acusación. La acción conjunta de los amigos de Peña había dado resultados. Pero ya había perdido la posibilidad de ascender, y de ahí en adelante, la Fiscalía regalona de los medios de prensa comenzaba a desmoronarse con sucesos que vendrían uno tras otro, culminando con el Caso Bombas.