Kitabı oku: «Prácticas desde la administración pública», sayfa 3

Acciones para consolidar la paz en clave del territorio

La paz y el desarrollo territorial están estrechamente relacionados. La apuesta es la no centralización de la inversión resultante en la implementación de los mejorados acuerdos entre las FARC–EP y el Gobierno de Colombia.

Importante entender que la “Paz Negativa” está asociada a la ausencia de la guerra, no hay confrontación bélica, por el contrario, la “Paz Positiva” no significa ausencia de conflicto. Está asociada al ejercicio pleno de la institucionalidad desde el surgimiento y constitución del poder territorial, con el propósito de gobernar de manera neutral en función de resolver las demandas de la sociedad. No es dable, es sumamente violento que la administración local concurra en favor de la corrupción, crear un Estado propicio para poner las instituciones en favor personal. En concreto, llevar la corrupción a cero.

Los gobernantes tienen que ajustar sus valores a los determinantes para el ejercicio de la función administrativa pública. No hay nada más violento que se evidencie corrupción en las actuaciones del gobernante. Se tornan excluyentes, no garantiza convivencia en los espacios de neutralidad como la educación, el deporte, la salud. Es necesario el contradictor como elemento del disenso que ayuda al consenso, no se trata de ponerlo en favor de mi postura, de lo que trata es de que tenga otra mirada. El gobernante en su accionar no puede estar confundido a partir de sus valores, porque se tornan disfuncionales con lo que representan. La corrupción es un acto vergonzante.

Inevitablemente hay que entender la “Paz Positiva” en muchos aspectos y de manera multi-vectorial. Desde el territorio se tienen que transformar y potencializar las capacidades de gestionar los posibles conflictos que puedan suscitarse en el ejercicio de la implementación en lo territorial. Se debe democratizar el ingreso al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la contratación pública, al empleo, pero sobre todo a la administración de justicia. “El derecho que concede la democracia de ejercer el poder, no subsidia el derecho para maltratar a los que no votaron por nosotros”.

Hay que repensar las relaciones del Estado – municipio concretadas en la interacción servidor – ciudadanía, hay que transformar las relaciones de poder político en lo referente al ejercicio de la administración de lo público, en razón a que las aspiraciones comunitarias se tienen que concretar.

En lo territorial debemos lograr la no-violencia desde la ejecución de los planes de desarrollo, atacando la violencia estructural mediante la solución de las necesidades básicas “supervivencia, bienestar, identidad o libertad” como resultados de los procesos de estratificación social, en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos materiales y sociales sea resuelto por mecanismo vinculantes y efectivos de la participación ciudadana.

Reducir la “violencia cultural” atacando los factores que conllevan a hechos violentos contra la mujer, la política, el género, los jóvenes y los diferentes tipos de “matoneos” que se presentan en los disímiles espacios comunes que se comparten por necesidades de la sociedad como escuelas, colegios, universidades, supermercados, transportes colectivos, lugares comunes de trabajo, entre otros.

De esta manera, con acciones muy sencillas que dependen de nosotros como ciudadanos podemos llegar a lo que denomina Francisco Adolfo Muñoz como “Paz Imperfecta”, la cual es entendida como todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de “Paz Posible”, de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida. En este sentido se podrían agrupar bajo esta denominación, todas aquellas experiencias y espacios en los que los conflictos se regulan pacíficamente, es decir en los que las personas y grupos humanos optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. Es necesario entender que se llama imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, se convive con los conflictos y algunas formas de violencia.

La imperfección nos acerca a lo más humano de nosotros mismos, en razón a que convivimos con emociones y cultura, deseos y voluntades, egoísmos y generosidades, aspectos positivos y negativos, aciertos y errores, entre otros muchos más, pero lo importante es que permite reconocernos como actores, siempre inmersos en procesos dinámicos e inacabados ligados a la incertidumbre de la complejidad del mundo en el que habitamos. Todas las circunstancias nos humanizan, nos hacen a la vez libres y dependientes de todos aquellos con los que tenemos que convivir infaliblemente.

Si logramos pensar y actuar con vehemencia desde el territorio, podríamos atenuar la violencia directa, estructural, cultural y simbólica.

Economía criminal y poder político

La economía criminal es propia del poder político cuando surge de los “Estados en la sombra”. Éstos interpretan la relación entre la corrupción y la política, son el producto del gobierno personalista, usualmente constituido tras la fachada de la democracia formal. Este tipo de Estado se construye para servir a interés privado y sus propios intereses.

El poder del Estado en la sombra radica en administraciones internas muy débiles, en este sentido los gobernantes adoptan un horizonte estratégico más corto “voy por lo mío”, tratando de acumular recursos críticos por fuera del gobierno, para posteriormente favorecer operaciones privadas en clave de su mantenimiento.

En las sesiones del mes de mayo de 2016, llegó a un Concejo el proyecto de acuerdo 009 “Por medio del cual se crea el Fondo de Inversiones y Reactivación Agropecuaria… y se conceden unas facultades” que buscaba crear una empresa para manejar recursos públicos con destinación específica de manera discrecional, arguyendo motivaciones subjetivas convirtiendo el estamento en un asunto privado, desde el emprendimiento individual relacionado con la economía agropecuaria.

Lo curioso es que quien impulsa el proyecto solicita facultades para administrar de manera libre los recursos generados por la iniciativa, situación un tanto dudosa, aún más, cuando el Secretario de despacho que está detrás de la decisión genera muchas dudas porque en su momento, cuando salió electo concejal, renunció en un claro irrespeto por sus votantes para hacerse designar discrecionalmente y poder ejercitarse desde el interés privado, pero el colmo llegó cuando éste propuso comprar las facultades de algunos Honorables Concejales para obtener el derecho a manejar los dineros conseguidos desde su gestión.

Desde este punto de vista el poder político se traduce en un hecho criminal, porque los recursos adquiridos de forma independiente a los esfuerzos de la población le dan la opción al Secretario–gobernante de generar graves demandas de recursos a la población beneficiaria que en realidad queda bajo su control, lo que reduce la productividad y riqueza social en su conjunto. En estos contextos a los gobernantes no les gusta atraer la legitimidad, por el contrario, buscan obtener la obediencia por medio de sus directrices. Desde luego, se prefiere conservar los recursos que pudiesen verse gastados en servicios y, en cambio, gastarlos para comprar la lealtad y obediencia mediante la provisión de subsidios y el acceso preferencial a activos del Estado o al ejercicio discrecional del poder, para no procesar infracciones y otras exenciones selectivas y así evitar las regulaciones.

La criminalidad se profundiza porque los usos privados de las prerrogativas y activos del Estado crean un marco de gobierno por fuera de las instituciones estatales formales, es decir, una sombra de las estructuras formales del gobierno, basados en vínculos informales. El cargo patrimonial del secretario – gobernante carece ante todo de la distinción burocrática weberiana, se planta entre la esfera “privada y la oficial”, él cree que el poder político es puramente personal y eso lo hace soberano de la posición en el ejercicio de su poder personal, que le resulta beneficioso de acuerdo con los emolumentos y contribuciones que reparte.

Este tipo de economía criminal, que se gesta desde el “Estado en la sombra”, es la inclusión de individuos que se benefician de acciones y recursos en virtud de su presencia y reconocimiento dentro del “establecimiento”, sin tener que contribuir con sus propios esfuerzos y mucho menos recursos. Finalmente, el gobernante desde el “Estado en la sombra” busca hacer que la vida de sus gobernados sea menos segura y más pobre materialmente, a menos que le demuestren que contribuyen a su poder personal. Las conexiones informales no burocráticas que resultan de éstos constituyen las redes del “Estado en la sombra”. En este tipo de Estado se carece de derechos civiles, puesto que las relaciones con las autoridades están subordinadas a la discreción de éstas.

Gobierno fallido

De manera general, el gobierno fallido se caracteriza por un fracaso social, político, económico, débil e ineficaz. La otra cara es que el Gobierno no gobierna, es un gobierno con muchos subgobiernos anarquizados, éstos imponen la agenda a partir de malas prácticas con postulaciones perversas y viciadas.

Las causas del gobierno fallido están asociadas a la falta de definición de una agenda y de planes estructurales de desarrollo que guíen las actuaciones de los servidores públicos. La corrupción que afecta a todos los estamentos de la sociedad, aflige a la comunidad, los pobladores sujetos de dicho gobierno pierden la confianza y calidad de vida.

Para contrarrestar tal situación, la comunidad debe confrontar a los corruptos y exigirles respeto por el manejo de los recursos que le son propios. Una sociedad honesta y trabajadora puede castigar sin violencia a los servidores comprometidos en actos de corrupción, especialmente a quienes han puesto el presupuesto en favor propio y de sus familias.

Cuando en un territorio al acalde lo controlan a partir de malas prácticas, entre ellas, asociadas a la descomposición de liar el hato de sus debilidades y necesidades, está cautivo en sus propias punzas.

Para neutralizar tales prácticas en los territorios, los concejales pueden hacer uso de una alternativa procedente: ejercer cogobierno a partir de cumplir con su tarea de control político de manera eficaz. No es plausible hacer transacciones a partir del ejercicio que les corresponde, porque la comunidad se siente desprotegida y se le hace mucho daño a la democracia como instrumento de constitución del poder público.

Para los secretarios de despacho, que ejercen acudiendo a la anarquía del sub-gobierno, les conviene este tipo de falta de norte del gobernante para poder hacer del presupuesto una orgía de contratos, favoreciendo el estamento que sostiene la confusión del mandatario de turno.

Los concejales comprometidos en un férreo ejercicio de control político deben exigirle a los servidores corruptos e ineptos dar un paso al costado, dejar de seguir el diseño de sus malas prácticas utilizadas para concretar actos de descomposición, con lo cual enlodan a todo el gobierno municipal, disminuyendo la confianza en la administración pública, apoyados en conductas reprochables desde el punto de vista de la responsabilidad política, administrativa, profesional y personal.

Es imperativo exigir a los corruptos su dimisión en razón a que las consecuencias serán disminución en servicios públicos, altos niveles de corrupción y mucha criminalidad. Si bien es cierto que este tipo de gobierno mantiene su personalidad jurídica, hay un colapso de la institucionalidad, no se desarrollan las relaciones intergubernamentales y se mantienen como gobiernos fantasmas. No dan la cara.

La etiqueta de gobierno fallido se justifica siempre y cuando la comunidad esté dispuesta a cambiar. Se trata de focalizar ayudas, de intentar buscar solución, porque se constituye un hervidero de inestabilidad institucional y surgen todo tipo de delincuencias, lo que supone un serio problema para el desarrollo local y por supuesto para la comunidad objeto de dicho Gobierno.

Se entiende fallido porque no expresa una fuerte institucionalidad en sus procesos y procedimientos, las malas prácticas vuelven invisibles la gestión. La perversión se concreta con entregar la contratación a organizaciones fachadas, a grupos de presión que logran resultados a partir de confrontar al gobernante con su moral y la conducta que mantiene por debajo del estándar ético.

Gobierno, administración pública, justicia y control político

En un municipio del departamento de Antioquia los responsables de ejercer el control político están advertidos de que una “bala no vale mucho”, según se lee en un mensaje que circulan en las redes sociales recibido por la secretaria de la Corporación, en el inicio de las sesiones ordinarias del presente mes. De acuerdo con el francés, Charles Jean Bonnin, pensador político y social, hay dos perspectivas que permiten caracterizar la administración pública; la primera la concibe como una forma de acción, la segunda la aborda como un fenómeno institucional. Desde estos dos puntos de vista se establece su singularidad y relaciones con el orden, la forma de gobernar y la justicia.

Progresivamente en la historia se ha deslindado e instituido la diferencia entre el gobierno, la administración pública y la justicia. Su confusión genera el desorden y la existencia de principios generadores de errores que perduran como verdaderos.

Uno de los propósitos principales del gobierno es la necesaria conservación de los individuos y su libertad natural, y es en la configuración de esta dinámica de generación de garantías en donde primero se instituye el gobierno y posteriormente la justicia.

Lo anterior no significa, sin embargo, la existencia de la administración pública como convención, porque es precisamente esta condición la que ha permitido establecer la organización del orden interno en cada territorio.

Por su naturaleza, el gobierno por sí mismo es más vigilante que activo, y ejerce una tutela sobre la administración pública, la cual no actúa más que por su impulso y conforme a su voluntad. Asimismo, el gobierno es la voluntad creada para dar movimiento al cuerpo político y una dirección común a todos los individuos, lo que implica que éste actúa como el alma del cuerpo político.

La administración pública es consecuencia del gobierno, en tanto la justicia lo es de la administración, dado que ésta representa y debe ocuparse de las necesidades y deberes sociales. En compensación, la justicia es puramente un medio coercitivo que remedia los “males de sus conciudadanos”.

La justicia está establecida para cuidar que el orden mandado por la administración pública no sea alterado por la pasión de los hombres y sus intereses particulares, de lo que se encarga es de castigar los delitos, corregir los vicios y reprimir los abusos.

Por su parte, el ejercicio del control político, propio de las corporaciones públicas (concejo, asamblea y congreso) como medida garantista dirige su accionar a vigilar la actuación de los funcionarios vinculados por una relación institucional y política, más que un control sobre su gestión, se trata es de un juicio sobre la función y capacidad de adaptación de iniciativas del gobierno.

Cuando se habla de función se hace referencia al término en sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que adelantan los cuerpos colegiados sobre la actividad que realiza el ejecutivo y la administración, con la finalidad de verificar que se ajustan sus actos a las disposiciones definidas en las normas.

Los titulares del gabinete de ese municipio del departamento de Antioquia, en medio de su confusión a expensas de su propio sometimiento, de cómo se relacionan los elementos enunciados en el título de este escrito, explicitan su modus operandi, en tanto con sus acciones tratan de atemorizar a quienes por garantía les corresponde la función pública del ejercicio del control político. No les gusta que les verifiquen la autenticidad de la información que suministran desde la contratación por: obras públicas, salud pública, qué tan competente es la productividad y competitividad, el valor de los refrigerios de educación, la efectividad de la política de “cero a siempre”, el uso de la maquinaria asociada a obras públicas, entre otras.

Los concejales y el control político

El control político se entiende como un mecanismo efectivo de los cuerpos colegiados (senado, cámara de representantes, asambleas y concejos), con el objetivo de exigir y garantizar el ejercicio del poder y la gestión del gobierno de manera transparente, al tiempo, reclamar la responsabilidad política de quienes llegan a cargos de elección popular y sus equipos de gobierno.

El objeto del control político se identifica claramente mediante dos acciones. La primera consiste en la actividad de los cuerpos colegiados, dirigida a verificar la acción político – administrativa del gobierno y de la administración en todas las dependencias, poniendo de manifiesto y sancionando la responsabilidad política. La segunda es la actividad conocida comúnmente como de “garantía”. Se dirige a controlar la acción de los sujetos vinculados al gobierno, pero no por elección popular, sino por una relación institucional de responsabilidad política, más que un control sobre la gestión, se trata de un juicio sobre la función y capacidad de adaptación de iniciativas del gobierno respecto a los nuevos elementos de la realidad administrativa.

Cuando se habla de función se hace referencia al término en el sentido de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que adelantan los cuerpos colegiados sobre la actividad que realiza el ejecutivo y la administración, con la finalidad de verificar que ajustan sus actos a las disposiciones definidas en las normas.

En el escenario municipal los destinatarios del control político son los secretarios de despacho, los representantes legales de las entidades descentralizadas, los personeros y los contralores si existieren.

Con motivo del inicio de las sesiones ordinarias de la mayoría de los concejos municipales, todos los honorables concejales deberían estar disponibles para realizar y poner en práctica el ejercicio del control político. Esa es la razón de ser de su investidura, no tiene sentido que los concejales no cumplan sus tareas.

Pareciera que el obstáculo está definido por las relaciones que vinculan al ejecutivo con la llamada coalición y la coima que les repartió el alcalde días antes de la Navidad cuando los citó en su propia casa. Los concejales deberían demostrar su excelsa honorabilidad, haciendo control político a la gestión adelantada por los secretarios de despacho, los cuales ponen en tela de juicio su conducta cuando en el propio recinto del concejo, en las sesiones anteriores, confiesan la posible comisión de hechos punibles en tanto reconocen que reciben y aplican recursos provenientes del pago de tributos por parte de quienes ocupan espacios públicos con casetas en el parque principal, sin que los recursos ingresaran al fisco municipal. Disponen de manera discrecional como si se tratara de una tienda de su familia.

Asimismo, en ejercicio del control político cabe solicitar responsabilidad de los secretarios de planeación y de obras públicas, por la entrega de licencias de construcción sin tener en cuenta los paramentos y las servidumbres definidas por la normatividad, y por la obra pública que se está ejecutando en la institución educativa más representativa de la municipalidad, por cuanto la fecha de entrega de la obra estaba definida para el 16 de diciembre de 2016 y seis meses después no se ha entregado.

De la misma manera, verificar el ingreso al presupuesto y cuentas bancarias del municipio, del impuesto de espectáculos públicos provenientes de la venta de los derechos de las fiestas de Corralejas. No sea que las hayan negociado “por debajo de mesa”, lo que va en menoscabo del fisco y el deporte municipal.

Hacer control político a la administración y uso de la maquinaria de obras públicas del municipio y al vehículo campero estaca, que permaneció más de un año a la intemperie en el taller “Arango”, así como los permisos y el uso del buldócer, que permite el Secretario de Planeación en favor de los intereses de otros exalcaldes del municipio vecino.

La función de control político que hacen las corporaciones al realizar sus debates, se entiende que es para defender el patrimonio de los ciudadanos, para sancionar a los culpables de las pérdidas y detrimentos; no se hace para afectar la imagen de la entidad estatal, pero sí para buscar los responsables del manejo del dinero público, dinero de los ciudadanos que sirve entre otros, para pagar los honorarios a los honorables concejales.

El concejal que no realiza control político se hace cómplice de la corrupción y no merece recibir los honorarios, los cuales son pagados con los impuestos que pagan sus representados.