Kitabı oku: «Colombia entre dos mundos: un acercamiento a la relación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades»

Yazı tipi:



Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Beltrán Barrera, Yilson Javier, 1981-

Colombia entre dos mundos : un acercamiento a la relación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades / Yilson Javier Beltrán Barrera. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Maestría en Derecho, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2019.

133 páginas. -- (Colección Publicaciones de Posgrados de Derecho y Ciencias Políticas ; 5)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-958-783-929-6 (rústica). -- ISBN 978-958-783-930-2 (e-book). --ISBN 978-958-783-931-9 (impresión bajo demanda).

1. Biodiversidad 2. Conocimiento indígena 3. Bioprospección 4. Recursos genéticos 5. Derecho de propiedad intelectual 6 Recursos naturales 7. Investigación 8. Comunidades locales 9. Estudios de casos prácticos 10. Parque Nacional Natural de los Nevados (Colombia) -- Estudio de casos 11. Taganga (Santa Marta)(Magdalena)(Colombia) -- Estudio de casos I. Título II. Serie

CDD-23 333.9509861 / 2019

Colombia entre dos mundos: un acercamiento a la relación entre

investigadores de la biodiversidad y las comunidades

Publicaciones de Posgrados de Derecho y Ciencias Políticas

© Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Maestría en Biociencias y Derecho

© Yilson Javier Beltrán-Barrera, autor, 2019

Primera edición, 2019

ISBN (rústica): 978-958-783-929-6

ISBN (digital): 978-958-783-930-2

ISBN (IBD): 978-958-783-931-9

Dolly Montoya Castaño

Rectora

Hernando Torres Corredor

Decano

César Antonio Cohecha León

Vicedecano académico

Comité de Publicaciones

Alejo Vargas Velásquez

Vicedecano de Investigación y Extensión

Carlos Medina Gallego

Director del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-

Sociales Gerardo Molina, Unijus

Andrea Carolina Jiménez Martín

Directora del Departamento de Ciencia Política

Jorge Enrique Carvajal

Director del Departamento de Derecho

Bernd Marquardt

Director de la revista Pensamiento Jurídico

Leopoldo Alberto Múnera Ruíz

Director (e) de la revista Ciencia Política

Este libro es resultado de una tesis meritoria presentada en 2012 en la Maestría en Biociencias y Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, cuyo director fue Edgar Alberto Novoa, y cuyos jurados fueron Gregorio Mesa Cuadros y Catalina Toro Pérez.

Preparación editorial

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

http://derecho.bogota.unal.edu.co/publicaciones/ insisjpg_bog@unal.edu.co (Unijus) edicion_fdbog@unal.edu.co (edición de libros) evalua_fdbog@unal.edu.co (evaluación de manuscritos y proyectos de investigación) ofipub_fdbog@unal.edu.co (bodega e inventarios de publicaciones) (57+1) 3165000, exts. 29264 y 29266 Diagonal 40 A bis n.° 15-38, Complejo Casa Gaitán

Juan Sebastián Solano Ramírez

Coordinador editorial

Solvey Castro Otálora

Editora

Ángela María Herrera Castillo

Coordinadora académica

Paula Alejandra Enciso Bautista

Coordinadora administrativa

Melissa Ruano Chacón

Diseñadora gráfica

Diseño original de la Colección

Melissa Ruano Chacón

Corrección de estilo

Luisa Fernanda Rojas Monroy

Revisión de la corrección

Tomás Granobles Pacheco

Conversión a ePub

Mákina Editorial

https://makinaeditorial.com/

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales.

Universidad Nacional de Colombia | Vigilada Mineducación. Creación de la Universidad Nacional de Colombia: Ley 66 de 1867. Acreditación institucional de alta calidad: Resolución 2513 del 9 de abril del 2010, Mineducación. Régimen orgánico de la Universidad Nacional de Colombia: Decreto 1210 de 1993.

Dedicado a los muertos de mi felicidad,

a mi padre Ladislao y mi hermano Danilo.

Tened la certeza de que si Colón se sintió feliz alguna vez no fue después de descubrir América, sino cuando estaba luchando para descubrirla; […] ¿Qué importaba el Nuevo Mundo? Colón no lo había visto apenas cuando murió y en el fondo ignoraba lo que había descubierto. ¡Lo importante es la vida, sólo la vida! ¿Qué vale un descubrimiento cualquiera en comparación al descubrimiento eterno y siempre renovado de la vida?

DOSTOYEVSKI, El idiota

Tras tenaz resolución señores científicos de la biodiversidad, en particular ustedes quienes estáis detrás de la colonización de la vida a través del “descubrimiento” de “nuevos” genes y especies; con el propósito de comercializar la vida, yo les pregunto: ¿saben ustedes algo sobre lo que es la vida?

Contenido

Lista de siglas y abreviaturas

AAC: Autoridad Ambiental Competente

ANC: Autoridad Nacional Competente

ARG: Acceso a Recursos Genéticos

CAN: Comunidad Andina de Naciones

CAR: Corporación Autónoma Regional

CDB: Convenio de Diversidad Biológica

CDS: Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible

CGIAR: Consultative Group on International Agricultural Research

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIG: Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicional y Folclore

Cimmyt: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CIP: Centro Internacional de la Papa

CNUCD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

COL: Herbario Nacional Colombiano

CPT: Comité Prodefensa de Taganga

CST: Conocimiento (saber) tradicional

Dimar: Dirección Marítima y Portuaria

DPI: Derechos de Propiedad Intelectual

DRP: Diagnóstico Rural Participativo

FAO: Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

GeBiX: Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos

IAP: Investigación Acción Participativa

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

MAVDT: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Pefic: Permisos con Fines de Investigación Científica

Plebio: Grupo de investigación en Política y Legislación en Biodiversidad Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional

PNNN: Parque Nacional Natural de Los Nevados

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

UASPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia sobre Comercio y Desarrollo)

Unesco: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al profesor Gabriel Ricardo Nemogá, quien, como coordinador de la Maestría en Biociencias y Derecho, me abrió las puertas a la maestría y a su grupo de investigación Plebio, lugar en el que inicié mi formación como investigador. Sin su excelente dirección académica y su gestión para la financiación del presente trabajo, desde su concepción, este no hubiera sido posible. Definitivamente su dedicación e incondicionalidad como gran académico y como ser humano se ven reflejadas a lo largo de cada línea de la presente investigación.

A la memoria del profesor Edgar Alberto Novoa Torres, quien, en su momento, asumió con la mejor disposición la dirección de la presente investigación, pues en lugar de imponer su mirada al trabajo que venía en cocción con el profesor Gabriel Nemogá, me hizo consciente, a través de su experiencia investigativa en temas afines, de la necesidad de desarrollar ciertas ideas y de clarificar y sustentar mejor otras que fueron clave para que los resultados alcanzaran la distinción meritoria.

A la comunidad de Taganga, en especial al Comité Prodefensa de Taganga, particularmente al doctor Ariel Daniels de Andrei y al señor Carlos Herrera, líderes de la comunidad e integrantes del comité, quienes, además de abrirme de una manera hospitalaria y generosa sus puertas en aquella hermosa bahía del caribe colombiano, se convirtieron para mí en grandes sabios, consejeros y amigos. A Vladimir Minorta Celi, quien me permitió conocer desde su perspectiva su relación investigativa con la comunidad taganguera. Sin todos ellos tampoco hubiera sido posible este trabajo.

A la comunidad campesina del Parque de Los Nevados, en especial a la familia Machete, quien me dio abrigo en su hogar. A don Florentino y a su querida esposa por sus largas conversaciones en medio de la neblina que invisibilizaba su humilde casa y me recibía con un caluroso afecto humano y un tinto que me salvaba del frío en esas largas caminatas. A todos ellos, quienes sus historias de vida, muchas de ellas contadas al lado del fogón, fueron una fuente fundamental para darle vida a este trabajo.

A Manuela Avellaneda, pues por medio de ella comprendí en campo lo difícil que es hacer investigación en Colombia, sobre todo cuando se intenta hacerlo con el compromiso político de beneficiar a las comunidades.

Introducción

La apropiación del conocimiento de las comunidades locales por parte de la comunidad científica, así como el despojo de la propiedad de dichas comunidades, que por siglos han desarrollado sus propias formas de uso de los recursos naturales, ha sido tratado hasta el cansancio en la literatura sobre propiedad intelectual.

Los conocimientos de dichas comunidades se han venido utilizando en los laboratorios de corporaciones transnacionales y en institutos nacionales y extranjeros de investigación científica. La extracción de muestras biológicas e información genética, así como la observación de prácticas tradicionales, se ha llevado a cabo con el fin de estudiar y desarrollar productos en dichos laboratorios, en algunos casos estos han sido patentados y lanzados al mercado (Zerda, 2003).

Dicho fenómeno ha sido denunciado por diferentes autores (Rifkin, 1999; Martínez, 2001; 2007; 2008; Leff, 2006; Alimonda, 2009; Caldas, 2004; Escobar, 1999; 2005; 2006; Palacio, 2006; Delgado, 2002; 2008; entre otros). Así, las enormes diferencias en los métodos y en las metodologías de trabajo que emplean las comunidades y los investigadores de la biodiversidad llevan a que unos y otros desconozcan los aportes y desarrollos que cada uno realiza. Asimismo, la valoración económica del producto final se hace compleja, aunque la discusión no se reduzca a dicha valoración, pues existen múltiples formas de valoración y reconocimiento además de la económica (Martínez, 2008).

Siglos de experiencia en ensayo y error; divulgación y desarrollo de aplicaciones sobre uso corriente o potencial de plantas, animales, suelos o minerales; métodos de cultivo y selección de plantas; protección del ecosistema y muchos otros aportes de las comunidades (Zerda, 2003) resultan ser poco frente a los montos de inversión en laboratorios, experimentación, aislamiento de genes y otras técnicas científicas (Rifkin, 1999). De esto surge un conflicto entre investigadores y comunidades que permanece sin ser resuelto.

Hasta antes de la década de los noventa, las comunidades no recibían compensación por la utilización de su conocimiento, pues este se consideraba patrimonio común de la humanidad, igual que la biodiversidad (Zerda, 2003, p. 68).

Pero incluso después del Convenio de Diversidad Biológica (en adelante CDB), que establece la compensación1, esta se efectúa obedeciendo más a las necesidades del laboratorio que a las necesidades de las comunidades (Bravo, 1996; 1997). Dicho fenómeno se entiende como una desarticulación entre los investigadores de la biodiversidad y las comunidades observadas en las relaciones de investigación.

Con el interés de aproximarnos a la realidad de dicha desarticulación, en el marco de este proyecto nos acercamos a dos casos de investigaciones legales en biodiversidad llevadas a cabo en el país: el primero implica el acceso a recursos genéticos (en adelante ARG) y el segundo, permisos con fines de investigación científica (Pefic)2.

El propósito es analizar la relación investigativa que hay en el intercambio de conocimiento entre comunidades e investigadores, con el objetivo de determinar la existencia de la desarticulación y las señales hacia la articulación, pues cuando la utilización del conocimiento de las comunidades no representa beneficios para su bienestar, el fenómeno de la desarticulación se convierte en un problema para la protección del conocimiento (saber) tradicional (CST).

El ejercicio permite identificar tres formas de desarticulación: 1) la observada bajo las políticas de Estados imperiales, 2) la que se da bajo las políticas de Estados tecnológicamente desarrollados y 3) la que está bajo las políticas de Estados soberanos de la biodiversidad. Su importancia radica en demostrar que el problema de la desarticulación es histórico.

Ahora bien, dicho problema se presenta como un acto de apropiación del conocimiento que diferentes autores (Mooney, 1999; Shiva, 2001a; entre otros) han conceptualizado como biopiratería. Y este fenómeno procede con la peculiaridad de imponer la forma social de vida de los investigadores3 sobre la forma social de vida de las comunidades4.

La desarticulación se hace explícita cuando los investigadores de la biodiversidad traducen el CST de las comunidades al lenguaje científico, sin reconocimiento del aporte que hacen a los desarrollos investigativos adelantados por los investigadores.

La traducción del CST al lenguaje científico ha permitido generar en la actualidad desarrollos científicos para aplicaciones industriales, medicinales, cosméticas, entre otras, a partir de los recursos genéticos que proporciona la biodiversidad de los países megadiversos (Chaparro y Carvajal, 2007). La cuestión es que las comunidades han recibido poco o ningún reconocimiento por el aporte que hacen al conocimiento científico con su CST, a pesar de los avances con el CDB (1992), la Decisión Andina 391 (1996), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)5, las Guías de Bonn (2002), las Guías Akwé: Kon (2004) y el Protocolo de Nagoya (2010).

Dado lo anterior, un nuevo paradigma de acceso y utilización de los recursos biológicos y genéticos inicia con el CDB (Nemogá, 2011) que firman 168 países en 1992; de este modo, cada país adoptaría una nueva reglamentación para la investigación. Este convenio entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993 (Convention of Biological Diversity). Actualmente, hacen parte 193 países –con la excepción de EE. UU6–. Colombia ratificó el CDB mediante la Ley 165 de 1994, y aprobó un régimen común de ARG junto a los 5 miembros de la Comunidad Andina mediante la Decisión Andina 391 de 1996 (Decisión 391, 1996).

El objetivo propuesto en esta investigación7 se alcanza de este modo: primero, mediante el análisis histórico de la desarticulación entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades, lo que permite contextualizar nuestro objeto de estudio ubicándolo en su dimensión histórica; y segundo, a través de un análisis de las observaciones recogidas en campo de los dos casos seleccionados, los cuales muestran compromiso ético y político, así como diálogo de saberes. De este modo, dicho análisis abre un camino transitable para superar el problema de la desarticulación.

Ahora bien, el problema8 de la desarticulación entre investigadores y comunidades en la relación investigativa que hay en el intercambio de conocimiento ha sido estudiado por antropólogos y sociólogos9, en tanto involucra procesos de apropiación de conocimiento para el descubrimiento y la innovación científica por parte de una forma social de vida sobre otras.

Los antropólogos, especialmente después de los procesos de descolonización, comenzaron a renovar el trabajo etnográfico, pues este estaba marcado por el colonialismo de las teorías, metodologías y técnicas de investigación de la antropología tradicional occidental10 (Vasco, 2002; Cunin, Castillejo y Ospina, 2006).

En Colombia, los trabajos realizados por el profesor Luis Guillermo Vasco durante los últimos cuarenta años se han centrado en hacer una antropología al servicio de los indígenas (Cunin et al., 2006). Así lo demuestra su extensa obra (1973; 1975; 1985; 1987; 1994a; 1994b; 1998; 2002; 2003), además de una gran cantidad de artículos, ponencias y entrevistas.

La sociología, por su parte, específicamente la sociología de la traducción, tiene como objeto de estudio los procesos de innovación científica y tecnológica. Uno de sus objetivos es identificar las asimetrías entre el saber científico y común de las sociedades modernas (científicas y técnicas), por un lado, y el de las sociedades llamadas premodernas (o primitivas), por otro lado. Para ello debe prestar atención a los mecanismos de atribución de la innovación (Saldanha y Oliveira, 2005).

Para Callon (1986), la traducción consiste en expresar en un lenguaje propio lo que otros dicen o hacen. Por lo tanto, la ciencia es una cuestión de poder y de dominación, y la fuerza de un argumento se mide por el número de aliados que fueron convencidos y estabilizados (Saldanha y Oliveira, 2005).

Sin embargo, Mauricio Nieto Olarte, profesor colombiano, filósofo e historiador de la ciencia, en su reconocido libro Remedios para el imperio11, describe a los naturalistas europeos como actores sociales con intereses específicos, vinculados o no a proyectos imperiales de investigación, que se presentaron como científicos puros, desinteresados y comprometidos solo con la búsqueda del establecimiento de un orden en la naturaleza (Obregón, 2001). En dicho texto, Nieto incorpora el concepto de traducción de Callon para explicar la apropiación del conocimiento que sufren las comunidades nativas de Latinoamérica cuando el lenguaje de la ciencia occidental incorpora el CST sin su debido reconocimiento.

Por su parte, la obra del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, especialmente lo relacionado con investigación acción participativa (IAP), se centra en plantear la eliminación del sujeto y del objeto de la investigación. Esto tiene el propósito de que los resultados investigativos, en una verdadera praxis, retornen a sus legítimos dueños, de modo que la investigación sea funcional a los intereses y a las necesidades de las comunidades12.

No obstante, actualmente se está desarrollando el concepto de diálogo de saberes, en el cual se plantea la necesidad de revalorizar y recrear la sabiduría de las diferentes culturas y pueblos originarios, de modo que la ciencia occidental moderna sea parte de este nuevo proceso (Delgado, 2004).

Así pues, la historia ambiental expresada en Nieto y otros; el nuevo concepto de diálogo de saberes propuesto por Delgado y otros; la crítica de la traducción de Callon, que contrapone la racionalidad ambiental y la racionalidad económica (Leff, 2004); y los estudios interculturales que propone la renovada antropología con su etnografía en colaboración (Rappaport, 2007)13 son incorporados por la ecología política como campo de estudio. Todo esto con el propósito de reconocer, específicamente desde un ecologismo popular –y por ende político– (Leff, 2004; Alimonda, 2009) o ecologismo de los pobres (Martínez, 2008), una crisis ambiental que no es solamente ambiental, sino propiamente una crisis del conocimiento que “solo es posible trascender rompiendo el cerco de la mismidad del conocimiento y su identidad con lo real fundado en el imaginario de la representación, abriéndose al infinito desde un diálogo de saberes en el encuentro del Ser con la Otredad” (Leff, 2004, p. 3).

Capítulo 1. Marco teórico y conceptual
1.1. Marco teórico

La ecología política parte de una perspectiva analítica interdisciplinaria (Martínez, 2008; Alimonda, 2009) para estudiar los conflictos ecológico-distributivos (Escobar, 2006; Martínez, 2003; 2008), y relacionar las múltiples articulaciones de la historia y de la biología. Para ello presta particular atención a la resistencia local y a la explotación de los recursos de la biodiversidad, los cuales pueden verse como conflictos de justicia ambiental (Escobar, 1999; Martínez, 2003; 2008; Palacio, 2006; Alimonda, 2009).

Dentro de los mencionados conflictos de justicia ambiental que aborda la ecología política está el problema de la protección del conocimiento (saber) tradicional (CST), el del manejo de las incertidumbres científicas con sus relaciones de poder14 y el de la historia y actualidad de la biopiratería (Escobar, 1999; Palacio, 2006; Martínez, 2008).

El fenómeno de la traducción del CST al lenguaje científico sin reconocimiento por parte de los investigadores refleja la desarticulación entre las comunidades y los investigadores de la biodiversidad en Colombia. Esto se observa en los anteriores tres niveles de análisis mencionados de la ecología política (protección del CST, incertidumbres científicas y la historia y actualidad de la biopiratería).

Así, si comprendemos dicha desarticulación como un conflicto de justicia ambiental en torno a la biodiversidad –como una tensión entre dos formas sociales de vida: la racionalidad económica15 (la de los investigadores) y la racionalidad ecológica16 o ambiental (la de las comunidades) (Leff, 2004)–, se hace necesario solucionar ese conflicto políticamente (Escobar, 1999, p. 270).

En ese sentido, el fenómeno de la desarticulación se observa como un conflicto en el que los actores involucrados se presentan como sujetos políticamente comprometidos con el ensamblaje de fuerzas que ligan el cambio social, el medio ambiente y el desarrollo (Escobar, 1999, p. 314).

Por lo anterior, la ecología política tiene un fundamento teórico-práctico que permite comprender el esfuerzo del análisis hacia la transformación de la realidad (Escobar, 1999). Por tanto, intenta generar una praxis, entablando un diálogo entre iguales con las comunidades y los investigadores de la biodiversidad. Así pues, este fundamento de la ecología política permite ensamblar el análisis de nuestro problema con una metodología que reconoce la participación bajo la propuesta de la investigación acción participativa (IAP) (Fals, 1986) y la propuesta del diálogo de saberes (Delgado, 2004).

Ahora bien, el conflicto de justicia ambiental que la ecología política identifica también se observa en el marco del interés que los científicos expertos muestran por conservar la biodiversidad para su provecho. Esto se puede interpretar bajo un sistema colonial moderno que se expande encubriendo al otro17 (Dussel, 1992), o en lo que algunos definen como geopolítica del conocimiento (Mignolo, 2000), pero que desde la ecología política es interpretado como una nueva globalidad colonial (Escobar, 2006).

Esa globalidad colonial muestra que las mayores reservas de biodiversidad que restan en el continente latinoamericano están superpuestas con territorios indígenas y comunidades tradicionales18 que poseen un CST, lo que constituye la denominada diversidad biocultural, premisa fundamental de la ecología política (Alimonda, 2009, pp. 88-89). Por ello, Scott y Sullivan (2000), así como Forsyth (2003), cuestionan la creencia ciega en los científicos, a quienes como expertos se les concede la última palabra de las explicaciones sobre los problemas ambientales.

Por ello es preciso no perder de vista la reivindicación de los saberes populares y la necesidad de construcción de racionalidades alternativas como otra premisa teórica de la ecología política (Leff, 2003; 2006). De este modo, se podrían examinar las diferentes formas de reconocimiento y validación del saber sobre la naturaleza, incluidas las formas de producción de saber científico (Palacio, 2006).

Así, la justicia ambiental que reclama la ecología política reconoce y valida el CST de las comunidades en la traducción al lenguaje científico que hacen los investigadores de la biodiversidad. Dicho reconocimiento tiene implicaciones jurídico-políticas, sobre todo cuando los desarrollos tecnológicos asociados a la biodiversidad son fuente de acumulación real o potencial de excedentes (Palacio, 2006).

Por lo tanto, es fundamental tener “una actitud crítica hacia el saber científico que produce una cierta verdad ambiental y el reconocimiento de los saberes locales sobre la naturaleza” (Palacio, 2006, p. 148).

1.2. Marco conceptual
1.2.1. Distinción entre conocimiento y saber tradicional

Los conocimientos indígenas han sido denominados de diferentes formas: conocimiento vernáculo (Zerda, 2003), nativo, aborigen, folclor, tradición, local, la ciencia de la gente, conocimiento de la gente rural, entre otras (Ulloa, 2004, p. 349). Incluso hay quienes afirman que no existe una respuesta para la definición de conocimiento tradicional, como Marie Battiste y James Henderson lo expresan en Protecting Indigenous Knowledge and Heritage (McGregor, 2004, p. 390). Rodrigo de la Cruz (2011) coincide al afirmar que es complejo expresar una definición teniendo en cuenta la diversidad cultural existente.

Sin embargo, los indígenas interpretan el significado de lo que la visión occidental denomina conocimiento tradicional como saber. A partir de esa distinción, para los indígenas

[…] el conocimiento está dado por el conjunto de la sabiduría colectiva acumulada y transmitida a través de las generaciones, en forma oral y actitudinal, mediante narraciones, cuentos, rituales, cultos y costumbres. Este saber no es resultado de un esfuerzo puramente intelectual, sino el producto de una experiencia vivida ampliamente. De esta forma, el conocimiento es un proceso transgeneracional y práctico (aprender-haciendo). (Bermúdez, Mayorga, Jacanamijoy, Seygundiba y Fajardo, 2005, p. 30)

Esta distinción permite llamar la atención sobre el sentido de lo que Thomas S. Eliot expresa en esta pregunta: ¿Dónde está la sabiduría que perdí con el conocimiento?, ¿dónde está el conocimiento que perdí con la información? (Folch, 1998).

Con el sentido y el significado de saber ya expresado, el CST es comprendido aquí como “conocimiento, innovaciones y prácticas de grupos humanos vinculados ancestralmente a su territorio con una identidad cultural que antecede a la formación del Estado del que forma parte” (Nemogá y Chaparro, 2005, p. 25).

1.2.2. Precisión sobre el significado de comunidades étnicas y culturales

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) (actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) es el ente encargado de construir la política sobre el CST en Colombia19. Desde el año 2006 hasta la fecha se han dado fuertes debates para definir el concepto de CST en los comités de conocimiento tradicional convocados por la Oficina de Educación y Participación del MAVDT (García, 2009)20. Esto último ha conducido a la discusión sobre la población que es objeto de protección de dicha política (Beltrán-Barrera, 2016c).

En esos comités han participado, principalmente, diversos pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, raizales y rom de distintas zonas del territorio nacional, así como delegados de instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y miembros de instituciones académicas. Producto de dichos debates, se puede hablar de comunidades étnicas y culturales por su carácter inclusivo. Este carácter posibilita diferenciar a los actores colectivos que deben ser protegidos por la mencionada política.

En ese sentido, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 establece la protección que deben brindar los Estados parte a la identidad cultural y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en el territorio nacional. Colombia ratificó dicho convenio mediante la Ley 21 de 1991, cuyos artículos 4, 5, 8 y 23 vinculan directamente la protección del CST en el tratado (García, 2009).

Así, las comunidades campesinas y de pescadores analizadas en este trabajo, aun cuando no son reconocidas por el Estado colombiano como comunidades étnicas, sí tienen culturalmente un CST asociado al uso de la biodiversidad, como veremos en los estudios de caso.

La diferenciación entre étnico y cultural también es importante porque uno de los anexos21 que los investigadores de la biodiversidad deben presentar al momento de solicitar su acceso a recursos genéticos (ARG) o Permisos con Fines de Investigación Científica (Pefic) ante la autoridad ambiental competente (en adelante AAC)22 es la certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades indígenas o negras23 (Vallejo et al., 2009). Si hay presencia de alguna de esas comunidades étnicas es necesario realizar consulta previa24. Dicha consulta está diseñada y debe realizarse exclusivamente para esas comunidades (indígenas y negras), como lo muestran los últimos análisis que plantean el paso de la consulta previa al consentimiento previo, libre e informado (Rodríguez, 2010; Rodríguez, Buriticá y Orduz, 2010; DPLF, 2011).

Respecto a las medidas administrativas que involucran asuntos ambientales, la consulta previa debe realizarse cuando se lleven a cabo procesos de investigación científica (recursos biológicos: colecta, recolecta, captura, caza, pesca, manipulación de recursos, movilización) y cuando se acceda al recurso genético, de acuerdo con los principios 10 y 22 de la Declaración de Río de Janeiro (Rodríguez, 2010, pp. 42-43).

Sin embargo, el marco regulatorio de la consulta previa incluye leyes, decretos y directivas presidenciales que, por su cantidad, diversidad y falta de consenso, generan inseguridad jurídica para su aplicación efectiva (DPLF, 2011, p. 49).

A pesar de los esfuerzos de la Corte Constitucional y de la presión de los organismos internacionales, el Estado colombiano no ha logrado aprobar una ley concertada con los pueblos indígenas que regule el procedimiento de las consultas y defina con claridad un marco legal y práctico en esta materia (DPLF, 2011).

Por ello, y por todas las dificultades de aplicación real y efectiva de la consulta previa (que se podrían resumir en que los pueblos no pueden ejercer de manera real su derecho a la autonomía y a decidir su futuro25), se ha planteado el necesario paso de la consulta previa al consentimiento previo, libre e informado.

La gran diferencia entre la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado radica en que el primero se fundamenta en el derecho a la participación, mientras que el segundo se fundamenta en el principio de la libre determinación de los pueblos

[…] en virtud del cual pueden establecer su condición política, lograr libremente su desarrollo económico, social y cultural, es decir, que pueden decidir sobre los proyectos que logren afectarles y además les permita a los pueblos indígenas tomar la decisión final directamente. (Rodríguez, 2010, pp. 69-70)

Todo lo anterior significa que los campesinos y pescadores (como comunidades culturales, mas no étnicas) no tienen la autonomía y autoridad para decidir si permiten o no el acceso de los investigadores a sus territorios, como en teoría lo tienen indígenas y negros26. Sin embargo, pueden tener cierta autonomía y autoridad –dependiendo de la capacidad de organización y formación política– pero esta no está reconocida en un estatuto legal específico con especial protección. Como grupo de personas, como colectivo, pueden buscar protección con herramientas jurídicas ordinarias.

De esta manera, y para efectos de este trabajo, la utilización del término de comunidades indicará aquellas colectividades étnicas y culturales.

1.2.3. Definición de bioprospección y biodiversidad

La desarticulación se plantea como un conflicto entre dos mundos o formas sociales de vida diferentes, a saber: el de los investigadores y el de las comunidades. Dicho conflicto surge cuando las comunidades toman conciencia del lugar que la ciencia occidental les ha dado: son meros informantes del conocimiento27 sobre la biodiversidad para los proyectos de bioprospección28.

La bioprospección se define como la

temática y trabajo colectivo orientados a la búsqueda, conocimiento y selección de organismos o productos derivados, con uso actual o potencial en salud, alimentación, industria y medio ambiente, entre otros y su aprovechamiento sostenible en procesos productivos a escala industrial o artesanal, con aplicación nacional o internacional de los productos o servicios generados. (Melgarejo, Sánchez, Reyes, Newmark y Santos, 2002, p. 24)

Por medio de la biotecnología como técnica científica (Rifkin, 1999) se han venido transformando los recursos naturales en productos, como lo muestran los proyectos de bioprospección, en los que aparece claramente el interés por proteínas y genes (Chaparro y Carvajal, 2007, p. 22).

Los profesores Chaparro y Carvajal afirman que dicha aproximación le ha dado una nueva valoración a la biodiversidad, basada en la conversión de un recurso natural a un recurso informacional. “En este contexto prima la importancia de la información genética contenida en el organismo sobre el organismo en sí […] en donde los mercados de más rápido crecimiento son el farmacéutico, el agrícola y las industrias de remediación ambiental” (Chaparro y Carvajal, 2007, p. 22).

Pero la nueva valoración de la biodiversidad debe entenderse en el marco del nacimiento del concepto mismo de biodiversidad. Así, el contexto histórico en el que surge el concepto de biodiversidad permite comprender por qué existe un conflicto entre dos mundos, entre la forma social de vida de los investigadores y la forma social de vida de las comunidades.

Desde la interpretación de la ecología política, la biodiversidad es una invención discursiva reciente, es un discurso históricamente producido, y no es un objeto verdadero progresivamente descubierto por la ciencia (Escobar, 1998; 1999, p. 235; Palacio, 2006)29.

Aquí nos encontramos en las dos tendencias generales de los discursos ambientales (invención discursiva u objeto verdadero). En este contexto, la profesora Astrid Ulloa afirma que la biodiversidad es una idea emergente que a su vez ha generado la noción de recurso genético30 (Ulloa, 2004, p. 336).

Fue a finales de los años ochenta que el concepto de biodiversidad nació, junto con la preocupación estratégica y particular de la comunidad científica por conservarla (Toro, 2007).

A inicios del siglo XX, la ecología comenzó a elaborar índices que servían para describir la heterogeneidad interna de los ecosistemas. El término diversidad biológica nació en la década de 1980 para indicar el número de especies presentes en los ecosistemas. También se conoce el concepto de diversidad genética y diversidad ecológica. Para 1986 ya era necesario encuadrar la diversidad biológica en tres niveles: genético (dentro de especies), especies (número de especies) y diversidad ecológica (comunidad) (Norse, 1986; Estrella, Monsalve, Mariaca y Ribadeneira, 2005, pp. 21-22).

Edward Wilson empleó el concepto de biodiversidad en su informe para el Primer Foro Americano sobre Diversidad Biológica. Al parecer fue Walter Rosen31 quien le sugirió a Wilson utilizar dicho término, pues consideraba que era más efectivo desde el punto de vista mediático (Clemente, 2009).

De esta forma, el concepto de biodiversidad surge a manera de síntesis de las palabras bio ‘vida’ y diversidad, y se empezó a utilizar en el ámbito científico a partir de 1986 (Clemente, 2009). Así, podemos comprender la definición que se le da a la biodiversidad, la cual condensa los tres niveles antes mencionados (genético, de especies y ecológica). Por lo tanto, diversidad biológica o biodiversidad es entendida como

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y aquella de los ecosistemas. (Estrella et al., 2005, p. 21)

Ahora bien, como muchos naturalistas, Wilson, padre de la sociobiología, se convierte en conservacionista y se compromete con la defensa de la naturaleza. Así, la lógica de la conservación de la biodiversidad se articula con la lógica de la sociobiología32, alentada por un amarillismo científico33, como el que promulga el propio Wilson:

Los biólogos que trabajan en temas afines a la biodiversidad concuerdan en decir que, en cuanto a la extinción de especies, estamos al comienzo del mayor cataclismo desde el que sobrevino a fines del periodo cretácico, hace 65 millones de años. En cada una de las cinco catástrofes que sucedieron en los últimos 450 millones de años, antes de que apareciera el hombre, la evolución tardó diez millones de años en restaurar el nivel de biodiversidad que se había perdido. (Wilson, 2006, p. 175)

Por lo tanto, los conservacionistas afirman que hay que restaurar el nivel de biodiversidad perdida (Wilson, 2006). Esto sería posible con la ayuda de ejércitos de investigadores expertos en biodiversidad que trabajen en nombre del desarrollo y de la conservación (Carlsen, 2002).

De esa manera, se crea un lenguaje oficial, producido por los expertos, que crea imaginarios con implicaciones políticas reales (Palacio, 2006). Como lo afirma Eduardo Galeano, “el lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las empresas que le sacan el jugo” (Galeano, 1998, p. 558).

Así, por medio del lenguaje de los expertos, la forma social de vida que representa el investigador de la biodiversidad se impone sobre la forma social de vida de las comunidades a través del conocimiento científico. No es un secreto que el conocimiento científico se nutre del CST de las comunidades mediante los proyectos de bioprospección que se hacen en países megadiversos34.

Por lo tanto, cuando las comunidades reclaman justamente el reconocimiento del aporte de su CST a los desarrollos científicos de los bioprospectores, no solo para evitar la tendencia de las fuerzas económicas a la concentración excesiva de la propiedad (Rawls, 2002) sino también para evitar el monoculturalismo de los expertos que lleva al destierro de las comunidades (Arocha, 2004), el conflicto se plantea en términos de justicia ambiental.

Capítulo 2. Una historia no superada

El interés por la historia no surge de una curiosidad por descifrar el pasado: nace de una concepción del presente como movimiento y de la preocupación por encontrar las leyes y el sentido de ese movimiento, para determinar en qué condiciones puede ser eficaz una intervención consciente, una acción destinada a cambiar la evolución espontánea de los fenómenos analizados.

ESTANISLAO ZULETA, Conferencias Sobre Historia Económica de Colombia

La desarticulación entre comunidades e investigadores de la biodiversidad se divide en los siguientes tres periodos históricos, a saber: las políticas de Estados imperiales (Nieto, 2000), las políticas de Estados tecnológicamente desarrollados –que formalmente abogan por la alimentación para la humanidad– (Toro, 2007) y las políticas de los Estados soberanos de la biodiversidad que legitiman el acceso a los recursos biogenéticos (Delgado, 2008).

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:
0+
Hacim:
180 s. 17 illüstrasyon
ISBN:
9789587839302
Telif hakkı:
Bookwire
İndirme biçimi: