Kitabı oku: «Geografía del despilfarro en España», sayfa 5

Las conclusiones son dos: a) la corrupción está muy asociada a la renta per cápita y al capital humano, y b) la variación existente de la corrupción entre países, incluso sin considerar la renta, se debe en gran parte al grado de competencia de los mercados y de la representación política.

1.3 El impacto (económico) de la corrupción

Las formas más devastadoras de corrupción incluyen la desviación y la apropiación de fondos de programas públicos y el daño causado por empresas e individuos que pagan sobornos para evitar las regulaciones sobre la salud o la seguridad que pretenden beneficiar a todos los ciudadanos. Por ejemplo, se estima que el presidente de Zaire, la actual República Democrática del Congo, en 1997 extrajo del Tesoro unos 5.000 millones de dólares, el equivalente a toda la deuda externa del país. En Indonesia y Filipinas, los fondos sustraídos se estiman en más de dos y más de siete veces la cifra anterior (Transparencia Internacional, 2004). Un informe del FMI revelaba que unos 1.000 millones de dólares de ingresos del petróleo o 77 dólares per cápita se evaporaron de las arcas de Angola. Esta cantidad equivale a tres veces la ayuda humanitaria que recibió el país en 2001.

1.3.1 En la confianza en las instituciones públicas y en la desigualdad

El incremento de la desigualdad y el aumento de los riesgos de exclusión generan desconfianza hacia los poderes públicos.

Si la desigualdad es lo que crece, se instala la creencia generalizada de que no se puede progresar vía mérito, esfuerzo o talento. Y eso puede hacer, curiosamente, que en términos electorales la corrupción no se penalice, porque se considera que solo el particularismo, la atención privada de los problemas, sea de forma legal o ilegal, es el método de conseguir algo de progreso individual o familiar.

Como señala Mari-Klose Pau (2016)

La investigación académica enseña que, durante la etapa de expansión económica, los españoles se mostraron dispuestos a condonar actividades ilícitas de sus representantes, re-eligiendo, por ejemplo, a muchos alcaldes encausados. Los institucionalistas, los que reclaman reformas institucionales están convencidos de que pequeños arreglos institucionales pueden corregir el fenómeno o al menos mejorar sustancialmente la situación de partida. El mejor predictor del nivel de corrupción de un país es su nivel de corrupción unos años antes, incluso varias décadas atrás.

Los países que han reducido notablemente la corrupción parece que han acompañado reformas institucionales orientadas a combatir la corrupción con políticas de bienestar universalistas e inclusivas, que han convencido a la ciudadanía de que los equilibrios sociales fundamentados en la prevalencia de prácticas corruptas eran sub-óptimos, alimentando la confianza interpersonal generalizada, el valor de la honestidad y el optimismo respecto a las posibilidades de progreso. La mejor receta contra la corrupción son las políticas que favorecen la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es la receta que, en unas cuantas décadas, ha convertido a los países nórdicos en los menos corruptos del mundo.

Con seguridad, la desigualdad creciente alienta la corrupción, pero no hay evidencia empírica que muestre una relación clara. El caso de los países nórdicos también coincide con países de muy alta renta y países en donde está muy inserto en el tiempo el acuerdo social de que tanto los hogares como las empresas paguen altos impuestos a cambio de unos servicios y bienes públicos potentes. Otros países más desiguales que los nórdicos como Alemania, Holanda o Francia tienen también niveles bajos de corrupción.

1.3.2 En la economía sumergida

El Banco Mundial define el crony bias, el sesgo de relaciones entre «compinches o amigotes» como la diferencia entre la influencia de la empresa o la asociación de empresas de un sector y la influencia de aquellas que tienen relaciones estrechas con los políticos. En un estudio de empresas de los países en transición, Hellman y Kaufmann (2004) encontraron que los gerentes que creían que el Estado estaba influido indebidamente por «compinches o amigotes» eran más propensos a no pagar los impuestos debidos, a pagar sobornos y a evitar los procesos judiciales. Esto favorece la debilidad de las instituciones estatales.

Las grandes empresas no parecen tener muchos problemas, en este sentido, porque suelen tener relaciones cercanas con el poder, no así, las pequeñas y medianas. Esas relaciones suelen derivarse en tratos beneficiosos para las grandes empresas y los políticos, pero es perjudicial para el crecimiento y prosperidad globales del país. Genera también desconfianza hacia los poderes públicos y altos costes para establecer la legitimidad estatal.

En las encuestas más amplias que ha realizado el Banco Mundial con ochenta países se encuentra una relación estrecha (R² = 0,63) entre esta medida de «sesgo de amigotes» y las respuestas sobre la economía sumergida y sobre el grado de calidad democrática y la rendición de cuentas. Una economía sumergida alta indica que la capacidad del gobierno para regular y establecer impuestos es muy baja y que muchas empresas no pueden obtener financiación externa porque no tienen contabilidad «oficial».

Empíricamente más potente y más actualizado es un trabajo⁷ del Fondo Monetario Internacional que estudia los efectos de la corrupción en la capacidad del Estado para incrementar sus ingresos. Utiliza una base de datos de 147 países de 1995 a 2014, obtenida de sus propios datos. El resultado es que la corrupción está asociada negativamente con los ingresos totales provenientes de los impuestos. Pero lo más importante es el mecanismo o la interacción que encuentran entre corrupción y cumplimiento tributario. El establecimiento de oficinas de dimensión apropiada –normalmente grandes– mejora el cumplimiento tributario y reduce la percepción de la corrupción y, así, aumenta los ingresos públicos.

Estos resultados son muy relevantes en un doble sentido. Por un lado, si no anulan, al menos, obligan a demostrar con la misma riqueza de datos y tiempo que bajar impuestos implica menor corrupción. Del trabajo citado se deriva que la mejora del cumplimiento tributario reduce la percepción de corrupción y aumenta los ingresos públicos. Nada que ver con bajar impuestos.

Por otro, para el caso español es relevante porque, según los estudios⁸ aceptados como más rigurosos sobre la economía sumergida en los distintos países de la Unión Europea, la economía sumergida en España alcanza el 20 % del PIB,⁹ el doble de los países del euro. De acuerdo con los trabajos antes mencionados, facilitar lo más posible el comportamiento tributario mediante acciones visibles y decididas –oficinas de ayuda al contribuyente– reduciría la percepción de corrupción y aumentaría los ingresos públicos, lo que significa que podría reducir la economía sumergida de la economía española, al menos hasta la «normalidad» europea (sin contar a los socios recientes desgajados de la antigua Unión Soviética).

1.3.3 En la innovación

En un trabajo reciente se examina la relación entre la corrupción política local y la innovación en el sector privado. La corrupción política tiene un impacto negativo muy relevante en la calidad, cantidad y eficiencia de la innovación empresarial. El trabajo establece mediante métodos econométricos causalidad y no una mera correlación, esto es, de la corrupción a la innovación empresarial. Resulta que la corrupción política actúa como una barrera a la innovación. Esto resulta bastante lógico. La conexión se aprecia claramente a través de la dinámica de la competencia. Las empresas compiten mediante los costes y también, a través de la diferenciación productiva. Los costes laborales tienen tendencia a la convergencia, cuando se trata del mismo sector y país o incluso mejor, existe un límite para la reducción de costes laborales. También hay una cierta equivalencia para las empresas del mismo sector de los otros inputs productivos, por ejemplo, la energía. En cambio, la diferenciación del producto y, por tanto, la innovación no tiene límites y por ende se convierte en un mecanismo recurrente para seguir compitiendo. Ahora bien, si las empresas captan que dedicar recursos a la corrupción les ocasiona ventajas frente a otras empresas y, por tanto, mayores cuotas del mercado y/o mayores ventas y beneficios, desviarán recursos que antes dedicaban a la innovación hacia la corrupción. Por todo ello, la extensión de la corrupción afectará tanto o más negativamente a todos los procesos innovadores porque, ahora, la dinámica de la competencia se ha visto desviada por los mecanismos que lleva consigo la corrupción.

1.3.4 En el crecimiento económico

Se podría pensar que la corrupción afecta positivamente el crecimiento económico. Se argumenta que existe una «corrupción eficiente» puesto que los sobornos y comisiones ilegales permiten que las empresas acometan sus acciones en economías plagadas de restricciones burocráticas y leyes muy rígidas. Un sistema basado en sobornos y prácticas corruptas para asignar permisos y contratos del gobierno resultaría en que las empresas más eficientes serían las que efectivamente son capaces de pagar los sobornos más altos.

Ahora bien, esto no considera los costes o las distorsiones de la corrupción o los considera dados. De hecho, puede ocurrir que los funcionarios corruptos introduzcan o fuercen más distorsiones para atraer más sobornos. Un trabajo reciente¹⁰ muestra la evidencia empírica de la que se deduce que, en las localidades más corruptas, los contratos públicos acaban en las empresas más improductivas. La corrupción no aumenta la eficiencia de las burocracias, sino que la disminuye.

Conectar la corrupción con un crecimiento económico menor no se basa en el coste social directo de esta. Ya lo advertimos más arriba, en términos directos la corrupción redistribuye, no genera actividad. Pero está claro también que ocasiona de manera indirecta costes: los costes o pérdidas sociales más potentes se producen al favorecer a empresas ineficientes, el talento se desubica e infrautiliza, la tecnología y el capital no están en los usos más productivos. La desviación de beneficios provoca que los empresarios decidan no iniciar nuevas actividades y que se expandan más lentamente. Si se sabe y espera que hay que negociar sobornos en el futuro se adoptan tecnologías ineficientes con grados de reversibilidad más ineficientes que les permita reaccionar más flexiblemente a demandas corruptas de funcionarios.

También afecta a la ubicación de habilidades empresariales. En vez de dedicarse a incrementar la productividad se pueden dedicar a obtener accesos preferenciales a mercados.

De alguna manera, la corrupción, de manera ilegal, produce esos sobrecostes que caracterizan el despilfarro. Y claramente, la ineficiencia, el despilfarro, supone unos sobrecostes que inciden en un crecimiento económico menor.

En estudios del FMI¹¹ se establecía una relación negativa entre crecimiento y corrupción a través de la inversión pública. Resulta que la corrupción aparece asociada a incrementos de la inversión pública en el total de gastos públicos, a una menor productividad de la inversión pública, a una reducción de los gastos de mantenimiento y operaciones, y a una menor calidad en las infraestructuras públicas. La conexión se produce básicamente porque la inversión pública se asocia estrechamente a la reducción de su productividad y así, reduce el crecimiento. Pero el tratamiento econométrico es bastante endeble, con meras correlaciones que no proporcionan evidencia robusta. Ahora bien, sí que es importante anotar, y coincide con nuestra medición del despilfarro, que si la inversión pública reduce la productividad del capital público, sin duda, estará reduciendo cuanto menos el output potencial de la economía.

¿Qué nos dice, sobre la conexión corrupción-crecimiento, la evidencia empírica reciente? Existen múltiples estudios de caso,¹² que corroboran esta relación negativa entre crecimiento y corrupción y hay 2 estudios recientes que merecen atención. En el primero¹³ se evalúan econométricamente las externalidades negativas de la corrupción sobre el crecimiento económico. La corrupción, al favorecer las rentas de unas pocas empresas establecidas reduciría la actividad empresarial y la capacidad de crecer y competir de las empresas jóvenes y pequeñas. El estudio utiliza como fuente de datos las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas chinas, en concreto partidas, claramente asociadas, con prácticas corruptas y los efectos de las campañas anti-corrupción en las empresas de menos de 3 años y menores a 25 trabajadores que pretenden competir en múltiples provincias y sectores económicos de China. El segundo trabajo¹⁴ compone el primer indicador de corrupción en base a big data. Construye índices de corrupción y anti-corrupción con algoritmos de búsqueda sobre 665 millones de artículos de noticias internacionales. Y en base a la teoría de financiación corporativa y de la economía conductual contrasta los efectos de la corrupción en las percepciones y en los resultados de los agentes económicos. Con datos de panel, encuentra causalidad entre la corrupción y la renta per cápita, sobre todo, en economías emergentes y que tienen altos índices, según los flujos de noticias, de corrupción. Para economías avanzadas y bajos índices no hay impactos considerables en el crecimiento. Si se aplicase a la economía española, los resultados de este trabajo, resultaría que, en los periodos de gran cantidad de noticias relativas a la corrupción, se habrían detraído 20.000 millones de euros al crecimiento del año en que abundaron tales noticias y 10.000 millones de euros al año previo. No obstante, estos esfuerzos aún no se tiene precisión econométrica, de carácter general, respecto al impacto de la corrupción en el crecimiento.

Es muy posible que esta falta de concordancia entre los estudios micro y macro se deba a: a) la dificultad de establecer una medida clara de corrupción –como variable dependiente o explicativa–, puesto que la corrupción tiene diversas formas; b) es posible que falten variables en las estimaciones econométricas, esto es, que la corrupción opera junto a otras variables y sea el efecto conjunto de corrupción y otras lo que se relacione negativamente con el crecimiento, y c) también podría suceder que existiese una causalidad inversa, esto es, que la modernización y el crecimiento rápido llevara consigo más corrupción.

2. EL DESPILFARRO O LAS INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Muy probablemente a raíz de los trabajos de Acemoglu y Robinson se han producido en España un conjunto de textos en que se señala que un mal diseño institucional tanto en lo político como en lo económico y social está detrás de la falta de competitividad general de la economía y de la sociedad española. Este neoinstitucionalismo señalaría que unas instituciones con incentivos perversos provocarían ineficiencias y despilfarro. Un economista interpretaría que esto significa que la economía y, si se quiere, todas las actividades humanas susceptibles de medida, se mueven fuera de la frontera eficiente. Lo que quiere decir que no se está ni maximizando los retornos positivos que, de otra forma se podrían obtener, ni minimizando los costes con los que, de otra forma, se podría actuar.

Esta actuación fuera de la frontera de lo eficiente se puede catalogar en general como «despilfarro» y estaría representada, también de manera general, por sobrecostes en las actuaciones económicas en particular. Así pues, distinguimos clara-mente el despilfarro de la corrupción. Tal y como afirmamos arriba, en línea con otros trabajos, la corrupción está asociada, para ser catalogada como tal, al incumplimiento de normas jurídicas. El despilfarro, por su lado, a la actuación con sobrecostes pero no todo despilfarro es o implica corrupción. No todo despilfarro se produce soliviantando el marco legislativo, más aún, es bastante posible que la mayor parte del despilfarro sea absolutamente legal.

La corrupción en el campo de lo público, en tanto en cuanto es una apropiación privada de un recurso público (y fuera de la normativa) implica no estar actuando en la frontera eficiente. Los economistas diríamos que siempre se puede mejorar, en términos de eficiencia, la actuación corrupta. La distribución de los recursos, sin corrupción, es más eficiente: mejora a más gente y empeora a menos que la actuación corrupta. En resumen, toda corrupción implica despilfarro pero no todo despilfarro es corrupción.

¿Es importante la distinción entre corrupción y despilfarro o es mera retórica? A lo largo de este capítulo estamos apreciando que ambos fenómenos son difíciles de medir y, por tanto, la afirmación que sigue no tiene la contundencia o la rigurosidad de los datos robustos. Pero el juicio de expertos, de personas con larga experiencia en la administración y estudios cualitativos –por ejemplo, las encuestas del Eurobarómetro– sobre la manera de operar en España nos indican que la pérdida social en euros, reputación internacional y renta per cápita doméstica y calidad de vida es mucho mayor debida al despilfarro que debida a la corrupción.

Por tanto, no sabemos con exactitud, por ejemplo, dónde podríamos estar en la lista de países europeos si desde la Transición nos hubiéramos movido solo en la frontera de lo eficiente, pero claramente tendríamos una renta per cápita bastante superior a la media europea y nos pareceríamos, en comportamientos públicos y privados, más a Finlandia que a Marruecos. Sin duda.

¿Por qué no estamos en la frontera de la eficiencia? Los economistas diríamos que porque carecemos de los incentivos apropiados. Pero es una respuesta pobre, inmediatamente le sigue: y ¿por qué no los tenemos y otros países sí? Porque no asignamos los factores a sus usos más eficientes y ¿por qué no? A un cierto rescate vendría la corriente institucional como, por ejemplo, el profesor Rafael Jiménez Asensio, en Los frenos del poder:¹⁵

España carece de un sistema eficaz de control del poder y está bastante alejada aún de sistemas de buena gobernanza, lo cual explica nuestros problemas de corrupción e ineficiencia. La dependencia del sendero histórico, el clientelismo asentado en las relaciones políticas, la partitocracia existente en el nombramiento de los responsables de los órganos de control son alguna de las causas resaltadas».

Los economistas lo aceptaríamos, pero señalaríamos que si esto «se ha permitido» es porque a una mayoría social no le ha ido –no le va– mal, en términos económicos y no es fácil captar que les iría mejor de otra forma. A la vez, la minoría de perdedores de este sistema no tiene fuerza alguna para imponer ningún cambio. Esto lo corrobora Lamo de Espinosa y F. Llera en Pulso de España 2010.¹⁶

Las causas del fenómeno de repolitización, unido al incremento de la desafección, solo se entienden si incorporamos como variable clave la continua presencia de escándalos de corrupción en la prensa española desde el comienzo de los años 1990, escándalos que empiezan a generar verdadera indignación cuando a ellos se une, a partir de otoño del 2008, el dato de que más del 50 % de los españoles creen que la economía va mal o muy mal. De hecho, a partir de los últimos meses de 2012 y los primeros de 2013 la corrupción se consolida como el segundo problema de la lista de preocupaciones públicas. El porcentaje de los que señalan la corrupción como uno de los tres principales problemas del país pasa de niveles del 10 % al 40 %. Todo ello unido a un incremento de la percepción de los políticos como otro de los problemas más importantes del país.

Pero esto, a fin de cuentas, constituye unas narrativas que nos devuelven a los episodios clásicos, de pícaros de hace unos cuantos siglos. Por todo ello, los esfuerzos hay que dirigirlos a dos objetivos: la medición, sus efectos económicos y sociales y las medidas para anular completamente (al menos, reducir sustancialmente) tanto la corrupción como el despilfarro.

3. DETERMINANTES EMPÍRICOS DE LA CORRUPCIÓN Y EL DESPILFARRO. MEDICIÓN

3.1 Magnitud de la corrupción

Medir la corrupción es una tarea difícil por su naturaleza opaca y por la variedad de formas que puede tomar. Pero en tanto en cuanto la corrupción refleja un marco institucional apropiado a ella misma, las distintas formas de corrupción deben estar correlacionadas.

En la última década, se han utilizado tres medidas de la corrupción. La primera se basa en indicadores de corrupción que recopilan algunas empresas privadas de gestión de riesgos. Es un indicador de percepciones sobre la probabilidad de que haya sobornos o pagos ilícitos. Mide el riesgo de que haya corrupción política.

La segunda es el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional. Este índice, probablemente el más utilizado, es una media de otras fuentes que, para ser incluidas en el índice de Transparencia, deben ser medidas ordinales de la extensión de la corrupción en cada país incluido.

Kaufmann et al. (2003) derivan, de distintas fuentes, una medida alternativa a las anteriores. Definen, de manera amplia la corrupción y eso les permite incluir a países para los que solo existe (en fuentes publicadas) información parcial sobre la corrupción.

Las tres medidas son medidas ordinales de información publicada, sobre aspectos parciales o generales de la corrupción. Los tres índices están muy correlacionados y solo se diferencian por el número de países considerados y por el periodo considerado. Puesto que son medidas ordinales, su evolución temporal y por países debe ser interpretada con cautela.

Hay dos fuentes de información que tienen medidas cardinales, pero se han usado poco. La encuesta de entorno y comportamiento empresarial, del Banco Mundial, compila la experiencia de más de 10.000 gerentes entre 1999 y 2002. Se les pide que estimen, en cuanto a proporción de ventas anuales de empresas como las suyas, los pagos «no oficiales» a funcionarios públicos. Datos, por desgracia, que solo están disponibles para veintiséis países en transición.

Desde 1989, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realiza una encuesta a individuos. Aquí, la unidad de análisis cambia de empresa a individuos. Se les pregunta si agentes del gobierno, de cualquier rango, les han solicitado sobornos o pagos ilegales por servicios. Se han hecho cuatro oleadas en setenta países y el resultado, en la comparativa por países, está muy correlacionado con las medidas ordinales. Es interesante y se deduce de estas oleadas, que la variable que mejor predice la necesidad de pagar sobornos es la renta per cápita.

Los índices subjetivos o de percepciones están orientados al sector privado y, en particular, a la inversión extranjera, pues miden, fundamentalmente, la corrupción ligada a los negocios. Por su parte, las encuestas del Banco Mundial y Naciones Unidas proveen información (eso sí, robusta) sobre la extensión de la corrupción por países, pero solo desde la perspectiva de los hogares y los individuos.

Si utilizamos todos los indicadores hasta ahora señalados y listamos los países con los peores resultados sobre la corrupción obtenemos un listado como el siguiente, donde aparecen, según cada índice, los países más corruptos (un decil de cada índice que al tener, cada uno, distintas coberturas implica distinto número de países). Para obtener magnitudes de corrupción en términos no comparativos y no ordinales, en términos cardinales y autónomos, hay que acudir a una evidencia más micro, relativa a casos de empresas o instituciones públicas.

Por ejemplo, Svensson (2003) presenta datos, mediante encuesta, de empresas en Uganda. El 80 % tenía que pagar sobornos y estos pagos, de media, correspondían al 8 % de los costes totales.

En otro estudio, también en Uganda, Reinikka y Svensson (2004), examinan un programa de educación pública que ofrecía becas en colegios de primaria. La mayor parte de los 250 colegios entrevistados, en el periodo 1991-1995, recibieron el 13 % de los fondos destinados a tales becas y algunos colegios no recibieron nada en absoluto. Otros trabajos de Olken (2004) muestran que eso sucede en la mayor parte de los países del África subsahariana y en Indonesia.

Las comparaciones entre precios también proveen medidas sobre la corrupción. Los precios de inputs homogéneos de hospitales públicos cayeron un 15 % en un momento en que la corrupción se frenó, en Argentina en los últimos años noventa, según Di Tella and Schargrodsky (2003). Hsieh and Moretti (2005) calcularon la rebaja de precios que se produjo en Iraq mientras duró el programa de Naciones Unidas de Petróleo por Alimentos. Mediante esta rebaja de precios, el gobierno iraquí obtenía comisiones ilegales de los compradores de petróleo. Entre 1997 y 2001 el soborno ascendió a una horquilla que se sitúa entre los 1.000 y los 4.000 millones de dólares lo que equivalía a entre un 2 % y un 10 % del presupuesto del programa.

La evidencia macro, como señalamos en párrafos anteriores, es mucho más limitada. Reinikka and Svensson (2004) relacionan su programa de becas en los colegios con los incentivos de los gobiernos locales para la corrupción y confirman, con datos, que los colegios en comunidades más desarrolladas –con más renta per cápita– experimentan un grado de corrupción mucho más pequeño y este efecto es estadísticamente robusto.

De los trabajos citados anteriormente de Di Tella y Schargrodsky (2003) y Svensson (2003) obtenemos, no obstante, una interesante conclusión para la investigación macro: no estudiar exclusivamente cómo el marco institucional afecta la corrupción sino –la pregunta más micro– cómo varía la corrupción a través de un mismo marco institucional.

Precisamente, en un trabajo reciente¹⁷ se pone de manifiesto, para el caso español, que si la calidad institucional aumentase al nivel que le corresponde por desarrollo económico, el PIB per cápita, mediante la mejora en inversión y productividad, inducida por la nueva calidad institucional, se incrementaría en un 16 % en un plazo de 15 años.

3.2 La medición de la ineficiencia/despilfarro/corrupción en España

Los economistas medimos la eficiencia económica mediante una variable denominada productividad total de los factores. La producción económica utiliza factores económicos como el capital y el trabajo, pero la contribución del capital y del trabajo en términos directos no es lo único que aporta a la producción económica. La calidad –algo de definición un tanto amplia– de los factores productivos es otro elemento fundamental para la producción económica. La definición es amplia porque a medida que se desarrolla la economía, los factores productivos se hacen más complejos. El capital y el trabajo se cualifican y diversifican y aparecen elementos o variables como la información, el conocimiento, el saber hacer y las instituciones creadas para la mejor organización de la vida económica y social que afectan notablemente a la producción económica. Y lo que sí que sabemos, con precisión, es medir la aportación de esos elementos que sintetizamos con la expresión «calidad» o también «eficiencia» de los factores productivos. Podemos observar en los gráficos siguientes la evolución desde 1985 de esta eficiencia de la que hablamos, en un número de países europeos, en los Estados Unidos y en España. El primer gráfico representa las evoluciones de la productividad total de los factores desde 1985 hasta la actualidad para un cierto número de países y tomando el 1985 como año base con valor 100. En el gráfico inferior aparece la evolución de la productividad total de los factores para la economía española.

Puesto que hemos visto que la corrupción y el despilfarro suponen, desde la perspectiva económica, claras ineficiencias, claros sobrecostes y se relacionan negativamente con variables clave de eficiencia como la innovación, no parece descabellado aproximar su medición mediante la variable que mide la eficiencia general de la producción, como es la productividad total de los factores.

Aplicamos esa forma de proceder al caso español. Téngase en cuenta que los resultados que obtenemos no son, en sentido estricto, referentes a la corrupción. Pero si es una aproximación bastante adecuada a la ineficiencia operativa de la economía española. Y, por lo tanto, aproximan mejor la variable despilfarro, en cuanto que esta es, según hemos definido, una variable de ineficiencia. Evidentemente, los resultados también incluyen las ineficiencias exclusivas del sector privado.

Por otra parte, la magnitud que se obtiene es una magnitud comparativa. El procedimiento que adoptamos consiste en buscar la brecha de ineficiencia de la economía española en relación –por eso es una brecha– a un conjunto de países que, nos ha parecido, operan en una frontera de eficiencia superior a la española y son economías, como podría ser la española. Es decir, son un referente, una base de referencia real y posible. Podríamos, en cambio, haber elegido una referencia «óptima», la de los mejores o incluso una referencia mejor que la de los mejores porque evidentemente cualquier país tiene ineficiencias. En la realidad no existe el país de «ineficiencia cero», por eso hemos elegido un referente –que es un grupo de países– real y posible. Pero este pragmatismo, pensamos que eficaz, muestra que los resultados están más próximos al suelo que la realidad. La realidad de la ineficiencia, despilfarro y corrupción en su efecto en la economía española es con seguridad mayor. Pero, de momento, esta, la calculada a continuación, parece una medida aproximada que da cuenta de que todo lo que se haga para combatir la corrupción y el despilfarro, mejorará la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos españoles.