Kitabı oku: «Madrid cautivo», sayfa 3

En ese contexto, la OIPA tuvo un protagonismo innegable, creada el 20 de abril como una agencia de contrainformación que dependía de la Secretaría General del jefe del Estado. El vínculo casi personal con Franco y su desempeño en la recogida y análisis de material propagandístico explican la progresiva preocupación del «Estado campamental» franquista por conocer y definir al «enemigo». A finales de mes Franco nombró a Marcelino de Ulibarri jefe de la Delegación de Servicios Especiales, encargada específicamente de la recogida de documentación. A diferencia de la OIPA, compuesta de personal militar y voluntarios, Servicios Especiales estaba íntegramente formada por guardias civiles que se habían destacado en diferentes servicios durante la guerra.⁹ La creación de Servicios Especiales hizo que desde entonces la recopilación de material fuera una prioridad, y la toma de Bilbao en julio de 1937 constituyó la primera oportunidad para su actuación en un núcleo urbano de importancia. El día 14, Ulibarri y el conjunto de mandos militares recibieron un documento desde el Cuartel General del Generalísimo que dejaba clara la nueva orientación de la guerra:

Son frecuentes las ocasiones en que nuestro Ejército, por sus continuos y victoriosos avances, ha de actuar en plan de ocupación militar de territorios conquistados durante cuyo período, entre las múltiples misiones que se presentan, es una importante la de salvar toda clase de documentación de centros oficiales (militares y civiles), políticos y sociales, que han de proporcionar una interesantísima información, en primer lugar para el inmediato desarrollo de las operaciones, en otro aspecto para el descubrimiento de responsabilidades por el movimiento disolvente que puso a la nación al borde de su ruina y siempre como material precioso para facilitar el juicio de la Historia¹⁰ (las cursivas son mías).

El cambio de rumbo iniciado en noviembre de 1936 ante las puertas de Madrid, unido a la reorganización del espionaje y la creación de la OIPA, cristalizó después en una forma concreta de concebir la guerra, más allá de las maniobras militares. Mediado el año de 1937, la preocupación por la gestión de la información en la persecución del enemigo y el control de las ciudades aún en poder de la República se concretó en una planificación más específica. El paso «de las balas al expediente» en la represión franquista, como se ha denominado de manera metafórica este proceso, tuvo mucho que ver con la experiencia acumulada en los núcleos urbanos durante ese año. En agosto el Estado Mayor del Ejército del Centro procedió a reformular los Servicios de Orden y Policía de Madrid. Su jerarquía se reforzó a través de la jefatura de un teniente coronel a cargo de 100 agentes de policía distribuidos en las comisarías y la Brigada Especial. También se amplió el resto de fuerzas, integradas por varias compañías de la Guardia Civil y unos 3.000 voluntarios militarizados. Se detallaban, asimismo, las funciones de los comisarios de distrito, encargados de labores de vigilancia e investigación, registros, precintos de edificios y, por supuesto, detenciones, en rigurosa coordinación con la Auditoría de Ocupación, que ya había dictado la orden de captura de quienes se habían destacado en la defensa de Madrid en el otoño-invierno anterior. Respecto a la gestión de Madrid, destacaban las funciones de abastecimiento y justicia por la importancia que se les otorgaba. En el caso de la primera, llama la atención el cambio de mentalidad respecto al volumen de mercancías que debían movilizarse: 300 vagones de tren diarios para alimentar a 200.000 familias, para lo que se hacía necesario una mayor intendencia con diferentes bases de partida en las provincias próximas a Madrid. En cuanto a la justicia, había 16 juzgados militares permanentes esperando a instruir actuaciones.¹¹ Aunque el grueso de la estructura y las funciones de la columna seguían intactas, quedaba claro que los mecanismos de control y la forma de gestionar la futura ciudad ocupada, con el protagonismo indiscutible de la justicia militar, sí habían sido objeto de reflexión por parte de las autoridades franquistas (Pérez-Olivares, 2015).

El desarrollo más relevante fue, sin embargo, el del Servicio de Recuperación. La caída de Santander el mismo mes de agosto fue la demostración de que, en una ciudad grande, la recopilación de información debía hacerse en los primeros instantes tras la ocupación. Allí los servicios de inteligencia italianos se habían adelantado en el registro de instituciones tan importantes como el Socorro Rojo Internacional o el Estado Mayor de los efectivos soviéticos (Gómez Bravo y Marco, 2011). Era necesario reforzar el servicio, sobre todo teniendo el deseo de entrar en Madrid siempre en el horizonte:

En la actualidad el Servicio de Recuperación de Documentos cuenta con unos cinco equipos compuestos de 4 personas cada uno, incluyendo a los chóferes que son de confianza del Servicio.

Para actuar en el Frente de Aragón, o bien en el de Madrid, estos equipos junto con los 6 coches de que dispone el Servicio, son completamente suficientes para seguir con éxito la marcha de las operaciones.

Ahora bien, en el caso de una caída vertical de unos de estos frentes tenemos el ejemplo de Gijón, al ocuparse ciudades de la importancia de Madrid, Valencia y Barcelona […] es una cosa harto segura que el Servicio fracasaría por falta de elementos. Y precisamente fracasaría en aquellos centros donde los enemigos han actuado con mayor intensidad y más cantidad de elementos extranjeros rusos y de las brigadas internacionales¹² (la cursiva es mía).

La necesidad de anticipar cómo se llevaría a cabo la ocupación de una ciudad llevó a Ulibarri a perfilar el diseño del Servicio de Recuperación. Para ello, se ultimaron dos documentos internos de decisiva importancia: el propio reglamento del servicio y las «Normas para la entrada en una ciudad ocupada». El primero era un estudio de cuatro páginas donde el delegado Ulibarri expresaba que la jerarquía de mando y la flexibilidad de ejecución debían ser las dos líneas de acción para asegurar un trabajo exitoso. Cada equipo de recuperación estaba formado por un jefe, dos auxiliares y un conductor, un equipo que a través de su jefe debía contactar diariamente con el jefe del Servicio de Recuperación, al que tenía que enviar un informe semanal sobre el curso de las actividades. Las oficinas de clasificación quedaban encargadas de centralizar la labor de los equipos y realizarían una primera labor de clasificación, que habrían de remitir a la Oficina Central. Los equipos de clasificación eran los encargados de recoger la documentación de los jefes de equipo, que debían entregársela en mano.¹³ Solo la disciplina era aval del éxito del Servicio de Recuperación, que debía entrar junto con las tropas de ocupación. Esto era crucial porque «el trabajo que no se realiza dentro de los cuatro primeros días, deja de tener eficacia», como se afirmaba en el primer párrafo de las «Normas para la entrada en una ciudad ocupada». Las experiencias en Santander y Gijón habían demostrado que era imposible registrar todos los locales en un plazo de tiempo tan exiguo, así que la primera y principal labor de los equipos debía ser la de precintar los domicilios que previamente habían sido seleccionados. Se hacía necesario, además, un servicio de guardia en la puerta de los edificios, con el Servicio de Recuperación de Documentos como el único autorizado para manejarla.¹⁴

También se concretaron los recintos que iban a ser registrados. Por supuesto, los edificios oficiales y de organizaciones políticas, los espacios ocupados por el Ejército Popular o sus asesores eran los principales objetivos, pero también se prestaba una cuidada atención a centros culturales, cines, casas de fotografía, editoriales o librerías, así como a redacciones de periódicos o a las casas particulares de líderes políticos.¹⁵ Cualquier información sobre los frentes militares, el estado de la retaguardia, la movilización de la población o su compromiso político era de sumo interés para la búsqueda de responsabilidades, como ya había expresado Franco meses atrás. La identificación de los futuros retos y del volumen de trabajo confirmaba la importancia de gestionar la información capturada al enemigo, lo que condujo a Ulibarri a pensar en la necesaria coordinación con otros organismos. En otro documento reservado, titulado únicamente «Recuperación de Documentos», el delegado explicaba que el servicio estaba encargado de proporcionar todos aquellos datos que pudieran ser de interés a todos los organismos del nuevo Estado; en particular para aprovecharlos en relación con la función privativa, es decir, la policía. Por eso el mayor interés estaba puesto en la coordinación con la Auditoría del Ejército de Ocupación, el principal organismo que iba a impartir justicia en los territorios conquistados, «como quiera que la citada Auditoría prepara su sección de información con vistas a actuaciones futuras, es útil el servicio de recuperación ensanchando sus medios de adquisición de datos interesantes».¹⁶

El momento de ocupar las grandes ciudades que todavía permanecían en poder de la República había llegado. En el caso particular de Madrid, los dos últimos meses de 1937 son un buen ejemplo de la complejidad de la ocupación que proyectaban en relación con los proyectos anteriores. Fue un momento de máxima complicidad entre la labor reglamentista de Ulibarri y la presión de Ungría por reorganizar los servicios de inteligencia. Había que centralizar, en su opinión, la labor de los diferentes organismos y otorgar al SIM una dimensión política y militar, lo que aumentaría su nivel de trabajo. Para coordinarse mejor con el Cuartel General de Franco, la oficina debía trasladarse a Burgos. Después de los intentos de Ungría durante el verano por convencerle, el Generalísimo aceptó en octubre su propuesta y le dio instrucciones para promulgar toda una serie de medidas secretas que culminaron en la creación, el 30 de noviembre de 1937, del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM).¹⁷ Entre los 17 artículos de la orden de creación, destacan por encima del resto los que llamaban la atención sobre la necesidad de homogeneizar todas las secciones de contrainteligencia, de mantener separadas las funciones de los servicios secretos respecto de las que llevaban a cabo las grandes unidades militares, y de proveer de mejores medios económicos y humanos el servicio «para la consecución de los objetivos de sus funciones especiales». Este último punto coincidía plenamente con los temores de Ulibarri como delegado de Recuperación de Documentos, como ya se ha visto. Además, para asegurar el dominio sobre el territorio enemigo, dentro del SIPM existía un Servicio de Vigilancia, Seguridad y Orden Público, que debía controlar la zona de la retaguardia enemiga con unos 30 kilómetros de profundidad. Ocupación y orden público aparecían más estrechamente unidos que nunca, lo que se reafirmaba a través de la responsabilidad exclusiva del SIPM de la retaguardia del enemigo (Heiberg y Ros Agudo, 2006: 93-96).

La preocupación por el orden público se concretó en la delegación de Madrid del Servicio de Recuperación de Documentos, que a la altura de noviembre estaba ya preparada para actuar. Es decir, en el imaginario de los militares, la ocupación de Madrid era un horizonte que alcanzar, si no en 1937, sí para el año siguiente. Con siete equipos de clasificación, parece que las presiones de Ulibarri por aumentar los efectivos dieron sus frutos. La delegación estaba compuesta por cinco secciones, con sus responsables nombrados, más los jefes de Clasificación y de Servicios, encargados del conjunto (tabla 1.3). Y hay que añadir una cuestión importante: el servicio se denominaba «Delegación de Servicios Especiales y Recuperación de Documentos».¹⁸

TABLA 1.3

NOMBRE	CARGO	EMPLEO MILITAR
Javier Dusmet	Jefe de Servicios	Coronel auditor
Sr. Íñiguez	Jefe de Clasificación
Sr. González de Andía	Jefe 1.ª sección: Políticosocial
Sr. Carrillo de Albornoz	Jefe 2.ª sección: Prensa y Propaganda	Alferez castrense
José Gómez	Jefe 3.ª sección: Sectas Secretas	Capitán de la Guardia Civil
Jesús Muñoz	Jefe 4.ª sección: Justicia	Alférez del Cuerpo Jurídico
Manuel Sanchíz	Jefe 5.ª sección: Militar

Fuente: CDMH, DNSD, Recuperación, Secretaría, Delegación de Madrid, Caja 11, Expediente 7. Elaboración propia.

La colaboración entre los servicios de recuperación e inteligencia con la justicia militar dio lugar a una reflexión original sobre el orden público que debía imponerse tras la ocupación. El jefe de los servicios era un auditor militar, por lo que la recuperación de documentos se encaminaba definitivamente a la búsqueda de antecedentes y la impartición de justicia en los territorios «liberados». El material recuperado debía ser clasificado en cinco secciones independientes: Político-social, Prensa y Propaganda, Sectas Secretas, Justicia y Militar. De las cinco, tres se destinaban a la creación de un fichero de antecedentes políticos, otra se encaminaba a la puesta en funcionamiento de la justicia de ocupación y tan solo la última estaba en consonancia con las operaciones militares. No fue casual, por tanto, que a mediados de noviembre se elaborase también el «Plan de Orden y Policía para Madrid, Barcelona y Valencia», donde las tres capitales de la República recibían el mismo trato, aunque estaba firmado por los Servicios de Orden y Policía de Madrid (Ejército del Centro). Es un documento importante porque adelanta ocho meses la fecha que se conocía hasta ahora para esta planificación (Gómez Bravo y Marco, 2011: 165-169). En este caso la consigna estaba clara: nadie podía salir o entrar de la ciudad ocupada a menos que dispusiera de un salvoconducto expedido por Franco, el general jefe del Ejército de Ocupación o el jefe de la propia Columna de Orden y Policía. Así la ciudad iba a ser convertida en un espacio cerrado y prácticamente inaccesible, de cara a facilitar la labor de la Auditoría de Guerra y del Servicio de Recuperación, ya que el objetivo principal era la elaboración de un censo provisional de la ciudad. Para ello, todos los ocupantes de pisos, habitaciones y locales estaban obligados a presentarse en las comisarías de distrito y ofrecer una relación jurada de los habitantes, en un plazo máximo de 24 horas. Dentro del mismo plazo había que ofrecer otra relación, esta vez con los bienes muebles existentes en cada casa. Los cambios de residencia y los traslados de muebles estaban prohibidos hasta completar los censos. Los militares también pretendían controlar el movimiento dentro de la ciudad mediante cédulas de transeúnte y reforzar las labores de vigilancia con cédulas de policía, destinadas únicamente a los residentes en la ciudad con anterioridad al 18 de julio de 1936. De esta forma se reforzaba el celo sobre los atentados contra la propiedad acudiendo a las propias casas y los espacios mínimos de sociabilidad: los barrios.¹⁹

A finales de 1937, la experiencia de las ocupaciones de Málaga, Bilbao, Santander o Gijón modificó el sentido y la forma en que los sublevados pretendían emplear la violencia. El primer año de guerra había demostrado la importancia de la gestión de la información y documentación del enemigo para convertirse en un instrumento adecuado a un nuevo contexto: el de la ocupación de grandes ciudades. La inserción de algunos organismos como Recuperación de Documentos y Servicios Especiales en un esquema de orden público revelaba una preocupación muy diferente a la del comienzo de la guerra, cuando la limpieza política tras el paso de las columnas de legionarios y regulares tenía como efecto la paralización de la población a través del miedo. En el ecuador de la guerra, la maquinaria punitiva franquista se distanciaba de una serie de prácticas definidas únicamente como exterministas para abordar la compleja cuestión de la ocupación de grandes áreas.²⁰ Ocurría también que las ciudades no permitían las mismas tácticas punitivas: el anonimato, el desconocimiento y la propia escala jugaban en contra de las formas represivas empleadas en 1936. Las últimas instrucciones sobre Madrid, Barcelona y Valencia confirmaban la identidad específica del espacio urbano. Por tanto, tanto el uso de la violencia como su intención se vieron influidos por la contingencia de los retos del ecuador de la guerra, que hicieron más complejas las lógicas de la violencia sublevada (Marco, 2015; Browning, 2004).

La gestión que el incipiente «Estado campamental» franquista desarrolló en las áreas conquistadas fue, asimismo, un campo de prueba para orientar la preocupación por el orden público en diferentes direcciones. Entre las opciones que se barajaron, una era volver los ojos hacia la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera y continuar su gestión del orden. Para ello, en octubre, poco después del derrumbamiento del frente de Gijón, nombró a Martínez Anido jefe de los servicios de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras, dependiente directamente de la Jefatura del Estado. Franco pensó que su perfil era el adecuado para «dar unidad a los servicios de Orden Público y vigilancia de fronteras, toda vez que los resortes de la tranquilidad del país atribuidos a los Gobernadores militares […] impiden en su actual funcionamiento su centralización en un organismo rector».²¹ Sin embargo, no hay que suponer que la gestión del antiguo gobernador de Barcelona en la década de 1920 fuera completamente plácida. El 20 de diciembre de 1937, la Jefatura de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio de Orden Público, envió esta carta a Franco:

Excmo. Sr:

Viene observándose que los Comandantes Militares de las diferentes plazas entienden en los asuntos relacionados con el Orden Público, como una de las atribuciones que les están conferidas; y si ello es lógico en aquellas poblaciones guarnecidas por diferentes unidades militares sí, en cambio, pueden entorpecer la labor del Delegado Gubernativo correspondiente en aquellos puntos donde no haya guarnición.

Por ello, y atendiendo a evitar tales entorpecimientos, motivados por la dualidad de atribuciones, sería conveniente –y así me permito proponer-lo a VE – se dictase una disposición por la cual cesaran en su cometido, por lo que se refiere a los asuntos de Orden Público, los Comandantes Militares pertenecientes a lugares donde no haya guarnición²² (las cursivas son mías).

El «Generalísimo» respondió, lápiz en mano, de manera clara y contundente: «No lo considero conveniente, pues en estado de guerra el Orden Público lo tiene a cargo la Autoridad Militar». 1937, el año de la ocupación de las grandes ciudades del frente norte por el ejército franquista, el del estreno de la Auditoría de Guerra en Málaga, terminaba con la afirmación de un orden público militarizado. La entrada en contacto con el mundo urbano, con sus retos y exigencias, iba a promover nuevas reflexiones en el año siguiente. Madrid había formado parte importante del laboratorio del orden público franquista, pero la planificación de la ocupación debía adaptarse a los espacios de la ciudad.

1.3 ESPECIES DE ESPACIOS

Palacio de la Isla, Burgos. Cuartel General del «Generalísimo». Abril de 1938. Las tropas franquistas acababan de llegar al Mediterráneo, dividiendo el territorio republicano en dos. Entonces, el alto mando militar creyó llegado el momento de completar la ocupación más allá del río Ebro y también en el centro de la península. Para ello, desde este palacio se diseñaron las órdenes más depuradas hasta el momento para concretar la confluencia entre las grandes unidades militares, el servicio de Recuperación de Documentos y la Columna de Orden y Ocupación de Madrid. Y las reflexiones del año anterior, acerca de la necesidad de garantizar el mantenimiento del orden público, siguieron de alguna manera presentes en el Estado Mayor de Franco, que decidió reforzar los criterios de jerarquía. El mando de la Columna de Orden y Policía, dependiente directamente de la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público, pasó a depender de un coronel designado personalmente por Franco. Como había quedado patente en la campaña del frente norte, ahora las autoridades militares se anticipaban a los instantes posteriores a la conquista militar para

proyectar y preparar todos los trabajos de restablecimiento de la normalidad y funcionamiento de los servicios públicos y de investigación y vigilancia en todas las localidades de la Península, a medida que se vayan liberando de la dominación rojo-marxista e intervenir directamente con sus fuerzas, elementos y servicios²³ (las cursivas son mías).

Las dudas expresadas en diciembre del año anterior también quedaban saldadas. Salvo para los enlaces, que podían ser paisanos militarizados, todas las demás funciones eran desempeñadas por el Ejército, protagonista absoluto en el control y la vigilancia de las ciudades que debían ser ocupadas. Para asegurar el éxito de las acciones, la Columna disponía de efectivos de la Guardia Civil, Carabineros, Milicias y Batallones de Orden Público, así como de los de Investigación y Vigilancia, Correos y Telégrafos, Abastecimiento, Beneficencia, Sanidad, Electricidad, Agua y Transportes. Asimismo, el casco urbano de las ciudades debía ser dividido en sectores en proporción al número de habitantes para favorecer la efectividad de la acción, coordinada a través de los jefes de sector. La complejidad de las grandes ciudades era, así, asumida por los ocupantes, de dos maneras. Por un lado, el control de las infraestructuras claves en las grandes ciudades pretendía asegurar el mantenimiento del orden en los instantes posteriores a la ocupación; por otro, se hacían con los resortes del control en el espacio urbano, donde el tamaño de las tres grandes capitales que quedaban por ocupar (Madrid, Barcelona, Valencia) favorecía la extensión del anonimato. Para dejarlo claro, se insistía en que «las fuerzas militares y de los servicios de Investigación y Vigilancia quedarán a las órdenes de los jefes de Sector, para ser empleadas en el mantenimiento del orden y los servicios propios de la profesión».

A nivel operativo, la Columna de Orden reproducía los dos frentes activos con grandes ciudades a ocupar y estaba dividida en dos agrupaciones: Centro y Levante. Los mandos de cada una debían designar y distribuir los jefes de sector y una vez decididos tener informado al jefe de la columna de orden y este a la Jefatura de Servicios Especiales, para su aprobación. En el caso de Madrid, y para no restar efectivos a otros cuerpos de Ejército, la intención era aprovechar los nombramientos efectuados para la antigua Columna de Orden y Policía del año 1936 para la agrupación Centro. Los cuadros de mando tenían orden de situarse próximos a los frentes para incorporarse a los puntos donde se necesitaran sus servicios. Una vez más, la rapidez en la adquisición de «datos y antecedentes» era la preocupación central de las autoridades militares, y tanto la jerarquía como la flexibilidad volvían a ser cualidades a valorar. El coronel de infantería Emilio Mayoral Fernández fue el designado para el mando en la agrupación Centro quien, a través de reuniones diarias con los jefes de Unidad y Servicios y sus respectivos enlaces, debía elaborar diversas iniciativas de actuación. De esta forma, toda la Columna, desde el jefe a quien tenía que transmitir las órdenes, conocería los planes y los sectores donde operar. La formación heterogénea de la Columna (Milicias, Guardia Civil, Ejército, personal de Correos…) obligaba a que los efectivos adquirieran una doble instrucción, militar y técnica, para ser competentes llegado el momento de entrar en la ciudad.

La línea de actuación fundamental se basaba en la unidad de mando, donde residía la eficacia del servicio, tal y como había demostrado la ocupación de la zona norte (imagen 1.2). Para evitar esta situación, la estructura de actuación partía tanto de la jerarquía como de una detallada preparación previa: la división de la ciudad en distritos, señalando las calles que limitarían cada uno de ellos, evitaría duplicidades y abandonos. Dentro de cada sector debía haber un jefe, dependiente directamente del jefe de la agrupación «Centro». En cada sector o distrito debían actuar una compañía de la Guardia Civil y otra de asalto, junto a las milicias de los Servicios de Orden y Policía designadas para tareas de enlace, oficinas, custodia de prisioneros y un batallón de orden público. Además, se destacaba en cada distrito un jefe de Investigación y Vigilancia, asesorado por un personal técnico, a las órdenes directas del jefe de Sector (tabla 1.4). Finalmente, las tropas de la Columna tenían que entrar inmediatamente después de que las columnas de ocupación y obligatoriamente antes que ningún otro servicio para controlar todos los edificios y centros de importancia.

IMAGEN 1.2

Fuente: AGMAV, Caja 2552, Carpeta 44. Elaboración propia.

TABLA 1.4

1 jefe militar (teniente coronel, comandante o capitán)

1 inspector segundo, jefe del Cuerpo de Investigación y Vigilancia

Personal civil de oficinas

10 agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia

1 compañía de la Guardia Civil, al mando de sus oficiales

40 individuos de Milicias, de ellos diez especializados

Un batallón de orden público

Fuente: AGMAV, Caja 2552, Carpeta 44. Elaboración propia.

Las reflexiones del año anterior se volcaron directamente en la planificación de 1938. En primer lugar, porque el propio personal de la Columna acumulaba una importante experiencia en el control de la ciudad. Quienes iban a liderar la ocupación de Madrid habían sido destinados previamente «a Bilbao a prestar servicios por unos días, estando siempre preparados para regresar a su destino cuando se ordene».²⁴ Y, en segundo lugar, porque es posible apreciar un trasvase de funciones desde Recuperación de Documentos a la Columna de Orden. De hecho, los Servicios Especiales ya aparecían incrustados en un esquema puramente de orden público, guiado exclusivamente por militares, en una decisión del SIPM que tenía por objetivo vincular la ocupación del espacio con el control de este.²⁵ Por si no era suficiente, los jefes de sector también estaban implicados en el mantenimiento del orden público y el desarrollo de políticas activas de control en el espacio, pues eran responsables de los nombramientos de los jefes de barrio y casa:

Dependientes del Jefe de Sector, se nombrará en cada barrio una persona de reconocida solvencia a la cual quedarán subordinados los Jefes de casa (uno debidamente garantizado por cada edificio) siendo la única misión de unos y otros suministrar datos para confeccionar con toda rapidez el fichero policíaco de la Capital²⁶ (las cursivas son mías).

La estructura de control era, por tanto, un diseño militar aplicado a la ciudad y organizado jerárquicamente, que tenía planeado contar con personas de la retaguardia republicana, por lo que la colaboración del SIPM se antoja fundamental en este proceso. Esto conllevaba la posibilidad de informar sobre los antecedentes de sus vecinos con rapidez y colaborar con las autoridades en la elaboración de un fichero policial. Para evitar fugas, se proyectaron cordones de patrullas en las carreteras de entrada y salida para exigir autorizaciones firmadas por el Generalísimo o el ministro de Orden Público para transitar por los accesos a la ciudad. La división de la ciudad en sectores requería un trabajo previo para asimilar los retos no solo de ocupar el mundo urbano, también de controlarlo. Ese fue el verdadero salto cualitativo respecto a las planificaciones anteriores:

En aquellas poblaciones que por su importancia merezcan especial atención y muy particularmente en las de Madrid, Barcelona y Valencia, se procurará dividirlas en tantos Distritos como, para efectos de Censo, estuvieran ya divididas con antelación, encargándose de cada Distrito un Jefe. Para facilitar su labor al tiempo de hacerse cargo de su cometido, convendrá realizar con anterioridad un trabajo preparatorio con planos dividiendo las poblaciones en sus Distritos respectivos, y estos en barrios o zonas, para que llegado el momento, cada Jefe de Sector pueda conocer perfectamente la parte que le corresponde […].

Más allá de su representación espacial, los planos extendían una representación de las raíces de la violencia franquista a partir del ecuador de la guerra, al vincular el conocimiento del espacio con su posterior dominio. Planos que definían, por otro lado, el poder que iba a ser ejercido tras la ocupación. Una cuestión si cabe más importante al pensar el contexto de 1938 como el de un Estado en formación, en el que se estaban dirimiendo los fundamentos del orden que se iba a imponer en la posguerra.²⁷ Los sectores en que quedaban divididas las ciudades coincidían con los distritos, las divisiones administrativas tradicionales para facilitar las labores de control y coordinación (imagen 1.3).

De este modo, el cambio que se aprecia al comparar estas instrucciones con las de 1936 es fundamental. La comisaría, un espacio del poder puramente civil, dejaba de ser el eje del control urbano en favor del sector, dirigido por un militar. Antes de comenzar el asedio de Madrid la estrategia básica de control era desembarcar en las instituciones existentes. Dos años después habían cambiado muchas cosas, entre otras, el tipo de guerra que se llevaba a cabo y su finalidad. Las grandes ciudades pasarían a ser grandes núcleos militarizados a efectos de diseño e iniciativa, en los cuales los jefes de sector eran militares y a su cargo tenían un batallón de orden público (tabla 1.5). Este paisaje urbano militarizado era la expresión en el espacio del modelo de orden público pensado entre 1937 y 1938 por las autoridades franquistas. Desde el exterior de la ciudad, con los controles de carretera, al interior de esta, con los distritos controlados por batallones de orden público, la capital quedaría completamente en manos del Ejército.