Kitabı oku: «La política de paz, seguridad y defensa del Estado colombiano posterior a la expedición de la Constitución de 1991», sayfa 5
El conflicto armado colombiano y sus transformaciones
Existen grandes controversias y también suficiente literatura24 en torno a la caracterización del conflicto armado interno. Al respecto, es necesario señalar que para los efectos de este trabajo se entiende que el conflicto armado interno se refiere al alzamiento armado, con motivaciones y causalidades políticas, de grupos organizados contra el Estado colombiano, y que expresa demandas sociales y políticas. Dicho levantamiento deriva en un problema de seguridad pública y eventualmente seguridad nacional, dependiendo de los diversos momentos que el mismo ha vivido; en el caso colombiano su duración trasciende los cinco decenios. Se trata entonces, de un conflicto asimétrico de larga duración entre un Estado que cuenta con mayores niveles de legitimidad, de capacidad militar y de apoyo político, así como de un marco de legalidad, y unas organizaciones alzadas en armas contra el mismo.
Al conflicto interno armado hay que situarlo dentro del telón de fondo conformado por los factores estructurales de exclusión y por las causalidades específicas asociadas a su surgimiento, así como también a su evolución. Esto, por supuesto, no significa que se desconozca el rol fundamental que han cumplido las rentas de la actividad ilícita del narcotráfico de la cual también se han apropiado los actores armados en el proceso de financiación de la guerra.
El telón de fondo de la relación entre conflictos y violencia en Colombia
Los múltiples conflictos de diversa índole que atraviesa la sociedad colombiana, muchas veces abordados desde tratamientos violentos, tienen un telón de fondo que no se puede olvidar ni minimizar, ya que es dentro de este que se originan, se reproducen y se resuelven o agudizan. Adicionalmente, debemos destacar que, comparado con el análisis de las guerras entre países, el estudio de los conflictos armados interestatales o guerras civiles ha estado rezagado en la literatura. Al respecto, Lawrence Freedman señala en su reciente trabajo sobre la guerra a lo largo de la historia:
[…] si comparamos el estado actual de las investigaciones, marcadas por un continuo e intenso estudio de los factores que pueden dar lugar al estallido de una guerra entre grandes potencias y el análisis de las consecuencias de una confrontación de semejante magnitud, lo primero que se constata es que hasta la década de 1990 se dedicaban muchos menos esfuerzos a las guerras civiles, pese a que este tipo de enfrentamientos no solo fuesen más frecuentes sino también extremadamente letales en muchos casos (Freedman, 2019, p. 22).
La relación entre guerra y política en la historia colombiana
Esta es una relación con antecedentes remotos en nuestra historia política. Sus orígenes se extienden a la posindependencia de la corona española con las guerras civiles del Siglo XIX –desde la guerra de los supremos hasta la guerra de los mil días, entre los nacientes partidos, el Liberal y el Conservador, a través de las cuales comenzó ese largo tránsito de relación y entrecruzamiento entre violencia y política. Continúa con las ‘insurrecciones pueblerinas’ del Partido Socialista Revolucionario –naciente partido político de izquierda antecesor del Partido Comunista– en los años 20 del siglo anterior, en las cuales esta agrupación de izquierda acude, tal como lo habían hecho antes los partidos políticos tradicionales, al recurso de las armas para hacer política25.
Posteriormente vino ese gran periodo de nuestra historia reciente que conocemos como la ‘Violencia’ y en el cual los dos partidos tradicionales –el Liberal y el Conservador– volvieron al uso de las armas por razones o con pretensiones políticas, solo que en esta ocasión no lo realizaron de manera formal, declarando una guerra civil, sino a través de los grupos de guerrillas liberales y conservadoras (casi en su totalidad de composición campesina)26. Ese desangre colectivo se va a resolver mediante la figura del ‘golpe militar’, que el ilustre jurista Darío Echandía llamó ‘golpe de opinión’ –para evidenciar de nuevo las relaciones entre poder y derecho–.
Lo anterior dejó como secuela un periodo de bandolerismo, con ribetes en algunos casos de ‘bandolerismo social’ por sus pretensiones justicieras y los apoyos locales que en algunos casos estos comportamientos generaron, en la medida en que
[…] la figura legendaria del bandolero personifica el ideal de una justicia guerrillera vagabunda [...] En el sur de Italia y en Andalucía, los bandoleros que desafían la autoridad central y que atacan a los ricos para ‘redistribuir’ sus bienes a los pobres serán por largo tiempo los héroes de la imaginería social de la anarquía (Reszler, 1984, p. 49).
Ya al inicio del Frente Nacional veremos el comienzo de la nueva ola de violencia política, ligada ahora a discursos de transformación revolucionaria del Estado y que se va a incubar en las guerrillas de mayor tradición y persistencia como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL a partir de la confluencia de múltiples elementos, entre los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de guerrillas liberales que se articulan de esta manera a la siguiente violencia.
Sin embargo, hay que cuidarse de la tentación de considerar que se trata de una única y continuada violencia, porque si bien hay elementos de cierta continuidad, también existen elementos de rupturas. Fernán González, al respecto señala
Algunos estudios sugieren cierto grado de continuidad, en el largo plazo, entre los conflictos decimonónicos y los de la segunda mitad del siglo XX que se prolongan hasta hoy, especialmente los relativos a los problemas del mundo agrario y de la colonización campesina. Sin embargo, hay muchas diferencias y rupturas entre ellos, como señala Malcom Deas: fuera de la Guerra de los Supremos (1839-1841) y la Guerra de los Mil Días (1899-1901), las guerras del siglo XIX fueron de corta duración y afectaron solo a porciones muy reducidas del territorio nacional; fueron predominantemente confrontaciones lideradas por las clases dominantes, aunque representaron casos importantes de movilidad social, que se libraron en batallas más o menos formales entre ejércitos relativamente organizados, reforzados por grupos de guerrillas campesinas (González, 2008, pp. 299-300).
En Colombia, probablemente a diferencia de otros países de América Latina, las elecciones como forma privilegiada de participación política, no lograron remplazar de manera definitiva el uso de las armas como instrumento para acceder al poder. Hilda Sabato nos señala al respecto,
[…] en la Iberoamérica del siglo XIX la ciudadanía política se asociaba estrechamente a la participación en las milicias [...] La vía armada de acceso al poder fue transitada muchas veces y los líderes militares tuvieron un papel muy importante en toda la región [...] Luego de largos y sangrientos años de guerra, la consolidación de las nuevas comunidades políticas nacionales no terminó con la violencia, la cual siguió ejerciéndose como una forma legítima de acceso al poder o de presión sobre él. No obstante, esa situación no impidió que nuevas formas relativamente pacíficas de representación política se fueran imponiendo, y las elecciones fueron el mecanismo más frecuente de acceso a los puestos de gobierno en la mayoría de los países de la región (Sabato, 1999, pp. 24-25).
La cultura política y la violencia
La ideología del dogma, de la intransigencia y la intolerancia, el suponerse ‘portadores de la verdad’, ha orientado conductas en los actores de la sociedad colombiana: los políticos –armados o desarmados– y los sociales. La tendencia histórica ha sido la de resolver las insatisfacciones sociales y políticas acudiendo a la violencia; es la tendencia
[…] a ‘satanizar’ al adversario, que es considerado la suma de todos los males y la causa de todos los problemas, lo que imposibilita la comprensión de la lógica en que se mueve: esto conduce a la imposibilidad del diálogo entre los que se perciben como diferentes (Sabato, 1999)27.
Esto no significa que haya una especie de determinismo que hace que los colombianos tiendan a ser violentos. De ninguna manera. Lo que quiere decir es que hay una serie de referentes culturales, que se expresan en prácticas sociales y crean una propensión a usar la violencia para obtener objetivos políticos, pero que son susceptibles de modificar.
Igualmente, hay que señalar que a las luchas sociales históricamente se les dio un tratamiento de subversoras del orden establecido, por lo tanto, la respuesta fue solamente represiva. La parcialidad de las instituciones estatales en los diversos conflictos en contra de los intereses de sectores sociales subordinados ayudó a deslegitimar al Estado y sincrónicamente se convirtió en elemento de legitimación de los actores que lo confrontan.
Las estructuras de exclusión socioeconómica y regional o de ‘inclusión perversa’
Pese a sus intencionalidades, las estrategias de desarrollo colombianas han excluido o incluido parcialmente importantes grupos de los beneficios del desarrollo. Las políticas reformistas son, en buena medida, tan solo el reflejo de una u otra ideología, no han tenido cobertura real en amplios sectores sociales y ello, antes que mejorar con el tiempo, ha tendido a empeorar.
Recordemos que los procesos de consolidación de los Estados-nación han pasado por una mezcla de políticas de acumulación con políticas de redistribución, y en los últimos tiempos, marcados por los discursos llamados neoliberales, la tendencia ha sido a priorizar la acumulación y a minimizar su redistribución.
Igualmente, el problema de la exclusión regional se ha asociado a los procesos de construcción del Estado-nación, tanto en lo espacial como en lo político, en lo cultural y en lo económico-social.
Es pertinente señalar que cuando hablamos de exclusión no estamos asumiendo la posición ‘conservadora’ que entiende a “la sociedad como una suma de partes separadas”, ni la perspectiva funcionalista y armónica de la vida social a la cual es necesario integrar a los excluidos, no. Estamos concibiendo, con Ivan Dechamps, “que la totalidad social no aparece más como un todo homogéneo, cerrado y más o menos equilibrado, sino como un campo dinámico de relaciones y de prácticas estructuradas en torno de las funciones sociales portadoras de la unidad social” (1994)28.
La relación entre la región y la nación pasa por la construcción social de las regiones y este es un proceso histórico dinámico y conflictivo en medio del cual se dio el surgimiento de las sociedades regionales y simétricamente la cimentación de la nación.
Igualmente, hacemos referencia a la exclusión ejercida por diversos actores para eliminar –física, simbólica o espacialmente– todo tipo de diferencia política o de oposición a propuestas de desarrollo –económico, político y social–. Es la expresión de una cultura intolerante y fuertemente dogmática la que orienta sus actuaciones.
Las condiciones estructurales de las sociedades regionales, tradicionalmente excluyentes, han sido uno de los grandes generadores de violencia. A la mayoría de pobladores en múltiples regiones se les ha considerado como ‘extraños en su propia región’ históricamente y se le ha excluido de la participación en lo económico, negándoles acceso a las posibilidades de recursos para su reproducción familiar y social, de la participación política –monopolizada por mecanismos de intermediación clientelistas fuertemente basados en lealtades personalizadas–, de la participación social –en la toma de decisiones que atañen a su vida–, y de la participación en lo cultural –al considerar los elementos culturales propios como algo proscrito–.
La desarticulación regional en Colombia ha sido un factor altamente asociado a la violencia, pero en la medida en que las identidades regionales tienden a primar sobre la nacional, la superación de la violencia pasa por una rearticulación del Estado-nación basado en un fortalecimiento de la región, en la que un manejo adecuado de la diversidad podría convertirse en un elemento enriquecedor de la nacionalidad.
Lo anterior permite entender por qué los conflictos sociales (campesinos, obreros, étnicos, estudiantiles, de pobladores), que son un espacio normal de divergencia social, con mucha frecuencia en Colombia se desvían a esa dimensión contradictoria en que la única posibilidad de resolución pasa por el recurso de la violencia y la eliminación o imposición sobre el otro. Por ello la relación entre conflicto y violencia en nuestro medio se hace estrecha y conlleva una mirada conjunta.
Entonces, el conflicto armado colombiano se puede considerar como uno de naturaleza política, que tiene raíces históricas y sociales determinadas. En esta perspectiva hay la pretensión de grupos organizados de constituirse en actores político-militares capaces de confrontar al Estado o al régimen político, influenciar sus políticas públicas e hipotéticamente remplazarlo. Estas organizaciones inicialmente estaban orientadas por determinadas ideologías políticas que se constituían en paradigmas y referentes de su acción.
La conformación histórica de los actores del conflicto armado: el actor institucional. Momentos en la estructuración de las fuerzas armadas colombianas 29
La singularidad de las fuerzas armadas colombianas es producto de su orientación histórica a la seguridad interior. Primero, lucha contra las guerrillas liberales, luego contra el bandolerismo, posteriormente, contra las guerrillas marxistas y más recientemente contra el narcotráfico y el terrorismo. Lo anterior les ha dado una gran fortaleza en este campo, pero al mismo tiempo evidencia deficiencias en los aspectos misionales asociados a la defensa externa.
La construcción de un ejército nacional profesional y permanente trató de basarse en el Ejército Libertador, pero este muy rápidamente estuvo atravesado por las ‘guerras civiles’ regionales y en esa medida hubo que esperar hasta comienzos del siglo XX durante el periodo presidencial del general Rafael Reyes. Sin embargo, desde el punto de vista ideológico-simbólico el referente del Ejército Libertador ha influido fuertemente en la institución y sus miembros, asociándolos al momento fundacional del Estado-nación, a pesar de que “el Ejército Libertador y la Armada que tan trascendental papel tuvieron en el proceso independentista, comenzaron a desintegrarse muy rápidamente y la nueva República se verá desprotegida” (Bazurto, 1968, citado en Bermúdez Rossi, 1997, p. 18).
A juicio de Rafael Pardo esta situación se da de manera similar en toda América Latina:
En su racionalidad histórica la independencia latinoamericana fue obra de los ejércitos y estos antecedieron la creación de los Estados30, por esto se ven a sí mismos como las fuentes creadoras de la nación (Pardo, 1999).
El lento proceso de construir un ejército nacional en Colombia durante el Siglo XX está atravesado por sucesivas reformas que van llevando progresivamente desde unos ejércitos espontáneos, de corte altamente caudillistas, a un ejército profesional moderno.
Podríamos recordar que el proceso de estructuración de las Fuerzas Armadas como institución nacional, profesionalizada e imparcial –como deben ser todas las instituciones estatales– pasó por varios momentos. Un primer momento es el encarnado por el ejército que emerge en la posindependencia. Un segundo, el de su fragmentación por causa de las guerras civiles del siglo XIX. Un tercero, caracterizado por el paso de ejércitos difusos y espontáneos al embrión de un ejército nacional. Cuarto, cuando comienza la profesionalización, pero se mantiene el carácter de ejército adscrito o politizado, en el cual el partido transitoriamente en el gobierno quiere utilizarlo como un aparato a su servicio, este momento se prolonga hasta la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo XX. Finalmente, un quinto momento en que se prioriza la despartidización de las fuerzas armadas y el ejército se va delineando como un ejército contrainsurgente y evoluciona, sin perder el carácter anterior, hacia un ejército profesional moderno.
Es decir, hay una tensión permanente entre búsqueda de profesionalización, utilización partidista del aparato militar del Estado y tendencias hacia su conversión en una institución que sea garante de la imparcialidad en el trámite de las diferencias sociales y, en esa medida, uno de los garantes de la constitucionalidad y legalidad del régimen político.
Adicionalmente, es importante resaltar que el ejército en Colombia surge y se va a consolidar más en función de la seguridad interna que de las amenazas externas. Como lo anota Rigoberto Rueda: “el ejército nace indisolublemente ligado a la noción de orden público, en las urgencias de los conflictos internos, en tanto que en Europa los ejércitos surgen de las guerras entre naciones” (Rueda Santos, 2000, p. 36). Esto hace que la preocupación fundamental en cuanto hace a riesgos y amenazas esté centrada en lo interno –trátese de la protesta social estigmatizada y de las disputas partidistas, inicialmente, las guerrillas liberales posteriormente o la insurgencia que se autodenomina como revolucionaria, más recientemente– antes que en lo externo a través de su historia.
Esto le va a dar un perfil característico a las fuerzas armadas colombianas, especialmente al ejército, y es el estar orientadas a funciones de control del orden público interno, es decir de policía y crear una indefinición funcional entre ejército y policía. Por ello se plantea que en Colombia hay un ejército altamente ‘policivizado’ y una policía altamente ‘militarizada’. Lo cual, paradójicamente, parece dejar de ser problemático en el mundo Posguerra Fría en el que la diferenciación clásica entre lo externo y lo interno es puesta en cuestión y cada vez los problemas de seguridad y defensa tienden a ser colocados en la categoría de problemas ‘intermésticos’, es decir simultáneamente son internacionales y domésticos.
La seguridad interior una prioridad histórica
Es interesante destacar cómo frente al desmembramiento del país con la separación de Panamá en 1903 –en la cual la idea sacra de soberanía nacional se pone en cuestión–, la reacción de las fuerzas armadas de la época fue prácticamente nula, fundamentalmente porque en la práctica eran inexistentes después de la guerra civil de los mil días.
El General Rafael Reyes (1904-1908) puso un gran énfasis en la idea de estructurar un ejército nacional y profesionalizado. El esfuerzo de avanzar en la estructuración y consolidación de unas fuerzas armadas profesionales estuvo ligado a la creación de los espacios de formación profesional y a la presencia en el país de sucesivas misiones militares chilenas y suizas.
Durante la violencia liberal conservadora –mediados del siglo XX– se da un claro involucramiento de las fuerzas armadas en la confrontación, mucho más acentuado en la policía que en el ejército. Esto no solo contribuyó a lo que Paul Oquist (1978) denominó el ‘derrumbe parcial del Estado’ sino también a la pérdida de credibilidad de un sector importante de la sociedad en la institución militar. Es importante destacar que con el involucramiento abierto de las fuerzas armadas en la violencia bipartidista se consolida el proceso de autonomización de estas en el manejo del llamado ‘orden público’, el cual termina abarcando toda la política de seguridad y defensa, de la que los gobernantes civiles no se vuelven a ocupar.
El inicio de la violencia bipartidista, el surgimiento y desarrollo de las guerrillas liberales y la percepción de estas como una amenaza para las instituciones van centrando progresivamente al ejército colombiano hacia la guerra irregular y posteriormente lo consolidó como un ejército de tipo contrainsurgente. Esto evidentemente refuerza la tendencia histórica de considerar que las amenazas fundamentales a la seguridad están situadas en el ámbito interno y no en amenazas externas contra la seguridad del Estado.
Es importante destacar también el cambio institucional que se produce en 1951 con el paso de la Policía Nacional del Ministerio de Gobierno al de Guerra.
La participación en la guerra de Corea por parte del ejército colombiano marcó transformaciones muy importantes. Colombia fue el único país latinoamericano que tomó parte en este conflicto internacional. Algunos de los participantes de la guerra de Corea contribuyeron posteriormente a la creación de la primera escuela de formación contra guerrillera en 1955, mostrando tempranamente la orientación hacia seguridad interior que posteriormente caracterizaría al ejército.
El golpe militar que llevó al gobierno al general Rojas Pinilla fue el intento de reinstitucionalización de un Estado cada vez más en entredicho por la sociedad en su conjunto y por la creciente autonomía frente a los partidos tradicionales que empezaban a mostrar las guerrillas liberales. El gobierno del general Rojas Pinilla (1953-57) atravesó tres momentos diferenciados: primero, el del consenso inicial de las fuerzas políticas y sociales, que creó el ambiente para la desmovilización de las guerrillas liberales. Y efectivamente, de manera rápida se empezó a producir la entrega de las diferentes guerrillas liberales como respuesta a la oferta de paz planteada por el régimen militar. Un segundo momento, el de búsqueda de la autonomización, en el cual aparecen los rasgos populistas del régimen y se dan intentos de crear una fuerza política y una organización sindical de apoyo al gobierno militar. Aquí emergieron las tensiones con los partidos políticos tradicionales y otras fuerzas sociales. El tercer momento es el de las tensiones con los partidos políticos y sectores sociales que terminó en enfrentamientos y en la presión para la terminación del gobierno del general Rojas Pinilla.
Durante los gobiernos militares el ejército colombiano tuvo otro importante contacto internacional con la participación en la Crisis del Canal de Suez, donde participó como parte de la Fuerza de Emergencia de la ONU FENU entre 1956 y 1958.
Es en ese contexto de transición del gobierno militar al inicio del Frente Nacional31 donde se produjo el discurso del Teatro Patria (el 9 de mayo de 1958) del entonces electo presidente Alberto Lleras Camargo, en el cual fija los parámetros de la conocida ‘doctrina Lleras’ cuyas ideas centrales podemos resumir así
La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus funciones [...] Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes [...] Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal (citado en Cepeda Ulloa, 2003 pp. 329-342).
Es decir, con el inicio del Frente Nacional se acordó un modelo de relaciones entre el gobernante civil y las fuerzas militares que se basaba en la idea que los militares no se involucrarían en los asuntos de los partidos políticos y del gobierno y los civiles tampoco lo harían en los asuntos de ‘orden público’, es decir en seguridad y defensa.
Mediante el decreto 1705 de 1960 se situó a la Policía Nacional bajo la dirección inmediata y comando del ministro de Guerra, sustrayéndola del control del Comando General. En 1967 se creó la Policía Judicial, dándole mayor acceso a la policía a los círculos de la inteligencia nacional. La policía estuvo subordinada al Ministerio de Guerra entre 1906–1908, luego al Ministerio de Gobierno entre 1909–1953, a partir de 1953 al Ministerio de Guerra, y desde 1965 al Ministerio de Defensa cuando cambia de nombre este ministerio (Torres Velasco, 1994).
Una orientación temprana hacia la contrainsurgencia. La seguridad exterior una preocupación secundaria
Durante los diferentes gobiernos del Frente Nacional, las fuerzas armadas se van a ver cada vez más enfrentadas a los problemas del orden público interno. Primero, el bandolerismo como rezago de la violencia liberal-conservadora. Posteriormente, la emergencia y desarrollo de las guerrillas que se denominan a sí mismas como ‘revolucionarias’ y las complejizaciones posteriores y, seguidamente, la emergencia del narcotráfico como un factor que va a influir de manera relevante en casi todas las dimensiones de la vida nacional. Todo esto lleva al posicionamiento del problema de la seguridad interna como central y a considerar, solo de manera esporádica, la hipótesis de las amenazas externas como algo relevante, especialmente por los problemas limítrofes con Venezuela y Nicaragua.
Adicionalmente, los diversos gobiernos del Frente Nacional y del periodo posterior a este recurrieron de manera reiterada al mecanismo del ‘estado de sitio’, mediante el cual delegaron en las fuerzas armadas el control de los conflictos y la protesta social y el manejo transitorio de zonas del Estado consideradas por momentos problemáticas (puertos, aeronáutica, cárceles), así como el juzgamiento de civiles como herramienta de control y sanción social a través del mecanismo de los Consejos Verbales de Guerra, hasta finales de los 80.
La estrategia contrainsurgente del Estado inicialmente estuvo centrada en aislar políticamente a la guerrilla de la población civil en la región del Magdalena Medio santandereano y en las áreas críticas de la época. La estrategia estuvo caracterizada fundamentalmente por la inauguración de las ‘contraguerrillas profesionales’, por una parte, y por la acción cívico-militar y la acción sicológica sobre la población civil, por otra. Es la combinación de represión selectiva con intentos de legitimación social32. La acción cívico-militar, fue un intento de apuntar a una de las grandes deficiencias corresponsables de la violencia que es la ausencia de la acción estatal en las comunidades más abandonadas. A pesar de apuntar a un problema central solo fue una pasada fugaz del Estado.
Igualmente, se comenzaron a utilizar operaciones militares de cerco y exterminio contra los grupos guerrilleros en regiones específicas, en dichas operaciones se pusieron en práctica medidas tales como el control de abastecimientos en función del tamaño de las familias campesinas residentes en las zonas, los censos poblacionales y medidas de infiltración y estímulo a la delación por parte de los pobladores de dichas regiones.
La estrategia contrainsurgente del Estado en los 80 estuvo centrada, por una parte, en quitarle base política a la guerrilla con el Plan Nacional de Rehabilitación PNR y así disputarle la legitimidad a la insurgencia, sobre todo en pequeñas localidades marginadas y, por otra, en la emergencia de una ‘estrategia parainstitucional’ que buscaba aislar a la guerrilla de la población civil con el uso del terror y el paternalismo y que contaba con la cooperación de poderes locales. Cercanos a la lógica estatal se comienzan a desarrollar los denominados ‘grupos de autodefensa’ o ‘grupos paramilitares’.
Compartimos con Francisco Leal su afirmación en el sentido de señalar que
[…] una de las consecuencias más significativas del Frente Nacional fue que la subordinación militar se trasladó de los partidos al Estado. Su despolitización bipartidista les permitió a los militares adquirir autonomía política relativa, la cual se reflejó en su independencia en el manejo del orden público y en la adquisición de prerrogativas institucionales [...] A medida que avanzó el proceso de despolitización bipartidista y se generalizó la ideología del anticomunismo en los militares, fue calando el concepto de seguridad nacional como sustituto del de defensa nacional (Leal Buitrago, 1994a, p. 70).
Los actores extrainstitucionales. Factores explicativos del origen de la guerrilla revolucionaria en los 60 y su evolución en los 70
Las guerrillas son producto de procesos históricos y políticos particulares, pero en todos los casos lograron insertarse más o menos en problemáticas sociales y regionales que les permitieron consolidarse y reproducirse. Allí hay asociación entre el conflicto armado y conflictos de orden político y económico que afectan a diversos sectores y regiones de la sociedad colombiana. En el trasfondo del conflicto político armado subyace una competencia de poder entre el Estado o los sectores dirigentes, por una parte, y las organizaciones insurgentes, por otra.
Podemos decir que los orígenes de la guerrilla revolucionaria, además de los elementos del ‘telón de fondo’ que atraviesan todo el periodo histórico colombiano, están asociados a los siguientes factores:
1.De tipo externo:
•El periodo histórico de la Guerra Fría, que es aquel que sigue a la Segunda Posguerra Mundial, el cual llevó a plantear un enfrentamiento en todos los campos entre el llamado mundo socialista y el mundo capitalista y que tuvo como resultado el que los conflictos sociales en los distintos países tendieran a verse como un subproducto de ese enfrentamiento global y tratados en consecuencia. Para algunos analistas en esta concepción se encuentran los orígenes de la denominada ‘doctrina de la seguridad nacional’ que orientó el actuar de los ejércitos latinoamericanos durante varios decenios y dio origen al concepto del ‘enemigo interno’.
