Kitabı oku: «El derecho colombiano y la apertura en los debates sociales contemporáneos», sayfa 2

La democracia en la Constitución
Política de 1991

Desde hacía varias décadas, Colombia había estado permeada por la desazón y la falta de futuro, la violencia generalizada, la corrupción de los funcionarios públicos, la mezcla mortal de los grupos armados e ilegales con el narcotráfico, que junto a una constitución decimonónica hundieron al país en un sin salida. Para ese entonces, la democracia era una democracia clásica y representativa, en la que el ciudadano elegía, pero no era elegido, porque la elección, como lo señalaba William Ospina, era una cuestión de castas y linajes políticos, donde algunos grandes mercaderes, auspiciados y financiados por los narcotraficantes se hacían elegir.

Se trataba por supuesto del reflejo de la sociedad elitista que ha acompañado a Colombia, e incluso a América Latina, desde los tiempos de la independencia. Una concepción aristocrática de sociedad en la que los ciudadanos comunes podían ser incluso despreciados, debido a las rígidas estructuras jerárquicas heredadas de España (Emmerich, 2000; Velásquez, 2018). Fue entonces cuando surgió como un grito desesperado la Asamblea Nacional Constituyente para sacar el país de “la horrible noche”, siendo una de las consignas preponderantes, tal como lo señalaron Mejía y Jiménez (2005), la transformación del Estado en una democracia, con una propuesta plural y una ciudadanía que participa bajo la institución democrática y en paz.

Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente se inscribe como uno de los movimientos de América Latina que, al cerrar el siglo XX, buscó la fortaleza en las instituciones bajo preceptos democráticos y de un ambiente participativo. Como se evidencia, se buscó dotar a la ciudadanía de herramientas para que tomara partido en las decisiones de trascendencia, construyendo una participación entusiasta, donde la sociedad fuera incluyente y con opinión del conglomerado social, ya que la institucionalidad se solidificará por presupuestos democráticos más participativos y capaz de satisfacer las necesidades del orbe social. Por esa razón, una participación entusiasta, por parte de la ciudadanía, puede generar dirección y decisión, cuyos ejes de implicación irrigan en el componente social.

Este movimiento significó avanzar en otra etapa del comportamiento político, esto es, cuando el sujeto participante hace mella con su voz y el sufragio como opción de pronunciarse, per se, dichas conductas en varios países fueron reprimidas por obra de las dictaduras, pero ello eclosionó en nuevas luchas por garantizar la democracia en el bloque latinoamericano a finales del siglo XX (Emmerich, 2000).

Sin embargo, este cometido no ha dado el resultado esperado, pues, como lo señalan varios autores, luego de promulgada la Constitución, y de acuerdo con sus investigaciones y la evidencia en la década de los noventa del siglo XX, sobre la democracia, se demostró que la Constitución del 91 no logró el fin de la democracia participativa original, sino que se construyó una democracia bajo los modelos del plebiscito, correspondientes a élites políticas, y de negociaciones, pero sobre todo sin el componente político que se esperaba (Sarmiento, 1997; Dávila, 1997; Restrepo, 1998; Gutiérrez, 1998; Múnera, 1999).

Tal como lo afirmó Emmerich (2000), la genealogía de Latinoamérica recuerda la substracción del poder determinado por élites, que en sus discursos, acordaron las doctrinas constitucionalistas con las que han vulnerado el componente de soberanía popular. De este modo, se afirma que el gran problema del siglo XXI es el de consolidar la democracia participativa; sin embargo, se entiende que es un camino lento en la medida que engloba la convicción ciudadana en sus estadios complejos y plurales con eje transformador, el cual dirige la masa política.

Así pues, siendo que en Colombia el modelo de democracia participativa no ha dado los resultados esperados, se puede observar cómo, desde la emisión del acuerdo constitucional de 1991 y bajo el nuevo modelo de la democracia, se han realizado siete elecciones presidenciales, siendo el abstencionismo el fenómeno más evidente de la democracia participativa, con los siguientes resultados (tabla 1).

Tabla 1. Estadísticas de las elecciones presidenciales desde 1991, segunda vuelta

Año	Potencial electoral	Total votos	Porcentaje (%) votación	Abstención	Porcentaje (%) de abstención
1994	17 146 597	7 427 742	43.3	9 718 855	56.70
1998	20 857 801	12 310 107	40.90	7 547 694	59.10
2002	24 208 311	11 149 734	53	13 058 577	47
2006	26 731 700	12 041 737	45	14 689 963	55
2010	29 983 279	13 296 924	44.3	16 686 355	55.70
2014	32 975 158	15 818 214	47.9	15 794 940	52.10
2018	36 227 267	19 215 637	53	17 011 630	47

Fuente: Registraduría General del Estado Civil (2018).

Como se observa en los datos registrados, el promedio de abstención se acerca a un 53 %, cifra que verdaderamente sorprende, ya que más de la mitad de la población no se involucra en los procesos democráticos. Como lo explican diferentes organismos, existen múltiples factores, estudios y teoría al respecto, señalados con la CIDH, como lo son los factores sociodemográficos, factores psicológicos y factores políticos; incluso, las diferentes percepciones, como las señaladas por la Registraduría Nacional colombiana, en el texto del 2013, que se aproximan a los determinantes de abstención electoral en Colombia.

No obstante, la inexistencia de estudios serios, por parte de la organización electoral, que identifiquen las causas particulares por las cuales en Colombia el abstencionismo es tan elevado y, más aún, las estrategias que permitan contrarrestar este fenómeno. Pese a esto, según otros estudios, este comportamiento, visto desde la perspectiva de la apatía y retraimiento, podría responder a una cultura de la sumisión propia de América Latina que, a excepción de los pueblos amerindios del bloque norteamericano y suramericano, funda sus raíces en las sociedades prehispánicas, donde las más avanzadas y organizadas civilizaciones precolombinas se caracterizaron por ser sociedades inequitativas, porque su sistema fue estricto en propender progenies y en la devoción al Dios como último gobernante. Características que se verían luego impactadas por la concepción aristocrática de jerarquías sociales rígidas heredadas a través del proceso de colonización, cuando los “novohispanos” eran considerados súbditos, cuya destinación era la sumisión y callar en los asuntos públicos y gubernamentales. Por ello, las instituciones españolas, absolutistas y centralizadas, no permitieron la génesis de clases criollas, con el fin de dirigir (Emmerich, 2000).

Toda esta herencia podría explicar, entonces, por qué se ha logrado avanzar por los caminos de la democracia, si el ciudadano del común se siente alejado de una élite que constituye la “clase dirigente”. Se trata de una cultura política que es, además, el reflejo de una realidad donde prevalecen las desigualdades sociales y económicas, que ubican a Colombia en el tercer lugar de desigualdad en el marco global, superado por Haití y Angola, según la ONU (2011) en el Informe sobre desarrollo humano. En dicho informe, la ONU mostró que se ha pretendido realizar una cultura política de participación ciudadana, pero que ha sido obstaculizada. Tal como lo han afirmado Cuéllar y Oseguera (2008), “las condiciones de pobreza y pobreza extrema no permiten el desarrollo de una democracia plena” (p. 244). Sin hablar del clima de violencia, en distintas zonas del país, que tampoco ha permitido el desarrollo de condiciones favorables para la participación ciudadana.

Pese a esta perspectiva, algunos estudios realizados sobre al abstencionismo electoral han concluido que el fenómeno de la abstención permite pensar en una expresión de protesta y no de apatía (Zabala, 2010), lo cual hace imperioso atender el abstencionismo, pues, en efecto, si se considera que uno de los principios en que descansa la democracia es que los ciudadanos se interesen y estén motivados en la política, el hecho de que gran parte de la población no ejerza su derecho al voto, siendo este el recurso democrático por excelencia, la abstención puede ser el mayor síntoma de una “enfermedad” en la democracia.

De acuerdo con Zabala (2010), para la sociología de la abstención electoral existen dos razones fundamentales que explican este fenómeno. Por un lado, están quienes consideran que la abstención constituye una manifestación de exclusión pasiva, debido a la influencia de factores individuales, como el nivel de educación, la raza, el ingreso y la edad, entre otros. Por otro lado, se encuentran aquellos que consideran la abstención como una manifestación de protesta activa, especialmente, por el inconformismo que suscita la ineficiencia política; así como el desinterés por la política como factor de abstención se considera como una expresión de protesta. Pero, sea cual sea la razón que explique la abstención electoral, una cosa es evidente y es que en una democracia, un alto índice de rechazo, frente a un sistema político, resulta ser un asunto de gran relevancia que es necesario atender.

En efecto, si la democracia participativa se entiende como óbice metodológico para la participación ciudadana en el componente gubernamental, de acuerdo con Sánchez y Muriel (2007). Para lograr dicho objetivo, es necesario procurar el aumento de personas que sean titulares del sufragio, con el fin de propender creciente participación en asuntos públicos decisivos. A partir de esto puede concederse una convicción de lo político con el fin de determinar una soberanía que promueve la unión volitiva y consecuencia de ello, la concreción de un proyecto político.

Los procesos electorales
en Colombia

Cuando la Constitución de 1991 se sancionó, y con la apertura a la pluralidad de partidos, se dio inicio a un proceso democrático más incluyente. No obstante, la evidencia ha señalado que los partidos siguen siendo de unos pocos. Hay incluso quienes señalaron que en Colombia los sistemas de partidos dejaron de lado el bipartidismo tradicional para dar paso al sistema de múltiples partidos, pero realmente lo que se dio fue el “fraccionamiento de los partidos políticos tradicionales” (Velásquez, 2018, p. 140). El maestro Carlos Gaviria Díaz (2017), por ejemplo, en una conferencia ofrecida en Viena, señaló con referencia a las consideraciones expresadas acerca de los partidos, citando al expresidente Alfonso López Michelsen, que el constitucionalista argumentaba que cuando las elecciones se realizaban en regímenes absolutistas era “la carrera de un solo caballo”, y que cuando, al contrario, los regímenes eran democráticos, “la carrera se daba con varios caballos”, pero del mismo dueño.

Señaló también el maestro Gaviria (2017), en la citada conferencia, que cuando participó en diferentes campañas electorales en la costa norte de Colombia, una señora se le acercó y le dijo: “Doctor Gaviria no vaya a creer que aquí existen personas que compramos y vendemos los votos, aquí compramos y vendemos los votos”. Este asunto de la compra y venta de votos en Colombia es un secreto a voces, diferentes columnistas, escritores y doctrinantes lo han venido denunciando, sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido nada al respecto.

Así pues, Noam Chomsky (2017) ha señalado que en el mundo existen diez estrategias para la manipulación mediática de las personas, poco a poco estas se convierten en un credo para las clases dirigentes. Las mismas serán citadas solo a manera de ejemplo sin mayores exámenes:

1. La distracción. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. 3. La gradualidad. 4. Diferir. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. 9. Reforzar la autoculpabilidad y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismo se conocen. (p. 3)

¿Pero quién puede utilizar a su favor estas estrategias?, como señalaría Saramago, solo los ricos que tienen el capital y los mass media a su disposición y servicio, no solo para lo anterior, sino para pagar encuestas con ciertas metodologías que, de acuerdo con Palomares (2017), citando a la Corte Constitucional, presentaron problemas en la fundamentación constitucional de esta función electoral. Es por lo anterior que José Saramago (2014) sostiene que en el mundo son escasas o nulas las democracias y son muchas las plutocracias.

El voto en blanco como
alternativa de participación

Una de las formas electorales que ha tenido Colombia desde la década de 1970 ha sido el voto en blanco, esta posibilidad se ha dirimido en un mecanismo de participación, porque de su aplicación surge un veto social, una muerte política para los candidatos. No obstante, este mecanismo carece de significancia para el Estado y para la ciudadanía, razón por la que la Corte Constitucional arguyó en el examen que realizó de la Ley 84/93, y dispuso materia electoral para así no restarle importancia al voto en blanco:

equivale a hacer nugatorio el derecho de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad que también debe tutelar toda democracia. Desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta un desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de expresión de su opinión política. (Sentencia C-145 de 1994. M. P.: Alejandro Martínez Caballero)

Conforme lo dicho por la Corte Constitucional, en el sistema de participación política, el voto en blanco es una expresión de disenso cuyas consecuencias son políticas, promoviendo el espacio de libertad del sufragante, con un resultado decisivo en los comicios (Sentencia C-490 de 2011. M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva). Así pues, prima la participación en democracia, desde la génesis de la Constitución de 1991, pero son pocas las ocasiones en las cuales el voto en blanco ha sido verdaderamente relevante. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (2017), estos han sido los resultados:

2003. Elección de alcalde de Susa (Cundinamarca): Gana el voto en blanco por mayoría absoluta. 2007. Elección de alcalde de Maní (Casanare): Gana el voto en blanco al candidato con mayor votación, no por mayoría absoluta, sin efectos legales. 2010. Elecciones de Parlamento Andino. Gana el voto en blanco al candidato con mayor votación, no por mayoría absoluta, sin efectos legales. 2011. Elecciones de alcalde de Bello (Antioquia): Gana el voto en blanco por mayoría absoluta, con efectos legales. 2013. Elecciones atípicas de Gobernación del Huila: El Consejo Nacional Electoral ordena quitar toda la publicidad del voto en blanco, ante la inexistencia de un comité promotor. Esta decisión fue demandada y se encuentra en estudio ante el Consejo de Estado. (p. 5)

Como se observa, en dos ocasiones el voto en blanco ha generado los efectos por los cuales se creó; no obstante, la población colombiana prefiere dejar de votar, es decir, abstenerse de votar y permitir en últimas que otros elijan por ellos. En el 2015, dos pueblos colombianos, Tinjacá (Boyacá) y Florida (Valle del Cauca), dieron ejemplo en la utilización del voto en blanco, ya que en el proceso electoral para la escogencia popular de alcaldes, ganó el voto el blanco, convirtiendo este en un verdadero mecanismo de participación ciudadana.

Sobre el voto en blanco, el escritor José Saramago, en su libro, Ensayo sobre la lucidez, escribió una novela política que cuenta la historia de una ciudad capital de gran importancia, en la cual, en un proceso electoral, ganó el voto en blanco con un margen cercano al 83 %. Lo anecdótico de este texto, es que al lanzamiento del libro asistió el expresidente de Portugal, Mario Soares, quien increpó a Saramago por el mensaje del libro, de la siguiente manera, según Saramago:

En medio de un debate muy vivo, él me miró un poco descontento y me dijo: “¡pero hombre! ¿Usted no entiende que 15 por ciento de votos en blanco serían el descalabro de la democracia?” Y yo contesté: “¿y 40 o 50 por ciento de abstenciones no son el descalabro de la democracia?” Él no contestó, se quedó un poco indeciso, pero la conclusión a la que todos nosotros tenemos la obligación de llegar —y no porque yo lo diga, sino porque, sencillamente, la evidencia es la evidencia— es que entre la abstención y el voto en blanco, los políticos prefieren la abstención. (Saramago, 2006, p. 40)

A la premisa anterior, se debería agregar que para el sistema político reinante es preferible que la gente no piense, es decir, que no decida, pues la abstención hace que una elección sea legítima con un porcentaje de electores que a todas luces es bajo. El ciudadano que vota en blanco, al contrario del que no vota, logra expresar su disconformidad de manera explícita, convirtiendo al voto en blanco en un voto antisistema, en la expresada rara combinación de ser “un voto antisistema dentro del sistema” (Cotarelo, 1991).

Así pues, recordemos cómo solía ser la sociedad de la antigua Grecia e inspirémonos en ella. Según Aristóteles (citado por López, 2013), la sociedad clásica griega evidenciaba un buen ejemplo de participación de lo público, ya que 1.4 de habitantes tenía alguna clase de participación de lo público y aquel quien no tuviera injerencia por los asuntos públicos, era considerado un idiota (ilota), un ciudadano egoísta al no ejercer sus derechos y obligaciones.

En la sociedad actual, al contrario, la democracia no tiene mucha credibilidad, desde la visión de sistema —con el objetivo del deliberar sobre lo público— y se pone en entredicho el criterio de legitimidad de instituciones del Estado y posee un vacío de espíritu y ciudadano determinado en apatía y desinterés en querer participar. De acuerdo con López (2013), la sociedad contemporánea atraviesa un quiebre cultural causado por “una industrialización irreflexiva, el individualismo exacerbado y la indiferencia política” (p. 62). Por lo tanto, el antídoto que se plantea es la educación cívico-política, con el fin de buscar el fortalecimiento de la cultura política y democrática a través del fomento de valores cívico-éticos como la participación.

No obstante, esta propuesta, dirigida hacia la educación, existe otro sector que plantea como solución al abstencionismo, la posibilidad de instaurar el voto obligatorio en Colombia, con consecuentes sanciones sociales y económicas. Se estima que esta propuesta generaría una incertidumbre sobre sus consecuencias, sin descontar la oposición que podría suscitar, debido al actual entorno socioeconómico del país (Beleño y Vásquez, 2017). En efecto, podría pensarse en que esta forma de compulsión haría que el ciudadano en lugar de ejercer este derecho con convicción y compromiso, lo ejerciera como un deber, probablemente con el único fin de evitar una sanción, con lo cual, desde esta perspectiva, la instauración del voto obligatorio no contribuiría a la solidificación democrática.