Kitabı oku: «El derecho colombiano y la apertura en los debates sociales contemporáneos», sayfa 3
Conclusiones
A pesar de la buena intención del constituyente y de la Constitución de 1991, y aunque autores, como Barragán (2016), consideren que esta norma superior, “abre la posibilidad de la participación ciudadana a todos los sectores de la sociedad civil, que representan el conglomerado total de los habitantes del territorio” (p. 12), los procesos democráticos continúan siendo iguales a los anacrónicos y mantienen los inconvenientes de procesos de los siglos pasados. Los linajes, el compromiso de los mass media en favor de uno u otro, las financiaciones por parte de grupos no acordes a la ley, continúan permeando comisiones electorales en Colombia. Es por lo anterior que, como lo sostuvo el profesor Carlos Gaviria Díaz, en Colombia la democracia no existe y, más aún, cada vez se confirma la tesis del escritor José Saramago, al indicar que en el mundo no hay democracias sino plutocracias.
Actualmente, el modelo de toma de decisiones es pluralista, pero democrático con restricciones, y aunque es deliberado no logra proteger grupos minoritarios, se califica como abierto y estructura limitaciones a aquellos que no gocen de recursos económicos suficientes (López, 2017). De este modo, cada vez es más evidente, a pesar de las críticas de Bobbio, que es necesario realizar procesos educativos con la finalidad de dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para que asuman su rol con la democracia. Estas herramientas deben permitirle al hombre del común tomar decisiones forjadas bajo su criterio, su razón y su conveniencia pública y no sobre especulaciones, sentimientos o interferencias exógenas y menos sobre intereses particulares, como un favor político o un puesto para él o para los suyos. Es necesario también, en este proceso educativo, involucrar a la ciudadanía en los asuntos de interés común, empezando por cosas básicas o simples, desde no arrojar basura al piso, ceder la silla a las personas que la necesiten, hacer la fila, hasta procesos de mayor relevancia como la elección de los gobernantes.
El camino de la educación consolidaría una cultura ciudadana que permitiría elevar y fortalecer los valores democráticos. En el escenario educativo, se estima la necesidad de intensificar los esfuerzos para contribuir a la proyección de un ciudadano capaz de comprender sus obligaciones, asumir y hacer respetar sus derechos. En efecto, de acuerdo con Woldenberg (2007), es imprescindible elevar el nivel de una cultura cívica propiamente democrática, para que la participación de los ciudadanos se realice de manera consciente, informada y libre, creando la respectiva política pública, entendida como el instrumento idóneo para consolidar la gestión y actividad del Estado (Molina, 2017).
En la actualidad, gran parte de los colombianos ven lo público como un asunto que no les pertenece o no les incumbe, consideran que son menesteres en los cuales ellos no deben y no pueden participar. En consecuencia, se presenta la apatía y la poca intervención en sus decisiones, empezando por el abstencionismo. Igual indiferencia se evidencia en las autoridades electorales, pues no existen estudios completos sobre la abstención, que muestren cuál es la población que más se abstiene de votar y mucho menos sus razones.
Como alternativa, para repensar la democracia como lo exige Saramago, es necesario utilizar los mecanismos con los que cuenta la Constitución, con el fin de que los ciudadanos tomen decisiones adecuadas respecto a lo público. La revocatoria del mandato y el voto en blanco son ejemplos claros de lo que se puede hacer cuando la inconformidad reina dentro de la población. ¿Qué ocurriría si en una elección presidencial, aquellos que se abstenían ahora votaran en blanco?, posiblemente empezaríamos a repensar nuestra democracia a partir de una reflexión acerca de los partidos políticos que existen y que dominan. Posiblemente se rompería con la vieja tradición de que en Colombia siga reinando y triunfando el bipartidismo y necesariamente, por primera vez, los ciudadanos ya no solamente votarían, sino que verdaderamente decidirían.
Referencias
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Participación comunitaria,
competencias ciudadanas
y habitus jurídico[*]
ÁLVARO HERNÁN MORENO DURÁN
JANNETH MILENA PACHECO BAQUERO
La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre.
JONATHAN HENNESSEY
Introducción
El grupo de investigación de derecho privado del Centro de Investigación Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho (CIFRAVI) de la Universidad Santo Tomás realizó un estudio en la localidad de Fontibón con un grupo de ciudadanos como parte de su quehacer académico y para apoyar la proyección social de la institución. Coherentes con la tradición tomista, el proyecto se enmarcó en el método del ver, juzgar y actuar, donde a partir del ver, fue posible hacer un diagnóstico del conocimiento de la cultura jurídica del grupo de ciudadanos seleccionados, y con el actuar impartió conocimiento jurídico, permitiendo la vinculación de la academia con las comunidades, aportando al desarrollo de preceptos esenciales como los de ciudadanía, control social y participación comunitaria en la vida comunitaria y ciudadana.
La justificación de esta propuesta surge como consecuencia de la nueva concepción de Estado y ciudadanía que incluye la Constitución de 1991, en la que se fortalece y profundiza la democracia participativa. Para esto, el mismo texto constitucional otorga a los ciudadanos mecanismos para promover el pluralismo y la participación que les permite, como sujetos activos, tomar decisiones en los asuntos que les afecte e interese, tanto en su vida económica, política, administrativa y cultural, como, en el solicitar y controlar el quehacer de las autoridades públicas. Mecanismos de participación que después de más de 25 años de vigencia de la Constitución, y un detallado desarrollo en la Ley 134 de 1994, modificada por la Ley 1757 de 2015, son invocados con mayor recurrencia por la ciudadanía de conformidad con las estadísticas consultadas de los procesos electorales que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil[1]. No obstante, el desconocimiento y el inadecuado ejercicio de tales mecanismos en el escenario electoral, como en otros procesos públicos y sociales, no contribuyen necesariamente a fortalecer nuestro débil y expuesto Estado democrático. Por tanto, es menester que estas valiosas herramientas de participación sean mejor conocidas en su contenido y técnica para que alcancen realmente los objetivos que con ellos se persiguen.
Por lo anterior y conscientes del papel que desempeñan las universidades en la sociedad, con sus facultades y el apoyo de la comunidad académica en general, se quiso contribuir con la educación y la capacitación de poblaciones vulnerables, en la difusión y comprensión de los conceptos asociados de Estado, la democracia y el adecuado y responsable uso de los mecanismos de participación por parte de la comunidad. Todo esto, gracias al apoyo y la sinergia que se generó con la Dirección de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás (en adelante USTA), en Bogotá.
Fue así como el objetivo general planteado para el proyecto consistió en contribuir a la construcción de unas competencias ciudadanas, con la idea de, a partir del conocimiento de la realidad, afectar el habitus jurídico de unos ciudadanos que hacían parte de un colectivo seleccionado.
Como objetivos específicos, se plantearon: i) inmiscuir a la USTA en los problemas sociales como agente de transformación, ii) capacitar desde los conocimientos académicos en competencias ciudadanas a la población interesada e iii) incentivar a la comunidad a ejercer sus derechos como ciudadanos. Esto último, luego de que reconozcan la importancia de tener una cultura jurídica en competencias ciudadanas, que les permitirá buscar mejores y eficaces formas de protección de sus derechos.
Los anteriores objetivos, se lograron por medio de la aplicación de una investigación con enfoque de acción participativa (IAP) por parte de un grupo de docentes de la Facultad de Derecho de la USTA y la población seleccionada. Luego, mediante sesiones llevadas a cabo de manera semanal, los docentes formaron a un grupo de mujeres, cabeza de familia de la localidad de Fontibón, en temas jurídicos y aplicaron talleres de pedagogía ciudadana, generando conocimiento autogestionado con base en la relación del espacio social y los principios de las herramientas jurídicas, políticas y administrativas expresadas en la Constitución, recreadas y discutidas por el grupo participante.
Esta enriquecedora experiencia arrojó resultados que fueron altamente valorados por las dos partes y pusieron en evidencia los aportes que hace la comunidad universitaria a la comunidad. Además, fue una oportunidad valiosa para brindar información y herramientas que, se espera, le permitan a quienes asistieron a las actividades, alcanzar niveles más altos de alfabetismo jurídico que repercuta en el mejor ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
Finalmente, no se puede dejar de mencionar el proceso de paz en Colombia como tema importante ahora y durante los próximos veinte años en los que se proyecta su implementación, dado que fija las condiciones de cómo será la actividad del Estado y sus obligaciones frente a las comunidades en aspectos de diferente índole. Por lo tanto, el proyecto incluyó algunos puntos que se consideraron relevantes sobre el último acuerdo de paz que fueron desarrollados por los docentes con el propósito de complementar el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y habilidades, aptitudes y comportamientos en este tema, con lo que se espera contribuir a dicho proceso, pero a partir de la localidad.
La investigación participativa
en la Facultad de Derecho de la USTA
y su pertinencia para la transformación
de las dinámicas sociales
El método de investigación acción participativa fue desarrollado por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, quien buscaba desarrollar una forma de entablar un diálogo entre lo académico y lo popular. Con el proyecto, “Competencias ciudadanas y participación comunitaria”, se buscó hacer esta vinculación, específicamente, en el campo del derecho, por medio del trabajo con una comunidad de la localidad de Fontibón, en Bogotá, para evaluar y promover una investigación pedagógica. Cabe señalar que este método es considerado innovador y revolucionario en las ciencias sociales, por varias razones. La primera, el enfoque de estudio rompe con una relación típica sujeto-objeto, y pasa a una relación sujeto-sujeto, entre el investigador y la comunidad investigada (Colmenares, 2012), permitiendo que los profesores investigadores, junto con los estudiantes, relacionen y apliquen los conocimientos teóricos propios de la Facultad de Derecho, ante las necesidades y la comprensión de la comunidad, promoviendo así la difusión de la cultura jurídica y quizás un primer paso hacia la educación popular en derecho.
La segunda, porque su aplicación rompe con el eurocentrismo teórico, y se adapta a lo enunciado por Boaventura de Sousa Santos, llegando a la aplicación de las epistemologías del sur, siendo un método propio de Colombia y acogido en toda América Latina (De Sousa, 2011).
La importancia de la participación
en el derecho colombiano
A finales del siglo XX, lo que inició en una iniciativa ciudadana, se convirtió en el suceso más importante para la historia del derecho colombiano contemporáneo, la génesis de la Constitución de 1991. Esta puede ser considerada la más legítima de la historia, pues surgió como una iniciativa popular y marcó la pauta sobre la importancia de la participación en el quehacer ciudadano en Colombia.
En cuanto a sus orígenes, los antecedentes a la promulgación de la Constitución del 1991 son el punto de partida para hablar de la participación ciudadana en Colombia. La crisis política y social que vivió el país por la ola de violencia proveniente del narcotráfico y la clase política corrupta de la época impulsó un movimiento social, representado por jóvenes estudiantes decididos, que promovió por primera vez en la historia un procedimiento por fuera de los que contemplaba la Constitución de la época para su reforma[2]. De tal manera, por medio del movimiento que se conoció como la Séptima Papeleta, realizaron una consulta directa al pueblo para que manifestara si deseaba o no una Asamblea Nacional Constituyente que cambiara la constitución vigente.
Pero la consulta arrojó cerca de “2 millones de votos y provocó una situación de facto, haciendo que el presidente de la época, Virgilio Barco Vargas adoptara la tesis del poder vinculante y soberano de la voluntad del constituyente primario” (Quinche, 2012, pp. 19-21), quien en ejercicio de facultades extraordinarias[3] expidió el Decreto Legislativo 927 de 1990, donde, para las próximas elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, se votaría sí o no sobre la siguiente pregunta:
Para fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia? SI o No. (Decreto 927, 1990, art.2)
Luego de la consulta realizada en mayo de 1990, en la que se dio luz verde a la convocatoria de la asamblea con un 86 % de aceptación y una larga y tortuosa batalla jurídica derivada de interpretaciones mal intencionadas de las fuerzas políticas de la voluntad del pueblo, la Corte Suprema de Justicia en octubre de 1990, en una decisión histórica revisó y declaró la constitucionalidad de los decretos que sustentaban la elección del cuerpo constituyente. Fue así como nació la Constitución de 1991, dando inició a una nueva forma de Estado, administración y sobre todo a una cultura constitucional (Reyes et al., 2016).
Pero a pesar de que la participación se enuncia como un principio fundante del Estado colombiano, no se han vuelto a presenciar revoluciones ideológicas como la de 1991, por lo que, para que sean efectivos los mecanismos de participación y ejercidos en debida forma en estos tiempos de crisis, es necesario volcarse en la formación de ciudadanos con competencias que les permitan generar iniciativas, ejercer control a las autoridades y exigir la garantía de sus derechos, reaccionando con ideas y cambios y no con violencia frente a cualquier otro acto que afecte el desarrollo ciudadano.
Así, el grupo de Estudios en Derecho Privado de la USTA diversificó la investigación tradicional que se venía llevando a cabo en la Facultad de Derecho y en el marco de la línea de Sociología Jurídica se interesó en hacer investigación hacia afuera, por lo que comenzó a indagar en el conocimiento jurídico y político de los ciudadanos cotidianos, planteando el proyecto “Competencias ciudadanas y participación comunitaria”, donde, por medio de la investigación acción participativa y a partir de elementos de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y con el acompañamiento de expertos en diferentes áreas del derecho, se intervino una comunidad vulnerable para conocer y fortalecer por primera vez, en estos espacios, el habitus jurídico de los ciudadanos, en relación con su capital cultural y vinculado con sus conocimientos jurídicos.
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