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Neoliberalismo en la educación superior mexicana

Durante la época del neoliberalismo, los ámbitos de la educación y del trabajo se vieron especialmente afectados. El primero porque fue empleado para reproducir la ideología de ese sistema mediante políticas que fomentaron la individualidad y la competitividad sobre la solidaridad, las decisiones colegiadas y el trabajo en grupo o en equipo. El mundo del trabajo se vio afectado porque fue la arena en la que se desarrollaron luchas personales por no ser despedido y por obtener beneficios o incentivos a toda costa sin importar el otro. Los trabajadores sometidos a estas dinámicas en las aulas y en los espacios laborales durante 36 años llegaron a las organizaciones, empresas, comercios o instituciones a anular o suprimir a los posibles competidores. Como los espacios universitarios combinan ambas esferas, la educación y la dinámica laboral, ello ha redundado en una redefinición hacia el individualismo y la competencia en sus culturas organizacionales, acordes con las políticas neoliberales (Ibarra, 2001).

En las comunidades académicas de las Instituciones Públicas de Edu­ca­ción Superior (IES) la competencia y el individualismo se exacerbaron incluso como políticas institucionales vía los estímulos al desempeño y a la productividad, siendo el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado en 1984, un eje muy importante de esta política. Al SNI se accede solo si se tiene adscripción de tiempo completo en una IES y se cuenta con un posgrado, preferentemente doctorado. Además, un comité de pares determina que el investigador que solicitó el ingreso reúne los méritos académicos suficientes para alcanzar esta distinción que, además de prestigio, otorga bonos económicos, por lo que en las comunidades académicas ingresar al SNI se convirtió en un objetivo generalizado.

Entre otros procesos, la transformación de las IES se produjo porque el Estado dejó de considerarlas instituciones públicas en las que se impartía educación, a la vez que eran productoras de conocimientos especializados, para ser concebidas como empresas que ofrecen servicios dirigidos a responder a las demandas del mercado. Como consecuencia, inició un proceso de evaluación continua con indicadores de desempeño definidos por burócratas tecnocráticos al margen de las comunidades académicas. Esto, aunado a la contracción de la matrícula de estudiantes y de la oferta laboral para los profesionistas que quieren ingresar a ellas como profesores-investigadores de tiempo completo, trastocó la dinámica interna de estas instituciones, sin duda, haciendo surgir voces críticas a estas políticas, para fomentar equipos de trabajo honestos y solidaridad, pero también se conformaron grupos para allegarse poder y recursos con el fin de cumplir con los estándares que ahora se exigían utilizando estrategias éticamente cuestionables.

Estas estrategias generalmente tienen un doble fin: beneficiar a los integrantes de dichos grupos y boicotear a quienes les representan competencia o afectan de alguna manera sus intereses. La lista de acciones destinadas a perseguir estos fines es larga, pero se pueden mencionar entre las más comunes: la coautoría pactada de publicaciones, ocupar con personal académico del equipo posiciones en consejos y comisiones para vigilar que no se afecten los intereses del grupo o de sus miembros, asignar estudiantes de posgrado a los profesores del equipo,2 rechazar o impedir que los alumnos se adscriban con los que les representen competencia y utilizar los concursos de oposición para el ingreso de personal académico que apoye a su grupo, aunque haya concursantes mejores. En esta última estrategia se centra el interés principal de este trabajo.

Obviamente, al ponerse en marcha las acciones negativas mencionadas líneas arriba, con frecuencia se afecta injustamente a terceros, muchas veces de manera obvia, pero otras sin que los interesados se percaten de ello. Como consecuencia de estas dinámicas, se boicotea, se interrumpe o se hace más difícil el desarrollo de carreras profesionales, además de que se contribuye a hacer tóxicos los ambientes académicos. Así, se impide que excelentes proyectos de investigación reciban financiamiento o el monto que merecerían; alumnos que por méritos propios debieran entrar a programas de posgrado son rechazados; artículos bien estructurados y fundamentados no son aceptados para publicación; exámenes de grado con tesis de buena calidad son postergados o nunca realizados; a tesis y publicaciones que merecerían premios, les son negados; se expulsa o se reprueba injustamente a alumnos cuyos trabajos terminales los dirigen profesores que no son afines a los grupos de poder, etcétera.

Los concursos de oposición para el ingreso de personal académico definitivo no escapan a estas dinámicas negativas. Si bien están basados en reglamentación universitaria elaborada para garantizar equidad y condiciones justas entre los concursantes que aspiran a una plaza definitiva, en los hechos no siempre ocurre así. Cada vez es más frecuente que estos grupos con poder formal o informal manipulen los concursos, bien boicoteando a quienes no convienen a sus intereses o garantizando que los “ganen” sus allegados. Sin embargo, dado que estos procesos ocurren dentro de marcos y procedimientos reglamentarios, sus resultados hacen aparecer las arbitrariedades académicas que se cometen como procedimientos legales, por lo que la parcialidad o la injusticia son muy difíciles de probar y defender.

Ante tal panorama cada vez más frecuente, el objetivo de este trabajo es rescatar el impacto de resultados negativos en quienes, teniendo un alto nivel profesional, son eliminados a través de concursos manipulados. También es de interés indagar si la situación de indefensión en que posteriormente se encuentran afecta su posibilidad de confrontar las injusticias a que fueron sometidos.

Entre las muchas prácticas de workplace bullying que se han documentado en las universidades mexicanas, la eliminación dolosa de candidatos no ha merecido la debida atención, a pesar de que en las últimas décadas se ha convertido en un hecho muy común. Consideramos que estos casos deben comenzar a documentarse y a exponerse para garantizar que en el futuro inmediato los concursos de oposición sean justos, de manera que realmente los ganen los mejores candidatos, para fortalecer así los intereses institucionales y no los de grupos particulares. Para el análisis de este tipo de violencia institucional es necesario definir algunos conceptos.

Conceptos básicos y definiciones
Nulificación del disidente, el incómodo, el que reta

Como uno de los ejes de análisis, se adecuará a este contexto lo que Brian Martin define como supresión de la disidencia (supression of dissent) (Martin, 2018). En este caso se refiere al proceso de nulificación de candidatos con méritos académicos que se lleva a cabo en contra de quienes no convienen a los intereses creados de grupos con poder formal o informal dentro de las organizaciones, que incluye castigar la disidencia, pero va más allá. Martin define la supresión de la disidencia como sigue:

Acción tomada en un intento de detener o castigar a una persona que hace una declaración pública o realiza algo que se considera una amenaza para un grupo poderoso, como un gobierno, una corporación o el de una profesión. Las acciones típicas incluyen el ostracismo, el acoso, la censura, la transferencia forzosa de empleos, las reprimendas y el despido. La nulificación es una acción contra el disenso que no implica violencia física (Martin, 2018, traducción propia).

Este autor posteriormente enlista los métodos más comunes empleados con este fin: censura de la escritura, bloqueo de publicaciones, bloqueo de citas, bloqueo de promociones, bloqueo o retiro de becas de investigación, transferencias forzosas de trabajo, reprimendas, negación de oportunidades de investigación, acciones legales, ostracismo, acoso, despido, inclusión en una lista negra y difusión de rumores. Habría que agregar a esta lista el hecho de ser eliminados como candidatos a personal de investigación y docencia de base a través de concursos de oposición amañados.

Según Martin y Peña, la nulificación:

conlleva ataques contra los disidentes y descontentos, así como también contra las ideas o comportamientos que desafían la ortodoxia o los intereses de grupos poderosos. […] Con menor frecuencia, los esfuerzos para lograr la eliminación social de alguien se basan en razones personales, como tenerle aversión, querer ejercer venganza por celos personales o profesionales o por conflictos o desacuerdos anteriores. La anulación también puede deberse a “daño colateral” […] (Martin y Peña, 2011: 285).

Según Brian Martin hay tres formas de anulación:

1. Directa, ya consignada líneas arriba. 2. Indirecta, es consecuencia de la forma en que los grupos poderosos controlan a las principales instituciones, particularmente en el empleo y en la educación. Las personas que encuentran que las ideas institucionalizadas son irrelevantes, enfrentan la supresión de sus propias ideas por falta de oportunidades para expresarlas. También pueden experimentar nulificación directa si intentan provocar cambios. Y 3. Autocensura, que se pone en marcha porque las personas están preocupadas y prefieren no arriesgar sus empleos, sus perspectivas de promoción o su capacidad de vivir sin amenazas en su comunidad, también puede derivarse de temer ser blancos de nulificación directa. La autocensura hace innecesaria la nulificación realizada por terceros (Martin, 2012: 246, traducción propia).

La gama de razones por las que en los concursos de oposición se llega a la nulificación de un candidato que debió ganar una plaza ocurre predominantemente sobre tres ejes: que haya amenazado al grupo de poder de alguna manera voluntaria o involuntaria, que se quiera nulificar o debilitar al grupo al que este candidato pertenece porque representa una amenaza o competencia o, simplemente, que la plaza esté pensada para un concursante que ya forma parte del grupo de poder. Por supuesto, la animadversión hacia un candidato específico también es posible, así como otros motivos puntuales, aunque son menos comunes. La nulificación del candidato se produce a través de otro concepto, el denominado “manejo administrativo amañado” (administrative shamdealing).

Manejo administrativo amañado

De acuerdo con Osborne: “[…] las diferentes acciones que se llevan a cabo como resultado de un manejo administrativo amañado tienen la apariencia de ser genuinas, pero en realidad se caracterizan por un uso engañoso de los procesos legítimos” (2009: 1). La autora considera este manejo como una forma adicional de violencia, nulificación e intimidación en el lugar de trabajo.

Consiste en un trato injusto, pero bajo la apariencia de un proceso administrativo legítimo y genuino, que no lo es. El manejo administrativo amañado es común en un conjunto de procesos en las instituciones de educación superior, dado que estas tienen que demostrar que actúan legalmente, incluso si no lo hacen, como en el caso en las evaluaciones de pares. Es una parte fundamental del proceso de evaluación de candidatos para plazas definitivas de profesores de tiempo completo de una manera sesgada (Osborne, 2009, traducción propia).

Anulación de la disidencia en universidades bajo el sistema neoliberal

Entre otros procesos, la apertura comercial en México interfirió con la vida académica en las universidades, en especial en las de corte público, laico y gratuito. Su relación con el mundo laboral se vio modificada por una tendencia del mercado a valorar el know how, y comenzó a formarse en sus aulas a los futuros trabajadores, lo que derivó en que por política pública muchos planes de estudio se redefinieron, organizándose a través del desarrollo de competencias.

Por ejemplo, en algunas universidades ello ocasionó que se conformaran grupos enfrentados entre quienes defendían la universalidad de la educación, el derecho a esta, la libertad de pensamiento, el conocimiento y el saber generados de manera colegiada e inter o transdisciplinar por encima de la educación técnica; y los que se alineaban con las demandas del sistema neoliberal basado en individualidades competitivas con base en postulados lineales de causa/efecto. De esta polarización basada en las políticas públicas surgió también la anulación entre personal académico, alumnado o personal administrativo, según las posiciones en un bando u otro, en un intento por hacer prevalecer la propia postura. Por supuesto, para la contratación de nuevo personal académico definitivo unos y otros trataban de que los exámenes de oposición fortalecieran sus propias visiones, cayendo en la tentación de nulificar a quienes no compartían su propia postura académica o contravinieran sus intereses políticos en lugar de favorecer la pluralidad.

Metodología

Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto —comprender el proceso de quienes “no ganan” los concursos de oposición por razones extraacadémicas—, se analiza la experiencia de una informante de alto nivel académico que participó y fue nulificada para favorecer a los concursantes que convenían a los grupos de poder, en dos concursos sucedidos en dos campus distintos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), institución pública mexicana de carácter federal que tiene cinco sedes en la Ciudad de México y el área metropolitana.

Se seleccionó a esta informante porque ella contaba con la documentación completa de los dos concursos y aceptó proporcionarla. Un concurso se llevó a cabo en el año 2013 y el otro en 2017. Ello redunda en congruencia, en tanto que los dos casos ocurrieron en la misma institución y a la misma persona. La selección intencional de la informante se debió también a que aceptó ser entrevistada, lo que permite profundizar en estos casos negativos, desviantes y paradigmáticos: “con mayores ventajas para los fines que persigue la investigación” (Martínez, 2006: 86). Se realizaron dos entrevistas en profundidad semiestructuradas a la informante a través de guiones que dieran cuenta de su experiencia.

Nos parece muy importante rescatar la dinámica de estos exámenes porque, precisamente como resultado del individualismo y la competencia que se han instaurado en prácticamente todas las interacciones personales, las trayectorias de los alumnos excluidos de las universidades, los que reprueban y desertan, así como las de los académicos nulificados a través de concursos amañados o de otro modo, son invisibilizados por el sistema. Por ello, la entrevista en profundidad persigue, en general, “la singularidad de la experiencia vital de cada uno de los informantes, los significados subjetivos que para ellos acarrea un hecho social determinado” (Izcara, 2014: 145).

Las dos entrevistas fueron diferentes en sus metas. Una se planteó con base en los argumentos introductorios y de problematización entre neoliberalismo, tecnocracia y estrategias de eliminación, y la otra, con base en Martin (2012) y en Martin y Peña (2011), en lo concerniente a las estrategias de eliminación de la disidencia. Se optó por estos instrumentos porque se obtiene mucha más información con preguntas abiertas: “sobre problemas y necesidades de las personas, y sugerencias para resolverlos; opiniones respecto a situaciones, cosas y personas; descripción de hechos o fenómenos; y conocimiento de actitudes, expectativas, costumbres, experiencias, etc. de las cuales tenemos poca información” (Cortés, 2012: 105).

La primera entrevista constó de nueve preguntas con opción de respuesta abierta y la segunda de diez preguntas con tres alternativas de respuesta, de las cuales dos fueron cerradas: sí y no, y una tercera abierta: cómo/por qué. Al diseñar las guías de entrevista se codificaron los ítems o categorías para decodificar o facilitar las respuestas abiertas en símbolos traducibles a explicaciones de acuerdo con el objetivo de investigación. En el primer instrumento se incluyeron nueve preguntas: consecuencias de la competencia y el individualismo, transformación de las universidades, conformación de grupos, utilización de espacios académicos, causales, ideas no compatibles, mal desempeño, rasero y recurso único. En el segundo hubo menos ítems a preguntar ya que se agruparon algunos: bloqueo, reprimendas, negación, acciones legales, ostracismo y acoso, despido, lista negra y rumores. Asimismo, de la lista de Martin (2012) se eliminaron tres puntos que no eran pertinentes para los casos.

En el trabajo de campo surgieron nuevos temas que se consideraron en el análisis e interpretación —para el instrumento a partir de los argumentos introductorios y de problematización entre neoliberalismo, tecnocracia y estrategias de eliminación resultaron diez nuevos, y del que se basó en Martin (2012) y Martin y Peña (2011) surgieron siete—. La información recabada se categorizó acorde a los ítems de las guías de entrevistas, así como a los que surgieron durante su desarrollo. Al ser la entrevistada una académica con formación de alto nivel, en la construcción de las guías se emplearon conceptos y categorías sin menoscabo de sus conocimientos y saberes. Ella misma pidió anonimato.

El registro de las entrevistas se hizo de manera directa en una computadora conforme se realizaron, no se grabaron en audio. Se efectuaron en dos sesiones, empezando por la que tuvo como base teórica a Martin (2012) y a Martin y Peña (2011), que duró una hora, dado que se trataba del tema específico de la investigación, y la segunda una hora y media. Los instrumentos se comprobaron de manera cruzada con controles sobre los relatos en cada respuesta al realizar la segunda entrevista, ya que consideramos que, de acuerdo con Aceves (2000: 9), la persona entrevistada en su proceso de recordar puede “posicionar las acciones personales en los contextos sociales no previstos, inventar salidas y opciones de acciones personales que nunca acontecieron, resemantizar la vida y buscar nuevas salidas al laberinto que ha sido la vida personal” al traer a la memoria el pasado.

La validez de los instrumentos se sometió a crítica constructiva entre las autoras y otro colega que investiga el tema, sin ser autor del presente texto, y se siguieron estrategias que recomienda Izcara para la obtención de un alto grado de “adecuación de los resultados a la realidad social” (2014: 47).

Las preguntas del cuestionario guía del primer instrumento se escribieron con base en los métodos de Martin (2012): ¿Censuraron tu escritura? ¿Te bloquearon publicaciones? ¿Te bloquearon citas o referencias a tus publicaciones? ¿Te bloquearon promociones? ¿Te bloquearon o retiraron becas de investigación? ¿Te hicieron transferencias forzosas de trabajo? ¿Te hicieron reprimendas? ¿Te negaron oportunidades de investigación? ¿Fuiste sujeto de acciones legales que te afectaron? ¿Sufriste ostracismo y acoso? ¿Fuiste despedida? ¿Pasaste a formar parte de la “lista negra”? ¿Se difundieron rumores sobre ti que te afectaron? Las preguntas del segundo cuestionario están implícitas en el apartado “Análisis e interpretación de resultados”, una por párrafo.

Los exámenes de oposición como procesos de nulificación y exclusión

A partir de finales de la década de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, la contratación, promoción y permanencia del personal académico definitivo en las IES públicas se fueron normando, hasta terminar constituyéndose en procesos basados en reglamentos específicos con fundamento en la Carta Magna y la Ley General de Educación.

Dos campus distintos de la UAM fueron el escenario de los dos casos que analizaremos, como ya se dijo, vividos por una sola informante clave. En el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) de esta universidad se señala que dicha normativa: “proviene del Artículo 3o., Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se otorga, entre otras, competencia a las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley, para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico” (UAM, 2015).

Dado que es una institución que recibe y ejerce recursos públicos federales, se apega a lo que establece su normativa, haciendo públicas a través de su Órgano Informativo las convocatorias de los exámenes de oposición y las etapas del proceso, tal como lo mandata la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (2016); en los hechos, las personas que toman decisiones al respecto, en una gran cantidad de ocasiones lo hacen con base en sus propias interpretaciones de dichos reglamentos y con arreglo a sus propios intereses, poniendo en marcha shamdealing para favorecer/nulificar a candidatos específicos.

Ello ocurre desde la etapa de formulación del perfil del puesto, el cual se elabora con miras a que resulte idóneo para algún candidato específico. Lo mismo sucede con la designación de los evaluadores, que muchas veces incluso actúan bajo consigna, con la asignación de puntos a los curriculum vitae de los concursantes, que se definen según un tabulador para que, en su caso, obtenga el mayor puntaje el concursante deseado, y con la dinámica del examen en sí. Es decir, en todo el proceso tácitamente se pone en marcha shamdealing de las reglas para favorecer/nulificar concursantes.

Esto, además, en un contexto marcado por el neoliberalismo donde hay que enfrentar, entre otros factores adversos, un presupuesto disminuido para plazas —como argumento extraacadémico, debiera exigirse la creación de los puestos necesarios para atender a la matrícula de alumnos, a la realidad social del país, a los avances científicos y tecnológicos, etcétera—. También se esgrimen argumentos que responden a los intereses de grupos científicos ya consolidados en los diferentes departamentos que, por ejemplo, promueven el positivismo vs. otras perspectivas, lo que confluye en un interés político y no académico, dado que lo lógico sería que se fomentara la diversidad epistemológica; sin embargo, se genera discriminación hacia otras formas de pensar, de hacer ciencia y de vivir la universalidad, entre otras consecuencias desventajosas para la formación de los alumnos.