Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 2
Proceso judicial contra Humberto Mewes y otros: injurias
Los titulares de El Siglo en la campaña senatorial por Santiago en 1958 (elecciones complementarias para reemplazar al exsenador y nuevo Presidente Jorge Alessandri) expresaban las consignas del FRAP en apoyo a la candidatura de Humberto Mewes, exministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia y excontralor general de la República11. «Con Mewes en Plaza Bulnes hoy Santiago repudia las alzas», era el titular para la última concentración a favor de su candidatura. Las elecciones se efectuarían el 11 de enero de 1959.
Mewes comparó la derecha política con los que traicionaron a O’Higgins y Balmaceda. También con los que conspiraron contra el movimiento social de 1920 y que no descansaron hasta derribar a su abanderado Arturo Alessandri, «cuyo bronce que se alza allí al frente llora lágrimas amargas por el ataque del hijo soberbio contra los intereses populares que el padre procuró interpretar en aquella época». Dijo en el mismo discurso: «He acusado al gobierno de intervención electoral como también lo ha hecho el candidato señor Puga con quemantes frases. Por esta actitud, el Ejecutivo me ha amenazado con instruirme un proceso por supuesta injuria a las autoridades (…) los partidos de la reacción firman un contubernio siniestro para aplicar a sangre y fuego una política de hambre y represión»12.
El día de la elección, El Siglo tituló: «Contra el gobierno y las alzas. Vote por Mewes. Vote por Chile»13. Al día siguiente el titular del diario fue: «Avanzó el FRAP. Bajó la derecha. Desde hoy el P. Radical come en La Moneda»14. Una foto de Mewes sufragando junto a Baltazar Castro (Vanguardia Nacional del Pueblo, VNP) ilustraba el comentario: «Mewes declaró la noche de la elección: “Yo he recibido una cantidad tan considerable de votos que el resultado final es un accidente pasajero en la lucha del pueblo contra sus seculares enemigos”»15. A pesar de las declaraciones del FRAP y de Mewes, los resultados fueron claros: Francisco Wachholtz (PR) obtuvo 190.492 votos; Mewes, 161.368 votos16.
En esos días el comité del Partido Democrático informó a la Cámara de Diputados sobre la declaración del subsecretario del ministerio del Interior refiriéndose a que ya estaría redactada una querella por injurias en contra de Humberto Mewes, con motivo de los discursos que el excandidato a senador habría pronunciado durante su campaña17. En una sesión posterior, el diputado Humberto Martones (Partido Democrático, luego PADENA) señaló que la querella se basaba en que Mewes habría dicho que el actual Presidente de la República habría tenido que gastar miles de millones de pesos para alcanzar la primera magistratura de la Nación18.
Con fecha 15 de enero de 1959, el gobierno se querelló contra Mewes por injurias, calumnias y difamación realizadas en un discurso durante su campaña electoral, invocando la ley de seguridad interior del Estado. La querella se hizo extensiva al director del diario El Siglo, Roberto Landaeta y a la imprenta Horizonte por la publicación del discurso el 31 de diciembre de 1958. En la querella se indicó que tanto los dichos de Mewes como su publicación en el diario El Siglo eran expresiones «altamente injuriosas» contra la persona del Jefe de Estado. El subsecretario de Interior, Jaime Silva, precisó en una declaración que el objeto de esta querella era que Mewes respondiera por sus declaraciones contra la persona del Presidente19. La sala de verano de la Corte de Apelaciones designó como ministro sumariante a Ricardo Martin Díaz para conocer el proceso por injurias contra el Presidente Jorge Alessandri20.
El Siglo informó que en los más altos círculos judiciales se estimaba que la querella del gobierno era improcedente y que incluso dos de los hermanos del Presidente y el propio ministro del Interior le habrían dicho que no la presentara. Varios abogados esperaban, según El Siglo, que el ministro Martin no acogiera a tramitación la querella, pero éste igualmente lo hizo21.
En la Cámara, el diputado Juan de Dios Reyes (Partido Conservador Unido, PCU), en defensa de la denuncia por injuria, señaló que Mewes había afirmado que el alza del precio del papel se debía a que Su Excelencia el Presidente de la República tenía que resarcirse de los gastos de la última elección, como único dueño de la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones. «¡Y esto es una injuria! (…) es importante aclarar estas cosas, (…) el Primer Mandatario está salvaguardando el prestigio de la democracia al pedir que se castigue a los que injurian al Presidente de la República, porque ya es bueno que se sepa que no se puede injuriar impunemente (...)»22.
El diputado Humberto Martones respondió que «los diputados del Frente de Acción Popular (…) tenemos plena confianza en que los Tribunales de nuestro país, con la independencia que les es característica, sabrán eximir de culpa al excandidato señor Mewes, que no ha hecho otra cosa que decir públicamente lo que todo el país sabe»23. Solicitó que se dirigiera oficio, en nombre del Comité Independiente, a Su Excelencia el Presidente de la República, «con el objeto de que se sirva informar a esta Corporación acerca del monto a que ascendieron los gastos de su campaña presidencial»24.
El ministro Martin inició la investigación del caso interrogando a Roberto Landaeta, director de El Siglo, quien declaró que el diario había reproducido el discurso escrito que le fuera entregado por la colectividad del candidato y que, a la dirección del diario, el discurso no le pareció injurioso25. Mewes declaró ante el ministro acompañado de su abogado, el socialista Tomás Chadwick26. Rechazó la acusación de injurias y calumnias, insistiendo que se trataba de una crítica política27. Miguel Schweitzer, como abogado querellante en nombre del gobierno, presentó un escrito en el que solicitaba la inmediata detención de Mewes y del director de El Siglo, Roberto Landaeta.
La «confianza» de Martones en los tribunales no sería confirmada. El ministro Martin amplió el proceso, incluyendo como injuriado al exministro del Interior Enrique Ortúzar. Según la acusación, en su discurso Mewes había dicho textualmente que «los dueños del monopolio se enseñorean también en el Gobierno. Allí están sus representantes más conspicuos comandados por el propio Presidente de la República, dueño del monopolio del papel, que ahora ha sido alzado para resarcir al ayer candidato de los gastos con que adquirió el sillón presidencial». El ministro estimó en su resolución que las expresiones emitidas por Mewes eran «graves» en relación con la dignidad del ofendido y que excedían lo que sería una «crítica política». En consecuencia, sometió a proceso a Humberto Mewes Bruna y a Roberto Landaeta Martínez como autores del delito del art. 6º letra b de la ley de seguridad del Estado. Los abogados de los acusados anunciaron que apelarían a la resolución28.
La encargatoria de reo se estableció con base en las publicaciones y la declaración de testigos, afirmando que el 30 de diciembre Mewes hizo un discurso como candidato a senador por Santiago, «en el que se contienen las frases que el señor Intendente de Santiago en su denuncia a fs. 2 estimó injuriosas contra el Presidente de la República». Se dejó constancia que este discurso fue transmitido por la radio Nuevo Mundo, con la que se había contratado la propaganda electoral de esa candidatura. El punto crítico que fundamentó la encargatoria de reo fue la referencia directa al Presidente Jorge Alessandri como «representante del monopolio del papel» y la vinculación del alza de precios del papel con el financiamiento de la campaña presidencial29.
La sala de verano de la Corte de Apelaciones conoció de las apelaciones contra las encargatorias de reo dictadas en contra de Mewes y Landaeta. Alegó por los querellados el abogado Tomás Chadwick y por el gobierno el abogado Miguel Schweitzer. El tribunal estuvo integrado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Eduardo González Ginouvés, y los abogados integrantes Alberto Echavarría y Benjamín Valdés. Los querellados buscaron recusar a los abogados Echavarría y Valdés, pero no fueron aceptadas las recusaciones y los abogados no se declararon inhabilitados, continuando el tribunal con la misma composición30.
Después de los alegatos, el tribunal dejó la causa en acuerdo31. La defensa de los acusados afirmó que El Siglo cumplió con el deber de informar que Mewes recibió apoyo del diario durante su candidatura y sus ediciones «estuvieron ampliamente entregadas a la divulgación de los propósitos de bien público representados primero por la candidatura del doctor [Salvador] Allende y luego por la del señor Mewes.Consecuentes con esta posición, publicó íntegramente el discurso de la noche del 30 de diciembre (…)»32. Se argumentaba que el delito de injuria era muy relativo y no se podía considerar que una expresión fuera injuriosa si se la desliga de la idea general, alegando que se requiere que exista «el dolo», es decir, «la intención positiva de menoscabar o disminuir la honra», negando que ésta hubiera sido la intención de Mewes, ni tampoco de El Siglo. Fue solicitada la revocación y sobreseimiento definitivo33.
El abogado Chadwick centró la defensa de Mewes en dos ideas principales: la legitimidad de sus críticas al gobierno y que criticar no era injuriar; «El señor Mewes tenía derecho a formular críticas al gobierno»,expresó e insistió que no se trataba en ningún caso de injurias y que se había buscado al señor Mewes para desencadenar una campaña de represión34.
La Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad la encargatoria de reo de Mewes por injurias graves contra el Presidente de la República, las que se hicieron con publicidad, y revocó la resolución contra el director de El Siglo35. El 25 de febrero de 1959, el Presidente Alessandri hizo una declaración para anunciar el desistimiento de la acción judicial contra Mewes, calificándola como una «decisión patriótica», «en atención al rango que había alcanzado en el pasado en la vida pública, a que fuera Ministro de Corte y a que era un hombre estimable en muchos aspectos»36. También en nombre de «la concordia» de los chilenos. El Presidente exigió que este acto de «benevolencia» de su parte no fuera interpretado como un acto de «debilidad» porque sería un error, dado que en el futuro sería «inflexible en perseguir judicialmente a quienes atenten contra el prestigio de la autoridad suprema de la Nación y la integridad moral de quien la ejerce, con el objeto de que se aplicaran las sanciones penales correspondientes a los autores de estos incontrolados desbordes»37.
Como ilustra este caso, por la ley de seguridad interior del Estado, el Ejecutivo tenía la posibilidad de hostigar a la oposición mediante querellas, utilizando a los tribunales como instrumento y argumentando que el lenguaje y la retórica política del momento eran supuestamente injuriosas o calumniosas, incluso los candidatos al parlamento se veían perseguidos y censurados. Este recurso fue utilizado por el Ejecutivo en todos los gobiernos desde 1932 –sólo que desde 1959 los propios tribunales serían cada vez más blanco directo de las críticas de la izquierda y, a veces, de la Democracia Cristiana, acusados de ser instrumentos del capitalismo y del régimen vigente. De esta manera se iba visibilizando, publicitando y criticando el rol político del Poder Judicial.
Injurias contra el Presidente de la República: proceso contra Julieta Campusano
Julieta Campusano, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenida en la calle por un grupo de detectives el 1 de septiembre de 1959, antes de llegar a su casa. Según El Siglo, no exhibieron orden judicial y la condujeron a la casa correccional38. Los vecinos registraron la patente de los dos vehículos en los que llegaron los policías y alertaron a su familia. Al día siguiente, los diputados comunistas José Cademártori, José Oyarce y Jorge Montes se entrevistaron con el director de Investigaciones, Máximo Honorato Cienfuegos, quien les explicó que se trataba de una orden en virtud del cumplimiento de un exhorto de la Corte de Apelaciones de Iquique por requerimiento del primer juzgado del crimen de Tocopilla. El ministerio del Interior había presentado una acusación por injurias contra el Presidente de la República, las que ella habría proferido en un discurso en Tocopilla, durante su gira al norte, el día 16 de agosto de 1959. El Partido Comunista y el FRAP denunciaron la detención39. Pocos días después le fue concedida la excarcelación bajo fianza40. El proceso judicial quedó radicado en la Corte de Apelaciones de Iquique, siendo nombrado Horacio Iturra como ministro del caso. Bernardo Araya informó al pleno del Comité Central del Partido Comunista en septiembre de 1959:
(…) expresamos nuestra protesta indignada por los atropellos de que ha sido víctima una gran exponente de las virtudes de la mujer chilena, la camarada Julieta Campusano. Ella no ha podido estar hoy con nosotros: se encuentra en Iquique defendiéndose ante los Tribunales de Justicia de la maquinación urdida por quienes sirven en la zona norte del país a la empresa yanqui Anglo Lautaro, empeñada en atemorizar a sus trabajadores en conflicto y a toda la población de Tarapacá y Antofagasta que brega por la solución de los tremendos problemas de esa región tan explotada. Está claro para todos que Julieta Campusano no injurió al Presidente de la República (…). Sin embargo, el gobierno no se desiste de la acción judicial y menos se dispone a dar una explicación y reconocer su error41.
Con fecha 12 de septiembre, el ministro sumariante interrogó a Julieta Campusano y la declaró reo. Su abogado Sergio Inzunza apeló. El 16 de septiembre Luis Quinteros Tricot (abogado, senador PS) alegó en su defensa42. El Siglo informaría regularmente acerca del proceso judicial, así como informó sobre los homenajes en honor de Campusano realizados en distintos lugares del país43. El 22 de septiembre, el ministro Iturra se constituyó en el local del Partido Comunista de Tocopilla, lugar donde se había llevado a efecto la reunión en la que se pronunció el discurso considerado injurioso por el Presidente Jorge Alessandri. Las diligencias tenían el propósito de comprobar la veracidad de las declaraciones de tres testigos que afirmaron haber oído a la inculpada desde un local cercano.
Campusano fue careada en el juzgado del crimen de Tocopilla, con el oficial de Carabineros Germán Orellana, que recogió la versión del discurso que dio origen a la denuncia del gobierno. También fue careada con Silvio Vicencio y Gilberto Oliva, funcionarios de Investigaciones que ya habían prestado declaración en Iquique. Además, Pedro Rojas Jorquera y Miguel Castro, testigos de Julieta Campusano que declararon que ella jamás injurió al Presidente de la República, fueron interrogados por el ministro Iturra. A su vez, los testigos del gobierno eran Diógenes Brontis, tesorero del Partido Liberal local, y Juan Villagrán, dirigente sindical. Ambos dijeron haber escuchado el discurso desde una pastelería situada frente al local del Partido Comunista. Sin embargo, el dueño de la pastelería, Juan Jusacoi, declaró que nunca estuvieron allí44.
El ministro Iturra hizo ubicar los parlantes tal como estaban ese día y él mismo se trasladó a la pastelería y a otros locales aledaños indicados por los testigos, mientras Julieta Campusano leía, comprobando que solamente se podía oír desde dentro del local. Después de estas diligencias, el ministro autorizó la libertad bajo fianza para Campusano y su regreso a Santiago, mientras se continuaba con el sumario45. Iturra cerró el sumario a fines de octubre. Pocos días después, el fiscal de la Corte de Apelaciones solicitó una condena de dos años de relegación46.
El abogado del gobierno no adhirió a la propuesta del tribunal y pidió pena de cárcel47, los abogados defensores de Julieta Campusano objetaron las pruebas del gobierno y la calidad de los testigos48. El abogado defensor Ángel Calderón Barra presentó un escrito argumentado que ella hizo una crítica política a la labor del gobierno basada en sus derechos constitucionales, «que no profirió injurias» y que las frases que le atribuyen no las dijo ella ni nadie que estuviera en la reunión. Agregó que hubo un solo testigo real, el funcionario de Carabineros de Tocopilla, quien aseguró haber tomado notas, permaneciendo de pie atrás en el lugar. Se refirió a los otros testigos y mencionó las contradicciones en las que ellos habrían incurrido49. Pocos días después Calderón pidió que los testigos falsos fueran procesados por la justicia ordinaria, por las diversas infracciones cometidas en sus declaraciones50.
En esos días, Julieta Campusano envió un mensaje que fue leído en la reunión política de su partido que se efectuaba en el Teatro Princesa en Santiago. Allí se refirió al proceso, a los interrogatorios a los que fue sometida y afirmó que la persecución que sufría, más que un asunto personal, era un indicio de las amenazas que afectaban a la democracia en Chile51.
El 3 de diciembre El Siglo informó que el ministro Iturra, fallando en conciencia, había condenado a Julieta Campusano a cumplir 541 días de relegación en Puerto Natales52. Añadió El Siglo que «todos los antecedentes de cargo en el proceso son falsos y prefabricados por agentes subalternos del Poder Ejecutivo, con el objeto de obtener una sentencia condenatoria y sin otra mira que congraciarse con las autoridades políticas de la República». Para el Partido Comunista, al Poder Judicial y al sistema de justicia les faltaba independencia y el proceso contra Campusano era «una violación a los derechos constitucionales» de ella53. Durante la semana siguiente hubo presiones de varios grupos políticos respecto al caso; los abogados defensores acusaban al ministro de «falta de imparcialidad»54. El 8 de diciembre, la Secretaría General de Gobierno desmintió al Partido Comunista que había afirmado «que el proceso seguido contra doña Julieta Campusano por injurias y calumnias a S.E. el Presidente de la República constituye un odioso acto de persecución política». Reiteró que se había solicitado «como única condición» para que ocurriera el desistimiento que la inculpada se retractara de sus dichos o bien desmintiera la frase calumniosa, lo que no había sucedido. En consecuencia, «cuantas disquisiciones se hagan para desfigurar la realidad, no pasarán de constituir inaceptables expedientes abogadiles»55. El 13 de diciembre el gobierno anunció oficialmente que se había desistido en la querella contra Campusano56. El Presidente de la República instruyó para que la Intendencia de Tarapacá iniciara el trámite del desistimiento. Explicó El Mercurio:
La Secretaría General de Gobierno emitió una declaración: En la edición de El Siglo del día 12 del actual se publicó una declaración de la Sra. Julieta Campusano en la que, sustancialmente, desmiente en forma categórica haber pronunciado la frase injuriosa en contra de Su Excelencia que motivó el proceso de injurias instruido en su contra. Siendo esa la primera vez que la Sra. Campusano formula un desmentido específico de esta naturaleza que llega a conocimiento del Presidente de la República, éste entiende que se ha cumplido la única condición que desde el primer momento impusiera para el desistimiento de parte del gobierno de la acción deducida. En tales condiciones, S.E. ha dado instrucciones correspondientes con el objeto de que se proceda a formalizar dicho desistimiento57.
Tres días después el gobierno anunció que los fondos recolectados para defender a Campusano se habían traspasado al Comité Central del Partido Comunista, a pedido de Campusano porque «no necesitaba la plata». Según La Nación, esta actitud produjo «decepción» entre los trabajadores comunistas que le dieron su aporte58. El desistimiento no permitió establecer judicialmente si Julieta Campusano fue autora de los delitos por los que fue acusada. Pero el gobierno demostró que no tenía reservas para perseguir a la oposición por las críticas políticas calificadas como «injurias» y como infracciones a la ley de seguridad interior del Estado, pretendiendo que los discursos críticos, en 1959, amenazaban al régimen político.
