Kitabı oku: «Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973)», sayfa 4
Los gerentes
Como ingeniero y empresario exitoso, Alessandri incorporó en su administración a profesionales del sector privado, manteniendo, inicialmente, a cierta distancia a destacados políticos de los partidos de derecha108. En las subsecretarías fueron nombrados miembros de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de la Corporación de Fomento (CORFO); en el Banco Central algunos funcionarios de carrera fueron reemplazados por personas identificadas con el programa «tecnocrático» promovido por Alessandri. Nombró al abogado Enrique Ortúzar como ministro del Interior (3 de noviembre de 1958 - 19 de enero de 1959) y al ingeniero /economista Roberto Vergara como triministro de Hacienda, Economía y Minería (3 de noviembre de 1958 - 15 de septiembre de 1960)109.
Al iniciar su gobierno, Alessandri proclamó: «La tarea fundamental de la hora presente es restablecer el orden de los valores morales y humanos de la Nación dentro de un sistema que sólo reconocerá la eficiencia, el mérito, el trabajo y el esfuerzo por sobre el favor político o las influencias extrañas»110. Soñaba con un Congreso en el que se restringieran las iniciativas presupuestarias y la injerencia en la administración pública111. El gobierno se dedicaba a controlar la inflación y promover la estabilización de la economía mediante un plan de liberalización de importaciones, restricciones de los reajustes salariales e inversiones en obras públicas, especialmente en un plan habitacional (DFL 2, 1959), financiados con préstamos externos112. El plan de estabilización implicaba conflictos recurrentes con el movimiento sindical y las agrupaciones de empleados públicos, resultando muchos de ellos en huelgas ilegales y procesos judiciales derivados de las infracciones al Código del Trabajo y a la ley de seguridad interior del Estado. Implementar el plan de estabilización económica contribuía a la desestabilización política.
Desde los comienzos, la Central Única de Trabajadores (CUT), la izquierda, la Democracia Cristiana y otros partidos más pequeños, como el Partido Democrático, se oponían al plan de estabilización113. El FRAP y la Democracia Cristiana proclamaban la necesidad de cambios revolucionarios en el sistema socio-económico y político. No obstante, el rechazo de la vía electoral entre los sectores más radicalizados de la izquierda y los resultados de las elecciones presidenciales de 1958 hacían creer a los otros sectores de izquierda que sería posible conquistar el poder, es decir la presidencia, en las elecciones de 1964. Esta posibilidad motivaría al gobierno de los Estados Unidos y a la derecha en chilena a identificar el riesgo del comunismo y la expansión de la influencia de la Revolución Cubana como una amenaza para el país.
Como baluarte del régimen existente, el sistema de justicia civil y del crimen, es decir, el Poder Judicial, así como Carabineros y la Policía de Investigaciones eran objeto de repetidas críticas desde casi todos los partidos y movimientos opositores al gobierno. Entre 1959 y 1962 los ministros de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema fueron criticados personal e institucionalmente, calificándolos como defensores e instrumentos del capitalismo y de la alianza entre la burguesía nacional y el imperialismo de Estados Unidos. Las críticas contra el Poder Judicial eran, a veces, generales señalando «que existía una justicia de clase», y en ocasiones más concretas, acusando que las Cortes no defendían las garantías constitucionales de los ciudadanos, ni tampoco las garantías políticas de la prensa y partidos de oposición.
Estabilización, huelgas y el terremoto de 1960 114
Con el plan de estabilización en proceso se produjo un fuerte incremento de las huelgas promovidas y apoyadas por la CUT y los partidos de izquierda. Entre otras demandas, la CUT exigía un reajuste del cien por ciento del alza experimentada por el costo de la vida en el año 1959, el desistimiento de las acciones judiciales iniciadas contra el Presidente de la CUT y que no se tomaran represalias contra los trabajadores que habían participado en el paro nacional.
En abril hubo una huelga del magisterio seguida por otra huelga de los metalúrgicos.En mayo estalló una huelga ilegal en las industrias MADEMSA y MADECO, mientras se producían huelgas y paros de mineros y de servicios públicos. El diario El Siglo caracterizó como «un verdadero acuartelamiento de intendentes y gobernadores las instrucciones del gobierno para enfrentar la magnitud del movimiento huelguístico»115. A pesar de los procesos entablados por los intendentes de Santiago, Valparaíso, Aconcagua, Antofagasta, O’Higgins, Cautín y Magallanes contra dirigentes sindicales, los paros proseguían. El gobierno ordenó que todos los intendentes y gobernadores permanecieran en la sede de su jurisdicción, cancelando todos los permisos, vacaciones o visitas a otros lugares. El subsecretario Jaime Silva Silva (PL) amenazó con aplicar una medida contenida en el Código del Trabajo que permitía la disolución de los sindicatos cuando no cumplían funciones de «colaboración mutua» con las empresas116.
Pocos días después, ante el rechazo de la CUT del 10% de reajuste, el ministerio del Interior hizo una declaración calificando como pretexto para la movilización «el estado de necesidad que afecta a las clases asalariadas» y se les atribuyó el afán de «crear un clima de sedición» para alterar el orden institucional de la República. Además, se reafirmó la disposición del gobierno a mantener el control a pesar de las movilizaciones: «El país debe saber que el gobierno, a quien está entregada, por disposición expresa de la Carta Fundamental, la conservación del orden público, hará uso de todos los medios legales que le correspondan para dar cumplimiento a este cometido sin vacilaciones»117. Las huelgas se multiplicaban en el carbón, en la construcción e incluso en el campo118.
Grupos de estudiantes universitarios solidarizaron con las distintas movilizaciones y se plegaron a algunos paros. En varias de las movilizaciones hubo violencia entre carabineros, huelguistas y manifestantes119. Como resultado de los numerosos conflictos hubo una racha de manifestaciones de protesta y violencia, dejando como saldo un gran número de detenidos y procesados ante los tribunales por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado. Al Poder Judicial le cabía procesar a los opositores detenidos y querellados, dependiendo de las decisiones del gobierno para resolver mediante desistimientos e indultos o de amnistías tramitadas en el Congreso; también los jueces podían aplicar la remisión condicional de la pena de acuerdo con la Ley 7.821, de 29 de agosto de 1944120.
En este ambiente, Alessandri entregó la cuenta de su gobierno al Congreso el 21 de mayo, tras una seguidilla de terremotos desde el Norte Chico hasta Llanquihue. Y el 22 se produjo el terremoto más violento del que se tenga registro, seguido por un maremoto. Valdivia quedó devastada y varias ciudades y pueblos desde Talca hasta Aysén quedaron en ruinas. El país no estaba preparado para un desastre de tal dimensión y durante meses se debatiría en el Congreso cómo prestar ayuda a los miles de damnificados y cómo reconstruir las zonas afectadas. La capacidad del gobierno de responder a esas crecientes necesidades era, a todas luces, insuficiente.
El 31 de mayo, el senador Aniceto Rodríguez (PS) denunció que «por desgracia, las autoridades civiles del Ejecutivo no han estado a la altura de las circunstancias. (…) Peor todavía, la primera medida del Intendente fue dictar insólitamente, tal vez mal aconsejado, un decreto inconstitucional de estado de sitio, recomendado tal vez por su secretario abogado, en que establece la ley marcial, hace funcionar tribunales militares y pone en vigencia el toque de queda. En esas horas de dolor y de tragedia no había más imaginación que adoptar, inexplicablemente, medidas punitivas (…)» 121. Otros senadores lamentaban que no se hubiera declarado zona de emergencia de acuerdo a la Ley 7.200 y la falta de intervención del Ejército en la semana siguiente de la catástrofe. El gobierno respondió en La Nación122:
El DFL N°. 22, de 2 de octubre del año pasado, otorga a los intendentes y gobernadores las más amplias atribuciones en casos como el de la catástrofe del Sur. (…) Sin embargo, la impaciencia simplista de algunas personas quisiera que el mismo gobierno, que dictó estas disposiciones que ahora parecen providenciales, declare «zonas de emergencia» a las provincias devastadas. Tal declaración sería inútil. La Ley 7.200 autoriza el establecimiento de tales zonas ante un peligro de ataque exterior o de invasión, o de actos de sabotaje, encaminados a perjudicar el aprovisionamiento o la economía del país, los medios de locomoción y las comunicaciones. Como se ve, ninguna de estas circunstancias concurre en la actual emergencia sísmica. La verdad es que no hay ataque de hombres, no hay actos de nacionales ni del exterior que hayan provocado daños; es la naturaleza y contra ella se debe actuar, pues lo importante es el dolor humano y la tragedia que ahora existen.
El senador Blas Bellolio (Partido Nacional Popular, PNP) señaló: «(…) el día domingo, en Concepción, casualmente tuve una discusión sobre las atribuciones de los intendentes. Como dicho decreto con fuerza de ley se conocía poco, fuimos a ver al Presidente de la Corte de Apelaciones, quien nos informó que no existían las atribuciones que se creía y que, por lo tanto, nada se podía hacer sin la autorización del poder central»123. El senador González Madariaga (PR) respondió: «A mi juicio, frente a catástrofes como la que por desgracia contemplamos, la autoridad militar debe adoptar medidas urgentes, compulsivas, sin que haya espera ni tiempo que perder, ni siquiera instantes de reflexión. Todo esto aparece ahora perturbado por una burocracia que se desenvuelve ausente de la magnitud de los acontecimientos, porque es incapaz de asimilarlos»124.
Como resultado de la catástrofe se modificaría la Ley 12.927 de seguridad interior del Estado con la frase «en caso de calamidad pública el Presidente de la República podrá declarar en estado de emergencia la zona afectada» (Ley 13.959, Art. 10), agregando otro régimen de excepción extra-constitucional al abanico de medidas de emergencia disponibles para el Ejecutivo. Un uso impensado de este instrumento efectuado por los presidentes de la República se produjo al aplicarlo incluso para militarizar los conflictos laborales del período 1964-73, ampliando el sentido de la frase «calamidad pública» para incluir conflictos sociales y «catástrofes» políticas.
El senador Salvador Allende había viajado a Cuba y a su regreso no perdió la oportunidad para recordarles a sus colegas y conciudadanos que la tragedia telúrica y el maremoto ofrecían la oportunidad de «hacer posible una nueva vida en nuestra vieja patria. (…) No es con los viejos cánones de la economía liberal, de la libre empresa, que no existe en ninguna parte del mundo, como se va a reconstruir Chile. Chile se reconstruirá con una política planificada sobre la base de impulsar su desarrollo económico, de establecer una relación económica distinta en el campo internacional y de implantar una efectiva reforma agraria»125.
Dos días después, el senador Luis Quinteros Tricot (PS) presentó una moción en la Cámara Alta concediendo una amplia amnistía política, proyecto que sería enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sin embargo, no prosperaría ni con el espíritu de solidaridad que supuestamente había creado el terremoto126.
El mismo día, en la Cámara de Diputados se presentó el informe de la Comisión de Acusación Constitucional contra los ministros de Hacienda, Economía y Minería, Roberto Vergara Herrera y de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Gomien Díaz, siendo una manifestación de las prácticas cotidianas de las oposiciones políticas desde la primera administración de Arturo Alessandri Palma127. La acusación sería retirada después de haber servido de escenario parlamentario para denunciar las políticas económicas del gobierno128. El terremoto y el maremoto no inspiraron tregua política alguna.
En julio, el ministro Vergara resumió los efectos desastrosos del terremoto en la economía y en la infraestructura del país, y formuló un proyecto amplio de reconstrucción ante el Congreso. El financiamiento del proyecto se basaba en nuevos impuestos y en la autorización al gobierno para contraer empréstitos externos, tratando de evitar, a la vez, que rebrotara la inflación129. Desde luego, esta dependía de que los salarios se reajustaran por debajo de la tasa de inflación estimada. El diputado Albino Barra (PS) criticó el proyecto señalando que era una vasta oportunidad económica para las empresas constructoras, bancos, y adherentes al Gobierno, indicando que «no vamos a aceptar la iniciativa, sangrienta y torpe, de hablar de que los que estén trabajando, trabajen más horas y los que se encuentren cesantes se sigan muriendo de hambre y deambulando por las industrias ofreciendo su mano de obra barata para que otros se aprovechen y obtengan mayores utilidades»130. Siguiendo en su crítica, Barra declaró:
En este proyecto de ley, los ricos, amparados por el Presidente de la República y el ministro de Hacienda y por los sectores de mayoría que tienen en el Parlamento, están tratando de sacar algún provecho. Contra nuestros deseos, indudablemente, lo van a obtener, pero, cada vez, que sea necesario vamos a denunciar esto, para que la opinión pública sepa con quiénes se está entendiendo. A los que están fuera del Parlamento van a pretender acallarlos metiéndolos en la cárcel; con los que estamos aquí no podrán hacer lo mismo sin saltar las vallas constitucionales131.
En octubre, antes que fuese promulgada la ley de reconstrucción, el FRAP seguía denunciando el proyecto de ley y los vetos del Presidente Alessandri, señalando que «solamente hará de pantalla para ocultar el fracaso de la política económica, el déficit del presupuesto nacional y la continuación de esta política de empréstitos que está llevando al país a una situación sumamente grave»132. Sin embargo, el proyecto sobre recursos y normas para la reconstrucción y fomento económico de las zonas devastadas por los terremotos y cataclismos de mayo de 1960 fue aprobado en el Senado el 19 de octubre, con amplias facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo133.
Plan de estabilización y conflictos sociales
Para el año 1960, el gobierno propuso un reajuste de 10%, no obstante, la tasa de inflación del año anterior era más de 35%. En el Congreso se debatía la ley de reajustes y la CUT respondió con un llamado a paro general de 24 horas. Poco después hubo huelgas en los minerales de cobre y carbón, en el sector metalúrgico, textiles, construcción y educación (40.000 maestros en huelga, que por definición era ilegal al ser empleados públicos) y de varios servicios de utilidad pública, que se sumaron a las huelgas que antecedieron a los terremotos, como fue el caso en la Compañía de Teléfonos y Chilectra134.
En virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por el terremoto (Ley 13.305) se había promulgado el DFL 338. Contenía el nuevo texto del Estatuto Administrativo, prohibiendo las huelgas, suspensiones o interrupciones totales o parciales del trabajo y la formación de brigadas, equipos y grupos funcionales de «carácter esencialmente político» (Título III, Art. 166). Tratándose de los promotores de dichas actividades, la sanción sería la destitución (Art. 167). (No se aplicaba esta medida al Poder Judicial, Carabineros y empleados del Ministerio de Defensa, entre otros).
Antes del terremoto y en el período inmediatamente posterior, varios dirigentes y sindicalistas fueron detenidos por orden del gobierno a raíz de las movilizaciones y huelgas ilegales. Ilustra esa situación el caso de los dirigentes sindicales de la Planta Hidroeléctrica de Sauzal, quienes fueron detenidos por orden de un ministro de Corte, que declaró reos a nueve dirigentes de Chilectra. Fueron puestos en libertad bajo fianza, gracias a las gestiones del abogado Enrique Gómez Correa. En tanto, en la 16ª Comisaría de Carabineros se encontraban detenidos 24 obreros de la construcción, los que fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia al día siguiente135. En junio, el senador Salvador Allende declaró que: «el derecho de huelga consagrado en el Código del Trabajo está en la práctica suprimido. Las Juntas de Conciliación no dan pase a ninguna huelga y ese derecho, internacionalmente reconocido, es burlado en Chile (…) se atropella a los obreros, se los lanza a la huelga y ésta es considerada ilegal. [Luego viene] el apoyo de la fuerza policial y la represión»136. Si la Junta de Conciliación no daba lugar a la huelga, o dilataba su decisión, los trabajadores no podían declarar la huelga sin que fuera «ilegal». Y siendo ilegal se enfrentaban a las consecuencias judiciales estipuladas en el Código del Trabajo, el Código Penal y, según las circunstancias, la ley de seguridad interior del Estado.
En la Cámara de Diputados, los parlamentarios José Cademártori (PCCH), Mario Palestro (PS) y Tomás Reyes Vicuña (PDC) denunciaban los excesos y violencia de Carabineros en la huelga de MADEMSA y MADECO137. Tres semanas después, en otra sesión, el senador Blas Bellolio argumentó que los movimientos huelguísticos habían traído como consecuencia que numerosos dirigentes estuvieran detenidos en las cárceles, por habérseles aplicado la ley de seguridad interior del Estado, provocando con ello mayor intranquilidad social. Este senador propuso «conceder amnistía total a los obreros y empleados procesados en relación con los conflictos gremiales. Es necesario también que todas aquellas personas que con anterioridad al 20 de mayo estaban procesadas o detenidas por huelgas y conflictos ilegales, vuelvan al trabajo a atender el sostén de sus familias»138. La amnistía propuesta incluía tanto a los condenados como a los procesados y a los responsables de delitos cometidos con móviles políticos penados por el decreto ley N° 425 sobre abusos de publicidad de 20 de marzo de 1925139. Por lo pronto, el proyecto de amnistía fue letra muerta. La Ley 12.927, el decreto ley 425 (1925) y algunas provisiones del Código Penal y del Trabajo se constituían en un recurso represivo habitual del gobierno frente los conflictos sociales y sindicales.
Con los terremotos de mayo y, en nombre de la solidaridad con los damnificados, se debilitaron las movilizaciones sindicales. A principios de junio, los comités parlamentarios en la Cámara de Diputados, por falta de una ley de amnistía, pidieron al Presidente de la República el desistimiento del gobierno en las querellas presentadas con motivo de las últimas huelgas140. También se pidió que el gobierno comprometiera su cooperación para que las empresas del sector privado se desistieran de las acciones judiciales que hubieren iniciado contra su personal, de acuerdo con distintos artículos del Código del Trabajo, por motivo de los conflictos de trabajo. Entre tanto, centenares de detenidos pasaban un tiempo en la cárcel y la espada de la justicia, o por lo menos de la ley, aplicada por el Poder Judicial, amenazaba caer sobre huelguistas y opositores al gobierno.
En muchos casos el gobierno desistió de las querellas para poner fin a los conflictos laborales, aunque eso no garantizaba que los dirigentes sindicales no fueran objeto de represalias. Por ejemplo, en el caso del sindicato telefónico,el ministro Eduardo Ortiz Sandoval, en la segunda sala de la Corte de Apelaciones, tomó declaraciones a más de 30 trabajadores de ese gremio, dejando detenidos a cinco de ellos (tres mujeres y dos hombres). El abogado Mario Arnello (nacionalista y en esa época cercano a Jorge Prat) consiguió que fueran dejados en libertad bajo fianza141. Sin embargo, según la historia oficial del sindicato, «la derrota en el paro de 1960, aunque no trajo como consecuencia la pérdida de los beneficios que se tenían, en cambio sí tuvo otras consecuencias negativas. El gobierno retiró las querellas contra los dirigentes, pero éstos quedaron fuera de la empresa, después de haber estado encabezando el sindicato durante 12 años»142.
