Kitabı oku: «Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018)», sayfa 14

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Consejos de guerra adelantados al ELN entre 1968 y 1973

El ELN tuvo que afrontar, en corto tiempo, varios consejos de guerra en los que se juzgó, en tribunales militares, a los miembros de la Organización detenidos por delación o en acciones militares. No es mucha la información a la que se pudo acceder a este respecto en el desarrollo de la investigación. No obstante, los recursos de la memoria colectiva de quienes se entrevistaron sobre el tema, permite trazar una breve reseña de estos eventos.

A pesar de haberse realizado a mediados de 1965 el Consejo de Guerra de Pamplona, en el que se comienza a poner en práctica la defensa política del proyecto revolucionario ante los tribunales militares, los dos consejos de mayor resonancia fueron el llamado Consejo de Guerra del Siglo, realizado entre los años 1968-1969 en Bogotá, y el Consejo de Guerra del Socorro, que se inició entre febrero y marzo de 1973.

El Consejo de Guerra del Siglo

Bajo la presidencia del coronel Alberto Luis Olarte, se desarrolló en Bogotá, a partir del 13 de diciembre de 1968, el denominado Consejo Verbal de Guerra del Siglo, contra 215 miembros del Ejército de Liberación Nacional, 88 de los cuales se encontraban como sindicados presentes.

En el marco de una dinámica que comprometía la práctica de la delación, el arrepentimiento y la verticalidad revolucionaria, en el desarrollo del juicio se hizo presente un amplio cuestionamiento a la política de la Organización, a sus limitaciones y deficiencias, lo que sirvió como base para madurar en el espacio de este proceso una reflexión crítica de la historia del ELN.

Fueron objeto de discusión, durante el juicio, las más diversas temáticas relacionadas con la vida interna de la guerrilla, desde los comportamientos cotidianos, las contradicciones internas y la dinámica propia de los grupos que se confrontaron, hasta los procesos que terminaron con los fusilamientos de dirigentes y militantes de la Organización. La lucha política al interior del ELN, encontró allí otro escenario de confrontación: las diferencias entre la ciudad y el campo, los privilegios del Estado Mayor, la radicalidad y las llamadas “desviaciones pequeñoburguesas”, fueron objeto de una profunda reflexión crítica; esta, desde luego, no estuvo al margen de particulares estados emocionales, resentimientos, intereses y justificaciones personales.

Dos elementos se destacan en este juicio. Por una parte, la manera como se comprometió el trabajo del periodista mexicano Mario Renato Menéndez Rodríguez, el que se hace aparecer como pieza fundamental del proceso y a quien se le atribuye el hecho de haber dado información que posibilitó la captura de algunos de los sindicados. Segundo, el testimonio de Jaime Arenas Reyes (1971), que sirvió de base para la escritura de su libro La guerrilla por dentro, el que más allá de cualquier juicio de veracidad, se constituye en material ineludible para abordar la historia del ELN.

En relación con Renato Menéndez, el ELN ha guardado una actitud de reconocimiento de su labor periodística al servicio del proceso de difusión latinoamericano de la lucha revolucionaria de la organización guerrillera, en especial en los primeros años. Además, ha absuelto al periodista de toda responsabilidad en los acontecimientos y hechos que dieron origen al Consejo Verbal de Guerra del Siglo (entrevista con Nicolás Rodriguez Bautista, diciembre de 1992).

La aparición del libro de Arenas, generó en el ELN una reacción crítica y de desconocimiento del particular punto de vista del autor sobre su historia, lo que desde luego fue considerado como un acto grave de traición y delación que justificaba su ejecución. Esta efectivamente se llevo a cabo como se ha visto.

El consejo juzgó y condenó a los 88 miembros que se encontraban presentes, los que habían sido capturados en diversas circunstancias en Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades y sitios del país. Entre los detenidos que fueron juzgados en ese proceso se encontraban Julio Portocarrero, Claudio León Mantilla, Eusebio Barrera, Enrique Granados, N. Liévano, Jaime Arenas, José Manuel Martínez Quiroz y Sandino (N. N.), de quien los testimonios aseguran se destacó por la defensa que hizo de la historia y la causa del ELN.

El consejo profirió su veredicto el 17 de diciembre de 1969, después de haber escuchado la intervención del fiscal, teniente coronel Luis A. Andrade, de 47 defensores militares y civiles y de varios de los detenidos. Este juicio tuvo una duración de un año.

El Consejo de Guerra del Socorro
Antecedentes y desarrollo

En junio de 1972, en la quebrada de Inanea, en el desarrollo de los operativos que el Ejército adelanta contra el ELN, es decomisado el equipo de Fabio Vásquez Castaño, el cual contenía información de las redes urbanas y los grupos guerrilleros rurales, una abundante correspondencia de las relaciones entre la ciudad y el campo, información de las operaciones militares realizadas, planes tácticos y estratégicos. Como consecuencia de esta situación, se desmantelaron algunas de las principales redes urbanas, siendo detenidos 210 militantes, simpatizantes y colaboradores del ELN, principalmente en Aguachica, Charalá, Bucaramanga, Socorro, Bogotá, Medellín, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja. La mayoría de los detenidos salió libre seis meses después, consolidándose para el proceso un grupo de 48 integrantes del ELN, entre los que se encontraban cuatro mujeres.

El consejo se inició entre finales de febrero y comienzos de marzo de 1973. En el desarrollo del juicio se fueron presentando divisiones al interior del grupo, que terminó con configurar dos posiciones frente a la actitud que debían asumir los revolucionarios en estos casos: la primera posición defendía la “ruptura” (desconocimiento del ejercicio de la justicia del régimen que se confronta). Esta es una tesis de los argelinos, que plantea el aceptar que se han cometido delitos contra el Estado y la legislación vigente, porque se desconoce por parte de los revolucionarios su legitimidad. Esta posición estuvo liderada y defendida por los hermanos Ojeda y un grupo de militantes que se agruparon a su alrededor. La segunda posición sostenía que el “proceso de ruptura” se debía dar en momentos concretos de la lucha, en los que las fuerzas revolucionarias estuviesen relativamente fortalecidas, esta posición fue liderada por Fernando Chacón y otros militantes. Las dos actitudes frente al juicio generaron entre los grupos enfrentamientos. El balance que el ELN hace de estas posiciones es el de que tras de ellas se escondían las deficiencias, y los errores, que se habían cometido en las indagatorias en que la delación estuvo presente, generando dificultades para algunos de los implicados y nuevas detenciones. Esto, en alguna medida, se evidencia cuando los abogados denuncian una serie de errores procedimentales, arbitrariedades en el derecho a la defensa y en el trato con los detenidos, lo que obliga a suspender el juicio en el mes de mayo. El proceso se reactiva meses después en la ciudad de Bogotá. Para entonces, ya se había adelantado la Operación Anorí y un nuevo grupo de militantes detenidos durante las operaciones como resultado de distintas circunstancias es vinculado a este juicio, entre ellos, en el mes de noviembre, Ricardo Lara y Domingo Rodríguez.

La experiencia de la cárcel, los consejos de guerra, los interrogatorios violentos, las prácticas de intimidación permanente, enfrentaron a muchos de los militantes a situaciones que solo pueden entenderse en el marco de un análisis del comportamiento humano ante la adversidad extrema. El prototipo de “hombre nuevo” de “revolucionarios verdaderos”, encontraba en aquellas circunstancias, un cuestionamiento práctico que no siempre fue bien sorteado y generó actitudes de doble moral, donde solo cada cual sabía exactamente hasta donde había cumplido con las premisas de lealtad y sacrificio que la Organización les había trazado. Así como hubo gestos de sacrificio inmensos, en los que se les fue la vida, también se presentaron situaciones y actitudes que desvirtuaban cualquier propósito revolucionario.

El Consejo de Guerra, se prolongó durante más de un año, tiempo en el que la coyuntura política nacional se fue transformando y permitió que, al levantarse el estado de sitio para las elecciones de 1974, los detenidos pasaran a la justicia ordinaria y encontraran allí los caminos de su libertad.

Entre los que quedaron detenidos se encontraba Ricardo Lara Parada, que contó con el tiempo para elaborar conjuntamente con otros militantes del ELN, que estuvieron a su lado e influyeron en su determinación, un proceso de autocrítica que generó entre algunos una situación difícil frente al cumplimiento de las orientaciones dadas por Fabio en el sentido de llevar adelante el ajusticiamiento de Lara, por deserción, delación y traición. Como consecuencia de este proceso y por razones que esta investigación no pudo precisar se produce el suicidio de Fernando Chacón.

Un grupo importante de quienes salieron libres del proceso se integraron nuevamente a la Organización y cumplieron hasta su muerte las tareas y orientaciones marcadas por esta; son los casos de Lázaro Pineda Guerra, Eleuterio Ortiz y Fernando Chacón, entre otros. Algunos se retiraron definitivamente de la Organización y se dedicaron a desarrollar sus vidas al margen de esta. Un tercer grupo, fue el de aquellos, que al quedar libres regresaron al campo para posteriormente en otro contexto abandonar definitivamente la Organización; es el caso de Alonso Ojeda.

Durante este periodo, el Ejército y los organismos de seguridad contaron con gran cantidad de información que obligó a muchos de quienes estaban a cargo de las actividades urbanas a trasladarse a otras regiones y a articularse al grupo armado en el campo. Así, se conocía el nombre de los responsables de la dirección del trabajo urbano cuyas cabezas más destacadas eran Carlos Uribe Gaviria, Orlando Romero y Armando Montaño, quienes, con otro miembro de responsabilidad, Jaime Andrade Sossa, sortearon en ese momento las detenciones; todos ellos murieron meses y años después en distintas circunstancias de la lucha revolucionaria.

Los tres consejos de guerra que se llevaron a cabo contra el ELN desde sus orígenes hasta 1974 marcaron profundamente la Organización, modificaron algunas prácticas, afianzaron otras, y aplazaron para otros tiempos discusiones que constituían la base fundamental en la caracterización de su crisis y el camino para redefinir su línea política. Esta no encontraba aún los argumentos suficientes en el desarrollo de las asambleas que la guerrilla realizó para tratar sus más álgidos problemas.

Igualmente, los consejos de guerra sirvieron para darle un carácter de presos políticos a quienes, equivocadamente o no, convencidos de la justeza de su causa, habían decido el camino de las armas para trasformar la sociedad colombiana123.

Una “tríada” de curas españoles llega a la guerrilla

En 1969, se incorporan al Ejército de Liberación Nacional tres sacerdotes españoles que desarrollan su tarea pastoral en los barrios Olaya Herrera y Chambacú de Cartagena, y que habían llegado al país “tras las huellas de Camilo”. Los tres hacían parte del movimiento de Golconda, estaban profundamente comprometidos con las definiciones de las encíclicas papales, las orientaciones del Concilio del Vaticano II y las conferencias del Celam en Medellín, en donde maduró y se desarrolló el pensamiento de la teología de la liberación en Colombia y las llamadas iglesias de base.

Manuel Pérez Martínez124, José Antonio Jiménez125 y Domingo Laín126 constituyen parte de ese grupo de sacerdotes y monjas, que siguiendo los pasos de Camilo Torres, buscan la manera de articularse a la lucha guerrillera en las filas del Ejército de Liberación Nacional. Estos tres sacerdotes, afrontaron una serie de dificultades con los gobiernos locales y con el Gobierno nacional, que los obligó a abandonar el país por un tiempo hasta que encontraron los contactos y la forma de integrarse a la guerrilla del ELN127. Los tres sacerdotes se incorporan a la Organización después de sortear varias dificultades para lograrlo, entre ellas, la muerte de Rómulo Carvhalo128 quien tenía a su cargo recogerlos y llevarlos al seno de la organización guerrillera. Manuel, José Antonio y Domingo, llegan directamente al grupo en que se encontraba Fabio y allí inician su preparación como guerrilleros129. En el momento en que los sacerdotes se incorporan a la guerrilla, el ELN se encontraba bastante diezmado, solamente existían dos grupos, uno a cargo de Fabio Vásquez y el otro de Manuel su hermano, en total serían setenta hombres en armas.

La vida de estos sacerdotes en la guerrilla estuvo cargada de altibajos y dificultades mayores, de los tres, el único que logró sobrevivir a las épocas de crisis y a los operativos del Ejército fue Manuel Pérez Martínez, quién con el tiempo tendría la tarea de reconstruir la Organización y conducirla en un periodo en que la guerra comenzó a adquirir nuevas características y más difíciles proporciones.

Las asambleas guerrilleras: escenarios de discusión y tribunales de “justicia revolucionaria”

Durante este periodo la guerrilla del ELN realizó varias asambleas, con el objeto de evaluar el trabajo de las comisiones, discutir los planes y marcarle un rumbo al proyecto de la Organización. Muchas de esas asambleas terminaron realizando juicios y sancionando actitudes tomadas por los militantes en las que se suponía se estaban asumiendo posiciones que colocaban en peligro la supervivencia de la Organización y su proyecto revolucionario.

La asamblea de “Campo Concentración” (1970)

Al finalizar el año de 1970, el ELN se reúne para hacer un balance del trabajo realizado por las comisiones. En esa reunión, salen a flote los problemas que se venían presentando en el grupo de Ricardo Lara Parada, en el que se habían producido tres deserciones, y la base guerrillera había asumido una actitud crítica frente a los comportamientos y la forma de vida que Lara llevaba en la comisión, la que se consideraba cargada de privilegios y de relaciones preferenciales (entrevista a Manuel Pérez, abril de 1992). Con los cargos de divisionismo, intento de deserción y de preparar un complot contra Lara, se montó un juicio contra cinco integrantes del grupo entre quienes se encontraba Manuel Pérez Martínez (entrevista a Manuel Pérez, abril de 1992). En el análisis autocrítico que Ricardo hace años después, cuando se encuentra en la cárcel, reconoce que sus comportamientos estaban cargados de privilegios y de una actitud que se distanciaba mucho de ser la de un verdadero dirigente revolucionario (Ricardo Lara Parada. Autocrítica. 1974).

En esta asamblea nuevamente aparece el fantasma del complot, que ya había rondado al ELN durante el juicio por el asesinato de José Ayala, esta vez, dirigido a encubrir las deficiencias de Ricardo Lara Parada. El balance de la comisión no era bueno, se habían producido tres deserciones y las metas que se le habían fijado no se cumplieron. No existía una mejor forma de desviar la atención y el juicio de responsabilidad sobre el jefe de la comisión que inculpando de los resultados de su trabajo a una supuesta actitud divisionista y a un complot contra la dirección.

A pesar que el juicio condenó cinco miembros a la aplicación de la pena capital, los sindicados fueron perdonados con argumentos que se desconocen y cuya única posible explicación sería la falta de consistencia de los cargos hechos por Lara Parada. Cuatro de ellos permanecieron en la guerrilla, desarmados y sin derechos políticos, hasta que con el trabajo se hicieran nuevamente merecedores a su condición de guerrilleros. Manuel Pérez fue expulsado y colocado en la ciudad de Barrancabermeja bajo vigilancia. Semanas después, como consecuencia de la correspondencia con Fabio en la que se van aclarando las cosas, Manuel Pérez regresa al ELN.

La asamblea de “Campo Línea” (1973)

No obstante los permanentes balances, las constantes críticas y los enjuiciamientos sobre las deficiencias y errores que se cometían, estos seguían produciéndose, sin que la Organización encontrara una dinámica para superar lo que se estaba constituyendo en una crisis crónica. En 1973, se reúnen nuevamente los grupos de Ricardo Lara y Fabio Vásquez, para evaluar los últimos acontecimientos de la guerrilla, los que le habían generado serias dificultades en el desarrollo de su funcionamiento interno y de su proyección política y militar.

La asamblea se desarrolló en medio de una situación tensa y difícil, en razón de que ambos dirigentes habían cometido serios errores que traían tras de sí lamentables consecuencias. En el caso de Fabio Vásquez, la pérdida del equipo en la Inanea, que dio origen a una serie de detenciones que sirvieron como base para el Consejo de Guerra del Socorro y Bogotá. En el caso de Lara Parada la descomposición del grupo y la pérdida de objetivos militares, considerados de máxima importancia para el desarrollo de la Organización en su conjunto, en particular, el menoscabo debido a la falla en el secuestro de Posada, quien se le escapó a la guerrilla, siendo Ricardo Lara el responsable de su cuidado y el fracaso de la emboscada de La Humareda en donde murió el campesino que iba a avisar al grupo.

Desde el encuentro de los dos grupos el ambiente fue de mutua desconfianza y resentimiento. Los dos dirigentes eran conscientes de su situación frente al otro. Esta asamblea duró cincuenta días, y en ella se trataron principalmente los errores de la comisión de Ricardo Lara, aun cuando estaba claro que las deficiencias de Fabio, en concreto la pérdida de su equipo, tenían un alto costo para la seguridad del proyecto en su conjunto. Toda la comisión de Ricardo Lara fue enjuiciada, pero principalmente él, Germán Sarmiento e Iván Forero. La asamblea puso al descubierto los comportamientos y “desviaciones” de Ricardo Lara y la forma como el grupo iba sufriendo su proceso de descomposición. Se les enjuició por rebajar las medidas de seguridad, dormir en las casas, utilizar permanentemente los caminos, realizar partidos de fútbol dejando abandonadas las armas y participar en bailes programados por ellos mismos a costa incluso de las tareas militares. A esto se le sumó un duro enjuiciamiento, por permitir que los miembros del grupo violaran y establecieran relaciones personales con las mujeres campesinas, e igualmente fue objeto del enjuiciamiento el consumo permanente de licor en la que se comprometía el conjunto del grupo.

Durante el desarrollo del proceso se llamó la atención por la pérdida de secuestrados, el amedrentamiento y el fusilamiento de campesinos sin causas suficientemente claras. Todas estas sindicaciones hubiesen dado como resultado, en el marco de las lógicas anteriores, el fusilamiento de los enjuiciados. Aunque el conjunto del grupo solicita para ellos la pena máxima, Fabio decidió concederles una nueva oportunidad y dictaminó sanciones menores, tales como el desarme y la pérdida de la investidura de responsables. Los demás miembros de la comisión también fueron sancionados, la mayoría por haber participado en la ejecución de errores graves y el resto por haber permitido que estos se cometieran.

La comisión de Fabio y la valoración de sus errores fue menos analizada, en la asamblea quedó claro el poder concentrado por este; su defensa se erigió sobre los logros militares de su comisión, los que se concretaban en el secuestro de los Mora y la consecución de armas provenientes de la ciudad. El radicalismo y la verticalidad de Fabio salieron fortalecidos de la asamblea de “Campo Concentración”, con la misma fuerza con que se desnudó la “doble moral” de Ricardo Lara130. Allí se hicieron presentes actitudes y comportamientos que contribuían, más que a resolver la crisis, a alimentarla con una buena dosis de inconformidad y resentimiento.

Existen algunos rasgos comunes en las dos asambleas que se desarrollaron durante este periodo, que permiten, en gran medida, percibir el proceso de crisis que está viviendo la Organización en ese momento, y cuya manifestación más clara es la forma reiterativa de las actitudes y acciones que permanentemente se están enjuiciando y que no logran encontrar una transformación significativa. Común a las dos asambleas es el hecho de que los enjuiciados fueron condenados a pena de muerte y esta se les conmutó por sanciones menores. Esta situación obedecía a que, en el fondo, todos sabían que los análisis estaban hechos sobre bases supremamente subjetivas, en las que los argumentos más contundentes, constituían solo suposiciones. Pero igualmente, allí, se jugaba un aspecto ético (cristiano) que convocaba inconscientemente al arrepentimiento, con la potencialización de una doble moral que deja entre los juzgados y quienes juzgan una carga de conciencia que resulta difícil sobrellevar.

En general, se aplicaron sanciones a todo tipo de “errores”, desde los que se originaban en la cotidianidad misma de la lucha guerrillera (dormirse en la guardia), hasta aquellos que comprometían la vida personal y afectiva de los integrantes de la guerrilla. No se analizaron a fondo y objetivamente las causas de los errores, ni de posibilidad alguna de formación para quienes los cometían, sino que, por el contrario, se inducía con actitudes arbitrarias a la desmoralización y la deserción, máxime cuando en las sanciones se daban tratos preferenciales a los responsables y sus allegados. Muchos sacrificios inútiles de hombres inocentes se cometieron durante esta época, para encubrir las deficiencias políticas de la Organización, y las arbitrariedades y comportamientos inmorales de algunos de sus dirigentes. Todo esto fue posible porque en medio de las dificultades, la Organización seguía creciendo y desarrollándose militarmente.

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