Kitabı oku: «Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018)», sayfa 4
La cultura política
Al estudiar el discurso y el comportamiento político del ELN, fácilmente se llega a la afirmación que sus prácticas sociales, políticas y militares están orientadas por una doble matriz categorial: la teoría revolucionaria apropiada y las elaboraciones que a través de esta hacen de sus propias percepciones del universo social y política en el que se desarrollan y que se consignan en “mandatos” de eventos determinantes de la vida de la Organización. Así, su acción política es el resultado del despliegue de una red conceptual que constituye una matriz estructural relacional de principios teóricos y supuestos conceptuales en función de la cual se organizan, configuran y dan sentido a su práctica política. Es este proceso el que define su cultura política como una instancia que toma parte activa en la configuración de las identidades políticas y de los conflictos que las enfrentan y que modela, orienta y confiere sentido a la práctica política de las organizaciones (Cabrera, 2001).
Para la historia postsocial, “las causas de la revolución” no se encuentran ni en el contexto socioeconómico ni en la esfera ideológica, sino en la mediación de una cultura política que forja a los propios actores y autoriza sus acciones. Esa cultura política
comprende las definiciones de las posiciones relativas del sujeto desde las que individuos y grupos pueden o no legítimamente hacerse sus demandas unos a otros y, por consiguiente, de la identidad y los límites de la comunidad a la que pertenecen. Constituye los significados de los términos en que estas demandas se inscriben, la naturaleza de los contextos a la que pertenecen y la autoridad de los principios de acuerdo, con los cuales se hacen vinculantes. Configura el contenido y el poder de las acciones y procedimientos por los que se resuelven las confrontaciones, se adjudican autorizadamente las demandas en conflicto y se refuerzan las decisiones vinculantes. (Cabrera, 2001, p. 164)
Más allá de las acciones militares que están motivadas por una particular concepción de la lucha política, y definidas en un discurso que las identifica y les da reconocimiento, los conflictos de intereses que subyacen al proceso revolucionario, se dan no solo en el campo de la acción práctica, sino, cada vez con mayor intensidad en la lucha simbólica en torno a la definición conceptual de la legitimidad. Con anterioridad las luchas políticas han sido concebidas en términos de confrontación ideológica o en términos de una pugna por apropiarse de, o por adjudicar significado a los conceptos políticos e imponer, de este modo, uno u otro criterio de legitimidad. Se podría afirmar que, en el caso del conflicto colombiano, la lucha no gira en torno al ejercicio del poder político, que se ha fragmentado y es ejercido desde distintos escenarios por diversos actores, sino, al ejercicio legítimo de ese poder y que la batalla que establece ese nivel de legitimidad se da en el campo discursivo.
Si partimos de la afirmación de que la acción política no es solamente una práctica social y simbólica, sino discursiva, surge la necesidad de entender y explicar el sentido de la práctica revolucionaria que define al actor armado. Para esto, es preciso identificar su campo de su discurso político, reconstruir su cultura política o conjunto de patrones y relaciones que la hicieron posible. Esto implica reconstruir históricamente el sistema de significados dentro del cual se han constituido como sujetos políticos y operan como tales.
Desde esta perspectiva, el objetivo prioritario de la investigación histórica y, en particular de esta investigación, ha de ser el de identificar, especificar y desentrañar el patrón categorial de significados operativos en el caso del ELN, analizar los términos de su mediación entre los individuos y sus condiciones sociales y materiales de existencia y evaluar sus efectos realizativos sobre la configuración de las relaciones sociales. Será ello lo que nos permita explicar las formas de conciencia y las modalidades de acción, hacer inteligibles los procesos y los cambios históricos y dar cuenta de la génesis y evolución del conflicto armado en la sociedad colombiana.
FABIO VÁSQUEZ CASTAÑO
FABIO VÁSQUEZ CASTAÑO Y LOS CANCILLERES
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO DEL ELN (1958-1965): LA VIOLENCIA Y EL FRENTE NACIONAL
El periodo denominado La Violencia20, comprendido entre 1946-1958, constituye uno de los más importantes procesos sociopolíticos del siglo pasado y de imprescindible conocimiento para comprender la dinámica de las estructuras y los procesos socioeconómicos y sociopolíticos colombianos en la segunda mitad del siglo XX.
Los estudios historiográficos sobre este periodo de la historia del país buscan superar afanosamente el enfoque tradicional con que se ha reflexionado sobre La Violencia, para ver, más allá de la confrontación bipartidista –por el manejo hegemónico del poder estatal–, las formas de participación de los distintos sectores sociales, los mecanismos de acumulación extraeconómica, las especificidades regionales y culturales en las zonas en que los conflictos se expresaron con mayor intensidad, las estrategias de organización y resistencia suprainstitucional a la represión estatal, entre otras muy variadas lecturas21.
No obstante, lo más recurrente en la memoria del común de la gente y en particular de quienes tuvieron que soportar las acciones de la violencia política, en las distintas regiones en que esta se expresó en forma más cruda, son las acciones de terror de civiles y funcionarios oficiales que motivados por el sectarismo político llenaron de cadáveres y arrasaron gran parte del territorio nacional.
El asesinato sistemático, la tortura, la violencia sexual, la mutilación, la manipulación brutal de los cadáveres, el boleteo, la intimidación mediante el incendio, la matanza de ganado, la destrucción de sementeras, el despojo de propiedades, el abandono y la venta precipitada de fincas y parcelas, con la consiguiente acumulación de propiedades y riquezas en manos de quienes pudieron instrumentalizar la criminalidad, colocándola al servicio de su propio beneficio, fueron, entre otras, algunas de los expresiones de violencia durante este periodo.
La violencia, institucional y parainstitucional, fue el mecanismo a través del cual se adelantaron los campañas de control social y político, que buscaron homogeneizar ideológica y políticamente a la población. En las operaciones de “pacificación” adelantadas por la Policía y el Ejército en pueblos y veredas fueron ejecutadas centenares de personas, al tiempo que bajo la protección y la complicidad de las autoridades y jefes políticos locales, regionales y nacionales, grupos parainstitucionales, organizados como “cuadrillas” y “pájaros”, realizaron operaciones de aniquilamiento, limpieza y sometimiento de las disidencias políticas. El norte del Valle, el Viejo Caldas y el Tolima fueron escenarios de esta modalidad de agresión, siendo precisamente en estas regiones del occidente colombiano en las que apareció el tristemente célebre León María Lozano, “El Cóndor”22. Sin embargo, esas fueron las únicas regiones en donde esto sucedió; Boyacá y los Santanderes fueron igualmente escenarios de estas prácticas criminales de homogeneización política23, y de los procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por la vía de la violencia política, lo que contribuyó eficazmente al desarrollo capitalista moderno en el país.
La muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 generó un estallido violento del conflicto social y político que no respetó ningún estrato social; el terrorismo político afectó a todas las clases a distinto nivel dependiendo de las posibilidades sociales, económicas y políticas que tuviese cada cual, para resistir la ofensiva de la barbarie sectaria de los partidos. Cuando se hizo imposible la situación y los mecanismos para frenar desde la sociedad civil la ola de violencia que azotaba el territorio nacional no funcionaron suficientemente, se recurrió a la lucha armada en la forma de guerrillas, como estrategia central de resistencia política (Pecaut, 1976, 1988; Henderson 1984; Pineda, 1960; Sánchez, 1983a; Oquist, 1978).
Resulta importante para el objeto de este trabajo presentar a nivel general el contexto, las características y regiones en que se da este tipo de resistencia política durante el periodo de La Violencia, en la medida en que de ella se nutre el proceso posterior que dará origen a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Esta parte se inscribe en el periodo de análisis que hemos denominado de los conflictos sociales, políticos e ideológicos (Medina, 2011), y cuya característica esencial es el paso de un modelo de confrontación, centrado en los partidos por el control del poder del Estado, a un modelo de confrontación en el que aparece como eje fundamental la lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad y del Estado.
De la violencia política tradicional a la violencia político-ideológica revolucionaria
Con la aparición de la guerrilla liberal, la violencia adquirió el carácter de una guerra civil en la cual la población campesina en armas, dirigida regionalmente por el Partido Liberal, se enfrentaba al terrorismo de Estado agenciado por el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez.
Los grupos guerrilleros se establecieron en regiones que por sus características geográficas, sociales y políticas les permitían subsistir y adelantar la lucha de resistencia con grandes posibilidades de éxito. Se tuvo en consideración, al determinar los lugares de ubicación de la guerrilla liberal, que las condiciones topográficas fueran favorables para el desarrollo de ese tipo de lucha, que existiese un relativo aislamiento de los centros de poder, que los habitantes de la región estuviesen unidos por un cierto grado de identificación política y que, en alguna medida, los propietarios de grandes extensiones fuesen tolerantes con la presencia de grupos armados en sus territorios.
Las guerrillas se consolidaron, siguiendo estos parámetros, en tres tipos de áreas: 1) en las zonas de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde estaba aún latente el conflicto agrario por titulación de tierras y existía una base campesina politizada en otras épocas por el Partido Socialista, el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán; 2) en las zonas de frontera abierta y colonización inicial dinamizada por el propio proceso de violencia: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el río Sinú y el río San Jorge; y 3) en el sureste antioqueño y otras áreas en donde la estructura agraria ya estaba consolidada. La principal característica de estas regiones consistía en ser, desde el punto de vista logístico, despensas alimentarias con capacidad de sostener durante largo tiempo grupos de hombres armados relativamente grandes.
Los guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armada y en leyendas y mitos en sus regiones. Son relevantes los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; el capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona santandereana 4 del Carare Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros (Sánchez, 1989a).
A medida en que la lucha armada fue desarrollándose por los grupos guerrilleros liberales, comenzaron a aparecer normas y códigos de comportamiento que pronto se transformaron en leyes que guiaban las acciones guerrilleras y la dinámica de vida y convivencia en las regiones en las que operaban:
códigos que obligaban el respeto de niños, mujeres y ancianos, y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistema de torturas y tierra arrasada a sus adversarios. Reglamentaba el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de resistencia. Tenían tribunales propios: realizaban casamiento ente sus jefes y, en algunas zonas, las de mayor control, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. (Sánchez, 1989a, p. 145)
No obstante la obediencia que los grupos guerrilleros guardaban a la dirección del Partido Liberal, dos situaciones fueron creando las condiciones para que éstos fueran constituyéndose en cuerpos autónomos, con posibilidades de acumular fuerza capaz de llevarlos más allá de la resistencia o recuperación del poder político para los liberales, al logro de transformaciones sociales y económicos de beneficio general. La primera, la relación indirecta que manejaba la dirección del partido con los jefes de la guerrilla que creó una separación entre el mando militar y el mando político, dando posibilidades para que al crecer la autonomía guerrillera, se gestara un proyecto político de mayor alcance social que el ofrecido por el Partido Liberal; la segunda, la composición social de la guerrilla que unía multiplicidad de intereses, necesidades y experiencias políticas y sociales:
era una guerra dirigida en buena parte por los campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencia revolucionaria como la del 9 de abril en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias, por policías desertores o destituidos, por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate; por emigrantes, por arrieros y, eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. (Sánchez, 1989a, p. 142)
A diferencia de las guerrillas del sur del Tolima, dispersas, atomizadas, en permanente confrontación, las guerrillas del Llano crecían numéricamente y se cualificaban políticamente, hasta alcanzar niveles de autonomía que las llevó a confrontar la dirección del Partido Liberal y a tomar la iniciativa en la gestación de un proceso que habría de constituirse en un fenómeno claramente revolucionario.
En agosto de 1952, se realiza en Viotá la “Conferencia de Boyacá” a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en “La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Coordinadora Nacional, con el objeto de que se encargue de impulsar las tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario24. En estos ejercicios “legislativos” comienza a estructurarse un comportamiento que se mantendrá en el desarrollo de la lucha guerrillera de los años siguientes y es el que tiene que ver con el ejercicio del poder de las guerrillas y el rol de “Estado” paralelo, que se reclamarán hacia el futuro.
La primera ley del Llano se proclama el 11 de septiembre de 1952. En ella se organiza la aplicación de la justicia, se enuncian las funciones que deben cumplir los jefes civiles y militares, los comisarios y los agentes de orden público; se determinan los delitos contra la revolución; se consagran los garantías individuales; se instituyen las prácticas de trabajo comunitario; se imponen límites y condiciones al uso de la tierra; se establecen granjas y colonias por cuenta propia de la revolución para el sostenimiento del ejército campesino; se reglamenta el desarrollo de la ganadería y el impulso a los hatos. La expedición de esta ley muestra claramente el proceso de cualificación ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano25.
Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este periodo se redactó, bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo – “el más notable ideólogo de la resistencia llanera” como se le ha denominado por alguno de los autores citados (Sánchez y Meertens, 1983)–, la segunda Ley del Llano, conocida como “La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia” (Franco Isaza, 1955); esta debía ser sancionada el 18 de junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación, encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático y popular. Para ello, la ley establece un ordenamiento jerárquico para la conducción del proceso: define los criterios políticos, económicos y judiciales a través de los cuales se ha de guiar la sociedad durante la lucha revolucionaria; se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución; se regulan las relaciones entre las fuerzas armadas revolucionarias y la población no combatiente; se establece un criterio educativo según el cual se subordinan las armas a la político y se concibe la instrucción revolucionaria como parte de las labores cotidianas; se legisla sobre el matrimonio civil, la legitimidad de todos los hijos, la igualdad de la mujer ante el hombre, la protección de la población indígena contra los abusos de los terratenientes y colonos, el respeto a la vida, honra y bienes de los conservadores en tierras invadidas, la prohibición de la práctica de tierra arrasada.
La dirigencia del Movimiento Revolucionario Llanero tenía clara conciencia de que la consolidación y el desarrollo de su proyecto dependía del desarrollo nacional del movimiento revolucionario y de su posibilidad efectiva de articulación en un solo proyecto. Es en este sentido que se determina que una de las funciones asignadas al Estado Mayor consiste en: “dirigir las relaciones del Llano con las demás guerrillas y grupos revolucionarios tanto de Colombia como de otros países, y procurar la unión y la cooperación con ellos en todo lo posible” (Sánchez, 1989a, pp. 148-149).
Después de la Asamblea de junio de 1953, los cosas comenzaron a definirse por distintos caminos. Mientras el movimiento guerrillero consideraba necesario elevar el proyecto de la segunda ley del Llano a la categoría de programa de la revolución nacional, y entregar la conducción militar de la lucha revolucionaria a la jefatura de Guadalupe Salcedo, sectores políticos de los partidos Liberal y Conservador en estrecha unión con los gremios económicos (terratenientes, ganaderos, comerciantes e industriales) –profundamente conmocionados por el impacto demoledor de la violencia en el que se estaban consumiendo no solamente las propiedades de los medianos y pequeños campesinos, sino también los bienes de algunos sectores de las clases dominantes que sentían que la agitación social amenazaba con sacudir de raíz las estructuras del orden tradicional–, se dieron a la tarea de madurar y colocar en marcha una salida de emergencia en la que un golpe militar se convertirá en esperanza de salvación para los colombianos y el comienzo de un proceso de pacificación que terminará, supuestamente, con el bienestar general y la concordia entre los ciudadanos. El 13 de junio de 1953 se produce el golpe que coloca en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla (Sánchez, 1989b)26.
Tres hechos permitieron que madurara en la mentalidad de la clase política la necesidad de colocar un militar en el poder, a través de lo que posteriormente se llamaría un “golpe de opinión”. Primero, las transformaciones que se venían produciendo en las estructuras de propiedad agraria como consecuencia de las dinámicas de expropiación, venta forzada y abandono de la tierra; estas produjeron concentración de riqueza, empobrecimiento prematuro y migración, a la vez que transformaron (fortaleciendo) prácticas laborales que en condiciones normales se habían sostenido como relaciones marginales o complementarias: “[t]ierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debían desalentar tanto a los terratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista” (Sánchez, 1989b, p. 150). Segundo, la separación de hecho entre la dirección nacional del Partido Liberal y el Movimiento Guerrillero que veía que sus intereses cada vez entraban más en contradicción con los de sus jefes en la capital, quienes se negaban a encabezar la revuelta, pero se disponían en lo posible a beneficiarse de ello. Tercero, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento guerrillero y su evolución cada vez mayor, de una táctica de autodefensa a una ofensiva enmarcada en un proyecto político de mayor alcance que el ofrecido por los liberales, e incluso por los comunistas, que se fue formando como resultado natural de la maduración de la lucha guerrillera.
En síntesis, con el ascenso de Rojas al poder se trataba de ponerle freno a un proceso en el que se había ido gestando una nueva nación, un nuevo país y un nuevo Estado, distinto al que los intereses de las clases dominantes encontraban como legítimo. Con el lema de “Paz, justicia y libertad”, Rojas inicia el proceso de reconstrucción del país recibido en medio de una crisis social y política profunda, cercado por la violencia generalizada, el terror y el caos absoluto, por un lado, y por el otro, por una bien estructurada insurgencia armada que crecía a pasos acelerados. En estas condiciones la tarea inmediata del gobierno militar no fue otra que la de entrar a controlar el terror y la anarquía existente, desarticular la guerrilla en crecimiento y reconstruir las zonas afectadas por la violencia. El discurso de la reconciliación se puso de moda al son del lema del Gobierno: “La patria por encima de los partidos”. Los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y la prensa se colocaron al servicio de la labor emprendida por el general Rojas Pinilla y pronto comenzó a sentirse una atmósfera distinta que llenaba de esperanza a sectores sociales que habían sido duramente golpeados por la violencia.
Una estrategia predominantemente política empleó Rojas para conseguir el objetivo de desarmar y desmovilizar el movimiento guerrillero liberal: primero, ofreció una amnistía general e incondicional, con la promesa de ofrecer garantías para quienes depusieran las armas; segundo, ordenó la suspensión de las operaciones militares en las zonas de dominio y presencia guerrillera; tercero, les reconoció a los insurgentes su condición de fuerzas rebeldes y beligerantes en capacidad de negociar con el Gobierno. Esta estrategia la acompañó con una amplia labor de propaganda a través de la distribución masiva de hojas volantes, lanzadas desde aviones y helicópteros en las zonas donde estaban los principales frentes guerrilleros.
El gobierno militar logró desmovilizar en cuestión de meses las guerrillas en el Tolima, el territorio Vásquez, Santander, Antioquia y los Llanos Orientales, quedando solamente algunos grupos en regiones de influencia comunista, particularmente en el Sumapaz y el sur del Tolima, que comenzaron a desplazarse hacia zonas de defensa estratégica y apoyo logístico consistente. Ahí lograron refugiarse por algunos años hasta que se transformaran en guerrilla revolucionaria de concepción comunista.
La desmovilización no estuvo exenta de los forcejeos de la negociación, las presiones militares, el incumplimiento y los engaños. Los frentes guerrilleros más organizados colocaron a disposición del Gobierno un pliego de peticiones en el que se reivindicaban garantías elementales como el derecho a la vida y la integridad física; el desarme de los grupos paramilitares de contraguerrilla; el reconocimiento de las condiciones políticas del guerrillero; la libertad para los presos políticos; el levantamiento del estado de sitio; garantías para unas elecciones libres; libertades políticas y sindicales; libertad de expresión hablada y escrita. En lo económico, a través de la negociación se buscaba obtener créditos estatales para la reconstrucción y el uso productivo de la tierra; indemnizaciones para las regiones que habían sufrido la acción destructora de las tropas oficiales; restitución de las propiedades usurpadas a sus antiguos dueños y distribución de tierras a los campesinos basándose en el principio de “la tierra para el que la trabaja”27.
Pasada la primera etapa del gobierno del general Rojas, su administración comenzó a tomar el mismo camino de la época del sectarismo político partidista, produciéndose el resurgimiento de bandas criminales auspiciadas por gamonales, jefes políticos y los mismos organismos de seguridad del Estado, el Sistema de Inteligencia Colombiano (SIC), para hostigar campesinos, asesinar amnistiados y guerrilleros desmovilizados. Entonces, se generó en estos un sentimiento de frustración e impotencia frente a lo que consideraban una traición del Gobierno militar, en la que habían caído a través de la trampa de la amnistía general. Pronto, los exguerrilleros conformaron nuevamente grupos que se pusieron al servicio de propietarios y jefes políticos liberales, con el fin de confrontar la acción criminal del resurgimiento de los “pájaros”.
La violencia no se agenció solamente en forma efectiva y en la aplicación de lo que desde entonces podría llamarse “justicia privada”; el Gobierno al lado de los terratenientes inició una cruzada de pacificación contra una de las zonas que había servido de refugio a quienes se habían marginado cautelosamente de los beneficios de la amnistía y estaban bajo la influencia del Partido Comunista: el Sumapaz.
4 de abril de 1955, el Sumapaz es declarado ‘zona de operaciones militares’ y desde entonces ‘pacificación’ volvió o ser sinónimo de arrasamiento, ametrallamiento y bombardeo. Por lo menos seis batallones y alrededor de un tercio del total de efectivos del ejército participaron en la acción…los primeros resultados demostraron que el gobierno, los militares y los terratenientes habían subvalorado la capacidad de resistencia campesina y la operación que se pensaba iba a ser de días a semanas, se convirtió en una larga guerra de dos años, en los cuales muchos habían muerto, pero también, miles habían logrado evadir el cerco. Unos con Juan de la Cruz Varela se refugiaron en el alto de Sumapaz, otros huyeron hacia Marquetalia. La invasión militar, lo único que consiguió fue trasladar geográficamente el problema, a un costo político incalculado. (Sánchez, 1989b, p. 167)
Al hacer un balance sobre la administración de Rojas Pinilla se puede fácilmente identificar dos momentos: el primero, se caracterizó por el incremento de los recursos del Estado como consecuencia de dos factores: una activa economía exportadora, favorecida por la bonanza cafetera; y segundo la imposición de nuevas cargas tributarias a la población. Estos dos hechos le permitieron a Rojas contar con presupuesto suficiente para impulsar proyectos de interés nacional, entre los que cabe destacar el reordenamiento de la producción de hidrocarburos y el fortalecimiento de la empresa siderúrgica de Paz del Río, la inversión en la actividad agrícola mediante la compra de maquinaria y fertilizantes, la construcción de distritos de riego que favorecieron a los productores de caña de azúcar, arroz y algodón; la financiación de importantes obras de infraestructura tales como la construcción de centros hidroeléctricos, el ferrocarril del Atlántico, el aeropuerto internacional El Dorado y las instalaciones de la televisión nacional.
Esta época fue de crecientes expectativas populares con respecto a los planes de pacificación; una bien organizada campaña publicitaria, unida a acciones de bienestar social a través de la oficina de Rehabilitación y Socorro dependiente de la Secretaría Nacional de Asistencia Social (Sendas), dirigido por la hija del general, María Eugenia Rojas de Moreno, alimentó este periodo. No obstante, la imposibilidad de satisfacer la infinidad de demandas surgidas en el proceso de reconstrucción económica y social del país –debido a que las dimensiones de los problemas heredados de La Violencia superaban desmesuradamente las políticas y los recursos estatales–, fue creando falsas expectativas que pronto comenzaron a perderse en el horizonte de la credibilidad popular. Es durante los dos primeros años de gobierno que el general Rojas, en medio de las limitaciones anteriormente señaladas, genera la simpatía en los sectores populares que habrá de canalizar posteriormente hacia la creación de la tercera fuerza política, cuando los sectores que lo colocaron en el poder comienzan a retirarle su apoyo.
El segundo momento de la administración Rojas se caracteriza por la disminución de los recursos presupuestales provenientes de la economía exportadora, y por el crecimiento del movimiento de oposición al Gobierno que se agudiza a partir de que Rojas proclama la idea de hacer efectiva la creación del Movimiento de Acción Nacional (MAN), el 13 de junio de 1956, al cumplirse el tercer aniversario del golpe de opinión. A partir de ese momento, el gobierno del General comienza a derrumbarse, presionado por la alianza de las fuerzas políticas tradicionales, la Iglesia y los gremios económicos que convocan a un paro nacional contra su gobierno que lo obliga a dimitir el 10 de mayo de 1957. Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, como representantes de los dos partidos tradicionales, habían madurado en Benidorm (España) un proceso de transición hacia el pacto del Frente Nacional28.
