Kitabı oku: «El apagón analógico», sayfa 3

CASO 2: LÁZARO, EL SEÑOR DE LOS HOTELES

País: Argentina.

Medio: La Nación.

Tipo de medio: Impreso.

Autores: Hugo Alconada Mon.

Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2013

El periodista Hugo Alconada Mon (2013) destapó las millonarias facturas que el hotel Alto Calafate, perteneciente al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, había emitido a siete compañías del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien había ganado múltiples contratos del gobierno. Según la investigación, el 90% de la facturación generada por el hotel fue destinado a Báez. Una de sus empresas, Austral Construcciones, reportó en su contabilidad 2,8 millones de pesos argentinos en pagos al Alto Calafate durante cinco meses de 2010. Citando a seis expertos, el autor concluyó que “los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría (sic) vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera” (Alconada Mon, 2013). La publicación se realizó tres años después de la muerte de Kirchner, cuando Fernández era presidenta de Argentina. De acuerdo con la investigación, Báez controlaba la empresa Villa Mitre S. A., que administraba el hotel. El periodista apuntó que un empleado de Báez, Daniel Pérez Gadín, investigado en otros casos de posible corrupción, habría servido de enlace, pues en su currículum detalló que asesoraba al Alto Calafate al mismo tiempo que trabajaba para el empresario. La conclusión fue que estas operaciones constituirían lavado de activos, evasión tributaria y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras legales.

Para llegar a estas revelaciones, Alconada Mon recolectó no solo la facturación de Valle Mitre SA, sino la contabilidad de las empresas de Báez y los convenios entre estas compañías y el hotel. Estos documentos, señala el periodista, fueron estudiados por él y los seis expertos durante varios meses. El análisis estadístico de esos datos permitió revelar el alto porcentaje de facturación del hotel emitido a Báez. Este dato tiene un lugar prominente en la publicación, pues ocupa el título de la nota interna del reportaje. Asimismo, salieron evidencias de que el hotel no habría dado el servicio señalado en las facturas. La investigación apunta que las compañías de Báez firmaron varios convenios con el hotel en septiembre de 2010, los mismos que de acuerdo con sus cláusulas iban a ser aplicados retroactivamente desde el 1 de julio de ese año. Con esos acuerdos, las empresas se comprometieron a pagar por la ocupación de 935 habitaciones mensuales, las usaran o no. El periodista infiere que, como el hotel contaba con 103 habitaciones, eso significaba estaría lleno nueve noches durante el mes, es decir que Báez había garantizado la venta de un tercio de la capacidad del Alto Calafate. La investigación fue más allá. Se adentró en analizar qué tan probable era que las empresas de Báez usaran el servicio. El reportaje cita, por ejemplo, que una firma de Báez, La Estación S. A., que controlaba una estación de gasolina a 300 kilómetros del Alto Calafate, tenía veinte empleados, lo que implicaba que cada trabajador tenía que hospedarse dos fines de semana por mes en el hotel para cumplir el compromiso de ocupar 90 habitaciones mensuales. Cifras parecidas se repiten en los convenios firmados por otras compañías de Báez. Por último, la publicación revela que las ventas por consumos al interior del hotel no eran proporcionales a los ingresos totales. Cita que en febrero de 2010 el hotel registró ingresos por 889.000 pesos argentinos, pero solo 1.258 fueron por servicio de lavandería, 4.139 por telefonía y 8.302 por el uso del “Health Club”. Esto mostraría que el hotel estaba cobrando por habitaciones que no eran ocupadas.

Si bien el análisis de datos es central en esta investigación, en la publicación no hay una visualización que permita una mejor comprensión de estos. El único soporte gráfico de este trabajo es una infografía con los siguientes elementos: dos convenios firmados por el Alto Calafate y las empresas de Báez; una fotografía del hotel, otra del empresario y otra de Cristina Fernández; y tres párrafos que explican las operaciones. La única técnica narrativa identificable en esta visualización es la narración textual.

CASO 3: LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEÑA NIETO

País: México

Medio: Aristegui Noticias

Tipo de medio: Digital.

Autores: Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán.

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2014.

Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán (2014) destaparon un escándalo alrededor de la casa donde vivía el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su familia. La investigación reveló que el Grupo Higa, un conglomerado de empresas que había obtenido millonarios contratos públicos en la gobernación y la presidencia de Peña Nieto, había comprado los terrenos y construido la vivienda, avaluada en 7 millones de dólares, a gusto de éste y su esposa, Angélica Rivera, en un barrio de alta plusvalía de la Ciudad de México. El inmueble no fue registrado en las declaraciones patrimoniales que Peña Nieto presentó en 2012, cuando lanzó su candidatura a la Presidencia, ni en 2013 y 2014, cuando ya estaba en el poder. De acuerdo con información oficial del Registro Público de la Propiedad, la dueña del predio era la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al Grupo Higa. El reportaje cuenta que, en mayo de 2009, Constructora Teya, otra compañía del mismo grupo, se benefició de un contrato de la Gobernación de México, cuando Peña Nieto era su titular, para construir un hospital. Nueve meses después, en diciembre de 2009, el Grupo Higa adquirió uno de los terrenos donde se construiría la casa blanca. Este colindaba con una mansión de Angélica Rivera, que para entonces ya había anunciado públicamente su noviazgo con Peña Nieto. A la par, otras compañías del Grupo Higa acumularon contratos de la Gobernación por un total de 8 mil millones de pesos mexicanos. En octubre de 2010, un mes antes del matrimonio Peña Nieto-Rivera, el conglomerado empresarial legalizó los planos para la construcción de la casa blanca. El esbozo superaba el terreno ya adquirido. Así que, en diciembre de 2010, Grupo Higa concretó la compra de un predio adjunto. En total, gastó 18.4 millones de pesos mexicanos en ambos inmuebles, que tenían un total de 414 metros cuadrados. Los periodistas confirmaron que la pareja se reunió con el arquitecto que diseñó la vivienda, Miguel Ángel Aragonés, para asegurarse de que las necesidades de la familia estén satisfechas. La investigación también registra la participación de dos empresas del Grupo Higa en la campaña presidencial de Peña Nieto. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contrató a la compañía Eolo Plus para alquilar las aeronaves en las que el candidato recorrió el país, por 26 millones de pesos mexicanos. También contrató a la firma Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para imprimir el material que se regalaba en la campaña. Tres días antes de que esta investigación se publicara, el 6 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto había ordenado repetir la licitación del tren de alta velocidad que uniría a México con Querétaro, en la que resultó ganador un consorcio donde participaba una filial del Grupo Higa, debido a los cuestionamientos de legisladores, empresarios y medios de comunicación que denunciaban la falta de transparencia en el concurso. Este reportaje reafirmó los estrechos vínculos entre Peña Nieto y ese grupo empresarial.

La consulta de fuentes abiertas y los pedidos de acceso a la información pública son fundamentales en esta investigación. Da la impresión de que el proyecto inició con una pista, la edición de la revista Hola! de mayo de 2013, que publicó una entrevista a Angélica Rivera realizada en la casa blanca. En ella, la primera dama decía que el inmueble era de propiedad de la familia y que la albergaría luego del sexenio de Peña Nieto. Otra fuente abierta clave fue la guía telefónica. Ahí, los periodistas encontraron que la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, registró su domicilio en la casa blanca y que las líneas telefónicas estaban ubicadas en la mansión vecina de Angélica Rivera. Los reporteros llamaron a esos números y una persona confirmó que la mansión y la casa blanca estaban conectadas. Además, los periodistas encontraron los planos de la vivienda en la página web del arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien hizo los diseños. Luego, tuvieron acceso a esos documentos y todo el proceso de legalización de la obra por una solicitud de transparencia. A través de ese mecanismo también consiguieron los contratos públicos del Grupo Higa. Otros documentos públicos citados en el reportaje son el expediente societario de Ingeniería Inmobiliaria Centro, los contratos notarizados de compra-venta que esta compañía celebró para adquirir los terrenos, las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto y los documentos del Instituto Nacional Electoral sobre la campaña presidencial. Los periodistas demostraron que los documentos que son de libre acceso son de mucha utilidad para poner a prueba una hipótesis de investigación.

En ese proceso, los reporteros también se valieron de documentos privados de interés público. El reportaje expone el contrato entre el PRI y Eolo Plus para el alquiler de aeronaves y las facturas que la empresa emitió por ese servicio. Además, el equipo periodístico contrató un avalúo independiente para determinar el costo de la casa blanca. La investigación también cita al responsable de obra, un supervisor independiente cuya única función era garantizar que se edifique lo que consta en planos registrados. Él ayudó a completar la historia. Por último, el reportaje registra las contrataciones. El Estado Mayor Presidencial confirmó que da seguridad a la casa blanca. El arquitecto Aragonés, el representante de Ingeniería Inmobiliaria Centro y Eolio Plus, el Presidente y su esposa se negaron a dar entrevistas.

El texto no muestra que se haya aplicado el análisis estadístico de cifras. No obstante, la publicación ofrece una visualización interactiva construida con planos, fotografías y texto, una labor que también implica análisis de datos, desde la perspectiva de Paraise y Dagiral (2012). En esa pieza se pueden reconocer cuatro técnicas narativas: la narración textual, pues párrafos cortos van desarrollando la historia; el uso de botones previo y siguiente para reforzar la estructura y la navegación; el diseño de mapas para ubicar al lector; y la posibilidad de que el lector explore los datos en una visualización separada de la historia principal.

CASO 4: UN PARAÍSO PARA LOS VIOLADORES DE MENORES

País: El Salvador.

Medio: El Faro.

Tipo de medio: Digital.

Autores: María Luz Nóchez y Laura Aguirre.

Fecha de publicación: 31 de enero de 2017.

Al descubrir que el 90% de denuncias por violación a menores de 15 años había quedado en la impunidad, las periodistas María Luz Nóchez y Laura Aguirre (2017) investigaron las causas. La publicación reveló que los imputados eran declarados inocentes a pesar de que se había comprobado el delito y se había confirmado su autoría a través de medios científicos. Para fallar a favor de los acusados, los jueces usaban principalmente cuatro argumentos: que el imputado desconocía la ley, que condenarlo causaría mayor perjuicio a la víctima, que el violador quería formar un hogar con esta o que la niña aparentaba más edad. Otra estratagema de los jueces era que no se contaba con el testimonio de las víctimas al momento del juicio, pues según ellos era la única forma de establecer no solo que el delito había existido, sino que el agresor había actuado con intensión, requisito clave para emitir una condena. Las periodistas descubrieron que los jueces valoraban las pruebas con prejuicios de género y de edad. En algunos casos, cuando la víctima había quedado embarazada por la violación, los jueces argumentaban que absolvían al acusado pues estaban protegiendo el desenvolvimiento del niño que estaba por nacer. Además, la publicación recogió testimonios de exfuncionarios judiciales que describían cómo los jueces se referían con burla a este tipo de delitos llamándolos “sabrosos” o “de amor”. Las periodistas detallaron varios casos en que los jueces usaron estos razonamientos para liberar a los violadores.

Una labor esencial en esta investigación fue el análisis estadístico de datos. Las periodistas trabajaron con la base de datos de las denuncias presentadas en la Fiscalía entre 2013 y 2016. Primero, determinaron que en el 60% de las 8.464 denuncias por violación, las víctimas eran menores de 15 años. De estas, el 90% eran niñas. Además, las periodistas cruzaron esa base con los datos demográficos del país para determinar la tasa de violaciones a menores de 15 años, por municipio. Descubrieron que el municipio con mayor índice era Mercedes de la Ceiba, con un equivalente a 366 casos por cada 100.000 menores de 15 años. También analizaron la efectividad de la función judicial para castigar a los agresores. Revelaron que la Fiscalía pudo llevar a los juzgados el 27% de denuncias y que apenas el 10% de denuncias tuvieron una condena. La base de datos obtenida de la Fiscalía permitió establecer un perfil de las víctimas, hacer un análisis geográfico y evaluar a los operadores de justicia.

Las periodistas fueron más allá. Formaron su propia base de datos con 284 sentencias. Analizando esos documentos, determinaron que el 42% de esos fallos (119) fueron absolutorios, a pesar de que en la mayoría de estos casos se había confirmado la existencia del delito y establecido la autoría. Además, establecieron que el 58% de las absoluciones se basaron en la falta de declaración de la víctima. En el 43% restante, los jueces consideraron que la víctima mentía, que la intención real del acusado era formar una familia o que la agredida era la responsable. Este ejercicio muestra el potencial que tiene la estructuración de datos hallados por el periodista.

En esta investigación, el procesamiento de datos va acompañado de entrevistas a expertos, testimonios de funcionarios judiciales, informes especializados y el análisis de varias leyes. Las periodistas citaron a dos abogados, una médica, dos fiscales, tres jueces y tres funcionarios judiciales. También presentaron los estudios de tres organizaciones civiles, un organismo multilateral y del Ministerio de Salud. Asimismo, mencionaron artículos de la Constitución y los códigos Civil, Penal, Procesal Penal y de Familia. Las bases de datos usadas por el equipo de investigación se complementaron con otro tipo de fuentes.

Las visualizaciones ocupan un lugar prominente en este trabajo. El texto va acompañado de cinco piezas: un mapa que muestra la tasa de violaciones contra menores de 15 años por municipio; un gráfico de barras con el número de víctimas mayores y menores de 15 años; otro gráfico de barras que compara la cantidad de denuncias y de condenas; una visualización que compagina dos tipos de gráficos (un gráfico de tiempo que muestra la evolución del número de denuncias por año y varios gráficos de donas que detallan el porcentaje de denuncias judicializadas cada año); y, por último, una visualización que muestra el porcentaje de niñas que son víctimas de ese tipo de delitos. Adicionalmente, la publicación presenta un video en el que una de las periodistas explica varias cifras. En este trabajo se pudo identificar la aplicación de seis técnicas narrativas. Primero, la publicación tiene botones de encabezado para acceder a varias secciones del reportaje. También se utiliza la incorporación a la historia, pues el aparecimiento de cada visualización armoniza con el desarrollo del texto, de tal manera que la audiencia puede explorar los datos teniendo el contexto a mano. En el mapa se usan tooltips para dar detalles de cada municipio. Los dos gráficos de barras enlazan el texto y las cifras a través de colores. En la visualización del porcentaje de niñas se utiliza el resaltado. Por último, en el video se narran los datos a través del audio. Este trabajo equipara el análisis de datos, fundamental en el proceso de investigación, con la producción de visualizaciones para explicar los resultados.

CASO 5: LOS MUERTOS DE MARÍA

País: Puerto Rico.

Medio: Centro de Periodismo Investigativo, Quartz y Associated Press.

Tipo de medio: Dos medios digitales y una agencia de noticias.

Autores: Omaya Sosa Pascual, Ana Campoy y Michael Weissenstein.

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018.

Luego de un año de evidenciar que el saldo de muertes que dejó el huracán María en Puerto Rico era mucho mayor que las cifras oficiales, los periodistas Omaya Sosa Pascual, Ana Campoy y Michael Weissenstein (2018) —con la colaboración de un equipo de 30 especialistas— terminaron una investigación en la que expusieron las historias de 487 fallecidos. Estas revelaron que muchos casos pudieron ser prevenidos. La cifra contrastaba con la única lista oficial, que tenía 64 nombres, y la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que minimizaba el impacto de la catástrofe y promocionaba su nivel de respuesta. La postura del mandatario era tan regia que expuso como un ataque político de los demócratas a un estudio elaborado por la George Washington University a pedido del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, que calculaba en 2.975 el número de muertos. Este análisis, resaltan los periodistas, se basaba en cálculos matemáticos y no presentaba la identidad de ningún fallecido.

La investigación periodística procesó tres conjuntos de datos: las estadísticas de mortalidad de la isla entre 2014 y 2018; 23 mil certificados de defunción, que fueron obtenidos luego de una querella judicial; y la muestra de los 487 casos recolectados por los reporteros a través de una encuesta en línea y entrevistas. La primera de estas fuentes permitió revelar que en las semanas posteriores al huracán ya se podía evidenciar un incremento de la mortalidad en cientos de casos. Los periodistas señalan que, entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, 640 personas murieron en exceso al promedio de muertes durante ese mismo periodo de los tres años anteriores. Añaden que en los siguientes tres meses se registró una debacle que cambió la demografía y las principales causas de muerte del estado. Los jóvenes adultos de entre 30 y 44 años fueron el segmento poblacional en el que más se elevaron los decesos, entre un 23% y 39%. Esto contradecía la idea promovida por Trump de que los muertos tras el desastre eran ancianos con enfermedades preexistentes. Con respecto a las casusas de mortalidad, se registraron los siguientes cambios: la sepsis, que nunca había estado entre los principales motivos, se ubicó en octava posición, pues muchos pacientes con enfermedades no relacionadas al huracán fallecieron debido a las condiciones insalubres de los hospitales. De hecho, las muertes en casas de salud aumentaron el 32%. Los periodistas resaltan que 300 de los 487 casos que ellos recolectaron correspondieron a muertes por enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y Alzheimer, relacionadas a falta de tratamiento. Otras causas de muertes que se dispararon, entre el 20% y el 45%, fueron la neumonitis, la neumonía, la influenza, la hipertensión, el Alzheimer, y enfermedades renales, respiratorias y cardíacas. Los suicidios, que históricamente habían sido agrupados en la categoría de “otras causas”, se incrementaron en un 44%.

Este análisis estadístico se complementó con la consulta de fuentes testimoniales y documentales. Entre los especialistas consultados están dos médicos, un epidemiólogo, un demógrafo, un funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el presidente de la Asociación de Hospitales. Los periodistas también citaron a exdirectores de emergencia como fuentes anónimas. Los documentos citados corresponden a un informe del FEMA, un estudio de Harvard University y los parámetros del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Esta información permitió revelar que tanto el gobierno federal como el de Puerto Rico, junto con los hospitales, no cumplían con estándares de planificación y preparación para enfrentar un desastre; y también que sí había planes para sobrellevar un huracán de categoría 5, pero que no se aplicaron. El reportaje cita que el FEMA reconoció varios errores como la preparación inadecuada, falta de ayuda y coordinación inadecuada. La publicación también registra las negaciones a acceso a información de parte de instituciones públicas como el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres de Puerto Rico, y el Departamento de Salud. Asimismo, se deja constancia de las declinaciones a entrevistas por parte del gobernador Roselló y otras autoridades. En todo caso, se puede apreciar cómo los testimonios y documentos permiten poner en contexto las cifras y proveerles de una explicación.

El equipo periodístico acompañó la historia con cuatro visualizaciones: un gráfico de barras con las variaciones en las causas de muerte, otro gráfico de barras con los cambios en la tasa de mortalidad por grupos etarios, una visualización de datos para explorar las historias de los 487 fallecidos ubicados, y una pieza que es difícil de clasificar en los términos propuestos por Cairo (2016), pero que corresponde a una línea de tiempo. En estas piezas se pudieron identificar doce técnicas narrativas: el gráfico de las causas de mortalidad enlaza elementos del texto y de las barras a través del color; este, al igual que el gráfico de los grupos etarios, tiene datos etiquetados; la visualización de la lista de fallecidos está incorporada en la historia y permite hacer consultas dinámicas; mientras que la narrativa de la última pieza está guiada por el texto y se vale además de datos resaltados y de anotaciones; su estructura narrativa está reforzada con scrolling y una línea de tiempo; y al final los datos se reagrupan de manera animada. La publicación también permite al lector dirigirse a una visualización separada, alojada en el sitio www.losmuertosdemaria.com, que a través de botones en el encabezado conjuga todas las piezas aquí descritas. Este es el trabajo con mayor proliferación de técnicas narrativas encontrado en este estudio.

TABLA 2 TÉCNICAS NARRATIVAS USADAS EN LAS VISUALIZACIONES DE LAS CINCO INVESTIGACIONES ANALIZADAS