Kitabı oku: «Economía política de los medios, la comunicación y la información en Colombia», sayfa 4

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Con la CNTV se pretendió sustraer la regulación de la televisión de la influencia simultánea de las fuerzas políticas y de los grupos económicos, como si fuera posible una regulación no política de una institución. Sin embargo, esta pretensión se vio frustrada por la cooptación de la Comisión por los poderes combinados de la fuerza política, representada en la Presidencia de la República, y los grupos económicos, que lograron la privatización y luego cooptaron a los miembros de la Comisión, para dejarlos prácticamente sin regulación.

Por su parte, con la ANTV estas funciones de regulación se diluyen, debido a que la regulación se ejerce desde diferentes agencias: la Superintendencia de Sociedades vigila especialmente el cumplimiento de los contratos con los usuarios, es decir, regula el negocio; la Comisión de Regulación de Comunicaciones vigila el cumplimiento en la prestación del servicio en los aspectos técnicos; y la ANTV supuestamente vigila los contenidos y las franjas de programación, pero como este asunto está liberado a la autonomía de los canales, prácticamente no tiene nada que regular. La Agencia se limita, entonces, a garantizar las concesiones y a que el espectro electromagnético quede a disposición de los operadores privados, pues la RTVC —antes Radio Televisión Nacional de Colombia; ahora Sistema de Medios Públicos de Colombia— no es financieramente una competencia para los canales privados.

La regulación pasa, pues, por tres etapas: la del Estado, que interviene a través de Inravisión; la de la sociedad civil, a través de la CNTV; y la del mercado, en la que el Estado pretende ser solo un árbitro, a través de la ANTV.

Conclusión: la Ley de TIC y las empresas infocomunicacionales

Dijimos que la novedad en la actualidad es que DirecTV pasa a ser la primera empresa de medios en el ranking de las mil empresas colombianas más grandes por ventas. Pero esta posición se debe a que, en principio, esta funge como una empresa de medios, que luego pasa a ser una empresa infocomunicacional. Si la comparamos con las demás del mismo sector, pero que son originalmente de telecomunicaciones, entonces su rango es de los más bajos.

En efecto, en un trabajo anterior habíamos recogido una clasificación de 2002 en la que se establece la siguiente jerarquía entre los subsectores que componen el sector infocomunicacional: telecomunicaciones, industrias culturales (de contenido), informática e internet y los sectores intermedios entre ellos (Narváez, 2013). Señalábamos que esta jerarquía “se basa en su importancia económica y política. Entre la infraestructura y la producción de contenido se debaten las jerarquías en Colombia, es decir, se decide cuál es el sector más rentable y, por tanto, de mayor acumulación” (p. 52), lo cual constituye parte del régimen de acumulación.

Igualmente, hacíamos la diferencia en cuanto a las empresas que la Superintendencia de Sociedades registraba como de televisión, precisando que había por lo menos tres clases: a) programadoras, productoras y difusoras, los típicos canales privados y las programadoras concesionarias de espacios; b) productoras, lo que quedó de las antiguas programadoras que no tienen concesión de espacio; y c) difusoras, las típicas proveedoras de televisión cerrada (Narváez, 2013, p. 54). En primer lugar, entre estas últimas aparece DirecTV, pero la primera entre todas las de medios era RCN Televisión.

Con todo, al comparar el volumen de ventas y la rentabilidad de las empresas de medios con las de las empresas de telecomunicaciones, las diferencias eran abismales, como lo siguen siendo ahora. En efecto, DirecTV dejó de ser solo una empresa de televisión cerrada y por demanda y pasó a ofrecer servicios de internet e incluso de telefonía móvil, con lo que se fue convirtiendo en una empresa infocomunicacional y llegó a ocupar el puesto 143 entre las mil empresas más grandes de Colombia, con ventas de más de un billón de pesos colombianos en 2018. De esta manera, desplazó a Caracol TV, que fue la primera hasta el año 2017, ahora relegada al puesto 174, con ventas apenas superiores a 798 000 millones en 2018 (“Las 100 empresas”, 2019) (tabla 2).

Tabla 2. Empresas infocomunicacionales (proveedoras de contenido)


UbicaciónEmpresaVentas (millones de pesos)
35Claro Fijo3 753 099
687Telefónica2 056 000
1431 069 240
194Caracol TV798 079
293Cine Colombia531 664
433RCN Televisión347 111
443Casa Editorial El Tiempo339 836
706Caracol Radio197 989
708Cinemark Colombia197 426
810RCN Radio171 340
Total7 668 385

* Sin incluir el canal Win Sports.

Fuente: elaboración propia con base en el artículo “Las 100 empresas” (2019).

En comparación con la tabla 2, el grueso de los servicios infocomunicacionales proviene de las empresas clasificadas como de telecomunicaciones, las cuales ocupan el siguiente orden en el ranking de 2018 (tabla 3):

Tabla 3. Empresas de telecomunicaciones (telefonía móvil)


Puesto 2018EmpresaVentas (millones de pesos)
10Claro Móvil8 305 180
193 060 000
24Une-epm-Telco4 810 880
Total15 176 067

* Sin telefonía fija y sus servicios agregados.

Fuente: elaboración propia con base en el artículo “Las 100 empresas” (2019).

La tabla 3 sugiere que estamos viviendo un periodo de transición significativo en cuanto a la consolidación de eso que se ha llamado sector infocomunicacional. Esto es, la fusión entre infraestructura de telecomunicaciones y transmisión de contenidos producidos por la industria cultural, tal como la definimos en los apartados anteriores.

En efecto, en la tabla 3 solo aparecen las empresas cuyo negocio es decididamente el de telecomunicaciones, pero con poca relación con la industria cultural y, como es lógico, están dedicadas a la transmisión móvil, por lo que su interés es el espectro. En cambio, en el segundo grupo (tabla 2) las empresas de telefonía fija y servicios agregados a ella utilizan principalmente cableado y una gran infraestructura, mientras que las demás empresas mediáticas, excepto las de cine, dependen también críticamente del espectro. Entre los dos subgrupos se sitúa DirecTV, que pretende prestar todos los servicios que prestan las otras, pero utilizando el espectro y la órbita geoestacionaria.

Es claro que las empresas del primer grupo se caracterizan por utilizar el espectro principalmente para el servicio de telecomunicaciones inalámbricas; las del segundo, el cableado para datos; las del tercero, el espectro para la radiodifusión. Entonces, técnicamente, la empresa que se perfila como integradora de todos los servicios es DirecTV. Es el punto de convergencia técnico entre las telecomunicaciones y las industrias culturales.

Pero lo que nos importa desde la economía política es su posicionamiento económico. Como se ve por las ventas, DirecTV es a la vez la más grande entre las empresas mediáticas y la más pequeña entre las de telecomunicaciones. No obstante, la tendencia en los últimos cinco años es a crecer en abonados y en ingresos; por tanto, puede amenazar la posición de las empresas de telefonía fija y sus servicios agregados. Si a esto le sumamos la oferta y las ventas, es decir, abonados e ingresos de la televisión por demanda a través de internet —sobre la cual, desafortunadamente, no tenemos datos—, es claro que las industrias culturales tradicionales —en cuanto empresas—, como las que aparecen en la tabla 2, están seriamente amenazadas por este nuevo tipo de empresa que está en camino de convertirse en la predominante: una megacorporación infocomunicacional.

Es en este contexto donde se inscribe la llamada Ley de TIC que se discute en el Congreso, pues ya no es posible separar las infraestructuras de telecomunicaciones de las de transmisión de contenidos y, por tanto, la regulación independiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión se hace inútil. ¿Cuál es entonces el sentido de la Ley de TIC, si ya habíamos dicho que en 2013 se habían distribuido las frecuencias para la tecnología 4G? ¿Si ya se eliminó la Comisión Nacional de Televisión? ¿Si ya está privatizado prácticamente todo el espectro?

Precisamente, si existe un solo espectro radioeléctrico, una sola órbita geoestacionaria y un solo territorio, a la vez que existe una tecnología que puede unificar todos los tipos de señales (satelital, microondas, de cables, etc.), entonces todas las TIC se pueden unificar en una sola red de infraestructura. Esto las constituye en un monopolio natural, pero como monopolio natural debería estar en manos del Estado. Por tanto, abrir la competencia a la instalación de diversas redes, cada una de las cuales cumple una parte de la función o repite lo que hacen las otras, es técnica y económicamente irracional.

Luego la ley sí va en dirección a un monopolio natural, pero no estatal, sino privado. Por tanto, hay que garantizarlo y, para ello, esta ley otorga al menos tres ventajas al capital:

• Concesión a largo plazo, ya sea de veinte o treinta años, prorrogables, no importa cuánto. El caso es que con ello se pone una barrera de entrada legal al mercado a posibles competidores.

• El mercado del espectro. El mercado secundario del espectro sería una posibilidad del concesionario, es decir, una fuente de rentas, diríamos extraeconómicas (mafiosas), como las concesiones feudales de la Edad Media. Quien quiera acceder al espectro no tendría que entenderse con el Estado, sino con el dueño de la concesión. Esto facilita también las fusiones y las absorciones entre los concesionarios en el proceso de centralización que conducirá a las megacorporaciones.

• Facilita la unidad del mercado y, con ello, la unificación de facturación, con lo cual se reducen gastos logísticos y de transacción.

En síntesis, la Ley de TIC es la condensación política de todos los efectos perversos de la actual etapa de reestructuración capitalista sobre los países de la periferia, el sector público y los trabajadores, es decir, las tres problematizaciones que dieron origen a esto que llamamos economía política de la comunicación y la cultura. En primer lugar, es una clara entrega de los recursos (el espectro, la órbita y el territorio) y del mercado interno a los intereses del capital extranjero, con lo cual se renuncia a la soberanía. En segundo lugar, es una clara renuncia a la función del Estado de cuidar el territorio y la población, al entregar sus funciones a las empresas privadas, sin contraprestación, pues no pagarán por las concesiones a cambio de “ampliar la cobertura” voluntariamente. En tercer lugar, es una apertura a la competencia desleal de contenidos para distribuir en Colombia a través del monopolio de las redes (televisión por internet), con lo cual, como en otras ramas, pierden los trabajadores colombianos de la industria cultural y mediática.

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1 Para un desarrollo en profundidad de la economía política como epistemología de la comunicación, ver Bolaño (2015), especialmente el capítulo 3 (pp. 81-111).

2 Recordemos que las dos últimas características que Lenin atribuye al imperialismo son el reparto de los mercados entre las grandes empresas monopólicas transnacionales y el reparto territorial del mundo entre las potencias imperialistas. La ruptura de estos equilibrios condujo a dos guerras mundiales.

3 Algunos fragmentos de este apartado se publicaron en Narváez (2013).

4 Wolton (2000, p. 101) plantea que lo que aparece como información en internet son por lo menos cuatro cosas distintas: información servicio, información ocio, información acontecimiento (noticias) e información conocimiento. Esto no basta para conformar una unidad teórica.

5 Para una crítica del concepto de capitalismo cognitivo desde la economía política, ver Narváez (2013, cap. 5).

6 Estas dos reseñas, junto con otras sobre el tema, fueron publicadas en Narváez (2012).

7 Si reportara independiente, ocuparía este puesto. Está separada de Telefónica Móvil.

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