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El continuismo del gobierno Arias (noviembre 1975- julio 1976)
Tras el “esperanzador” discurso del rey realizado la víspera de Navidad de 1975, dio comienzo el primer año del reinado de Juan Carlos I, llamado por algunos “el breve”. La idea generalizada en los círculos políticos cercanos al poder auguraba un futuro incierto para aquel primer gobierno de la Monarquía, agudizado por la poca colaboración del mundo empresarial ante los nuevos retos de apertura y por los continuos conflictos laborales en toda España que animaban a la inestabilidad social en una situación política muy delicada.42
En enero de 1976 se fraguó una ofensiva obrera sin precedentes hasta entonces y en esa línea, tanto la Junta Democrática de España como la Plataforma Democrática se alinearon claramente por la ruptura con el régimen, proponiendo como alternativa la apertura de un proceso constituyente. Los sindicatos, aprovechando la coincidencia por la finalización de buena parte de los convenios colectivos a finales de 1975, promovieron una oleada de huelgas por todo el Estado, localizándose las principales en las zonas industriales de las grandes capitales y en todo el País Vasco. La estrategia del sindicato mayoritario CC.OO, dirigida en parte por el PCE, propiciaba una salida radical al franquismo protagonizada por la clase obrera y dirigida por los sectores populares, huyendo de una solución pseudodemocrática liderada por la burguesía española. Esta ruptura democrática se venía preconizando desde el PCE en su política basada en el “pacto por la libertad”, combinando la movilización ciudadana con la formación de un bloque de fuerzas políticas opuestas al franquismo con el fin de provocar una huelga nacional y conseguir un gobierno democrático provisional que devolviera las libertades políticas y convocara elecciones constituyentes. La UGT incluso llegó a proponer la necesidad de una huelga general revolucionaria.43
En Madrid, los paros constantes y las huelgas continuaron desde la primera semana de diciembre de 1975 y no finalizaron hasta principios de febrero de 1976, creándose el más importante proceso huelguístico vivido durante el franquismo, llegando a movilizar cerca de cuatrocientos mil trabajadores. Sólo entre los días 10 y 18 de diciembre se alcanzó la cifra de cien mil huelguístas, siendo afectadas grandes empresas del metal como: Boetticher, Marconi, Fiat, Pegaso, CASA, Intelsa, FEMSA, Kelvinator, Standard, etc., incluso ocho mil taxistas madrileños dejaron la ciudad prácticamente sin servicio los días 17 al 19 de diciembre.
En multiples ocasiones el gobierno se vio desbordado por los acontecimientos, reaccionando exclusivamente con la represión. Por eso no fue una sorpresa que pusieran en marcha en los transportes públicos, previa aprobación en el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria, la aplicación de la Ley de Orden Público y la Ley de Movilización Nacional de abril de 1969, por la que se establecía la movilización o militarización de los trabajadores en paro, sustituyendo a huelguistas por personal militar. En la madrugada del 6 de enero de 1976, empleados de la Compañía Metropolitana madrileña comenzaron una huelga, en principio indefinida, sumándose con posterioridad otros sectores de servicios públicos para el buen funcionamiento como Renfe, Correos, Telefónica y algunos colectivos del Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal. Unos dos mil quinientos trabajadores del Metropolitano de Madrid estuvieron encerrados por la exigencia de aumentos salariales en la parroquia de Nuestra Señora de Luján en el barrio de El Pilar, acabando el conflicto el 10 de enero, aunque a continuación se sumaron al paro cincuenta mil trabajadores del metal, la banca y la construcción por los mismos motivos coincidiendo en sus manifestaciones con el cierre de la factoría Chrysler en Madrid. Todos estos movimientos huelguísticos llegaron a su cenit durante la semana del 11 al 18 de enero, alcanzando la cifra de trescientos cincuenta mil trabajadores afectados por la huelga.44
La policia, al ámparo de la ley anti-terrorista y en su afán de control y orden, actuó represivamente militarizando el sector en huelga a partir del día siguiente al de su inicio, llegando a alcanzarse los sesenta mil represaliados de todo tipo en la capital del reino durante todo el mes de enero.
En el resto de España, las huelgas, paros y protestas se iban expandiendo afectando a diversos sectores productivos, paros en el sector bancario, Standard Eléctrica, ENSIDESA y Astilleros Españoles, produciéndose enfrentamientos y disturbios. En Sevilla, las fuerzas de orden público desalojaron a 47 trabajadores de la empresa MEGESA, y en Cataluña, en plena huelga de los médicos MIR en Bellvitge, se había convocado para el día 19 de enero una huelga generalizada en el Baix Llobregat y en Sabadell en solidaridad con los despedidos en las empresas Laforsa, GIS y por los encierros en Radiotronic, mientras que en SEAT seguían realizándose concentraciones obreras en busca de una amnistía laboral y contra los límites salariales.
El conflicto afectó a una media de sesenta mil trabajadores diarios y paralizó prácticamente a todas las localidades de la comarca encabezadas por Cornellá de Llobregat y San Juan Despí, sumándose otras zonas industriales de Hospitalet y Martorell. La concentración obrera más importante se produjo el 19 de enero en San Juan Despí, donde más de diez mil trabajadores se reunieron en un acto de protesta como preludio, tres días más tarde, de una marcha de 12 kilómetros iniciada por veinticinco mil manifestantes que intentaban llegar desde Cornellá de Llobregat hasta el Gobierno Civil de Barcelona, teniendo éxito sólo ocho mil de ellos.
Para el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, todos estos movimientos huelguísticos no significaban más que un problema de orden público, afirmando irónicamente que mientras en Madrid se manifestaban trescientos cincuenta mil trabajadores, él estaba cazando liebres y perdices escuchando los acontecimientos por la radio.45 Lo mismo ocurría en el sector universitario, ya que, mientras el gobierno se esmeraba en enviar mensajes a la prensa de que algo estaba cambiando afirmando que no habría más policía en los campus universitarios, lo cierto era que la intranquilidad también estaba instalada en las universidades, generándose continuos conflictos y enfrentamientos con la policía.
En líneas generales, para la oposición democrática el mensaje navideño del monárca fue desalentador, frustrando a los que esperaban con optimismo un cambio radical en el nuevo jefe de Estado. De amnistía ni una palabra, tampoco de democracia; simplemente se entendió como un discurso vacío de contenido, ofensivo por el hecho de contrariar aquello que el pueblo quería y necesitaba.46 Como prueba de ello, finalizando el mes de enero de 1976, se publicó el llamado “Manifiesto de los 100” de CC.OO, llevando entre sus firmas a nueve de los diez encausados en el Proceso 1.001. El documento criticaba de forma generalizada la situación socioeconómica y entre sus peticiones se exigía el derecho de huelga y el ejercicio de todas las libertades sindicales y políticas. Los firmantes catalanes del manifiesto eran: Francisco Aguilar, Esteban Cerdán, José Cervera, Alfredo Clemente, Jorge Cuyás, Sixto de Santos, Francisco Frutos, Cipriano García, Juan Domingo Linde, José Luis López Bulla, Gabriel Márquez, Ramón Plá, Agustí Prats, Juan Ramos, Francisco Rodríguez, José Mª Rodríguez Rovira, Luis Romero, José Tablada, Armando Baro y Pedro León.
En los medios de comunicación, especialmente los escritos, pese a no haber censura en sentido estricto, seguía el forcejeo contra el restrictivo control gubernativo de la información, siendo calificada esta situación como una tolerancia forzada del régimen frente a la audacia informativa de la prensa dentro del reformismo gubernamental. El juzgado de Prensa e Imprenta levantó los secuestros de El Papus y Papillon en contraste con la salida a la calle desde el final de la guerra civil del diario Avui que aparecía escrito en lengua catalana. Ese mismo día, el periódico Nuevo Diario, apuntaba que:
“Hasta ahora se ha venido diciendo que la Prensa era el Parlamento de Papel (…) No es ya el tema, en sí mismo trascendente, de la inestabilidad laboral a que se ven sometidos buena parte de los profesionales del periodismo. Hay algo más profundo, la necesidad que se evidencia en que el país remolde sus estructuras de información de modo y manera que se suscite y afiance una prensa libre, independiente, informativamente desarrollada y adecuada al augurio de futuro que ya define a la sociedad española.” 47
Por el contrario, la percepción general que había en la calle era que el cambio político dirigido por el rey sería sin retorno, al menos entre la mayoría de los españoles, pues no se concebía un franquismo sin Franco. De hecho, la cuestión más importante en los medios políticos hacía referencia a la velocidad con que se realizarían los cambios y como encajarían éstos dentro de un sistema político preparado y blindado con unas normas definidas por el anterior régimen, expresado en aquella frase de “todo está atado y bien atado”.
Finalizada la resaca navideña, el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, adelantó el calendario político a los medios oficiales de comunicación, anunciando unaserie de propuestas de reforma constitucional que emanarían del nuevo gabinete en uno o dos meses y que habrían de desembocar en unas elecciones legislativas. Afirmó, a continuación, que de los quince mil presos políticos iniciales, la amnistía afectaría a seis mil de ellos y quedarían nueve mil en prisión, por lo que habría que reformar el Código Penal y cambiar el Decreto Antiterrorista para aumentar la liberación de detenidos.48
Por lo que respecta a los presos catalanes, el indulto afectó a noventa de ellos; no obstante, todavía quedaban 136 reclusos de la misma condición privados de libertad, 36 de ellos en la IV galería de la cárcel Modelo, otros 22 en la V galería reservada para delitos de terrorismo, nueve reclusos en la VI galería y otros 59 sin especificar. En la prisión de mujeres de La Trinidad había ocho reclusas; en la prisión de Gerona sólo una y en la residencia Francisco Franco, un recluso.49 De hecho, el anunciado indulto general fue muy limitado ya que no afectaba a las personas condenadas por el TOP, que contaba con 4.316 procedimientos abiertos y que serían superados en casi mil más el año siguiente.50
Sin duda, la concesión de la amnistía general decretada por el rey en su advenimiento a la Jefatura del Estado no dejó indiferente a casi nadie, dentro y fuera del poder. Por un lado, los más progresistas exigían la ampliación del decreto; mientras que los más conservadores eran reacios a la excarcelación masiva. Esta ambigüa situación incrementó más tensión y desconcierto. Por aquellos días, en la crónica de José García Hoz se anunciaba que:
“La amnistía para presos y exiliados políticos era, en efecto, una reivindicación que se mantenía desde hace muchos meses por asociaciones progresistas. Sin embargo, desde la muerte de Franco las peticiones habían aumentado de forma considerable, produciéndose en los lugares y momentos más insospechados (…). El gobierno, por su parte, parecía no querer entrar en la cuestión y, como siempre que no quería responder directamente a un reto, aplazaba la cuestión”.51
Manifiesto de objetores de conciencia. Diciembre de 1975
Per una Catalunya Democrática. SCPAC. AC de Sabadell. Octubre 1975
En Cataluña, los actos de protesta y las peticiones de indulto al rey se generalizaron conforme avanzaba el año. En Arenys de Mar, 99 empleados de los Astilleros Aresa firmaron una petición de amnistía, enviándola posteriormente mediante telegrama al jefe del Estado. Otro conflicto surgió cuando los alumnos de Enseñanza Media de los institutos Milà i Fontanals y Jaime Balmes, ambos de Barcelona, se solidarizaron a favor de la amnistía, siguiendo el mismo camino que algunos intelectuales catalanes entre los que destacaban, Salvador Espriu, Joan Miró, Antoni Tàpies, Jordi Llimona, Antoni Puigvert, Josep Laporte, Joan Majó y Josep Mª Castellet.52 En la misma linea, en la Universidad de Barcelona (UB) se pegaron carteles de marcada línea catalanista el último día del mes con el slogan ya conocido de la Asamblea, ¡Llibertat, amnistía y Estatut d’Autonomía!
El 14 de diciembre de 1975, la Asamblea convocó en Montserrat el primer acto reivindicativo tras la muerte del Caudillo, asistiendo aproximadamente unas tres mil personas. Las diferentes intervenciones se concretaron en la exigencia de pedir la amnistía general para los presos políticos, mientras que en el mismo lugar se desplegaba una gran pancarta con la misma petición. Días después, el 27 tuvo lugar la XII reunión de la CPAC en Barcelona después de casi un año sin convocarse. Asistieron al encuentro 75 personas en representación de los diez partidos políticos del CFPC, menos Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) que no formaba parte de la Asamblea,53 junto con MCE, BR, PTE, FSC-PSOE, ORT, JCC, Joven Guardia Roja (JGR), los No-Alineados, CC.OO, UGT, USO, SOC, miembros de A.D. de 14 comarcas, seis barrios de Barcelona y ocho entidades ciudadanas.
El debate principal del encuentro hacía mención al sentido de una lucha unitaria por la ruptura democrática en Cataluña y en todo el Estado. Seguidamente y como era norma hasta entonces, se llegó a un principio de acuerdo obviando las fuertes discrepancias de los participantes e invitando, a iniciativa prácticamente de las organizaciones no nacionalistas, al CFPC a incorporarse a la Asamblea, ya que, prácticamente, la totalidad de sus componentes formaban parte de la Asamblea, gesto de buena intención pero contrario a los intereses ideológicos nacionales del propio Consell. Otros acuerdos adoptados fueron encaminados en la búsqueda de entendimiento unitario entre todas las fuerzas políticas de oposición en España, en especial con las Islas Baleares y el País Valenciano, así como el mantenimiento del contacto con el presidente de la Generalitat en el exilio de cara a la formación de un posible gobierno provisional. También quedó claro que toda esta estrategia estaría configurada dentro de un proceso que llevaría a la celebración de la II Sesión Plenaria de la Asamblea, donde la representación del pueblo catalán habría de formular el programa político de alternativa democrática.54
Lluís Mª Xirinachs, en plenas navidades de 1975, seguía con su particular empeño de protestar frente a la cárcel Modelo de Barcelona en busca de la tan ansiada amnistía total. Desde finales de noviembre se encontraba realizando una huelga de hambre en Montserrat junto con los llamados Captaires de la Pau, bajo la estrecha vigilancia de guardias civiles y policía armada que registraban todos sus movimientos, desde que salía de su celda hasta dirigirse a la basílica, acompañantes, visitas realizadas, etc. En un informe presentado por la Guardia Civil de Manresa se detallan las visitas recibidas por éste que por su interés testimonial adjunto: Vicenta Alcader, José Ricart Oller, María Rosa Rotllant Franch, Emilia Montserrat Guimerá y Fernando García Farias, Roberto Pons Rovira, padre Alejandro (Terrassa), Bartolomé Cruells Fenitós, Ángel Colom Colom, Jorge Farreros Farré, Pedro Juan Ventura Carol, Esther Martín García, Vicente Egea Ortega, Jorge Gol Gurina, Ana Mª Reig Balcells, Joaquín Ebartz Melet, José Mª Rafols Calotisses, Carlos Pastor Pastor, Luis Marco Humer Cienfuegos Jovellanos, Jorge Socias del Castillo, Francisco Muñoz Peláez, Jorge Solé Tura, Laura Palmes Bistagne, Francisco Javier Echevarria García, Dolores Fuentes Calle, Francisco Noya Hombrú, Mª Pilar Aymerich Puig, Manuel Forasté Giravent, Antonio Frases Benabarre, Jacinto Humet Palet, Ignacio Riera Gassiot, Miguel Pons Capó, Manuel Armengol Cervera, Nicolás Sartorius Álvarez, Eulogio Marcelino Camacho Abad, Alfonso Carlos Comín Ros, Vicente Fans Abad, Manuel Mª Ludevid Anglada, Javier Cateura Valls, Juan Barril Cuxart, José Mª Serra Martí, José Ampuns Davi, Carlos Navales Turmos, Amadeo Clavé Espuña, Laura Fabra Grau, Blas Guindo Hernández, Francisco Vergara Rodríguez, Francisco Herrera Collado, Bartolomé Vergara García, Montserrat Figueras Casamada, José Consola Cots, Mª Ángeles Erroteta Tororica, Juan Subirana Marimon, Jaime Torras Rodergas, Antonio Camps Campos, Juan Antón Mellón, Juan Prave Casals, Juan-Neponucemo García Nieto París, Mª Inés Oliveres San Vicente, Buenaventura Puigdomenech Boix, Sean Bride (presidente de Amnistía Internacional, premio Nóbel de la Paz 1974), Jaime Rodríguez (Agermanament), Francisco Nogueró (As. Nac.Unidas), Juana Villemor (Comunidades Cristianas), José Dalmau (párroco de Gallifa, Barcelona), Ramón Nogués Carulla, Domingo Argemí Guillen, Jerónimo Sancho Reinoso, Andrés Mateo Pérez López, José Baguer Sistachs, Francisco Javier Rotllant de Franch, Margarita Estrich March, Juan Sánchez Bustamante Páez, Consuelo Torres Vidal, Maria Bigoida Montenany y Cassiá Just (abad del monasterio de Montserrat). El 3 de enero de 1976, Xirinachs asistió a la misa del gallo celebrada en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Terrassa donde el sacerdote José Ricart Oller era el titular. En dicha reunión Xirinachs explicó la situación de la huelga de hambre realizada e hizo alocución al mensaje del rey que hablaba de la paz pero no de la amnistía por lo que todos los fieles unidos debían luchar. Después se procedió a la venta de un libro titulado “Diario de 21 días de huelga de hambre por Cataluña”, escrito en castellano y catalán. Al día siguiente en la misma parroquia, mientras celebraba la misa el sacerdote “progresista” Manuel Seliba Ponce, se encontraron sobre el cepillo de las hojas parroquiales unas hojas clandestinas tituladas “Un camino hacia la Paz. Manifiesto de los objetores de conciencia” haciendo referencia a cinco jóvenes que debían incorporarse a filas.55 Siguiendo el mismo ejemplo que Xirinachs, el captaire Ricard Gamundi, acompañado de representantes de la Asamblea de Girona, se declaró en huelga de hambre en la catedral de Girona en protesta por la amnistía.
Informe policial de la estancia del Pare Xirinachs en Montserrat, dic. 1975
Tras una visita efectuada por el abad de Montserrat y por el vicario episcopal de Terrassa, Xirinachs y los captaires abandonaron su postura el 22 de diciembre y se dirigieron posteriormente en coche hacia Barcelona. Días después, el cardenal Jubany, arzobispo de Barcelona, en su homilía dominical hizo referencia a la petición de amnistía para los delitos puramente políticos en el “Día de la Paz”, afirmando que el futuro aún era una incógnita para el país.
En el fondo, todas estas acciones no hacián más que indicar una clara preocupación de los sectores eclesiásticos más progresistas de Cataluña ante los nuevos tiempos de reforma y libertad. En este sentido, algunas instituciones seglares constituyeron las llamadas Trobades d’Entitats Cristianas, las cuales estaban formadas por 25 entidades de ámbito catalán autodenominadas Trobades Permanents d’Entitats d’Església que representaban el progresismo de la Iglesia catalana, con la excepción de Justicia i Pau56 y Pax Romana. Estas entidades eran: Pax Christi, Federació Diócesana de Pares de Familia i Pares d’Alumnes, FECUM, MUEC, Agermanament, Comunitat de Can Serra, Grups no-violents, JARC (Joventut Agrícola Rural Católica), Comissió de Serveis de les Comunitats de Base, Cristians pel Socialisme, Minyons Escoltes i Gules Sant Jordi, Lluïsos de Gracia, Equips de Matrimonis de la Mare de Déu, Associació Catalana d’Eclesiàstics, Parròquies Obreres de Santa Coloma de Gramanet, Grup Cristià de Drets Humans de Gràcia, Grup Cristià de Drets Humans del sector de Sant Andreu del Palomar, Grup Cristià de Drets Humans de San Ramon de Collblanc, Grup Cristià de Drets Humans de Caputxins de Sarriá, Justicia i Pau de Sabadell, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Ateneu Montserrat y Serveis de Joventut.
Entre sus objetivos se señalaba la consecución de una amplia amnistía política y sindical y el restablecimiento de las libertades democráticas de reunión, asociación, libre expresión, derecho de huelga y el reconocimiento de la personalidad propia del pueblo catalán, vasco y gallego dentro de España.
En el artículo del diario Tele/expres titulado “L’Esquerra de la Iglesia Catalana”57 se insinuaban los síntomas de división dentro de las instituciones de la Iglesia catalana con una bipolarización entre la derecha, ampliándose hasta la social democracia, queriendo ostentar la hegemonía, y la izquierda (incluyendo cristianos socialistas, comunistas y trotskistas), que buscaba su lugar pretendiendo que existiese un pluralismo dentro de ella. Entre estas últimas encontramos: Agermanament, Associació Catalana d’Eclesiastics, Centre d’Estudis Pastorals, Centre Eiximenis, Cidob-TM, Club Torsimany, Comunitats de Base, Cristians per al Socialisme, Facultat de Teología, Grup de Drets Humans, Laboratori de Sociología y Republiques Independents de la Pastoral.
En las primeras semanas de 1976 las crónicas internacionales de los principales medios periodísticos informaron extensamente de la muerte del dirigente chino Chu En-Lai58 y sobre los primeros actos del bicentenario de la independencia de los EE.UU, intentando quizás alejar al lector de una realidad social y política crispada y poco favorable a la estabilidad.
Sorprendentemente, uno de los factores desestabilizadores de la economía nacional se localizaba en el sector empresarial dada su escasa colaboración con el gobierno frente a los problemas económicos y sociales que se avecinaban, estando en la creencia de que la fuerte desaceleración económica se iba incrementando a causa de un absurdo victimismo y en la desconfianza que prodrían aportar los cambios dirigidos desde los órganos gubernamentales.
Desde luego, el secuestro del empresario José Luis Arrasate Gaztelurrutia por parte de ETA y la petición de cien millones de pesetas por su rescate no ayudaba a romper con la estrategia seguida por la clase empresarial, aunque sí nos devolvió a la realidad cotidiana marcada por esa lacra social.
En aquellos días, la percepción de éste grupo terrorista era aceptada por buena parte de la sociedad española como otro organismo de lucha contra la opresión franquista, sobre todo después del atentado contra el almirante Carrero Blanco; sin embargo, poco a poco, su presencia empezaba a representar más un problema que una ventaja para la sociedad española engullida en pleno periodo de cambio. El dirigente socialista Alfonso Guerra comentaba que:
“La simpatía que en España se tenía hacia los vascos durante la dictadura por su capacidad de lucha en las huelgas de trabajadores empezaba a teñirse de desconfianza y hasta de reticencia. Cierto es que los crímenes de ETA contaban ya con un largo número de muertos, pero hay que confesar que durante el franquismo los atentados de ETA no contaban con el apoyo de los demócratas, mas sí se les reconocía un componente de liberación contra un régimen agresor. Lo que vendría después, la contumacia en el crimen a la llegada de la democracia, descolocaría por completo a los demócratas.”59
Por otro lado, la muerte del dictador significó la señal de retorno de los miles de exiliados políticos españoles que tuvieron que huir tras la derrota republicana. El goteo de prestigiosos escritores, políticos, militares, etc., fue constante, aumentando el impacto emocional en los sectores más progresistas de la sociedad española. El regreso a España del histórico dirigente socialista Rodolfo Llopis60 daba cierta garantía al lector de que algo estaba cambiando, aunque sólo fuese la falta de censura.
Los pasos en política exterior realizados por el primer gobierno de la Monarquía venían reflejados en la entrevista realizada al presidente Arias en la revista Newsweek. En ella, reafirmó en política exterior su intención de proponer la adhesión al Mercado Común y a la OTAN. En política nacional anunció elecciones locales y generales antes de finales de 1977, especificando que no habría legalización del Partido Comunista, ya que:
“No hay un sólo ejemplo en el mundo de un partido comunista que haya demostrado con sus obras el menor respeto por las reglas del juego democrático una vez ha alcanzado el poder.”61
La respuesta ofrecida por una parte de la oposición franquista vino reflejada en el documento publicado en París dos días después de la publicación. En el escrito, la JDE planteó la situación política española desde una perspectiva del pasado y su proyección al futuro. En el texto se aludía al aperturismo del 12 de febrero de 1974 presentado por el presidente Arias como una táctica defensiva frente a la crisis del régimen, en contraste con el programa de ruptura democrática planteada por la oposición. El documento nos recordaba que un año y medio después, el 24 de junio de 1975, el gobierno dio por finalizada la apertura siendo calificada por la oposición como el reinado de la “trinidad franquista”, terror y represión como única política del Estado monárquico, avalado por la Ley Antiterrorista y por las concentraciones antieuropeas de la plaza de Oriente.
Con la desaparición del Caudillo, la política del gobierno optó por una táctica reformista gradual, siguiendo las recomendaciones de algunos gobiernos europeos que aconsejaban olvidar la ruptura democrática verbal como alternativa pacífica del poder democrático de la sociedad, dado el riesgo de provocar una crisis.
Tras la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno y ante la dificultad de conceder la amnistía solicitada por parte de la sociedad española, daba la sensación de que era el propio régimen franquista quien intentaba perpetuarse a través de una monarquía de y para los franquistas, donde sólo había cambiado el titular del poder. La oposición mayoritaria, reunida bajo el nombre que tiempo después algunos medios periodísticos denominarían “Platajunta”, contemplaba la situación de esta forma:
“Lo que hoy contemplamos en España con solo abrir los ojos es justamente la quiebra del principio de autoridad, la desconcentración de las funciones del gobierno, la autonomía de las esferas de control estatal sobre la sociedad. El rey no puede nombrar al presidente del gobierno que desea. El presidente Arias no puede nombrar libremente a su gobierno y tiene que aceptar toda clase de limitaciones y condicionamientos. El Ejército no encuentra una sola autoridad, incluida la del rey, a la que atribuir la responsabilidad de la ‘dimisión’ deshonrosa del Sahara, y reclama una Vicepresidencia militar (…) Las Cortes se revelan contra cualquier anécdota liberal del gobierno. La Iglesia advierte con solemnidad al rey que su apoyo será condicionado”.62
Este documento fue firmado por: Ramón Tamames, Luis Larroque Allende, Paloma Cruz, Manuel Pastor, Eugenio Triana, José Antonio Alonso, Mª del Carmen Jiménez Sabio, Ángel Rojo, Tranquilino Sánchez y Juan Antonio Bardem. Por la Plataforma: Javier Solana, Luis Anzola, Leopoldo Torres, José Luis Doreste, Ciriaco de Vicente, José Ramón Rincón, Joaquín Ruiz-Jiménez y Luis Mª González Llano.
En vista de la actitud del gobierno y a pesar de su apuesta propagandística alabando su apertura democrática, la conclusión en los medios opositores fue que Juan Carlos I no era la solución sino que había agravado la situación. Incluso aceptando el sufragio universal en contra de las Leyes Fundamentales, las reformas que se implantasen no introducirían la democracia porque no podían poner en juicio electoral las cuestiones del poder político, del Estado autoritario, de la soberanía popular, de la monarquía impuesta por Franco ni, en definitiva, de la libertad. En consecuencia, uniendo la falta de autoridad del Estado a la propia descomposición estructural del régimen con la aceleración liberal y democrática de toda la sociedad española, daba como resultado una aparente incoherencia a la política de la monarquía. Por tanto, si el análisis era correcto, la misión de la oposición democrática debía hacer fracasar el plan gubernamental con la colaboración de los partidos no comunistas, los partidos de centro en Cataluña, País Vasco y Galicia, la colaboración exterior del Parlamento Europeo y la Comisión de la Comunidad Europea, proponiendo un congreso de la democracia española en el mismo Parlamento Europeo para hacer fracasar el intento de perpetuación del franquismo con la oligarquía monárquica.
La unidad de la Junta y la Plataforma se hizo indispensable como oposición al régimen para conseguir la “ruptura democrática” de las instituciones franquistas, donde el movimiento obrero sería la verdadera punta de lanza de la ruptura. Sin embargo, hasta que eso sucediera, de momento cada organismo iría por su lado.
Por otra parte, la JDE se opuso a la idea de que la congelación de salarios decretada por el Consejo de Ministros pudiera resolver los problemas actuales de la economía española. También exigió la inmediata libertad de los nueve jefes y oficiales del Ejército acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). Y con respecto al problema del Sahara, consideró que:
“El gobierno ha despreciado el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no ha consultado al pueblo español, lesionando con ello los intereses generales del mismo y los particulares de la región canaria, cuya situación reviste una particular gravedad. La solución del gobierno respecto al problema del Sahara ha dañado gravemente el honor del Ejército español así como la dignidad nacional”.63
No obstante, dos días después de la reunión celebrada en París, Junta y Plataforma comenzaron a planificar su fusión, resolviendo que el principal punto de discrepancia entre ambas organizaciones consistía en la incongruencia de que los partidos democráticos pudieran colaborar con un partido comunista totalitario y antidemocrático.
