Kitabı oku: «La transición española», sayfa 6
En Cataluña, los huelguistas ya rondaban los sesenta mil trabajadores en la provincia de Barcelona, extendiéndose el conflicto a Gerona con paros en las artes gráficas, el ramo del agua y la construcción. Dicha huelga coincidió con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y por tal motivo, el 9 de marzo llegó a Barcelona como apoyo al evento tan señalado una representación formada por tres mujeres del Comité d’Information et Solidarité avec l’Espagne (CISE). En un primer momento, la importancia política de esta visita no debía pasar de anecdótica; sin embargo, el interés adquirido por las diferentes estancias del poder establecido en la ciudad condal, indicaba un cambio de actitud aperturista ante los movimientos de liberación sexual y cultural que provenian del otro lado de la frontera. En su breve estancia dichas personalidades tuvieron ocasión de visitar desde la cárcel para mujeres de la Trinidad, pasando por las protocolarias audiencias ante el arzobispo de Barcelona y el gobernador civil, hasta la inevitable entrevista con el Padre Xirinachs. Recordemos que la influencia mediática de este sacerdote en aquellos días era considerable y su mensaje se iba extendiendo a lo largo de todo el principado; vease como ejemplo la actitud protagonizada por el captaire de la pau, Ricard Gamundi, cuando inició una huelga de hambre y silencio en la iglesia de Sant Pere de Figueres, promoviendo la publicación de su manifiesto titulado “Si quieres paz no prepares la guerra”.
Una semana después, mientras se consumaba el secuestro gubernativo del libro titulado Una española llamada Dolores Ibarruri, de la escritora Teresa Pàmies,108 se realizó la primera manifestación autorizada en Barcelona desde el final de la guerra civil con motivo de la derogación de la Ley de Prensa. Con los slogans dedicados a la libertad de expresión y el secreto profesional, unos quinientos periodistas exigían la supresión de las jurisdicciones especiales; la protección ante posibles presiones de grupos políticos y económicos, de las autoridades públicas y los intereses empresariales; la amnistía para los posibles delitos de prensa e imprenta cometidos hasta la fecha y de todas aquellas causas que se hallaban en distintos momentos procesales, refiriéndose directamente a la causa contra el periodista José Mª Huertas Clavería que todavía se encontraba en prisión.109
La manifestación estuvo encabezada por los firmantes de la petición al Gobierno Civil de Barcelona: Enrique Arias, Carlos Pastor, Josep Mª Cadena, Joan Anton Benach y Josep Mª Lladó, portando en la pancarta el slogan ¡Llibertat d’expressió! Otras eran, ¡Prou agresions i mes llibertats!; ¡Som periodistes, no som confidents!; ¡Llibertat, Amnistía, per en Huertas Clavería!; ¡Volem amnistía per en Huertas Clavería!; ¡Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia!; etc.
Todo daba a entender que el gobierno seguía inmerso en constantes contradicciones, reprimiendo por un lado actos o conatos a favor de la apertura política y social110 y por otro autorizando progresivamente manifestaciones o haciendo la vista gorda en presentaciones públicas de partidos ilegales y nuevas organizaciones. Vease como ejemplo que, del mismo modo que la Asamblea y el CFPC, todavía ilegales, se presentaban publicamente en la Universidad de Barcelona sin ningún problema; en otros sectores políticos continuaban las detenciones sin reparos de activistas de signo izquierdista. Sin embargo, estaba claro que alguna razón tendría el gobierno para actuar de esta manera aunque en aquellos momentos nadie se parara a pensarlo. En consecuencia, para el nuevo gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, esta estrategia fue utilizada en la linea de: autorizar en un principio progresivamente las manifestaciones, manteniendo a su vez los contactos políticos con los dirigentes de las diferentes tendencias; y por otro lado, no autorizar la existencia de partidos totalitarios de derecha e izquierda, excluyendo en su totalidad el anarquismo y el terrorismo.111
A mediados de marzo de 1976, el gobierno Arias nombró al teniente general Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar.112 Mientras tanto, en Madrid comparecían en consejo de guerra un comandante del Ejército de Tierra y ocho capitanes de la Unión Militar Democrática (UMD) acusados de conspirar para el delito de sedición, acto tipificado en el artículo 303 del Código de Justicia Militar. El juicio fue registrado como la causa 250/75, presidiendo el Tribunal militar el general de división, Federico Gómez de Salazar, exgobernador del Sahara español. Las penas a las que se enfrentaban los procesados iban entre tres y 12 años, siendo los encausados: el comandante Luis Otero Fernández; los capitanes Restituto Valero Ramos, José Fortes Bouzan, José Reinlein García-Miranda, Jesús Martín Consuegra y López de la Nieta, el capitán de caballería Manuel Fernández Lagos, los capitanes de artillería Fermín Ibarra Renés y Antonio García Márquez y de aviación Abel Jesús Ruiz Cillero.
Este juicio aportó a la oposición democrática nuevos argumentos para denunciar la política represiva del gobierno y puso en evidencia el pretendido aperturismo de Arias Navarro, que solo se manifestaba legalizando partidos y asociaciones afines al régimen, como fueron: Unión Nacional Española (UNE), Frente Nacional Español (FNE), Unión del Pueblo Español, ANEPA, Reforma Social Española y Asociación Política Proverista. Mientras tanto, por otro lado negaba la entrada en España al dirigente carlista, Carlos Hugo, expulsado en 1968 o hacía la vista gorda en las presentaciones públicas de partidos enmarcados en la extrema izquierda. Vease el caso de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), organización enraizada en el País Vasco y Navarra que tenía sus orígenes en la Alianza Sindical de Trabajadores (AST) y que se autodefinía como marxista-leninista sustentando tesis maoístas (ver a fines de 1975 la Unión de Juventudes Maoístas). Esta formación formó parte de la Asamblea pero se auto excluyó de la Plataforma Democrática por no querer llegar a la misma unidad con la Junta Democrática.113 Otros ejemplos fueron la Lliga Liberal Catalana, heredera de la histórica Lliga Catalana representada por Salvador Lillet i Bel, Octavi Saltor y Modest Sabaté, o el Partido Carlista en Cataluña.
El 18 de marzo de 1976 las dos plataformas unitarias más influyentes y de mayor participación del Estado español, la Junta Democrática y La Plataforma Democrática, se fusionaron en un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática (CD) y cotidianamente conocido como la Platajunta.
El comunicado oficial publicado por ambas partes, fue facilitado a Europa Press y decía lo siguiente:
“Se ha reunido el comité de coordinación de la Plataforma de Convergencia Democrática para estudiar la articulación unitaria de la oposición y el actual momento político y social. Se ha llegado al acuerdo de establecer con carácter inmediato un órgano unitario de toda la oposición a todos los niveles, al que quedarán incorporadas inicialmente las fuerzas políticas y sindicales que hoy componen la Junta y la Plataforma. Este acuerdo queda sujeto a ratificación por parte de algunas de las fuerzas políticas presentes. En consecuencia, se ha creado una comisión de estudio para la articulación y desarrollo de este acuerdo para la relación con las instancias unitarias de las nacionalidades y las regiones y para la elaboración de un análisis de la actual situación política y social”.114
Por la Junta Democrática firmaron: PCE; PTE; Partido Socialista Popular (PSP),115 representado por Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo; CC.OO; y personalidades de la política como Antonio García Trevijano y Rafael Calvo Serer. Por la Plataforma Democrática: PSOE, Izquierda Democrática (ID), UGT, Partido Social Demócrata (PSD), Unión Social Democrática Española, Partido Carlista y el Movimiento Comunista de España (MCE).
Los primeros comentarios al acuerdo de las dos plataformas unitarias no se hicieron esperar, siendo el más llamativo el formulado por el dirigente del PSP, Enrique Tierno Galván, indicando a grosso modo que el acuerdo no era un compromiso ni un frente popular y sólo tenía como función específica el llegar a la ruptura por procedimientos pacíficos y que la hicieran posible todas las naciones y pueblos de España.116
Para el dirigente de CSC, Joan Reventós, la creación de la Coordinadora Democrática (CD) y el acuerdo entre la Confederación Socialista Ibérica y la Federación de Partidos Socialistas, harían cambiar el panorama de los partidos y organismos unitarios en Cataluña, aunque en realidad la unión de la izquierda democrática fue posible cuando el PCE se vió imposibilitado de derrocar el gobierno e imponer un gobierno provisional. Fue desde entonces cuando empezó a utilizarse la expresión popular de la ruptura pactada, siendo Raúl Morodo el que primero la utilizó.117
La reacción oficial del gobierno ante la aparición de la Platajunta fue de sensible malestar al intuir éste el peligro inminente de la posible unidad de una buena parte de la oposición democrática.
Ante esta disyuntiva, el gobierno tenía que actuar rápido y responder a este nuevo reto adoptando alguna estrategia que le devolviera la iniciativa: una de ellas fue la opción reformista gubernamental, basada en una reforma sin ruptura y sin periodo constituyente inspirada por el primer gobierno de la Monarquía y encabezada por Manuel Fraga Iribarne. De su deriva hacia la derecha o la izquierda del marco político dependían las condiciones en que se iba a desarrollar el futuro inmediato de este periodo de transición. La segunda estratégia podría ser el incipiente frente nacional como gestor de un gran partido de la derecha franquista que habría superado los esfuerzos de organizar una formación franquista moderada a que en algún momento pudieran aspirar el ex ministro Antonio Carro o el propio presidente Arias. Y el otro camino posible era la ruptura pactada propuesta por Coordinación Democrática, una instancia unitaria de oposición que suponía la superación de las anteriores Junta y Plataforma en la que se incorporaban nuevos partidos, organizaciones sindicales y un controvertido grupo de independientes, previniendo un mecanismo para la concurrencia de nuevas entidades no necesariamente políticas. Los grupos y partidos integrados eran: CC.OO, Grupo Independiente (Calvo Serer y García Trevijano), Izquierda Democrática, MCE, Partido Carlista, PCE, Partido Democrático Popular (Ignacio Camuñas), Partido Social Demócrata (Manuel Díez Alegría Jr.), PSOE, PSP, PTE, UGT y Unión Social-Demócrata Española.118
La repercusión política en Cataluña por la formación de la Platajunta fue de recelo aunque no de rechazo, ya que teóricamente no había ningún partido del CFPC representado en ella,119 sólo los carlistas y el PSUC lo estaban indirectamente. Por el contrario, este no era el caso de la Asamblea ya que había varios partidos representados, precisamente algunos de los no representados en el Consell, dada su estructura a nivel estatal. Sin embargo, resultaba paradójico que algún tiempo atrás, la Asamblea fuera la que comunicase a la Junta y a la Plataforma su protesta al atribuirse estas últimas la representación de la oposición democrática en todo el Estado español, excluyendo precisamente a la Asamblea, el CFPC y otras instancias unitarias en Cataluña. No obstante, el hecho de que CD tuviera en sus planteamientos el pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones de España, hizo pasar a segundo plano lo anterior.
Algunos partidos que no formaban parte de CD, como el PSOEh, criticaban a la Platajunta de forma burlona con el argumento de que esa unión no tenía sentido, ya que, el hecho de que en ella figurasen carlistas y comunistas era como tratar de mezclar el agua y el aceite, al menos así lo contaba Miguel Paidró, miembro del comité ejecutivo del PSOEh.120
Mientras tanto, por aquellas fechas otro organismo unitario se presentó oficialmente en Madrid; era la Federación de Partidos Socialistas que agrupaba bajo su denominación a: CSC, representada por Joan Reventós y Narcís Serra; Convergencia Socialista del País Valencià (CSPV); el Partit Socialista de les Illes, Partit Socialista de Menorca, Coordinadora Socialista dels Països Catalans, Partido Socialita Galego, Eusko Sozialistak, Partido Socialista de Andalucía, Partido Autonomista Socialista de Canarias, Partido Socialista de Aragón y Convergencia Socialista de Madrid.
En Cataluña, el CFPC, constituido por un limitado club de partidos catalanistas que se autodenominaban como representantes políticos del pueblo catalán, iba acaparando más protagonismo en detrimento de la Asamblea que, a pesar de seguir aumentando el número de entidades asociadas, ya estaba en plena decadencia y cada vez más alejada de los órganos de decisión de la oposición. Sin embargo, lo paradógico de la situación era que, llegado el momento, eran los mismos representantes del Consell los que ostentaban el mismo cargo en la Asamblea y éstos, a su vez, negociaban a dos bandas con otras plataformas unitarias, algunas de carácter nacional. Por otra parte, estas plataformas, CD y las de carácter regional, negociaban entre si en el marco estatal y a su vez, con los diferentes partidos y asociaciones que estaban fuera de las coaliciones, intentando que estas participaran dentro de las plataformas para poder conseguir por ambas partes un mayor poder político. Las peticiones del PTE y de la FSC-PSOE para incorporarse al Consell, y el rechazo de éste a la entrada de los socialistas al Pacte Català acusándoles de su no catalanidad, es un ejemplo de ello.
A finales de marzo de 1976, Jordi Pujol y Miquel Roca, ambos miembros del CFPC, fueron elegidos secretario general y secretario adjunto de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC), en la III Asamblea de dicha organización. Tras su elección, Jordi Pujol se dirigió a todas las instancias unitarias del Estado español para invitarlas a reunirse en torno a una declaración común que abriese el camino a la coordinación y acuerdo definitivo de toda la oposición democrática. La estrategia, según él, encaminada hacia el cambio político pasaba por un pacto para la ruptura, pues ni Cataluña ni la ruptura eran negociables. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del proceso para llegar a ella. Días antes, en un mitin en Hospitalet de Llobregat, Jordi Pujol elogió al PSUC como “ejemplo de grupo de izquierdas que no había caído en la tentación del lerrouxismo”, algo cuyo renacimiento sería, según él, de lo peor que le podía ocurrir a Cataluña. En su opinión, sólo una Cataluña que ofreciese un nivel económico y social alto, podía conseguir como contrapartida, que la cantidad de población inmigrada hiciera suya la conciencia de catalanidad.121
En aquellos días, tanto el Consell como la Asamblea estaban por la labor de conseguir la amnistía total de todos los presos políticos mediante las acostumbradas movilizaciones coordinadas que se extendían por toda España dentro de un nexo común relacionado con los derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas. A este respecto, el líder socialista, Joan Reventós, se quejaba de la mala prensa que tenían los Derechos Humanos dentro del pensamiento socialista aunque, poco a poco, iban apareciendo unos nuevos derechos humanos que no solo eran políticos sino también sociales y económicos. Unos derechos que, en su conjunto, aparecían en la práctica de los socialistas en un sentido muy amplio y en un momento de la historia de Europa en el que las clases conservadoras comenzaban a negar los derechos humanos para defender sus privilegios, lanzándose en manos de un sistema tan autoritario como el fascismo. Por lo tanto, la lucha de las democracias contra el fascismo era una lucha por la conquista de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos, una lucha en la que también participaban los socialistas.122
El 28 de febrero de 1976 se reunió la XIV CPAC, con la asistencia de 91 representantes. Como ocurría en las últimas convocatorias, antes de la entrada en materia política, se dedicaba un corto espacio de tiempo a la presentación de las nuevas incorporaciones de la Asamblea. En esta ocasión la novedad fue la presencia de un representante de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP) y otro de la Asamblea de Cataluña de Toulouse. A continuación, el debate se centró en las manifestaciones del 8 de febrero de 1976 llegando a la conclusión generalizada de que fueron los actos de afirmación catalana más importantes registrados desde 1939, resaltando el ejemplo de comportamiento cívico realizado en Sabadell y algunas referencias también a los conflictos de funcionarios, construcción y enseñanza. Seguidamente se formularon propuestas hacia la constitución de los ayuntamientos democráticos planteando previamente la petición de dimisión de los actuales consistorios y la elección democrática de éstos en el marco irrenunciable del nuevo Estatuto de Cataluña en plena elaboración.
En la reunión, alguno de los asistentes, con cierto delirio pasajero, expresaba en voz alta la similitud que podrían producir unas elecciones municipales libres como las del 12 de abril de 1931, que provocaron la caída de la Monarquía y la llegada de la II República. Sin embargo, las conclusiones finales a la que llegaron los representantes presentes se concretaron en el “Manifiesto por la Democracia” que era el documento donde se exponían las bases imprescindibles para la puesta en marcha de los Ayuntamientos democráticos. Estas propuestas pasaban por el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos, sin exclusiones, en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda; por unas elecciones por sufragio universal de la totalidad de los consistorios; por la liquidación del sistema corporativista de los Tercios familiares y por el derecho de voto a partir de los 18 años.
Así, pues, nuevamente la maquinaria reivindicativa se puso en marcha, esta vez en apoyo al manifiesto elaborado y a la campaña proamnistía, estableciendo la Asamblea las próximas manifestaciones entre los días 2 y 5 de abril, siguiendo el mismo protocolo de anteriores ocasiones para la petición oficial de autorización gubernativa. En esta ocasión el documento iba acompañado con la firma de 160 ciudadanos con renombre en la vida pública catalana, pero esta vez, el esfuerzo invertido no acompañó al resultado de la convocatoria, pues la participación ciudadana y la repercusión en los medios de comunicación fue escasísima aunque sí hubo ocasión para atizar dialécticamente al opresor de siempre. El portavoz del PSUC comentaba al respecto que:
“El cabeza de la represión en Barcelona, Sánchez Terán, vuelve a tropezar en la misma piedra aconsejado por el reformador dictatorial Fraga Iribarne (...) Como que la manifestación sería secundada por muchísimos ciudadanos, es peligrosa y no puede ser autorizada. La razón aludida no pudo ser más propia de un enemigo de las libertades elementales”.123
La manifestación del domingo 3 de abril fue efectivamente prohibida por el gobernador civil y disuelta posteriormente por la policía antes de llegar a la montaña de Montjüic, que era el destino final. El grupo más numeroso, unas tres mil personas que estaban concentradas entre las calles Villarroel y Consejo de Ciento, también fueron disueltas por la autoridad.124 Por el contrario, otra manifestación convocada por la Confederación de Combatientes, que celebraban la victoria de las tropas nacionales del 1º de abril de 1939, finalmente sí pudo seguir su curso en las instalaciones internas de las Atarazanas, en plena exposición de momias egipcias, donde representantes de la Agrupación de Hermandades de la Cruzada y de la División Azul pudieron escuchar el mitin a cargo de Luis de Caralt y Juan Sánchez Bustamante, con un enfervorizado público cercano a las mil quinientas personas.
A pesar de todos estos contratiempos, la Asamblea continuó utilizando esta nueva estrategia con otro intento infructuoso de presentar el Manifiesto por la Democracia al alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a las autoridades municipales la tarde del día 4 de abril en representación de tres mil ciudadanos. El documento presentado llevaba la firma de: Josep Andreu Abelló, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Sellarés, Joan Senent Josa, Joan Ramon Colominas y Salvador Corominas.125 Días después, en una nota difundida el 8 de abril por el SCPAC se hizo constar el menosprecio recibido por el consistorio al ser disuelta la manifestación, aunque, a pesar del fracaso mediático, se consiguió el objetivo de expandir el mensaje por toda Cataluña.
En el Prat de Llobregat algunos concejales colaboraron con los manifestantes, posicionándose a favor del Estatut de Cataluña. En Sant Cugat del Vallés se concentraron casi doscientas personas delante del consistorio; también en Hospitalet de Llobregat alrededor de mil personas de diversos barrios se concentraron frente a la Casa de la Vila; lo mismo ocurrió en Manresa, donde fueron ochocientos los implicados que acabaron disueltos por la policía; en Vic se llegó a las cuatrocientas personas y en Mataró se presentó un escrito al alcalde por los mismos motivos convocando una concentración pacífica de 15 minutos en la plaza Santa Ana de dicha población. También hubo protestas en la Universidad de Barcelona por los mismos motivos y, según Pax Christi, incluso dos captaires se pusieron en huelga de hambre por espacio de seis días en una iglesia de Lérida. En Santa Coloma de Gramanet también hubo concentraciones y en Barcelona llegaron a reunirse unas tres mil personas en la Plaza Sant Jaume, sin que tuvieran opción a entrevistarse con el alcalde, acabando su odisea con la disolución por las fuerzas del orden aunque algunos pudieron dirigirse a la tumba del obrero Manuel Fernández Márquez, muerto en los enfrentamientos de la Térmica del Besós.
Por otro lado, en relación con los trágicos sucesos ocurridos en Vitoria y Basauri, la Asamblea a través del SCPAC emitió un comunicado en marzo de 1976 denunciando la vergonzosa actuación de los espacios informativos de Televisión Española (TVE) por la manipulación que se ofrecía de estos hechos. Una acción que evidenciaba el doble juego del gobierno Arias en su intento aparente de cambio:
“La Asamblea de Catalunya −decía la nota− reafirma su voluntad de ofrecer una alternativa política, y de garantizar su realización con iniciativas pacíficas dentro de un orden plenamente democrático. Solo el reconocimiento inmediato de los derechos y libertades ciudadanas y el restablecimiento de un régimen democrático, tal como se propugna en los cuatro puntos de la Asamblea, pueden asegurar la paz ciudadana y eliminar la violencia (…), impidiendo que estos acontecimientos trágicos se repitan”. 126
El contenido del informe también hacía referencia a la conmemoración del X aniversario de la constitución del SDEUB en el convento de los Capuchinos de Sarriá. A tal efecto, Josep Mª Colomer (becario del Omnium Cultural) escribió un interesante artículo al respecto destacando la participación a favor de una universidad y una sociedad democrática, del profesorado y de los estudiantes en la Caputxinada. En el acto participaron: Francisco Fernández Buey, ex delegado de filosofía del SDEUB; Javier Paniagua, de Económicas; Rafael Serra, de Derecho de Sevilla; Albert Puigdomenech, de Arquitectura; Xavier Folch, profesor expulsado en 1966 y Manuel Sacristán, que participó en el manifiesto por una universidad democrática.127
Siguiendo la orden del día, a continuación se trataron las adhesiones y actividades de las Asambleas Democráticas, destacando la presentación de la AD del Buen Pastor, la Junta Sindical de Telefónica en Barcelona y la AD de Can Serra que elaboró una alternativa democrática municipal en Hospitalet de Llobregat.
El Partido Socialista Popular de Cataluña (PSPC) también solicitó su integración en la Asamblea y en el Consell, reconociendo la importancia estratégica que tenían estas dos organizaciones. También se informó de la creación de la Asamblea de Cataluña del Baix Camp, siendo disuelta la anterior AFD del Baix Camp; la constitución de la AD del Besós-Maresme y la Asamblea del Alt Camp integrada por: PSUC, PSAN, Partido Carlista, RSDC, Unió de Pagesos, CC.OO, y Juventudes Comunistas.
Por los datos aportados, era evidente que las AD aumentaban el nivel específico dentro de la plataforma a la vez que compartían el protagonismo con el secretariado e incluso con la propia CPAC. La AD de Tarragona fue una de éstas y en su visita a Barcelona, sus representantes −Ricard Ros, Enrique de Gracia, Jordi Tiñena y Jesús Figueres− explicaron que en la actualidad, la organización estaba formada por grupos independientes: CC.OO, CSC, MCC, PSAN, PTE, Partido Carlísta, PSUC, FNC, y que PSOE y ERC solicitaban su ingreso. Se debatieron los acontecimientos de Vitoria y Basauri, tras los cuales murió en Tarragona el 14 de marzo el obrero Juan Gabriel Rodrigo al caer desde una azotea al intentar escapar de la policía durante una manifestación en protesta por los asesinatos de Vitoria, asistiendo a su funeral miembros de la Asamblea a título individual. Los representantes de la AD de Tarragona también expusieron entre sus logros la aprobación por unanimidad del Ayuntamiento de Tarragona de los cuatro puntos de la Asamblea, recordando a los componentes del estamento municipal la voluntad de que la ruptura democrática se realizase de forma pacífica y ordenada. Por el contrario, la AD de Arenys de Mar se mostraba disconforme con la actuación del consistorio local al declararse incompetente para tratar el tema de la amnistía, aunque se solidarizaba ante el comunicado de la XIV CPAC.
En conclusión, la campaña por los ayuntamientos democráticos demostró dos cosas: la primera fue la poca efectividad legal que se produjo en los consistorios, ya que las mociones no implicaban más que una voluntad de cambio y, por otro lado, se demostró la eficacia de las resoluciones de la Asamblea y su puesta en práctica, dando la imagen de un organismo bien coordinado hasta el momento. Por último, el informe elaborado por la Asamblea finalizó con el mandato de enviar un telegrama de salutación a la recién creada República Democrática del Sahara.
En otro ámbito de actuación, se reunió la VI Assemblea d’Intelectuals Catalans con más de trescientos participantes. La valoración de las manifestaciones en Tarragona en protesta por los asesinatos en Vitoria y el Congreso de la Cultura Catalana fueron los temas principales debatidos, aunque también se trató la situación del periodista del diario Tele/expres, Josep Mª Huertas Clavería, que estaba preso en la cárcel Modelo desde el 22 de julio de 1975 por injurias al Ejército según constaba en el acta de su proceso, asistiendo entre otros: Jordi Carbonell, Pere Portabella, Jaume Fuster, Ramon Moragas, Ramon Torrent, Xavier Folch, Joan Senent, Pere Calders, Maria Antonia Oliver, Josep Benet, Jordi Llimona, Antoni Serra, Guillermina Motta, Joan Brossa, Maria Aurelia Capmany y Jaume Vidal Alcover.
El 21 de marzo de 1976 se reunió la XV CPAC con la asistencia de 106 representantes de 75 delegaciones. Como era de esperar, los debates seguían con la misma tónica en torno a los ayuntamientos democráticos. Sin embargo, los diálogos aumentaron en intensidad cuando empezó a tratarse la política reformista del gobierno Arias, haciendo suya la declaración del SCPAC del pasado 6 de marzo en su slogan: ¡No a la repressió, sí a la llibertat!
Así pues, tras diversas opiniones expuestas, la Comisión acordó iniciar una nueva campaña para conseguir unos ayuntamientos democráticos, exigiendo lógicamente la dimisión de los actuales consistorios municipales y la elección democrática de éstos dentro del marco irrenunciable del Estatuto de Autonomía y la constitución de un gobierno provisional de la Generalitat.128 A tal efecto, se estableció la estrategia de una movilización popular pacífica para los días 2 y 5 de abril y, ya en pleno debate, se rechazó la petición de BR, ORT y PTE en su intento de implicar a la Monarquía como la responsable principal de las muertes de los siete trabajadores fallecidos en los últimos actos reivindicativos, poniendo en cuestión la declaración de la AD de Tarragona que condenaba la violencia −viniera de donde viniera− refiriéndose a los últimos enfrentamientos en esa ciudad entre trabajadores y fuerzas del orden.
En resumen, podríamos decir que los últimos días de marzo de 1976 acabaron con la misma conflictividad que a su inicio prohibiéndose múltiples manifestaciones y actos de protesta, entre ellas la presentación de la Asamblea en la Facultad de Económicas de la UAB y de la AD de Santa Coloma de Gramanet, donde a pesar de los inconvenientes, pudieron asistir alrededor de ochocientos participantes. En el resto del Estado la situación social a finales de mes se había complicado por momentos, estando inmersa en continuas huelgas y manifestaciones encabezadas por la clase obrera y estudiantil que provocaron numerosos paros generalizados en HUNOSA y en nueve fábricas situadas en el sector industrial madrileño. Sorprendentemente, incluso los empresarios se pronunciaban en contra del Proyecto de Ley de Reforma Sindical, activando la polémica social contraria a esta nueva norma.129
A principios de abril de 1976, los tres diarios matutinos barceloneses −Mundo Diario, El Correo Catalán y La Vanguardia− convergieron sus titulares en torno a la crisis del gobierno por la incoherencia de sus actuaciones, situación que beneficiaba la estrategia planificada por la Asamblea, que iba dirigida a la petición de dimisión de los consistorios municipales franquistas, aunque dicho sea de paso, el interés de la ciudadanía tenía en aquellos días su preferencia fijada en el seguimiento del secuestro y posterior asesinato del político, Ángel Berazadi, cometido por ETA después de veinte días agónicos. Éste era el pago cotidiano de una vida a manos de unos iluminados cada vez más lejos de la realidad.
