Kitabı oku: «La transición española», sayfa 22
Impacto en Europa por la detención de los 113
Los artículos y notas de protesta por las detenciones efectuadas en la parroquia Maria Medianera fueron de diversa índole. El Primer Congreso de la Comunicación Humana, celebrado en Barcelona a primeros de noviembre de 1973, publicó una nota de protesta ante los hechos ocurridos, junto con otros comunicados procedentes del Congreso de la Unión Europea de la Democracia Cristiana, del cardenal François Marty, arzobispo de París, y del sindicato francés CGT de la empresa automovilística Renault.
Otro punto de vista sobre los acontecimientos relacionados con la detención de los 113, vino dado por la Association Internationale Des Juristes Démocrates, con sede en Bruselas, que publicó un informe titulado L’affaire des 113 de Barcelone entre el 19 y el 23 de noviembre, con datos recogidos por dos asociadas de esta organización, las señoras Ugo Iannucci y Nicole Amadeo, abogadas de la Cour d’Appel de Lyon.
El informe mencionaba algunos aspectos esenciales de orden jurídico, buscando en la redacción la máxima y neutral información obtenida a través de contactos con diferentes organismos, entre ellos, los bufetes de abogados defensores de los 113 detenidos, el Consulado General de Francia, el secretario particular del cardenal Jubany, las familias de los detenidos, el abad de Montserrat, el juez de instrucción de servicio n.º 14, el presidente de la Audiencia y el presidente territorial. También asistieron, delante de la cárcel Modelo, la noche del 22 al 23 de noviembre, a la liberación de la mayor parte de los detenidos, salvo 36, manteniendo una conversación con ellos. El documento también mencionaba la actitud del ministerio fiscal por la decisión de cambiar las penas recibidas de prisión provisional con fianza a prisión indefinida, relatando a continuación la situación de la Iglesia ante la violación del Concordato.
La justificación del Gobierno Civil ante la violación cometida se basó en la noción de «urgencia» pretendiendo así respetar el Concordato referente al artículo 22, línea tercera: «Salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los edificios abajo mencionados (iglesias, cementerios, etc.) por el ejercicio de su función, sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente»390. Según el abad de Montserrat, el Concordato fue violado con el agravante de que en el momento de los hechos un enviado del Vaticano se encontraba en Madrid.
Aunque la defensa de los 113 inculpados estuvo representada por 48 abogados, miembros de la Comisión de Defensa de los Derechos del Hombre y del Libre Ejercicio Profesional, de momento las gestiones realizadas resultaron infructuosas, ya que los presos liberados en un primer momento fueron encarcelados de nuevo por orden del Juez n.º 2 debido al impago de la fianza fijada.
Nicole Amadeo, conforme a los informes recibidos, expuso su visión del orden jurídico español, afirmando:
«La primera y de hecho la sola preocupación del Estado español es su propia conservación (…) Todo acto, toda idea susceptible de contrariar el orden establecido debe poder ser descubierto y sancionado por la autoridad (…) El ejercicio de las libertades privadas o públicas es una amenaza permanente y mientras el problema no sea resuelto, no habrá libertad (…) Los españoles no pueden trabajar, ir y venir, reunirse, sin ser constantemente controlados (…) El Estado es omnipotente y no concede ningún derecho, ninguna libertad ni garantía.»391
Según Amadeo, este orden jurídico no tenía una base popular y se justificaba mediante la Ley de 17 de julio de 1945 del Fuero de los Españoles, modificada por la Ley de enero de 1967, anunciando principios «inaplicados e inaplicables». También llegó a la conclusión de que no existía separación de poderes según el Fuero, más bien una coordinación de poderes, que permitía a la autoridad gubernamental no poner en riesgo su constitucionalidad, siendo la justicia en España el brazo secular del Ejecutivo. Ponía como ejemplo el derecho de reunión por el que el artículo 16 del Fuero decía: «Los españoles pueden reunirse libremente con fines lícitos en el respeto a las leyes», atendiendo a que se consideraba como reunión pública aquella que reunía más de veinte personas. Sin embargo, el articulo 15 señalaba que «las más amplias facultades son acordadas por las autoridades gubernamentales, administrativas, para evitar que en algún momento sea perturbada la paz y la tranquilidad pública»392, por lo que el Ejecutivo interpretaba a su discreción la soberanía sin control. En resumen, la sensación dada era que en España la vía judicial se caracterizaba por su inseguridad, donde sanciones administrativas y judiciales podían acumularse.
A este respecto, diferentes organizaciones de oposición buscaban una democratización urgente del país mediante una política pacífica, aunque estos movimientos eran percibidos por el régimen como separatistas y comunistas, llegando a la imposibilidad de permitir su desarrollo a pesar de que la imagen que se intentaba dar al exterior fuese la contraria. Esta situación obligó a la ciudadanía a buscar refugio donde poder desarrollar su derecho a reunirse y manifestarse, de ahí las concentraciones en iglesias, colegios profesionales, etc., e incluso utilizar partidos de fútbol como el Barcelona-Madrid como un modo de expresión. El informe finalizó con una crítica descriptiva a la ausencia de protección judicial donde los magistrados eran nombrados o destituidos por el poder, los tribunales de excepción y militares eran múltiples, incluso el TOP estaba considerado como jurisdicción ordinaria.
390. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 185.
391. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p.187.
392. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 189.
El gobierno Arias
En 1973 el interés de los españoles por la política era moderado, por lo tanto, para el gobierno seguían primando otros asuntos como los relacionados con la vida cotidiana o con la defensa del orden público frente a los enemigos de siempre: el comunismo, la masonería y el liberalismo. En resumen, el continuismo era la norma sin un atisbo de debilidad como había sido hasta entonces, a pesar de que la lucha opositora y, más concretamente el movimiento obrero, pese a no ser todavía un asunto urgente que resolver por el gobierno, seguía manteniendo en perfecto estado de tensión a este, privándole de legitimidad de cara al futuro.
Efectivamente, desde finales de los sesenta fue la universidad y no el movimiento obrero la gran preocupación de los gobiernos franquistas hasta el punto de haber creado estos un organismo exclusivo destinado a controlar una institución que se escapaba del control del régimen; recordemos que desde 1968 estaba funcionando un comité gubernamental que se reunía normalmente todos los miércoles para tratar en exclusividad todo lo relacionado con la disidencia del alumnado y el profesorado. Sin embargo, si comparamos con lo anterior, el régimen franquista dejó de ser lo que era al principio de los años setenta, influido por un cambio social que le produjo una disociación y un distanciamiento con la sociedad, decidiendo a partir de entonces dejar de controlar buena parte de la vida cotidiana española y dando la sensación de que el régimen y la sociedad en general se ignoraban mutuamente.
Por su parte, las relaciones Iglesia-Estado tuvieron una aparente mejora, aunque siempre conservaron un malestar de fondo generado desde el Concilio Vaticano II y que se había acrecentado en los primeros años de la década de los setenta. Recordemos que, en enero de 1973, un documento episcopal titulado «La Iglesia y la Comunidad Política» insinuaba la incompatibilidad de la fe cristiana con un sistema que no buscara la igualdad, la libertad y la participación, algo que el franquismo no podía aceptar. Por eso, la voluntad de la Iglesia de desligarse del poder político ligado al Concordato de 1953 iba pesando cada vez más por ambas partes. No obstante, la actitud del presidente Luis Carrero Blanco, según se desprende de sus conversaciones con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, eran de llegar a acuerdos.
A este respecto, el enviado del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli, visitó España en noviembre de 1973 y el nuevo ministro de Exteriores, Laureano López Rodó, resultó ser más prudente y frio que su antecesor, Gregorio López Bravo. Sin embargo, cabe recordar que tanto los cardenales Marcelo González y Vicente Enrique Tarancón, ni el arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, eran partidarios de la firma de un nuevo concordato, aunque el primero lo fue menos al ser más proclive al franquismo. En definitiva, es evidente que, tras el derrumbe de la estrecha relación entre el catolicismo y la política practicada por el régimen desde su inicio, agravada en 1972, había llegado a su fin y tanto el dictador como su fiel presidente (Carrero) fueron testigos de ello, siendo ambos conscientes de que nada sería igual a partir de entonces.
El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, fue asesinado, víctima de un atentado. Con mis quince años felices, todavía puedo recordar mi desagradable despertar de la siesta, antes de ir al Instituto Torras i Bages de Hospitalet (Can Serra), cuando mi madre, con cierto aspecto desencajado y temerosa de la situación, me despertó diciendo: «¡Han matado a Carrero Blanco!». Los diarios de la tarde, perplejos y confusos por lo sucedido, intentaban describir dentro de lo permitido lo ocurrido:
«El presidente del Gobierno, que pasaba en su coche por el lugar de la explosión camino de su despacho, ha sufrido graves heridas y falleció poco después. Murieron el chófer y el policía de escolta. Fernández Miranda asume el poder provisional como vicepresidente.»393
Aunque en aquellos momentos todavía no se sabía la autoría del atentado, los verdugos del presidente pertenecían al comando «Txikia» de ETA, dirigidos por José Miguel Beñarán (Argala).
Si nos fijamos en la narración anterior, presumiblemente censurada, no se contemplaba por el momento el hecho de un atentado, pero pronto sería confirmado. En los primeros momentos recuerdo haber percibido cierto nerviosismo en los amigos o vecinos que me encontraba en la calle, incluso mi madre estaba nerviosa por esconder mejor aquel pañuelo que todavía conservaba con los colores de la II República, posiblemente presintiendo las inevitables represalias que todo el mundo esperaba.
Aquel mismo día, Josep Benet volvía a Barcelona tras intentar en los juzgados de Madrid, conocidos como las Salesas, obtener la libertad de sus representados en la causa de los 113, denegando el juez la petición de libertad provisional para ellos. Cabe decir que el interés por estos hechos pasó ciertamente desapercibido pues, en aquellos días, la actualidad informativa pasaba por la resolución de la causa ejercida contra diversos dirigentes de CC.OO.
A este respecto, en Barcelona se habían convocado diversas manifestaciones relacionadas con el Proceso 1001 que fueron reprimidas con rotundidad, efectuándose las rutinarias detenciones, entre ellas, la del estudiante de Derecho y Filosofía Xavier Vidal-Folch, perteneciente a Bandera Roja (BR), que sufrió agresiones antes de su ingreso en la cárcel Modelo. No obstante, el juicio comenzó el mismo día del atentado y finalizó cuatro días después.
La casualidad hizo coincidir el atentado con la distribución de un comunicado editado por el SCPAC titulado «La Asamblea de Cataluña por la libertad de Marcelino Camacho y sus compañeros. Por la amnistía y las libertades», aunque era evidente que los folletos estaban preparados desde algún tiempo antes, por lo que no hacían referencia a los últimos acontecimientos. Al final del informe se pedía la libertad para Marcelino Camacho, la suspensión del proceso de los 113 detenidos en la iglesia Mª Medianera del pasado 28 de octubre, libertad para todos los presos políticos y para el pueblo, finalizando con la alegoría de «¡Viva la Asamblea de Cataluña!». A continuación se convocó a la ciudadanía catalana para manifestarse en la jornada del día 12 de diciembre en contra de los juicios contra los llamados «diez de Carabanchel», todos pertenecientes a CC.OO, donde se enfrentaban a penas de cárcel elevadas. Se hizo mención de los consejos de guerra contra los obreros de la Térmica de San Adrián y a los pertenecientes al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL)394, por el que se pedían penas de muerte. En resumen, para la Asamblea todo formaba parte de una estrategia represiva de cara al fortalecimiento de lo que denominaban la «dictadura monárquica» fruto de la dictadura franquista395.
Como anécdota, el mismo día del atentado de Luis Carrero Blanco, a las 11 de la noche, se cerraron todas las celdas de la Modelo y, según testimonio de Francisco Frutos, algunos pensaban lo peor. No obstante, solo fue para comunicar a algunos de los presos la decisión judicial relacionada con las fianzas aprobadas.
Desde Madrid, el teniente general Carlos Iniesta Cano, jefe de la Guardia Civil había dado órdenes de que «En caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas»396, aunque afortunadamente, dicha orden fue revocada por el jefe del Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría.
Lo cierto fue que al finalizar el año 1973, de los 113 detenidos todavía seguían en prisión unos cuarenta; sin embargo, a partir del 29 de diciembre empezaron a recibirse las órdenes de libertad, siendo ocho de ellos los primeros afortunados, Josep Solé Barberà entre ellos, quedando 35. El domingo siguiente salieron otros 12, y el resto salió el día 9 de enero de 1974.
Mientras tanto, Franco seguía deshojando la margarita en busca de un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno, llegando la incertidumbre hasta el último día del año en que, sorprendentemente para las quinielas periodísticas, Carlos Arias Navarro fue el elegido.
Sin duda la última semana de diciembre de 1973 fue especialmente difícil para el Caudillo a la hora de encontrar una salida satisfactoria para el gobierno ante la crisis que se había planteado por sorpresa. A este respecto, mucho se ha hablado sobre las presiones que tuvo que soportar el viejo general a la hora de acertar en la elección de un nuevo presidente del gobierno y, aunque la historiografía apunta ante la fuerte influencia de su mujer, Carmen Polo, las últimas investigaciones se inclinan por la llamada «camarilla del Pardo» donde alguno de sus ayudantes como Antonio Urcelay o su médico particular tuvieron algo que ver; pero de lo que no cabe duda es que la decisión tomada por el dictador fue en conciencia y en libertad. Finalmente, de 35 candidatos iniciales propuestos por el Consejo del Reino, estos se quedaron en cinco: Alejandro Rodríguez de Valcárcel, José Antonio Girón, Pedro Nieto Antúnez, Manuel Fraga y Carlos Arias Navarro.
Como ya sabemos, el 28 de diciembre de 1973, Carlos Arias Navarro recibió el encargo de formar gobierno de manos del Caudillo con perplejidad y sorpresa por el propio agraciado. A partir de entonces, las presiones de la derecha del régimen fueron constantes para que en su gabinete estuvieran presentes los más adictos al régimen. Sin embargo, aunque Carlos Arias rechazó en principio la apuesta de José Antonio Girón a participar en su equipo, sí que cedió a la instalación de algunos representantes afines a este.
Efectivamente, Carlos Arias, doctor en Derecho nacido en 1908 y que llegó incluso a trabajar bajo las órdenes de Manuel Azaña a finales de los años veinte en la Dirección General de Registros y Notariado, llegó al gobierno de la mano del ministro Camilo Alonso Vega que le nombró director general de Seguridad, llegando a ser alcalde de Madrid en 1965 en sustitución del conde de Mayalde. Sin embargo, a pesar de todos sus antecedentes parece ser que fue el mismísimo Francisco Franco quien lo catapultó al cargo ministerial de la seguridad del Estado cuando el gobierno se sumía en una profunda crisis.
Carlos Arias fue un profundo creyente, lo mismo que su antecesor en el cargo, y vinculado a la doctrina del nacionalcatolicismo, una circunstancia que al parecer no influyó en su discrepancia con la cúpula eclesial que aumentó enormemente tras el Concilio Vaticano II.
Tanto él como Luis Carrero Blanco coincidían en la esencia del franquismo, aunque actuaron fuera de los tentáculos falangistas y sufrieron ambos la experiencia de una guerra civil que les marcó en su actitud represiva, teniendo la misma idea, a su vez, de la falta de entendimiento del aperturismo generado en la Iglesia desde mediados de los años sesenta. Sin embargo, los dos actuaron de diferente manera a la hora de solucionar este problema, ya que, mientras Luis Carrero intentó diluirlo y amortiguarlo, Carlos Arias se enfrentó a él. Véase como ejemplo la resolución del llamado caso del obispo Antonio Añoveros. En efecto, la cortés relación entre Carlos Arias y el cardenal Vicente Enrique Tarancón saltó por los aires dada la actitud crispante del primero al haberse publicado un escrito desde el Arzobispado de Bilbao que hacía referencia al problema vasco y que estaba sustentado con el apoyo de diez mil firmas, entre ellas seiscientas de los 720 sacerdotes de la diócesis. Esta tensión se prolongó durante algunos días y tuvo una gran repercusión en todo el Estado, incluso en Cataluña la Asamblea de Eclesiásticos se manifestó a favor del obispo Antonio Añoveros.
Por otro lado, la relación de Carlos Arias con Franco era de auténtica devoción hacia su persona, aunque esa actitud no le fuera correspondida, llegándose a veces a una relación tensa y crispante entre ambos, una situación que coartaba de antemano la posible motivación surgida de un nuevo gobierno.
Así pues, el último día del año estuvo lleno de noticias, ya que, aparte de lo anteriormente comentado, coincidió paradójicamente con la publicación de las sentencias del Proceso 1001, aunque en realidad no hubo sorpresas apreciables, ya que las penas demandadas por los fiscales entre veinte y 12 años de prisión fueron las que se ejecutaron. Como caso anecdótico, cabe destacar que ese día, el famoso boxeador José Manuel Ibar (Urtaín) también lo pasó en la cárcel.
Efectivamente, el 3 de enero de 1974, el nuevo presidente del gobierno juró su cargo ante el dictador con sorpresa generalizada incluso en el propio entorno del poder, ya que el candidato inicial era el almirante Pedro Nieto Antúnez.
«Hoy comienza otra página de nuestra historia política»397. Así comenzaba su crónica el periodista Ramón Pi, resaltando la noticia de que el nuevo gobierno hubiese cambiado de color y se hubiesen producido ciertos cambios respecto a la representación en el nuevo gabinete. Primero la desaparición de los tecnócratas, cuyo máximo exponente era Laureano López Rodó; y segundo, la vuelta de los católicos al gobierno.
El primer gabinete del gobierno de Carlos Arias agrupaba en gran medida a técnicos sin personalidad destacada y desde el primer momento pudo intuirse la fuerte desunión entre ellos agravado por la ausencia de un programa claro y sin rumbo por lo que, pese a las buenas intenciones y proclamaciones de profundas reformas auguradas por su presidente, lo que estuvo claro es que su paso por el reformismo fue fugaz. Sus más cercanos colaboradores fueron José García Hernández, Luis Rodríguez de Miguel, Antonio Carro y Pío Cabanillas; estando en segundo nivel Antonio del Valle y Carlos Álvarez Romero.
El contenido básico de su programa de actuación vino contemplado en el discurso pronunciado en las Cortes el 12 de febrero de 1974 cuyo contenido fue elaborado prácticamente por su colaborador, Gabriel Cisneros. El documento hacía mención del nuevo talante del gobierno con una información más escrupulosa y una resuelta apertura de los asuntos de Estado referidos al debate institucional y a la confrontación de la opinión pública añadiendo que no se excluían sino aquellos que se querían autoexcluir. Sin embargo, las cuatro medidas que se catalogaron como aperturistas: la retirada del Proyecto de Ley de Régimen Local y sustitución por otro que permitiera elegir alcaldes y presidentes de Diputación provincial; el nuevo régimen de incompatibilidades en las Cortes; el desarrollo de la Ley Sindical y la redacción de un estatuto de derecho de asociación para promover relaciones más generosas e integradoras, nunca estuvieron más lejos de cualquier esperanza democrática.
Este nuevo, querer hacer, resultó un engaño mayúsculo ante la opinión pública y no tardó mucho en delatarse, pues a los cuatro meses de este discurso, exactamente el 15 de junio, el presidente Carlos Arias añadía en Barcelona ante el ministro del Movimiento, José Utrera Molina, que el espíritu del 12 de febrero no quería ser nada distinto al espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco.
Sin embargo, en su relativamente corta experiencia de gobierno, no cabe duda de que si algo supo hacer bien este gobierno fue todo lo relacionado con el orden público, ya que era su obsesión permanente y no le faltaron ocasiones para hacer frente a numerosos envites. Recordemos la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1976, justo tres semanas después de su famoso discurso y coincidiendo con la retransmisión por televisión de un combate de boxeo en que participaba la estrella del momento, José Manuel Ibar «Urtain»; la resolución del llamado incidente provocado por el general Díez-Alegría al entrevistarse con el dirigente rumano, Nicolae Ceaucescu; por su actitud ante la primera enfermedad de Franco derivada de la sustitución provisional en la Jefatura del Estado por el rey y el ninguneo del dictador al comunicar a Carlos Arias su retorno a la Jefatura del Estado, quizás por presiones de su entorno más próximo: su médico personal, Vicente Gil, y el marqués de Villaverde.
Esta situación fue realmente perpleja, pues incluso los ministros se enteraron del cambio de poderes por la televisión, lo mismo que la mayoría de los españoles. Sin embargo, el golpe de gracia que desacreditó definitivamente esa apertura ficticia de la que se enorgullecía el presidente Arias fue la destitución, ordenada por Franco, del progresista ministro de Información, Pío Cabanillas, y la posterior dimisión del ministro económico, Antonio Barrera de Irimo.
Parece ser que estos cambios ministeriales fueron provocados por las presiones del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera, en relación con la decisión de aceptar el ministro de Información y Turismo, que se entrevistase a Felipe González en la televisión y, sobre todo, por la apertura de la pornografía en los medios audiovisuales y escritos, algo que Franco no podía consentir.
Los sustitutos elegidos por Carlos Arias con la aquiescencia del Caudillo, pues como dijo el propio presidente «el que manda, manda», fueron Cabello de Alba y León Herrera, curiosamente, ninguno de los dos adscritos al búnker.
Por otro lado, ya se cumplía un mes de la huelga de hambre del padre Xirinachs en Carabanchel, y con ese motivo, el SCPAC emitió un comunicado el 4 de enero como carta abierta dirigida al sacerdote, pidiendo el fin de su actitud, ya que el riesgo por su vida aumentaba. Este mensaje coincidió con la publicación oficial de la lista del nuevo gobierno en la que resaltaba que no había ningún representante del Opus Dei ni tampoco de los propagandistas, incorporándose destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la empresa pública. El gabinete estaba compuesto por tres vicepresidentes del gobierno. El primero era el ministro de la Gobernación, José García Hernández; el segundo era el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo; y el tercero fue el de Trabajo, Licinio de la Fuente; siguiendo a continuación el de Exteriores, Pedro Cortina Mauri; Justicia, Francisco Ruiz Jarabo; Ejército, teniente general Francisco Coloma Gallegos; Aire, teniente general Mariano Cuadra Medina; Marina, almirante Pita da Veiga; Planificación y Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano; Educación, Cruz Martínez Esteruelas; Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo; Información y Turismo, Pío Cabanillas Gallas; secretario general del Movimiento, José Utrera Molina; Obras Públicas, Antonio Valdés González Roldán; Agricultura, Tomás Allende y García-Baxter; Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel; Industria, Alfredo Santos Blanco; Comercio, Nemesio Fernández Cuesta y subsecretario de la Presidencia, Antonio Carro Martínez.
El programa de gobierno se basó preferentemente en la absoluta decisión de mantener el orden público, anunciando que haría uso de toda su autoridad con rigor y serenidad para defender el bien común y mantener un orden en cuyo marco los españoles pudieran ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades. En el apartado económico se promocionaría a los sectores más necesitados en el intento de aumentar el nivel de bienestar, reforzando, a su vez, las estructuras políticas, con especial atención al tema de la participación política de los ciudadanos, que habría de ser promovida y estimulada, teniendo en cuenta la madurez cívica del pueblo. También se tendría especial atención a la juventud y confianza en el futuro; y finalmente, en lo que respecta al plano internacional, el gobierno contribuiría desde España a la paz del mundo, mediante la expresión y los lazos que unían a nuestro país con culturas colindantes y transatlánticas398.
Con la entrada de Pío Cabanillas en la cartera de Información y Turismo sustituyendo a Alfredo Sánchez Bella, se produjo una cierta apertura informativa, reduciéndose el carácter represor y sancionador bajo su mandato. Como ejemplo de ello, la televisión mostraba un tenue aperturismo en los contenidos informativos de los telediarios de la Primera y algunos programas culturales vanguardistas en la Segunda Cadena (UHF), todo bajo el denominado «espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, este cambio de actitud no duró mucho, ya que la presión formulada por el sector más reaccionario del bunker encabezado por José Antonio Girón399 a través del diario Arriba, consiguió que en diciembre de ese mismo año Pío Cabanillas presentara su dimisión junto con otros destacados cargos del gobierno como Barrera de Irimo, Juan José Rosón, Juan Luis Cebrián, Francisco Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja y Ricardo de la Cierva400.
En lo que respecta a la intensidad represora ejercida por el régimen parecía que todo seguía igual, pues a comienzos de año continuaban dictándose sentencias en el TOP. En efecto, el 6 de enero de 1974 comenzó el consejo de guerra, Causa Militar 106, contra Salvador Puig Antich, José Luis Pons Llovet y María Angustias Mateos Fernández, con dos penas de muerte exigidas por la fiscalía para Puig Antich y treinta años de reclusión para Pons. En su declaración, Puig Antich había confesado su pertenencia al MIL desde octubre de 1972. Después de cuatro días de juicio, Puig Antich fue condenado a la pena capital más treinta años de cárcel, Pons a treinta años y Mateos a cinco años.
Conocida la sentencia, 26 entidades sociales barcelonesas pidieron clemencia al gobierno sin resultado positivo, entre ellas los Colegios Oficiales que exigían la abolición de la pena de muerte, 53 periodistas y el Club Amigos de la UNESCO. Por el contrario, no hubo reacción gubernativa al respecto a pesar de que la presión internacional ejercida por grupos de ciudadanos contrarios a la injusticia ejercida por el régimen se hacía notar mediante manifestaciones contra los consulados españoles en Turín y Zúrich, extendiéndose posteriormente a otras capitales europeas.
La CCFPC también aportó su grano de arena difundiendo un comunicado en enero de 1974, declarando el atentado contra Carrero Blanco como un hecho de extraordinaria importancia, criticando a la vez las severas sentencias aplicadas por el TOP en los casos de militantes del M.I.L. y de CC.OO.
Sin duda este nuevo gobierno no entró con buen pie, pues no tardó mucho tiempo en recibir las primeras críticas de su gestión. En un artículo que hacía referencia a los medios de comunicación, se decía: «Vuelven los hombres de la Ley Fraga en referencia a Pío Cabanillas». El Concordato con la Iglesia fue otro punto de fricción donde el cardenal Tarancón anunciaba el 30 de enero de 1974 que era fundamental clarificar conceptos, ya que no era lógico pensar que la Santa Sede pudiera formalizar un tratado con un gobierno, sin asesoramiento de la Iglesia nacional interesada. Y por si fuera poco, el día 22 de enero, la peseta fue puesta en flotación de cara a la consecución de un cambio efectivo lo más constante posible. Esta noticia fue valorada positivamente por algunos especialistas, entre ellos Narcís Serra, economista y profesor de la UAB, quien calificó esa estrategia como una hábil maniobra.
Por otro lado, la conferencia ofrecida por Alfonso Osorio el 28 de enero en el Club Siglo XXI, con el título «Democratizar nuestra vida política sin modificar las Leyes Fundamentales», proponía un nuevo rumbo a seguir con la clara intención de preparar la próxima sucesión en la Jefatura del Estado. Los temas y propuestas eran variados, desde la monarquía hereditaria (garantizar a Felipe de Borbón como heredero), el papel del rey (no debe deponer a un jefe de gobierno), la representación política (consejeros nacionales, elección directa por mayores de edad), las asociaciones (todas dentro del Consejo Nacional del Movimiento) y la preocupación por la continuidad (franquismo sin Franco).
El 1º de febrero de 1974, Alfonso de Borbón, casado con la nieta de Franco, para salir de dudas ante algunos que pretendían la competencia con el príncipe Juan Carlos, hizo la siguiente declaración desmarcándose del camino a la corona: «El futuro está encarnado en mi primo, el príncipe de España».
