Kitabı oku: «La transición española», sayfa 25
El principio del fin. 1975, la agonía del régimen
En enero de 1975, el SCPAC puso en marcha la «semana de lucha contra el alza del coste de la vida» en clara alusión a la situación socioeconómica del país. La valoración del año 1974 fue en términos económicos muy deplorable. Los datos eran concluyentes si tenemos en cuenta el 17% de inflación acumulada, que repercutió directamente en el desfase entre el coste de la vida y el crecimiento de los salarios. La repercusión en el mundo rural también fue bastante negativa, manteniéndose o bajando los precios de venta de los productos agrícolas de los campesinos a los comerciantes, siendo estos últimos presentados ante el pueblo como los responsables de los aumentos de precios.
Fue en Cataluña donde se produjeron los índices más altos de inflación, lo que degradó aún más las condiciones de vida de las clases populares que encontraron el origen del problema en la actitud del gobierno en el último año, incrementado por las asiduas estafas y escándalos financieros relacionados con el régimen: REACE, familia Franco, SOFICO, etc. Ante estos acontecimientos, la respuesta popular no se hizo esperar, encabezándola como siempre la clase obrera, seguida de la estudiantil, ya que según las propias palabras de Jordi Pujol la realidad pasaba por la nula influencia política del gobierno de la Generalitat y del exilio político en general. En el interior, el FNC tenía poco peso. ERC llegó a los años setenta en una situación casi inexistente, mientras que la UDC era débil, cerrada en ella misma y demasiado confesional435.
La presión ejercida por el conflicto laboral en SEAT, la huelga general en el Baix Llobregat y las luchas obreras en la Hispano-Olivetti y en Cumbre, arrancaron el reconocimiento de sus derechos laborales en Magistratura de Trabajo ante los veinte mil sancionados y 369 obreros despedidos436. Finalmente, la perspectiva de todas estas manifestaciones y reivindicaciones para el movimiento obrero, sostenida y apoyada particularmente por CC.OO, concluyó en la realización de una huelga general de 24 horas en defensa del puesto de trabajo, por la amnistía y por las libertades.
Ante esta crisis social fue necesario buscar acciones y apoyo en la población para que todos los esfuerzos convergieran hacia la consecución de las libertades políticas y nacionales. Por eso la Asamblea convocó la antes mencionada semana de lucha en contra del alza del coste de la vida entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 1975. Coordinadamente, los delegados de los trabajadores de SEAT distribuyeron un comunicado explicando su punto de vista ante el expediente de crisis presentado por la empresa y en defensa de las libertades democráticas, pidiendo colaboración de la Asamblea y de CC.OO, ofreciendo su esfuerzo en la convocatoria de una huelga general de 24 horas en toda Cataluña437. La situación en SEAT era complicada, hallándose, según fuentes de la Asamblea, treinta mil obreros en lucha, ochocientos despedidos, numerosos heridos y más de cien detenidos.
Por otra parte, la oposición democrática, ante la previsible muerte del general Franco, se preparaba de cara a la nueva coyuntura política buscando nuevas alianzas que fortalecieran su presencia en el futuro espectro político democrático. La CCFPC, en un comunicado fechado en enero de 1975, presentó unas bases de colaboración política a nivel estatal aceptando que el problema de la convergencia unitaria era un asunto de todos. En esa línea, el 8 de febrero de 1975 se produjo una reunión entre representantes del gobierno vasco en el exilio y la CCFPC, llegando al siguiente acuerdo:
«Reunidos en sesión de trabajo las fuerzas componentes del gobierno vasco y las fuerzas componentes de la CCFPC, entre otras cuestiones tratadas y otros acuerdos, hacen pública su decisión conjunta de que a la constitución de un gobierno provisional a nivel de Estado español surjan concomitantes los gobiernos provisionales vasco y catalán como resultado de una normalización de las leyes abolidas por el régimen franquista y la devolución de la soberanía al pueblo.»438
El 14 de febrero de 1975, el diario Tele/eXpres publicó unas declaraciones de Ramon Trías Fargas en las que asumía que, «En España era posible el paso a la democracia»; y el día 15, Miquel Roca publicó un artículo sobre «Una aproximación a la España real». Otro político en alza, Anton Canyellas, comentaba que «Por cuestiones políticas seguimos aislados» y Sebastián Auger afirmaba que «Es ineludible la reforma de la empresa». Sin duda, era inevitable que la proximidad de un cambio de régimen y la deseada apertura tras la muerte del dictador animara a una numerosa clase política dirigente a salir del armario y posicionarse en la recta de salida.
El día 21 de febrero, el ideólogo Isidre Molas publicó un artículo sobre la crisis política de fin de siglo, siendo el preámbulo informativo de la definitiva reaparición en política activa de Jordi Pujol con la frase «Ha llegado la hora de hacer política», haciendo un llamamiento para la organización de un centroizquierda con sentido catalán. Mientras tanto, mujeres atrevidas como Helena Valentí escribían sobre la liberalización de la mujer439.
La carrera en la búsqueda de nuevos aliados políticos había comenzado, en parte con la aquiescencia del gobierno que no veía, de momento, un peligro serio en estos representantes de la oposición democrática, aunque continuase en la línea de mantener el principio de autoridad frente a todo intento de carácter laboral opositor que perturbase la paz y el orden, solo reiterando su propósito de diálogo en los planteamientos de fundamento estrictamente laboral.
En respuesta, la oposición democrática, ante la incipiente presión de la censura gubernativa, afinaba su habilidad por informar de una situación oficial irreal, intentando hacer llegar el mensaje en códigos a veces ininteligibles para la mayoría de los lectores. Francisco Candel y Francesc Pi de la Serra fueron protagonistas en la prensa del «arte de decir lo que no se puede decir». También por aquellas fechas, Ernest Lluch escribía un artículo en Tele/eXpres titulado «Catalanismo y no burguesía» en la misma línea.
En medio de una cada vez más acusada conflictividad laboral y estudiantil en todo el país, el 5 de marzo de 1975 se realizó un nuevo reajuste ministerial con nuevos responsables en las carteras de gobierno, poniendo de manifiesto la inestabilidad y diferencia de criterios dentro de él. Los nuevos responsables de las carteras afectadas fueron: José Luis Cerón (Comercio), Fernando Suárez González (Trabajo), José Mª Sánchez Ventura (Justicia), Fernando Herrero Tejedor (Secretaría General de Movimiento) y Alfonso Álvarez de Miranda (Industria).
El ministro de Información León Herrera, a preguntas sobre los motivos del cambio y en su línea de desinformación, insistía en que no se trataba de una crisis ministerial sino solamente de relevos440. Sin embargo, parece ser que no tuvo éxito en el empeño ya que la prensa nacional no opinaba lo mismo que el ministro, sobre todo, cuando todavía era reciente la noticia de que en 1974 el coste de la vida había aumentado un 17,9%, corroborando de esta manera las perspectivas más pesimistas del informe presentado por la Asamblea.
Sin duda, la crisis del petróleo, causa principal del reajuste económico en España, no fue coyuntural ni se remitía exclusivamente a nuestro país, ya que otros estados europeos también se vieron afectados por los reajustes forzados ante la situación económica, llevándose consigo a prestigiosos políticos que no supieron afrontar la crisis. Uno de los afectados fue el premier británico Edward Heath441, líder conservador, que salió derrotado como líder de su Partido por su compañera, Margaret Thatcher.
Pero en España, no todo fueron sobresaltos económicos, también los hubo de otro tipo, hallándose en plena transformación, «del destape al desplume», la tercera vía de la cinematografía. Por fin parecía que el mundo del espectáculo a nivel nacional tomaba la iniciativa reivindicativa, dando la bienvenida, no sin cierto sacrificio, y atrayendo hacia ellos los efectos represores de la maquinaria estatal. Se impusieron fuertes multas a conocidos actores detenidos en Madrid por haber participado en una huelga; actrices como Rocío Dúrcal y Tina Sainz fueron detenidas. Pronto, este rebrote de inconformismo cultural se recrudeció de nuevo transformado en un conflicto universitario en toda España. Esta vez fue protagonizado por los Profesores No Numerarios (PNN), que arrastraban graves problemas de sobrecarga en el trabajo, inestabilidad en el empleo y dependencia extrema ante los catedráticos, y que tuvo como consecuencia la dimisión del ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, por la deficiente regulación de la huelga.
Los factores que configuraron esta crisis de la enseñanza no se habían solucionado, ya que se seguía sin una auténtica representación estudiantil agravada por su masificación, sin una verdadera libertad de expresión cultural o académica y sin participación en los órganos universitarios, dejando definitivamente de ser la Universidad un centro de pensamiento elitista y minorista442. En el cuadro siguiente se puede apreciar la práctica congelación del profesorado numerario frente a la masificación del alumnado, compensada por la masiva contratación de PNN en una precaria situación laboral.
RELACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS POR PROFESOR
| AÑO | PROFESORES NUMERARIOS | PROFESORES NO NUMERARIOS (PNN) | ALUMNOS |
| 1960-61 | 1.188 | 3.005 | 84.542 |
| 1965-66 | 1.416 | 6.431 | 132.012 |
| 1971-72 | 1.523 | 16.300 | 292.131 |
Fuente: A. de Miguel, «El boom universitario», en Blanco y Negro, 9 de febrero de 1974.
En Cataluña, uno de los temas de actualidad cultural fue la financiación del catalán en las escuelas públicas. El 6 de marzo, siete ayuntamientos decidieron apoyar económicamente la enseñanza de la lengua autóctona en las escuelas, entre ellos el Ayuntamiento de Barcelona, que, sin embargo, recibió fuertes críticas por la ínfima subvención destinada al efecto. La Asamblea se incorporó a la polémica pronunciándose en contra de los 18 concejales que votaron negativamente a la propuesta, exigiendo su dimisión y proponiendo la libre elección democrática en todos los ayuntamientos, el uso oficial de la lengua catalana en escuelas catalanas democráticas y las libertades políticas y nacionales443. Esta campaña fue rápidamente apoyada por sectores catalanistas de la cultura y de la docencia; véase el artículo publicado por el profesor González Casanova al día siguiente en el Tele/eXpres, ampliando el informe sobre el catalán en las corporaciones locales o la campaña dirigida por la Asamblea con el lema «Catalá a l´escola», exigiendo que el Estado se hiciera cargo de la enseñanza de las lenguas maternas en preescolar y EGB.
Abril de 1975 fue un mes muy intenso en acontecimientos internacionales. El día 17 cayó Phnom Penh en manos de los Jemeres Rojos, finalizando así la guerra en Camboya, y el 30 del mismo mes se dio por concluida la guerra en Vietnam con la rendición de la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur, ante las tropas comunistas.
En España, con el asesinato de un policía en Bilbao el 8 de abril, y la continua inestabilidad social, el día 26 se volvió al estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, practicándose numerosas detenciones que llegaron a sumar cerca de doscientas personas.
Desde Cataluña se alzaron voces de protesta en contra del estado de excepción y contra las penas de muerte pedidas contra militantes de ETA, concretándose en su máxima expresión mediante una declaración titulada «Catalunya amb Euzkadi». Sin duda el malestar en la oposición democrática iba in crescendo cuanto más apretaba el régimen la cuerda, véase la respuesta del profesor y político Enrique Tierno Galván en visita a Barcelona por aquellas fechas, cuando expresaba su confianza en que la ruptura democrática no produjera desgarrones; sin embargo, la cuestión era saber quién cedería antes en su empeño, problema que tendría una pronta solución con la muerte del Generalísimo.
Siguiendo la tónica del mes anterior, mayo de 1975 también fue un mes de los denominados «caliente» para el gobierno. Los conatos de manifestaciones y huelgas se concentraron esta vez en Madrid y Alicante, además de incidentes en Vigo, donde falleció un trabajador en FENOSA.
Por aquellos días se habían convocado elecciones de la Asociación de la Prensa de Madrid, siendo favorable el resultado a las candidaturas de los periodistas madrileños no afines al régimen, comentando estos después de la votación que se había resquebrajado una de las fortalezas más ultraconservadoras de los gremios profesionales.
Como ya era costumbre, el Generalísimo Franco y el príncipe Juan Carlos presidieron la XVIII Demostración Sindical, especial esta entre otras porque sería la última para el dictador y para los sufridos televidentes. Esa jornada también fue la elegida por los obreros, a través del Consejo Provincial de Trabajadores de Barcelona, para reclamar la legalización de un sindicato independiente del gobierno. Este, como era de esperar, respondió de la forma habitual, secuestrando esta vez el número de la revista Posible correspondiente a la primera semana de mayo.
La conclusión del juicio por el caso Matesa fue otro de esos temas pendientes arrastrados por el régimen en sus últimos coletazos, solución que se zanjó con la condena del empresario y encausado Juan Vilá Reyes, que estaba en libertad condicional, a 222 años de cárcel, pena que evidentemente no cumpliría. Esta noticia pasó rápidamente a segundo plano, pues todo estaba preparado para la visita a Madrid del presidente estadounidense Gerald Ford444, acontecimiento que eclipsó momentáneamente los problemas domésticos del gobierno, centrado en su política atlantista y teniendo como eje las bases militares americanas en el trasfondo del viaje.
En Cataluña, no pudieron culminarse en su totalidad el ciclo de conferencias sobre «Les terceres vies a Europa», organizado por el ICESB en los meses de abril y mayo, debido a las constantes prohibiciones efectuadas a causa de la creciente sospecha de atentar sus conferenciantes contra el régimen. Sin embargo, a pesar del control recibido, en algunas de ellas el éxito fue total, contabilizándose asistencias multitudinarias que algunas veces superaban las tres mil personas, como la realizada el 12 de junio de 1975 en el Colegio de Abogados de Barcelona. En la mayoría de estos actos participaron mayoritariamente representantes de la Asamblea como Joan Reventós, Josep Solé Barberà, Miquel Roca Yunyent, Josep Pallach, Anton Canyellas, Trías Fargas y Jordi Pujol. La importancia de este ciclo de reuniones tuvo su trascendencia, pues fue el preludio, meses después, del llamado Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC).
El 3 de junio de 1975, tuvo lugar en Madrid una manifestación en protesta por un nuevo consejo de guerra en Burgos, esta vez contra cinco presuntos activistas de ETA: Juan Mª Zubimendi, Íñigo de Loyola Alcaín, José Antonio Garmendia Artola, Ramón Arrieta y Juan Bautista Lasa. Nadie suponía en aquellos días que las condenas dictadas, la mayoría de muerte, provocarían una reacción internacional tan desmesurada contra Franco y su gobierno, llegando la implicación incluso al Vaticano, donde el propio pontífice Pablo VI tomó la iniciativa exigiendo clemencia por los reos, acto que provocó una conmoción interna en el dictador de la que no se recuperaría.
Pero, sin adelantar acontecimientos, en aquellos días también fueron noticia las declaraciones efectuadas por el exfalangista Dionisio Ridruejo desde Londres ante la BBC, desafiando al gobierno simplemente con sus propias autorreflexiones afirmando que en 1942 dejó de ser falangista por fuera y en 1947 por dentro, ya que la idea del falangismo se había disuelto lentamente para no ser más que una confusa constelación de hombres nostálgicos unos, utópicos otros, que creían que el pasado podía repetirse alguna vez. También sorprendía la valentía de ciertos sacerdotes de signo progresista, que expresaban sus ideas conforme al momento que se vivía, argumentando frases como que, si los curas se casaran, ya existiría la ley del divorcio en España. Así lo decía Antonio Aradillas, sacerdote y periodista, autor del «Proceso a los tribunales eclesiásticos».
Sin duda aquellos meses comenzaban a ser para el gobierno un lastre difícil de llevar, pues todo parecía ir en su contra, más si sumamos el fallecimiento el día 13 del ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, víctima de un accidente de tráfico. Aunque el cargo fue ocupado con rapidez por José Solís Ruiz que siguió en la línea continuista de su predecesor, era notorio que dentro del Ejecutivo había una sensación de provisionalidad en sus movimientos intentando dejar todo bien atado antes del irremediable final de un largo ciclo político.
En pleno mes de junio, Felipe González Márquez, recién elegido secretario general del PSOE en Suresnes (Francia), fue entrevistado en Barcelona, preguntándosele:
¿Por qué el PSOE se ha mostrado tan reticente a los hechos regionales?:
«El PSOE —decía González— fue la primera organización de clase trabajadora que dio una respuesta a los problemas de las diferencias regionales y nacionales del Estado español. Desde hace más de 50 años propugnó una Constitución federalista. También es cierto que ha habido durante algunas décadas una práctica centralista de la que se ha hecho un serio análisis autocrítico, como se deduce de las resoluciones del último Congreso, yendo a una formulación que adecua perfectamente la definición estatutaria con la práctica política. Para nosotros hay una unidad sustancial de intereses a nivel de clase trabajadora como resultado lógico de la confrontación de esta con la clase poseedora. Respetando esa unidad sobre la que habrían de definirse las líneas maestras de una estrategia de clase, creemos en la necesidad y posibilidad de que haya una respuesta nacional y regional de carácter socialista a los problemas específicos de todas las zonas diferenciadas del Estado español.»445
A primera vista, el mensaje del futuro presidente de la Nación fue esclarecedor, entendiendo que la estrategia a seguir por todo el movimiento socialista democrático en España iría supeditada a anteponer los intereses de la clase trabajadora a los problemas que pudieran ocasionar las diferencias regionales y nacionales dentro del Estado español. No obstante, la realidad fue otra, intercambiándose los objetivos previstos.
De nuevo, sorprende que, bajo la insistente política de control y censura marcada por el gobierno, este admita bajo una aparente relajación en el control informativo la crítica formulada por el secretario general del PSOE y, por el contrario, sea cerrada a los pocos días la revista satírica El Papus por orden judicial durante cuatro meses.
En el ámbito académico el panorama era desolador. En Madrid, el profesor de economía Ramón Tamames (PCE) continuaba detenido, y los médicos internos y residentes (MIR) seguían en paro. Por otra parte, la Iglesia católica española estaba de luto por el fallecimiento de José Mª Escrivá de Balaguer446, fundador del Opus Dei, y no acabaría el mes sin una nueva desaparición, esta vez la del escritor y disidente Dionisio Ridruejo, víctima de un infarto de miocardio.
Por suerte en nuestro país hay costumbres que no cambian pese a la dificultad de las circunstancias, y ese era el caso de las vacaciones estivales, que en pleno mes de julio representaba el fin del periodo político en la España oficial y el comienzo de un merecido descanso para el gobierno y la Jefatura del Estado. Sin embargo, aquel año iba a ser diferente en muchos aspectos y lleno de acontecimientos que harían cambiar el destino del país definitivamente.
Fue ese verano, inicialmente destinado a la relajación informativa, en el que dio comienzo una carrera interna llena de obstáculos para preparar lo inevitable, la muerte del Generalísimo y el fin de un ciclo en la historia de España. En la calle, como si se intuyera el futuro, la presión de la lucha clandestina era cada vez más acuciante, como si se deseara ver la luz al final de un túnel, de un camino oscuro de casi 40 años que finalizaría en pocos meses, a pesar de que el propio ministro de Información, León Herrera, ante la rumorología insistente, desmintiese la probable sucesión en la Jefatura del Estado.
Todo indicaba que el fin del dictador estaba próximo, tómense como ejemplo el cambio en la forma de reivindicación política y sus preparativos organizativos en previsión de un próximo cambio de régimen. Las juntas, plataformas unitarias y otras organizaciones se multiplicaban por toda España; véanse como ejemplo las Islas Baleares donde se utilizó el concepto de Assemblea de les Illes como así muestra un documento editado en Palma de Mallorca en julio de 1975. La terminología usada para la consecución del derecho del pueblo balear a una auténtica democracia política fue a través del derecho natural a la libre autodeterminación en el marco de una federación democrática de las distintas naciones del Estado español, afirmando que las Islas Baleares constituidas por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, nacían del derecho de autodeterminación de estas unidades territoriales. En relación con la lengua, tanto la catalana como la castellana serían oficiales y se tendría como tarea primordial la redacción de un proyecto de Estatuto de Autonomía447.
En Cataluña también se intuía un próximo cambio de régimen de tal forma que, en una reunión de la CCFPC, Convergencia Democrática, Esquerra Democrática de Catalunya, PSAN y del Reagrupament Socialista Democràtic se acordó unir esfuerzos con un solo mensaje de cara a la posible negociación con el resto de las fuerzas democráticas del Estado, dejando de lado a los demás socios no nacionalistas de la Asamblea:
«Manifestamos que en toda negociación con el resto de fuerzas democráticas del Estado español y sus nacionalidades de cara al futuro político, la posición catalana será mantenida en los siguientes términos: Será condición no negociable la constitución de un gobierno provisional catalán que en el momento de la constitución de un gobierno provisional democrático a nivel de Estado español, será reconocido, a la vez que serán negociadas sus atribuciones, que como mínimo serán las que configuran el Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Cataluña, plebiscitado democráticamente por el pueblo de Cataluña, modificado y aprobado legalmente por las Cortes del Gobierno de la República Española y abolido por una ley franquista en 1939.»448
A simple vista, esta declaración suponía la confirmación de un frente nacionalista mayoritario dentro de la propia Asamblea. Lo que cambió desde entonces fue la estrategia basada en conseguir los objetivos descritos en los párrafos anteriores mediante el esfuerzo movilizador y de lucha de la clase obrera.
El primero de agosto, el diario Tele/eXpres publicó la invitación formulada por Willy Brandt al sevillano Felipe González y a Enrique Mújica para reunirse con él en Alemania, tarea ardua y dificultosa por tener estos retenidos los pasaportes. La noticia pasó desapercibida entre otras más llamativas de carácter internacional, sobre todo las que provenían de Argentina, desestabilizada tras la desaparición del general Juan Domingo Perón. Este, había conseguido la Presidencia de la República Argentina en 1946 hasta 1955 y posteriormente entre 1973 y 1974 y, antes de morir, había delegado la Presidencia en su esposa Maria Estela Martínez de Perón que, tras dos años de nefasto gobierno, tuvo que dimitir acabando el gobierno en manos de una sangrienta dictadura militar. El titular informativo: «Maria Estela ya no va por el despacho, se tomó unas largas vacaciones» indicaba el declive democrático del país449.
Portugal estaba también en el centro de atención informativo con la dimisión el 30 de agosto del primer ministro Vasco Gonçalves, aunque sin duda el conflicto que atraía la máxima atención de los españoles era la disputa por la soberanía del Sahara español entre Marruecos y España. Efectivamente, el primer día de julio de 1975, el Tele/eXpres publicó el acuerdo secreto entre Marruecos y Mauritania para repartirse la colonia española, mientras Rabat cortaba el suministro de frutas y verduras a Ceuta como medida de presión. El día 28 se detectaron diversos conatos de enfrentamientos en la frontera del Sahara con Marruecos, mientras que en el interior del territorio saharaui, el Frente Polisario (FP) realizaba actos terroristas buscando la desestabilización del gobierno colonial. El primero de agosto fue reducida una infiltración del ejército marroquí en la frontera norte del Sahara español, y tres días después, en otro ataque al puesto de Hausa, murió un legionario y otro quedó herido.
Ante estos graves acontecimientos, el jefe del Alto Estado Mayor, general Carlos Fernández Vallespín, realizó una visita relámpago el día 7 a la región, intentando dar una sensación de control y tranquilidad a la ciudadanía española. Por otra parte, el presidente del gobierno intentaba quitar importancia al problema surgido, adoptando una posición ambigua. Con el viaje a Helsinki (Finlandia) para participar en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, Carlos Arias intentó dar muestras de ello, resaltando sus comentarios sobre «el interés mundial sobre el aperturismo político en España y la posible normalización de relaciones diplomáticas con la URSS»450. Otros titulares de interés informativo señalaban la muerte en atentado el 15 de agosto del líder político de Bangladesh, Mujibur Rahman451 y el fallecimiento del último emperador de Etiopía, Haile Selasie452 a los 83 años, depuesto por un golpe de estado en septiembre del año anterior. Finalmente, y cerrando un mes anormalmente agitado, desapareció uno de los políticos más carismático de la Irlanda independiente, Eamon De Valera453.
En España, el primer día de julio se publicó en el BOE el decreto por el que se regulaba la enseñanza de las lenguas maternas para preescolar y EGB, coincidiendo con la estancia del príncipe de España en Guardia de Tremp (Lérida), donde expresó en catalán «Está molt bó aquest vi», mostrando una actitud positiva ante el bilingüismo deseado por el pueblo catalán, lejos de la línea seguida por su abuelo, muchos años antes. Este acto culminaría el 14 de julio con la visita oficial que realizaron los príncipes a Cataluña, días después de haber finalizado la huelga de trabajadores de la empresa Miniwatt y el paro de los médicos internos residentes (MIR) en el Hospital Clínico de Barcelona. También por esas fechas fue enviado a Pablo VI un comunicado, a través de la Comisión pro-Nóbel Xirinachs, sobre la reconciliación y por la ayuda al padre Xirinachs, refrendada por una manifestación en Vic el 31 de julio.
Mientras tanto, en Madrid había comenzado el llamado «Proceso de los 23» donde se repartían penas de prisión por un total de 110 años por los sucesos ocurridos en las manifestaciones del Ferrol del Caudillo, mientras que, en la calle, once mil trabajadores de la empresa Astano seguían en paro.
El 5 de julio, los diarios recogieron las declaraciones de Ricardo de la Cierva comprobando una vez más el juego de «una de cal y otra de arena» practicado por el gobierno: «Cataluña —decía de la Cierva— está en una situación predemocrática y gracias hay que dar al gobernador civil de que las cosas no fueran tan malas»454. Días después, 11 excondenados a muerte enviaron un telegrama al presidente del gobierno para que fueran retiradas las penas capitales vigentes. Los firmantes del manifiesto eran: Narciso Julián Sanz, Juan Antonio Cuadrado Diago, Jordi Conill Vall, Antonio Campos Crespo, Manuel Moreno Mauricio, Ambrosio Ortega Alonso, Josep Solé i Barberà, Julián Hermoso, Antonio Rosell Oroz, Antonio Conca y Narciso González Rafael. Esta petición fue refrendada por otro telegrama enviado a la Presidencia del Gobierno desde Pax Christi, firmada por Enrique Vidal Ríos y Antonio Tomás Carrión.
De momento, por lo que se ve nada hacía cambiar la estrategia represora del régimen sin inmutarse de lo que pasaba a su alrededor, de tal manera que las detenciones de presuntos terroristas eran noticia en los diarios cada semana, llegando casi a la cotidianidad. Véase como ejemplo las detenciones practicadas a miembros de ETA el 10 de julio, buscando alguna relación con el atentado de Carrero Blanco o las efectuadas al día siguiente a 17 miembros del FRAP.
El mes de agosto entró con la misma tónica represiva que el anterior, siendo esta vez el agraciado el militante de ETA, Julio Pérez Beotegui (Wilson). El día 12 les tocó a tres miembros de la Organització de Lluita Armada (OLLA): José Llamola Camprodón, Margarita Plá Consuegra y Miguel Mulet Nicolau, y el 21 de agosto lo fueron los componentes de un comando mixto de ETA-UPG. No obstante, cabe decir que, en medio de todas estas detenciones, también hubo asesinatos de policías y fuerzas del orden, siendo el más conocido el de Lucio Rodríguez Martín, muy recalcado por el régimen como pretexto a las decisiones posteriores que acabaron con las ejecuciones de algunos de los condenados y con la reclusión de nueve militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática (UMD), acusados de sedición. Así mismo, el día 9 comenzó el consejo de guerra contra los miembros de la Organización de Lucha Armada: Pedro Bartrés Ametller, Roberto Safont Sisa, José Ventura Romero-Tajes, Juan Jorge Viñolas Vidal, Ramón Carrión Sanchís, Nuria Ballart Capdevila, Enrique Conde Martínez, Raimundo Solé Sugrañes, Georgina Nicolau Milla y Guillermo García Pons. Sorprendentemente, la noticia de las condenas de estos activistas quedó en un segundo nivel eclipsada por la condena de un servidor de la información. Se trataba del juicio contra el periodista del diario Tele/eXpres, Josep Mª Huertas Clavería (el caso Huertas), que definitivamente fue condenado a dos años de cárcel.
