Kitabı oku: «Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicos»

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© Gabriel Ignacio Anitua

1° ed. 2021

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Abril de 2021

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ISBN edición digital (ePub): 978-987-3620-85-0

UN COMENTARIO (INTRODUCTORIO) A LOS COMENTARIOS PENALES Y CRIMINOLÓGICOS

Gabriel Ignacio Anitua

No estoy seguro que el título de este libro enmarque su contenido y alcance. Debo, entonces, explicar brevemente ello en esto que más que un comentario crítico será una introducción e invitación a la lectura. Me encuentro en la difícil situación de hablar de un libro que, básicamente, se compone de textos que hablan de otros libros. Y en esta introducción, a la vez, debo comentar a este libro e inevitablemente hablar de aquellos otros que en sus comentarios lo componen.

El dilema, o recurso, ya ha sido abordado anteriormente y en formas mucho más bellas, certeras y valiosas. Por mencionar una, ineludible, he de hacerlo con lo que constituye la construcción de un género que se hace en Jorge Luis Borges y en su Prólogos con un prólogo de prólogos, de 1975. Borges es, ahí, no solo un autor de prólogos y comentarios (y un comentarista o “prologador”, incluso de su conjunto), sino también un teórico de ese género, que él hizo llegar a su punto más alto.

Nada más lejos de mí y de este libro que aspirar a formar parte (al menos, parte prestigiosa) de ese tipo de “género”. Lo que presento, en este caso, es una faceta de simple comentarista de libros, de quien al hacerlo introduce y propone más lecturas que se profundizan y completan en el libro que en este otro no está. Es así que este libro debe complementarse, necesariamente, con aquellos que son comentados o introducidos acá.

A la vez, se introduce mi labor de comentarista, que es la que más me enorgullece de la que he realizado como profesor e investigador o lo que sea que esté desarrollando en el ámbito académico. Es la tarea que más me gusta, y por eso tal vez la que encuentro más fácil.

No hay ninguna falsa humildad en señalar mi calidad de “comentarista” como la parte más sencilla, pero también más útil y genuina, del trabajo que da forma al “trabajador” académico, en mi caso de las disciplinas jurídico penales. Ya diré adelante (o abajo) algo más sobre ello.

Por ahora, intentaré decir algo sobre el libro que comento o prologo. Esto que estoy barruntando ahora es, pues, también el sucedáneo a ese “comentario” o “prólogo” que hable de lo que constituye este libro.

Debo realizar, entonces, esa invitación a la lectura que hago en los textos que lo constituyen. Debo pronunciar ese decir sobre lo que se puede encontrar el lector en el libro. Construir esa expectativa, que espero luego no se vea defraudada.

Tal vez por ese temor es que, al ser la obra final más o menos mía (y lo digo porque, insisto, en definitiva son los autores de los libros en comentario los que harán que valga la pena seguir hablando sobre ellos) lo que escribo, a partir de ahora, se parece, antes que a otra cosa, a una justificación.

El libro es actual, y no lo es. No encontraran aquí los lectores reflejadas las últimas preocupaciones o investigaciones de este autor que soy yo. Por el contrario, se trata de ideas dispersas en el tiempo y que nunca pretendieron dar cuenta de una sistematización particular, ni un rigor específico.

Se trata, para decirlo de una vez, de unos setenta textos breves realizados en los últimos veintincinco años, ya que el primero de ellos se publicó en 1996 (era el de un fallo (1)) y el último se publicará en este 2020 o 2021 (está en prensa). Abordan las temáticas más diversas sobre las cuestiones penales y criminológicas, tal vez solo limitadas por lo que fue de mi interés en ese largo tiempo (aunque el mejor letrista del mejor cantor del mundo haya dicho “que veinte años no es nada”). Se presentan con el orden que me pareció más natural, que es el cronológico lineal: esto es, el de la sucesión natural de poner en primer lugar el primero que fue escrito y publicado, y así sucesivamente. Son comentarios a libros, publicados en diversas revistas de Argentina y de España (en cada uno de los casos se menciona el lugar de la publicación original). También prólogos a obras propias, individuales o colectivas, que necesitaban como esta una explicación que adoptó forma de comentario (no se incluyen aquí los de las obras más extensas, y en las que la presentación no era un comentario, sino parte del mismo libro). Y también hay prólogos y epílogos de otras, a las que sus autores y autoras tuvieron la deferencia y la valentía de pedirme hiciese un comentario, cosa que acepté siempre encantado, ya que para esos momentos ya sentía que hacer eso resulta la tarea más grata que me cabe como autor.

Y es que debo confesar que eso de autor no ha sido en mi caso sino una coartada. Como el gran escritor César Aira dijo, puedo suscribir que “escribo porque a mí lo que me gusta es leer, pero si digo que leo no soy productivo para la sociedad”. Esa manera de ser autor, la de esconderse detrás de otro texto que se ha leído, no tiene sino ventajas, a mi parecer.

La libertad que puede ejercerse en este género o convención es tal vez la que hace del autor un autor menos responsable. O la que lo acerca al lector, al menos en lo que hace a una cuestión de actitud. Como decía el ya citado Borges, en ese prólogo a sus prólogos, esa actitud de comentarista convierte al texto en “una especie lateral de la crítica”, cosa que entiendo define mucho más cabalmente al estudioso (incluso el de algo tan práctico como las disciplinas penales) antes que esa ambición desmesurada de ser un creador.

Desde el origen de la actividad de los universitarios está esa actitud crítica, modestamente definida precisamente como la de dar a conocer otras cosas y simplemente comentarlas o glosarlas. Ello se produjo especialmente en torno al denominado corpus iuris, sobre el que, al leer, compilar y comentar, los primeros juristas trabajaban de la manera en que luego se entendió todo trabajo intelectual en Occidente. Los comentaristas o glosadores utilizaban el razonamiento lógico, pero sobre todo se esforzaban en el estudio. No fueron los primeros en hacerlo, pero quizás en ellos se reconozca ya algo de esa característica que tanto me gusta de esta actividad académica que, tal vez, inauguraban. Además, y como se señaló en otro sitio, los glosadores “poseían la gran virtud del estilo, carecían de la pomposidad y artificio bizantino”.

Lo señalo simplemente como elogio a lo que hicieron esos hombres hace unos mil años. De ninguna manera para sugerir que los textos que componen este libro tengan alguna de esas virtudes. Se trata, para volver a lo que iba, de una mera compilación de textos dispersos, escritos en diversos momentos y con muy distintos tonos, y que sigo sin estar del todo seguro que juntos justifiquen esta edición.

El origen inmediato de dar a conocer conjuntamente, y en forma de libro, estos comentarios, está en una reunión informal con los jóvenes docentes que colaboran conmigo en el dictado de cursos de derecho penal y de criminología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de José C. Paz. Allí me preguntaron sobre el libro escrito por mí que más me gustaba, y, otra vez en tributo a Borges y a Aira, señalé que me enorgullecía más de lo que había leído: y que para dar cuenta de algo de eso que había leído, estaban por ahí los comentarios a libros publicados en revistas. Además, que al comentar y compartir esas lecturas me permití escribir ejerciendo libremente la reflexión y el “apoderamiento” que el lector siempre hace ante el texto ajeno.

El origen más lejano del libro estriba en el presente recuerdo de los momentos en que yo era un reciente graduado, colaboraba con grandes profesores y luego amigos en el inicio de lo que sería una carrera, y participaba de actividades relativamente académicas. Entre ellas estaba la de empezar a publicar. Y un excelente profesor, el que nos enseñaba a ser como él, que en definitiva era lo que queríamos, nos indicaba que lo primero que hay que hacer para eso es leer mucho y, luego, iniciarse con el género del comentario, de libros o fallos. Es así como empecé a publicar este tipo de textos, que en verdad nunca deben dejar de hacerse. Ese querido profesor escribió en sus últimos días desencantadas notas en diarios argentinos. Se manifestó allí desesperanzado, con razones bien fundadas. Sin fe en el derecho, con vergüenza y hasta tristeza por lo que hacemos quienes ejercemos esta actividad jurídico penal, y hasta me temo que desconfiaba de lo que él había hecho como docente.

Me refiero a Julio Maier, recientemente fallecido en este terrible año de 2020 y a quien dedico un cariñoso recuerdo, que también extiendo a otros notables profesores y amigos que nos dejaron en este año, como Roberto Bergalli y Martín Barrón, a quienes también se recuerda especialmente en el libro a partir de comentar obras suyas.

Este libro tiene que ver con lo que Julio y Roberto nos enseñaron, con sus formas y prevenciones, que espero hacer bien en trasladar a esos jóvenes, o más jóvenes que yo (o jóvenes hace menos tiempo que yo), que sí tienen fundadas razones para ser optimistas, y yo con ellos, en que el derecho pueda ser usado para mejorar la vida de las personas, en forma igualitaria y sin discriminaciones. Ese optimismo creo que era el que Julio Maier tenía entonces, e incluso cultivó hasta el final sin decirlo o saberlo, pues en caso contrario, no se entiende esa vocación y necesidad de transmisión de ideas y de prácticas que tanto me han servido y, al publicar estas líneas y este libro, que espero que le pueda transmitir a quienes se acercan a preguntarme sobre sus deseos de publicar, y a quienes recomiendo que lean primero, y luego compartan esas lecturas. Ese sería el objetivo indirecto del libro, ya que el directo es simplemente invitar a leer más concretamente los libros aquí comentados.

En todo caso, en el libro están los dos orígenes, el muy cercano y el más lejano. Y de alguna forma representa ese pasaje de una enseñanza del viejo profesor al aprendizaje de mis jóvenes compañeras y amigos de las cátedras.

Eso me pone en aquel lugar del medio, que es el mismo que cumplo en comentar un libro, y, de esta manera, intento poner en relación a personas, como a quien escribió un libro con sus potenciales lectores. Esta función intermedia obliga a prestar atención tanto a quienes nos dejan una herencia como a quienes deseamos sean, a su vez, quienes nos continúen.

No es casual el recurso a esa figura tan ligada a la tradición jurídica y a la de la propiedad: la herencia. Entiendo que es certera, aun cuando se la ha pretendido alejada a esa idea de autoformación o Bindung. Por el contrario, es útil para reconocerse responsablemente en quienes nos precedieron y quienes nos sucederán, y sobre todo en la formación en relación con unos y otros.

Derrida y Roudinesco (en ¿Y mañana qué?), han reflexionado sobre la figura del heredero para dar cuenta de ese acto de transmisión que es el de la enseñanza y aprendizaje. Y que, como ya dije, se parece al de quien comenta y recomienda un libro. En ese sentido, y como sujeto libre, debo asumir esa tarea dificultosa y aparentemente contradictoria del intermediario. Por un lado, saber, conocer y hacer propia la tarea de quienes me enseñaron y precedieron y, por el otro, criticarla y analizarla libremente para cumplir acabadamente con lo aprendido. Ello, para que lo reciban nuevas generaciones que, en vez de repetirnos, sean capaces, a su vez, de criticarnos. Se trata de no desperdiciar el legado recibido, no dilapidarlo o usarlo solo para mí, sino transmitir algo a los que vienen luego.

Lo que más me gusta de esta tarea de “comentarista” es, juntamente la de cumplir ese papel de intermediario entre el autor y el lector, ganar la confianza de este último. Y de ese modo, ejercer influencia sobre él al agregar algo más, aunque sea una anécdota o frase (el prólogo o comentario “tolera la confidencia”, señaló también Borges), que cambie parcialmente a esa lectura, que nunca será definitiva, y que de esa forma no se vea disminuída, sino que incluso pueda aumentar su contenido.

Lo importante, no obstante, es lo que haga cada quien con ese legado o esa lectura, y es a eso a lo que invito a que usted haga a partir de ahora.

1- Por motivos arbitrarios (como el de la extensión) no se incorporaron a este libro los comentarios a decisiones jurisprudenciales que he escrito y publicado en estos años.

EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y EL PROCESO PENAL. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA (2)

La obra que debo comentar resulta trascendente, desde mi punto de vista, por la perspectiva constitucional que el autor le confiere. El propio título resulta indicativo de las preocupaciones que dan inicio a esta obra. El derecho penal sustantivo y el procesal penal, sí. Pero antes que todo, su íntima vinculación y, como nos indica la segunda parte, enfocados desde el derecho constitucional y con la vista puesta en la realización de la justicia.

Todo ello configura un todo homogéneo e inescindible, y quizás sea esta convicción que despierta en el lector, el principal aporte del texto. Nos presenta a este todo como a un instrumento formidable para enfrentarnos al uso arbitrario del poder estatal.

Este es un enfoque que el autor no hace expreso, pero que realiza y es, sin duda, de auténtica política criminal. La idea política que dá fundamento a la existencia del poder punitivo estatal es la necesidad de proteger a los individuos contra la violencia. Incluso (casi diría sobre todo, ante el peligroso aumento de ilicitudes de esta categoría) contra la estatal o la de la mayoría.

El sistema jurídico penal fue creado para reprimir estas conductas, pero también, para limitar este poder represivo estatal. Este es el hilo conductor de esta obra. La idea de límites. En el concepto mismo de Estado de derecho (y social), se encuentra la idea del poder limitado.

El autor nos indica que “todo freno y limitación del poder es una conquista de los pueblos, y el derecho penal es la mayor y mejor limitación o frontera respecto de los jueces y tribunales” (p. 100). Por todo lo antes dicho, resulta de trascendental importancia el enfoque desde la perspectiva constitucional. Es que los límites al poder punitivo estatal surgen desde el plano superior del ordenamiento jurídico. Es en la estructura de la Constitución donde hay que buscar su recepción. Es por allí por donde debe comenzar toda interpretación que pretenda hacer razonable al orden jurídico todo.

El modo de organizar el poder estatal en materia penal de manera limitada se realiza, en la Constitución, al otorgar a estos límites la forma de garantías, que juegan a favor de los individuos. Enrique Ruiz Vadillo nos da cuenta de la importancia fundamental de la función garantista del derecho penal. A la vez ello lo lleva a relacionarlo con el derecho procesal penal, a reconocer “la extraordinaria importancia del proceso penal y de su íntima conexión con el derecho penal sustantivo hasta el punto de que resulte muy difícil, por no decir imposible, su radical separación” (p. 63). Es que solo así se puede entender al poder punitivo, en su acepción democrática. Solo en el proceso pueden cobrar vigencia los principios (postulados constitucionales) que emergen como principal herencia de este trabajo. Como reflexión de lo antes dicho puede hacerse una crítica a los actuales planes de estudio que, artificialmente, reservan a esferas diferenciadas el estudio del derecho penal sustantivo y el del proceso penal, como si ello fuera posible y no privara de su fundamental contenido tanto a uno como a otro. El autor, con el tono prudente que lo caracteriza, no llega a realizar esta propuesta. Pero debe destacarse que, desde el punto de vista político, el derecho penal sustantivo y el procesal, configuran una unidad y son totalmente dependientes entre sí para realizar una política criminal coherente. Ambos deben ligarse estrechamente en la teoría y en la práctica, el derecho procesal penal no puede alejarse del derecho penal, cuya actuación es su razón de ser. Es necesario recordar que a nadie se le hubiera ocurrido escindir a esta materia en estas dos vertientes (formal y material) hasta entrado el siglo pasado y el auge de la codificación. La unidad entre derecho penal y derecho procesal penal deviene en que ambos ámbitos normativos son reguladores del poder penal del Estado.

Sobre el análisis de estos principios-garantías descansa la parte más importante del libro. Merecen especial atención el principio de doble instancia en materia penal, que a juicio del autor no quedaría satisfecho con la posibilidad de recurrir en casación; el principio de oralidad “garantía frente al justiciable y frente a la sociedad”; el principio de inmediación; el principio de contradicción; el principio de proporcionalidad; el principio acusatorio; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; la presunción de inocencia; así como lo referido a la recolección de las pruebas y sus límites de injerencia a la intimidad. Finalmente aboga por la conjunción de todos estos principios, al resultar evidente su íntima conexión para la configuración de un auténtico Estado de derecho. Este interes central del jurista se revela también con la transcripción íntegra de las llamadas Reglas de Mallorca, en páginas 61 a 63.

Pero como conjunción de todos ellos, y como idea que inspira cada página, aparece el principio de humanidad. El autor se coloca en la senda de Dorado Montero y de Concepción Arenal y reivindica un tratamiento para con el acusado y para con el condenado que, aun marchando a contracorriente de las teorías hoy en boga entre quienes analizan la fundamentación de la pena, merecen un elogio por sus buenas intenciones.

Mucho dice del autor, del hombre que está detrás del libro reseñado, la perspectiva humana del derecho penal, garantista y resocializador, que se respira en cada página.

El autor recoge, a lo largo de la obra, gran cantidad de sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. La jurisprudencia es el mayor apoyo que encuentra Ruiz Vadillo (un hombre vinculado desde siempre, casi, a la judicatura, como refiere en varias ocasiones) para explicar conceptos e ideas. El respeto a esta fuente hace que muchas veces no resulte lo crítico que se podría ser con algunas sentencias. También resulta criticable, desde mi punto de vista, el respeto reverencial que profesa para con las últimas instancias (que no me agrada tildar de “superiores”, como hace con insistencia el autor).

A pesar de ello, en muchas ocasiones el autor realiza tomas de postura, en cuestiones harto problemáticas, y por lo tanto con verdadera valentía. La crítica que puede formulársele en estas ocasiones es que abusa de referencias a lo “obvio”, a lo “sin duda”, o a lo “por todos conocido”. Ello resulta mucho más grave cuando lo “por todos conocido” es algo tan sensible como el plazo razonable de duración de un proceso –sobre esta cuestión merecería que se dedicara una tesis, y aun así dudo que lleguemos a conclusiones definitivas o lejos de la disputa académica y jurisprudencial-. Esto puede disculpársele al autor, en parte, al no tener esta obra grandes pretensiones académicas, y preferir un estilo diáfano y coloquial.

Entre estas posiciones vale destacar la que efectúa al referirse al debido proceso, sin dilaciones indebidas. Culmina por adoptar un mecanismo a aplicar, en estos casos, que el propio autor califica de no ortodoxo (p. 122). Propone aplicar la atenuante analógica del artículo 9, apartado 10 del CP al acusado que haya sufrido la demora indebida o darles la posibilidad a los jueces de rebajar la pena correspondiente en uno o dos grados al transcurrir un tiempo importante. Con estas soluciones pretende dar impulso tanto al legislador cuanto a los jueces pra que se ocupen del problema. La solución propuesta sea, probablemente, criticable. Pero no deja de ser importante que se preocupe por intentar encontrar una solución a este acuciante problema que afecta, principalmente, a los acusados, pero, indirectamente, a la propia justicia, ya que cuando se aleja la resolución de la causa de la fecha en que el delito se cometió, pierde la confianza de la sociedad. La justicia lenta no es justicia, y ello es advertido por el autor.

Merece aplauso también su decidida posición que indica que las diligencias probatorias nulas no pueden servir ni como “notitia criminis”. Lo contrario sería desvirtuar la razón de la existencia de las prohibiciones probatorias, privarlas de su contenido (que el Estado no puede aprovecharse de lo que él mismo ha prohibido, a la verdad solo puede arribarse por los medios y en la forma que la ley permite) y de su objetivo (desalentar la utilización de métodos ilegales de investigación).

Igualmente es loable, en mi opinión, su posición sobre una interpretación amplia del principio de oralidad y el de publicidad. En una cuestión que merece de la doctrina discusiones y donde se observan argumentos para uno y otro lado, el autor se inclina, claramente, en favor de la presencia de las cámaras de televisión, y del periodismo en general, en las vistas orales. Las audiencias deben ser públicas y ello en tanto “que todos puedan ver lo que sucede en un juicio representa uno de los controles sociales más efectivos” (p. 105).

Sin embargo, otras afirmaciones merecen la crítica de quien realiza esta reseña. Así las efectuadas en torno a la doble instancia. Es claro que esta posibilidad debe existir para el condenado, ya que para él configura una garantía. Pero no se entiende que se pueda aplicar un recurso de apelación “tradicional”, y ningún otro si la decisión fue absolutoria, sobre la decisión de un Jurado. El recurso confería la facultad al rey de revisar las sentencias de sus delegados en la administración de justicia. La doble instancia era natural en tiempos del sistema inquisitivo. Con la era moderna y los sistemas de enjuiciamiento orales (y por jurados) se hace incompatible la revisión del fallo. Aunque actualmente, y como una nueva garantía del acusado, resulta imprescindible la implementación de un nuevo juicio (ya que no se podrá valorar sobre el que ya ha sucedido), en caso de condena.

Sostener que una instancia ulterior pueda modificar la decisión soberana de un Jurado (si esta es absolutoria), es desconocerle su potestad, desconocer a los ciudadanos su participación en esta función importantísima del estado, desconfiar de ellos. Esta desconfianza, recelo sobre las opiniones diferentes (que también se revela en su inclinación a ponderar sobremanera las decisiones de tribunales “superiores”, en su rechazo al “uso alternativo del derecho” por parte de algunos jueces, etc.) queda definitivamente plasmado en su posición (que linda con lo antidemocrático para mí) de preferir la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, de corte inquisitivo, por sobre la Ley del Jurado. Para el autor “juzgar es una operación intelectual y jurídica extraordinariamente difícil y delicada” y para ello hacen falta, a su juicio, “Jueces preparados técnicamente e independientes” (p. 115). Esta defensa, casi “gremial”, de personas que no son menos ni más humanas que el resto de los mortales, implica desconocer la participación ciudadana en el poder estatal del que siempre ha solido estar relegada (en el ejecutivo y el legislativo lo hace mediante el voto). La existencia del tribunal de jurados es también un principio-garantía frente a los abusos de poder, implica la mayor descentralización posible, antes de poner en funcionamiento el aparato coactivo estatal. Protege, finalmente, a los ciudadanos, de quedar a merced de una especie de “casta sacerdotal” que aplique un derecho convertido casi en “instrumento esotérico”, de imposible comprensión para quienes debe servir.

Tampoco estoy de acuerdo con su definición del principio de oportunidad como “la antítesis de cuanto creemos que debe configurar un buen proceso penal que realice los valores de la justicia punitiva” (p. 118). Si tomamos en cuenta que la cantidad de causas que llegan a los tribunales constituyen una ínfima proporción de los hechos denunciados, y que estos son, a su vez, muy pocos, en comparación con los hechos que podrían ser delictivos que ocurren, deberíamos preguntarnos en manos de quién está esa efectiva selección de las causas. Empíricamente está demostrado que el sistema penal se aplica tan solo a unos pocos hechos punibles ¿Realmente el autor prefiere dejar la aplicación de estos efectivos criterios de oportunidad en las víctimas, el personal policial, la selección del propio sistema judicial o en el azar? ¿O es que no se percata de lo hipócrita del criterio de persecución de todos los delitos, ante su demostrada imposibilidad? La selección que efectivamente se realiza escapa a todo control jurídico o político. La afirmación “ciega” del principio de legalidad, que se niega a advertir lo que sucede en la realidad, provoca graves disfunciones en el sistema. La selección se oculta, carece de transparencia y provoca más problemas de los que podría provocar la vigencia del principio de oportunidad.

De cualquier forma, a pesar de las críticas, es destacable, en el autor de esta obra, la permanente preocupación por la dignidad del acusado, reflejado en el tratamiento que debe dispensársele (tanto para el caso en que finalmente resulte inocente, o, incluso con más razón parece decir Ruiz Vadillo, si resulta culpable, ya que en el proceso ya comienza a ejercerse la función ejemplarizante del derecho penal).

Finalmente, la obra puede interpretarse como un doble puente entre los postulados teóricos del Estado de derecho, la ciencia constitucional y penal, y la jurisprudencia y el quehacer diario de los magistrados. Resulta un intento más que válido de sistematizar, prácticamente, el sistema de garantías que emerge de la Constitución.

Todo ello, con el mérito de encontrarse escrito con una diafanidad que facilita la comprensión y agiliza al lector, posibilitándole una lectura crítica, que no siempre coincide con las ideas del autor.

2- El derecho penal sustantivo y el proceso penal. Garantías constitucionales básicas en la realización de la Justicia, Enrique Ruiz Vadillo, Madrid, Colex, 1997. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, Del Puerto, 1999/A, pp. 359 a 363.

CASTIGO Y SOCIEDAD MODERNA. UN ESTUDIO DE TEORÍA SOCIAL (3)

La obra que comentaré ya se ha convertido en un punto de referencia obligado para los estudios que discurren sobre la cuestión del significado social de la pena. La traducción al castellano de la misma, aunque tardía, permite a los lectores de nuestro medio conocer el trabajo que, al reseñar las diversas teorías sobre el papel del castigo en la sociedad moderna, se constituye en un interesante punto de partida para el actual debate sociológico sobre las funciones de la pena. El reconocimiento a este trabajo en el ámbito anglosajón fue inmediato: se lo considera el mejor compendio sobre la sociología del castigo que se haya escrito y se lo recomienda para los estudiantes universitarios y los iniciados en el estudio del tema. También se le otorgaron a su autor diversos premios por este estudio, como el que le concedió en 1991 la American Sociological Association al más distinguido catedrático del Departamento de Crimen, Ley e Infracciones.

El libro reseña las diversas perspectivas adoptadas en la sociología del castigo desde los inicios de la propia indagación sociológica. Para ello realiza una lectura muy inteligente de los textos clásicos sobre la materia y rescata también otros textos fundamentales para el desarrollo de este tema. El mismo Garland ha contribuido a este desarrollo ya que pueden incluirse dentro de sus obras, la que compilara en 1983 con Peter Young, The power to punish: Contemporary penalty and social analysis que incluye un ensayo de estos dos autores, Towards a Social Analysis of Penality, y otro artículo de su exclusiva autoría, Durkheim’s theory of punishment: A critique, en los que ya se advierten antecedentes de lo que será este, su trabajo más reconocido; y la anterior obra de análisis histórico Punishment and Welfare. A History of Penal Strategies, por la que se le entregara el premio internacional “Denis Carroll”. Sus numerosas contribuciones en The British Journal of Criminology, tanto anteriores como posteriores al presente libro, nos dan cuenta de un profundo conocimiento y de una producción prolífica sobre diversos aspectos de teoría social, criminología y políticas de control del crimen. En la presente obra el autor no solo enfoca una problemática particular ni el estudio de autores concretos. Por muchos motivos creo que sus objetivos son mucho más ambiciosos. La obra pretende, y creo que lo logra, convertirse en algo más que un excelente compendio del estado de la cuestión del castigo en el pensamiento sociológico.

Garland realiza el trabajo objeto de este comentario sobre un campo que parece ilimitado o con fronteras bastante lábiles: el castigo. Sin embargo, el propio autor se encarga de limitarlo a las sanciones penales impuestas por el aparato estrictamente jurídico: “En este texto se considera el castigo como el procedimiento legal que sanciona y condena a los transgresores del derecho penal, de acuerdo con categorías y procedimientos legales específicos. Este proceso, complejo y diferenciado, se conforma de procesos interrelacionados: legislación, condena y sentencia, así como administración de las sanciones” (p. 33). Reconoce el autor que el castigo también ocurre fuera del sistema legal –incluso en forma frecuente como acciones informales dentro del propio sistema de justicia– pero, de todas formas, estas otras prácticas punitivas no conformarán parte del objeto de su reflexión.

A pesar de esta reducción, el estudio representa una ampliación con respecto a las percepciones limitadas de los estudios penitenciarios cuyo marco de referencia está dado por la misma estructura institucional. Las “funciones” que Garland describe no son las que el sistema penal asume como “instrumentales”. Y no es casual que esto suceda en el filo de las dos últimas décadas del siglo, cuando ya nadie confía en encontrar soluciones al problema del crimen (el castigo era considerado el método legal cuyo objetivo es controlarlo y reducirlo) y al mismo problema del castigo (que siempre fue advertido pero que anteriormente se confiaba superar con ajustes y reformas institucionales). La obra de Garland se encuadra dentro de las reflexiones sobre la sociología, la historia, la filosofía y la política penal que indagan sobre los fundamentos y las derivaciones sociales del castigo en un momento de escepticismo frente al proyecto penal de las sociedades modernas. Estas reflexiones no son nuevas y ya se pueden rastrear en las obras de los autores que son reseñadas en este texto. Sin embargo, según Garland, estas explicaciones (que comienzan a formularse desde fines del siglo XIX) aunque se liberan de la reducción explicativa del castigo como herramienta de control del delito, siguen considerándolo como un medio para llegar a un fin (único). Garland intenta tratar al castigo como un “artefacto social” que cumple no uno sino varios propósitos y que está integrado, además, por otras consideraciones, convenciones culturales y dinámicas institucionales.

Ubicada en nuestro tiempo, aparece como ambiciosa la tentativa de Garland de crear el paradigma para una “… sociología del castigo desde el punto de vista legal, retomando el trabajo de teóricos e historiadores sociales que han intentado explicar los fundamentos históricos del castigo, su papel social y su significado cultural” (p. 13). Es ambiciosa, en primer término, puesto que no es nada fácil evaluar qué es el castigo en la actualidad, y este es el objetivo que se propone el autor a través del espacio que ocupa su concepto de “penalidad”. Sin embargo, dicha tarea es necesaria para otra, quizá más ambiciosa, de determinar qué puede y qué debería ser el castigo en el siglo XXI (tarea que continúa en trabajos posteriores como Penal Modernism and Postmodernism”en Blomberg, T. G., Cohen, S. (comps), Punishment and Social Control, New York, 1995 y también en la Prefazione a la traducción italiana de esta obra, editada en Milano, por il Saggiatore, en 1999).

El autor considera que la sociología del castigo no es todavía un área bien desarrollada del pensamiento social, a pesar de que ha sido objeto de explicaciones sociológicas de la más alta calidad, como las de Durkheim, Mead, Rusche y Kirchheimer, Foucault, etc. Sin embargo, estos trabajos no conforman un programa coherente que cuente con el reconocimiento general y promueva un sentido de compromiso colectivo. La segunda ambición de Garland es la de suplir esta falta de paradigma mediante el rescate –y la compatibilidad– de lo estrictamente relacionado con la sociología del castigo en las diversas perspectivas de los autores que, como Durkheim y Foucault, solo centraron su atención en el castigo como clave para desentrañar textos culturales más amplios (la solidaridad social o el orden disciplinario, en cada uno de ellos).

Para hacerlo analiza a quienes dan origen a las tradiciones teóricas más importantes, pero no como modelos explicativos totales sino limitándose a buscar los propuestas que específicamente plantean sobre los fundamentos, funciones y efectos de la pena legal, para de esta forma constatar los aportes de cada una de estas perspectivas para un modelo de sociología del castigo que pueda incluirlas como enfoques de un mismo objeto desde distintos ángulos (aún cuando Garland complejiza la cuestión y evita considerar al castigo como un objeto único, lo que le permite insertar las distintas perspectivas en varias fases y momentos distintos).

Lo más llamativo de esta tentativa es la integración de las distintas investigaciones sobre el área de la penalidad, y la pretensión de elaborar una teoría “pluralista” donde quepan todas ellas y se complementen. Así, de Durkheim adoptará la perspectiva de las raíces y efectos morales y socio-psicológicos del castigo en la sociedad; de los marxistas la perspectiva del castigo como proceso de regulación económica y social basado en la división de clases; de Foucault la del castigo disciplinario como mecanismo de poder-saber dentro de estrategias más amplias de dominación; y de los escritores e historiadores como Spieremburg, que se inspira en Elías, así como de los antropólogos, el castigo como reflejo del cambio cultural en la sensibilidad y la mentalidad.

Las primeras dos terceras partes del libro repiten el esquema de describir el pensamiento de estos autores en un capítulo, en forma fiel y mediante excelentes lecturas de abundante bibliografía de los mismos, y hacerlo seguir de otros capítulos de crítica y de dónde rescata el aporte que será significativo para construir este “paradigma armónico” de la sociología del castigo.

Estas relecturas que propone de diversos autores constituyen un aporte de gran relevancia y hondura a la cuestión en análisis. Los capítulos dedicados a la obra de Durkheim reflejan una lectura original, exhaustiva y brillante. Logra presentar el legado durkheimiano a la sociología del castigo en todo su alcance, algo que no se puede advertir en otros compendios sobre la materia que realizan una visión más superficial, no analizan toda la obra e indican las limitaciones teóricas más generales para rechazar sus enfoques sobre el castigo. Garland busca recuperar las sutilezas y perspectivas durkheimianas exclusivamente en torno a la función del castigo y como paso previo para la construcción de una teoría propia.

Las sugerentes lecturas de Garland no se limitan a La división del trabajo social, también analiza exhaustivamente el ensayo Las dos leyes de la evolución penal, y el trabajo La educación moral. Si bien estas son las tres obras que analiza en profundidad también considera otras como Las reglas del método sociológico, y Formas elementales de la vida religiosa, así como diversos comentarios a la obra de Durkheim.

La relectura de Durkheim es fundamental, sobre todo cuando se hace en forma tan lúcida, ya que no solo las respuestas que da el sociólogo francés sino, sobretodo, las preguntas que genera en torno a un objeto de reflexión (no solo el castigo sino también sobre las modalidades del lazo social y las identidades colectivas) son justamente las que hoy en día, a partir del derrumbe de los Estados de bienestar, surgen en las ciencias sociales. Garland rescata estas “preguntas” en torno a la moralidad del castigo y al involucramiento del sentimiento público con el significado simbólico del ritual penal institucionalizado.

A pesar de indicar los problemas de los planteamientos durkheimianos, Garland rescata su perspectiva y la reconstruye al momento actual, y reflexiona sobre la importancia de la conciencia colectiva, la idea de lo sagrado y la participación del público en el ritual punitivo como necesidad social. Para ello recurre a otros textos clásicos como los de Mead y de Alexander y Staub.

Reconoce la importancia del aporte funcionalista a la cuestión y lo rescata en parte, por eso es de extrañar (en el sentido de “echar de menos”) que no analice las evoluciones que este pensamiento tuvo a partir de la formulación de Durkheim. En una obra que pretende compilar la literatura sociológica sobre el castigo resulta necesario incluir un análisis de Merton y de Parsons. Personalmente lo que más extraño es un análisis pormenorizado de la original reformulación sistémica de Luhmann, que en sus versiones jurídico penales (que son hoy mayoritarias en el contexto alemán, y también en el hispano por la influencia de aquel) de la función preventivo-integradora y preventivo-estabilizadora de la pena nos remite a las propuestas de Durkheim. Un par de capítulos de análisis, con la sagaz lectura de Garland, del funcionalismo sistémico hubieran resultado de gran utilidad.

En vez de ello, el autor pasa a analizar a continuación la cuestión desde una perspectiva muy diferente. La tradición durkheimiana no consideró, según Garland, los determinantes económicos y políticos de la pena, ni tampoco su función dentro de la más general estrategia de dominio de clase. Para analizar esta perspectiva rescata a los autores de la tradición marxista. En esta perspectiva no encuentra Garland un “padre” al que reseñar abundantemente, ya que los escritos de Marx brindan un marco teórico general sobre aspectos sociales y no un concreto estudio sobre el castigo. Es por ello que lo que hace en estos dos capítulos es reseñar un marco teórico general marxista y analizar las obras de Rusche y Kirchheimer (fundamentalmente), de Melossi y Pavarini, de Pashukanis, de Hay, de Ignatieff y de otros autores a los que incluye en esta tradición en la que encuentra una variedad de análisis que se relacionan solo en su vinculación con la teoría marxista.

A estos les critica la orientación que considera el castigo solo como un aparato de control dentro de una estrategia más amplia de dominación. No niega Garland que el sistema penal contribuye a perpetuar la subordinación de la clase trabajadora y a conservar y legitimar un ejercicio del poder, pero señala que también es indubitable que la norma penal y las instituciones incorporan e interactúan en otras dimensiones como la de los valores morales y la sensibilidad.

La crítica a cierto economicismo no impide que el propio autor se defina como deudor de esta corriente de pensamiento. De cualquier forma, igual que hace con Durkheim, termina por rescatar algunos aspectos importantes de estas perspectivas para desarrollarlos complementando otras perspectivas que serían incompatibles si Garland no “depurara” a estos aspectos de su marco teórico más general.

En los siguientes tres capítulos reseña, analiza y critica (constructivamente, como hizo con las otras perspectivas) la obra de Foucault, a quien distingue de las otras tradiciones por la originalidad de su nivel de análisis. En el último de estos capítulos demuestra que esta tercera perspectiva ya tenía antecedentes en el trabajo de Weber sobre la disciplina, la racionalización y la burocratización en la penalidad de la época moderna.

No obstante, la “deuda” de Garland con Foucault es muy importante (esto se observa en forma más clara en su anterior obra Punishment and Welfare, como lo advierte el propio autor) y no solo porque dedica a su análisis la mayor parte del libro. El uso que hace en la introducción y en las partes finales de determinados conceptos refleja que el autor no solo ha leído Vigilar y Castigar. Sin embargo, solo se limita a analizar esta obra en los capítulos dedicados a Foucault. Y este análisis es muy inteligente: Garland distingue claramente los tres nudos temáticos del libro y lo describe con propiedad y justeza.

Las críticas que realiza con posterioridad remiten a las que formularan los múltiples comentaristas de la obra de Foucault (sobre todo los historiadores), pero en definitiva están dirigidas a criticar un análisis que tiende a explicar el castigo “solamente” en términos de poder o de racionalidad. Ello le permitirá rescatar también esta perspectiva como integradora de su análisis más plural. Otra crítica se dirige a cierto “pesimismo” foucaultiano que lo llevaría a oponerse a todo tipo de poder sin considerar quién lo detenta, qué construye, a quién beneficia, etc.

Muchas de las críticas a la perspectiva foucaultiana, acusándola de “reduccionismo”, podrían haberse evitado con referencias a trabajos posteriores de Foucault (Garland menciona Historia de la sexualidad apenas en un pie de página y no menciona los textos que en nuestro idioma fueron recopilados en Tecnologías del yo, Saber y verdad, Hermenéutica del sujeto, etc.)

Los tres capítulos que siguen se apartan del anterior esquema expositivo, así como de las tradiciones teóricas “fuertes” sobre el tema del castigo. Abordan la cuestión de la cultura ya que esta estaría excluida de las otras perspectivas que pretenden buscar un funcionamiento racional al castigo. Garland estudia cómo las mentalidades y sensibilidades culturales afectan a las instituciones penales y de qué modo estas afectan a aquellas.

Garland advierte la dificultad para definir “cultura”, pero intenta hacerlo en página 229: “En este análisis pretendo usar una definición amplia que abarque esos fenómenos de conocimiento denominados ‘mentalidades’, así como aquellos relacionados con el afecto o la emoción, que reciben el nombre de ‘sensibilidades’”. De esta definición surge la necesidad de remontarse al análisis de Elías que le brinda la perspectiva analítica de la “civilización” como interacción de sensibilidades y estructura social. Como hace Spieremburg, Garland completa este análisis en relación al castigo. No solo se vale de este marco teórico, retoma también una tradición, más antigua que las propias de la sociología antes descriptas, que no “sospecha” sistemáticamente de todas las expresiones culturales buscándoles otra finalidad que la declamada.

El aporte de la historia se hace en estos capítulos muy patente ya que las leyes y las instituciones de castigo estarán inmersos en un contexto cultural más amplio de toda la sociedad (a la vez, dentro de sus instituciones existirán determinados contextos culturales más concretos que interactúan con el más general) que difiere en las distintas épocas. Esos cambios se suceden por cuestiones que no son solo instrumentales ni solo culturales (en realidad unas y otras están en el mismo contexto y son partes de la misma cosa). Las decisiones políticas concretas en torno al castigo se definen con el límite de las sensibilidades sociales. En la civilización occidental moderna esta sensibilidad se definiría por lo “civilizado”, que no tolera ciertos actos (como la violencia del castigo) a los que esconde “detrás del escenario”.

Garland indica que es peligroso considerar esta variable desprovista de las otras perspectivas, pero entiende que la sensibilidad influye en la forma que adoptan los castigos. Y de allí la necesidad, en el plano científico, de considerarla seriamente y no como mera ideología y, en el plano político, la utilidad y eficacia de la lucha cultural y la crítica moral para lograr cambios penales.

El castigo es un complejo artefacto cultural dentro de una cultura más amplia, por ello Garland no solo recurre a Elías y a los historiadores para dotar de fuerza a esta otra perspectiva que es quizá fundamental en “su” sociología del castigo. El castigo refleja una cultura y también contribuye a producirla. La cuestión del castigo como significación social lo lleva a analizar a otros autores como Geertz y Mauss ya que el término “cultura”, que adopta del ámbito de la antropología, le sirve a Garland como “cajón de sastre” para incorporar todos los elementos ligados a las emociones, valores y sistemas de ideas y creencias que le sirven de contrapeso a las teorías funcionalistas, marxistas y foucaultianas que pretende unificar.

Finalmente, y lo expresa en la conclusión, incorpora una dimensión que le permite ser más optimista con la acción cultural y política que la teoría sociológica (tanto la funcionalista como la estructuralista). La importancia de las prácticas culturales y la sensibilidad como también de las prácticas políticas y la lucha por las decisiones y el poder rebelan que es posible para el intelectual realizar una función concreta en pos del cambio a través de demandas y colocación de problemas en la esfera pública.

El libro quiere que a partir de la demostrada crisis de la penalidad moderna se realice en el ámbito público una discusión y una crítica inteligentes e informadas sobre el castigo. Para ello la función política de la sociología del castigo es importante y se advierte una posibilidad de luchar para transformar la penalidad, aunque por otro lado ese cambio no será posible sin el lento cambio de sensibilidad del contexto social (ya que el proceso es de interacción). De cualquier forma, la teoría sociológica permitirá conseguir herramientas para lograr algún cambio en la penalidad.

Otro autor cuya omisión en el análisis de la cuestión no está justificada es Habermas, y es en este punto donde se observa que algunas de sus premisas (sobre la participación en el otorgamiento de sentido a través de la integración en la comunicación en el espacio público) podrían haber sido útiles a Garland en su pretensión de recurrir a diversas tradiciones sociológicas para construir una teoría pluralista.

Esta teoría adopta a las explicaciones “rescatadas” de cada perspectiva para reflejar todos los aspectos del castigo. Garland, para evitar la definición de su teoría como un mero eclecticismo, sugiere el uso del concepto de “institución social”, que involucra una estructura compleja y una densidad de significados. Así nos remite a una única imagen del castigo al interactuar con el mundo social, solidaridades sociales, estructuras socioeconómicas, estrategias de poder y sensibilidades culturales. No se atreve el autor a afirmar que ha construido un marco teórico general, aunque indica que ha delineado un concepto de penalidad sustentado en la multiplicidad de interpretaciones que muestra su interrelación.

Entiendo que resulta difícil apreciar con claridad cualquiera de las instituciones en este fin de milenio. Pero la dificultad es mayor cuando se pretende vislumbrar una institución que resultaba compleja aún antes. Por ello es válido volver la mirada hacia atrás para contemplar las respuestas, de sociólogos e historiadores, a las problemáticas del castigo en la sociedad moderna cuyo fin estamos presenciando.

Sin embargo, soy más escéptico que Garland sobre la posibilidad de construir una sociología del castigo y desarrollar prácticas políticas concretas de reforma con ella, en el siglo venidero. Ello en tanto el propio objeto de análisis de esta disciplina no tiene en la actualidad un contorno muy definido. Ignoro cuáles son los elementos que darán forma al futuro de la penalidad en las sociedades del siglo XXI, y las tradiciones sociológicas no me permiten salir de la desorientación. El propio autor de esta obra se percata de ello al describir las críticas de los últimos años acerca de la racionalidad y eficacia de las instituciones penales modernas: “Antes las críticas a las deficiencias e irracionalidades del castigo se dirigían al pasado o al presente inmediato y, en su anhelo de una reforma penal, cada crítica era también una especie de himno al futuro. Pero hoy el castigo parece no tener futuro, o por lo menos la perspectiva de un futuro diferente –y preferible– a lo que actualmente existe” (p. 20).

3- Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social, David Garland, Siglo veintiuno editores, México, 1999. (Traducción de Berta Ruiz de la Concha del original en inglés “Punishment and modern society”, Oxford, Oxford University Press, 1990). Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2000/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 367 a 373.

EDMUND MEZGER Y EL DERECHO PENAL DE SU TIEMPO. LOS ORÍGENES IDEOLÓGICOS DE LA POLÉMICA ENTRE CAUSALISMO Y FINALISMO (4) MODERNAS ORIENTACIONES DE LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL (5)

Estos dos ensayos aparecieron en Valencia a fines del año pasado. El primero de ellos era, en principio, el estudio introductorio a la traducción del trabajo de Mezger que ya tiene 50 años. Pero, como el propio Muñoz Conde reconoce, la extensión del mismo y la diversidad de temas tratados justifican su publicación separada.

Muñoz Conde, al ocuparse de Mezger, inscribe su trabajo en la senda del reciente interés de la academia alemana por romper viejos tabúes y revisar la tarea cómplice de los juristas –y de la ciencia que practicaban– en el período nacionalsocialista, así como la que los mismos cumplieron posteriormente cuando se ocultó lo anterior.

Los trabajos de Monika Frommel son ya conocidos en lengua castellana, pero a ellos vienen a sumarse recientemente dos tesis doctorales (de Jan Telp y de Gerit Thulfault) que someten a estudio exhaustivo las concepciones dogmáticas y político criminales de los penalistas que más han influido y siguen influyendo en esta ciencia, tanto en Alemania cuanto en España y en Latinoamérica. De hecho, hoy no hay casi un penalista en esta amplia región que no explique su materia a partir del método dogmático, a pesar de la crisis de este método incluso en la Alemania que le dio origen. Muñoz Conde indaga sobre los orígenes ideológicos de esta consideración puramente dogmática de la ciencia penal y sobre las razones que justificaron –y justifican– su hipervaloración frente a otros aspectos quizá más cruciales del derecho penal.

La primera de las tesis señaladas analiza estrictamente el período nazi, pero la segunda de ellas está dedicada a la obra de Mezger, antes, durante y después de ese período, y es a ella a la que remitirá varias veces el autor en esta monografía –continuación de lo que ya escribiera en 1990 en la revista DOXA, homenaje al Dr. Elías Díaz–. Es curioso que el trabajo de Muñoz Conde (como la también reciente obra mucho más vasta de Zaffaroni, Alagia y Slokar) realice este análisis genealógico crítico de la Dogmática jurídico-penal pero que sin embargo mantenga un profundo respeto y valoración positiva del método dogmático. Ello se debe a que, a pesar de sus errores y de lo que supuso históricamente, aún mantiene la confianza en las ventajas de este método si se encuentra sometido a los valores democráticos y de los derechos humanos.

Para asegurarse esta sumisión es importante, también, revelar la función que puede cumplir la Dogmática cuando se aleja de ellos y se pone al servicio de ideologías como la del contexto histórico y social que se destaca en el trabajo. También se corre idéntico riesgo cuando se pretende que la Dogmática está alejada de toda ideología y de toda práctica concreta y que es por lo tanto un fin en sí misma, sin importancia del contexto social, político, económico y cultural. De allí la trascendencia del repaso histórico, que demuestra lo contrario y, pensando en el presente, nos permite estar alertas en la defensa de los valores democráticos y humanistas frente a la actualización de políticas criminales “para enemigos” a las que una Dogmática “aséptica” podría servir funcionalmente.

Analiza Muñoz Conde la vida, la obra y el tiempo de Edmund Mezger. Luego de señalar que fue uno de los más destacados penalistas del régimen nacionalsocialista, explica que pudo mantener este prestigio en la época siguiente quizá justamente por la lograda desvinculación de las directrices político criminales nazis que apoyaba antes, de la ciencia “aséptica” que practicaría luego. Ello no significa que la política criminal alemana hasta 1975 haya sido progresista, sino que, al contrario, mantuvo sus elementos conservadores y autoritarios con el recurso de los elementos tradicionales no desacreditados por el nacionalsocialismo. En la monografía ello está ampliamente ejemplificado, sobre todo desde el Proyecto de 1960 en el que Mezger colaboró.

Además del contexto que toleró un cierto olvido, el enorme desarrollo de la Dogmática como consecuencia del debate causalismo-finalismo permitió ese derrotero, ya que esas políticas conservadoras se hacían bajo la creencia compartida de la supuesta “apoliticidad” de la Dogmática. La Dogmática de la posguerra, como la de ahora, estaba impregnada de elementos político criminales y ocultarlo solo era una forma de hacerla legitimar un derecho penal autoritario. El desarrollo de un programa progresista para el derecho penal fue posible cuando se abandono esa pretensión, a partir de las elaboraciones de Roxin y luego con la escuela crítica de Frankfurt (Hassemer, Naucke, Luderssen) según Muñoz Conde. Este desarrollo no está acabado y sigue sumando dificultades y retos (como los de ampliar los instrumentos de intervención en clave progresista o resistir los cambios desde posturas garantistas o minimalistas).

Lo que remarca el autor al final de su monografía es la importancia de no hacer una Dogmática servil a cualquier tendencia político-criminal, incluso las autoritarias (peligro que observa con probabilidad en el “derecho penal para enemigos” de la sistemática funcionalista de Jakobs). Para Muñoz Conde, al acentuar el carácter crítico de la Dogmática se la podrá hacer compatible con una concepción democrática de la imputación penal. El derecho penal, advierte, ha servido para proteger y garantizar los derechos y libertades, pero también para reprimirlas y violentarlas desde el propio Estado. Todos quienes trabajan con esta peligrosa herramienta deberían en todo momento hacerse la pregunta esencialmente política sobre la política criminal que se está implementando. Históricamente, quienes se han negado a hacerla amparados por la supuesta “neutralidad” de la ciencia han amparado políticas criminales en el amplio sentido del término. Por doloroso que sea, este trabajo nos demuestra que los más importantes e influyentes penalistas alemanes, como Mezger, no se hicieron esa pregunta o la respondieron a favor de políticas criminales opuestas al Estado de derecho, la democracia o los derechos humanos.

Resta presentar el trabajo de Mezger, “Modernas orientaciones de la Dogmática jurídico-penal”, que comenta Muñoz Conde en la obra anterior. Este trabajo fue escrito como complemento del Tratado de Mezger –no retocado en la esencia de la versión de 1931– y con el objeto de criticar la teoría final de la acción de Welzel. Ciertamente, a partir de esta obra se puede ubicar el período de polémica entre causalismo y finalismo, polémica que se centró en el plano más neutro de la Dogmática y evitó la discusión más comprometida de las funciones políticas desempeñadas en el pasado nazi y el presente democristiano por estos penalistas y las ciencias penales alemanas. Como señala Muñoz Conde en la anterior monografía, el contexto político de la Alemania de posguerra y de la guerra fría permitió este silencio penoso sobre el pasado de la historia alemana incluso hasta épocas recientes.

Aún al soportar aquella función en sus orígenes y en tanto la polémica que surge de este texto no está del todo agotada, al menos en las instancias de aplicación de la ley penal, es importante retomar estas lecturas. Y es que, a pesar de todo lo señalado por el autor sevillano o por ello mismo, parece oportuno recuperar el monumental desarrollo teórico de la Dogmática para hacerlo compatible con un Derecho penal de la democracia. La monografía de Mezger de 1950 fue traducida hace tiempo por Muñoz Conde, aunque corregida recientemente. En breves páginas Mezger expone con claridad la estructura básica de la Teoría del Delito. Se divide en cinco capítulos cortos: “Fundamentos metodológicos”, “La acción”, “El injusto”, “La culpabilidad” y “El sistema”. En todo momento se advierte la refutación de la teoría de Welzel –con quien discute en toda la monografía– y, como es sabido, ello se centra en el concepto de acción. Para Mezger importa establecer que la acción sea voluntaria, aunque el contenido de esa voluntad será objeto de valoración en la culpabilidad (como dolo o imprudencia). Empero, en algunos injustos reconoce la relevancia típica de elementos subjetivos –que se tratarán entonces en el injusto-, estas serían excepciones para darle relevancia penal a conductas ambiguas desde el punto de vista típico. Por último, defiende la concepción normativa de la culpabilidad frente a cualquier “vaciado” y se ocupa especialmente del “error de prohibición”, que es otro ámbito privilegiado de discusión con el finalismo, y dónde aparecen argumentos peligrosos como el que permite imponer la pena del delito doloso para el caso de “enemistad jurídica”. Cuando se observa el “sistema” resumen del final, se constata que en el ámbito académico la polémica fue resuelta a favor del finalismo o se agotó por ella misma, pero que se dejaron atrás algunos de sus postulados. Pero, y a más de lo señalado sobre las instancias judiciales, la pervivencia del método dogmático como una mejora de ese mismo sistema, incluso en las formulaciones más críticas, nos indica que no se trata de una pieza arqueológica y de allí el interés de esta lectura más allá de la mera ejemplificación histórica de lo señalado en la monografía de Muñoz Conde.

4- Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. Los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2000.

5- Modernas orientaciones de la Dogmática jurídico-penal. Edmund Mezger (traducción Francisco Muñoz Conde), Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2000. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2000/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 803 a 805.

DEVIANCE ET SOCIETÉ (6)

Este número de la revista Deviance et Societé, correspondiente al primer trimestre del 2001, contiene trabajos de gran utilidad para mantenerse al tanto de los actuales debates en el área de las políticas de seguridad y la penología.

El primero de estos artículos es del profesor de Leeds, Adam Crawford y se titula “Vers une reconfiguration des pouvoirs? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance”. Da cuenta aquí de las tendencias conjuntas hacia la globalización y el localismo y de la nueva distribución de poderes entre el Estado, la sociedad civil y el mercado y su influencia sobre la delincuencia y su control. Da cuenta Crawford de tres racionalidades políticas que descansan detrás de los actuales discursos: el estado de bienestar, el comunitarismo y el neoliberalismo. Las políticas públicas concretas que se generan con estos discursos asumen con cada vez más importancia el problema del sentimiento de inseguridad y el del control social a nivel local –urbano-. Para el autor, la aparición del concepto de seguridad de la comunidad constituye un aspecto fundamental del gobierno, pues en él “se puede hacer algo” y que, al acercarse a las personas en su experiencia diaria, constituye un punto de encuentro del que pueden surgir nuevas formas de gobierno en colaboración.

Luego se encuentra el artículo de Philippe Mary titulado “Pénalité et gestion des risques: vers une justice ‘actuarielle’ en Europe?”, en el que describe los cambios operados en Estados Unidos en materia de penalidad. Se trata de la transformación de una penología fundada en el castigo o el tratamiento de los individuos en una penología fundada en la vigilancia y control de grupos de riesgo. Esta “nueva penología” prefigura la aparición de un nuevo modelo de justicia “actuarial”. Según el autor en Europa se advierte el mismo fenómeno, aunque debe relativizarse su novedad ya que según el autor estos cambios responden más bien a los avances tecnológicos y al fin de la utilidad social de la penalidad. Pero todo ello alcanza otro significado con el paso de un Estado social a un Estado de seguridad, dónde la seguridad es un valor en sí mismo y la penalidad se inscribe en esta lógica y es una herramienta de la política de reducción de riesgos de parte de los grupos de población social y económicamente “inútiles”.

Patrick Castel en “La diversité du placement à l’exterieur. Etude sur une mesure d’aménagement de la peine”, trata del trabajo de los condenados fuera de la prisión como alternativa. Esta medida está destinada a disminuir la población carcelaria y lograr la reinserción de los reclusos, según el autor. Pero en la práctica tiene un desarrollo muy limitado y depende de puestas en práctica a nivel local que son muy heterogéneas ya que no existe una política que estimule a aplicarlas y de una verdadera reglamentación. Su desarrollo, entonces, depende de iniciativas individuales a nivel local y de las ayudas que puedan prestarle desde dentro y fuera de la prisión. El autor culmina algo pesimista de estas posibilidades ya que la lógica que las anima se enfrenta a la lógica de la seguridad que impera sobre el personal penitenciario y los jueces y por lo tanto estos la verán como peligrosa y significará un freno suplementario a su desarrollo.

R. Lucchini muestra en “Carrière, identité et sortie de la rue: le cas de l’enfant de la rue” las diferentes maneras que los niños de la calle logran salir de esta. Explica esta diversidad de salidas en atención a las identidades de los niños que “manifiestan” la intención de abandonar la calle. Propone una tipología de estas maneras de abandonar la calle que demuestra que esto no es lineal ni progresivo, sino que implica es un “paso”, una etapa de la carrera del niño y por lo tanto se caracteriza por una ruptura importante en la línea biográfica del niño o el fin de los recursos que le permiten al niño sobrevivir en la calle.

Cierra el número un avance de investigación de H. Houdayer, “La marge en cause dans le discours de toxicomanes”. Esta nota de investigación propone una reflexión alrededor de las temáticas de la normalidad y la exclusión en materia de toxicomanía. El papel de la ley es fundamental y ello se advierte al relacionar el status de excluido del toxicómano con la posición del sujeto de cara a la norma. La investigación se realiza sobre el discurso de toxicómanos de la ciudad de Montpellier. Las reflexiones se hacen luego de entrevistas, en las que surge el problema de la “normalidad”, realizadas en un gabinete médico al que acuden por ayuda. El toxicómano expresa el problema de la exclusión en un discurso que vuelve al tema de la diferencia y propone resolver su problema dejando la idea de margen para darle sentido desde la centralidad.

Finalmente, este número cuenta con un índice de los artículos publicados en los ocho números de 1999 y 2000. Colaboran en los mismos firmas prestigiosas como las de Baratta, Pires, Robert, etc. y los temas abordados en estos últimos años demuestran la centralidad que adquiere la cuestión de la seguridad urbana en la actualidad, reflejada también en diversas materias como la de la penalidad e incluso la procesal penal (el n° 1 del volumen 24 de 2000 contiene un dossier presentado por Baratta y Hohman sobre el cambio de una verdad procesal o sustancial a una “consensual” provocado por lo que en Argentina conocemos como “juicio abreviado” y los peligros que ello entraña).

6- Deviance et Societé, Trim. Mars 2001, vol. 25, n° 1, Revue publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et du Centre National du Livre, Geneve. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2001/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 393 a 394.

¿POR QUÉ LA GUERRA? (7) FUERZA DE LEY. EL FUNDAMENTO MÍSTICO DE LA AUTORIDAD (8)

He tenido la suerte de asistir a la presentación que la editorial Minúscula hizo de un libro que nace del intercambio epistolar propuesto por Albert Einstein a Sigmund Freud a instancias de la Sociedad de Naciones en 1932. El producto de la intervención de estos intelectuales, así como el trabajo introductorio de Eligio Resta, es, a más de riguroso científicamente y comprometido políticamente, un placer para la lectura.

La pregunta por la evitabilidad de la guerra, que formula Einstein a partir de la constatación de los fracasos de los instrumentos internacionales y demandando respuestas sobre los posibles obstáculos psicológicos, enmarca un debate que resulta de mucha utilidad a quienes pretendemos hacernos preguntas sobre el ejercicio de la violencia por parte de los Estados y sobre la posibilidad de una justicia internacional como límite a esta violencia. Einstein demuestra los peligros de la fuerza estatal y parece indicar una posible alternativa en la renuncia voluntaria de los Estados a una parte de su soberanía (la fuerza estatal) y su entrega a una autoridad legislativa y judicial internacional (mejor: no nacional) con suficiente autoridad para resolver conflictos e imponer decisiones.

La respuesta de Freud me parece importante de recuperar en medio del pensamiento que en estos días se inscribe en la tradición ilustrada identificando al derecho como el límite del poder violento o punitivo (me refiero a la monumental obra de Zaffaroni, Alagia y Slokar, y también a la ya clásica de Ferrajoli) y para repensar, desde una crítica progresista, la relación entre derecho y fuerza, que pone como punto de partida Einstein y que Freud traduce a la relación entre derecho y violencia.

Para Freud (a diferencia de Elster) el cemento de la sociedad lo constituyen el imperio de la violencia y los lazos afectivos entre sus miembros, y se comete un error si se confía ciegamente en el derecho sin reconocer que este es en su origen fuerza bruta y que nunca podrá renunciar al apoyo de la violencia. La reglamentación jurídica no puede resolver el problema de la violencia, por lo que la apuesta que hace Freud por el pacifismo debe pasar por la asunción y la negación de la propia violencia.

El brillante y enjundioso estudio preliminar de Eligio Resta retoma críticas –investigaciones– sobre el derecho y sobre el Estado ya difundidas también en castellano (La certeza y la esperanza; y colaboraciones en Poder y Control, Oñati Proceedings y en la obra colectiva Soberanía: un principio que se derrumba). Inscribe este debate en otro más amplio y en el que el pensamiento de Hans Kelsen, Carl Schmitt y, por supuesto, Max Weber demuestran la importancia de mirar hacia la cultura del centro de Europa en el período de entreguerras, que es el objetivo de la colección Alexanderplatz que inaugura Minúscula con este volumen.

Resta nos demuestra la actualidad del problema y señala la necesidad de percibir y asumir la propia violencia, para posteriormente proponer un modelo de paz no impuesto, difícil pero posible, a conseguir con el ejemplo del pacifismo de Gandhi –que asume la violencia pero apuesta por otro código– y el de Elías Canetti –que en la democracia representativa ve un juego de engaño a la violencia y que puede sustituirla a condición que no nos dejemos engañar sobre la violencia. Esta violencia también forma parte del derecho, como surge de la lectura del “pensante” pensador terrible Schmitt. El pensamiento de este filósofo político conservador, católico y filonazi, creo que permite también realizar un análisis progresista y libertario, a pesar de las duras críticas dedicadas por Zaffaroni, Alagia y Slokar (que sin embargo no formulan a Heidegger).

En la misma línea de Schmitt se inscribe el trabajo Para una crítica de la violencia de Walter Benjamin que define al derecho como demónicamente ambiguo, y que recupera entre otra abundante bibliografía Resta. El derecho es violencia, que aún siendo legítima no dejará nunca de serlo.

Este trabajo de clarificación y deconstrucción sobre el derecho es también recuperado por Jacques Derrida en el segundo de los artículos publicados en Fuerza de ley. Este libro reúne el fruto de conferencias que pronunció en los Estados Unidos frente a estudiosos de los “Critical Legal Studies”. En “Nombre de pila de Benjamin” analiza el texto de Benjamin que realiza una crítica feroz al derecho y a la democracia liberal y que se inscribe en un momento (1921) en el que el derecho de castigar adquiere una dolorosa actualidad. Estos problemas de los años de entreguerras, por otra parte, son muy actuales y de allí la importancia de su recuperación por Derrida, que al poner dentro de su método de análisis las relaciones y conceptos de derecho, justicia, poder, autoridad y violencia, parece señalar que la verdadera justicia es indeconstructible o que la deconstrucción es justicia (con los problemas de su insita imposibilidad).

Para Benjamin la abolición de la violencia será conjuntamente la abolición de la autoridad, de la ley y del poder del Estado. Y es que la violencia conservadora de estos no es sino la representación de la violencia fundadora que es siempre pura violencia. El mejor ejemplo de la forma Estado actuando violentamente para conservar cierta legitimidad se observa en la policía (que Benjamin critica junto a la pena de muerte y el parlamentarismo). Las dos formas de violencia del derecho (fundadora y conservadora) tienen una tradición mitológica griega que se opone, según Benjamin, a la “violencia” de Dios que en lugar de fundar el derecho lo destruye. A pesar de todo, Benjamin cree en relaciones no violentas entre las personas privadas y por ello fuera del orden del derecho.

En el otro hermoso ensayo “Del derecho a la justicia”, Derrida recuerda que lo que pretende tener fuerza de ley apela a la fuerza en el concepto de autoridad. Al considerar la tradición (en este caso francesa) de Pascal y Montaigne, pone juntas a la justicia y a la violencia. Si se lleva a la justicia a su principio se la aniquila. Y de esta tradición, entonces, recupera el “fundamento mítico” de la autoridad.

Estos libros nos muestran que, a pesar de lo que sostienen las teorías bienintencionadas y pensantes de nuestro derecho penal, no solo cualquier legitimación del poder punitivo sino también cualquier legitimación del derecho –también como límite– va a dar con la idea de la guerra.

Esto permite profundizar este debate con una orientación progresista y no abandonarlo en posturas “a la defensiva” sino soñar con un orden no violento y que, como el arbitraje o mediación, se coloque más allá de todo ordenamiento jurídico y de toda violencia. Aunque Derrida nos demuestre también la afinidad de ello con la violencia no cabe ser del todo pesimista y se puede tener alguna esperanza en el pacifismo militante de Einstein, estético y cultural de Freud, cuasi religioso de Benjamin o posibilista, a pesar de todo, de Eligio Resta.

7- ¿Por qué la guerra?, Albert Einstein y Sigmund Freud, con Introducción de Eligio Resta, Barcelona, Minúscula, 2001.

8- Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad, Jacques Derrida, Madrid, Tecnos, 1997. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2001/A, Buenos Aires, Del Puerto.

REVISTA PANÓPTICO, NUEVA ÉPOCA (9)

Debe ser motivo de festejo el relanzamiento de la revista Panóptico en la ciudad de Barcelona. Con el objetivo explícito de continuar en la senda trazada por los números de la revista El Panóptico (que bajo la coordinación de la asociación Salhaketa de Vitoria-Gasteiz aparecieron en 1996 y 1997) el actual equipo de redacción realiza una apuesta a favor de este espacio de comunicación entre la práctica de los movimientos sociales y la aportación teórica de estudiosos de diversas disciplinas que analizan la prisión y la cultura penal. La revista en su anterior época era el órgano de la Coordinadora de Solidaridad con Presas/os del estado español y, aunque en pocos números, logró crear un espacio de crítica a la política criminal en sus números monográficos (dedicados al código penal de 1995, a la ley penal juvenil, al régimen de aislamiento de presos llamado “FIES” y a las políticas penales españolas). Ese espacio se extrañaba en España y de allí la necesidad que este “nuevo” Panóptico lo ocupe otra vez con el esfuerzo de los presos y presas, los movimientos sociales, y los aportes de personas que trabajan dentro y fuera de la Universidad.

Anima a todos ellos, y justifica la revista, la decisión de hacer frente a la actual difusión de la cultura punitiva con una cultura de la resistencia necesariamente abonada por el rigor teórico, como se manifiesta en la “Editorial” del número 1. Nada más lejos de la improvisación que este primer ejemplar bellamente editado por la editorial Virus con una gran tarea de diseño. Esta cuidada presentación realza el valor del contenido y además es en sí misma un “contenido”, ya que no constituyen meramente “decoración” las fantásticas fotografías de las cárceles del fascismo italiano que lo ilustran.

El número está compuesto por una “Editorial” que nos recuerda la historia de la revista y sus intenciones para el futuro, y por varias secciones. En la primera, “Correspondencia y denuncias”, realizan su aporte los presos y presas españoles que con su presencia “privilegiada” constituyen la crítica más severa al modelo actual de castigo, la privación de la libertad, y en concreto a ciertas prácticas de la administración española en la aplicación de este.

La segunda sección, “Artículos de fondo”, publica un artículo de Julián Carlos Ríos, profesor universitario en Madrid, que se titula “La cárcel, descripción de una realidad” y muestra los resultados de una investigación sociológica sobre la cárcel española; otro de Angel Elías Ortega, “La desaparición de las cárceles como una exigencia del nuevo milenio”, que expone sobre la incompatibilidad de la cárcel con un modelo humano de solución de conflictos y aboga por la desaparición del espacio de sufrimiento que es la prisión; y finalmente otro de Mauro Palma, “El punto de llegada de las reformas penitenciarias en Italia”, que reflexiona sobre los veinticinco años de la reforma penitenciaria italiana y el problema de las propias intenciones reformistas, también nos muestra la dura realidad carcelaria italiana producto de otro modelo, y expone las propuestas de la Asociación Antigone –que es un referente para muchos movimientos españoles en su tarea de denuncia– para hacerle frente.

La tercera sección, “Movimientos sociales”, está dedicada a la divulgación de las actividades de estos colectivos en su actual enfrentamiento contra la política penal-penitenciaria del Estado español.

La cuarta es la sección central que abordará temas monográficos. Este primer dossier se refiere a “SIDA y Cárcel” con aportes de diversos colectivos españoles (gallegos y asturianos) y de Eduardo Maia Costa, de Portugal. Los artículos no son muy largos ni abundan en contenido teórico, pero describen con claridad la grave situación de esta enfermedad, ampliada en sus letales efectos por la propia responsabilidad de la cárcel y de las hipócritas políticas represivas de la droga y otras, realmente “antisanitarias”.

La quinta sección, “La lucha en la cárcel en la España de los años 70” a cargo del Centre de Documentació Arran de Barcelona, es especialmente útil en estos momentos en que el pensamiento excluyente y punitivo (que ha llegado a la política y al gobierno) se apoya en una cultura del olvido de los hechos más relevantes de la historia de España alentada por la clase gobernante española que tiene bastante que ocultar de ese pasado franquista y de lo ocurrido en la llamada “transición”. En este primer número se realiza una cronología de los hechos de lucha en las cárceles españolas que van de la muerte en su cama del dictador Franco y el asesinato, por medio de ejecución legal, del anarquista Salvador Puig Antich en 1974, hasta fines de 1980.

La sexta sección realiza el comentario de libros de reciente aparición y relacionados con la amplia temática que ocupa y preocupa a quienes hacen la revista.

El número 2 de la revista, aparecido en noviembre del 2001, mantiene los aciertos del primer número, entre ellos el diseño que en esta oportunidad es acompañado con fotografías de cárceles brasileñas. Luego de comentar críticamente en la “Editorial” tanto los hechos represivos de Génova de julio del 2001, como también los de Nueva York en 11 de septiembre de ese año y la “guerra” que los sucedió en Afganistán, repite la estructura del otro número. La primera sección continúa dedicada a la divulgación de cartas de presos y a la difusión de algunas campañas y protestas por ellos protagonizada. También aparecen relaciones de campañas realizadas en otros países por presos o familiares de estos.

La segunda sección, dedicada a los artículos de fondo, presenta en este número un artículo del francés Loïc Wacquant, “California, primera colonia penitenciaria del nuevo milenio”, que critica a las políticas penales del estado de California. Estas políticas, prohijadas por los poderosos sindicatos penitenciarios y de la seguridad privada, desembocan en el hacinamiento en cárceles cuya situación describe el autor francés en toda su inhumanidad. Le sigue un artículo de José Angel Brandariz “Departamentos especiales y FIES-1 (CD): la cárcel dentro de la cárcel”, que nos muestra la aplicación de estas políticas penales y “criminales”, en el amplio sentido del término, también en el estado español. Este régimen FIES es una regulación (“mejorada” administrativamente desde 1991, aunque nunca hecha pública realmente) de técnicas aplicadas informalmente desde antaño a los presos catalogados como más peligrosos. El autor sostiene que este régimen de aislamiento absoluto durante las 24 horas del día y en condiciones infrahumanas está ideado con el único fin de inocuización y es, por lo tanto, inconstitucional.

La tercera sección, nuevamente está protagonizada por los movimientos sociales y de base que trabajan en el campo de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de las personas sometidas a la violencia punitiva y que proponen unas políticas radicalmente distintas a las diseñadas por el estado.

La cuarta sección, presenta en este número al dossier monográfico sobre “Mujer y Cárcel”. Está compuesta por un artículo de Elizabet Almeda, “Particularidades de las cárceles de mujeres: un enfoque de género”, que expone las conclusiones de una amplia investigación sociológica realizada en este tipo de cárceles y demuestra la problemática específica que constituye una “doble” segregación. La contribución de María Naredo y Begoña Pernas, “Proyecto Barañí: mujeres gitanas y sistema penal” (Barañí significa “cárcel de mujeres” en la lengua de los gitanos) es otra investigación, en este caso demostrativa a la selectividad con la que actúa el sistema penal español en relación a las mujeres gitanas, lo que se manifiesta sobradamente con los índices de encarcelamiento de las mismas (están sobre-representadas veinte veces sobre su presencia en la sociedad) y con la necesidad de una lengua de denotar con un nombre específico a esta institución. El trabajo “El crimen no es cosa de niñas” de Francisca Cano es de tipo histórico y recuerda la segregación de las niñas en la Barcelona de principios del siglo veinte y con el positivismo actuando tanto desde lo simbólico en los cuentos infantiles cuanto en lo concreto a través de la actuación del Tribunal tutelar de menores. Cierra el dossier Laura Prats que, en “Una experiencia en Wad Ras,” cuenta el desarrollo de su práctica universitaria en el interior de la cárcel de mujeres de Barcelona, con lo que realiza una investigación dentro del paradigma interpretativo, aunque no lo asume expresamente.

La quinta sección continúa utilizando la herramienta de la memoria para describir, en este caso, la participación de las mujeres en la lucha en la cárcel en la España de los años setenta.

Finalmente, la sexta sección vuelve a incluir comentarios de diversas obras que, aun cuando tienen perfiles, objetivos y procedencias diversas, todas tienen como eje central la problemática del encarcelamiento.

El número 3 mantiene la semestralidad y aparece en mayo de 2002. En su “Editorial” se da cuenta de los importantes sucesos vividos en Barcelona el 16 de marzo de ese año por los movimientos antiglobalización. De acuerdo a las secciones ya consolidadas, aparecen denuncias y reflexiones desde el lado de dentro de las rejas en la primera sección.

La segunda sección tiene la colaboración de Santiago Lopez Petit que analiza el “acontecimiento” 11 de septiembre, de Raúl Maillo que en “Permisos ordinarios ¿premios o derechos?” realiza una crítica a la utilización de tal derecho de los prisioneros de acuerdo a las necesidades disciplinarias y de Antonio Pedro Dores que en “La lucha de los presos a favor de la justicia en Portugal” realiza un repaso de la situación carcelaria en aquel país y de la dura represión que han vivido quienes luchan para mejorarla desde dentro y fuera de la cárcel.

La tercera sección difunde actividades de movimientos, asociaciones y grupos de estudio sobre prisiones desde los diversos informes de algunos lugares del Estado español. Además se transcribe el acta de la reunión de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas y denuncias de Amnistía Internacional.

El dossier monográfico de la cuarta sección está centrado en “Inmigración y cárcel” y en el mismo participa en primer lugar Roberto Bergalli con “¿Cómo se construyen las identidades individuales y colectivas de los inmigrantes?” que parte de un análisis transdisciplinario que hace hincapié en la historia y la sociología para demostrar la impronta del poder penal en aquella configuración identitaria desfavorecida del inmigrante. Se presenta también la traducción de un trabajo que era la introducción del número especial dedicado al tema por la revista italiana Dei Delitti e delle Pene de 1999, en ese trabajo de Dario Melossi, “Inmigración e inseguridad: una introducción”, se advierte sobre los peligros de continuar con las políticas segregacionistas del inmigrante así como se señala, siempre con una perspectiva sociológica, que en Italia la prisión está siendo reservada a estos grupos de individuos que migran para poder desarrollar sus aspiraciones. Concluye este autor señalando la necesidad de cruzar las cuestiones vitales de la inmigración y de los castigos en pos de una amplia estrategia de cambio social. Le sigue el trabajo de Massimo Pavarini “¿La cárcel, racista?” critica a aquellos que interpretan la elevada presencia de extranjeros en prisión como razón de la mayor criminalidad en estos grupos. Los pocos datos que se tienen sobre el particular sirven, por el contrario, para desnudar los prejuicios que descansan en tales opiniones. Marta Monclus Maso en “La gestión penal de la inmigración: otra excepción al Estado de derecho” realiza una crítica política y jurídica a los procesos de “administrativización” del encierro a extranjeros que por ello permiten y toleran que estas personas no puedan gozar del mismo status legal ni de las garantías contra el poder penal del Estado que tienen los ciudadanos. Se introduce en este artículo el concepto de “no persona” que también será utilizado por Héctor Silveira Gorsky en “Los centros de internamiento de extranjeros y el futuro del Estado de derecho”. Este autor también encuentra en la “cuestión inmigración” un claro ejemplo del autoritarismo estatal que se salta los principios jurídicos básicos del liberalismo y los instrumentaliza con decisiones políticas inválidas en una supuesta democracia.

La quinta sección está a cargo del Col.lectiu Arran de Sants que hace uso de la memoria para dar cuenta de lo que fue la Copel en sus inicios durante los años 1976 y 1977. En la sexta se comentan libros de reciente publicación. Todo el número, en esta ocasión, tiene fotografías de Xavi Guerrero sobre manifestaciones realizadas en Barcelona entre el año 2000 y el año 2002.

9- Revista Panóptico, nueva época, n° 1 (1º semestre 2001), n° 2 (2º semestre 2001) y nº 3 (1º semestre 2002), Virus Editorial, Barcelona. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2001/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 775 a 777.

MÁS ALLÁ DE BLADE RUNNER. CONTROL URBANO: LA ECOLOGÍA DEL MIEDO (10)

El urbanista, historiador y sociólogo crítico estadounidense Mike Davis es el autor de estos trabajos, que si tienen algún inconveniente en esta edición es el de no contarnos quien es su autor. Mike Davis se presenta en su curriculum como un antiguo camionero, que fue uno de sus varios empleos mientras desarrollaba sus investigaciones. También, hay que decirlo, enseñó Teoría Urbana en el Instituto de Arquitectura de California, fue investigador del Instituto Getty y ganó el premio de la MacArthur Fellowship, aunque siempre ha tenido problemas con los académicos y los funcionarios. Todo ello, su formación marxista y el haber sido desde su nacimiento en 1946 vecino del estado de California, le han permitido realizar las miradas más críticas y reveladoras sobre los peligros de las políticas penales que se implementan en Los Angeles y de allí en el resto de los Estados Unidos y luego el mundo. Además de su percepción, su aspecto físico (además de crítico es un hombre duro) le ha permitido realizar la tarea de sumergirse en la vida de los que estaban siendo afectados en mayor medida por las consecuencias de las políticas económicas que comienzan en la era Reagan.

Es autor de varios libros, aunque no haya completado nunca su doctorado (y ni falta que le hace). Entre ellos se destacan Prisoners of the American Dream (1986), el brillante y famosísimo por su gran repercusión en Estados Unidos City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (1990) y Ecology Of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster (que es de dónde surgen los artículos que se traducen en la obra en comentario) y la más reciente Magical Urbanism: Latinos Reinvent the U.S. City (2000).

Davis presenta en estos tres ensayos traducidos y publicados recientemente por la editorial Virus un inteligente análisis crítico sobre las actuales formas que asume el capitalismo y que se imponen primero en los Estados Unidos para expandirse posteriormente con la globalización de la miseria, la violencia represiva y el miedo al resto del planeta. Las nuevas formas de urbanismo (guettización de zonas pobres y bunquerización de zonas ricas), las políticas estatales de recortar gastos sociales, la precarización del empleo, el endurecimiento de la represión penal y el aumento de la población reclusa se encuentran íntimamente relacionados en este nuevo modelo autoritario de explotación que importa grandes ganancias a quienes especulan con la industria inmobiliaria, la de las cárceles y la de la seguridad. El modelo de esta política es el impuesto en la ciudad de Los Angeles, California, que es el que describe el autor.

El primero de estos ensayos, que le da su título al conjunto, fue publicado originariamente en inglés en 1992 (después del levantamiento de “Rodney King”) y su versión definitiva data de 1995. En un libro de 1990 (City of Quartz) el autor ya había anticipado el escenario urbano desigual, erosionado socialmente y militarizado de un proyecto que la ciudad de Los Angeles exporta al resto del mundo, y que va incluso más allá de la distopía de la película “Blade Runner”.

Para realizar el mapa explicativo del modelo de ciudad, Davis recupera la tradición de la Escuela de Sociología de Chicago que en las primeras décadas del siglo XX produjo herramientas que hoy nos son imprescindibles para analizar los nuevos métodos de control social aplicados al espacio urbano. En especial recupera el análisis de Ernest W. Burgess y su descripción de la ciudad con la combinación de media luna y diana que retrata la ecología urbana haciendo hincapié en las variables ingresos, valor del suelo, clase y raza. Davis proyecta este diagrama al modelo actual añadiendo nuevos factores (como la edad ya que California se está convirtiendo en una gerontocracia blanca que pretende protegerse de los jóvenes marginados) y el más determinante: el miedo.

De esta forma se describen las diversas zonas de Los Angeles, la ciudad que actualmente reemplazó como laboratorio a las de Nueva York y de Chicago. Lo que se ha llamado el “renacimiento” de esta ciudad es en realidad la estrategia planeada por especuladores inmobiliarios, y en parte como consecuencia de la rebelión de “Watts” en 1965, para segregar el nuevo corazón urbano y varias villas residenciales en forma de “búnkers” inaccesibles. Las barreras arquitectónicas, las vigilancias por videocámaras, el personal de seguridad y la militarización de la zona hacen imposible cualquier desorden en el centro financiero, y ello quedó evidenciado en 1992. Rodea este centro cuya construcción reportó pingües negocios, una amplia zona de barrios-guettos dónde todo vale, desde la violencia de una juventud abandonada, la de las mafias que se enriquecen, la de los escuadrones privados de la muerte y la de las actuaciones sin regla de la policía. El resultado es un índice de violencia y muerte sin precedentes. Atraviesan y rodean a estos los que Davis llama “barrios de control social”, espacios de control disciplinario urbano dónde se mezclan estrategias privadas y públicas acicateadas por el miedo y el paradigma de la seguridad para lograr, con la ayuda de las nuevas tecnologías, unas ciudades-cárceles “comunitarias” de vigilancia total y permanente, pero que sin embargo no podrán limitar finalmente a la violencia de la ciudad destruida y marginal que también convertirá en pesadilla los sueños de seguridad para pocos que este modelo representa.

Ejemplifica esto el segundo artículo, “Los Angeles solo fue el principio”, que relata el holocausto que se desató en Los Angeles tras la paliza a Rodney King por la policía, la rebelión violenta y la represión incruenta que buscó el chivo expiatorio en la comunidad marginal. Esta secuencia, y el modelo de represión impuesto, se extendieron luego a la ciudad de Las Vegas, cuyos pormenores, desde la visión de los pobres negros que lo sufren, también relata el autor.

Finalmente el tercer artículo, “El complejo carcelario-industrial o el infierno en los campos”, nos muestra el resultado de este modelo que aúna el negocio de la construcción de cárceles y la industria de la seguridad con la exclusión y la represión al describir la política del superencarcelamiento y la situación del sistema penitenciario californiano (con el ejemplo del penal de Calipatria) en términos similares, pero no por ello menos reveladores y a la vez espeluznantes, a los utilizados luego por Loïc Wacquant (cuya obra, mucho mas conocida en Argentina tras la traducción de Las cárceles de la miseria y Parias urbanos, se basa en las investigaciones y aportes tanto teóricos como metodológicos de Davis).

Tomado como un todo este trabajo nos advierte no solo de lo que ocurre en la lejana California, sino también, y ello es advertido especialmente por Wacquant, sobre un futuro muy cercano en la Argentina, dónde la alianza impía entre los sectores especuladores del capital privado y los partidos políticos demagógicos (pero sin efectiva participación ni respaldo popular) que están a la vez relacionados íntimamente a ese capital descubren que el miedo es un buen negocio y se deciden a explotarlo con grandes ganancias económicas y esperemos que no políticas. Para impedirlo, este libro es una buena herramienta para quienes se sientan obligados moralmente a realizar una tarea de denuncia y de reflexión liberadora.

10- Más allá de Blade Runner. Control Urbano: la ecología del miedo, Mike Davis, Virus editorial, Barcelona, 2001. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2002/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 393 a 395.

CENSURAR Y CASTIGAR (11)

Cada vez resulta más clara la necesidad de prestar atención a determinadas discusiones penológicas que se plantean en otros ámbitos estatales. Si estos debates han ocurrido en los Estados Unidos o Inglaterra, y han ejercido influencia en las políticas penales de los últimos años, la necesidad deviene urgencia. En nuestro ámbito es significativa, por contrario, la ausencia de registro del recorrido teórico que no impide la literal copia de algunos de esos discursos estatales en relación al castigo y la prevención de delitos (que se encuentran en las plataformas de los partidos políticos de derecha como de los que se pretenden de izquierda).

Andrew von Hirsch fue, desde 1976 cuando publica Doing Justice, uno de los primeros y más destacados críticos al sistema punitivo asociado al Estado de bienestar. Hasta entonces, la ideología punitiva dominante en los Estados Unidos era la rehabilitadora. Como se sabe, también es esta ideología la que informa los ordenamientos legales de nuestras latitudes. Sin embargo, en Estados Unidos ella se había llevado (en un largo proceso que cruza casi todo el siglo XX) al extremo de imponer penas indeterminadas legalmente y que dependieran del exclusivo resorte tratamental. Contra este tipo de políticas (y contra el gasto que ellas ocasionaban) se alzaron numerosas críticas radicales, liberales y conservadoras, que en algunos puntos convergían. Como se ha dicho, el autor de este libro fue uno de los primeros en criticar la gran disparidad de montos de condenas para hechos similares, al impulsar el modelo de la pena merecida (just deserts). Mientras los grupos progresistas remarcaban en la pena indeterminada los abusos y discriminaciones hacia determinadas personas que ella implicaba, los grupos conservadores lograron imponer su “realismo de derecha” que en esa crítica demandaban penas más severas y menos onerosas para el Estado. A partir de este soporte teórico, y con la comprobación –para nada original– de que el modelo rehabilitador no cumplía sus objetivos explícitos, los Estados norteamericanos (y luego Inglaterra y otros países) comenzaron a modificar sus legislaciones dentro de un modelo heterodoxo y pretendidamente garantista que se conoce como Justice model. La “pena merecida” es un baluarte de estas políticas que, mientras aseguran buscar más “hacer justicia” que “hacer el bien”, reemplazan a la rehabilitación por la simple inocuización. La armonización de estas políticas retributivas con otras que se dicen preventivas de delitos, pero que igualmente se desprenden de los límites del humanismo positivista (como lo hacen sus operadores con su “mala conciencia”), han llevado a políticas como la del “three strikes and you are out” (prisión perpetua o similar para quien realice tres faltas de cualquier tipo) y, en definitiva, al actual crecimiento descomunal de la población penitenciaria.

En el libro en comentario, von Hirsch intenta defender la teoría del “just desert” y señalar que no es ella la responsable del aumento del rigor punitivo y del número de encarcelados en Estados Unidos.

Insiste, para ello, en que la idea de justicia en la imposición de castigos debe estar desligada de la idea de prevención del crimen. También en la necesidad de considerar a la benignidad como parte de esa justicia y en la de tratar a los infractores como personas. Estos postulados, como toda su teoría, pretenden ser una actualización de los principios de las teorías liberales de la Ilustración. Participa de los deseos de estas teorías (encontrar límites de coherencia del castigo para limitar su severidad) cuanto de sus límites. Cree que la idea de proporcionalidad es mejor límite que la de utilidad de la pena, y luego procede a indagar sobre el quantum de la pena a imponer. Es entonces cuando se centra en la idea de “censura”: si la pena logra señalar al hecho que la motiva como algo “malo” se convierte en justa. Según el autor, la “censura” permite tratar al condenado como si fuera un hombre y también mensurar los grados de reproche de acuerdo al dolor infringido al censurar. De esta forma, su justificación de la pena deja de ser meramente retributiva y pasa a ser “dual” ya que cree que esa graduación del dolor también permite prevenir otros delitos pues se transforma en un “desincentivo prudencial” para terceros, al difundirse el mensaje de censura de acuerdo a lo justamente merecido.

Como la graduación del dolor le resulta fundamental, dedica buena parte del trabajo a mensurar geométricamente la proporcionalidad entre delitos y penas (no solo la prisión) insistiendo en la necesidad de castigar igual a hechos iguales. Pretende que ello sea también un límite para el Estado, por justicia y porque las penas excesivas no transmiten el mensaje de censura merecida, por lo que propone “anclar la escala de penas” desde las que existen actualmente hacia abajo.

Es así que pretende demostrar que su teoría no tiene nada que ver con el aumento del rigor punitivo, del que reprocha a las políticas de “ley y orden” que han mezclado al castigo con la prevención del delito. Si bien el autor concluye propiciando penas de prisión máximas de cinco años y restricciones para las penas alternativas que excedan el “contenido penal aceptable”, es necesario indicar que dejan el camino expedito a la represión como incapacitación y también como espectáculo, ya que justifica la pena tanto por ser justa (“se lo merecía”) cuanto por transmitir mensajes sobre lo bueno y lo malo a través de la censura (“para que los demás aprendan”).

No es solamente, entonces, la idea de prevención del delito la que “contamina” al castigo y arrastra a sus justificaciones a las peores políticas de severidad penal (como señala la traductora en la introducción, al manifestar que como control del delito estas políticas son inefectivas y como castigo son injustas). Es la propia justificación del castigo (cualquiera de ellas, y mucho peor cuando se presentan en forma “dual”, combinadas o mixtas) la que nos lleva irremediablemente a la barbarie.

11- Censurar y castigar , Andrew Von Hirsch, Madrid, Trotta, 1998 (traducción e introducción de Elena Larrauri del original en inglés Censure and Sanctions, Oxford University Press, 1993). Comentario publicado en Revista Panóptico, Barcelona, editorial Virus, nº 3, 2002, pp. 205 a 207.

EL ENCARCELAMIENTO DE AMÉRICA. UNA VISIÓN DESDE EL INTERIOR DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA DE EE.UU. (12)

Es norma general que los estudiosos del sistema penal no presenten la realidad del castigo, sino su ideación (y, a veces, su idealización). La artificialidad de la construcción realizada por observadores externos es evidente en los saberes jurídicos, pero también en los sociológicos que pretenden aislar funciones “reales” en el hecho social castigo, y asimismo en quienes reparan en el concepto político de ejercer ese castigo utilizando referencias ónticas. Nos dejará igualmente insatisfechos el recurso, necesario de todas formas, a la filosofía.

Al escribir esta última frase viene a mi memoria la constante insatisfacción que yo, al menos, percibía y percibo en los textos de un penalista que con profunda preocupación, gran enjundia y sólidos conocimientos filosóficos se ocupara de la cuestión del castigo. A don Manuel de Rivacoba y Rivacoba se le escapaban pocos libros que analizaran o describieran el castigo, y solía divulgarlos mediante importantes comentarios. No resulta vano, al evocar esos comentarios, recordar aquí la figura de quien los escribiera. No es casual que este recuerdo se realice en esta sección de la revista Nueva Doctrina Penal. Por un lado, antes de morir hace hoy dos años (escribo en diciembre de 2002) él mismo solicitó que no se le realicen homenajes, y por ello se puede suplir aquí esa ausencia de recuerdo en el lugar idóneo. Por otro, el profesor Rivacoba fue el académico que con más voracidad leía libros sobre el castigo y el sistema penal, y que con más generosidad comentaba los mismos en distintos medios, y particularmente en la revista antecesora de la que usted, lector, tiene en sus manos. Con su inmensa colaboración en esta sección permitía a los más curiosos de los lectores de Doctrina Penal conocer las sólidas y fundadas opiniones de Rivacoba junto a aquellas obras que, desde el más amplio espectro de disciplinas, reflejaban aspectos del poder punitivo, sus justificaciones y límites (asimismo permite actualmente, a quien vuelve a visitar aquella revista, recrearse en su magisterio). No ha habido homenaje para Rivacoba en la sección que se ocupa habitualmente de ello. Pero, en fin, “Solo una cosa no hay, y es el olvido”, como creo que escribió o dijo Jorge Luis Borges, y es por ello que vale la presente evocación.

No escatimaba elogios ni ahorraba dureza Rivacoba al comentar otras obras, escribiendo con la honestidad y valentía que caracterizó su actuación política y académica. Como ejemplo de la insatisfacción que he mencionado señala este autor lo inapropiado del análisis formalista para comprender auténticamente el castigo, al comentar el trabajo de Eduardo Rabossi titulado “La justificación moral del castigo”, en las páginas de Doctrina Penal, nº 0 de 1977 (como lo hace con muchas otras obras en ese mismo número y en otros).

Con todo, el trabajo de Rabossi me sigue pareciendo útil a los fines de indagar sobre e introducirnos en, las justificaciones liberales clásicas del castigo. Sin embargo, no puedo sino estar en un todo de acuerdo con lo dicho por Rivacoba, tanto tras la lectura de aquel libro como enfrentándonos también a la gran mayoritaria producción teórica de los círculos académicos filosóficos (y no solo los analíticos), sociológicos, jurídicos o políticos. Estas necesarias aproximaciones “totales” al fenómeno del castigo en pocas ocasiones ofrecen las visiones “parciales” de quienes sufren en carne propia las consecuencias materiales del mismo.

Una de esas ocasiones es la que represente el libro que tengo en mis manos y que pasaré a reseñar. El encarcelamiento de América es una selección de artículos publicados en la revista Prison Legal News. La misma es una publicación escrita, dirigida y editada por personas presas en los Estados Unidos. Tiene una regularidad mensual que, con dificultades, continúa manteniéndose desde su aparición en mayo de 1990. La importancia de la misma en su tarea de censura hacia las violaciones a los derechos humanos y en la de creación de un espacio de expresión para los presos y sus reclamos es inmensa, como lo describe en un oportuno anexo para la edición en castellano Paul Wright (La historia de Prison Legal News). La revista, así como el libro tras ser publicado en 1998, ha sido prohibida en varios de los Estados que integran los Estados Unidos de América.

Como explica Wacquant en el prólogo escrito para esta edición (“Voces desde el vientre de la bestia americana”), los autores del libro no solo reflejan la imagen de los Estados Unidos entre rejas. También reflejan el itinerario cambiante de las políticas penales estadounidenses durante la década del noventa, en la que se sustituyó la regulación de la pobreza a través del bienestar social por su tratamiento con el método represivo y de la eliminación física (con la muerte o el encierro). La población reclusa en los Estados Unidos supera los 2 millones de personas y los que se encuentran bajo alguna medida de custodia ya son más de 6 millones (un 5 por ciento de los adultos estadounidenses, un hombre negro de cada diez y un joven negro de cada tres, según Wacquant). También supera los 2 millones de personas el número de empleados en el sistema penal, por lo que extendiendo esas cifras a sus familiares y amigos es posible decir que analizar el sistema penal no es una tarea marginal para entender a la sociedad estadounidense.

Escuchar las voces de los forzados clientes de este inmenso y costoso aparato represivo resulta fundamental para las demás sociedades del mundo, que imitan la estrategia estadounidense de criminalizar la pobreza (España a triplicado la cifra de reclusos en los últimos años –y la ha multiplicado casi por diez desde los tiempos de la “transición”–).

El tono de los escritos que conforman el libro es justificadamente crítico, pero, como señala en la “Introducción” William Greider (editor de la revista Rolling Stone), el estilo es más bien comedido. La realidad del castigo en los Estados Unidos es lo bastante dura como para agregar comentarios demostrativos del dolor personal sufrido por quienes escriben el libro. Probablemente los autores son conscientes de que, como escribió George Bernard Shaw, “ser maltratado no es un mérito”, ni confiere automáticamente la razón. Por ello razonan en los muchos artículos con una claridad conceptual envidiable.

El libro se divide en ocho partes. La primera, “Las nuevas políticas penales”, ilustra sobre la utilización política de la represión como forma de obtener votos al mismo tiempo que se oculta la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza (entre 1977 y 1992, el 80 por ciento más pobre de la población estadounidense vio descender sus ingresos, mientras otro 19 por ciento los subió en un 30 por ciento y un 1 por ciento en más de un 100 por ciento). En concreto, los distintos artículos van relatando la forma en que, desde 1993 (los artículos son coetáneos a estos procesos), los grupos económicos interesados en el aumento de la industria carcelaria presentan, propagan y logran imponer en varios Estados las leyes conocidas como three strikes and you are out. Un artículo de 1996 demuestra que estas leyes coadyuvan al hacinamiento en prisiones y significan una terrible y onerosa erogación para los más pobres (a los que se priva de ayudas) a la vez que un poderoso acicate a las industrias privadas del miedo y el encierro que comienzan a cotizar en la Bolsa.

La segunda parte, “La lente distorsionada”, da cuenta del papel jugado por los medios de comunicación de masas en propiedad de las pocas manos que continúan enriqueciéndose. Según los diversos autores, los medios estadounidenses actúan orgánicamente con el poder político y económico desinformando sobre la realidad social y construyendo una imagen deshumanizada del preso. No solo denuncian la imposibilidad de acceder a la opinión pública con demandas (toda la información sobre cárceles publicada es redactada por funcionarios o empleados de empresas privadas y los “científicos” a sueldo de estas) sino que también denuncian la forma en que la televisión se utiliza al interior de la cárcel como un medio de control.

La tercera parte, “La espiral descendente”, narra en primera persona y frente a la actualidad de los sucesos, el incremento de la aplicación de las condenas de muerte, la aparición de penas degradantes (el regreso de la “cuerda de presos” y trajes especiales identificatorios) y la desatención sanitaria en las cárceles. Todo ello aparece como un reclamo de ciertos sectores populares que también ven descender sus posibilidades de acceso a una vida digna y que, de acuerdo al principio de “menor elegibilidad”, llevan hasta el paroxismo la inhumanidad de la vida de los presos.

La cuarta parte, “Trabajando para el amo”, recoge artículos que denuncian el tipo de trabajo que se impone en estas cárceles que ya no pretenden resocializar. El negocio es redondo para los intereses privados que no solo reciben dinero del Estado para hacinar presos en depósitos inhumanos, sino que explotan a los mismos para realizar las propias tareas de vigilancia y las funciones de mantenimiento de la prisión (y hasta de construir barrotes). También los presos son obligados a realizar el trabajo mal o no pagado que se traslada de las manos de la clase obrera yanqui –en extinción– hacia afuera, tanto da que ese afuera esté constituido por los países del tercer mundo en los que la pobreza extrema y la rapiña de sus gobernantes permiten la explotación infantil, o por quienes se encuentran en situaciones que imposibilitan cualquier tipo de demanda laboral, como los presos. En sendos artículos se denuncia a empresas tan importantes como Microsoft, que se aprovechan de esta mano de obra “esclava”.

En conjunción con ese tipo de explotación económica, los artículos de la quinta parte –“Dinero y cuerpos calientes”– describen al complejo industrial penitenciario de los Estados Unidos. Los intereses económicos que mercadean con la muerte (las fábricas de material bélico: Lockheed Martin, Wackenhut, entre otras) centraron su atención en los noventa sobre la construcción de cárceles y la obtención de rápidos beneficios con el tratamiento industrial del encierro y la inseguridad. La industria de las cárceles privadas fue durante esos años la que mayores dividendos reportaba en la poderosa Bolsa de Nueva York. La mayor parte del dinero que iba a los bolsillos de esta industria provenía del impuesto de los ciudadanos (unos 250 dólares al año de parte de cada uno de los 350 millones de estadounidenses), aunque también de parte de los presos, a quienes no solo se explota en el trabajo sino también de quienes se les obliga a pagar cuotas o alquileres por su estancia y precios desmedidos por los “servicios” que se les prestan. El papel de los empleados y funcionarios de prisiones no es menos vergonzoso que el de las empresas que los contratan. En estos artículos da la impresión que esta industria continuará en aumento constante. Sin embargo, tanto en el “Epílogo a la primera edición en castellano” de Paul Wrigth, cuanto en el Postfacio “Cuatro estrategias para limitar los gastos penitenciarios en la gestión del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos” de Loïc Wacquant, se señala que la industria penitenciaria está ahora al borde de la bancarrota. Ambos artículos están escritos muy recientemente y a cuatro años de la edición original del libro. Los costes financieros de la industria penal ya no pueden sostenerse, y la caída de la Bolsa arrastró en forma severa la cotización de la misma (la acción de la CCA, principal compañía de prisiones privadas, cayó de 45 dólares a 19 centavos). Parece ser que “la industria del control del delito” (como la llamara Christie en su impresionante ensayo) ya no resulta rentable. Entre otras cosas, porque ya no puede continuar engañando a los ciudadanos que soportaban sus déficits. Aunque no lo mencionen ni Wacquant ni Wright, no deja de perturbarme el hecho de que aquellos intereses que se enriquecieron en la II Guerra Mundial (y posteriormente con guerras frías, tibias o calientes) y apuntaron hacia el “enemigo” drogas o delincuencia tras la caída del “socialismo real”, abandonen este próspero negocio basado en el miedo de amplios sectores de la población. En efecto, si aquellos intereses abandonan esta industria es porque ya saben con que continuarán llenándose los bolsillos, y su historial fabril-delictivo justifica la inquietud. La presentación de nuevos “enemigos”, internos y externos, parece justificar para amplios sectores de la población que se les prive de dignidad, garantías, riqueza (que irá otra vez a los constructores de medios de aniquilación) y hasta la propia vida. Malos vientos soplan sobre Oriente (y no solo sobre Oriente).

La sexta parte del libro, “Los delitos de los guardianes”, describe los actos de racismo, brutalidad, corrupción y otras conductas delictivas que realiza el sistema que supuestamente se encarga de “combatir” al delito.

Tampoco nos permite alejarnos del pesimismo la séptima parte, “Encierro permanente”, que explica las increíbles condiciones de vida en algunos centros (como “Pelican Bay” o “ADX Florence”) y regímenes de “control” dentro de los demás (estar entre 22 y 24 horas del día en una celda de 6 metros cuadrados) que son denominados “la cárcel dentro de la cárcel”. Bajo la excusa de la “máxima seguridad” se justifican y amparan métodos de tortura que ya eran severamente cuestionados por algunas voces en el siglo XVIII. No he visto mejor descripción de lo que significa la política de inocuización o eliminación física de otros seres humanos, a no ser las meticulosas descripciones de la política criminal nazi, fascista o franquista que actualmente están siendo desveladas.

La octava parte, “Luchas y revueltas de presos”, remite al motín más famoso de la historia penitenciaria estadounidense, el del penal de Attica en 1971. En aquella oportunidad, unas demandas de los presos se saldaron con la muerte de 30 presos y los 10 rehenes, provocadas por las balas de las fuerzas de seguridad (que actuaban bajo las órdenes de políticos tan “hábiles” para manejar estas situaciones como los que sufrimos actualmente a nivel mundial). Se recuerdan esos hechos al cumplirse 25 años y frente a una serie de motines realizados en los noventa en múltiples cárceles en las que se reducía drásticamente el nivel mínimo de vida. Mencionan, de este modo, no solo motines propiamente dichos, sino también huelgas laborales o de hambre y otras formas diferentes de resistencia. Muchos de los autores de artículos son presos políticos que inscriben las prácticas de resistencia dentro de sus particulares puntos de vista, que en muchos casos no excluyen el recurso de la violencia. Nada más lejos de mi intención que suscribir tales afirmaciones. Ello no invalida, no obstante, el reconocimiento del valor de la palabra y la práctica “resistente”, que es la que ha permitido históricamente imponerle algunos límites al poder político y económico a la vez que conseguir la plasmación en declaraciones (vacías si es que no tienen referencias en la práctica) de las condiciones de vida digna para todos los seres humanos.

La resistencia en cuanto grito que permite asombrarse frente a la violencia y a la injusticia, está en la base de tales declaraciones universales. Se me escapa en este momento la sutil diferencia entre las voces latinas declarare y declamare. En ambas hace falta la expresión en público y en ambas, también, se requiere la existencia de una voz o varias voces dispuestas a hacerse oír. Ese es también el valor de estas voces que “desde dentro” del sistema penitenciario nos hablan de la realidad del castigo. Y “desde fuera” de la sociedad, nos ilustran el tipo de la misma que no deberíamos querer construir, ni permitir que otros construyan con nuestra tácita aquiescencia.

12- El encarcelamiento de América. Una visión desde el interior de la industria penitenciaria de EE.UU., Daniel Burton-Rose (ed.), Dan Pens y Paul Wright. Prólogo y postfacio de Loïc Wacquant Barcelona, Virus, 2002, traducción del original de 1998, Marc Barrobés. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2002/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 795 a 799.

VIOLENCIA, SOCIEDAD Y JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA (13)

Los trabajos publicados en este libro son el producto de la primera reunión del grupo de trabajo sobre “Violencia y sociedad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Caracas. Así como sus autores, los mismos provienen de realidades diferentes de nuestra compleja América latina, parten de perspectivas distintas, y reflejan diversos aspectos de la vida social en los cuales la violencia se muestra como el eje unificador. La lacerante actualidad del fenómeno de la violencia (sin reducir su conceptualización de ninguna forma) en nuestros países, requiere de esfuerzos teóricos como estos trabajos, que según expresa su compilador son solo el comienzo de una mayor investigación sobre el tema.

En la introducción, “La nueva violencia urbana en América Latina”, el venezolano Roberto Briceño realiza un bosquejo de aquellas dimensiones que él considera fundamentales del fenómeno violento en América Latina. la pobreza, la exclusión (social y laboral), el quiebre de expectativas de una segunda generación de habitantes de la ciudad (y el delito y las drogas como forma de alcanzar metas, en su caso), la mayor disponibilidad de armas de fuego y una deficiente construcción de lo masculino, y la misma respuesta que genera el temor y la inseguridad en el marco de un sistema policial y judicial incapaz y asimismo violento, son algunas de las áreas señaladas como “causas múltiples” por este autor que solicita una mayor interdisciplinaridad para comprender el fenómeno.

Juan Pegoraro, al partir de otros presupuestos epistemológicos, describe en “Las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el marco de la violencia social” los numerosos cambios ocurridos en materia de prevención y represión del delito en la ciudad de Buenos Aires y durante los años noventa. Los datos aportados demuestran los límites de las respuestas “tradicionales” (reformas policiales, judiciales y penitenciarias) y es por ello que resulta más trascendente su análisis de la novedosa convocatoria estatal hacia la “comunidad”. Con detalle hace referencia a determinadas y marginales experiencias de participación de vecinos en Consejos Barriales de Prevención del Delito. Especialmente señala Pegoraro las contradicciones entre unas políticas de seguridad “comunitarias” y otras económicas excluyentes.

Tosca Hernández realiza unas importantes reconceptualizaciones sobre lo que se entiende por violencia, para terminar sugiriendo posibles vías para “desactivar” el terrible círculo vicioso de las violencias (basadas en las señeras investigaciones sobre los conflictos y la forma de solucionarlo de Johan Galtung), en “Des-cubriendo la violencia”. La referencia siempre es Venezuela, pero su aporte es igualmente interesante para otras realidades diferentes.

Juan Félix Marteau, en “Azul casi negro: La gestión policial en Buenos Aires”, realiza algo más que una primera aproximación a la dificultosa gestión de la Policía Federal argentina que actúa en la ciudad de Buenos Aires. Desde un consciente llamado a la política en serio como herramienta transformadora de la realidad, Marteau desgrana diversos y didácticos apartados en los que se ocupa del concepto policía, de los rasgos históricos, institucionales, organizacionales, funcionales y profesionales de la PFA de la ciudad, de sus actividades, de sus vínculos con la sociedad y cómo esta la percibe, de su actividad en pro y sobre los derechos humanos, y de la próxima policía tras la autonomía política de la ciudad. Su apuesta por una política policial democrática se inscribe dentro de aquellos presupuestos teóricos que se mencionaban más arriba. Evidentemente, las relaciones estrechas entre la policía y la sociedad provocan que cuando se analiza en profundidad el diseño organizacional de la seguridad pública en el ámbito de una ciudad, se hurgue, asimismo, en las cuestiones más trascendentes de la actual y futura convivencia social. También resulta, entonces, de lo más importante del volumen el trabajo de Emilio Dellasoppa, “Estratégias na Policía Civil do Estado do Río de Janeiro”. Este trabajo aparece varias páginas más adelante y, desde aproximaciones tan diversas cuan clásicas en la teoría política demuestra la forma en que los cambios en la policía y en la sociedad democrática se influyen recíprocamente.

Aspectos diferentes de la violencia social son abordados por otros autores. Por ejemplo, el brasileño José Vicente Tavares dos Santos se ocupa de la violencia en las escuelas (el trabajo de campo se ciñe al caso de Porto Alegre, aunque las referencias son más amplias) en “A violência na escola, una questao social global”. La sensación de inseguridad del grupo de los estudiantes universitarios de Caracas es confirmada mediante un trabajo de encuesta que es comentado por Cristina Mateo en “La inseguridad personal vista por los estudiantes universitarios”. Y la violencia en el ámbito del transporte urbano de personas de Salvador de Bahia es descripta y analizada, en sus causas y efectos por Eduardo Paes Machado y Charles Levenstein en “A féria ou a vida: violência e insegurança no transporte colectivo de Salvador, Brasil”.

El aspecto específico de la ausencia de justicia y de la violencia estatal es abordado por Inés Castro Apreza en “Violencia y justicia en Chiapas. Los operativos policíaco-militares de 1998”, donde describe cinco procedimientos violentos –que no son aislados– en los que se pone en evidencia la dificultad no solo de erradicar la violencia sino también de construir ciudadanía en países con déficits estructurales de democracia y de justicia social.

También refleja la preocupación en la violencia (legítima o ilegítima) que utiliza la policía, el trabajo “La disposición de agentes policiales a usar fuerza contra el ciudadano” realizado por Christopher Birkberck y Luis Gerardo Gabaldón. Se describen investigaciones que ponen hincapié en el enfoque situacional para advertir cuales son las “reglas tácitas” de dicho tipo de violencia y como la perciben distintos actores sociales.

El mismo Gabaldón es autor de “Tendencias y respuestas hacia la violencia delictiva en Latinoamérica”. La violencia analizada aquí es aquella constatable, entre otras fuentes, a través de las tasas de homicidio en toda América Latina; las tasas de victimización por delitos violentos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay; en los indicadores de pobreza (que el autor correlaciona con los otros); en la percepción ciudadana sobre los delitos; en las actitudes frente a la violencia institucional (que también se pone en correlación con el número de homicidios).

Desde distintos ángulos es analizada una particular política de las fuerzas de seguridad en “Política anti-sequestros no Rio de Janeiro”, de César Caldeira. Es importante el análisis sobre la desorganización y reorganización de la policía, el crimen organizado y los medios de comunicación dentro de una sociedad en la que el dinero se consolida como única herramienta válida. Otra vez, la corrupción policial y las dificultades de abordar políticas puntuales que no salen de aquella lógica son puestas en evidencia.

La venezolana Elsie Rosales, en “Sistema penal y relegitimación procesal”, analiza las funciones instrumentales de la reforma procesal de su país, instruida en el marco de los más grandes cambios ocurridos con la Constitución de 1999. Es destacable el análisis de los datos desde una perspectiva garantista, aunque poco nos aporte a quienes, guiados por la información de la prensa, pretendemos entender las directivas políticas y político-criminales de la llamada revolución bolivariana.

El artículo “Democracia y seguridad ciudadana en Chile”, de Enrique Oviedo, analiza los problemas de la llamada seguridad ciudadana y describe con algunos datos las políticas, programas y medidas implementadas por el gobierno de Chile y de algunos de sus municipios. En realidad, se hace una apretada síntesis de esas políticas en los noventa, las cuales, pese a sus diferencias, son apoyadas en lo que signifiquen de participación ciudadana y de reemplazo de la privatización de la seguridad por una gestión pública.

El más difícil y sangrante caso de Colombia es analizado por Jaime Zuloaga Nieto, en “Guerra prolongada, negociación incierta: Colombia”. La gravedad de la situación, de verdadera guerra o guerras, es, no obstante, obliga a pensar en vías para construir una paz basada en una negociación con gran participación de los ciudadanos.

Finalmente, especial atención debemos dedicar al artículo de la gran socióloga venezolana recientemente fallecida (y a cuya memoria se dedica el libro), Rosa del Olmo. Ciertamente la cuestión penitenciaria fue objeto del mayor interés de la llamada criminología latinoamericana más crítica, pero, en los últimos años, ese interés fue desplazado por otras cuestiones. Esta es la constatación de la que parte la autora en “¿Por qué el actual silencio carcelario?”. Como el ámbito de la cárcel continúa siendo aquel en el cual se manifiestan las más graves violencias, no podía faltar su análisis en este tipo de proyecto. Es por ello que la investigación que aquí se presenta constituye una denuncia tanto de los problemas internos y externos de los sistemas penitenciarios, cuanto de la perpetuación de los mismos al no ser tenidos en cuenta en las investigaciones sobre la violencia y en los proyectos de reforma de la justicia latinoamericana.

Cierra el volumen el trabajo “El derecho a matar en América Latina” de Roberto Briceño León, Alberto Camardiel y Olga Avila. La percepción hacia la respuesta violenta a la violencia, sobremanera cuando conduce al homicidio (ya sea a través de la pena de muerte, o la autodefensa, hasta llegar a la actuación ilegítima de la policía o al producto de otras medidas intolerantes), es medida en siete ciudades latinoamericanas y en Madrid. Lamentablemente, el apoyo a la idea de matar como defensa o como venganza en poco puede dejarnos una perspectiva de mejora en el tema de la violencia. Quizá más que ello, el resultado de esta investigación nos muestra hasta que grado se ha insertado en el cuerpo social la idea de que la violencia no es solo un mal, sino que también puede ser un bien, dependiendo de quien la aplique y contra quien. Mal vamos, y el que mal anda…

13- Violencia, sociedad y justicia en América Latina, Roberto Briceño León (comp.), Buenos Aires, Clacso, 2002. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2002/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 799 a 802.

SISTEMA PENAL Y PROBLEMAS SOCIALES (14)

Una de las diferencias señaladas por Alessandro Baratta entre la criminología tradicional y la criminología crítica era la siguiente: “Para la criminología tradicional el sistema penal existente y la práctica oficial son los destinatarios y beneficiarios de su saber, en otras palabras, el príncipe para el cual es llamada a ser consejera. Para la criminología crítica el sistema positivo y la práctica oficial son ante todo el objeto de su saber”. En efecto, al recuperar ese adjetivo de la tradición frankfurteana, los nuevos criminólogos saben que sus investigaciones (o, también, “críticas” en sentido kantiano) no tienen como objetivo brindar fáciles recetas a los poderosos, sino por el contrario proporcionar herramientas conceptuales para que los desapoderados planteen una alternativa al sistema social existente.

Este es el objetivo de la producción trans-disciplinaria, y con un especial enfoque sobre las instancias de aplicación del sistema penal, que se expone en el libro que pasaré a comentar y que, como expone Roberto Bergalli en la “Presentación”, sigue siendo original para la tradición española y latinoamericana del pensamiento criminológico. Esta tradición es más bien escasa en lo que hace a investigaciones, y en todo caso ha impedido intencionadamente el cruce de saberes y la fijación de objetos de estudio interesantes para otro, o para ningún, príncipe. Los investigadores comprometidos con el cambio social se encuentran con que en la Universidad se les brindan, en el mejor de los casos, herramientas solo útiles para mantener y reproducir el sistema.

El Master “Sistema penal y problemas sociales” de la Universidad de Barcelona (en el que también tuvo participación decisiva Baratta a través de las sesiones comunes que realizaba este curso con otros similares del ámbito europeo) ha intentado suplir estas carencias en la formación de los investigadores sobre el sistema penal, y en el presente libro se exponen trabajos de investigación relacionados con las asignaturas que en él se imparten. De acuerdo a las distintas dimensiones de la sociología jurídico penal abogada por el homenajeado en este número de Anthropos, el libro pretende ser de ayuda para los estudiantes que buscan dotarse de las herramientas transdisciplinarias necesarias en el estudio riguroso del sistema penal, y adoptar una visión crítica ligada al compromiso político en contra de la cultura punitiva y excluyente.

No obstante, el valor del libro se extiende a más lectores que los estudiantes del Master. Cualquier investigación que, desde las disciplinas sociológicas, antropológicas, filosóficas, psicológicas, jurídicas, etc., aborde algún aspecto de la interacción entre el aparato jurídico penal y la realidad social (como un todo indisociable) sacará provecho de su lectura. Lo propio debe decirse de todo aquel lector interesado, aunque no necesariamente especializado, en los problemas sociales asociados al delito, su definición y represión.

La primera parte del libro está integrada por un artículo de Roberto Bergalli, “Las funciones del sistema penal en el estado constitucional de derecho, social y democrático: perspectivas socio-jurídicas”, que es una introducción general a la obra (aclara la estructura y metodología de la misma) pero a la vez es un artículo polifacético que aborda desde las cuestiones teóricas más profundas (el control social, el Estado, las teorías clásicas sobre esos conceptos y sobre la sociología jurídico-penal) hasta los temas de más urgente actualidad de la comunidad, el Estado y el mundo en que el autor vive. Las reflexiones finales sobre la crisis actual de representación y las exigencias y posibilidades del sistema penal son quizás la mejor invitación para leer este libro y continuar investigando desde esta perspectiva. También integra esta parte la colaboración de Iñaki Rivera Beiras “Historia y legitimación del castigo ¿Hacia dónde vamos?”, que hace un repaso de las distintas tradiciones teóricas sobre el castigo para plantear serios interrogantes desde el presente de aquellos discursos. Y se cierra esa parte con Joan Antón Mellón, quien en “Teoría política y sociedad: la beneficencia como espejo social” realiza un estudio político e histórico sobre el “tratamiento” de la pobreza en las distintas fases del capitalismo.

La segunda parte del libro es la más extensa y la que tiene un mayor contenido sociológico-jurídico, pues atiende a las instancias de aplicación del sistema penal, su funcionamiento y su selectividad. Pedro Fraile, en “La organización del espacio y el control de los individuos”, parte del estudio de las instituciones de secuestro de la pobreza (hospitales-cárceles) para hacer un estudio de geografía crítica sobre la construcción de la ciudad como lugar de exclusión. Julio Zino realiza unas sugerencias para la investigación de las instancias del sistema penal en “El análisis de las instituciones y organizaciones del sistema penal: una propuesta metodológica” (el análisis de las organizaciones y sus acciones no debe descuidar la dinámica articulada entre estructura social, instituciones y cultura, según este autor). José Luis Domínguez resalta la importancia de la sociología jurídica para comprender el funcionamiento real (el ligado a los intereses concretos) de la actividad legislativa sobre el sistema penal, en “Sociología jurídico-penal y actividad legislativa”. Amadeu Recasens, en “La seguridad, el sistema de justicia criminal y la policía”, complejiza el análisis de la policía (en tanto aparato de estado y sistema polivalente) para enmarcarlo en la estructura social y analizar así algunos problemas “penales” como el de la seguridad. Roberto Bergalli escribe otra contribución, “Jurisdicción y administración de justicia. Jueces y fiscales en la sociedad compleja”, esta vez sobre la instancia judicial y en la que se destaca el estudio comparativo y la relevancia de algunas cuestiones de sociología judicial. Iñaki Rivera Beiras en “La cárcel y el sistema penal (en España y en Europa)” hace un análisis más jurídico sobre las reformas penitenciarias de los últimos veinte años y luego otro más sociológico sobre el estado actual de la cárcel en los ámbitos señalados en el título. Josep García-Bores completa y amplía este último análisis, desde una perspectiva psico-sociológica igualmente crítica con los efectos deshumanizadores de la prisonización en “El impacto carcelario”.

La tercera parte plantea concretos problemas sociales, provocados en algunos casos por la propia intervención jurídico-represiva del Estado. Así, Oriol Romaní plantea el actual abandono de la pretensión moderna de practicar el control con la intervención directa de las instituciones estatales en “Prohibicionismo y drogas: ¿un modelo de gestión social agotado?”. En realidad, esa intervención no se elimina, sino que ya no pretende solucionar sino solo gestionar los riesgos, lo que puede derivar finalmente en una mera contención reproductora del actual sistema social o en una alternativa transformadora como por la que apuesta el autor. Encarna Bodelón también ofrece alternativas a un sistema punitivo injusto especialmente con las mujeres en “Género y sistema penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal”: las mismas, en todo caso, nunca pueden pasar por utilizar el derecho penal. Francesc Barata, en “Los mass media y el pensamiento criminológico”, analiza el impacto de los medios masivos de comunicación en la construcción del delito y las reflexiones hechas sobre ellos por las distintas teorías criminológicas. Cierran el volumen Miquel Izard –“Éxodos, destierros y migraciones”– y Héctor Silveira –“Inmigración y derecho: la institucionalización de un sistema dual de ciudadanía”–. Ambos abordan otro tema de ineludible actualidad, la inmigración. El primero buscando las causas disecciona los métodos del capitalismo globalizante y productor de desigualdades desde la aparición del mismo y las gestas genocidas que lo jalonaron (conquista de América, revolución industrial, totalitarismos fascistas y actual sociedad global) y encuentra, con el recurso de la memoria, importantes reflexiones sobre la actual exclusión punitiva sufrida por los inmigrantes. Esto también es denunciado por Silveira al analizar el actual marco jurídico de la ley de extranjería y al proponer un modelo diferente de ciudadanía.

14- Sistema penal y problemas sociales, Roberto Bergalli (coord.),Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2003. Comentario publicado en Revista Panóptico, Barcelona, editorial Virus, nº 5, 2003, pp. 193 a 195.

CRIMINAL JUSTICE. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND PRACTICE (15)

El comentario del presente número de la revista Criminal Justice puede servir para dar a conocer esta publicación a los lectores argentinos.

Criminal Justice comenzó a salir hace dos años, tras un proceso de consolidación de su grupo editorial y gestación de la idea que se origina, según sus editores, en 1994. Los editores de la revista son los profesores de la John Moore University, George Mair y del Goldsmiths College, Tim Newburn, de Liverpool y Londres respectivamente. Pero como coeditores y en el consejo editorial aparecen otras prestigiosas figuras de distintas partes del mundo. En efecto, Criminal Justice pretende ser una revista internacional, y reflejar el reconocido incremento del estudio del sistema penal, la justicia, la criminología y los estudios policiales alrededor de un mundo en el que los problemas de este tipo se interconectan necesariamente. No obstante, esa pretensión mundial, la revista se edita en inglés y de la misma participan especialmente obras de estudiosos del área de influencia cultural anglosajona (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, India, Sudáfrica, norte de Europa, etc.).

Asimismo, se proponen sus editores que la revista sea un foro de encuentro entre la criminología académica (y en particular aquella que se define como “radical” o “crítica” y que suele implicarse poco en políticas públicas) y las políticas criminales prácticas. Así lo manifiestan expresamente en la Editorial de presentación que consta en el nº 1 del volumen 1 (febrero de 2001). De esta forma se inserta a la revista dentro de unos nuevos reclamos para la eliminación de límites entre distintas disciplinas que se ocupan de investigaciones criminológicas, y también de aquellas existentes entre investigadores y políticos o prácticos.

La revista presenta cuatro números anuales, que aparecen en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. La estructura de cada número suele ser parecida, pues consta de cuatro o cinco artículos realizados por investigadores de las distintas áreas geográficas mencionadas y, luego, una extensa sección de comentarios a libros (unos diez libros de actualidad son comentados en cada número) que resulta de inmensa utilidad para estar al tanto de la temática investigada sobre la cuestión criminal en, sobre todo, el área de influencia cultural y política anglosajona.

El único número que escapa a ese diseño, hasta ahora, es el número 2 del volumen 2 (aparecido en mayo del 2002). Ese número monográfico, editado por Richard Sparks y Tim Newburn, está dedicado a un tema especial que reviste gran importancia y que también ha sido objeto de atención recientemente en nuestro medio: “How Does Crime Policy Travel?”. Los artículos de ese número fueron presentados en un simposio organizado en la Universidad de Keele en noviembre del año 2000 (en el que también participaron otros papers, como los presentados por Dario Melossi y Máximo Sozzo). Los trabajos que aquí se editan son los de Richard Sparks y Tim Newburn, el de Susanne Kartedt (“Durkheim, Tarde y beyond: The global travel of crime policies”), Ian Loader (“Policing, securitization and democratization in Europe”), Pat Carlen (“Controlling measures: The repackaging of common sense opposition to women’s imprisonment in England and Canada”), Trevor Jones y Tim Newburn (“Policy convergence and crime control in the USA and the UK”), y de Pat O’Malley (“Golbalizing risk? Distinguishing styles of neo-liberal criminal justice in Australia and the USA”), así como se revisan y comentan importantes textos que se relacionan con el tema.

La posibilidad de “transportar” ideas penales o criminológicas y de comparar unas políticas estatales con otras, no es un tema nuevo (como lo revelan muchos de estos estudios) pero sí que aparece como un nuevo momento para replantearlo. Es un nuevo momento en atención a los efectos que tuvieron esas comparaciones y “transplantes” en el pasado, así como por la asunción de un nuevo mundo “globalizado”.

En los presentes trabajos, la confirmación de que existen ciertas formas de convergencia en los lenguajes y en las prácticas del control del crimen en distintos contextos, también va acompañada de la verficación de la complejidad de los mecanismos, direcciones y resultados de esas transferencias internacionales de políticas criminales. La actual globalización del miedo, llevada adelante en las prácticas penales a través de la legislación de emergencia y la llamada “tolerancia cero”, nos obliga a estar atentos a este trabajo de comparación entre distintas áreas y períodos históricos que, en sus similitudes, permite ver las importantes diferencias existentes, como creo que señaló en algún momento el discípulo de Hegel que comenzó a explicar los efectos de la globalización del capital hace ya más de 150 años.

Esas reflexiones tienen que ver con el mismo sentido de la revista como espacio de discusión, comparación y estudio de la justicia criminal sin respeto reverencial por límites disciplinarios ni espacios geográficos.

Paso ya a comentar el último número de esta importante revista. El número 1 del volumen 3 se inicia con el artículo de Walter Dekeseredy, Martin Schwartz, Shahid Alvi y Andreas Tomaszewsky, “Perceived collective efficacy and women’s victimization in public housing”. Estos estudiosos de las universidades estadounidenses de Ohio y Michigan evalúan, en base a datos de la encuesta canadiense Quality of Neighborhood Life Survey, posibles modelos explicativos (el modelo de la “eficacia colectiva” o de la desorganización social) del mayor índice de violencia doméstica existente en los hogares ubicados en áreas de pobreza y desempleo. También aseguran que las políticas destinadas a prevenir el crimen callejero no son efectivas para aliviar el maltrato que sufren las mujeres dentro del hogar.

Luego, Alina Korn, de la universidad Bar-Ilan israelí, publica su artículo “Rates of incarceration and main trends in Israeli prisons”. Este artículo examina la política penal israelí en la teoría y en la práctica. Al basarse en las estadísticas de población penitenciaria de los últimos veinte años, estudia concretamente distintas variables de los incrementos de detenciones. Hace así mención tanto a la cuestión de los palestinos detenidos en los territorios ocupados, al asimismo ascenso del número de ciudadanos israelíes detenidos, para mostrar en este punto la sobre-representación de la minoría de ciudadanos israelíes de religión u origen árabe que se encuentran encarcelados.

El profesor Ralph Henham, de la Universidad británica de Nottingham Trent escribe sobre “The policy and practice of protective sentencing”. Se analizan aquí algunas investigaciones empíricas sobre el modo de actuar de las “protective sentences” en Inglaterra y Gales. Estas son formas de tratar a los delitos considerados más graves (prolongando la sentencia normal cuando se trata de individuos “peligrosos” autores de hechos delictivos violentos o sexuales –de acuerdo a una ley del año 2000–) y dentro de las que existe aún un margen de discreción judicial, que es aquí objeto de atención, como en otros estudios sobre políticas de “sentencing”. En estas decisiones de encierro, basadas en la peligrosidad, juega un mayor papel la protección de la sociedad, que criterios morales o estrictamente legales.

La estudiante de la Universidad Simon Frazer de Canadá, Gracie Ming Zhao, es autora de “Trafficking of women for marriage in China: Policy and practice”. Este es un estudio que analiza histórica, cultural, económica, y sociológicamente la figura del rapto y trafico de mujeres con finalidad de casamiento en China. A pesar de considerarse ello una forma de esclavitud y un delito en la China actual, la autora cree que las políticas públicas implementadas para erradicarlo no son efectivas, y que su incremento en los últimos años debe llevar a reformar otros importantes aspectos de las sociedades machistas, además de introducir modificaciones legales.

Andrew Goldsmith, de la Universidad Flinders de Australia, refleja su experiencia de los últimos cinco años estudiando las políticas de seguridad en Colombia en “Fear, fumbling and frustration: Reflections on doing criminological fieldwork in Colombia”. Quedan allí evidenciadas las dificultades para realizar trabajos de investigación criminológica sobre el terreno en áreas tan complejas, lo que justifica la utilización de métodos de otras disciplinas, principalmente de la antropología. De esta forma se muestran distintos trabajos que demuestran el interés de los editores de la revista por dar cuenta del resultado de investigaciones y políticas criminológicas y penales de distintos puntos del mundo.

Se cierra el número con diversos comentarios a libros recientemente publicados, como Knowledge of Evil: Child Prostitution and Child Sexual Abuse in Twentieth-Century England, de Alyson Brown y David Barrett; Acting Out: Maladaptive Behaviour in Confinement de Hans Toch y Kenneth Adams; Women and Punishment: The Struggle for Justice editado por Pat Carlen; y Understanding Community Penalties: Probation, Policy and Social Change de Peter Raynor y Maurice Vanstone.

15- Criminal Justice. The International Journal of Policy and Practice, volume 3, nº 1, February, 2003, SAGE Publications, London/ Thousand Oak/ New Delhi. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal,2003/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 383 a 386.

ETHNOGRAPHY (16)

La revista que se reseña, Ethnography, da la impresión de no tener como objeto de atención aquellas materias de las que se ocupan los penalistas. Sin embargo, todo lo contrario se desprende del presente número especial, y ello da cuenta de la necesaria interdisciplinaridad de los problemas que enfrenta el derecho penal –y de la imposibilidad de abarcarlos realmente sin atender que pasa en “los jardines de al lado”-. También los números anteriores (dos en el año 2000 y cuatro en 2001 y 2002) se ocuparon de temas relevantes acerca de la policía, el crimen, la ley y la violencia en general. Los editores originarios de la revista fueron los profesores Mats Trondman y Paul Willis, de Suecia e Inglaterra respectivamente. Pero actualmente el último de los nombrados comparte la dirección con un conocido de todos nosotros: el profesor de la Universidad de California (Berkeley) y del Colegio de Francia, Loic Wacquant. Quizás esta designación explique la importancia que ocupan las políticas penales dentro del objeto de estudio de la revista, que está dado por la vida social y los cambios culturales. Como miembros del consejo editorial aparecen otras prestigiosas figuras del ámbito antropológico de distintas partes del mundo (Clifford Geertz entre otros), pero la mayoría de los que han escrito en ella son sociólogos (algunos de la talla de Zygmunt Bauman). La adopción del método etnográfico explica el deseo de abolir la falsa separación entre teoría y práctica, llevando la reflexión teórica al –y también extrayéndola del– campo de investigación.

El número 4 del volumen 3 de esta importante revista tiene como tema central la inspección etnográfica de las prisiones actuales. El curioso título del número especial es explicado por Wacquant como una referencia a un libro de Abbot basado en cartas enviadas por presidiarios. Lo hace en el artículo con el que el propio Loic Wacquant presenta el volumen, cuyo título es “The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration”. Comienza introduciendo el número especial de la revista con una descripción, desde el punto de vista del método etnográfico, de la prisión de la ciudad de Los Ángeles (que los lectores en lengua castellana conocemos parcialmente por otras obras del mismo autor, como Las cárceles de la miseria o artículos como “California, primera colonia penitenciaria del nuevo milenio” publicado en la revista Panóptico de Barcelona). Tras ello señala que el repaso de los trabajos sobre instituciones carcelarias en Estados Unidos demuestra un curioso olvido del análisis de la vida diaria en las cárceles, de las condiciones de esa vida (a lo que denomina enfoque etnográfico), justo cuando ello sería más necesario de acuerdo al aumento del número de detenidos, así como por el empeoramiento de la situación carcelaria. Indica como obstáculos para ese tipo de investigaciones tanto a dificultades propias impuestas por la administración cuanto otras de los propios investigadores universitarias. Señala el autor investigaciones de este tipo en otros países (como las que se presentan en la revista) y por ello propone “internacionalizar” los estudios sobre la cárcel, sobre todo en un mundo actualmente sufriendo en su totalidad las consecuencias del neoliberalismo económico. Asimismo, insiste en investigar la relación entre la cárcel y las instituciones circundantes que sí han sido objeto de estos estudios etnográficos.

Luego, Michael Jacobson-Hardy expone un gran trabajo de fotografías tomadas desde 1991 en cárceles estadounidenses: “Behind the razor wire. A photographic essay”. Si una imagen vale más que cien palabras, las 12 fotos seleccionadas ejemplifican con contundencia los datos que las acompañan sobre una industria carcelaria en la que las mayores pérdidas las tiene el género humano.

La profesora de sociología de la Universidad de Picardía en Amiens Anne-Marie Marchetti describe, en “Carceral impoverishment. Class inequality in the French penitentiary”, la forma en que la cárcel reproduce y amplifica la situación socio-económica de privación absoluta y relativa que padecen los sujetos que son allí internados. Realiza este estudio a partir del análisis de entrevistas realizadas a internos de siete prisiones francesas y a través de sus historias previas y durante el internamiento. Si bien señala que no solo los pobres van a la cárcel, parece que el hincapié puesto en cuestiones securitarias antes que en el tratamiento profundiza la desigualdad inicial de unos y la provoca en aquellos otros casos en que no existía. En todo caso, el que sale de la prisión, lo hace en clara situación de inferioridad económica, cultural y social.

El antropólogo Kiko Goifman, de Sao Paulo, utiliza datos de un estudio etnográfico realizado en video para señalar, en “Killing time in the Brazilian slammer”, la experiencia subjetiva de la utilización del tiempo, en especial el llamado “libre”, en tres prisiones brasileras.

La contribución “Psychopathy and the face of control in supermax”, de Lorna Rhodes, muestra como actúa sobre los presos el control de máxima seguridad basado en el aislamiento. Y además disecciona el uso lingüístico y psicológico de categorías como “psicópata” que contribuyen a profundizar esos efectos, a la vez que dota de legitimidad moral y científica a ese tipo de práctica penal.

Megan L. Comfort de la London School of Economics and Political Science, es autora de “Papa’s house. The prison as domestic and social satellite”. El trabajo forma parte de su más amplia investigación de tesis doctoral sobre el impacto del encierro en la persona de los familiares del encarcelado. En este caso, se basa en 50 entrevistas realizadas a esposas o novias de presos en la cárcel de San Quintín, de California. Las relacionen entre la lógica institucional y los procesos culturales y emocionales dentro de la familia son muy complejas y el análisis de las salas de visita permite a la autora verificar transformaciones de una sobre los otros y viceversa.

El trabajo comparativo (entre San Francisco y St. Louis) de Teresa Gowan, “The nexus. Homelessness and incarceration in two American cities”, sirve para probar la hipótesis defendida por Wacquant sobre la relación entre pobreza y encarcelamiento. En efecto, mediante un estudio en la calle y entrevistas a personas “sin techo” se verifica la mayor debilidad de este grupo de personas para ser criminalizados. Asimismo, mediante conversaciones con presos, se verifica otra vez la dificultad para reiniciar su vida de aquellos que no cuentan con apoyo familiar externo. Ser un “sin techo” pasa a ser un sinónimo de “ex convicto” en las más de las veces. De esta forma, el círculo formado por el encarcelamiento, la vida en la calle y el reencarcelamiento parece no dejar posibilidades a determinados hombres de clases bajas (y ello se amplifica con la cuestión racial). De todas formas, las dos ciudades presentan diferencias culturales y políticas en el proceso de quedarse sin hogar y luego ser derivados fácilmente al control penal: en la próspera ciudad de San Francisco los ex convictos-sin hogar-futuros presos son más ajenos, mientras en la más pobre St. Louis este mismo sector ha nacido y crecido en dicha ciudad, por lo cual el ciclo se presenta en forma más lacerante para los pobladores (aunque la segregación racial es mayor aquí).

El profesor francés Philippe Combessie, en “Making the carceral boundary. Penal stigma in the long shadow of the prison”, analiza el perímetro sensible que rodea y aísla a las prisiones francesas. El proceso de relegación del espacio carcelario (y de sus moradores) es analizado primero desde el punto de vista geográfico y edilicio. Da cuenta aquí también de la progresiva expulsión de las cárceles francesas del centro de las ciudades hacia lugares devaluados económica y simbólicamente. Luego verifica como la prisión exporta sus estereotipos y personajes a las zonas aledañas y en las que interactúan guardas, familiares y los diversos sectores de servicios dependientes de la prisión. Ello dificultará aún más la reinserción de los penados en el ambiente más cercano. La división entre el nosotros y el los otros, es mucho mayor por las marcas dejadas por la prisión (el preso = enemigo) que por otras construcciones sociales.

Finalmente, el profesor de la Keele University Richard Sparks presenta el único artículo de la sección “Ethnography’s Kitchen”. Esta sección se propone fomentar la reflexión sobre los métodos etnográficos. En “Outs of the Digger. The warrior’s honour and the guilty observer” el autor ingles reflexiona sobre las dificultades de los investigadores al interactuar con las autoridades políticas y los representantes de los medios de comunicación. Realiza ello tras contar los casos de revueltas en las prisiones británicas de los años noventa, las dificultades de los políticos para hacerles frente con “soluciones”, la creación de unidades especiales carcelarias, su posterior cierre y, en fin, las erráticas actitudes del gobierno y de la prensa dentro de ese proceso.

16- Ethnography, volume 3, nº 4, December, 2002, Special Issue, “In and Out of the Belly of the Best”, Dissecting the Prison, SAGE Publications, London/ Thousand Oak/ CA/ New Delhi. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2003/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 741 a 743.

CULTURA DO MEDO. REFLEXÔES SOBRE VIOLENCIA CRIMINAL, CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NO BRASIL (17) JUSTIÇA E SEGURANÇA NA PERIFERIA DE SÂO PAULO (18)

Nunca como en la actualidad hemos estado tan cerca de los países que nos rodean. Esto es especialmente cierto con respecto al Brasil, que afortunadamente ha dejado de ser un rival (aunque sea futbolístico) y es ahora un compañero de viaje y también un ejemplo para imitar. Sobremanera lo es para quienes estamos interesados en la construcción de alternativas políticas de izquierda. Y como esas alternativas no pueden dejar de lado las políticas penales es que creo que desde las ciencias que estudian dichas políticas también debemos fijarnos en lo que se hace en la República hermana.

Y es que se hace mucho. De entre la abundante literatura brasileña sobre las disciplinas penales, he puesto la atención en el avanzado estado de la investigación y la bibliografía sobre el tema “seguridad”. Es cierto que, en la actualidad, y no solo en Brasil, el pensamiento crítico sobre la cuestión criminal se dedica a analizar las políticas securitarias (restándole atención a antiguos y más persistentes objetos de estudio como el sistema penitenciario, el judicial, la reforma penal y procesal penal). No es menos cierto que ello se justifica ampliamente puesto que sobre ese sensible punto de discusión pública convergen las más diversas ideologías políticas en amplio sentido –y también penal–. Las ideologías reaccionarias aprovechan la inseguridad real para imponer respuestas represivas, que desde siempre habían utilizado para consolidar la exclusión política y social de los sectores más desfavorecidos. Por el contrario, las ideologías progresistas aún no deciden el tipo de actitud a adoptar frente a una cuestión que preocupa realmente a la mayoría de los individuos.

Precisamente de las respuestas políticas a la cuestión de la seguridad dan cuenta los libros que pasaré a comentar. Tanto en el origen cuanto en la respuesta a tal cuestión se encuentra presente la violencia. Y cómo es asimismo la violencia el elemento fundante y legitimante del Estado, del orden, del derecho, y de todas las instituciones del sistema penal, no es de extrañar que ambos libros culminen por ser inteligentes reflexiones sobre la “ciudadanía”.

El primero de ellos, Cultura do Medo, es el resultado de una investigación que descubre al “miedo” más como consecuencia que como causa de las políticas de dominación política y control social. El “miedo” asociado al delito se ha incorporado al modus vivendi de las grandes ciudades del mundo. Y por lo tanto San Pablo, una de las más grandes, no podía ser una excepción. En este ámbito geográfico limita la autora su investigación. En lo que hace a los límites temporales, los mismos tienen en especial consideración los últimos veinte años de la política brasileña, en los cuales la democracia ha debido soportar la hegemonización de ideas de “sentido común” sobre la inseguridad. Estas ideas, en realidad de un “sentido común policial”, han perpetuado la forma de dominación autoritaria, la degradación de la sociabilidad y el debilitamiento de la noción de ciudadanía.

Es por ello que, a mi entender correctamente, en los dos primeros capítulos se realiza una génesis de la utilización política del miedo asociándolo con el delito. El primero de esos capítulos rastrea el origen de dicha manipulación en lo que la autora denomina “pensamiento”, tanto de la teoría sociológica mundial como la brasileña. El segundo, en cambio, encuentra los primeros síntomas de la utilización práctica del miedo al delito ya en la época de las dictaduras militares, y luego en los primeros años de democracia, aunque siempre asociada dicha utilización a las políticas liberal-conservadoras (que reclaman menos Estado, salvo para combatir al crimen).

Es curioso que en esa primera parte la autora no insista en que también desde el “pensamiento” se ha construido la “cultura del miedo”. En efecto, esto resulta evidente en el pensamiento criminológico –sobre todo el de la “defensa social”– pero también debemos recordar que las primeras teorizaciones sobre el Estado, desde Hobbes, también se amparaban en –y prohijaban, creo yo– el miedo y la desconfianza. No hay más que recordar como se reproduce ese miedo a los otros, en especial si se expresan grupalmente, en pensadores supuestamente liberales de los siglos XIX y XX. De cualquier forma, teniendo en cuenta el grado de irracionalidad al que ha llegado la utilización del miedo en la actualidad, no deja de ser válido eximir de responsabilidad al pensamiento. Muchos autores han hecho esto al plantear el Holocausto como una ruptura general con el pensamiento (recordemos que otros pensadores hacen lo contrario: desde Adorno y Horkheimer, hasta Bauman o Christie –que también, como estoy haciendo yo ahora, comparan las actuales políticas penales con la barbarie totalitaria–). Hannah Arendt así eximía de responsabilidad como antecesores del antipensamiento nazi a todos los pensadores de la filosofía incluso los más sospechosos –desde Aristóteles hasta Niestzche, pasando por Aquino, Lutero o Hegel–. Su tesis es que ninguno de ellos hubiera estado de acuerdo con la barbarie llevada adelante por el totalitarismo nazi. Y en efecto esto es plausible. Hobbes utiliza indudablemente el miedo para justificar al Estado absolutista. El médico inglés, sin embargo, sería todo lo autoritario que quieran mas no era tonto o irracional. Su respuesta al miedo a la guerra de todos contra todos era una paz autoritaria y estable, por lo tanto, evidentemente no hubiera estado de acuerdo con una respuesta al miedo que plantea una guerra permanente: una utilización del miedo que en vez de calmarlo no haga sino acrecentarlo.

Es esto último lo que hacen las políticas represivas con respecto al miedo. Hacen ingresar a la población en una espiral de aumento del miedo de la que siempre sale perdidosa la noción de ciudadanía y la posibilidad de plantear alternativas. En el capítulo 3 del libro que comento se hace un recorte ilustrativo de esa forma de utilizar el miedo en la ciudad de San Pablo. En realidad, no se trata de “una” forma, pues el miedo se usa de muchas maneras. Así, la manipulación de las estadísticas, la ampliación de la prensa de los puntos de vista policiales o la divulgación de hechos extraordinarios, las peleas de los partidos políticos para mostrarse más severos y la facilidad para dictar leyes represoras, las campañas de las empresas de seguridad privada; son expuestos como métodos para proyectar a la “conciencia colectiva” la necesidad de ser más fuerte en la “lucha” contra el crimen.

No es de extrañar que esa descripción de la realidad de San Pablo no nos resulte extraña en Buenos Aires o en otras latitudes (escribo este comentario en Barcelona). Estos métodos son los que amplifican el miedo y justifican el aumento de la violencia hasta llegar a la guerra en el interno de lo que se conoce como “mundo libre” (como sabemos, y desde la época de la guerra fría, recibe este nombre la parte del mundo que está bajo el dominio de los Estados Unidos) y la proponen hacia lo que no se conoce de esa forma con las características bélicas más tradicionales.

En los últimos capítulos se plantea, por tanto, la paradoja existente entre miedo y democracia. Importantes grupos de presión obtienen un elevado apoyo masivo en sus reclamos securitarios. Pero esos reclamos son aprovechados por quienes se benefician con el miedo. El mayor éxito del miedo es imposibilitar el real debate democrático, la búsqueda de alternativas. Las consecuencias del miedo son descriptas al reseñar el aumento represivo de las últimas leyes penales, con lo que aumenta tanto la violencia institucional cuanto la no institucional.

En lo que es realmente valioso del capítulo 4 y del final del 5 es que se fija en ellos la noción de “espacio-tiempo de ciudadanía”, tomada del gran sociólogo del derecho portugués, Boaventura de Sousa Santos (quizás el autor de las reflexiones más interesantes y útiles efectuadas para y desde el campo progresista). La “ciudadanía” puede ser una forma de “resistencia” a la cultura del miedo: asumir la ciudadanía puede servir para que el individuo asuma los problemas reales, se libere del miedo y asuma al otro como un igual.

Es por esta idea que encuentro interesante el análisis sobre el otro libro, Justiça e segurança na periferia de Sâo Paulo. Si el anterior libro nos demuestra la utilización política de la seguridad por la “cultura del miedo”, este otro libro nos describe una alternativa para elaborar respuestas adecuadas, justas y sobre todo democráticas.

Las investigadoras que escriben este libro analizan los Centros de Integraçâo da Cidadania (CIC) para evaluar concretamente lo que han hecho los gobiernos, desde estos centros, en materia de políticas públicas de seguridad y de justicia.

Los CIC de la ciudad de San Pablo fueron creados a principios de la década del noventa como consecuencia de un proyecto ideado por un grupo de intelectuales progresistas (y declaradamente garantistas en lo jurídico) que también tendría como “productos” al Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais (que soportó económicamente esta investigación, y ahora la publica) y a la Asociaçao dos Juízes para a Democracia. El proyecto fue rescatado y asumido por la Secretaría de Justicia del Estado de San Pablo en 1994, aunque conformaron un lugar autónomo que pretendía trabajar para profundizar las nociones de “ciudadanía” tanto en la población de la periferia cuanto en las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias.

Los CIC se constituyeron como espacios mudables, cambiantes, imaginativos, abiertos a la discusión y redefinición de las relaciones dentro de la comunidad local. Por lo tanto son, ante todo, centros de cultura reivindicativa. Y en los cuales los organismos públicos se deben mostrar dispuestos a aprender de la comunidad. Según el decreto de creación deberían servir para prevenir los conflictos interpersonales o de grupos, para implementar alternativas comunitarias de prevención y solución de conflictos, para que participen los movimientos populares en el planeamiento de políticas públicas, para evaluar las acciones desempeñadas, para localizar servicios públicos en lugares carentes de ellos, para coordinar la tarea de las entidades estatales prestadoras de servicios, para estimular la organización popular y, en definitiva, para que el Estado y la comunidad se aproximen.

Las autoras realizan la historia de los cuatro CIC existentes, comenzando por el primero de estos, el CIC Este, creado efectivamente en 1996. Como un modelo a imitar más adelante por los otros CIC, se ubicó materialmente en un edificio construido por la misma constructora de viviendas populares y en medio de ellas. A ese edificio fueron adscriptas diversas dependencias del ministerio público, del judicial, de asistencia social, de la secretaría de trabajo, la policía, etc., con el fin de articularse entre sí y con la comunidad.

El capítulo 4 nos cuenta la difícil implantación de este programa, tanto de parte del gobierno cuanto de su integración en la comunidad. El trabajo que comento pasa luego a analizar como se desenvuelve esta experiencia de acceso popular a una ciudadanía demandante de justicia y seguridad. Para ello es especialmente útil la metodología de las entrevistas a vecinos y operadores, cuanto la observación (que también les sirve para comentar los otros capítulos, en los que se entrevistó a las directoras de los centros, a políticos y propulsores del proyecto).

Se describen entonces tanto la estructura edilicia –de los cuatro centros–, como la forma de interactuar de las distintas reparticiones y los vecinos. También se comentan diversas actividades allí realizadas, cuanto las expectativas puestas en la experiencia por los distintos actores. Señalan las autoras la especial cuestión del tema securitario. En efecto es sobre este tema donde descansan las mayores expectativas de los que propusieron la experiencia, de los políticos, de los vecinos y también de los funcionarios. Si bien se advierte una disminución del recurso y de la retórica violenta, también las autoras advierten del peligro (común a propuestas similares de participación comunitaria en otras ciudades) de convertir a los CIC en la herramienta “social” de una estrategia represiva. En efecto, los CIC no pueden ser un “milagro” ni una “isla” dentro de políticas más amplias, y por lo tanto son ellas las que deben en definitiva ser reformadas sobremanera en lo tocante a combatir la desigualdad social.

Esas políticas, no obstante, no deben abandonar el ideal de construir la “ciudadanía” desde abajo, desde la periferia y desde las necesidades. Ello reflejará el objetivo de universalizar los derechos humanos. Esta difícil tarea de redefinir a la propia comunidad y al Estado debe partir de la idea de “integración”, como señalan las autoras criticando que para los CIC esto es más un objetivo que un punto de partida.

A pesar de señalar otros defectos y problemas de implementación, concluyen este trabajo con tres caminos abiertos por los CIC y que no deben desaprovecharse para construir una nueva ciudadanía. En primer lugar, el acercamiento de recursos públicos a áreas segregadas económicamente que los tornaban inaccesibles. En segundo, la aplicación de soluciones formales –jurídicas– a problemas sociales que antes no las tenías. Y tercero, la búsqueda de soluciones informales a aquellos conflictos que no encuentran expresión en el derecho ni en las instituciones formales.

En definitiva, si con todo ello se contribuye a transformar la realidad y eliminar la exclusión, la violencia y la miseria que la caracteriza, servirá como una práctica más del ideario reformista propio de las estrategias políticas progresistas.

17- Cultura do Medo. Reflexôes sobre violencia criminal, controle social e cidadania no Brasil, Débora Regina Pastana, Sâo Paulo, IBCCRIM, 2003.

18- Justiça e segurança na periferia de Sâo Paulo, Eneida Gonçalvez de Macedo Haddad, Jacqueline Sinhoretto y Luci Gati Pietrocolla, Sâo Paulo, IBCCRIM, 2003. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal ,2004/A, Buenos Aires, Del Puerto (pp. 387 a 391).

UN DERECHO PARA DOS. LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA DE GÉNERO, SEXO Y SEXUALIDAD (19)

La palmera era el árbol (aunque debería decir “la” árbol) de mayor contenido sagrado en toda aquella área de civilizaciones existentes alrededor del Mediterráneo. Al menos hasta que unas tribus provenientes de Asia Central cambiaron radicalmente sus sistemas de creencias. Esas civilizaciones previas a la invasión, como cuenta Robert Graves en su genial obra La Diosa Blanca, tenían un régimen de matriarcado que fue también combatido duramente por los nuevos dominadores. Recordemos que el matriarcado de las sociedades primitivas es asociado con el comunismo por Friedrich Engels en su Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Al menos en el mencionado período antiguo. Pero tanto las instituciones matrilineales como aquellos sistemas de creencias que las amparaban, fueron reemplazados y falsificados para justificar cambios sociales que aún perduran. Finalmente, la filosofía occidental (desde la antigua Grecia) comenzó a brindar el andamiaje “científico” a la práctica imposición de sociedades organizadas en torno al macho y a la violencia.

De cualquier forma, la palmera, siguió estando asociada al acto del nacimiento, tanto en Egipto, como en Babilonia, Asiria, Fenicia (la voz phoenix –sangriento– da lugar a su nombre y también al Fénix, que nace, muere y renace en una palmera) e Israel. El nombre hebreo de la palmera es “Tamar” (que era asimismo una poderosa diosa hebrea, hasta que el patriarcado impuso a Jehová en esas latitudes).

Una Tamar sin poderes, pero con mucha estratégica paciencia, arsenal crítico y método belicoso se dedica en el libro que paso a comentar a romper lanzas contra el diagrama de poder de las sociedades autoritarias, capitalistas y también patriarcales en las cuales vivimos.

Un derecho para dos es un maravilloso libro para examinar en profundidad la construcción jurídica, y por tanto política, de los conceptos de sexualidad, de sexo y de género. Pero no solo para eso, ya que permite también repensar las relaciones sociales de las sociedades modernas desde una perspectiva crítica. Creo que en este sentido Tamar Pitch se sitúa en la línea más fecunda del feminismo de la diferencia. Pero esto ya es adelantar juicio sobre la amplia temática que aborda este libro. Definir un tema que englobe a todos los aquí tratados nos lleva efectivamente a pensar la libertad femenina en directa relación con el cuerpo. Sin embargo, Luigi Ferrajoli aclara en el “Prólogo” que en realidad el tema del libro es el de la libertad. En efecto, poner en evidencia el viejo tema del elemento corpóreo de la libertad es algo que no solo compete a las mujeres sino en general a todo “otro” que, en nuestro mundo injusto y desigual, sufre la opresión y la discriminación encubiertas por aquel discurso jurídico liberal similar al paraíso religioso, como denunciara alguna vez el viejo Marx.

El primer tema analizado en profundidad por la autora es el de la “Libertad femenina y nuevas tecnologías reproductivas”. Las nuevas tecnologías son efectivamente maravillosas, y permiten a las mujeres una mayor elección y autonomía sobre su maternidad (que incluso pueden prescindir de la presencia del padre). Es por ello entonces que la legislación interviene, incluso con prohibiciones penales, para proteger el viejo orden patriarcal de esta amenaza. De esta forma, este tema le permite a Tamar Pitch reflexionar sobre las mujeres y el derecho y sobre cómo el derecho construye a las mujeres (y por tanto también a los varones). La reflexión se hace desde la modesta legislación italiana y la ineficaz legislación europea, pero de allí se salta al debate político sobre la naturaleza del contrato social extendido a los “otros”, o sobre si el mismo permite la liberación u otra forma de subordinación, como sostienen Carmel Shalev y Carole Pateman respectivamente y entre quienes tercia Tamar Pitch en forma inteligente.

Luego analiza el tema ya clásico del “Aborto” y sobre su despenalización como una herramienta más de la “libertad negativa” conformante de la autonomía del ser humano femenino. También sobre este tema se detiene Miguel Carbonell en el “Epílogo” para latinoamericanos. Este último autor se centra en la conocida discusión plasmada en los tribunales estadounidenses, pero la autora del libro va bastante más allá al reflejar también las luchas sociales comprometidas en el proceso de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Italia. De esta forma se observa la forma en que el pensamiento feminista, y no el del derecho, enfrenta la cuestión que pasa a ser más moral que social en los últimos años (probablemente pues por la propia ley en Italia ya no mueren tantas mujeres por la práctica ilegal de los abortos). Pero también son éticas las preguntas y respuestas formuladas en torno a la libertad del individuo o individua, es decir, en torno a la autonomía y la privacy efectivamente complejizada en los fallos judiciales estadounidenses. Autonomía que se encuentra vulnerada si se construye un género al que se le impone una prohibición de disponer de su cuerpo o se le obliga al sometimiento del permiso del hombre (marido, médico o juez). La cuestión de la autonomía remite entonces a la forma en que se construye el ciudadano-mujer, y como se plantea en general la ciudadanía.

El tercer tema analizado es el de “Mujeres y maridos, madres y padres” (que también debería incluir el “madres e hijos” en su título). Como ya se insinuaba en el capítulo anterior, el debate moral incluye un verdadero cambio en la definición de la familia. La resistencia a una concepción amplia heterogénea de la familia impide la libertad de ser madre de muchas mujeres pues una familia sin padre es percibida como causa de desviación. Además, la resistencia a la libertad femenina incluye la formalización jurídica de una igualdad, del todo inexistente en la realidad material (en cuyo análisis la autora revela su gran andamiaje crítico de sociología jurídica). La crítica que hace Tamar Pitch a una posmoderna visión, jurídica y cultural, de paridad en derechos y deberes entre hombre y mujeres es certera, pues dicha “igualdad” y desconocimiento de la diferencia culmina por aumentar el poder de los padres y sus posibilidades de incidir sobre la libertad de las mujeres (cosa que difícilmente puede suceder a la inversa). Las reflexiones que hace en este capítulo son importantes para el llamado derecho de familia, pero también para el derecho penal pues culmina haciendo mención a los malos tratos y abusos en el seno de la familia, tema bastante más complejo que el otro tema penal que abordará a continuación, pues ciertamente algunas realidades existentes exigen la necesidad de una regulación de la dependencia que tenga en cuenta la interdependencia sin abandonar a los más débiles a la pobreza ni al arbitrio de los más fuertes.

En cuarto lugar, aborda el tema de la “Violencia sexual”, que también es tratado en profundidad en otro libro de la autora publicado recientemente en castellano, Responsabilidades limitadas con traducción de Augusto Montero y Máximo Sozzo (comentado en esta revista recientemente). También aquí cuenta la batalla legal de las mujeres italianas contra este “hecho social total”, representado en el delito de violación, muestra más evidente y feroz del patriarcado. Las críticas realizadas en esa batalla no eran reductivas, es decir que pretendían escapar a la simplificación inocente-culpable propia del sistema penal, y comprendían por ello también a este último. Entre todas las instituciones criticadas estaba la anterior ley, que finalmente fue cambiada en 1996 (algo que escapa al otro libro publicado, que originalmente es anterior a esa fecha). La ley nueva también es criticada, pues se inscribe dentro de la tradición inquisitiva y la de la legislación de emergencia italianas, y además construye un sujeto femenino débil y a la sexualidad como perjudicial en el caso de los débiles. Los modelos de sexualidad son puestos en jaque al analizar la figura de la violación y remitir finalmente a la cuestión del consentimiento y de la libertad. O sea, otra vez el tema de la autonomía femenina, y por tanto humana.

También comienza a analizarse en este capítulo el potencial atractivo del derecho penal, aunque sea en el plano simbólico, lo que se verifica en la construcción como problema del acoso sexual. La cuestión se relaciona, otra vez, con la posibilidad de identificarse como víctima, como no responsable, pero también como sujeto, como ciudadano. Es un poder de estos últimos el de denunciar, y el de ser escuchado con lo que el potencial simbólico del mismo proceso o juicio penal es algo fundamental. Pero ese atractivo, señala la autora, es peligroso y, finalmente, la implementación de las leyes y sus dificultades para hacerlo tornan también desaconsejable la criminalización. El derecho penal es, en efecto, un mal aliado si hace hincapié en la “normalidad” (que sigue teniendo estándares masculinos) antes que en la “ilicitud” de los comportamientos.

Finalmente, en el quinto capítulo sobre “Políticas del derecho y libertad femenina”, Tamar Pitch se detiene en las posibilidades del discurso jurídico, que sigue reproduciendo el fundante estándar masculino, y la ignorancia del “paradigma del otro” formulado por lo femenino. Las conquistas jurídicas de las mujeres, sobremanera se advierte esto al referirse al derecho penal –el más masculino de los derechos-, suelen decepcionar las expectativas puestas por estas en sus luchas. Las reflexiones del capítulo son, por tanto, de naturaleza jurídica y política. Retoma la autora algunas reflexiones críticas sobre la utilización del derecho por algunas feministas como McKinnon (efectuadas por Frances Olsen, investigadora de los Critical Legal Studies, y por otra criminóloga crítica y feminista, Carol Smart). Se discute en el libro, en realidad, algo que excede, otra vez, el pensamiento feminista, ya que la desconfianza que trasluce la autora en estas reflexiones nos lleva a pensar en la idoneidad del derecho (ese trozo de papel, según los inteligentes pensadores reaccionarios) para solucionar conflictos sociales. Sin embargo, el análisis de Pitch es más complejo pues el derecho remite a una tradición liberal, que permite plantear la autonomía y la libertad individual a partir de lo que se es pero también a partir de lo que se quiere ser (a diferencia de una tradición comunitaria). Des-juridificar o des-penalizar no significaría una ampliación de la autonomía individual. Pero la ampliación de un derecho inútil, reductor y sexista (o sexuador) tiene muchas trampas. Es por ello que la autora apoya, creo, una política feminista que no esté orientada exclusivamente a obtener cambios legislativos pero que no renuncia a un derecho reflexivo con una ampliación de la jurisdicción como recurso de defensa de los más débiles. En todo caso tiene una perspectiva política del derecho guiada por la búsqueda de la autonomía individual.

Pero la autonomía individual que se predica en nuestro occidente liberal está lejos de ser efectiva (la gran mayoría de la humanidad no tiene posibilidad de elegir u propio futuro), y ello es más lacerante en el caso de las mujeres, que ni siquiera disponen del dominio del propio cuerpo. No está mal recordar entonces, y ya para acabar, un aniversario. Este mes de febrero se cumplen doscientos años de la muerte de Imannuel Kant, cuya famosa máxima sostiene que ninguna persona puede ser tratada como un medio para fines que no son los elegidos por sí misma. Insisto en recordar esa fecha para hacer el esfuerzo, a pesar de todo, de colocarnos en esa tradición, que sigue estando incumplida. Mal van las cosas si compruebo que en el Estado en el que escribo esta reseña no se ahorran esfuerzos, en cambio, para festejar por todo lo alto otro aniversario: los quinientos años del fallecimiento de Isabel I de Castilla. Estado e Iglesia (un “padre” y una “madre” no queridos) aúnan aquí los esfuerzos para lograr la santificación laica y católica de esta figura intolerante.

El pensamiento feminista en el que la autora se inscribe conscientemente (y define en la Introducción), si es que se hace la pregunta sobre la posible inclusión del “otro” en el contrato social, se relaciona con la mencionada tradición ilustrada a la que pertenece Kant, y también la famosa pareja conformada por Mary Woolstonecraft y William Godwin. La feminista autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer y el libertario autor de la Investigación sobre los principios de la justicia política tuvieron una hija fruto de su unión libre. Ella, Mary Shelley, creó la maravillosa novela tenebrosa Doctor Frankenstein en la que este científico crea un ser que por no tener no tiene ni nombre, y por ello es un ejemplo desesperado del “otro”. Lo que quiero destacar del valioso libro de Tamar Pitch es que al ocuparse de la condición femenina resulta útil para reflexionar sobre las múltiples identidades diferentes al canon de “normalidad” impuesto por la civilización occidental. Sobremanera cuando, como sucede habitualmente, estos “otros” se encuentran en una situación de debilidad que muchas veces el derecho incluso logra aumenta.

19- Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, Tamar Pitch, Madrid, Trotta, 2003 (traducción de Cristina García Pascual. Prólogo de Luigi Ferrajoli. “Epílogo” de Miguel Carbonell). Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2004/A, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 391 a 395.

UNA MIRADA AL SISTEMA CARCELARIO MEXICANO (20)

El libro en comentario resulta de trascendental importancia para el marco geográfico donde fue publicado. Pero también tiene utilidad, como modelo, para los futuros estudios a realizar en otras latitudes.

En efecto, es previsible que los trabajos críticos sobre los sistemas carcelarios continúen realizándose con base en la tradición foucaultiana o bien en la marxista. Esto no supone ningún inconveniente, aunque ese marco teórico necesariamente ha de completarse con referencias –y, sobre todo, aplicándolo– a la concreta materialidad histórico-sociológica que se analiza. Ello debe hacerse, al estudiar una institución como la prisión, teniendo en cuenta el contexto de su origen en el siglo XIX. Como ejemplos anteriores de este tipo de contextualización, puede citarse el excelente trabajo de tesis doctoral del historiador Justo Serna Alonso (Presos y pobres en la España del XIX. La determinación social de la marginación, Barcelona, PPU, 1988) y, asimismo, el gran trabajo de tesis de Pedro Oliver Olmo (Cárcel y sociedad represora. La criminalización del desorden en Navarra –siglos XVI a XIX–, Vitoria, Universidad del País Vasco, 2001). Claro que estos trabajos fueron realizados sobre el caso español y desconozco si se ha hecho algo similar en la Argentina. También es de destacar que no son penalistas los autores mencionados, sino que se desempeñan en el campo de las ciencias históricas.

También es historiador de formación el autor del presente libro, el mexicano Martín Gabriel Barrón Cruz. Esta formación se advierte en la minuciosidad con que trabaja sobre las fuentes primarias y secundarias de información. Asimismo, se advierte ello en la humildad con la que realiza su “mirada” sobre determinados aspectos del sistema carcelario. No quiere decir ello que nuestro autor no tenga importantes tesis de fondo, sino que las mismas no serán un impedimento para hacerse preguntas que vayan más allá, o en contra, de las mismas. Esas preguntas sencillas, pero con una gran carga de profundidad, no serán respondidas directamente por el autor, sino que serán el punto de partida para exhibir una importante cantidad de materiales con los que el lector podrá sacar sus propias conclusiones.

El libro se divide en dos grandes partes, una dónde analiza el desarrollo de los presidios en la época colonial, y otra que se centra en el caso concreto del penal de Belén –en la ciudad de México– durante un período fundamental de la historia mexicana. La perspectiva histórica, aunque no lo diga el autor expresamente, se inscribe dentro de las “genealogías” entendidas como “historias del presente”. La búsqueda de momentos fundacionales, o de ruptura, permiten detenernos con preocupación sobre las continuidades que todavía se destacan. Así, la permanente crisis del supuesto ideal resocializador del sistema penitenciario es destacada con la cita hecha en las primeras páginas del libro a Manuel de Lardizábal (el más destacado penalista ilustrado en lengua castellana, nacido en la ciudad mexicana de Tlaxcala): “la experiencia acredita todos los días que todos o los más que van a presidios o arsenales vuelven peores, y algunos enteramente incorregibles”.

Que la cárcel no beneficia ni a sus sacrificados “clientes” ni a la sociedad en su conjunto, y que en todo caso es funcional a los grupos que ejercen el control dentro y fuera de la prisión –y a la misma idea de control, y a la de poder–, parece una afirmación obvia. Pero justamente por ello es importante ver que esa funcionalidad existía ya en las instituciones de encierro utilizadas por la Corona española en el México colonial, ejemplificadas especialmente en el libro con los presidios, arsenales y hospitales utilizados por los tribunales de la Inquisición, así como por los tribunales civiles, en especial los de la “Acordada” de 1719 (que seguiría teniendo influencia en el México independiente).

La segunda parte se proyecta sobre un presidio concreto: la cárcel de Belén. Esta institución se crea en 1863, cuando se intenta aplicar un proyecto político liberal en México, y será clausurada en 1933. El autor la estudia, empero, hasta la fecha de 1910 cuando la Revolución mexicana derroca a la dictadura de Porfirio Díaz que había aplicado los principios “científicos” del positivismo a todos sus actos de gobierno (y también a los represivos). En los intersticios de los archivos, estadísticas, historias clínicas, fotografías, proyectos de reforma, disposiciones administrativas y demás fuentes primarias, el autor descubre la realidad del proyecto penitenciario positivista en México y, desde el presente, nos permite averiguar los orígenes de los principios que aún continúan estando vigentes en el penitenciarismo oficial.

20- Una mirada al sistema carcelario mexicano, Martín Gabriel Barrón Cruz Inacipe, México DF, 2002. Comentario publicado en Revista Panóptico, Barcelona, editorial Virus, nº 6, 2004, pp. 187 a 188.

CRIMINAL VISIONS. MEDIA REPRESENTATIONS OF CRIME AND JUSTICE (21)

Asiste razón a quienes aconsejan abandonar un tema de estudio al que le hemos dedicado unos cuantos años. Sobremanera tras haber realizado un producto que, con mayor o menor fortuna, ha intentado plasmar las ideas sugeridas durante ese tiempo. Quienes formulan tan razonable consejo (que, como verá el lector, dejaré se seguir) saben que el punto final a esa investigación fue determinado por motivos subjetivos, y no por un agotamiento del tema estudiado. Como recordaba Borges, el concepto de obra definitiva se debe a la religión o al cansancio. El agotado, entonces, es el investigador y no el tema, y mucho menos cuando estamos frente a un tema complejo. Analizar la visibilidad que otorgan los medios de comunicación a las cuestiones penales es echar una luz especialmente potente sobre todas las cuestiones que afectan al delito y a la justicia penal. El libro que voy a reseñar es producto de este tipo de análisis, y por lo tanto más que de un tema se ocupa de varios temas, todos ellos igualmente complejos.

En la Introducción, “Visions of crime and justice”, Paul Mason señala que ya el título del libro pretendió dar cuenta de esta complejidad. Lo “visual” y la idea de “representación” son dos cuestiones que el editor pretende destacar para señalar que dicha complejidad no puede excluir la relatividad de nociones como “realidad” o “autenticidad”. Como consumidores de cultura popular, todos, incluso quienes trabajamos en el sistema penal, estamos rodeados por algunas nociones de criminalidad y de justicia penal mediadas por la prensa, la televisión o el cine. Mason se pregunta si esas mediaciones responden a una representación tradicional, a otra crítica, o si efectivamente hay en este tema algo bastante más complejo que una mera creación de efectos criminogénicos o de ampliación de la desviación y del control social. Al señalar que el libro es una propuesta para nuevas investigaciones parece demostrar esa complejidad, que es aumentada, si cabe, por la variedad de aproximaciones realizadas por las diferentes contribuciones. Lo que todas tienen en común es el entrecruzamiento de medios de comunicación, delitos y justicia penal.

El libro está dividido en tres secciones temáticas. La primera, “Criminal Visions in Context”, consta de tres ensayos. En el primero, “From law and order to lynch mobs: crime news since the Second World War”, Robert Reiner, Sonia Livingstone y Jessica Allen analizan históricamente las noticias sobre delitos y la forma en que se emitieron tras la segunda Guerra Mundial en la prensa británica. Los tres períodos comparados son los de 1945-1954, 1965-1979 y 1981-1991 y las cuestiones analizadas se relacionan con la importancia dada a estas noticias, con los tipos de crímenes difundidos, y con las formas que adoptan los victimarios, las víctimas y la policía en tales noticias. Concluyen los autores señalando los peligrosos cambios operados tanto en la prensa seria como en la popular, que tienden a hacer prevalecer las “malas noticias” y a destacar las condiciones de las víctimas, con lo que el aumento cuantitativo de noticias criminales refleja un cambio cualitativo de sensacionalismo y personalización. Todo ello provoca un mayor miedo social hacia el delito, pues no solo el delito está contra la ley sino que afecta personal y emocionalmente a las personas de carne y hueso vistas en forma más cercana a través de la prensa. Este desarrollo corre paralelo, según los autores, a los cambios políticos descriptos por Garland en The Culture of Control, dando como resultado un soporte político populista a las campañas de “ley y orden” que llegan así a crear virtuales linchamientos contra determinados criminales.

El segundo ensayo es de Julian Petley y se titula “Video violence: how far can you go”. Aquí se tratan las cuestiones de la violencia en el cine, la televisión y los videojuegos y la forma en que ello se ha regulado en Gran Bretaña, más que insatisfactoriamente, mediante la Obscene Publications Act de 1959 y la Video Recording Act de 1984. El autor plantea la necesidad de un serio debate sobre la violencia en tales medios y sus posibles “efectos”, pero rechaza las censuras como la realizada frente a la película de Wes Craven Last House on the Left, cuyas peripecias judiciales relata en el artículo.

Martin Innes cierra la sección con “Signal crimes: detective work, mass media and constructing collective memory”. Los signal crimes son aquellos delitos que impactan mucho más allá que en sus directos participantes. El autor menciona a algunos de estos delitos “mediáticos” en Gran Bretaña y a nosotros nos vienen a la memoria varios hechos que también fueron marcando distintas generaciones de argentinos, cuyo recuerdo de detalles permite identificar la edad del interlocutor de la misma forma que la memorización de la alineación del equipo de fútbol. Justamente a ello se refiere esta contribución que deja esbozadas interesantes insinuaciones sobre la influencia de la cultura sobre la construcción del delito y, a la inversa, de la percepción del delito sobre los valores culturales (en el sentido de la revalorización de la antropología cultural para la sociología de la pena que hace Garland). Sin embargo, el autor se limita a analizar cómo la participación de los periodistas en la averiguación de estos delitos y su interacción con la policía (pues los medios usan a la policía tanto como la policía se sirve de los medios) reconstruye a estos signal crimes a escala local, nacional o mundial.

La segunda sección lleva el título de “Criminal Representations: Crimes and Criminals” y ofrece distintos análisis sobre la forma en que los delitos y los delincuentes son construidos por los medios masivos de comunicación. Jonathan Rayner analiza la producción fílmica de Michael Mann, y otras películas de ficción de distintas épocas, en las que los caracteres delincuenciales suelen alejarse de estereotipos y reflejan cierta ambigüedad moral y de género. Las obras de Mann, como Thief, LA Takedown, la serie Miami Vice, pero sobre todas Heat, son analizadas en “Masculinity, morality and action: Michael Mann and the heist movie”.

Chris Greer analiza la construcción del crimen sexual en los medios periodísticos de Irlanda del Norte. En concreto denuncia en “Sex crime and the media: press representations in Northern Ireland” que los diferentes condicionantes de la carrera periodística hacen que los informadores prefieran desinformar mediante el sensacionalismo, antes que proteger a las potenciales víctimas con racionales datos sobre situaciones de riesgo.

También George Larke señala en “Organized crime: Mafia myths in film and television” que pese (o quizás, gracias) a la construcción de mitos, a veces irreales, sobre la mafia en películas como El Padrino y tantas otras, la propia identidad cultural de la misma mafia italo-americana permanece inalterada y fija en ciertas instituciones (como la omertà, etc.).

En “Political violence, Irish Republicanism and the British media: semantics, symbiosis and the state”, Mark Hayes comienza analizando el acontecimiento 11 de septiembre y sus consecuencias, para analizar luego en profundidad la relación entre terrorismo y medios en el caso del IRA. Tras mostrar tanto la lucha por la definición de determinados actos ya como positivos (“luchadores por la libertad”) o negativos (“terroristas”) y la curiosa simbiosis que se da entre este tipo de actos y la repercusión mediática, pues tal lucha solo puede darse en el campo de la opinión pública, el autor alerta sobre el peligro de utilizar indiscriminadamente la palabra “terrorismo”. Con esa utilización indiscriminada y poco reflexiva, la prensa ayuda a instalar políticas estatales restrictivas de garantías, alejándose de las razones y causas, mientras se aumentan los problemas y se degradan las democracias.

Ian Conrich, culmina esta sección volviendo a la interrelación con la ficción. En “Mass media/mass murder: serial killer cinema and the modern violated body” discute sobre la figura de “asesinos seriales” en el cine. La narrativa de las películas de horror basadas en esta figura recurre, según el autor, no tanto a la historia sino a la mitología popular, señalando de esta forma la línea de continuidad que va desde Jack “el destripador” hasta Jason Voerhees, Freddy Krueger, Anibal Lechter o tantos otros. Los “efectos” o la imitación mutua no se producen con hechos reales sino con estos hechos mitológicos que los medios repiten y explotan a partir de cuerpos “violados”.

La sección tercera, que tiene por título “Criminal Decisions: Agencies and Agents”, es sin duda la que mayor interés ha tenido para quien esto escribe, pues pasa de la representación del crimen o el criminal a la representación de la ley y de las instancias de aplicación de la ley penal en los medios de comunicación. En primer lugar, aparece el artículo de Deborah Jermyn, “Photo stories and family albums: imaging criminals and victims on Crimewatch UK”, que nos ilustra sobre el significado de este programa que emite la televisión pública británica desde 1984. Allí se describen hechos reales y las vicisitudes vitales de víctimas y ofensores con el recurso de imágenes fotográficas, videos caseros o de cámaras de vigilancia, relatos de testigos, familiares y conocidos, etcétera. El público participa en vivo o mediante llamadas telefónicas en este programa que últimamente se ha utilizado para reconstruir identikits de sospechosos y para formular anónimamente denuncias de paraderos de individuos buscados. La ley nutre de material y se beneficia así de este programa curioso que despierta tanta popularidad entre la audiencia, como críticas entre los juristas y criminólogos. La autora, sin embargo, antes de criticar hace un recuento histórico que explica a este programa como la actualización tecnológica de la perenne fascinación por identificar y ver a criminales y víctimas en sus aspectos personales. Sobremanera se detiene Jermyn con la historia de la fotografía, para mostrar como Crimewatch adopta el formato tradicional de los “álbumes de familia”. La familia convencional, por cierto, sale fortalecida tanto por el recuerdo de estos álbumes cuanto porque son las víctimas las que son vistas en roles familiares, mientras los delincuentes son mostrados en su “diferencia” o “individualidad” de acuerdo a los viejos parámetros positivistas.

El décimo artículo del libro se llama “Media representations of visual surveillance” y está escrito por Michael McCahill. Analiza este autor la forma en que visualizan tres diarios londinenses los cambios tecnológicos efectuados en materia de vigilancia. McCahill reflexiona sobre los cambios en la vigilancia utilizando los conceptos foucaultianos de “panóptico” y de “sinóptico”, reflejados por las cámaras de videovigilancia presentes en todos sitios (supermercados, subtes, casas particulares, fotografías de infracciones automovilísticas, etc.). Lo que le interesa estudiar es concretamente la forma en que los medios de comunicación juzgan a estas nuevas técnicas de control basadas en las posibilidades de ver y de mostrar imágenes. Las imágenes así obtenidas ilustrarán siempre las noticias, pero a su vez esta nueva técnica de vigilancia será bien vista en algunos casos (cuando detectan al “otro”) y criticada en otros (por afectar la privacidad de los que son como nosotros), lo que demuestra la ambivalencia de los periódicos analizados y de los sectores sociales que representan e informan.

Rob Mawby, estudia la relación entre la representación mediática de la policía y las actitudes del público hacia esta instancia de aplicación de la ley en “Completing the ‘half-formed picture’? Media images of policing”. La imagen pública tiene una importancia crucial para esta institución pues de su prestigio depende tanto la legitimidad de su accionar cuanto la colaboración mínima de la ciudadanía sin la cual no podría siquiera actuar. Es por ello que la constante presencia de la policía en noticias y en ficciones de los medios escritos, auditivos y visuales es inevitable y necesaria. Las representaciones del policía como heroico, confiable y eficaz conviven con otras que lo muestran como represivo, corrupto e incompetente, lo que nos demuestra que los medios reflejan el eterno debate sobre este aparato del Estado (probablemente el que mejor lo representa de cara a la sociedad) siempre sujeto a reinterpretaciones.

Steve Greenfield y Guy Osborn analizan en “Film lawyers: above and beyond the law” el papel de los abogados y la justicia penal en el cine. Los autores realizan una contribución, a la vez que explican de qué se trata, en el ya amplio campo de estudios denominado “Law and Film”, que con base en el amplísimo material fílmico realizado sobre juicios reales y ficticios (sobre todo en los estudios estadounidenses) sacan conclusiones sobre la ley, los tribunales y la justicia entendida en su sentido más amplio. En la descripción de juicios aparece un tema trascendente desde la alta filosofía hasta la cultura popular: la lucha entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Ello se verifica de mayor manera en las características personales, estrategias y elecciones de los abogados, que casi siempre son tomados como protagonistas por las películas (que prestan poca atención a otros sujetos del juicio como jueces o jurados –con la notable excepción de Doce hombres en pugna–).

El australiano Daniel Stepniak es autor de un informe encargado por los tribunales de su país para evaluar las posibles emisiones televisivas de juicios penales. Aquí, en “British justice: not suitable for public viewing?”, repite algunos argumentos estudiados entonces para justificar la necesidad de esa presencia en la justicia británica, una de las más restrictivas a su difusión por los medios. Lo hace reexaminando las exposiciones a favor y en contra de la televisación de los juicios y poniendo de manifiesto que las variadas demandas de los medios de comunicación por acceder a los juicios penales han demostrado que esta es una discusión que, al menos, no debe obviarse. Analiza el artículo las razones por las que en 1925 se prohibió el acceso de medios técnicos de reproducción a los tribunales ingleses, y por qué ella se mantuvo inalterada, a diferencia de la evolución jurisprudencial en esta materia en los Estados Unidos. Esto último no es fácilmente explicable para el propio autor que observa que la prohibición va en contra del desarrollo tecnológico que hace posible filmar y difundir imágenes sin inconvenientes para la justicia, y remarca las favorables experiencias de otras jurisdicciones. Lo más importante para el autor es que la prohibición produce un conflicto con el principio de justicia abierta o pública, que los mismos tribunales deberán resolver a favor de la publicidad. Para demostrar que ese cambio se está produciendo, auque con inconvenientes, expone el autor el “experimento” escocés (como la ley de 1925 no tiene vigencia en Escocia, se han filmado diversos juicios en esa otra jurisdicción desde 1992 que pudieron emitirse por la televisión británica), el caso O. J. Simpson (lo emitió la BBC y Sky News, teniendo cuatro y siete millones de espectadores ingleses respectivamente en 1995), el caso Louise Woodward (una niñera inglesa acusada de asesinar a quien debía cuidar en Boston, cuyo juicio estadounidense fue visto en 1997), la apelación para la extradición de Pinochet (cuya filmación y emisión fue solicitada por la BBC, dada su trascendencia, y aceptada por la Cámara de los Lores en 1998, acostumbrados a ser filmados en actividades no judiciales sino legislativas), y más recientemente el juicio sobre el atentado de Lockerbie (que se desarrolló en Holanda pero bajo la ley escocesa, por lo que se planteó un fuerte debate sobre la televisación, que fue solicitada masivamente por escoceses e ingleses) y la “investigación” en el caso Shipman (también durante esos años 2001 y 2002 se discutió si se podían filmar estos juicios especiales y previos: lo importante volvió a ser la discusión pública de argumentos favorables a la televisación). Todo ello demuestra para el autor lo insostenible de la prohibición de una televisación que tendría como máxima justificación la de posibilitar un mayor control judicial y con él todas las ventajas de la publicidad.

Paul Mason también ha escrito anteriormente sobre la cuestión tratada por Stepniak. Pero cierra el libro por él mismo editado con un intento de visualizar el lado más oscuro de la justicia penal. En “The screen machine: cinematic representations of prison” se exploran con detalle las numerosas películas sobre la prisión realizadas en la historia del cine, y su rol sobre las percepciones públicas acerca de la cárcel, así como sobre la emergencia del llamado “penal populismo”. Señala el autor que la influencia de este tipo de películas (que muestran hechos excepcionales como motines, fugas, personajes especialmente siniestros y siempre mucha violencia) se produce no solo sobre el público en general sino también sobre los operadores del sistema penal y en particular los guardiacárceles. Esto es en efecto bastante peligroso, pero las representaciones ficticias de la prisión forman parte de la misma prisión, en parte por la invisibilidad otorgada al castigo por la propia prisión reemplazando a los castigos del Antiguo Régimen.

21- Criminal Visions. Media representations of crime and justice, Paul Mason (ed.), Devon, Willan Publishing, 2003. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2004/B, Buenos Aires, Del Puerto.

SURVEILLANCE AFTER SEPTEMBER 11 (22)

El control identificatorio después (y antes) del 11 de septiembre de 2001

“Los países de América son formados, aparte de su formación nativa, por el acrecentamiento de la inmigración. Esta es como el aluvión que dejan los ríos al crecer o como la resaca que las olas arrojan a las playas del mar. Y como esta es el despojo o la hez de la espuma, así también la inmigración hecha a la tierra nueva, a la playa virgen, el desecho de las viejas sociedades. La inmigración trae de todo, lo bueno y lo malo; lo bueno acude en busca de leyes liberales para aprovecharse honestamente de sus beneficios; lo malo, a encontrar en nuestras generosas instituciones facilidades sin cuento para desempeñar su labor sombría. Todos los perniciosos elementos sociales del viejo mundo acuden a los pueblos americanos, especialmente la Argentina y el Brasil, porque los puertos de entrada están abiertos a cuantos lo soliciten, sin trabas considerables. Pero esta liberalidad, apenas restringida, da lugar a un acrecimiento del delito, en todas sus formas, desde la más leve, traducida en actos de mala fe, hasta el inconcebible atentado del ácrata feroz, que arrastrado por una idea tan superior cuanto irrealizable de igualdad, no encuentra medio de establecer el orden social de su sueño sino destruyendo por la violencia y por el crimen.

El terrorista desolador, más temible y salvaje que las furias de la leyenda; el fanático enceguecido; el homicida profesional; el ladrón hábil; el sedicioso audaz; el agitador de gremios, generalmente explotador de la candidez y la ignorancia del obrero; el rufián canalla, trabajador de las tinieblas; toda esa cohorte arriba a las libérrimas playas de la hermosa América, joven y rica, para levantar grados en la escala del delito y perturbar el orden de la vida. No se emplea medio alguno de combate o profilaxis contra esa peste nueva; no se trata de tender el eficaz cordón sanitario para impedir la entrada de semejantes huéspedes, tal como se hace con el cólera cuando algún navío lo transporta del país infestado al país sano. Las legislaciones sobre inmigración y entrada de pasajeros procuran la introducción de personas capaces de labor y progreso, repudiando al sospechoso y al inútil; pero conviene reconocer que el sospechoso no lleva inscrita en la frente su condición de tal, ni el inútil es fácilmente reconocido. De ahí esa importación de pervertidos que buscan y encuentran en nuestra tierra campo libre al ejercicio de su perversidad, sin que leyes tuitivas del orden social sean suficientemente eficaces para impedir el aumento de la delincuencia. La profilaxis social podrá, sin embargo, realizarse con éxito, estableciendo la identificación dactiloscópica de cada individuo que llega a los puertos de América”.

Permítame el lector esta larga cita, que como se verá tiene relación con el libro que comentaré. Extraigo la misma de un libro de principios de siglo en el que Luis Reyna Almandós, discípulo de Juan Vucetich, propone severas medidas para controlar a las poblaciones móviles, en especial a aquellas que llegaban a nuestro país. Como se observa, el delito (y particularmente el delito político o “terrorista”) era utilizado como excusa eficaz para imponer una identificación obligatoria a todos los habitantes y especialmente a aquellos definidos como un “otro” peligroso. Para poder identificar, reconocer, y finalmente controlar a todos y cada uno de los individuos Reyna Almandós sostendrá, ya en la década del treinta (y tras haber sido un acérrimo crítico del gobierno de Yrigoyen), la necesidad de que el número identificatorio que prohijaba se tatuara en los brazos humanos, de la misma forma en que el régimen nazi lo haría para la misma época en los campos de concentración. Cien años antes, el mismo Jeremy Bentham postularía las ventajas de tatuar de la misma forma el nombre “real” de cada quien, y evitar así los continuos cambios de identidad.

En estos primeros años del siglo XXI las posibilidades tecnológicas y culturales de cambiar de espacio físico (y de intereses intelectuales, grupos afectivos, etc.) se incrementaron enormemente. Pero también se incrementaron en igual o superior medida las técnicas para vigilar a los individuos y a las poblaciones a fin de controlar esos movimientos. Como hace cien años, según nos revela el técnico policial argentino, ahora también la “inmigración” y el “terrorismo” se convierten en los grandes generadores de miedo en la construcción política de la “Europa Fortaleza” (término que denota la pretensión de Napoleón y luego Hitler de hacer inexpugnable el continente a “invasiones” extranjeras), y el reforzamiento económico de la industria militar-seguritaria de los Estados Unidos.

Es bien sabido que esta estrategia del miedo se ha reforzado especialmente en ese último país, especialmente, a partir de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Es por ello que David Lyon elige ese momento para reseñar los cambios tecnológicos introducidos en la nueva “industria” de la vigilancia, así como sus peligrosas implicaciones políticas.

Como señala el autor de Surveillance after September 11, los atentados del 11 de septiembre de 2001 han producido al menos dos consecuencias destacables y antitéticas. Por un lado, la extensión masiva del control sobre la población. Y por el otro, una mayor atención de parte de algunos intelectuales (e incluso la opinión pública) sobre los dispositivos cotidianos a que deben someterse los individuos. Si lo primero es claramente preocupante, lo segundo es esperanzador pues permite planificar “resistencias” a la implementación, desde mucho antes de esa fecha, de una estrategia adecuada a las nuevas “sociedades de la vigilancia”.

David Lyon se cuenta dentro de este grupo de intelectuales, aunque su preocupación sobre la perdida de libertades en el mundo globalizado es muy anterior al mencionado acontecimiento (así lo atestiguan muchas de sus obras previas, como The Electronic Eye de 1994, Computers, Surveillance, and Privacy de 1996, Surveillance and Society de 2001, entre otras). Sin embargo el título de esta obra, y las numerosas críticas que formula a ese dudoso acuerdo que nos obliga a entregar algo de libertad como pago por una dudosa seguridad, pretende remarcar la profundización de aquella estrategia bajo el amparo de la actual “guerra contra el terrorismo”.

El libro analiza especialmente iniciativas de control que incluyen el uso de nuevas tecnologías, pero el autor no desconoce que también continúa existiendo una vigilancia que no se vale de ellas y recurre a métodos tradicionales o dignos del Antiguo Régimen. El autor tampoco desconoce que la vigilancia se produce en casi todas partes del mundo, pero focaliza su atención en los cambios producidos por las administraciones de los Estados Unidos.

El capítulo 1 del libro hace un análisis teórico para poder entender qué significa “vigilancia”. Para ello examina la historia de las sociedades de la vigilancia, y luego las teorías y planteos críticos que se les han hecho antes de los conocidos atentados. El triunfo de la idea de vigilancia, y de sus prácticas cotidianas, se hace patente con el anuncio actual de una “edad del terrorismo”. La definición del “terrorismo” hace posible una intensificación de los controles sobre todos los individuos. Analiza esto en el capítulo 2 que muestra, además, que esa definición del terrorista permite instituir una “cultura de la sospecha” destinada a movilizar a los ciudadanos para vigilar a los otros ciudadanos.

El capítulo 3 muestra lo evidente: que más allá de la inutilidad de los fines declarados por esta estrategia, las medidas de seguridad tienen otra utilidad que afecta directamente a los ciudadanos corrientes, especialmente a los que viven en forma precaria. Aquí Lyon comienza a mostrar el uso de las nuevas tecnologías como las de video vigilancia y circuitos cerrados de televisión, la biometría (o reconocimiento por señas corporales únicas, tales como las viejas huellas digitales –impuestas para estos fines por la labor del croato-argentino Vucetich– y la más “moderna” de la retina), las bases de datos identificadores (con datos como el ADN), las tarjetas de documentación de identidad obligatorias e “inteligentes” (por contener los datos biométricos). Todas ellas son ofrecidas y vendidas por unas empresas que son beneficiarias directas de esta profundización en la vigilancia. La biometría (esto no lo dice el autor) hace innecesario el tatuaje puesto que descubre que en realidad todos estamos “tatuados” desde el nacimiento con huellas individualizantes, y que solo deben ser correctamente constatadas.

El capítulo 4 muestra la convergencia e integración de los distintos sistemas de vigilancia privados y estatales. Unos y otros se necesitan para expandirse, para sacar provecho económico y político, y para acrecentar el dominio sobre los, nunca mejor llamados, sujetos. El desarrollo tecnológico permite que aquellos sistemas ideados para que no nos robemos algo del supermercado puedan relacionarse con los que tiene el banco para saber si somos solventes, estos con los del Estado sobre nuestra situación impositiva, etcétera. Las computadoras brindan oportunidades fantásticas a los individuos, pero también a la “nueva gobernancia” que se realiza de sus cuerpos. En el capítulo 5 se describe cómo actúa con esta enormidad de datos relacionados, poniendo como ejemplo los datos policiales, la información de internet y los datos de las compañías aéreas sobre los pasajeros. Este último es un caso muy significativo pues son los controles aeroportuarios la cabeza de lanza de los cambios aquí mencionados. Como propugnaba Reyna Almandós, los “vigilantes” estadounidenses tendrán especial cuidado en “fichar” mediante el “tatuaje subcutáneo” (según terminología de Giorgio Agambem) y la imposición de un número identificatorio a todo aquel que llegue a sus fronteras para estar temporal o definitivamente en el territorio nacional. El que viene de afuera ya es por solo esto sospechoso de propagar la nueva peste llamada “terrorismo”. Si en el caso citado al principio la relación con el cólera se hace en forma que va más allá de la mera metáfora, en la actualidad tampoco es casual que otras supuestas amenazas epidémicas (como la del SARS) hayan demostrado en los aeropuertos que el Panóptico era solo el resumen y unión de la estrategia de encierro de la lepra y del régimen de la ciudad apestada, que describe Foucault en Vigilar y castigar, y que ahora se actualiza tecnológicamente.

Al final del libro, en el capítulo 6, se proponen diversas estrategias de resistencia. Lyon escribe como sociólogo pero también como individuo preocupado por su libertad y la de los demás, y es por ello que intenta brindar respuestas alternativas para plantear una “nueva política” capaz de imponer límites a las sociedades de la vigilancia y de permitir la construcción de sociedades sin exclusión en las que dicha libertad individual pueda realizarse para el bien de todos.

22- Surveillance after September 11, David Lyon, Polity Press, Cambridge, 2003. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2004/B, Buenos Aires, Del Puerto.

JUICIO A LA PRISIÓN. UNA EVALUACIÓN CRÍTICA (23)

Thomas Mathiesen dejó marcado en forma definitiva el pensamiento criminológico crítico cuando en 1974 los Scandinavian Studies in Criminology publicaron, en inglés, el volumen IV de la serie llamado Las políticas de la abolición. Allí se trasladaron muchas de las luchas y propuestas tácticas y estratégicas de los movimientos de apoyo a presos que él mismo integraba (en concreto, el KROM) y se dictaron los postulados para la abolición de la prisión y, gradualmente, aspirar a abolir toda pretensión punitiva.

Es por ello que se considera a Mathiesen el “estratega” del abolicionismo: estrategia que, como él mismo decía, está basada en la idea de lo “inacabado”. A partir de ese momento Mathiesen logra resolver la difícil situación en la que se encontraban los críticos al sistema penal, que peligrosamente podían caer en un inmovilismo temeroso de que cualquier reforma fuera cooptada por la legitimación del sistema que en definitiva se pretende abolir. De allí en adelante deja en claro que los críticos tienen una necesidad de comprometerse en la reforma, deja en claro que el cambio total no es incompatible con mejoras. Claro que ya entonces hablaba de mejoras o reformas “negativas”, que son las que reducen la capacidad del sistema carcelario, las que reducen sus características más represivas o violatorias de derechos humanos, las que llevan a abolir parcelas de la represión como si de un salchichón se tratara (sin olvidarnos de que el objetivo final es acabar con todo el salchichón). Pero es que, además, la tarea reformista será siempre “inacabada”, pues ni siquiera con la abolición de las cárceles se limita esta búsqueda de libertad, igualdad y fraternidad para organizaciones sociales no violentas ni totalitarias (el salchichón parece no tener fin).

Unos cuantos años después, enfrentándose con el aumento desmesurado de la punitividad estatal del último cuarto del siglo XX, Mathiesen quiere que dejen de tomarse a sus ideas como una mera página de la historia de la criminología (aunque sea una muy importante) y vuelve a insistir con ellas, que tienen incluso más actualidad que antes. También son inmensamente importantes en la parte del mundo que puede leer en castellano, y por ello se ha de celebrar la traducción de la obra hecha el año pasado en la Argentina (el único, pero no poco importante, reproche que debe formulársele al editor, presentador o traductora es el olvido del apartado bibliográfico). El libro Juicio a la prisión fue publicado en noruego en 1987, y luego traducido al menos a siete idiomas.

Comienza el libro con explicaciones sociológicas de la nueva etapa de la cárcel y de su ampliación, para luego centrarse en los distintos argumentos justificadores del castigo en general y de la cárcel en concreto. Confronta entonces a esas teorías con pruebas empíricas y con teorías filosóficas y jurídicas, para acabar por demostrar la ineficacia y falsedad de las llamadas teorías de la rehabilitación, de la prevención general, de la inhabilitación o disuasión especial y finalmente de la “justicia” o retribución. Al hacerlo discute con los teorizadores clásicos y con los nuevos defensores de la expansión de la cárcel, por lo que brinda un panorama interesante de las ideas que utiliza el pensamiento punitivo, sobre todo del universo anglosajón. Como se toma en serio los argumentos, concluye que ninguno de ellos es válido. Que a la luz de ninguno de ellos es “defendible” la prisión. Que ninguno pasa honestamente la prueba del algodón.

Es por ello que en el último capítulo “El futuro del encarcelamiento” y en el extenso “Apéndice”, que introduce para la edición en castellano y para la segunda edición en inglés del año 2000, se encarga de brindar herramientas teóricas –estratégicas– para oponerse a la cultura punitiva y, en lo inmediato, a la expansión de la prisión.

Al responderse preguntas como ¿Qué se debe hacer? ¿Desde dónde? ¿De qué fuentes del saber? y ¿Mediante qué pasos? propone recetas para detener inmediatamente el aumento ya visible de la población que vive en instituciones penales. El objetivo más inmediato que se propone es el de detener la construcción de cárceles, para lo que propone una “moratoria”, como objetivo posible de ser llevado adelante por los gobiernos y detener esa construcción, la masificación de las prisiones y evitar así el posible holocausto al que se dirigen las sociedades occidentales.

La edición en castellano cuenta con un interesante prólogo de Raúl Zaffaroni que, a más de brindar argumentos propios de las sociedades latinoamericanas para enfrentar el discurso patibulario y la política punitiva, culmina por señalar la posibilidad de los que menos tienen de acceder al poder por medio del saber si es que pueden, saben y quieren usar lo único que tienen más que los que más tienen: el tiempo. Claro que ello solo será posible si la forma económica y la forma política que nos dominan no se ocupan de robar ese tiempo mediante la institución que paradigmáticamente ha creado para ello, y que en el “juicio” que hace Mathiesen resulta inapelablemente condenada.

23- Juicio a la Prisión. Una evaluación crítica, Thomas Mathiesen, Buenos Aires, Ediar, 2003 (traducción de Amanda Zamuner y revisión de Mario Coriolano. Prólogo de Raúl Zaffaroni). Comentario publicado en en la revista Delito y Sociedad, Buenos Aires/Santa Fe, Universidad de Buenos Aires y Universidad del Litoral, nº 21, 2005.

DARWINISMO SOCIAL Y EUGENESIA EN EL MUNDO LATINO (24)

La obra que se comenta es la trabajada elaboración a la que podemos acceder quienes no asistimos al workshop internacional “Darwinismo social y eugenesia: pasado y presente de una ideología”, llevado a cabo en Chascomús durante noviembre de 2004. Allí, los autores, estudiosos principalmente de la historia y de las ciencias biológicas, y provenientes de España, Brasil, Cuba y diversos sitios de Argentina, presentaron las comunicaciones que integran este libro.

El acierto del título logra que cualquier persona medianamente interesada en las consecuencias humanas, sociales y políticas del pensamiento eugenésico y del darwinismo social, repare en la importancia de esos dos elementos, igualmente herederos del pensamiento de Charles Darwin. Desde que este naturalista evolucionista publicara El origen de las especies en 1859 y La ascendencia del hombre en 1871, el pensamiento de Occidente, ya previamente imbuido de la idea de progreso, quedó atravesado por la técnica (biológica y sociológica) que lo llevaría en el siglo XX a cometer –o tener la posibilidad de hacerlo– atrocidades a escalas inimaginables en siglos anteriores. Señalar solo eso serí quedarse con una “media verdad”, expresión que, como bien señala uno de los autores de este libro, no es sino la forma de señalar un olvido entero. No puede dejar de recordarse que cuando Darwin alzó su voz, debió enfrentar intolerantes ataques de aquellos que confiaban en la creencia más que en la ciencia. Si nos atenemos a lo que reflejan ciertas encuestas, aún hoy en los países más desarrollados de la Tierra las ideas del biólogo inglés no han logrado superar, en número de estudiantes de nivel primario que las reciben, a las explicaciones de aquellos que siempre renegaron del contenido liberador e igualitario de la modernidad y su racionalidad.

Adorno y Horckheimer, en el prólogo a la Dialéctica del Iluminismo, advertían que “si la reflexión sobre el aspecto destructor del progreso es dejada a sus enemigos, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter de superación y conservación a la vez, y por tanto también su relación con la verdad. En la misteriosa actitud de las masas técnicamente educadas para caer bajo cualquier despotismo, en su tendencia autodestructora a la paranoia popular, en todo este absurdo incomprendido se revela la debilidad de la comprensión teórica de hoy”.

El presente libro puede resultar una herramienta útil para comprender las historias de pensamientos que, por otro lado, siguen presentes bajo distintos ropajes. Bajo la etiqueta de “darwinismo social” se ocultaban desde su origen distintas versiones. De hecho, estos pensamientos que eran tanto de un tradicionalismo conservador como de un cientificismo progresista, preexistían a la obra de Darwin (Girón remite en el libro su origen a la influencia de Malthus) y permitieron que en ese ambiente surgiera el sustantivo que no conoce un inventor, pero que es aplicable, también con el adjetivo “social”, al célebre biólogo. Lo cierto es que dentro de esas ideas podemos encontrar a defensores de un organismo social ya fijado o a sus más notables críticos –liberales, socialistas o anarquistas– y, desde luego, el germen del cual surgieron las diferentes corrientes de la sociología y de la denominada “criminología”. La “eugenesia” aparece más claramente delimitada desde la creación, en 1883, de tal término por parte del sobrino del mismo Darwin, Francis Galton. Este complemento práctico e individual del darwinismo social, su técnica, sería propicio para sumar a la selección natural una selección artificial, que resulta conocido a lo que llevó en el mundo dominado por los imperios de habla inglesa y, finalmente, en el mismo centro de Europa. El libro trata de comprender, desde distintas perspectivas, de qué maneras ambos términos fueron introducidos y utilizados en el mundo latino.

Se divide el libro en cinco partes: “Darwinismo como ideología”; “Eugenesia como ideología”; “Eugenesia en políticas de Estados”; “Darwinismo, eugenesia y estigmas de la otredad”; y “Darwinismo y eugenesia en campos disciplinares”.

La primera de ellas se inicia con el artículo de un estudioso del anarquismo, Áñvaro Girón Sierra, quien en “Darwinismo, darwinismo social e izquierda política (1859-1914)” demuestra la línea de continuidad entre Malthus, Darwin, y un darwinismo social en el que aparecen Spencer, Lamarck, Haeckel, Taine, Nietzche, Nordau, Lombroso, marx, y los más “científicos” de los anarquistas (como el español Lorenzo). La interpretación social-igualitaria y la elitista de los años señalados, así como una optimista y otra pesimista –la primera en los años iniciales y la segunda a medida que se aproxima la Gran guerra–, eran todas posibles en tanto la inserción original de la idea de Darwin en un esquema burgués y británico se convirtió luego en un lenguaje común o colectivo que podía ser apropiado por cualquiera que quisiese imponer sus ideas, y también por las clases populares.

El biólogo argentino Eduardo Wolowesky en “La sociobiología en cuestión: sobre el determinismo biológico y la libertad humana” analiza la presencia de ese originario pensamiento elaborado por Darwin en una disciplina de nuestros días, denominada “sociobiología”: la crítica que le formula es oportuna puesto que pone en evidencia una situación similar a la que existía hace unos cien años en torno al determinismo y su comprobación científica. El debate en realidad no era tal entonces, ni lo es ahora. El conocimiento científico siempre fue refractario al intenso debate público sobre sus fundamentos y sus consecuencias.

También se refiere a esta continuación de la mirada sobre la biología como ciencia autonomizada de las condiciones políticas y sociales el artículo “Ciencia, tecnología y sociedad: diversidad y complejidad en la biología contemporánea” de Alicia Massarini. El desafío frente al auge que el pensamiento darwinista ha experimentado con la genética es el de oponer un pensamiento de la complejidad desde la pluralidad disciplinaria, según esta autora.

La conocida investigadora Raquel Álvarez Peláez comienza la segunda sección con “Eugenesia, ideología y discurso del pdoer en España”. Las herramientas foucaultianas le resultan útiles a la autora para trazar una genealogía de la eugenesia en los siglos XVII y XVIII, así como su universalización en el XIX, cuando también aplica el análisis “biopolítco” del filósofo francés y de los anglofoucaultianos. Tras el repaso de las ideas de los frenólogos, alienistas e higienistas del mundo, descubre que la eugenesia tuvo una temprana acogida en España (particularmente en la más desarrollada y laica Cataluña, en la que había seguidores de Galton, el autor más estudiado por Álvarez Peláez). La enorme cantidad de publicaciones científicas, y su apropiación y manipulación ideológica, se traducirían en aplicaciones concretas en la guerra civil española, tanto en las políticas sanitarias del gobierno constitucional, cuanto (y con terribles consecuencias) en la represión del bando golpista, entre las que se destacó la actividad de Antonio vallejo Nágera, un sostenedor de la relación entre la ideología de izquierda y las taras mentales y de la inferioridad biológica de la mujer: con esas ideas propició las políticas de secuestrar y cambiar la identidad de los hijos de madres republicanas, que se extenderían hacia estas latitudes.

“Consideraciones historiográficas, epistemológicas y prácticas acerca de la eugenesia” de Héctor Palma, alerta sobre errores que podrpian ser consesecuencia de la incomodidad para entender a la eugenesia tras el llamado “Holocausto”. El primer error es, apra el autor, el considerar a la eugenesia como una pseudo-ciencia o un abuso de la ciencia (de esta manera se impide una discusión sobre el conocimiento científico y su responsabilidad); el segundo error es el que vincula exclusivamente a la eugenesia con el nazismo (de esta forma se oculta el éxito en todas las naciones desarrolladas de las medidas de eliminación de determinados grupos de personas y que se viera como eficaz forma de control de las poblaciones); y el tercer error es considerar que actualmente existe una “eugenesia liberal” (pues de esa formase bajan las defensas hacia el totalitarismo y sus consecuencias para con los individuos, tanto si provienen del Estado como del mercado, y cuyos peligros están tan presentes hoy como hace cien años sobre los sujetos estigmatizados y sobre los que se quiere “saber más”).

Gustavo Vallejo y Marisa Miranda en “La eugenesia y sus espacios institucionales en la Argentina”, dan cuenta de la fuerte impronta en nuestro país de la ciencia de Galton, y reflejada en Rossi, López, Mercante y Bernaldo de Quirós, todos ellos integrantes de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social –fundada en los años 1930 y con importante apoyo oficial y de grupos no gubernamentales que iban desde el catolicismo hasta la izquierda-, y que luego formaron parte de la estructura estal durante años. Y también reflejada en otros significativos espacios institucionales y en políticas migratorias, educativas, sanitarias, matrimoniales, urbanísticas y, evidentemente, criminales. La influencia del racismo con pretensiones eugenésicas continuó en nuestro país largo tiempo después de la desacreditación de las políticas alemanas e italianas que las inspiraron, y como resultado de su derrota en la segunda guerra mundial. Los eugenistas antisemitas de ambos lugares, pero especialmente de Italia, serían aquí honrados incluso tras el descrédito científico y la condena penal en esos países. El peronismo mantuvo el predominio de los eugenistas en las áreas de educación e inmigración, con representantes como Martínez Zuviría, Ivanissevich o Peralta. Pero también el antiperonismo cultivó otra corriente, denominada “humanogogía”, de explícita filiación tomista, y que a la larga trascendería por más tiempo. El abogado radical y católico Bernaldo de Quirós fue, junto con el pensamiento del franquista Vallejo Nágera, inspirador de políticas declaradamente racistas que perdurarían en los siguientes gobiernos radicales y militares. Si influencia persiste, pues tanto las prácticas genocidas de la última dictadura como las estupideces que se siguen diciendo en democracia, suelen reconocer esa, única, pretensión científica que parece asegurar bienestar a unos eliminando a otros.

“Eugenesia en políticas de Estado” se titula la tercera sección. Allí se destaca la contribución de Amando García González y Raquel Álvarez Peláez, “Eugenesia e imperialismo. Las relaciones Cuba-Estados Unidos (1920-1941)”, en donde se analiza la política imperalista estadounidense utilizando, en connivencia con el gobierno cubano, la eugenesia como forma de control de una zona considerada especialmente débil “por culpa del mestizaje”.

Gustavo Vallejo estudia la genealogía del pensamiento racista en la eugenesia latina relacionándolo con la política de expansión cultural del fscismo italiano, y con el ideario nacionalista de inspiración católica de la derecha latinoamericana, en “Las formas del organicismo social en la eugenesia latina”. Aquí surge otra vez la importante figura del médico Nicola Pende, del que hablara más extensamente otro autor. Pende, como Vallejo Nágera, se relaciona con los instrumentos de control llevados adelante por el racismo en sus países de origen y también en Latinoamérica: la ficha biotipológica y los Institutos biotipológicos.

“La ecología institucional de la eugenesia: repensando las relaciones entre biomedicina y política en la Argentina de entreguerras”, de Andrés Reggiani, demuestra la íntima relación entre los científicos argentinos y las políticas genocidas del Tercer Reich alemán. Muchos nombres notables son desubiertos realizando viajes de estudio a esa Alemania de la que volvían simpatizantes de sus leyes raciales, y con voluntad de extenderlas en los más variados ámbitos culturales y de gobierno. Buena demostración de ello es el rechazo del embajador argentino en Londres en 1941 (Tomás Le Breton) a que unos niños judíos fuesen habilitados a ir a la Argentina –en la que estaban sus padres– por el peligro que para él ello significaría, si no eran esterilizados, por la perpetuación de “los de su especie”.

“Las huellas eugénicas en la política sanitaria argentina (1946-1955)” de Karina Inés Ramacciotti, analiza concretamente la presencia de la eugenesia en las políticas de salud pública de los dos primeros gobiernos de Juán Perón. Ramón Carrillo, el conocido ministro del ramo que se había formado en la Alemania nazi, procuró en todo momento lograr el “hombre argentino ideal”, aun cuando afortunadamente ese “ideal” iría cambiando con el tiempo.

En la cuarta sección, “Darwinismo, eugenesia y estigmas de la otredad”, aparecen los textos que más relación guardan con lso problemas que aborda la revista que, estimado lector, tiene en sus manos. “Giuseppe Sergi y el fin del Risorgimiento italiano” es la contribución de José Luis Peset, al que conocemos por sus brillantes obras como Lombroso y la escuela positiva italiana, de 1975, y Ciencia y marginación, de 1983. Peset presenta aquí los intentos tardíos de actualizar el lombrosianismo llevado a cabo por varios de sus seguidores en el período fascista y prefascista.

Pero es que el gran resucitador de las teorías de Lombroso fue el médico Nicola Pende, que publicó su Biotipología en el mismo momento en que Mussolini marchaba sobre Roma. No es de extrañar esa sincronía. Sus ideas y conquistas durante los casi veinte años de gobierno fascista quedan explicadas en “Hacia una fisiología del delito: el modelo biotipológico de Nicola pende”, escrito por Andrés galera, también reconocido por haber escrito, en 1991, Ciencia y delincuencia.

En 1991 también se publicó otro gran libro: El delincuente y su patología. Su autor, el historiador de la ciencia Rafael Huertas, contribuye en este volumen que comento con “La medicalización de la delincuencia infantil en la España del primer tercio del siglo XX”. En este artículo se analiza la aplicación de preceptos neolombrosianos a las políticas de la niñez en la España de principios de siglo. Más allá de los vaivenes políticos, la relación entre medicina y represión penal fue especialmente estrecha sobre los niños que integraban esa entonces llamada “mala vida”.

Las consecuencias de esa unión en las leyes penales para niños son aún visibles hoy en día. Y sobre ello reflexiona también, con el universo del Brasil en el apogeo del eugenismo, Luis Ferla, autor de “El niño, el médico, el policía y el patrón: infancia y determinismo biológico en el Brasil de entre-guerras”.

Ese problema se desplaza del niño hacia el joven, sobre todo aquel que puede ser asociado con ideas revolucionarias o “feminoides”, en el caso analizado por Hugo Biagini en “La escolástica de laboratorio: juvenilismo y socialdarwinismo”, donde especialmente se estudia el pensamiento de Víctor Mercante.

“Prostitución y homosexualidad en Argentina: el discurso eugénico comosustrato teórico de biopolíticas represivas” de Marisa Miranda, estudia el discurso en Argentina de los delitos y contravenciones durante todo el siglo XX y hasta el presente, ensañado sobre los derechos de determiandas personas identificadas por su preferencia sexual o su por su única fuente de ingresos, con justificaciones que, cuando se hacían, recurrían a argumentos de tipo eugenésicos. Especialmente aquís e analizan las obras del jurista Bernaldo de Quirós.

La última sección del libro tiene contribuciones varias de Irina Podgomy, Susana García, Ana María Talak, Adrián Celentano, y María José Betancor Gómez. Allí destacan el modo en que surgieron distintos campos disciplinares con iguales pretensiones de justificación en lo estrictamente científico que la eugenesia. Analizan estos autores, respectivamente: la paleontología de finales del siglo XIX (de donde surgiría “nuestro” Darwin: Florentino Ameghino); la biología de principios del siglo XX (donde se estudia a Ángel Gallardo); la psicología de principios del siglo XX (y los trabajadores de la “higiene mental”); la psiquiatría determinista (en el itinerario intelectual del antifascista ingenieriano Gregorio Bermann); y la pediatría aplicada (con el ejemplo de los médicos españoles de la Segunda República). Creo que el trabajo de Celentano sobre la obra de Bermann es especialmente importante para los penalistas para hacer una genealogía del poder del perito psiquiatra sobre el juez en lo que toca a analizar la culpabilidad penal.

El libro en comentario nos hace reflexionar sobre la presencia concreta de los elementos de esa ciencia aparentemente pasada. Pero también nos alerta sobre toda pretensión científica que con sus provisionales “certezas” ha llevado, y sigue llevando, a los horrores que nos narra Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas cuando, por ejemplo de ello, hace a Kurtz finalizar con el terrible “¡Exterminad a esos bárbaros!” su informe para la civilizada y europea “Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes”.

24- Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino, Marisa Miranda y Gustavo Vallejo (comps.), Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2005/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 815/819.

ESTADOS DE NEGACIÓN. ENSAYO SOBRE ATROCIDADES Y SUFRIMIENTO (25)

“La actitud de olvidar y perdonar todo,

que correspondería a los que han sufrido injusticia,

ha sido adoptada por los que la practicaron”.

(Adorno, T. W., La personalidad autoritaria,

Buenos Aires, Proyección, 1965, p. 117).

El Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho ha hecho posible que esta obra trascendental esté al alcance de los lectores en lengua castellana. Ello es de agradecer pues se trata de un trabajo que si bien excede el campo de interés de los estudiosos del derecho, resulta imprescindible para la reflexión teórica y práctica en torno a la prevención y denuncia de genocidios, así como a los procesos de revisión de pasadas violaciones a los derechos humanos, en los cuales lo jurídico ha tenido y tiene un papel preponderante.

No obstante, no debe olvidarse que Stanley Cohen es una de las personalidades más fuertes dentro del campo denominado “criminología crítica”. Desde fines de los años sesenta participó de este movimiento y en ese campo escribió libros que daban cuenta de su perfil propio, como Images of Deviance (1971), Folk Devils and Moral Panics (1972), Psychological Survival (1973, junto a Laurie Taylor), Visions of Social Control (1985) y Against Criminology (1988). Creo que no es de menor importancia esa formación en el análisis de este libro. En la sociología de la desviación fue un hito importante la publicación, en 1958 y por parte de Gresham Sykes y David Matza, del artículo “Técnicas de neutralización”. Dentro de la perspectiva denominada del “aprendizaje”, estos criminólogos indicaban que no solo el comportamiento criminal era aprendido sino que también se aprendían una serie de justificaciones de la conducta desviada que hacían posible inhibir o “neutralizar” los mecanismos de control social que imponen determinados valores culturales. Las principales de estas técnicas se relacionan con la “negación” (de la víctima, del daño, de la responsabilidad). La aplicación de estas ideas a las violaciones masivas a los derechos humanos le resulta de mucho provecho a Stanley Cohen para hacer una verdadera “sociología de la negación”.

Ello será necesario para analizar cómo fue –y es– posible que se practiquen “atrocidades” sobre grandes masas de seres humanos, así como los mecanismos para hacer posible tras esos hechos una convivencia que asuma ese terrible pasado sin olvidar a las víctimas. En la primera parte del ensayo el autor demuestra haberse sumergido en los conocimientos de psicología individual y social, los cuales serán fundamentales para saber cómo opera la “negación” del propio hecho, de su interpretación o de sus consecuencias. Esta técnica de defensa es operada tanto desde las víctimas como desde los perpetradores y los testigos o espectadores que, con su pasividad, permiten que la atrocidad suceda. Lo perturbador del asunto es que los individuos, sociedades o Estados no son engañados o impedidos de conocer la realidad, sino que son ellos mismos los que propician la negación. Tras ese punto, Cohen realiza un análisis estructural sobre cómo opera la negación, en los distintos niveles, para permitir y justificar las violaciones a derechos humanos.

También el autor incursiona en la evolución operada en diversos procesos “transicionales” (en especial da cuenta en el libro de experiencias en la Europa post-nazi, en Sudáfrica, en el Este de Europa post-soviético y en Latinoamérica) que provocaron cambios en el derecho internacional. No solo hace hincapié el autor en la operatividad de los discursos oficiales del olvido, sino que también menciona las paradojas de los cambios provocados por quienes luchan contra esos discursos, principalmente las víctimas, y de las mismas burocracias de los derechos humanos, tanto no gubernamentales como de tribunales internacionales. El capítulo 9 se dedica a los distintos modelos de superación de la negación para conocer el pasado de regímenes violatorios de derechos humanos (comisiones de Verdad, juicios penales, compensaciones, homenajes o amnistías). Si bien la agenda de los primeros momentos llevaba a privilegiar la tarea de “reconstrucción” y fortalecimiento del sistema democrático, habría una estrategia postmoderna de sobre-reconocimiento y una verdadera industria de la memoria. En la eterna lucha entre los memoriosos “Hombres Sensibles” de Flores y los impíos “Amigos del Olvido” de Caballito, parecen imponerse hoy en día los primeros. Las consecuencias de ello dificultan la estrategia de la negación y parecen ser más bien inofensivas, aunque pueden tener efectos perversos. Cohen advierte que “negar los horrores del pasado es inmoral, pero presentar disculpas colectivas por el pasado a grupos enteros (o a sus representantes en la tierra décadas después o incluso siglos más tarde) es ridículo”.

El autor ya había analizado previamente a los medios de comunicación, y la voz “Imágenes” vuelve a aparecer aquí en sendos capítulos dedicados a las representaciones del sufrimiento actual y sus manipulaciones y agotamientos, también posibilitadores de un ocultamiento por sobre-exposición. Los cambios culturales más recientes nos llevan peligrosamente hacia una nueva cultura individualista de la negación, que coexiste con una salvífica conciencia de que se sabe lo que pasa. No obstante, las imágenes permiten primero el reconocimiento, y luego la acción y la intervención. Sobremanera con respecto al presente, pero también con el pasado, creo que un verdadero proyecto de “vencer la negación” debe tener en cuenta las complejidades apuntadas en esta parte del libro.

El final deja en claro que si el autor tolera los compromisos que hacen posible la negación personal, no cree deseable limitar el conocimiento político sobre las atrocidades, al que estima indispensable para que no se repitan. Su principal denuncia es contra la indiferencia frente al otro, contra la negación del otro en su calidad de ser humano. Las negaciones individualistas y hedonistas son, unidas a los reforzamientos identitarios que hacen los Estados nacionales, las que facilitan la indiferencia cuando se vulneran los derechos humanos de los que no son como “nosotros”. La visión política de Stanley Cohen se decanta, entonces, contra la negación y por la justicia social para lograr un mundo sin atrocidades ni sufrimientos.

25- Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Stanley Cohen, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho UBA y British Council Argentina, 2005. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2006/A, Buenos Aires, Del Puerto.