Kitabı oku: «Un nuevo municipio para una nueva monarquía.», sayfa 4

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Podrá agregarse a este Corregimiento de Játiva la villa de Cullera y Castellón de Játiva, porque si bien antes era esta Villa, fue la primera que en aquél tiempo proclamó al Archiduque y estuvo a la protección de D. Juan de Tárrega y otros rebeldes, cometiendo muchos delitos contra los buenos vasallos, haciendo alarde de su infidelidad y así parece justo sean tratados como aldea [...].

Castelló de la Ribera fue una de tantas poblaciones que sufrieron las represalias de los borbónicos. El castigo resultante significó perder su condición de villa real y convertirse en aldea dependiente de Carcaixent. Otra vez más, dependía de terceros. Tendría que esperar nada menos que veintiocho años, concretamente al día 20 de agosto de 1735, para conseguir la: «Reposición y reintegración en el uso de su antiguo Privilegio de Villa, como aquí se expresa».[57] A pesar de ello, del estudio de la documentación municipal cabe deducir que, como en otras localidades, hubo una facción proborbónica, puesto que entre las personas que integran el primer ayuntamiento de Nueva Planta hay dos que formaron parte de los consells forales: Domingo Franco, jurat en cap (jurado principal), en 1696; y Domingo Oliver, jurado en 1704-1707. Ahora formaban parte de la nueva institución de gobierno, pero como alcaldes o regidores.

A diferencia de la ciudad de San Felipe, cuyos primeros momentos administrativos fueron iniciados de facto con los nuevos cargos, según las leyes de Castilla, con el corregidor, alcalde mayor y regidores, aunque con nombramiento de D. Melchor de Macanaz, con el visto bueno del caballero D’Asfeld, y ratificados posteriormente por el monarca, en Castelló de la Ribera, se nombraron cargos que todavía seguían el organigrama y el ordenamiento legal de época foral, ya que consta que jura el cargo de mostassaf (almotacén) Juan Lloret. En octubre de 1707 los órganos de gobierno de Castelló de la Ribera se nombran de la misma manera que en época foral:[58]

– Jurat en cap (jurado principal): Genís Balaguer.

– Jurados: Juan Caldés y Llorenç Pons.

– Síndico: Domingo Oliver.

El día 16 de octubre de 1707 Joaquín Pineda sustituyó a Juan Caldés como jurado y, en esa misma fecha se nombró a los integrantes del Consell particular y general, con cuarenta y nueve integrantes. Entre ellos encontramos los nombres de Sifre, Bella, Guill, Guzmán, Ridaura, Sent Andreu, Morata, etc. Desde luego que ese estado de cosas no siguió así mucho tiempo. Los Decretos de Nueva Planta no dejaban lugar a dudas en cuanto a la abolición de los Fueros tradicionales y ello comportaba la abolición del régimen municipal foral. La medida no dejó de sorprender a los mismos partidarios borbónicos.[59] Se abolieron los cargos forales y se introdujeron los de tradición castellana. En Castelló de la Ribera el primer ayuntamiento borbónico lo integraron las siguientes personas:

– Alcalde: Juan Franco.

– Regidores: Domingo Franco, Vicente Caldés, Miguel Ferrer y Lorenzo Pons.

– Síndico: Domingo Oliver.

– Alguacil: José Fito.

– Escribano: Luis Franco.

Subrayamos una vez más el hecho de la presencia de apellidos que habían sido habituales en época foral: Franco, Caldés, Oliver, etc. El primer de año de actividad del Ayuntamiento borbónico se limitó a formalizar los arrendamientos dependientes del municipio: el horno de la villa se arrienda a Agustín Tomás, por 95 libras; la panadería, a Agustín Peris y Agustín Sifre, por 85 libras; el molino de arroz, a Antonio y Vicente Grau, por 192 libras; el molino harinero, a Antonio Grau, por 33 libras al mes; su fiador era José Sifre; el de la sisa de las mercaderías, a Bernardo Boils y José Tomás, por 60 libras, y el de la molienda a José y Juan Lloret, por 199 libras.

En otra parte hemos indicado que una de las características de los primeros años de fijación del modelo municipal borbónico fueron la indefiniciones, las indecisiones, el incumplimiento de la legalidad o la continuidad del peso de la fuerte tradición foral que aún aplicaban muchos ayuntamientos. Ahora bien, como también se ha señalado, no hay que interpretar de estos hechos ningún ani- mus litigandi respecto de la legalidad vigente, y no debemos albergar dudas de que el ánimo de los consistorios era cumplir esa legalidad. La existencia de gran cantidad de consultas por las constantes dudas que se planteaban, incluso por cuestiones aparentemente nimias, o de protocolo, así lo confirman. Podemos ci- tar que durante una visita de inspección por las autoridades de Carcaixent, de quien dependía Castelló de la Ribera, estas constataron que el alcalde seguía usan- do el tradicional bastón de época foral, y no la preceptiva vara castellana, lo que se consideró un menosprecio a la nueva costumbre impuesta.

Otras cuestiones de mayor calibre mantuvieron constantes las consultas con la Audiencia y la Cámara de Castilla. Algunos de los preceptos estableci- dos por la legislación borbónica se incumplieron sistemáticamente en muchos municipios valencianos, como fueron la prohibición de que en los ayuntamien- tos hubiese grados consanguinidad o el de la duración de los cargos, al menos en los principios del nuevo régimen municipal. También en el caso que anali- zamos de Castelló de la Ribera se incumplieron esos preceptos. Esta fue una de las particularidades del régimen local bajo los Borbones. Y aunque la legisla- ción intentó desde el principio atajar estas situaciones, no siempre se consiguió. En muchos municipios, y no sólo en ciudades corregimentales, como San Feli- pe, se reprodujeron modelos de comportamiento donde los cargos se perpetua- ban dando paso a una oligarquización del poder local.

El cuadro que a continuación se desarrolla, referido a Castelló de la Ribe- ra, muestra lo que hasta aquí se ha analizado:[60]


Fuente: Archivo Municipal de Castelló de la Ribera. Elaboración propia.

El sistema de nombramientos de cargos y oficios en el régimen borbónico siguió un procedimiento riguroso y sistemático, excepción hecha de los primeros años, debido a las causas de provisionalidad arriba aludidas. Conocemos bastante bien el procedimiento para el nombramiento de corregidores y regidores en ciudades capitales de corregimiento. El sistema utilizado en otras poblaciones difería en varios aspectos. Para el caso de Castelló de la Ribera durante los primeros años, influyó para este procedimiento el hecho de ser ciudad que tuvo que soportar el castigo de depender orgánicamente de la próxima villa de Carcaixent hasta el año 1735. Por ello, en muchas ocasiones, no podía intervenir en el nombramiento de sus cargos y oficios. Así, el Ayuntamiento de Castelló de la Ribera debía proponer una terna al de Carxaixent, que examinaba a los candidatos, trasladando la propuesta a la Audiencia quien, en última instancia, decidía. Todo y proceder la terna de la villa, no dejaba de ser un procedimiento incómodo para la misma, puesto que no pocas veces presentaba dificultades procedentes de Carcaixent, desde donde se vetaba algún candidato, privando a Castelló de la Ribera de una intervención más decisiva en el nombramiento de sus autoridades. Así ocurrió hasta 1735, cuando se le restituyó el privilegio de villa real. Desde ese momento, el ayuntamiento pudo proponer directamente a la Audiencia y, posteriormente, al Real Acuerdo, sus propios candidatos sin mediación de Carcaixent. Aparte de poder ejercer esta facultad, colocó en la casa consistorial las insignias de la jurisdicción.

Por lo que se refiere a los alcaldes y regidores a partir de la década de los cuarenta hasta la de los noventa del siglo XVIII, puede afirmarse que en Castelló de la Ribera también se cumplía para esta época la característica citada para los ayuntamiento borbónicos de Antiguo Régimen: el control de los empleos municipales por las mismas personas, procedentes, en este caso, de los estratos superiores de la población.

Otros datos confirman esta tendencia; datos procedentes de la documentación económica de la villa y de uno de las fuentes más importantes: el equivalente, del que hablaremos más adelante.[61] En los libros que recogen la información del año 1735[62] aparece la relación de sujetos obligados a contribuir en primera clase, y no son otros que los apellidos que se va sucediendo a lo largo del Setecientos: Carbonell, Franco, Pineda, Caldés, Mollá, Morata, Bella. Eran los rentistas, tejedores, molineros, médicos, abogados, boticarios, etc. que dominan la vida económica del municipio. Alguien hace constar al lado de su nombre una etiqueta de prestigio: «familiar del Santo Oficio». La pertenencia a dicha institución, con las atribuciones propias de policía religiosa, conllevaba, además, una evidente carga de diferenciación social.

La larga vida política del Dr. Francisco Franco Sanchis es prueba irrefutable del dominio de este sector de la población en la vida política de la villa. Nada menos que en seis ocasiones es nombrado alcalde de Castelló de la Ribera: en 1744, 1750, 1755, 1766, 1771 y 1775. Además de regidor en dos ocasiones: 1763 y 1786. Por su parte, José Carbonell es alcalde en 1768 y regidor en tres ocasiones, 1740, 1744 y 1796.[63]

Por tanto, y en acertada observación del profesor Vicent Ribes:[64]

La ausencia de títulos nobiliarios en la villa de Castelló no implicaba, ni mucho menos, que todos su habitantes participaran de un mismo status social. De hecho, las diferencias económicas existentes entre unas familias y otras establecía un código o reglas de comportamiento no escritas y muy estricto que impedía cualquier vínculo igualitario. Y no hablamos sólo de las mismas familias, sino de cierto clima o ambiente, más imperceptible, que impulsaba a los castellonenses a adoptar diferentes actitudes o rols respecto de sus paisanos de acuerdo con ese status [...].

El análisis del municipio de Castelló de la Ribera es ilustrativo de cierto estado de cosas y es instructivo, a nuestro entender, al menos, de dos cuestiones. La primera, respecto de sus relaciones con la capital del corregimiento, San Felipe. Inmediatamente después de finalizado el conflicto sucesorio, adopta la decidida actitud, junto con las otras villa reales segregadas de la antigua Xàtiva, de abandonar sus obligaciones impositivas con la nueva ciudad San Felipe, hasta que por la Concordia de 1728 se ve obligada a seguir abonando a San Felipe la cantidad estipulada más los atrasos debidos. Es decir, una pugna por desembarazarse definitivamente de una molesta tutela que solo le reportaba a Castelló de la Ribera inconvenientes. Sin embargo, San Felipe no dejará de ejercer su presión hasta donde pudiera, para mantener la jurisdicción sobre los pueblos que conforman su corregimiento, aunque, en el caso de Castelló de la Ribera sea por vía económica, aspecto nada desdeñable para la ciudad San Felipe.

Por lo que respecta a la segunda cuestión a que hacíamos referencia, creemos de sumo interés constatar el modo en que se fue constituyendo el municipio borbónico en una población como la que puede representar Castelló de la Ribera. Encontramos una muy parecida casuística en comparación a poblaciones como la que analizamos, la ciudad de San Felipe, a pesar del hecho de no existir entre sus pobladores integrantes títulos nobiliarios, ni poseedores de hidalguías, y que solo aparentemente existía cierto igualitarismo. El seguimiento realizado de las personas que ejercieron los empleos públicos en el ayuntamiento de la población, es ejemplo manifiesto y evidente de que ese igualitarismo no existía. La sucesiva repetición en los documentos de idénticos linajes ejemplifica el control del municipio y la perpetuación en los cargos municipales de las personas que dominaban los sectores claves de la economía de la villa.

Si hacemos una breve recapitulación, podemos constatar algunas cuestiones relevantes sobre esta localidad que, habiéndose declarado austracista, como Xàtiva, fue castigada por ello, perdiendo el título de villa. Sin embargo, en cuanto a las personas que gobernaron antes y después de la guerra, se aprecia una evidente continuidad en la oligarquía local, entre la época foral y la borbónica, aunque el municipio cambiara su estructura de gobierno. La institución ya no es el Consell de jurats, sino el ayuntamiento de regidores. Éstos, que ya fueron jurados continuaron procediendo de los sectores claves de la economía de la villa. Luego, ¿hubo un austracismo monolítico? Transcurridos unos pocos años, el sentimiento austracista pareció haber muerto, observándose una adopción a la nueva realidad política e institucional aparentemente poco conflictiva. Esto nos confirma, aunque de forma más matizada, algo que también ocurrió en Xàtiva, que el austracismo no fue tan evidente. Hubo, igualmente, división y fractura social. Quizá fuera, en gran parte, una lectura bastante sesgada de los escritores del romanticismo decimonónico evocadores del pasado foral, muy mitificado por sus plumas.

Investigaciones actualmente en curso, como las de Pablo Fernández Albadalejo, están poniendo de manifiesto que aquéllos autores del siglo XVIII, catalogados como austracistas en relación a su posición respecto a la institución monárquica, muestran, en realidad, posturas que en general no pretendieron cuestionar la estructura, el nuevo marco institucional y político de los borbones.

4.2 La baronía de Canals: los conflictos internos entre las pequeñas oligarquías locales

Canals es una localidad distante de Xàtiva unos seis kilómetros. Como arriba se dijo, esta población, antigua alquería musulmana, fue otorgada, después de la conquista del rey Jaime I en el siglo XIII, al noble Bernat de Penyafort. Posteriormente el rey Pedro el Grande creó una baronía a favor de Joan Ximén de Urrea, que le fue posteriormente confiscada. El segundo barón fue Ramón de Riusech, a quien la ciudad de Xàtiva compró los derechos de la baronía por 95.000 sueldos, el 7 de febrero de 1352.[65] Ya el cronista Carlos Sarthou[66] decía: «Desde aquellos tiempos medioevales hasta fines del siglo XVIII, los pleitos de Xàtiva sobre señorío de jurisdicción han sido incesantes [...]. Puede decirse que Canals fue históricamente la pesadilla de Xàtiva [...]».

El antiguo cronista de Xàtiva no hacía más que recoger el testimonio de la abundante documentación existente en el Archivo Municipal sobre los continuos enfrentamientos y pleitos entre Canals y Xàtiva, quien ejercía el señorío sobre la misma. Creemos que esta pugna es un magnífico ejemplo de confrontación que nos hará ver hasta que punto llegaban los enfrentamientos entre las poblaciones integrantes del Corregimiento de San Felipe, que en progresión geométrica plantearon objeciones a su autoridad. Si bien es este un proceso que ya se inició en época foral, será en el siglo XVIII cuando alcance su máximo apogeo. Aunque San Felipe conseguirá frenar temporalmente esta tendencia, siendo el caso de Canals el exponente de su todavía presente autoridad, al no conseguir segregarse, los anteriores casos citados de segregaciones expresaban bien a las claras que el declive de la antigua segunda ciudad del reino era, en este punto, una realidad.

Como arriba dijimos, el caso de Canals, a diferencia de Castelló de la Ribera, nos mostrará varios aspectos de las relaciones entre esta localidad y Xàtiva. En primer lugar, cómo era el régimen municipal de una población de señorío y quienes monopolizaban los empleos públicos; en segundo lugar, las características peculiares del enfrentamiento entre Canals y San Felipe y su incidencia en la población del primer municipio, muy dividida respecto de sus sentimientos segregacionistas o de fidelidad a la antigua Xàtiva; y, en tercer lugar, nos ayudará a asomarnos a las sutiles maniobras del ayuntamiento de la antigua Xàtiva conducentes a imponer su autoridad sobre la población en la que ejercía el señorío y, por ende, del aviso que con ello se quería enviar a otros municipios que quisieran emular la iniciativa de Canals.

Respecto del primer punto, y a diferencia de las poblaciones capital de corregimiento, una real resolución de 1723 responsabilizó a los dueños de señoríos del nombramiento de oficiales, que gestionaran la administración de los mismos.[67] Mientras tanto, y suprimido el sistema insaculatorio por los Decretos de Nueva Planta, hasta que se regularizó la situación legislativa con la norma citada de 1723, el Ayuntamiento de San Felipe siguió nombrando los oficiales de Canals –con la autorización de Melchor de Macanaz, por supuesto–, ya que en la sesión del 22 de abril de 1709, seis meses antes de tomar posesión de sus cargos, los regidores de San Felipe nombraron a Jaime Reixach como alcalde ordinario de Canals.[68] La fórmula que sustituyó a la insaculación fue el sistema de«ternas», que presentaba el Ayuntamiento de Canals al de San Felipe, al final del año natural, normalmente en el mes de octubre, designándose a los individuos que debían ejercer los cargos el año siguiente. La propuesta para el año posterior la realizaba el alcalde saliente, de manera que a través de la cooptación proponía el candidato que consideraba más idóneo para sustituirlo. En Canals, los oficios de gobierno se estructuraban de la siguiente suerte:

– 1 alcalde ordinario.

– 2 regidores: un regidor primero o decano y un regidor segundo.

– 1 síndico procurador general.

– 1 alcalde de la Hermandad.

– Años más tarde se ampliarán con un síndico personero.

Como se ha dicho, la duración del cargo era anual, y la lista se remitía al secretario del Ayuntamiento de San Felipe, quién a su vez lo pasaba al regidor comisario de mes, o comisario barón. Éste hacía las averiguaciones oportunas para posteriormente elevar un informe al ayuntamiento sobre la idoneidad o no de los propuestos, su compatibilidad o incompatibilidad y las posibles preferencias del Ayuntamiento de San Felipe, puesto que este es quien tenía la última palabra respecto del definitivo nombramiento, excepción hecha de que el procedimiento, por los desacuerdos que pudiera haber, acabara en la Real Audiencia, como así sucedió en más de una ocasión. El procedimiento era el mismo que se daba en la ciudad de Valencia, que tenía jurisdicción sobre un conjunto de localidades en las que nombraba, al igual que lo hacía San Felipe, a los oficiales municipales.[69] Aunque hay constancia de múltiples pleitos por incompatibilidades anteriores al período que deseamos analizar aquí, como en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XVIII, nos centraremos en los años 1782 a 1799, puesto que un voluminoso expediente en los fondos del Archivo Municipal de Xàtiva, nos revela una sugestiva muestra de la pugna mantenida entre ambos municipios.[70]

En el citado documento aparecen relacionados los componentes de los ayuntamientos comprendidos en la fechas citada (1782 a 1799):


Fuente: Archivo Municipal de Xàtiva, LG-409. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de Castelló de la Ribera, este cuadro es revelador de los apellidos que monopolizaron el ejercicio de los empleos públicos en la baronía de Canals. Como en el caso anterior, se incumplió el Auto Acordado de 1748, que regulaba las incompatibilidades para ejercer cargos públicos, tal como el parentesco, o ser arrendatario de algún servicio municipal.

Es sabido que el cargo municipal era de obligada aceptación y no había cabida para excusas. Pocas veces se aceptaban renuncias.[71] Encarnación García Monerris ha estudiado algunos de estos conflictos en lo tocante al corregimiento de Valencia,[72] en donde pone de manifiesto las miserias a las que se podía llegar en la pugna por mantener o «controlar mejor los resortes de su magro poder». En nuestro caso la contienda se abre a raíz del enfrentamiento entre el antiguo alcalde pedáneo de Canals y el regidor primero por colocar a alguno de sus sobrinos. Así, en la documentación consultada, no hay aparentemente ningún caso de renuncia al oficio por alguna causa ajena a índoles físicas. Antes bien, las instancias de poder que resolvían quienes eran propuestos para dichos cargos, hacían uso de la lucha política con el fin de conseguir sus propósitos, su cuota de poder en el ayuntamiento y mejorar sus posiciones políticas y económicas. Los lazos de parentesco entre las distintas personas que ocupaban oficios públicos o componía las ternas de propuestos para los mismos quedan de manifiesto por su constante frecuencia para el período estudiado. Estos nombres representaban el sector privilegiado del municipio de Canals. Normalmente eran «labradores», que basaban su estado acomodado en la propiedad de la tierra y de las áreas claves de la vida económica de la población. Puede observarse que el patrón no difiere en demasía para el sector estudiado anteriormente en el municipio de Castelló de la Ribera. Esta característica se convierte en columna vertebral del sistema de dominio del ejercicio de la política en el Antiguo Régimen, al tiempo que veremos cómo los conflictos nunca suponía cuestionar la legalidad del orden absoluto.

Sin embargo, el caso de Canals se muestra interesante por cuanto, a diferencia de otros casos de poblaciones en continuo enfrentamiento con San Felipe, en esta se dará un doble conflicto: entre dos grupos dentro del sector acomodado de la población, y el de uno de ellos con la ciudad de San Felipe. En primer lugar, veamos quienes eran los integrantes de estos grupos.[73] Uno de estos notorios e insistentes apellidos era Juan Bautista Gil, que controlaba el peso de las carnes, por lo que es excluido de la terna para alcalde ordinario para el ejercicio de 1783. Las incompatibilidades eran motivo de graves disputas entre aspirantes a los cargos. Juan Bautista Climent, que optaba a alcalde ordinario también en 1783 y que finalmente no fue elegido, se quejó de que José Alventosa, que figuraba en primer lugar de la terna para el puesto de Regidor primero, –y que tampoco resultó elegido– ya fue alcalde en 1780, por lo que no podía aspirar a esa plaza.

En 1784 el Ayuntamiento de San Felipe desestimó la opción de Antonio Sancho, mayor, por incompatibilidad también, al ser quien controlaba el Peso de las carnes. Tampoco resultó elegido José Saurina de Luis, quien optaba en primer lugar para el puesto de regidor segundo, por ser pariente de Miguel Saurina Fernando. Ambos se quejaron del regidor segundo elegido, Esteban Martínez, porque era cuñado del síndico procurador general, Pascual Martínez. En 1785, Fernando Martínez de Manuel, que optaba al puesto de regidor primero era la persona que controlaba el pósito de la harina. En 1789 hubo queja contra Ramón Martínez, puesto que este, finalmente elegido, era el administrador de los naipes de Canals.

No obstante la reiteración de idénticos apellidos y linajes hay que matizar la posible idea de la existencia de un férreo y absoluto control de la cosa pública por parte de este sector. En bastantes ocasiones cumplir la legislación vigente, en nuestro caso el Auto Acordado de 1748, era bastante difícil, por distintas circunstancias: por las pugnas entre las distintas facciones; porque tampoco había tantos candidatos donde poder elegir; o por la intervención de las instancias corregimentales (el corregimiento de San Felipe), quien en muchas ocasiones desestimaba algún candidato o el conjunto de la terna. Para el período elegido, no obstante lo dicho, es fácil comprobar quien dominaba la vida pública de la baronía dependiente de San Felipe:



Fuente: Archivo Municipal de Xàtiva. Elaboración propia.

Aunque no definitiva, la intervención del ayuntamiento de San Felipe para aprobar los nombramientos de los cargos del municipio de Canals resultaba determinante. Los regidores de San Felipe eran muy celosos de su autoridad sobre la baronía de Canals, tanto por razones políticas y económicas, como de prestigio. Este control llegaba incluso en cuestiones aparentemente menores como eran las normas de protocolo. En 1665 y 1669, la antigua ciudad de Xàtiva mantuvo pleitos con Canals, en los que los jurados de la primera alegaron en un proceso que las autoridades de Canals, que ellos nombraban, no podían tomar asiento en los bancos donde lo hacían los jurados, incluso en su ausencia.[74]

Cuando los oficiales de Canals elaboraban la terna, esta venía previamente mediatizada por el alcalde ordinario saliente, que colocaba en primer lugar a sus candidatos. La terna en cuestión se remitía al secretario del Ayuntamiento de San Felipe, quien lo trasladaba al regidor comisario barón del mes, quien a su vez debía informar de lo que creyera conveniente. En el año 1783 el regidor comisario, o barón, del ayuntamiento de San Felipe era D. Raimundo Ferrer, quien se procuró sus propios informes para atender las impugnaciones de otros candidatos.

En 1784, el regidor D. Tomás Jacinto Aliaga y Blesa, informaba que, en el caso del candidato a alcalde ordinario, Felipe Climent ya había sido regidor y, además, era cuñado de Juan Bautista Climent, poseedor de un horno de pan, y que, en opinión del citado regidor, perjudicaba la economía de la población al repercutir en la merma de ingresos en los propios del ayuntamiento. En 1785, el regidor lo fue D. Vicente Pelegero, que trabajó con dos listas, no constando que hubiese mayores incidencias o problemas relevantes. En 1786, sería el regidor D. José Sanchis quien, siguiendo el procedimiento habitual, elabora sus informes. El citado regidor tuvo bastantes dificultades en su cometido, puesto que ese año fue particularmente conflictivo. Los candidatos para alcalde ordinario eran Juan Bautista Climent en primer lugar, y Juan Bautista Gil, en segundo. Los oficiales regidores del año anterior Vicente Cuenca y José Saurina remitieron un escrito al regidor comisario, Sanchis, en el que explicaban que aún siendo personas dignas debía tener en cuenta las incompatibilidades que ellos le notificaban: Climent era hermano de Fr. D. Manuel Climent, que tenía instada causa judicial contra el común y propios de Canals, y que Gil estaba casado con una sobrina de José del Olmo, que ejercía el cargo de diputado personero, y aun cuando los otros oficiales consideraron que no existía grave impedimento, Sanchis desestimó a ambos candidatos, e incluso al tercero, nombrando a un cuarto, Carlos García, que a su vez fue recusado por tener familia con causas judiciales pendientes.

En 1787, D. Cristóbal de Chaves era el regidor comisario para Canals, y también tuvo que hacer sus pesquisas al respecto. Parece que los informes del regidor primero saliente de 1786, Ramón Martínez, surtieron efecto para no elegir a los candidatos situados en segundo y tercer puesto, Juan Bautista Gil –otra vez– y Antonio Sancho, puesto que Chaves informó favorablemente sobre los situados en el primer lugar, excepto en el caso del cargo de síndico procurador general. Es en este año cuando se llega a un grave enfrentamiento entre la ciudad de San Felipe y Canals, al suscitarse un pleito que llegó incluso ante la Audiencia.

Antes de analizar el conflicto en sí, es necesario hacer una valoración del papel de los regidores de San Felipe a la hora de elaborar su informes a favor o en contra de determinados candidatos. Los años citados creemos que marcan una buena pauta sobre lo que podía acontecer antes y después de la época que trabajamos, siendo la mayoría de las quejas motivadas por incompatibilidad. Hay que considerar igualmente otras particularidades, como eran las serias dificultades que en ocasiones tenía el regidor comisionado a la hora de ponderar quienes debían ser los candidatos más idóneos. A ello debía considerar factores como la enemistad manifiesta o el rencor o resentimiento entre personas que vivían en núcleo de población reducido, y donde no dudaban incluso en recurrir a las descalificaciones y ofensas en sus denuncias. Tampoco era exclusivo este comportamiento entre candidatos. Los propios regidores comisionados de San Felipe ponían de manifiesto su opinión, expresando claramente su animosidad u hostilidad hacia alguno de los candidatos, tal como se expresa D. Gaspar Pelegero, regidor comisionado en 1794:[75]

[...] que el referido Micó tiene el gravísimo reparo para no elegirse por tal alcalde el ser tío carnal del interino escrivano de los juzgados y ayuntamiento de dicha varonía, Francisco Joseph Micó, mayormente en un pueblo que la mayor parte de vezes no saven ni aún escribir los governantes, y el escrivano les rige y govierna como a legos [...]. [la cursiva es nuestra].

He aquí otro factor a tener en cuenta: el poder de personajes que, como los escribanos, podían llegar a influir en el gobierno y aprovecharse de su situación ventajosa, sobre personas que, aunque en situación económica acomodada, no disponían del suficiente bagaje político y cultural como para llevar las responsabilidad de gobierno. No obstante, otras personas sí disponían de ese bagaje, y las manifestaciones hostiles de los distintos bandos, y el claro alineamiento del Ayuntamiento de San Felipe hacia el bando que mejor defendía sus intereses en la citada baronía de Canals, como veremos enseguida, produjo colisión entre partes que, como dijimos, acabaron en la Audiencia. Estas colisiones nos llevan a hacernos algunas preguntas: ¿qué había detrás de tantas protestas entre candidatos y regidores comisarios? ¿cuáles eran las pretensiones de unos y otros? ¿eran solo las incompatibilidades las que enfrentaban entre sí a lo candidatos y a algunos de estos con la ciudad de San Felipe?

El análisis de la intervención de las ternas y la supeditación al Ayuntamiento de San Felipe nos ayudará a entender las complejas relaciones entre quien detentaba el señorío –San Felipe– y quien le debía sometimiento –la baronía de Canals–. Ya se ha dicho que se llegaba a la causa judicial por cuestiones como la interpretación de las normas de protocolo. La documentación nos aporta información de muchos más tipos de disputas de mayor calado, detrás de las cuales estaban los decididos partidarios que querían conducir a la desvinculación de la Xàtiva foral, antes, y de la San Felipe borbónica, después. Así, en 1675 se pleiteó sobre la pretensión de los oficiales de Canals de ejercer la jurisdicción criminal, mero y mixto imperio, cuestión privativa de Xàtiva[76] En 1679 se sustanció un pleito sobre el derecho de Xàtiva para fiscalizar las rentas y las actuaciones de los oficiales de Canals, a lo que estos ponían bastantes trabas.[77] También a finales del siglo XVII, la ciudad de Xàtiva tuvo que pleitear con Canals para oponerse a la pretensión de aquélla población de disponer de derechos de salvaguarda real; de celebrar Consejo sin la asistencia de los oficiales de Xàtiva y tomar cantidades dinerarias a censo para poder continuar pleiteando para que la población revertiera a la Corona[78].

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