Kitabı oku: «El precio de la democracia», sayfa 4

2. El financiamiento privado de la democracia
Un sistema poco regulado y pensadoúnicamente para los más privilegiados

EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA

DEMOCRACIA: UN SISTEMA (SÓLO EN PARTE)

CONTROLADO (¿Y POR CUÁNTO TIEMPO?)

Conforme avanzan las elecciones, aumenta también el temor —a menudo justificado— al fraude electoral, temor alimentado por el miedo a la corrupción. Compra de votos, compra de políticos, manipulación de los medios… No ha hecho falta esperar a House of Cards y al jubiloso Frank Underwood para descubrir el abanico de posibilidades que se abren a los ambiciosos que se han nutrido de Shakespeare y la moral de su Ricardo III. “La conciencia no es más que una palabra que usan los cobardes, ideada por primera vez para asustar a los fuertes; nuestros recios brazos sean nuestra conciencia y nuestras espadas, nuestra ley. Adelante.” Así exclama el rey Ricardo, político maquiavélico de pensamiento complejo. Es una útil advertencia histórica.

Sin embargo, en numerosos países, ha hecho falta esperar mucho tiempo para que el financiamiento privado de la democracia se controlara, es decir, para que se limitaran las aportaciones privadas al juego electoral, notable fuente de corrupción. Estados Unidos fue uno de los primeros países en regularlas (en parte, quizá, para distanciarse de la vieja Europa, percibida como aristocrática y antidemocrática), para luego deshacer lo que había hecho. La primera expresión de la voluntad de limitar la corrupción en las elecciones federales estadounidenses se remonta a 1867, con la Naval Appropriations Bill [Ley de Apropiaciones Navales], que pretendía impedir que los oficiales de la marina y los empleados del gobierno recaudaran contribuciones entre los empleados de los astilleros. Esta regulación se extendería muy pronto, volviendo ilegal que los empleados del gobierno solicitaran e hicieran contribuciones para las elecciones federales,¹ hasta llegar a la prohibición de las contribuciones financieras de las empresas a las campañas electorales nacionales, en 1907, con la Ley Tillman.² No obstante, también los límites de esta regulación se harían evidentes muy pronto, sobre todo por la ausencia de un órgano regulador.³

La simulación de la legislación estadounidense

Aún hoy, en Estados Unidos las donaciones (directas) de empresas a las campañas electorales están prohibidas. No obstante, las donaciones de individuos están autorizadas. En principio, las donaciones a campañas —o, más precisamente, al comité local de un candidato— para las elecciones federales están limitadas a 2700 dólares por individuo para cada elección. Aun así, los ciudadanos pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales a los comités de acción política (PAC, por las siglas de political action committee), organizaciones privadas que desempeñan un papel de extrema importancia en la vida electoral de Estados Unidos, pues se dedican a apoyar a un candidato o, por el contrario —cosa muy frecuente—, a “destruir” a otro.⁴ Además, pueden donar cada año hasta 10 mil dólares a los comités locales de los partidos políticos y hasta 33900 dólares a los partidos a nivel nacional. En resumidas cuentas, están autorizadas a ejercer su generosidad política hasta por 101700 dólares por comité y por año, contribuyendo a otros comités del mismo partido a nivel nacional, sobre todo en el marco de las convenciones nacionales o la construcción de las sedes de los partidos.⁵ Así, a fin de cuentas, un individuo está autorizado a dedicar varias decenas de miles de dólares al año a defender sus ideas en el escenario electoral estadounidense.

No sólo se han ampliado estos umbrales, sino que, en los hechos, este sistema ya no funciona, pues aunque existen límites han perdido todo sentido a causa de la existencia de los “súper PAC”: grupos de presión que no tienen restricción alguna y pueden recibir donaciones ilimitadas, también de parte de empresas. Por eso, en la actualidad, los gastos electorales en Estados Unidos se cuentan ¡en miles de millones! En 2016 y 2017, se dedicó a los gastos electorales un promedio de 11.50 euros por cada estadounidense adulto. Estos “súper PAC” no están exentos de las recientes desviaciones de la democracia estadounidense, una democracia secuestrada por algo que podemos sentirnos tentados a denominar “casta”. Es una desviación que afecta a republicanos y demócratas a la vez, y deja la puerta abierta a candidatos populistas dispuestos a denunciar a una élite sometida al poder del dinero. Veremos esto en detalle en el capítulo 7. Sin embargo, antes de estudiar estas desviaciones, relativamente recientes, y la manera en que los “súper PAC” han llegado a destruir casi por completo el sistema de regulación estadounidense, continuemos nuestro recorrido por diferentes países y por las maneras en que se han aplicado (o no) las reglas para limitar el financiamiento privado de la política.

Así en el Reino Unido como en Alemania:la democracia sin regulación

En el Reino Unido, si bien los gastos electorales están controlados desde hace décadas —como vimos en el capítulo 1—, las donaciones no lo están. Es por eso que Patrick H. Gregory pudo aportar al Partido Conservador la modesta suma de un millón de libras en 2017, desplazando a la segunda división a Michael Davis y su cheque de 508 mil libras, firmado unas semanas antes. Esperemos que la postulación como presidente del Partido Conservador, en junio de 2017, le haya servido de consuelo a este último. A menos que haya encontrado ese consuelo junto a su compañero David E. D. Brownlow, empresario y filántropo —según sus propias palabras—, cuyo cheque emitido también en junio de 2017, por un monto de 566750 libras al Partido Conservador, seguramente no guarda relación alguna con su postulación como vicepresidente a cargo de las campañas.

¿Qué importa eso?, me dirán. ¿Qué importa que una empresa como J. C. B. Service, que opera en el sector de la agricultura intensiva, pero también en el de la construcción, el gobierno y la defensa, haya donado en mayo de 2017 1.5 millones de libras al Partido Conservador? Cada cual es libre de manifestar sus preferencias políticas, incluso las empresas, y se necesita ser muy malpensado para ver en estas contribuciones una palanca. Después de todo, hay transparencia.

Asimismo, ¿qué importa que, en Alemania, Philip Morris GmbH, la filial alemana del fabricante de cigarrillos estadounidense, prácticamente financie cada año no sólo a la CDU, sino también a la CSU, el FDP e incluso, de manera regular, al SPD? Entre 2001 y 2015, la empresa dedicó casi 900 mil euros al financiamiento de la vida política alemana.⁶ ¿Quién podría sospechar la más mínima relación con el hecho de que en Alemania aún se debata la posibilidad de prohibir la publicidad de tabaco, una prohibición vigente desde hace muchos años en la mayor parte de los países europeos? ¿Quién ha dicho cabildeo? ¿Quién podría ver ahí alguna relación con el filtergate? Mientras la industria tabacalera patrocina regularmente los congresos de los partidos políticos de aquel lado del Rin, las más grandes empresas cigarreras a nivel mundial —entre ellas Philip Morris—han recibido justas críticas por alterar sus pruebas de calidad practicando agujeros microscópicos en el filtro de sus cigarrillos para reducir de manera artificial el contenido de alquitrán o nicotina.

FIGURA 7. Montos donados entre 2000 y 2015 a los partidos políticos alemanes por algunas empresas, según su sector de actividad.

Del mismo modo, ¿quién podría relacionar el hecho de que, entre 2000 y 2015, Volkswagen haya donado 1.8 millones de euros a los partidos políticos alemanes, BMW más de 3.7 millones y Daimler,⁷ 7.2 millones, con el dieselgate, otro ejemplo de fraude, esta vez en la industria automotriz? Cierto es que esas donaciones —y podemos alegrarnos— ya no protegen por completo de la justicia a esta industria, pero aun así convierten a las empresas automotrices alemanas en interlocutoras privilegiadas del poder.

La figura 7 muestra algunos ejemplos de las relaciones cercanas —por medio del financiamiento de los partidos— entre la industria y la política en Alemania; las sumas de dinero son impresionantes. En el capítulo 7 trataré con mucho más detalle estas relaciones peligrosas.

La tardía regulación francesa

En Francia, si bien no se hizo nada, o casi nada, hasta fines de la década de 1980, desde 1988 se han puesto en marcha numerosas leyes para limitar el financiamiento privado de la política y, como compensación a esos límites, permitir su financiamiento público.⁸ En 1990 se creó la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques [Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político] (CNCCFP), encargada de verificar y aprobar las cuentas de los partidos y las campañas.⁹ De esta organización se habla con frecuencia en los medios cuando los periodistas desmenuzan los gastos electorales de los candidatos, desde los jets privados de Jean Lassalle hasta los gastos en comunicación de François Fillon.

Hasta 1988, los partidos políticos eran simples asociaciones, en el sentido marcado por la ley de 1901 “relativa al contrato de asociación”.¹⁰ Como tales, podían recibir cuotas de sus miembros,¹¹ pero no estaban autorizados a recibir donaciones ni herencias (ese privilegio estaba reservado a las asociaciones de “reconocida utilidad pública”). Oficialmente al menos, aunque los gastos de los candidatos en las campañas electorales no estaban limitados por la ley, sí lo estaban por la relativa “pobreza” de los partidos, que, en el papel, debían conformarse con las exiguas contribuciones de sus militantes. Exiguas excepto para el Partido Comunista —y, en menor medida, para el Partido Socialista—, de recursos relativamente abundantes gracias a sus numerosos miembros (con cuotas fijas de 1% de sus ingresos), y gracias también a las contribuciones de los funcionarios electos que le transfieren la totalidad de sus remuneraciones y a cambio reciben financiamiento.

Todo esto en el papel, puesto que los recursos secretos del gobierno, las finanzas patronales y muchas otras cajas negras no han dejado de alimentar, en la Quinta República, el funcionamiento de la vida política. No puedo más que invitar al lector nostálgico de la música disco y el flower power, de las viejas imágenes de los años de Giscard, a (re)sumergirse en el libro L’Argent secret [El dinero secreto], de André Campana.¹² Claro que habla más de money power que de bolas de espejos en el techo de una discoteca, pero en esa época, para ser el número uno, más valía contar con amigos pudientes. En esa época, y hoy, pues aunque sonreímos ante esta evocación, en “francos pesados”, de los sinsabores de Bouygues en el asunto de la urbanización de Chanteloup-les-Vignes —la empresa, en la década de 1970, pagó a la UDR 5 millones de francos por debajo de la mesa para la construcción de sus oficinas… que finalmente no recibió—, las sumas en juego durante el escándalo del financiamiento libio de la campaña de Sarkozy son, por otro lado, más importantes. Y no hablaré aquí de las sospechas de corrupción que hoy pesan sobre el grupo Bolloré por la asignación de concesiones portuarias en Togo y en Guinea a cambio de una pequeña “contribución” electoral (en este caso, mediante el pago de servicios de consultoría y comunicación).

Pero me adelanto. Ha corrido mucha agua bajo los puentes —incluidos los del Danubio— desde la época en que aún se hablaba del Conseil National du Patronat Français [Consejo Nacional de Empleadores de Francia] (CNPF) para designar al empresariado.¹³ En particular, los partidos políticos han adquirido una verdadera existencia jurídica en lo que concierne a las modalidades de su financiamiento. Así, con las leyes de 1988, un partido político, en Francia, se convirtió en una asociación en los términos de la ley de 1901, pero sometida a las reglas de la ley del 11 de marzo de 1988 relativa a la transparencia financiera de la vida política.¹⁴ En Francia, sólo los partidos políticos regidos por la ley del 11 de marzo de 1988 están autorizados a financiar a un candidato para una elección.

Además, con las leyes de 1988 y 1990¹⁵ no sólo se puso en marcha un sistema de financiamiento público —directo e indirecto— de la democracia (volveremos a eso en el capítulo 5), sino que su financiamiento privado quedó controlado. Por una parte, se legalizaron las donaciones (de individuos y de empresas) a candidatos o partidos políticos; por otra, se limitó el monto de esas donaciones. Así, a finales de la década de 1980, un individuo estaba autorizado a donar hasta 30 mil francos al año (equivalentes a unos 7300 euros actuales, tomando en cuenta la inflación) a un candidato, mientras que una empresa podía donar 50 mil francos (es decir, alrededor de 12 mil euros). En cuanto a las donaciones a partidos políticos, estaban limitadas a 50 mil francos para los individuos y a 500 mil para las empresas. Éstas, por cierto, contribuyeron muy generosamente al financiamiento de la vida política en Francia entre 1990 y 1995.

Hoy en día, las donaciones de empresas a campañas y a partidos políticos están prohibidas por ley. Las donaciones de individuos particulares a partidos o agrupaciones políticas están limitadas a 7500 euros por persona y por año.¹⁶ Las donaciones a campañas electorales —ya sean campañas presidenciales, legislativas o incluso municipales— están limitadas a 4600 euros por elección. Estos montos pueden parecer bajos, sobre todo al hacer una comparación internacional (mis colegas del otro lado del Atlántico no pueden reprimir una sonrisa cuando aludo a esto, pues están acostumbradas a los millones de dólares de las campañas estadounidenses); sin embargo, como veremos, en realidad crean enormes desigualdades en cuanto a la participación de cada persona en nuestro sistema democrático. ¿Quién puede ofrecerse a dedicar varios miles de euros a la expresión de sus preferencias políticas? Puesto que el “precio de un voto” es de apenas unas decenas de euros (como veremos en el capítulo 8), una donación de 4600 euros a una campaña puede tener un efecto considerable en las elecciones. Finalmente, nótese que, en un año electoral como 2017, un ciudadano en Francia pudo dedicar hasta 21300 euros a la defensa de sus intereses políticos. Para esto bastaba que el ciudadano en cuestión donara 7500 euros a un partido, 4600 a un candidato en la elección presidencial, 4600 a la campaña de un candidato en la elección legislativa y 4600 a la senatorial.

En Bélgica, ¿ola de reformas para detener las olas?

En Bélgica, las donaciones de personas particulares no podrían alcanzar tales alturas. Si bien la regulación al financiamiento privado se introdujo en ese país más o menos al mismo tiempo que en Francia —con la ley del 4 de julio de 1989 sobre la limitación y el control de gastos electorales, financiamiento y contabilidad abierta de los partidos políticos—, sus límites son mucho más estrictos hoy en día.¹⁷

Al igual que en Francia, en Bélgica las empresas no están autorizadas a hacer donaciones a los partidos políticos. Además, los individuos no pueden donar más de 500 euros anuales a un partido y el monto total de sus contribuciones no puede exceder los 2 mil euros. Se trata de uno de los sistemas más estrictos del mundo para controlar el financiamiento privado de la democracia, aunque no menos consistente con lo que vimos antes: las sumas que los partidos y los candidatos están autorizados a gastar en las elecciones belgas son extremadamente bajas; desde este punto de vista, los montos de las donaciones más fuertes serían relativamente inútiles. Más bien habría que cuestionar la consistencia del sistema inglés, que limita los gastos ¡pero no las donaciones! Con esto se ve hasta qué punto los sistemas de regulación pública aplicados en diferentes países jamás se han concebido de manera coherente y comparativa: es momento de que el ciudadano se adueñe de ellos.

LAS DESIGUALDADES DE CARA AL

FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA DEMOCRACIA

2 mil euros en Bélgica, 7500 euros en Francia: ¿es mucho o poco? Muchos estarían tentados a afirmar que esas sumas son bajas, ya sea para aplaudir la buena salud de una democracia “a la francesa”, muy alejada de las desviaciones estadounidenses sobre las cuales no dejaré de hablar más adelante, o para denunciar, por el contrario, la falta de medios asignados a las formaciones políticas en el combate electoral. “Una elección cuesta cara”: ése es el leitmotiv que vuelve una y otra vez a la boca de los defensores de una liberalización del financiamiento de la democracia política en Francia. No se puede hacer campaña sin dinero; la labor de informar a los ciudadanos consistiría, en primer lugar, en gastar el dinero suficiente para convencer a su “tiempo cerebral disponible” de las bondades de los programas propuestos.

Ahora bien, ¿cómo convencer, si no es con millones? A golpes de 7500, los euros tardan en acumularse. ¿De verdad 7500 euros son muy poco? Todo depende del punto de vista que adoptemos. Un ejemplo: en Francia, el monto mensual neto del salario mínimo por 35 horas de trabajo semanales es de 1142 euros, es decir, 13704 euros al año. En otras palabras, 7500 euros son más de la mitad del ingreso anual de un trabajador con salario mínimo; difícilmente podría esta persona aprovechar al máximo la oportunidad que se le da de contribuir al buen funcionamiento del juego democrático.

7500 euros son, además, más de cuatro meses de salario neto promedio en Francia.¹⁸ ¡Difícil imaginar a un ciudadano —aunque sea el más comprometido— que gaste más de un tercio de sus ingresos anuales en el financiamiento del juego político!

Sin embargo, con mucha frecuencia nuestros políticos dan importancia al elector promedio, cuya utilidad buscan aprovechar al máximo con sus decisiones. Así, quienes denuncian que el tope para las donaciones es demasiado bajo suelen ser los primeros en exigir múltiples pequeños donadores. Y es que el juego político parece más bello cuando predomina la ilusión de una multitud igualitaria en la que cada integrante contribuye según sus medios. En un cartel, el ama de casa común supera con creces a la rica heredera y se prefiere al hombre de la calle que al dictador extranjero.

En un cartel, sí, pero… ¿en los hechos? Si, por ejemplo, nos detenemos un momento a examinar la campaña presidencial de Emmanuel Macron, ¿qué descubrimos? Que, si bien los pequeños donadores están en el cartel (30 mil particulares hicieron algún aporte), en realidad un puñado de ricos y generosos mecenas determina las reglas del juego. Por un lado, miles de pequeños donadores: un tercio de las contribuciones a En Marche! serían inferiores a 30 euros y dos tercios inferiores a 60 euros; la donación promedio sería de 50.¹⁹ Por otro lado, sólo 2% de las donaciones rebasaba los 5000 euros. Pero 2% de 30 mil donadores son 600 ricos mecenas, que aportaron entre 3 y 4.5 millones de euros.²⁰ En otras palabras, 2% de los donadores aportaron entre 40 y 60% de los 7.5 millones de euros de donaciones al movimiento. Quisiera ser más precisa, pero no es posible, pues los partidos del nuevo mundo no se distinguen por ser más transparentes que los del viejo. También me siento tentada a afirmar —rechinando los dientes— que ese 2% de generosos donadores invirtió bien su dinero, pues, por un módico costo de 2550 euros —tomando en cuenta las ventajas fiscales—, cada uno de los 100 franceses más ricos obtuvo, con la presidencia de Macron, una reducción de impuestos de 1.5 millones de euros, y eso apenas en los primeros meses del quinquenio.²¹ ¡Es decir, un retorno sobre la inversión de casi 60 mil por ciento, para aquellos que contribuyeron a la campaña!

Desde este punto de vista, los franceses ricos no tienen razón alguna para envidiar a sus homólogos estadounidenses, que también acaban de recibir una de las mayores reducciones de impuestos de la historia, reducción que sólo beneficiará a las grandes empresas y al 1% más adinerado.²²

UN SISTEMA PENSADO PARA

LOS MÁS PRIVILEGIADOS

El injusto sistema fiscal francés, desdelas donaciones hasta las cuotas de los militantes

En Francia, las donaciones a campañas y a partidos dan lugar a “recibos de donación” que otorgan a los donadores el derecho a una reducción de impuestos. Estas donaciones se consideran, fiscalmente, como donaciones a organismos de interés general; en este caso, el organismo en cuestión es el “representante financiero” o la “asociación de financiamiento electoral para beneficio de un partido o agrupación política de uno o más candidatos”.²³ La reducción de impuestos es igual a 66% de las sumas gastadas, a condición de que dichas sumas no rebasen 20% del ingreso gravable. Cuando el monto de las donaciones rebasa este límite, el excedente se reporta para los cinco años siguientes y da derecho a una reducción de impuestos en las mismas condiciones.

Ahora bien, para beneficiarse de una reducción de impuestos, todavía hace falta tener que pagar impuesto sobre la renta…²⁴ Seamos precisos; la reducción de impuestos se calcula de la manera siguiente: imaginemos una persona con ingresos gravables de 100 mil euros, que ha hecho donaciones a partidos políticos por 6 mil euros (el tope es de 7500). Estas donaciones se sitúan cómodamente dentro del límite de 20% del impuesto gravable (es decir, en este caso, 20 mil euros). Puesto que el monto de las donaciones es inferior a ese doble tope, la reducción de impuestos se aplica por completo y es igual a 6000×66%=3960 euros. En otras palabras, para este individuo con ingreso gravable de 100 mil euros, el costo real de las donaciones a partidos políticos es apenas de 6000–3960=2040 euros. El resto corre a cuenta del Estado, es decir, de los contribuyentes en su conjunto.

¿Cuál sería el costo para un individuo con ingreso gravable de menos de 9700 euros (el umbral de entrada al primer nivel de la escala para una parte de cociente familiar) que decidiera hacer una donación semejante? 6 mil euros… porque, al estar exento de impuesto sobre la renta, este individuo no tendrá derecho a reducción de impuestos (sin contar que, de todos modos, el tope de 20% de impuesto gravable le impediría beneficiarse plenamente de una reducción de impuestos). Ahora bien, los hogares modestos son, en Francia, más de la mitad de los hogares fiscales, de modo que esto está lejos de ser anecdótico.

Digámoslo de otro modo: el sistema actual es tal que, al final, los ricos no pagan más que una tercera parte del monto de sus donaciones a los partidos o los candidatos de su elección, pues el resto lo paga el Estado, es decir, es dinero de nuestros impuestos (en particular el IVA y otros impuestos indirectos que todos pagamos, y sobre todo los más pobres), mientras que los ciudadanos de más bajos recursos —¡gran paradoja!—pagan sus contribuciones políticas a plenitud. Además, el sistema francés actual de reducción de impuestos no sólo se aplica a las donaciones a candidatos y a partidos políticos, sino también a las cuotas de los militantes.²⁵ En otras palabras, la mitad de los franceses más pobres no puede recibir el reembolso de una parte de sus cuotas, mientras que la mitad de franceses sujetos a impuesto sobre la renta sí puede. Esto anula —e incluso revierte— el carácter progresista de las políticas de militancia practicadas por muchos partidos. Por ejemplo, en Europe Écologie Les Verts [Europa Ecología Los Verdes] (EELV), la cuota de militancia es de 36 euros al mes para los miembros más precarios: los estudiantes y aquellos cuyo ingreso es inferior a 1200 euros mensuales. Costo real para un miembro precario: 36 euros. Para un miembro que gane 1500 euros al mes, la cuota de militancia es de 100 euros. Costo real, una vez aplicada la reducción fiscal de 66%: 34 euros… Para todos los partidos que aplican una tarifa única o casi única, el resultado es que la militancia resulta dos tercios más barata para los contribuyentes gravables que para los no gravables. La política pública, entonces, reduce a la nada los intentos de los partidos por democratizar el perfil de sus militantes. Todo está de cabeza.

Nótese, finalmente, que la reducción de impuestos no sólo se aplica a las cuotas de los militantes, sino también a las de los funcionarios electos o, en palabras de Bercy, a las “cuotas pagadas por los titulares de cargos de elección pública nacionales o locales”. En este caso, se aplica aún con más flexibilidad, pues las cuotas de los funcionarios electos no tienen el tope de 7500 euros. Así, un funcionario electo que declare sus ingresos en pareja puede beneficiarse de una reducción de impuestos que asciende a 66% del monto de las cuotas, monto limitado a 15 mil euros por hogar fiscal. Por ejemplo, un senador, aunque viva principalmente de las remuneraciones que le paga el Estado, podrá ver que sus impuestos se reducen en 10 mil euros a título de las cuotas que ha decidido pagar a su propio partido, o por el voto de la ley en función de intereses muy personales.

Así pues, en Francia el financiamiento público de la vida política es mucho más débil para los millones de individuos menos privilegiados que para los pocos más privilegiados. En el próximo capítulo veremos que, tan sólo para las donaciones a partidos políticos, el Estado gasta 21 veces más en reducciones de impuestos para el 1% de franceses más ricos que para la mitad menos adinerada de los contribuyentes. Esta situación es un escándalo, sobre todo porque este sistema, tan profundamente injusto, no es exclusivo del financiamiento político, sino que se aplica a todas las donaciones, incluido el financiamiento de los medios de comunicación por medio de donaciones a asociaciones como Presse et Pluralisme o J’Aime l’Info; por eso, en 2015, defendí en mi libro Salvar los medios de comunicación la idea de un sistema de financiamiento abonado “a la inglesa” —que el Estado aporte directamente a las fundaciones el equivalente de sus gastos fiscales— para las donaciones en Francia a medios sin fines de lucro.²⁶ En el capítulo 10 volveré a abordar esta propuesta, extendida al financiamiento de los partidos políticos.

Algo interesante es que las cuotas a sindicatos son una excepción, puesto que dan derecho a un crédito fiscal. En otras palabras, los hogares no gravables se benefician del crédito fiscal asociado a las “cuotas sindicales de los asalariados y pensionados” en la misma medida que los hogares gravables, puesto que, en el marco de un crédito fiscal, los contribuyentes no pagan impuestos y no pueden, por lo tanto, beneficiarse de una reducción, pero de todas maneras reciben un cheque del Estado. El crédito fiscal a que dan derecho estas cuotas sindicales es igual a 66% del monto de esas cuotas. No obstante, el monto sujeto a este crédito no puede exceder 1% del salario neto gravable. En otras palabras, una vez más, las personas de más bajos ingresos no pueden beneficiarse tanto como los más ricos. En efecto, para un contribuyente que haya recibido 50 mil euros de salario neto gravable y haya pagado 300 euros en cuotas (es decir, menos de 1% de su salario), el monto del crédito fiscal es de 300×66%=198 euros. Su militancia no le cuesta más que 102 euros. No obstante, para un contribuyente que haya cobrado 20 mil euros de salario neto gravable, y haya pagado los mismos 300 euros en cuotas, el monto del crédito fiscal es de 200 euros×66%=132 euros, puesto que sólo se toma en cuenta para el crédito la parte de su cuota correspondiente al 1% de su salario, es decir 200 euros. Al final, su militancia le cuesta 168 euros, contra los 102 euros que le cuesta al contribuyente que dispone de un ingreso 2.5 veces más elevado.

Así pues, en Francia, mientras más pobre sea una persona, más paga por participar en la democracia social y política… ¿No es hora de cambiar?

Una desigualdad muy extendida

Por desgracia, esta desigualdad en la contribución del Estado al financiamiento de las preferencias políticas de unos y otros ciudadanos está lejos de ser exclusiva de Francia. En Canadá, el Political Contribution Tax Credit [Crédito fiscal por contribuciones políticas],²⁷ introducido en 2004, es de hecho una reducción de impuestos, y no un crédito fiscal. En otras palabras, sólo beneficia a los hogares fiscales gravables. Entonces, los más ricos no pagan a tasa plena sus donaciones a los partidos políticos. En cambio, los más pobres sí… Y es lo mismo en Italia, en España e incluso en Alemania.²⁸ El sistema es particularmente sorprendente en Italia, donde las cuotas de los militantes de los partidos no les dan derecho a reducciones de impuestos, mientras que las cuotas de los funcionarios electos sí.²⁹ (Finalmente, Estados Unidos es la única excepción en este caso, pues las donaciones a los partidos políticos y a las campañas no dan derecho a deducciones fiscales.)³⁰

No obstante, a veces se introducen medidas para favorecer las pequeñas donaciones. En España, por ejemplo, los primeros 150 euros donados dan derecho a una reducción de impuestos de 75%, mientras que la reducción es de sólo 30% para donaciones superiores a 150 euros (con un tope de 10% de la base gravable neta).³¹ Asimismo, en Alemania la reducción fiscal se aplica únicamente a las pequeñas donaciones. Alemania introdujo, además, un sistema de financiamiento abonado para esas pequeñas donaciones: los partidos políticos reciben 0.45 euros por cada euro donado por persona y por año, dentro de un límite de 3300 euros. Así, un individuo que done 3300 euros a un partido le aporta, de hecho, 4785 euros, una vez abonada la aportación automática del Estado. Este sistema de financiamiento abonado representa, para ciertos partidos alemanes, más de la mitad de su financiamiento público directo, mientras que la otra mitad está en función del número de votos obtenidos en las últimas elecciones (en el capítulo 5 veremos los diferentes modelos de financiamiento público de los partidos y las sumas en juego). Sin embargo, aunque estas medidas favorecen las pequeñas donaciones —y podemos alegrarnos de ello—, aun así dejan de lado a los donadores de más bajos ingresos.