Kitabı oku: «Largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito», sayfa 3
Es indudable que, más allá de las marchas y contramarchas que las páginas anteriores se han esforzado por resumir, y más allá de las voluntades de detractores y partidarios, el Chile que emerge de estos treinta años es muy diferente del que asistió al plebiscito de 1988 y muchísimo más del que padeció el golpe militar de 1973. Aparte de los cambios deliberadamente impuestos por los diseñadores del Chile neoliberal, y mantenidos con mayores o menores modificaciones por el Chile concertacionista, el país ha experimentado cambios «subterráneos» que dichos planificadores no previeron, pero que pesan muy fuertemente sobre nuestra convivencia actual. Por sólo nombrar los más evidentes, ni los más «visionarios» arquitectos de lo que Tomás Moulian denominó el «Chile actual» deben haber previsto la mayúscula revolución comunicacional provocada por las tecnologías del computador y la telefonía celular, que, junto con conectar a las personas de maneras tan diversas como incontrolables (y no siempre en un sentido positivo), han terminado incluso por socavar la influencia de baluartes tan inconmovibles del pinochetismo como el duopolio de la prensa escrita y el abanico no mucho más amplio de la televisión abierta. De igual forma, la «liberalización» de las costumbres y la diversificación de los estilos de vida, en alguna medida consecuencia directa de la modernidad globalizada tan promocionada por esos arquitectos, han erosionado concepciones conservadoras sobre la moralidad personal y la estructura familiar que sus referentes políticos, en un gesto no exento de contradicción, hubiesen querido articular con el imperio absoluto de las «libertades» económicas. No por nada, fue durante estos años transicionales que en Chile, contra la obstinada resistencia de sectores de derecha, por fin se dio un reconocimiento legal del divorcio y de algunas causales restringidas para el aborto. Y por último, en referencia a lo que ha sido sin duda uno de los cambios históricamente más relevantes de estos últimos tiempos, la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos atraídos precisamente por la promesa de este Chile neoliberal y «rico», cuya baratura laboral no le produce ningún problema a un empresariado siempre feliz de seguir reduciendo costos, está tensionando visiblemente las auto-percepciones de un país que siempre se ha creído homogéneo y que nunca, por cierto que equivocadamente, se ha reconocido racista. Qué podrían augurar estos cambios en profundidad para un posible (y tal vez ya comenzado) ciclo post-transicional es muy difícil de prever. Lo que sí está claro es que los dilemas y las luchas del mañana podrán ser parcialmente los mismos (porque la dictadura de los mercados y la hegemonía empresarial siguen siendo realidades muy vigentes), pero no serán exactamente los mismos del ayer.
¿Estaríamos, por tanto, después de treinta años, finalmente al término del interminable ciclo transicional? Es difícil saberlo, pues la historia no suele acomodarse mansamente a los números y las efemérides redondas. Pero resulta a lo menos simbólico que este trigésimo aniversario se cumpla bajo un gobierno de derecha (el segundo elegido democráticamente desde 1988 y el tercero desde que se puede hablar propiamente en Chile de «izquierdas» y «derechas») y que ese gobierno haya podido darse el gusto de celebrar dicho aniversario casi como si fuera propio. Es también sintomático que las derechas mundiales estén comenzando a gravitar visiblemente hacia posturas que el neoliberalismo «clásico» habría considerado por lo menos inquietantes, como el proteccionismo anti-mercadista de Donald Trump o los devaneos populistas de las ultra-derechas europeas o el Brasil de Bolsonaro. Tensionada por estas fuerzas, la derecha chilena hoy gobernante vacila entre una reapropiación en plenitud de lo obrado bajo los gobiernos concertacionistas y un acercamiento a expresiones políticas que la retrotraen a los años más oscuros de la dictadura –o peor. Pero más expresivo aun del agotamiento de un ciclo es el estado en que emergió la antigua Concertación de Partidos por la Democracia tras las elecciones de 2017. Derrotada por segunda vez en las urnas, fragmentada profundamente en su interior, dañada programáticamente por la despolitización que ella misma fomentó y los cambios sociales que ayudó a consolidar, no parece muy probable (aunque en la historia es muy arriesgado emitir pronósticos) que este conglomerado político recupere el protagonismo que indiscutiblemente mantuvo durante los últimos treinta años. Con una Concertación malherida y una derecha nuevamente en el gobierno, aunque algo desconcertada por los fenómenos que se precipitan a su alrededor, tal vez sí estemos ante un nuevo cambio de ciclo. Y como ocurrió tras el plebiscito de 1988, o de cualquier otra inflexión histórica de ese tipo, sólo de las dinámicas concretas articuladas por los actores políticos y sociales dependerá que la balanza se incline hacia la «alegría» que en aquella oportunidad se proclamó (y que ha sido muy discutiblemente alcanzada), o hacia el desconsuelo que tan difícil nos está resultando remontar.
1 Datos sacados de Javier Rodríguez Weber, «Desarrollo económico y desigualdad durante la transición a la democracia en Chile» (1990-2009), Cuadernos de Coyuntura 22, Santiago, Fundación Nodo XXI, octubre de 2018.
2 Cifras extraídas de Andrés Solimano, «¿Es posible reducir la desigualdad en Chile?», Le Monde Diplomatique, edición chilena, noviembre de 2018.
3 Agradezco este dato a mi estudiante de maestría Pablo Seguel Gutiérrez.
4 Debo esta metáfora a mi colega Pedro Milos, quien la formuló años atrás en una conversación personal.
«Water rights for sale»*. Contrarreforma en las aguas dulces y resistencia de los pueblos. Chile, 1967-2017
María Angélica Illanes Oliva
Universidad Austral de Chile
Preámbulo
| Macarena Valdés, joven luchadora por la salud y el agua de la Madre Tierra y madre de cuatro hijos, fue cobardemente asesinada un muy triste día lunes 22 de agosto de 2016 y colgada de una viga de su casa en la localidad de Tranguil en Panguipulli, Chile Sur. Allí la encontró uno de sus hijos, quedando de espanto marcados a fuego todos los suyos, cercanos y lejanos, para memoria y regeneración de su lucha. A pesar de la impunidad, el silencio y la mentira oficial que ha rodeado a este asesinato, a todas luces éste corresponde a lo que podríamos llamar un «femicidio empresarial», cuyos actos cobardes y viles impregnan las páginas de la historia de las luchas medioambientales de Centro y SurAmérica actual. Tal es también el caso de Berta Cáceres, mujer, ambientalista, líder indígena y madre de cuatro hijos, asesinada en su propia | Atravesando la verde espesura te han clavado vigas, MacarenaMadreMapu, en forma de cruces crucificándote, colgándote de cables eléctricos que te degüellan por kilómetros, cortando el libre fluir de la sangre de tu río: asesinándote MaMacarena todos los días lunes, cuando tu nombre decía «ser feliz»**.Cientos de Torres de alTa Tensión van bajando de tus montes húmedos MapuMacarena, desde el ojo íntimo de tu origen, succionando la luz de tus aguas, ahogándote sin un grito, mientras tus hijos piden socorro. Los cobardes han venido a hacer su presa de conquista protegidos, armados con fierros y papeles sucios. Han venido, como cada lunes, a plantar las cruces para colgarte de los cables de tu degüello. Los conquistadores quieren silenciarte, entubando tus aguas libres, para que no cantes tu dicha, MacarenaMadreMapu, saltando sobre |
| casa en Honduras pocos meses antes que Macarena, el 2 de marzo de 2016. Como lo asegura su pareja, sobreviviente y testigo del asesinato, detrás de este cobarde acto están empresas transnacionales para cuyos proyectos hidroeléctricos Berta, defensora de los cuerpos de agua de la tierra de todos, era un grave obstáculo6.También Macarena y su esposo, el werken Rubén Collío, eran/son líderes ambientalistas indígenas en Tranguil, Chile Sur, dirigiendo la lucha por la libertad del agua y la tierra y en defensa de sus sustentables economías turísticas locales. Esta lucha la llevaban y la llevan adelante junto a miembros de las comunidades indígenas locales contra la empresa austríaca R.P. Global, asociada con capitales chilenos.Berta y Macarena son míticas heroínas de esta gran lucha por la libertad de la tierra de América, explotada, oprimida, exprimida y cableada para alimento de consumidores de departamentos y ciudades todo-eléctricas que, enchufadas 24 horas, han roto el cordón umbilical con la tierra y no saben hoy ni sabrán mañana cuidar el agua de la Vida.Pero el carácter mítico y quizás místico de Berta y Macarena no ha de ser para | las piedras cantando pájaros río abajo, hasta tu lago de ritmo suave, amoroso, donde juegan tus hijos en la playa.Tus asesinos han llegado a plantar palos en cruces de alTa Tensión en tu fértil humus, pronunciando palabras con pl/pr: plata, progreso, producción, plusvalía, precios, propiedad… Los cables de tu degüello son también para nosotros y para ellos. ¿Acaso podemos, pueden salirse de tu cuerpo MaMacarena para otro vientre de la galaxia? ¿Acaso piensan que colgarte de los cables que succionan la luz de tus aguas es matar a un fragmento de cuerpa? No aprenden que degüellan en sus cables a la MaMacarena que da a Luz. Y, poco a poco caminando, bajando por las Torres de tu degüello de alTa Tensión, todos y todas nos vamos quedando sin Luz. La MacarenaMadreMapu no es renovable: su ser agoniza cuando los conquistadores cometen, todos los días lunes, el cotidiano Matricidio de este tiempo. Todos somos, estamos hoy colgando de las vigas de la MacarenaMadreMapu. Sus-nuestros hijos tendrán que haber nacido para dar la gran lucha y recuperar la MaMacarena cantando tu dichosa vida. |
| consuelo de adoradores de santos. Su lucha y su muerte debe ser la tierra fértil del cuestionamiento del régimen de producción a que estamos sometidos como países neo-colonizados de Sudamérica; ellas han de ser los nombres de una lucha por el resguardo de la vida y del agua que recién comienza. Ellas serán la inspiración de un camino de resistencia de los hijos en pos de la protección de la Madre de los depredadores. Berta y Macarena son la Matria nuestra fluyendo su dulce agua por las conciencias libertarias. |  |
1. Nuestros cuerpos-de-agua inmolados
«Nicolasa fue capaz de pelear con los enemigos más poderosos, Endesa y el Gobierno de Chile, por nuestros derechos históricos» 5 .
El cuerpo de Nicolasa Quintreman, emblemática líder mapuche pehuenche que luchó incansablemente contra la intervención del río Biobío para la instalación de la mayor central hidroeléctrica del país, flotaba sobre las aguas de su amado río un día de Navidad del siglo XXI. Su cuerpo y su alma se hacían físicamente uno con el río, porque ella era la vocera de sus aguas, su cuerpo era el mismo del río prisionero, una célula íntima de su cuerpo acuoso, su propio espíritu, revelándose esa unidad al caer su cuerpo a sus aguas para su propia Navidad: era el inicio –diciembre de 2013– del nuevo ciclo maya de su estrella.
Macarena asesinada y Nicolasa inmolada constituyen monumentos y avanzadas de una lucha contra la reconquista del territorio chileno-americano por parte de conquistadores extranjeros y criollos que, a nombre de la «globalización», del «crecimiento y el progreso» y por medio de gobernantes «realistas» anti-Carreras, anti-O'Higgins, han renunciado al resguardo del territorio y sus inseparables aguas, para entregarlas a aquellos particulares que, secularmente, han construido su poder sobre la conquista de Sudamérica y sus nativos (indígenas y sudamericanos) habitantes guardianes de la tierra-agua de nuestrAmérica.
¿Cómo se explica este fenómeno de reconquista en Chile y de asesinato e inmolación de sus libertadoras? Quisiéramos plantear desde una mirada de proceso histórico que, a 45 años del golpe de 1973 y a 30 años del «NO» a Pinochet, vivimos una segunda fase de la dictadura civil-militar que podríamos identificar como de «dictadura constitucional de la burguesía», momento caracterizado por el matrimonio civil entre el Estado «democrático» y la burguesía nacional y extranjera, expresado en la legitimación política de los textos dictatoriales (Constitución del 80, decretos con fuerza de ley de Pinochet, etc.), otorgándoles el estatus de leyes regentes del sistema «democrático», perfeccionando y avalando su mandato.
Una de las expresiones más claras de la existencia de este régimen de «dictadura constitucional de la burguesía» es el actual Código de Aguas, decretado en dictadura civil-militar y legitimado en «democracia», texto-instrumento que arrasa la independentista y reformadora Ley 16.640 de 1967 que, como veremos, declaraba todas las aguas de la nación en calidad de «bienes nacionales de uso público» y, por ende, como un bien expropiable resguardado por el Estado Nación para el «uso racional y beneficioso» de todos los ciudadanos y sus economías territoriales.
Actualmente vivimos la prolongación y legitimación del proceso de «contrarreforma de los cuerpos-de-agua» en plena «democracia» del siglo XXI. Esta «contrarreforma de los cuerpos-de-agua», o la privatización como ley general del régimen de aguas en el territorio nacional, ha significado, por una parte, la grave concentración de este bien, esencial para la vida de todos, en las pocas manos de unas cuantas familias terratenientes organizadas en la poderosa y golpista SNA; por otra parte, la enajenación de los grandes cuerpos-de-agua del territorio nacional a capitales extranjeros, a nombre de la «globalización», ha venido a sustituir al Estado-Nación y su rol estratégico en los proyectos de desarrollo, reconquistando y recolonizando el territorio, a través de mega-proyectos hidroeléctricos que, sin ninguna sustentabilidad, violentan el ecosistema y eliminan a los propios habitantes y sus economías locales, generando graves conflictos territoriales y el repudio general de los pueblos. A juicio de uno de los autores latinoamericanos estudioso de los graves problemas generados en nuestro continente en tiempos de globalización, dichos problemas son fruto del «agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente repulsivo»6.
Respecto de nuestro Código de Aguas vigente desde la dictadura, creemos importante plantear que no estamos ante la privatización de un mero «recurso natural» (como los minerales, por ej.) sino que ante la enajenación de nuestro territorio propiamente tal, de nuestro cuerpo territorial en su expresión de cuerpo-de-agua. Queremos, asimismo, reafirmar –como lo han hecho organismos internacionales–, que la privatización y enajenación de estos cuerpos-de-agua constituye una violación a los derechos humanos, sociales y ambientales de todos los habitantes de Chile y de todos los seres vivos que habitan en sus orillas, sobre y al interior de sus aguas.
Esta enajenación de nuestro cuerpo ha sido facilitada por la pérdida, a partir del golpe civil-militar de 1973, del Estado de Derecho Social-Territorial que se define como un Estado que, en representación de toda la ciudadanía que lo constituye, se responsabiliza del «uso racional y beneficioso»7 del territorio nacional y de sus bienes naturales en justicia de todos. En su reemplazo se ha instalado –como dijimos– una dictadura constitucional de la burguesía que opera –a menudo en forma oculta, silenciosa, lobista, con sus múltiples redes y tentáculos– a todo nivel: gobiernos postdictadura, parlamentarios, medios de comunicación, etc.
Ante esta pérdida de un Estado de Derecho Social-Territorial respecto del «uso racional y beneficioso» de los recursos y del territorio, según necesidades y requerimientos de toda la ciudadanía, quisiéramos plantear la urgencia de la refundación, no de un Estado-Nación –decretado abstracto e «imaginario» en esta era global8–, sino de un Estado-Región firmemente afianzado, en el seno de la globalización, sobre el territorio de nuestra región-chilena; Estado-Región fundado en su calidad de Estado de Derecho Social-Territorial para la soberanía regional de Chile, en defensa de su cuerpo-tierra y de sus cuerpos-de-agua, como condición misma de la existencia real y regional de su cuerpo-territorio y del habitar de sus pueblos en esta era global.
2. El Estado de Derecho Social-Territorial (Chile, 1967)
La década de 1960, en Chile y Sudamérica constituye el punto referencial de la fundación de un modelo y régimen de Estado que recogió la experiencia histórica de un siglo y medio de República y se puso en sintonía con las demandas y necesidades más sentidas de sus pueblos. Sin necesidad de reformar la Constitución que lo regía desde 1925, a través de una serie de leyes emblemáticas se fue levantando un Estado de Derecho Social-Territorial (EDST) en Chile en pos del cuidado de su cuerpo-territorio y de la equitativa distribución de sus medios de producción y sus bienes.
Ley emblemática de la construcción de este EDST es la No. 16.640 promulgada el 16 de julio de 1967: como Ley de Reforma Agraria que, en su Título V, define la naturaleza y rige el uso de los cuerpos-de-agua del país. Una ley de la tierra-y-el-agua, entendidas como inseparables, llamada a levantar la figura de un Estado responsable por el derecho del «uso racional y beneficioso» del agua –como reza dicha ley– para el goce y la producción de todos los habitantes de la tierra chilena.
¿Cuáles son los hechos fundamentales que establece esta ley y que serán revertidos con el golpe civil-militar de 1973? En primer lugar, dicha ley establece que «todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público» (BNUP). En segundo lugar, con el fin de incorporarse a esa calidad de «dominio público», todas las aguas del territorio se declaraban de «utilidad pública» y pasaban a ser expropiados todos aquellos cuerpos-de-agua que, hasta la fecha de vigencia de dicha ley, eran de dominio particular. En tercer lugar, el beneficio privado de dichas aguas sólo podría hacerse en virtud de un «derecho de aprovechamiento» (DAA) concedido por la autoridad competente; este derecho de aprovechamiento consistía en el derecho de uso de aguas por un particular, el que no podía cederse entre particulares y siempre quedaba bajo la regulación y la adjudicación por parte del gobierno y la Dirección General de Aguas (DGA). En cuarto lugar, el Presidente de la República sería quien, de acuerdo a la DGA, fijase la «tasa de uso racional y beneficioso» o el volumen anual de agua de riego de un territorio, considerando los cultivos predominantes de una determinada región, sus condiciones ecológicas y las técnicas eficientes de riego. Por último, cuando fuese prioritario destinar agua a bebida y usos domésticos o cuando lo requiriese la economía de un territorio, el Presidente de la República podría declarar la extinción total o parcial del derecho de aprovechamiento de las aguas de una zona9.
En suma, era el Estado chileno, a través del derecho legal del Presidente de la República y la DGA, quien se constituía en rector y responsable de los cuerpos-de-agua del territorio nacional, con el fin de resguardar su «uso racional y beneficioso» por parte de todos los habitantes del país, cuidando la supervivencia y la economía de cada una de las regiones. A través de la Ley 16.640 claramente se configuraba esta figura de Estado de Derecho Social-Territorial, con el objetivo de determinar y regir el habitar «racional y beneficioso» de la vida y la economía de los moradores de la tierra-agua chilena.
3. Golpe civil-militar y contrarreforma en los cuerpos-de-agua
El inconstitucional y violento golpe civil-militar de septiembre de 1973 instaló en Chile un régimen político de terrorismo de Estado fundado en la más siniestra y macabra aniquilación de los ciudadanos pro-gobierno constitucional, considerados como enemigos, para realizar su «obra» demoledora de todo el sistema democrático –institucional, legal, político, social, económico y cultural– construido en el siglo XX, con gran esfuerzo de los movimientos sociales y populares, de los partidos políticos y del sistema legislativo. Uno de los mayores trabajos de demolición consistió en la negación de la Constitución vigente de 1925, así como de la Ley 16.640 de Reforma Agraria (que incluye su Régimen de Aguas), representando una doble negación constitucional y legal que no sólo le permitió a ese Estado de Terror echar atrás una de las reformas más sentidas y significativas de toda la historia de Chile desde la conquista española del territorio, cual fue la Reforma Agraria, sino también hacer tabla rasa de la calidad legal de «dominio público» de todos los cuerpos-de-agua del territorio-país.
El nuevo Estado de Terror, mediante un camino de sangre, fue llevando a cabo la aniquilación de las emblemáticas leyes parlamentarias democráticas –como la antedicha Ley No. 16.640– y realizando simultáneamente su contrarreforma, revirtiendo estas leyes a través tanto de la ilegítima Constitución del 8010, como por la vía de decretos oficiales dictatoriales, como el DFL No. 1122, que despejaba el camino para la priva/tización de los cuerpos-de-agua chilenos, priva/ndo a los pueblos de su soberanía territorial y vital, y amenazando su habitar y su vida. Así se abría el camino no sólo para la contrarreforma agraria sino, conjuntamente con ello, para una grave contrarreforma decretada sobre los territorios y sus cuerpos-de-agua en Chile, afectando a todos sus pueblos.
En efecto, el 13 agosto de 1981 fue promulgado por la dictadura civil-militar dicho DFL No. 1122 con el texto que denomina «Código de Aguas»11. ¿Cuáles son los hechos principales que establece este decreto y que tuvieron como efecto inmediato revertir lo estipulado en el Título V de la Ley No. 16.640 democráticamente aprobada en el gobierno del presidente constitucional Eduardo Frei Montalva? Si bien el DFL No. 1122 mantiene el carácter de las aguas en calidad de «bienes nacionales de uso público», revierte el carácter que se le otorga al «derecho de aprovechamiento» de ellas por parte de particulares, lo que, en los hechos, contradice su carácter general de «bien nacional de uso público». Dicho «derecho de aprovechamiento» se define, en este decreto de Pinochet, como un «derecho real» que otorga las aguas como «dominio de su titular», siendo un derecho concedido a través de escritura pública inscrita en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces12. Allí se plantea tajantemente que «el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente inscripción», pudiendo «ser hipotecados» y libremente enajenados según «todas las disposiciones que rijan la propiedad raíz inscrita»13. Se especifica que estos «derechos de aprovechamiento son consuntivos», es decir que «facultan a su titular a consumir totalmente las aguas en cualquier actividad», y «no consuntivos», pudiendo emplear las aguas sin consumirlas14 y con derecho a «construir canales a sus expensas en suelo propio o ajeno». El derecho de aprovechamiento «comprenderá la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo» 15. El DFL No. 1122 contempla la posibilidad de «expropiación» de dichos «derechos de aprovechamiento» en el caso de ser necesario disponer de estas aguas «para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua», reservándose al expropiado el agua necesaria para esos fines domésticos16.
En suma, este DFL No. 1122 de la dictadura, si bien en teoría reitera el carácter de los cuerpos-de-agua como BNUP, define el «derecho de aprovechamiento de las aguas» en Chile como una propiedad privada de dominio particular, con todos los elementos que definen y legitiman legalmente a una propiedad privada. Este hecho niega, efectivamente, el carácter público de los cuerpos-de-agua del territorio nacional, lo que aparece, así, como una mera abstracción declaratoria, sin realidad legal ni factual. Este «carácter público» se reduce a la facultad expropiatoria del Estado en caso de necesidad perentoria y extrema, carácter expropiatorio que también rige para toda la propiedad privada en general. Esta facultad de expropiación requiere de una voluntad política que, a juzgar por el oneroso reparto de agua todos los veranos por parte de camiones municipales en el sur de Chile, ha estado muy lejos de activarse para cubrir las sentidas necesidades de las poblaciones del territorio nacional. En palabras de Katia Spoerer, licenciada en Derecho,
(…) hoy en día, si un particular desea hacer uso de las aguas debe solicitar un DAA a la DGA, el órgano público encargado de su gestión, y si se cumplen las exigencias legales que regula el CA, la DGA estará obligada a otorgar dicho derecho. Además, las características del DAA son bastante incoherentes, si consideramos que el agua es un BNUP, ya que se otorga de manera gratuita, es un derecho comerciable, es a perpetuidad (no posee causales de caducidad), no tiene limitaciones de uso, no es obligatorio inscribirlo (…) y está protegido constitucionalmente con el derecho de propiedad en el artículo 19, N° 24. Consecuentemente, permite que su titular haga lo que se le plazca con el recurso. Si le agregamos a esto que la mayoría de los DAA están actualmente en manos de privados y constituyen derechos adquiridos, es un hecho que la mayoría del agua de la nación chilena, en última instancia, es usada solamente para satisfacer los intereses particulares de sus titulares, llegando incluso a vulnerarse intereses públicos como la conservación medioambiental y el uso sustentable y eficiente17.
Estas palabras son elocuentes: los cuerpos-de-agua del territorio chileno han sido entregados a discreción –por efecto directo del golpe civil-militar de 1973 y por convicción gubernativa en el tiempo postgolpe– a intereses particulares nacionales y transnacionales, en detrimento del bien común y del humano-derecho-de-aguas democrático que debe existir en cualquier sociedad que se precie de estar «bien constituida».
