Kitabı oku: «Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947», sayfa 9

Este emblemático caso nos revela la prolongada inestabilidad de la habitabilidad campesina y mapuche de dichos territorios y la debilidad del Estado chileno para hacer valer sus propios derechos fiscales en la Araucanía y sur del país, cuando se atravesaban los intereses terratenientes privados, en connivencia con los intereses financieros, en pos de su deseo usurpador de tierras.

2. Ranquil (1934)

–Ya salió la Ley… le da tierra a los campesinos pobres para que la trabajen. En vez de ‘inquilinos’ los llaman ‘colonos’ (…) para ser colono hay que enterar siete años trabajando una puebla. Son extensiones grandes, faldeos ariscos de cordillera. Pero con paciencia uno le va ganando tierra al monte ¹⁵⁴ .

La primera pulpería estaba en Lonquimay. Corrientemente, los pulperos cambiaban instrumentos de labranza por ganado, semillas por hortalizas frescas, harina por lana. A los conocidos les daban crédito y el crédito se fijaba sobre la cosecha siguiente, tomando la maquila como interés, o sea, un veinticinco por ciento de la cosecha bruta. Un cuarto sobre el valor completo de lo recogido. (…) O te prestaban semillas, abono y máquina cosechadora y te tomaban el veinticinco por ciento de la cosecha total de toda la zona, porque la maquinaria se desplazaba una vez a cada lugar y atendía cinco o diez predios. Nosotros no vimos nunca dinero por estos lares. Todas las pulperías hacían lo mismo. El propietario mayor era Juan Smitsman, un gran terrateniente del sur, llamado el cacique del trigo de Malleco. Además, era propietario de unos ciento cincuenta molinos, distribuidos en cuatro provincias. Muy famoso el hombre, sobre todo porque en épocas electorales, hasta hace muy poco, entraba a caballo con sus hombres en los locales de votación, laceaba las urnas, se las llevaban arrastrando al galope y horas después las devolvían con todos los sufragios cambiados a su favor. (…) Mataba a los «insolentes» con su propia mano y jamás se bajaba para hablar con alguien. Lo hacía desde el caballo. Era de aquellos alemanes que llegaron a Chile a fines del siglo pasado y recibieron gratuitamente su parcela (…) Y con balas, sífilis –armaba casas de putas cerca de todas las reducciones indias y en los poblados pequeños para degenerar a los «analfabestias», como los llamaba–, aguardiente, juzgados de indios y cohecho, organizó su imperio. (…) Las pulperías eran suyas y él dio orden de cerrarlas. Vivía en un pueblo llamado Los Sauces, abajo, en el valle, cerca de Traiguén¹⁵⁵.

El poderío hacendal y molinero de Smitmans constituyó uno de los blancos del alzamiento campesino en Lonquimay que culminó con la matanza de Ranquil en 1934.

La conquista de la Araucanía por el Estado chileno por la vía de las armas de hierro a fines del siglo xix, dejó abiertas las puertas –como dijimos– para su continuación en manos de los señores de la tierra locales, quienes avanzaron despojando con el arma de la escritura, la tinta y la ley. Dicha republicana conquista de Arauco generó «toda una masa de mapuche empobrecidos que, en territorio pewenche, eran arrinconados cada vez más arriba en la cordillera. A ellos se unía un creciente número de colonos chilenos pobres que terminaron habitando el mismo espacio de los pewenche y sobre todo compartiendo las mismas miserias de éstos»¹⁵⁶. Si bien el Estado, como vimos, reconoció o entregó al sur del Biobío una porción de tierras fiscales a pequeños agricultores nacionales, antiguos y nuevos, sin embargo, los abandonó a su suerte, con títulos en espera, con papeles no resguardados que desaparecían en las oficinas de los pueblos, sin apoyo económico, sin semillas, sin herramientas, las que sí entregó a los colonos extranjeros, expresión de una clara discriminación hacia el colono campesino nacional.

La Ley de Colonización de Ibáñez de fines de los años veinte, como veremos, creó una institucionalidad fiscal llamada a incentivar la colonización agraria con nacionales, debiendo formarse agrupaciones de colonos aspirantes a la propiedad de tierras, agrupación que debía inscribirse en la Caja de Colonización que la ley creaba, en espera de una asignación de tierra para su venta a plazo a dichos grupos de colonos. Ante este poderoso estímulo, los campesinos sin tierra se esperanzaron en poseerla, y muchos más salieron a ocuparla para trabajarla allende el monte, en los confines de los faldeos de la cordillera sur…

Simultáneamente, en el gobierno de Ibáñez vio la luz el Código del Trabajo (1931), que recopiló las leyes laborales aprobadas con la urgencia que estableció el golpe militar del año 1924 y las que se fueron dictando a partir de ese momento. En dicho Código, como veremos, se establecía la obligatoriedad de la sindicalización jurídica de los trabajadores en las empresas del país, sin distinción. Si bien esta medida legal golpeó la organización sindical autónoma de los trabajadores con la que éstos habían dado sus primeras y principales luchas, ayudó a diseminar la organización del trabajo en el seno de la clase obrera urbana y abrió las puertas a las primeras orgánicas sindicales de los trabajadores del campo.

Como buen conocedor de la ley, como profesor de la ciudad de Victoria en las proximidades de Lonquimay y como militante comunista¹⁵⁷, José S. Leiva se dispuso a apoyar este sueño campesino, formando el Sindicato Agrícola de Lonquimay como instrumento para la agrupación de los colonos aspirantes a tierra y para solicitar a la Caja de Colonización «la entrega legal de un predio en la localidad de Nitrito, que habitaban varios chilenos y pewenche desde hacía más de una generación»¹⁵⁸. Ibáñez, para solucionar los problemas de los ocupantes del Alto Biobío, habría entregado a éstos un terreno de invernada de siete a ocho mil hectáreas, terrenos que, sin embargo, ya tenían dueño…

Simultáneamente, el gobierno de Ibáñez, como política anticrisis del treinta, había abierto terrenos cordilleranos fiscales en la zona de Lonquimay –como en muchas otras zonas del país– a colonos para que trabajasen los lavaderos de oro. «Se formó, así, una masa enorme de gente de trabajo que, con sus familias, no era inferior a las diez mil almas»¹⁵⁹.

El Estado chileno del siglo xx, como reciente conquistador armado de la Araucanía, se había atribuido todo el territorio conquistado en calidad de «tierras fiscales», las que distribuía y remataba a discreción: Ibáñez hacía lo mismo. No obstante, como hemos dicho, el territorio de la Araucanía, en mucha extensión del mismo, había sido ya apropiado y distribuido por el Estado en el proceso de la posindependencia: estos propietarios de la república temprana reclamarían su derecho a esas tierras ante el nuevo Fisco del siglo xx. Fue el caso de la Sociedad Puelma y Tupper, la que, con capitales provenientes de la minería, había comprado a bajo costo al general Manuel Bulnes el fundo El Rahue, de 28.000 hectáreas, en el Alto Biobío, extendiendo posteriormente sus propiedades a varios fundos de la zona, los que en total sumaban cerca de 60.000 hectáreas:

Los fundos de mi abuelo Orrego provenían de su mujer, Teresa Puelma Tupper, hija de Francisco Puelma Castillo, quien era amigo de Manuel Bulnes, ex-Presidente de Chile. Ocurrió un día que el general Bulnes le dice a Francisco Puelma: «Mira Pancho, tú estás muy rico, tienes mucha plata y yo tengo unas tierras que el gobierno me regaló a propósito de mis servicios contra los mapuche. Como yo ‘pacifiqué’ la Araucanía (pon ‘pacifiqué’ entre comillas porque en realidad asesinó a cuanto indio encontró) … ¿por qué no me compras estas tierras si yo no soy campesino y además están muy lejos?». Y así fue cómo le vendió esas tierras a Francisco Puelma…¹⁶⁰.

Si el gobierno criollo había regalado tierras en la Araucanía a militares en pago por sus servicios en pro de la Independencia, también los gobiernos conquistadores de la Araucanía a fines del siglo xix, habían repartido porciones de esas tierras a soldados que habían prestado el doble servicio de conquistar el desierto norte y la Araucanía sur. Un día Ignacia, mujer de colono ex soldado de la Guerra del Pacífico, recibió la visita de un ingeniero que le preguntó por los papeles de su puebla, a lo que ella responde que esa era «tierra propia. Se la dieron a mi esposo en tiempos de la Guerra del Pacífico, mi viejo peleó en ese batallón». Que habían tenido papeles, le dijo Ignacia, pero que los había llevado a la oficina de Victoria y allí habían quedado… En seguida el ingeniero hizo un escrito diciéndole que él iba a sacar sus títulos, instándola a estampar su huella en el papel. «Con este dedo firmé», confiesa Ignacia. Al poco tiempo, el ingeniero habría aparecido como dueño del predio¹⁶¹.

Mientras, «la Sociedad Puelma Tupper reclamó para sí la propiedad de las tierras y exigió una orden judicial de desalojo, basada en la prerrogativa jurídica de que quienes habitaban el lugar no tenían títulos de propiedad». Ante esto, los colonos propusieron al Estado que comprase las tierras a la Sociedad Puelma Tupper, las que ellos le pagarían al Fisco en un plazo prudente. Mientras se realizaban las gestiones, carabineros comenzó a hostigar a los campesinos «utilizando contra los hijueleros todos los abusos y formas de atemorizamiento posibles. Cuando las tierras estaban recién cultivadas y comenzaba el duro invierno cordillerano, llegó la fuerza represiva a desalojarlos, destruyendo cercos e incendiando los ranchos, expulsándolos sin misericordia y conduciéndolos hasta terrenos estériles, más arriba de la misma cordillera, sin alimentos ni habitación¹⁶².

Los expulsados hacia la cordillera y los nuevos mineros del oro, «con el rigor del invierno, no pudieron trabajar ni obtener alimentos. Empujados por la desesperación, se lanzaron sobre las Pulperías y arrasaron con los establecimientos agrícolas que hallaron a su paso»¹⁶³.

El hecho fue visto por las autoridades y los señores como un acto de sublevación social sin precedentes, el que debía ser sofocado a fusil y metralla. A medida que avanzaba la caballería e infantería del Ejército hacia la precordillera, los campesinos colonos y obreros de los lavaderos de oro y del túnel Las Raíces dieron desigual combate en la medida que ganaban algunas armas de cuerpos caídos; no obstante, los campesinos, obreros y mapuche rebeldes fueron cayendo en el camino para festín de los buitres, mientras cientos de ellos fueron tomados prisioneros: fue en el fundo El Olko de los Puelma Tupper «donde los carabineros mataron a varios cientos de campesinos (matanza de Ranquil). Los colocaron en la ribera del Biobío y ahí los ametrallaron para que fueran cayendo inmediatamente al río»¹⁶⁴.

Era un 29 de junio de 1934, gobierno de Arturo Alessandri. Al respecto, El Mercurio comentó: «Ha sido sofocado el movimiento sedicioso en el sur. Las tropas comandadas por el coronel Délano lograron encerrar 500 revoltosos en Lolco. Casi todos los insurrectos han sido tomados prisioneros. El General Arriagada sigue avanzando hacia el sitio de la revuelta»¹⁶⁵.

Los que cayeron asesinados al río «fueron 477»¹⁶⁶. La matanza masiva hizo de las cristalinas aguas del río Biobío roja tumba; esta fue la forma de solucionar, por parte del Estado chileno y el Ejército, las acciones originadas por el hambre y el despojo.

«La violencia represiva relegó los hechos al silencio»¹⁶⁷; acallamiento que fue un velo de ocultamiento de los nuevos despojos continuando…

Hoy es el noveno aniversario de la matanza de Ranquil. En estos nueve años han continuado los despojos de tierras de los campesinos pobres en toda la zona austral de nuestro país, sin que hasta la fecha se ponga coto a los desmanes de un grupo de asaltantes de tierras y de vidas ajenas. (…) En este día de recuerdo y de reafirmación en los destinos de la Patria, los ocupantes de tierras, colonos, campesinos abandonados en las montañas, en la nieve, en los ríos y en las comarcas más apartadas de los centros poblados de la zona austral, elevan sus demandas en pos de un amparo gubernativo en el sentido de que sus tierras, sus chozas y sus familias, sean defendidas de la codicia insaciable de los descendientes de los encomenderos que, a pesar de las declaraciones gubernativas, continúan cometiendo vejaciones y expropiaciones¹⁶⁸.

En 1945 parlamentarios comunistas pedían al gobierno –en carta dirigida al ministro de Tierras y Colonización– que indemnizara a los sobrevivientes de Lonquimay, lo que no se había hecho a pesar «de haberse comprobado que su participación en (los hechos) fue solo en defensa de sus vidas, intereses y derechos». Le piden que, al momento de que se hagan concesiones gratuitas de tierras, se tome en cuenta a los campesinos de Lonquimay¹⁶⁹. En julio de 1945, se da cuenta que «el Gobernador de Victoria ha enviado una nota al Ministro de Tierras y Colonización planteando que es urgente, para el aumento de la producción, colonizar tierras en Lonquimay, en los fundos Ranquil, fundo Guayalí, fundo Contraco y fundo Nalcas donde hay disponibles 55.767 hectáreas. Esto resuelve la vida a cientos de campesinos que están en espacios muy reducidos». Dice (el Gobernador) que por muchos años campesinos «ocupan tierras fiscales y aún no se les entregan los títulos de tierra»; además de eso, se les debía apoyar con herramientas, semillas y préstamos¹⁷⁰.

En enero de 1946, el Sindicato de Agricultores de Lonquimay estaba aún abocado a solucionar el problema de las tierras que ocupaban, en su calidad de colonos, en Lonquimay. Una comisión de colonos había partido a la capital a tratar de entrevistarse con las autoridades para obtener algunas franquicias «como el no pago de las veranadas y pastaje». La comisión pediría justicia en los siguientes puntos: «El reconocimiento de 200 hectáreas de tierra para cada colono y título definitivo para cada uno; 2) colonización del fundo Contraco y de la Reserva de Troyo; 3) creación de escuelas en Ranquil, Pehuanco, Troyo y Llanquién»¹⁷¹.

Doce años más tarde, después de haber sacrificado el ejército chileno a cerca de 500 campesinos levantados por el hambre y el derecho a la tierra, el problema seguía intacto.

3. Mantilhue: terror, violencia e inquilinaje como vía de despojo
y apropiación latifundista

«Estos latifundistas no nos sacarán vivos, pues no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar lo más preciado: el sustento de nuestros hijos y de nuestras mujeres»¹⁷². Así lo afirman en su carta dirigida al presidente de la República, Arturo Alessandri (enero de 1936), un grupo de 70 colonos, en la que le piden amparo y título definitivo a sus más de 8.000 hectáreas. En ella denuncian los conflictos con colonos alemanes y chilenos como Osvaldo Biewar, Víctor Menguer, Augusto Grob y Rubustiano Hidalgo, quienes los arrancaban de sus tierras acompañados de carabineros y de un supuesto inspector del Trabajo.

Era un día del caluroso verano de 1936 cuando esta carta de los colonos violentados por los propietarios de Valdivia aparece en la prensa capitalina: el periódico La Hora le da espacio bajo el titular «450 campesinos radicados en la provincia de Valdivia piden amparo del Gobierno». Se trataba de más de 450 personas entre 5 a 40 años que allí vivían y que estaban constituidos en Cooperativa, decía la carta, quienes habían invertido mucho dinero en esas tierras. El periódico contactó al diputado José Vega. quien, como parte de una Comisión Investigadora de la Cámara, había acudido al lugar de los hechos y se había entrevistado con los campesinos de la zona. Allí los colonos le habían dicho a Vega que el carabinero Armando Mandujano, con un documento del gobernador de La Unión, había acudido a comunicarles «que tenían que dejar las tierras por ellos cultivadas porque eran comunistas». Denunciaba el diputado Vega que existía un comando de carabineros que estaba en la hacienda del propietario terrateniente vecino, Augusto Grob, y que desde allí, embriagados, salían a golpear a los campesinos, obligándolos a firmar contratos de trabajos para que quedasen como simples inquilinos y perdiesen sus derechos a la tierra. El diputado Vega había podido evidenciar por sí mismo, el día 11 de enero, cómo un grupo de colonos fue golpeado por carabineros: «tenían la cabeza rota y el cuerpo machucado»; que carabineros, mandados por Grob, ni siquiera permitía que levantasen su cosecha, afirmó el diputado, asegurando que habían castigado al joven que permitió el paso de la Comisión Investigadora al lugar de los hechos, deteniéndolo en el calabozo instalado en la misma casa del señor Grob. Ante el escándalo de los hechos de violencia presenciados, el diputado Vega se había comprometido no sólo a conversar con el Presidente de la República, sino que «en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados haré una relación de los hechos para que se tomen medidas a fin de evitar la continuación de este despojo de tierras que tiene idénticas características del ocurrido en Lonquimay el año 1934»¹⁷³.

¿Quiénes eran y dónde habitaban estos colonos que en 1936 eran gravemente violentados por sus vecinos, grandes terratenientes y empresarios de la zona sur?

A orillas del lago Puyehue, a unos 80 kms. de la localidad de Río Bueno en el sur valdiviano-osornino de Chile, se encontraba el fundo Mantilhue de unas 8.000 hectáreas, ocupado hacía más de 30 años –desde principios de siglo xx– por más de 80 familias que hacían en total una población de más de 400 habitantes. En el entendido de que esas tierras eran fiscales las habían ocupado dichas familias, habiéndose discutido durante los últimos 30 años el dominio de esas tierras en los estrados judiciales…. Así expuso el drama de Mantilhue el diputado socialista Casanova, quien fue interrumpido por ruidosos comentarios en la sala del Congreso por parte de quienes buscaban obstaculizar la denuncia, lo que obligaba al Presidente de la Cámara a mandar guardar reiteradamente silencio.

Detrás de este juicio estaba un grupo de latifundistas de esta zona que reclamaban el dominio sobre Mantilhue, entre ellos Robustiano Hidalgo y Augusto Grob, «dueño en esa zona de 114 fundos, adquiridos en la misma forma que pretende adquirir el fundo Mantilhue», afirmaba Casanova, provocando mayores ruidos en la sala. El diputado informaba que dichos latifundistas no podrían obtener el disputado Mantilhue por la vía legal, ya que «no contaban con uno de los requisitos exigidos por el D.L. N°. 1600: el requisito de la ocupación material»¹⁷⁴. Por el contrario, las 80 familias, afirmaba el diputado, sí habían «ocupado a nombre propio esas tierras, las han cultivado y han constituido allí pequeñas parcelas», hecho que les daba plena validez legal al dominio sobre Mantilhue. Ante esta situación, los latifundistas nombrados habrían optado por valerse de «medios torcidos para lanzar a esos ocupantes», aseguró Casanova: el comisario de Carabineros de La Unión, acompañado de cuatro subalternos, «se apersonó al fundo Mantilhue y procedió a allanar las casas de esta gente, sin exhibir ninguna orden», supuestamente con el fin de «establecer si en Mantilhue existían o no células comunistas, si se estaba allí atentando contra la seguridad interior del Estado, allí, a 80 km. de la ciudad más próxima, allí, en una cordillera aislada...»¹⁷⁵. El diputado expresaba, irónicamente, el absurdo de la presunción política que pretendía justificar el allanamiento realizado, amedrentando a los colonos.

Casanova relató a la Cámara que él mismo había acudido a hablar, de modo cordial, con el carabinero que había protagonizado el allanamiento, quien le había asegurado que había sido enviado por el gobernador para abrir un camino público, el que jamás había existido; que allí solo había un camino interno, privado, por el cual se comunicaba el fundo Mantilhue con el fundo Arrayán, de propiedad de Grob, a través del cual, aseguraba el diputado, éste pretendía hacer entrar gente a Mantilhue como acto de ocupación, así como inculpar a los de Mantilhue por hurto o robo de animales...

Yo me imaginé que terminaban aquí los abusos; no fue así: el 14 del mes actual (14 de enero de 1936) llegó hasta mi oficina el ciudadano Juan Rojas, uno de los ocupantes del fundo Mantilhue. En su voz, en su físico, en todo su aspecto se notaba haber sufrido un enorme castigo, una flagelación bárbara; así lo entendió toda la gente que estaba en mi oficina; y este ciudadano que llegaba hasta mi oficina en esas condiciones me informó que tuvo que valerse de mil recursos para poder salir del fundo, porque los carabineros acababan de flagelarlo y no dejaban que nadie entrara ni saliera de ese fundo, a fin de evitar que se denunciara ese abuso¹⁷⁶.

El campesino Juan Rojas, flagelado, hecho presente en la oficina provincial de un diputado de la República como cuerpo de prueba de la violencia de carabineros, del gobernador, de Grob, fue un grito de alarma que despertó la solidaridad de los trabajadores de las comarcas y provincias aledañas. Los obreros de Valdivia, de Temuco y de Osorno se movilizaron y formaron una «delegación obrera» que se apersonó en la oficina del diputado en demostración de solidaridad con los campesinos abusados. Resolvieron presentarse al terreno mismo de los hechos para inquirir acerca de la situación de los colonos de Mantilhue y de la flagelación de Rojas, previo anuncio de su viaje por parte del diputado al gobernador de La Unión.

Y, pásmese la Honorable Cámara: esa noche, al llegar al fundo, hemos sido recibidos a balazos por los cuatro carabineros más un grupo de inquilinos del fundo del Sr. Grob. Hemos sido perseguidos como se persigue a los delincuentes, o como se persigue a las liebres a través de las pampas; y sólo la sombra de la noche pudo evitar que algunos de los acompañantes cayeran bajo las balas homicidas de los carabineros. / Este es un hecho que yo he presenciado, de manera que si alguna vez en esta Honorable Cámara algún honorable Diputado ha tenido el subterfugio de decir que aquí se traen hechos que no constan a los honorables Diputados, ahora ella está frente a un caso que me consta a mí mismo¹⁷⁷.

(...) para evitar ser atacados en forma inhumana por esos hombres, hemos eludido los caminos, debiendo internarnos en las montañas y estar casi toda la noche sin poder salir de ella. Por fin, después de muchas horas, nos hemos encontrado con los ocupantes de Mantilhue; había en la cara de esa gente, en su manera de obrar, todas las manifestaciones de que está atemorizada por las amenazas, por el castigo, por un régimen de terror¹⁷⁸.

Después del allanamiento del comandante Mandujano al fundo Mantilhue y no satisfecho con el retén de carabineros de Chinchín existente a 2 kilómetros, el Sr. Grob instaló en su fundo El Arrayán (o Hijuelas) un retén de Carabineros «al que se han destinado en ocasiones 12 carabineros provistos hasta de fusiles ametralladoras», con el pretexto de proteger su propiedad «porque decía que se habían formado células comunistas»¹⁷⁹, dedicándose dicha fuerza policial a perseguir y flagelar a los colonos, quienes, a partir de ese momento, habían tenido que abandonar sus casas y dispersarse por la montaña.

La llegada de la comitiva solidaria fue, pues, un motivo de «júbilo» para los colonos de Mantilhue, reuniéndose en una choza, narrando el terror que estaban viviendo, mostrando sus cuerpos flagelados, sus casas abandonadas…¹⁸⁰. Actos a los que se sumaban los permanentes allanamientos a las casas, destruyendo cercos y sementeras, derribando puertas, atropellando a los que habían quedado, las mujeres y los niños, obligando a ancianos y enfermos a levantarse, registrando camas, robando el dinero que encontraban, destrozando muebles, persiguiéndoles en su huida al monte...¹⁸¹.

¿Cuál era el objetivo inmediato de la escalada de terror, allanamientos, persecuciones y flagelaciones a los colonos de Mantilhue dirigida por el latifundista Grob y llevada a cabo desde el «retén privado» de fuerza pública instalada en sus dominios? Como lo expresan y evidencian los denunciantes: el objetivo de Grob era la extensión de su propiedad Arrayán hacia las tierras aledañas de Mantilhue. La vía del juicio legal para obtener título de dominio había fracasado para Grob, por lo que la violencia había sido su recurso; no obstante, ella no era suficiente para producir el reconocimiento legal de dominio.

¿Cómo pasar de la ilegalidad de la violencia a la legalidad del título como estrategia de apropiación-expropiación de tierras por parte de latifundistas como Grob en la tercera década del siglo xx en Chile? La lógica de esta contradicción puesta en movimiento en la zona sur de Chile, es expuesta por el diputado denunciante en la Cámara de Diputados de la República:

Los carabineros han notificado a esos ocupantes que no pueden sacar nada de sus sementeras, ni de la montaña; no pueden cortar leña, ni hacer carbón, ni sacar la cáscara a los ulmos o lingues porque ese fundo –dicen esos carabineros- está destinado para beneficio exclusivo del ‘patrón’. Para que esta gente pueda, entonces, comer, ganar la subsistencia de su familia, se verá obligada a firmar el contrato de inquilinaje, con los cuales tarde o temprano se les despojará de sus tierras. O bien esos pobladores, para escapar de la muerte, de los castigos de carabineros, para escapar su familia de una muerte por inanición, por hambre, tendrán que abandonar el fundo o robar y asesinar¹⁸².

Esta forma de usurpación de tierras por la vía de la inquilinización estaba siendo un mecanismo recurrente en la época, según lo que se puede constatar por algunos casos denunciados en la prensa. En este mismo sentido fue lo ocurrido a José Aicón y sus familiares, caso que muestra otras facetas de este mismo fenómeno. José María Aicón vivía en propiedad heredada de sus antepasados en «Maule Esperanza», comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, tierras que se extendían desde el río Maule Esperanza hasta el Pacífico, las que trabajaba junto a decenas de familias mapuche. «Sólo un pequeño río separaba la propiedad de Aicón de la de un latifundista, Juan Schwerter, actual propietario de 45.000 hectáreas de terreno, sin título alguno». Un día Schwerter ofreció y transó con Aicón talaje para los animales de éste, a cambio de la ordeña de sus vacas, pacto verbal que el alemán transformó en un contrato escrito que hizo firmar al analfabeto Aicón con el estampado de su huella. Pero el documento escrito por Schwerter no era sino un acto fraudulento, en el cual se estipulaba que Aicón era sólo un inquilino de Schwerter, quien era el «propietario de todas las tierras de Maule Esperanza». Con este documento Schwerter se habría presentado ante el Tribunal del Trabajo de Puerto Montt, «solicitando la fuerza pública para arrojar a Aicón y a los demás indígenas de ‘sus propiedades’; tribunal que falló a favor de Schwerter, arrojando a la desesperación y al hambre a decenas de familias indígenas»¹⁸³.

Como se sabe, desde tiempos de la colonia, el sistema de inquilinaje había consistido en un pacto entre un sin-tierra y un hacendado que se ha hecho de ella por las diversas vías de la conquista-y-coloniaje. Este pacto consistía en una suerte de contrato de «ocupación», por parte del sin-tierra, de una porción de la tierra del hacendado; ocupación con la cual el propietario obtenía, a menudo, el beneficio de un arrendamiento de dicha porción (en productos generalmente y, más tarde, en trabajo) y, principalmente, le servía como resguardo de los límites de su propiedad, tomando el inquilino la función de «marca de propiedad», especialmente por su ubicación en los lejanos lindes de la misma. De este modo, el inquilinaje se usó históricamente para afianzar y asegurar la consolidación de la propiedad latifundista de la tierra. Mario Góngora consigna que en la época colonial, adoptan, asimismo, este nombre de «inquilinos» indígenas que, habiendo perdido sus tierras en el proceso de la conquista-colonia, logran permanecer habitando dichas tierras sin tener derecho legal a ellas. Al inquilinizarse, estos indígenas firmaban la pérdida de su tierra¹⁸⁴.

El recurso al contrato de inquilinaje por parte de Augusto Grob, Juan Schwerter y otros propietarios de la época en estudio tiene este doble objetivo, de constituirse en una marca de ocupación, la que también sirve de «vía de apropiación legal» de las tierras de los campesinos y mapuche y, en consecuencia, como vía de su despojo de la propiedad de su tierra y su consiguiente seudo proletarización.

El problema de la usurpación violenta de tierras por parte de los mayores propietarios respecto de los colonos chilenos u ocupantes campesinos y mapuche era desde la república, como se sabe, pan cotidiano en la Araucanía y Sur Austral, donde «convivía» malamente la gran propiedad privada por un lado y, por otra parte, la propiedad mapuche y la propiedad fiscal ocupada con campesinos colonos legitimados por la ley, aunque no titulados. Esta situación había hecho de la cuestión de la propiedad de la tierra un conflicto permanente, una lucha civil ampliada, prolongación de la Conquista, consistente en la presión expansiva ejercida por los grandes propietarios tanto sobre los terrenos fiscales ocupados por campesinos libres, como sobre los terrenos de comunidades y familias mapuche.

Si el problema de la usurpación de tierras como vía para la constitución de la propiedad privada en Chile no era algo nuevo, ¿cuál es la especificidad, novedad o discontinuidad histórica que reconocemos en el caso de Mantilhue y de otros casos semejantes? Para intentar una respuesta, habría que formular una serie de preguntas: ¿Cuáles son los principales actores involucrados en este caso y qué representan? ¿Cuál es la relación que se establece en este momento histórico entre el Estado y los campesinos y el pueblo mapuche en Mantilhue? ¿Cuál es la relación entre la clase política y dichos campesinos y mapuche? ¿Qué rol juega la ideología como herramienta de usurpación? ¿Cuál es el mecanismo factual y «legal» para el intento de usurpación? ¿Cuál es la relación entre el gran-propietario usurpador y el Estado, a nivel local y nacional? ¿Cuáles son las motivaciones de la usurpación dadas a nivel de la lógica económico-social?