Kitabı oku: «Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947», sayfa 10
Uno de los elementos de discontinuidad que se revelan en el caso Mantilhue y en otros casos de este tiempo como Ranquil, es la presencia operante de la Ley de Colonización de 1927 (que trataremos más adelante), la que sin duda constituye un hecho muy importante, quizás un hito en la historia de la intervención del Estado en la constitución de la propiedad privada en la tierra chilena. Como veremos, a través de dicha ley el Estado incorpora el criterio de la simple «ocupación» por un tiempo determinado como criterio de «propiedad», criterio que buscaba reconocer al ocupante-cultivador chileno de tierras fiscales –figura que correspondía a una gran parte de las familias campesinas del sur-austral de Chile–, así como a proteger a las comunidades mapuche. No obstante, los grandes propietarios históricamente han sabido usar múltiples vías para eludir las leyes que tratan de imponer un límite a su deseo de posesión: a través del recurso del «falso-inquilinaje», pretendían algunos señores poner la ley a su favor, en connivencia con la violencia, el terror y la complicidad de las autoridades locales.
Otro de los factores de discontinuidad que salen a la luz en el caso Mantilhue y que se repetirá en múltiples casos de la época, es el hecho de su denuncia pública, la que no sólo devela los hechos ocurridos en los medios de prensa, sino que adopta la forma de una «denuncia política» que toma el carácter de un «asunto de Estado» al estar involucrados en esta denuncia parlamentarios de la República que la enuncian en el seno del aparato político nacional, el Parlamento. Tanto la prensa de izquierda como también la «bancada parlamentaria de izquierda» asumen, en los años de 1936, clara y tajantemente la tarea de denunciar los atropellos que estaban sufriendo los pequeños campesinos y mapuche por parte de la violenta fuerza expansiva de los grandes propietarios, que se consideraban dueños no solo de lo propio, sino también de las amplias tierras fiscales existentes en el territorio sur desde tiempos de la colonia y de los «tratados» del Estado español con los indígenas, tierras que, como decíamos, habían sido ocupadas por pequeños campesinos o colonos sin tierras y reconocidos (aunque no titulados) por la Ley de Colonización del gobierno del general Ibáñez (1927), las que ahora estaban siendo reclamadas y apropiadas violentamente por los terratenientes del sur, apoyados por las autoridades judiciales y policiales locales.
En este mismo sentido, el caso Mantilhue también revela el hecho nuevo de la búsqueda de protección, por parte de campesinos y mapuches víctimas de la usurpación, en miembros de la clase política parlamentaria que conforman lo que en la época se llamó el «block de izquierda», los que responden con evidente compromiso a dicha demanda de protección, en calidad de sus representantes ante el Estado. Esto muestra la presencia de una relación de mediación política parlamentaria y partidaria entre las víctimas y el Estado, pasando a tomar la forma de un «hecho político» que configura a los propios aparatos partidarios como aparatos de defensa social y que, a través de su acción protectora y de denuncia, impacta y afecta a la sociedad en su conjunto. «En el Congreso Regional de seccionales (del Partido Socialista) de Valdivia y Osorno se discutió el problema de la tierra y se acordó denunciar los lanzamientos y despojos de tierras que se hacen con los campesinos e indígenas de esa provincia e iniciar una campaña pública señalando los casos más concretos como son los de Huiño-Huiño, Tringlo, Mantilhue y Pichi-Ropulli en donde, desconociendo los derechos de los ocupantes, se les tiene a todos ellos ante el peligro inminente de los inicuos lanzamientos»185. Ese Congreso Regional del PS acordó fundar una Oficina de Defensa del Campesinado y los Indígenas, que estaría atendida por un abogado designado por el comité central de ese partido.
Nosotros, los hombres de Izquierda, hemos luchado con grandes esfuerzos por la constitución definitiva de la propiedad del pequeño colono, de los indios. En más de una ocasión hemos denunciado casos de indios y de pequeños ocupantes que, como estropajos humanos, han sido lanzados al camino público (…) por grandes señores que tienen enormes extensiones de suelos fiscales que ni siquiera conocen. Actualmente pesa una amenaza sobre más de 200 colonos ocupantes de terrenos fiscales en la comuna de Llonquén, del departamento de Valdivia, en los fundos Llonquén, Tranguil, Malihue, Ranquintuleufo, Chanlil, Coñaripe y Pueura. Hace más de 10 años que estos ocupantes poseen materialmente el terreno (…) la que ha de ser otorgada por el Gobierno a quien la ocupa y la cultiva y no a los grandes detentadores, que ni siquiera conocen esas extensiones de tierras. No obstante las activas gestiones realizadas por los ocupantes, no han podido obtener el reconocimiento de sus títulos, pesando sobre ellos la amenaza de un lanzamiento. (…) en Llonquén se efectuó el lanzamiento del indígena José Neihual, hecho ocurrido el 9 de febrero y ejecutado por los carabineros de Panguipulli por orden del Intendente de Valdivia186.
En el seno y a través de esta mediación política, los derechos amenazados del campesino y mapuche, estaban siendo puestos sobre la mesa de debate nacional por un grupo político identificado en la época como «la izquierda»: grupo que estaba en proceso de constituirse en una fuerza política (Frente Popular) decisiva en la historia del país. Esta fuerza política se sentirá, como veremos, llamada a romper los marcos de la subordinación ancestral en los campos a través de esta acción de mediación política denunciante tanto de las malas condiciones de vida y trabajo de los trabajadores agrícolas apatronados, como de las amenazas a su libertad y propiedad de pequeños campesinos y mapuche. Por su parte, se puede evidenciar que los pequeños campesinos-colonos-ocupantes y mapuche, a través de esta nueva mediación política activa y militante que se está poniendo a su favor en la coyuntura, estaban teniendo la oportunidad histórica de constituirse en un sujeto que enuncia pública y políticamente el rechazo a su victimización y a su desalojo por parte de su vecino, el gran propietario de tierra.
Ante la sombra de esta emergente fuerza política de izquierda frentista, no era de extrañar el recurso de los terratenientes a la acusación de sus vecinos campesinos y mapuche de «comunistas»: acusación que apuntaba, en realidad, al «block de izquierda» que construía hegemonía política en el país. Así, otro de los elementos relevantes que salen a luz en el dramático caso Mantilhue es el recurso a la acusación ideológica o de adscripción política como justificación de los actos del terrateniente y autoridades locales respecto de los campesinos y mapuche. Ello nos muestra que la usurpación de tierras a los ocupantes campesinos y familias mapuche ya no puede ser un acto absolutamente privado y arbitrario, sino que ha de estar sustentado en algún discurso acusatorio de sus víctimas, aunque sea inconsistente o absurdo. Por otra parte, esto nos habla de la construcción en la época de un «delito político»: el «ser-comunista» que actúa transversalmente sobre todos los actos y las relaciones sociales existentes, justificando el uso privado de la fuerza policial en persecución de dichos «delincuentes políticos» campesinos y mapuches a quienes interesa desalojar de sus tierras. Es decir, la violencia usurpadora de tierras se legitima como acto de «limpieza y persecución de comunistas» o como una acción de «policía política» legitimada ante el Estado local, en la cual se hermanan e involucran mutuamente los señores privados y las autoridades locales junto a las policías públicas.
Lo que motiva, en última instancia, el acto de usurpación, es la sed de tierras de los grandes propietarios, los que se construyen como tales en base a un movimiento continuo de apropiación de tierras aledañas y, simultáneamente, de intervención violenta y fraudulenta para producir des/campesinización o «inquilinización/forzada» de algunos usurpados y su consiguiente proletarización, como parte de su propia construcción en cuanto propietario capitalista del medio de producción-tierra.
Este suceso y fenómeno –estructural y configurativo de las relaciones sociales de una sociedad– ocurre, con mayor énfasis, en aquel momento especial que constituyó la postcrisis capitalista de la década de 1930 cuando, bajo el estímulo del alza de los artículos alimenticios básicos, especialmente del trigo, y ante la crisis de la economía minera, manufacturera, industrial, mercantil y financiera, la valorización de la tierra, como medio de producción por excelencia, alcanza su más evidente manifestación.
En efecto, en el peak de la crisis capitalista el año 1932, la agricultura chilena, como todos los demás ámbitos de la economía, se vio severamente afectada, especialmente debido a las restricciones bancarias y el cobro de deudas, a la pérdida de los mercados para los productos agrícolas y a la caída de los precios de los mismos. «Los agricultores que hasta antes de la crisis, como todos en el país, habían llevado una vida fácil y holgada, se vieron obligados a trabajar intensivamente sus campos y a vivir en ellos (…)». Sin embargo, la bonanza llegó pronto: con la quiebra del patrón oro, los productos alimenticios «subieron bastante, llegando a muy buenos precios hasta los años 1936 y 1937. (…) Los agricultores, acostumbrados ya con la crisis a trabajar intensivamente sus terrenos, continuaron en esta forma». Los precios más subidos habían sido los de la carne, la leche y el trigo, siendo objeto de especulación y acaparamiento. Respecto del valor de la propiedad de la tierra, ésta había subido notablemente, lo que se expresó en el aumento de los avalúos y las contribuciones: «el Fisco ha efectuado nuevos avalúos de todas las propiedades; éstas en su mayoría han subido un 50% y en ciertos casos hasta un 120%»187. El precio del quintal de trigo, según un estudio hecho por una comisión parlamentaria, «no podría exceder de $ 60. Sin embargo, hoy día, la Junta de Exportación Agrícola tiene fijado el precio del quintal de trigo en $110 (…)»188.
Este es el trasfondo económico de la sed y acción usurpadora de tierras por parte de los terratenientes respecto de sus vecinos campesinos-ocupantes y mapuche que tiene lugar en la postcrisis capitalista: actos de usurpación que si bien eran una práctica ancestral, encuentran en esta coyuntura un especial estímulo activador. No obstante, los tiempos han cambiado, encontrándose los terratenientes con el obstáculo, nada desestimable, de la ley y, especialmente, de la denuncia y la presencia protectora de los partidos, de autoridades políticas y de un nuevo conglomerado político con una importante participación de izquierda, quienes se constituyen en representantes militantes de las víctimas usurpadas.
En efecto, años después de los hechos violentos narrados, en el invierno de 1945 (gobierno del presidente Juan A. Ríos), los campesinos de Mantilhue se dirigen directamente al Ministerio del Interior a través de una carta, solicitándole auxilio al ministro por los abusos que aún cometía el Sr. Grob, quien continuaba hostilizando a los campesinos y había logrado la detención de uno de los dirigentes del Sindicato Agrícola de Mantilhue. Simultáneamente, una delegación de diputados de la gobernante Alianza Democrática se dirigía a conversar con el ministro del Interior para asegurar la protección de estos campesinos amenazados, denunciando que aún no se entregaban títulos de dominio a los campesinos de varios territorios vulnerables como el caso de Mantilhue: El Manzano, Santa Amelia, Ensenada, Pichirropulli, el Budi, entre otros. Por su parte, José Becerra, consejero de la Asociación Nacional de Agricultores –que agrupaba a los pequeños y medianos agricultores desde los años de 1940–, se disponía a entregar al gobierno un Memorial con los acuerdos de dicha Asociación respecto del problema de despojos de tierra que se vivía en el sur de Chile. En suma, los campesinos sin título aún sufrían de cotidianas amenazas de despojo, pero ya no estaban solos ni enmudecidos189.
Si bien no es nuestra intención aquí hacer una historia de las usurpaciones de tierras en el sur de Chile (lo cual amerita una investigación histórica propia), nos ha interesado presentar en algún detalle el caso Mantilhue como un paradigma que nos permite ver a los actores involucrados, así como la lógica que motiva y opera en estas usurpaciones, tanto desde el punto de vista económico como político y social. Pensamos que esta lógica no sólo actúa en el caso de las usurpaciones de tierras, sino que, a nuestro juicio, también influye en los desalojos de inquilinos (desinquilinización interna) que, como veremos, comenzarán a ocurrir masivamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular, en una coyuntura de alza de todos los productos alimenticios agrícolas y, especialmente, del trigo. Fuerzas expulsoras de campesinos se activan por doquier en los campos chilenos al paso de la valorización de la tierra.
4. Terror en Cautín y Fresia: desalojos de colonos en Araucanía y sur-austral
El terror se diseminaba, hacia la década de 1940, por la provincia de Cautín, tomando el abuso su lugar en la desembocadura del río Toltén, en la frontera sur costera de la Araucanía. Allí se levantaba el pueblo de Toltén, antigua caleta de pescadores huilliche y lugar de conexión marítima, desde tiempos coloniales, con la provincia de Valdivia y su rosario de caletas pesqueras, desde Queule y Mehuín al sur. Desde la costa de Toltén al interior se extendían las tierras fiscales, fruto de la conquista de la Araucanía por el Estado chileno; entre ellas los territorios denominados «San Roque», «Pumalal», «Camaguey», tierras donde vivían familias mapuche desde años inmemoriales y que fueron también progresivamente ocupadas por campesinos chilenos. De estas tierras dichos campesinos y mapuche fueron desalojados en los años 1929, 1930 y 1933, a petición de la Compañía Agrícola Ganadera Toltén. Este acto de despojo masivo obedeció, una vez más, a la lógica de apropiación privada violenta de la tierra ancestralmente ocupada por parte de compañías que se hacían reconocer y titular por el Estado apenas dictada la Ley de Colonización y de Propiedad Austral, utilizando todo tipo de recursos legales, judiciales y policiales.
Así fue que, a la orilla de caminos, riberas y puentes, quedaron las cincuenta familias desalojadas de «San Roque» y «Pumalal» en una «situación angustiosa», sucediéndose sus peticiones de ayuda a los ministerios desde entonces.
En 1934 (¿como mea culpa por la masacre de Ranquil?), estas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Arturo Alessandri a la Compañía Agrícola Ganadera Toltén en una extensión de más de 15.000 hectáreas que quedaron en calidad de tierras fiscales. No obstante, los campesinos de Toltén seguían amenazados hacia 1940 cuando 49 colonos ocupantes, que hacían un total de 270 personas, estaban condenadas a ser desalojadas de esas tierras que conformaban un predio de 1.000 hectáreas en Toltén por acción de un par de «individuos inescrupulosos», quienes habían iniciado acciones de compra y títulos ante el 4to. Juzgado Civil de Santiago, obteniendo un exhorto de la Gobernación de Pitrufquén solicitando el lanzamiento de las 49 familias. Este hecho suscitó una tremenda angustia en este grupo, quien hacía 25 años que vivía y trabajaba en esas tierras, haciendo siempre infructuosos trámites para obtener sus títulos definitivos190.
Durante el gobierno del Frente Popular y ocupando el Ministerio de Tierras y Colonización el socialista Rolando Merino, éste transfirió 7.000 hectáreas de estas tierras fiscales, correspondientes a las tierras llamadas «San Roque» y «Pumalal», a la Caja de Colonización Agrícola para su parcelación; tierras que los desalojados volvieron a ocupar: habían vivido siete años de angustia, miseria y abandono y estaban dispuestos a recomenzar…
Así, en pleno invierno de 1941, más de 50 familias de campesinos y mapuche, alegres y esperanzadas, volvieron a las tierras fiscales de esas localidades nombradas, con la esperanza de lograr justicia y títulos definitivos. No obstante, no eran ellos a quienes la C.C.A. quería destinar esas tierras que debía parcelar, levantando en 1941 esta institución orden de lanzamiento contra los campesinos y mapuche que recuperaban sus tierras. Asimismo, la cercana localidad de Camaguey en Toltén no supo de la primavera de 1941, cuando 80 campesinos vivieron el horror de ver incendiadas sus casas, peligrando la vida de sus familias, que en total serían unas 3.200 personas. El administrador de las tierras fiscales de la C.C.A en Camaguey, Antonio Volpi, había ordenado dicho incendio como política de desalojo de los campesinos, con el objetivo de que esas tierras no fuesen entregadas a aquellos que las habían habitado hacía años, sino que fuesen parceladas por la Caja de Colonización para otros colonos postulantes, quizás inmigrantes191.
Pero los tiempos habían cambiado. Los campesinos, organizados en sindicatos y recurriendo a parlamentarios del Frente Popular y a la CTCH, lograron suspender la orden de lanzamiento y obtener la promesa del ministro Merino de que dichos campesinos y mapuche serían «radicados de preferencia en esas tierras»192 . Hasta las mujeres de San Roque, activas partícipes de la lucha empeñada, se habían organizado en una seccional local del MEMCH nacional193.
Pero la hostilidad reiterada de otro de los empleados de la Caja en esa zona, Humberto Zamora, siguió operando, contando con el brazo armado de la policía local. Zamora había tomado total control de esas tierras de la Caja, impidiendo la libre movilidad y emitiendo salvoconductos personales; prohibía las reuniones sindicales y las concentraciones de cualquier especie, golpeando e insultando a sus directivas y miembros, debiendo uno de ellos sufrir el pisoteo y destrucción deliberada de su huerto por los caballos de Zamora y sus carabineros. Diez casas habían sido incendiadas en San Roque por obra de carabineros, mientras en el sector de Pumalal, el administrador de tierras fiscales de la C.C.A., Antonio Volpi, mandaba incendiar veinte casas y destruir tres veces las casas de dos viudas mapuche con hijos pequeños…194.
Finalizaba el año 1942 y aún el gobierno no entregaba una solución para los campesinos de Toltén195, mientras las noticias de nuevos despojos, con todas los papeles timbrados de la ley y por manos de la fuerza pública, se producían en la zona de la Araucanía…
En efecto, cuarenta y tres familias de colonos, algunas de las cuales hacía «más de 20 años que estaban en posesión de la tierra», fueron desalojadas de Charracurra (Región de la Araucanía, en Malleco, Lumaco) el 9 y 10 de septiembre de 1943 por parte de la Gobernación de Cañete, «previas instrucciones del Ministerio del Interior» y a solicitud de Santiago Barrueto, en representación de la Asociación Santiago Barrueto, que poseía cerca de 20.000 hectáreas en esas inmediaciones. Instaladas las familias desalojadas en chozas en el camino, con sus productos y animales, Barrueto habría ordenado incendiar las chozas, acto realizado por diez carabineros y treinta mozos armados al mando de un matón, quienes estando ebrios «comenzaron a disparar y a maldecir para atemorizarnos… nuestras mujeres e hijos salieron huyendo»… los matones habrían robado los cereales, los 80 animales y los útiles caseros de los campesinos, hiriendo con arma de fuego a tres hombres que habrían intentado defenderlos ante el acto delictual-legal…196.
El trasfondo de estos desalojos –y de muchos más de que va dando cuenta la prensa de izquierda de la época– y de la situación de «terror» que estos generaban en la zona sur, era la negativa de las instituciones fiscales y estatales de otorgar los títulos a que tenían derecho legal los ocupantes y mapuches de las tierras que habitaban y trabajaban por muchos años: se denunciaba que, en 1943, había unos 7.000 expedientes que esperaban respuesta197. No obstante, el Ministerio de Tierras a menudo otorgaba títulos a terratenientes que lograban, a través de operaciones leguleyas, reconocimiento como propietarios de tierras ancestralmente ocupadas por colonos e indígenas. Este otorgamiento desigual y privilegiado de propiedad sobre terrenos, generalmente fiscales, era lo que generaba desalojos masivos y miseria humana en los caminos de la patria.
Así, a través de los abogados, la coima jugosa, los juzgados y los ministerios, los deseosos de más tierras conseguían en el sur de Chile los papeles, los títulos y la fuerza pública para arrasar con los chilenos ocupantes de tierras y los mapuches que, habiendo perdido las suyas, compartían la misma suerte en calidad de «ocupantes de tierras fiscales», en tanto que el Estado aceptaba pero no reconocía legalmente su ocupación y no otorgaba sus títulos, dejándolos al desamparo de los más fuertes. «Los campesinos pobres que acuden a las oficinas públicas en demanda de justicia o de solución para sus conflictos, son recibidos como si no fuesen chilenos. En cambio, cuando llega a esas mismas reparticiones un hacendado influyente, de muchas campanillas, todas las puertas se le abren generosas a sus pretensiones…»198.
Diez y seis campesinos habían sido radicados (año 1941) en el fundo «La Isla» –tierras fiscales de la localidad de Fresia, ubicada en las proximidades de Puerto Varas, Región de los Lagos– por parte del intendente de la provincia de Llanquihue, en tiempos del gobierno de Aguirre Cerda. No obstante, dichas tierras ya tenían dueños con títulos legalizados, quienes comenzaron a pedir el desalojo de los ocupantes; los campesinos optaron por defenderse mediante litigio. El supuesto propietario, Juan de la Cruz Flores, ocupante de una parte de dicho fundo, esgrimía sus títulos frente al rostro de los campesinos de La Isla y de otras localidades de Fresia y la Cordillera del Sarao. La grave amenaza a sus vidas y a su trabajo en la tierra, el único medio de vida entonces, suscitó delegaciones y comunicaciones de los campesinos al gobierno pidiendo amparo, las que fueron archivadas, como tantas, en alguna carpeta ministerial… Mientras los años pasaban, Flores continuaba sus papeleos y trámites hasta que finalmente consigue la fuerza pública para el lanzamiento de todos los ocupantes del fundo.
El día lunes 13 de mayo de 1946, el teniente. Luis Correa San Martín, con una dotación de 15 carabineros, se dirigió al fundo «El Cañal», de propiedad de Flores, donde pernoctaron luego de una «suculenta comida y abundante trago». Por su parte, Flores reunió a 27 inquilinos y peones de los alrededores contratados para ayudar en las «faenas de despojo». Al amanecer del día siguiente, esa fuerza de 42 personas, constituidas por carabineros y civiles, dirigidos por el teniente. Correa, se dirigió a realizar un asalto por la espalda, desde la montaña del fundo «La Isla», tomando por sorpresa a los campesinos. Formados en línea de tiro los carabineros, el teniente. leyó a los campesinos –cual lectura del «Requerimiento» de la época de la Conquista española– el texto de la sentencia del Juzgado de Puerto Varas que ordenaba el inmediato desalojo de sus casas. Los campesinos pidieron un plazo de dos días para desocupar las casas, estando lloviendo y sin tener dónde refugiarse: tajante negativa. La no acogida de esa petición envalentonó a los campesinos quienes, junto a sus mujeres e hijos, levantaron rostro y habla planteando que «sólo muertos abandonarían sus casas». De inmediato, parapetado tras un árbol, el teniente. Correa dirigió un combate desigual, usando armas de fuego y otros instrumentos contundentes contra los puños y palos de los campesinos. Con notable valentía las mujeres se batieron a puño limpio con los carabineros armados: la campesina Pabla Rain sostenía en brazos a su pequeño de meses, y con el otro combatía a palo, mientras la Sra. Leiva luchaba envuelta en la bandera chilena, a quien los carabineros arrastraron por el suelo, corriendo en su auxilio su hijo Augusto Leiva, de 18 años, quitándosela a los carabineros a fuerza de puño: el cabo Barrientos acribilló al joven a balazos. Mataron también al campesino Abel Barría y su grito al viento de «mejor morir antes que entregar sus tierras». Muchos heridos. Dando alto al fuego, Correa ordenó la detención de varios campesinos a quienes habrían apaleado con saña, y concedió, finalmente, el plazo de dos días para desocupar las casas: día en que Correa arribó al lugar temprano con refuerzo de carabineros, material de guerra, yuntas de bueyes y carretas. Los bueyes arrancaron de sus bases cada casa, destruyéndolas luego a hachazos, ante el asombro y dolor de los y las campesinas, quienes las habían habitado con su amor y su vida. Cuando arrancaban la quinta casa, un telefonazo del intendente (Drogett) ordenó el retiro inmediato de carabineros del lugar199: órdenes superiores.
En los funerales de los dos fallecidos se escuchó públicamente el dolor y la indignación. Se rumoreaba desencadenar un nuevo Ranquil si el gobierno no tomaba cartas en el asunto a favor de los ocupantes campesinos y mapuche. «La madre de Leiva juró al pie del cadáver de su hijo, entre sollozos y gritos de rebelión, que vengaría ese crimen. Llamó a todos los presentes a fortalecer la organización sindical campesina como el único medio de defender sus tierras y sus derechos amenazados. El grito de esa mujer se ha convertido hoy en la consigna unánime de los campesinos de toda esta región»200.
Ante los dramáticos sucesos de Fresia, el ministro de Tierras del gobierno de Ríos, Fidel Estay (Partido Democrático), declaró: «No habrá más lanzamientos de campesinos» y decretó la expropiación del fundo «La Isla», en consideración a que el intendente de la provincia había radicado allí hacía cinco años a los campesinos ocupantes perseguidos por los usurpadores201. Tardía reacción expropiatoria del gobierno en el caso de Fresia…
Pero las presiones de los terratenientes del sur sobre los ocupantes de tierras, especialmente en zonas madereras, siguieron dando pie a dramáticas situaciones de usurpaciones y desalojos de tierras fiscales, ocupadas y explotadas hacía años por campesinos de economía familiar, generando juicios, detenciones arbitrarias y lanzamientos con fuerza pública. Fue también el caso, difundido en 1946, de los 30 campesinos antiguos ocupantes de terrenos fiscales en la Cordillera del Saraos (departamento de Maullín, provincia de Llanquihue), rica en madera de alerce, disputada por el terrateniente alemán Oelkers y otros202. La situación de presión y abusos era tan dramática, preludiando posibles hechos de sangre, que el ministro de Tierras y Colonización, Fidel Estay, se comprometió a expropiar, como lo autorizaba la Ley Económica de 1943, los fundos comprometidos en el conflicto de la Cordillera de Saraos y a «estudiar la radicación definitiva de los campesinos»203. Con el fin de presionar por el cumplimiento de esta promesa expropiatoria, dirigentes de la Asociación de Agricultores de Chile, que agrupaba a los pequeños y medianos campesinos chilenos (José Becerra, Juan Arístides), acompañados por el senador Pablo Neruda, acudieron al despacho del ministro Estay, quien nuevamente se comprometió a cursar y acelerar la expropiación de 15 fundos en dicha Cordillera del Saraos para entregarlos a los campesinos204. La presencia de Neruda en el despacho del ministro en favor de los campesinos de Saraos era, sin duda, más que una presión política: moral.
Existieron otras acciones expropiatorias durante el gobierno de Ríos a favor de colonos y ocupantes de tierras en el sur, lo que nos habla de la presencia, hacia 1946, de cierta voluntad activa emanando desde los ministerios y el gobierno, como tibio cumplimiento de la Ley Económica de diciembre de 1943. Así, el ministro de Tierras y Colonización del gobierno de Ríos, Fidel Estay, con antecedentes fundados acerca de la injusticia del lanzamiento en 1933 de doce ocupantes de tierras en Queule, (territorio de agricultores y pescadores situado al norte de la costa valdiviana) se comprometió a devolver dichas tierras usurpadas, expresando su voluntad de otorgarles títulos definitivos tanto a los colonos lanzados como a cuatro colonos que aún habitaban el lugar. Una acción sin duda significativa que lograría arraigar establemente familias de largo habitar en la costa valdiviana205. Asimismo, Estay acudió en terreno a ver los conflictos de tierras pendientes en Mantilhue, Peñahuén y otros lugares territoriales del sur del país que comprometían a 3.000 familias: «Visité el fundo de Mantilhue. La tierra debe entregarse a estos ocupantes de tierras, esforzados trabajadores. Propondré al gobierno un plan de adquisición de los fundos y su entrega a los ocupantes. Están terminados los estudios que se refieren al fundo Peñahuén. En pocos días más se hará entrega a los ocupantes», declaraba el ministro Estay a la prensa206. Después de tantos años de luchar y bregar, parecía que, al fin, llegaba justicia. Así, por decreto del presidente Ríos, el gobierno expropió el fundo «Pellahuén» en la comuna de Traiguén (Araucanía), el que había sido motivo de numerosos pleitos y reclamaciones y donde habitaban, hacía más de cincuenta años, 6.000 personas pertenecientes a familias de pequeños campesinos, mapuches y chilenos, a quienes el gobierno, finalmente, otorgó sus títulos definitivos207. Algarabía.
Simultáneamente, el ministro Estay había hecho gestiones políticas para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional de 1945 un proyecto de ley (que había sido enviado en 1942) que declaraba de utilidad pública unos terrenos en Trovolhue (Carahue, a 45 km. de Puerto Saavedra, provincia de Cautín) y autorizase su expropiación, con el fin de crear allí una población con dicho nombre208: política de nuevas poblaciones rurales que recogían a los desalojados de las tierras aledañas y que allí podrían reconvertirse –en este caso– en obreros de explotación de la madera y extracción del tanino del lingue209.
